¿Volverán las oscuras golondrinas? ¿Cuál es el grado de reversibilidad de la diáspora empresarial en Cataluña?

Dábamos por terminada nuestra entrada en este blog del pasado 25 de octubre sobre “La motivación y las consecuencias financieras de la activación por el gobierno del artículo 155 de la Constitución” diciendo que la forma en la que se aplicara el artículo 155 de la Constitución española para reconducir a la legalidad el desafío independentista de Cataluña determinaría el impacto del proceso en el mercado financiero español e internacional. En particular, decíamos que la manera de aplicar aquel precepto constitucional –ente las muchas opciones disponibles- determinaría si la diáspora bancaria de Cataluña era un resfriado fácilmente reversible o una grave enfermedad crónica de dudosa reversibilidad.

Pues bien, el tiempo transcurrido desde entonces nos ha mostrado que la forma en la que se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución (con el anuncio de elecciones autonómicas incluido) no ha detenido aquella diáspora no solo bancaria, sino también empresarial. En efecto, es público y notorio que, desde aquella fecha, la huida empresarial ha crecido no sólo en términos cuantitativos, alcanzando el número de las 2.540 empresas que han trasladado fuera de Cataluña su domicilio social; sino también en términos cualitativos porque más de 1.000 empresas han trasladado también su domicilio fiscal, con los efectos añadidos de todo tipo que ello produce. Y vemos que esta diáspora se mantiene en el tiempo cuando leemos en la prensa económica de la última semana que un importante grupo hotelero ha decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña.

Este horizonte inquietante se completa cuando vemos cómo la prensa económica del pasado viernes 17 de noviembre da cuenta de que las dos principales agencias de calificación crediticia (S&P y Moodys) advierten, en informes recientes, de tres hechos relevantes: primero que los dos bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, aun cuando lograron detener la limitada fuga de depósitos que había sufrido gracias al traslado de sus domicilios sociales, siguen sufriendo el riesgo específico derivado del desafío independentista, dado el volumen de actividad en aquella región (del 27% en el caso del Banco Sabadell y del 22% en el de Caixabank) y el consiguiente nivel de exposición de sus respectivos negocios bancarios a aquel riesgo regulatorio. En segundo lugar, advierten de la caída de confianza del consumidor y del frenazo en la producción. Y, en tercer lugar, añaden que estos efectos indeseables afectarán no sólo a los bancos y a la economía catalana, sino también a la generalidad de los bancos y la economía española. Con las dificultades –cierto que con un grado de probabilidad baja- que podría encontrar la banca española para financiarse en los mercados internacionales. En este último sentido, el comunicado de Moody´s ha rebajado las previsiones de crecimiento de la Economía española a un 2.9% para 2017 y a un 2,3% para 2018, lo que reduce las posibilidades de revisar al alza la calificación crediticia de la deuda española, actualmente ubicada en el rango Baa2, que equivale, aproximadamente, a un aprobado alto.

Así las cosas, nos parece que el panorama general nos permite aventurar el siguiente diagnóstico: Cataluña en particular y –a resultas de la crisis de esta región- España en general viven una suerte de esquizofrenia socio-económica con dos personalidades disociadas: Por un lado, la personalidad socio-política que emplea todos sus esfuerzos en debates cuasi freudianos sobre las respectivas identidades mantenidos por una población política –en algunos casos, además reclusa- que, con demasiada frecuencia, da muestras de un analfabetismo funcional preocupante que insulta la inteligencia del ciudadano medio. Y, por otro lado, la personalidad económica que pretende seguir creciendo y manteniendo el bienestar logrado a base del esfuerzo continuado de millones de ciudadanos libres e iguales que contemplan, atónitos, el espectáculo de un Titanic que puede hundirse mientras la orquesta de políticos que les representan toca un vals que, además, no resulta apacible ni grato de escuchar.

Y llega el momento de intentar responder a la pregunta que encabeza este artículo sobre si es reversible la diáspora empresarial en Cataluña. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es evidentemente afirmativa debiendo añadir que el traslado de domicilio de vuelta a Cataluña por parte de las sociedades que se han ido no solo es factible sino fácilmente realizable, especialmente tras la modificación del apartado 2 del artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital por el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre. Sin embargo, desde el punto de vista socio-económico y estratégico, la respuesta es mucho más compleja porque depende del grado de seguridad jurídica que se alcance en Cataluña que viene, a su vez, condicionada en el futuro inminente por los resultados de las futuras elecciones autonómicas del 21 de diciembre respecto de las cuales los sondeos de opinión aventuran un empate técnico entre los partidos constitucionalistas e independentistas que amenaza con prolongar, sine die, la incertidumbre dañina para la actividad y el crecimiento económicos.

Concluimos: mientras no se logre una solución razonable y urgente que restablezca la percepción empresarial de seguridad jurídica en Cataluña podremos decir –recordando el poema de Gustavo Adolfo Becquer- que los bancos y empresas de Cataluña, como las golondrinas viajeras que “el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres…¡Esas…no volverán” ni tampoco como aquellas otras que “cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día…. ¡esas…. no volverán!”.