Qué paso con…¿Puertos del Estado?

En enero de este año Rodrigo Tena, editor de este blog, publicaba un fantástico post sobre los Puertos del Estado y los numerosos casos de presunta corrupción, clara ineficiencia y evidente descontrol en los que están envueltos.

Los Puertos son un gran desconocido para muchos de nosotros, y parece que representan un ejemplo especialmente lúcido de lo que llamamos el estado clientelar. En los numerosos casos que se están juzgando actualmente y que Rodrigo repasaba en su artículo, se dan todo tipo de irregularidades clásicas de este sistema: inversiones ineficientes cuando no innecesarias, dudosos procedimientos de contratación, sobrecostes desmesurados, opacidad, distorsión de la competencias, tráfico de influencias… en fin, de manual.

Pero la justicia es lenta cuando se trata de corrupción, ya lo sabemos, y las responsabilidades las terminan asumiendo, en su caso, unos pocos, por lo que el sistema no suele cambiar realmente. Por ello es imprescindible que se exijan responsabilidades más allá de las judiciales. Tampoco podemos esperar, como algunos sugieren a veces, a que la responsabilidad política sea exclusivamente electoral, es decir, que los votantes castiguen la mala gestión en las próximas elecciones. Y es que existen, aunque se usen poco en nuestro país, otros mecanismos para la exigencia de responsabilidades políticas, y ya es hora de que empecemos a hacer uso de ellas.

Como saben en Hay Derecho hemos sido muy críticos con el Tribunal de Cuentas, fundamentalmente porque creemos que tiene un papel esencial que jugar en la separación de poderes y el buen funcionamiento del Estado, y hasta ahora este papel ha sido más bien escaso. Pero esto no es sólo responsabilidad de la propia institución, aunque está en sus manos reivindicarse como creemos que está empezando a hacer, sino que el Parlamento tiene una enorme responsabilidad. Y el caso de los Puertos del Estado nos brinda una estupenda oportunidad para ejemplificar esta cuestión.

El día 13 de noviembre el Tribunal de Cuentas aprobó el “Informe de Fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del Sistema Portuario Estatal. Ejercicios 2014 y 2015”. Se trata de un informe demoledor que viene a confirmar lo que ya apuntaba Rodrigo en su post. En él se habla de incumplimientos de la normativa vigente, de inversiones ineficientes e incluso contraproducentes, de infrautilización de infraestructuras, de procedimientos de concesión “sospechosos” y de falta de transparencia.  Las cuentas de muchos puertos parece que se entregan habitualmente fuera de los plazos establecidos. Ah, y, como guinda del pastel, el sistema informático utilizado para la gestión se considera una “herramienta ineficaz”. Habla, además, de una falta de estrategia a nivel nacional: “Ello dificulta que se establezca una planificación portuaria estatal clara y definida, convirtiéndose en una de las causas de la actual sobrecapacidad que tiene el sistema portuario.”

Debemos tener en cuenta que el informe analiza la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público, pero no entra en cuestiones como los procedimientos de contratación o las posibles irregularidades asociadas como las que he mencionado anteriormente (prevaricación, tráfico de influencias, sobrecostes injustificados…). A pesar de ello, el informe desvela claramente que no se está haciendo un uso racional y eficiente de este bien público. De las conclusiones del informe se deducen, cuanto menos, incumplimientos del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) y de la Ley de Transparencia. Parece extraerse también que los sistemas de concesión deben revisarse cuidadosamente, ya que “durante el periodo fiscalizado se otorgaron 622 concesiones, de las cuales sólo el 7,5% lo fueron mediante concurso.” Y es que es posible que las deficiencias e irregularidades identificadas por el Tribunal no den pie a la exigencia de responsabilidades ni penales ni contables, pero lo que es evidente a todas luces es que es necesario exigir responsabilidades políticas por una falta total de estrategia y una escandalosa ineficiencia en la ejecución del gasto, por no decir un más que sospechoso derroche de dinero público. Veamos otro extracto del Informe:

No existe una correlación directa y proporcional entre el gasto en infraestructura y la ganancia de eficiencia y, por tanto, la inversión en inmovilizado portuario no constituyó un factor único en la mejora de competitividad ni en la atracción de tráfico hacia los puertos. Asimismo, un aumento simultáneo de la capacidad de puertos vecinos entraña el riesgo de mayor competencia de precios para intentar atraer el tráfico existente, por lo que, si no se consigue incrementar el volumen de tráfico global de las zonas colindantes, se producirá una pérdida de rentabilidad global.

Pueden consultar el informe íntegramente aquí.

Donde, en mi opinión, el Informe se queda corto es en sus recomendaciones, ya que se centran en recomendar la creación de marco estratégico estatal claro y definido y mejorar el seguimiento y planificación de las inversiones. En mi opinión el informe saca a la luz muchas otras debilidades del sistema que hay que atajar, como por ejemplo el sistema de concesión o la transparencia. Y por supuesto los procedimientos de contratación, aunque no sean objeto de este Informe. En cualquier caso creo que se trata de un informe de mucho valor. La pregunta es si cumplirá con su objetivo final, si realmente servirá para que el poder legislativo ejerza su función de control al Gobierno, para que se exijan responsabilidades por lo que es claramente una pésima gestión de un bien público. Si, además, la oposición será capaz de proponer soluciones y exigir cambios reales. Mucho me temo que si la prensa no se hace eco, el Informe pasará desapercibido y no tendrá consecuencias reales. Y seguiremos en la cultura de la opacidad, del despilfarro, de la ineficiencia y el tráfico de influencias.

No podemos dejar que la lucha contra este tipo de gestión sea la lucha únicamente de algunos funcionarios honestos, como por ejemplo nuestra candidata al III Premio Hay Derecho, Macarena Olona (podéis ver aquí todas las candidaturas); ni preocuparnos sólo cuando haya delito. La mala gestión debería ser en sí misma reprobable y deberíamos exigir responsabilidades.