Hagámoslo fácil. Costas y litigación en masa

La regulación de las costas en nuestro derecho procesal civil es sin duda una de la materias que requieren, ya desde hace mucho tiempo, una reforma en profundidad. Sin pretender abordar todos los problemas existentes, baste recordar aquí dos de los más significativos: la deficiente regulación de las reglas de imposición de costas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (imprecisa y sembrada de lagunas normativas) y la fragmentación territorial de las normas orientadoras sobre honorarios procesionales, diferentes en cada uno de los 83 colegios de abogados que existen actualmente en España (si bien algunos se han agrupado para regular la materia a nivel autonómico o en ámbitos territoriales inferiores).

Sin embargo, durante los últimos años, ha surgido una nueva controversia en materia de costas con motivo del espectacular crecimiento de la llamada litigación en masa. Como ejemplos paradigmáticos de este fenómeno, destacan las decenas de miles de procedimientos civiles sobre nulidad de contratos de suscripción de productos bancarios por parte de clientes minoristas (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, swaps, etc.) y los que tienen que ver con la abusividad de determinadas cláusulas incorporadas en préstamos hipotecarios suscritos por consumidores (suelo, vencimiento anticipado, gastos, etc.).

Debido a que en España no existen las class action, típicas del Derecho anglosajón (lo más parecido podrían ser las acciones colectivas de la LCGC y algunos supuestos de acumulación subjetiva admitidos por la jurisprudencia: ver aquí), controversias como la surgida con motivo de la comercialización a clientes minoristas de deuda subordinada por parte de bancos y cajas de ahorros, se han tenido que ventilar caso por caso. La consecuencia inevitable: decenas de miles de procedimientos judiciales en los que cada juzgado ha de resolver de manera separada sobre la imposición y tasación de costas.

Tal ha sido la magnitud del fenómeno de la litigación en masa que incluso han surgido nuevos modelos de negocio en el sector de la abogacía, hoy ya conocidos por todos. El profesional de servicios jurídicos asume la defensa letrada de una masa de consumidores (cuyos casos presentan una uniformidad sustancial en cuanto a los hechos y las normas jurídicas aplicables), pactando con cada uno de ellos unos honorarios predominantemente variables, en función del resultado del pleito. En otras palabras, bajo el lema “hagámoslo fácil” –amplificado en los medios de comunicación-, se traslada a los potenciales clientes la idea de que el abogado únicamente cobrará cuando gane el pleito, asumiendo de inicio una provisión de fondos mínima (o incluso inexistente).  El otro lema que define a esta nueva abogacía: “las costas las pagará el banco”. ¿Funciona este modelo de negocio? Está demostrado que sí, pero solo en un tipo de pleito en el que las tasas de éxito para el demandante (consumidor) se sitúan en porcentajes superiores al noventa por ciento.

Vayamos ahora al otro lado del terreno de juego. El pleito finaliza mediante sentencia firme (en primera o segunda instancia), la demanda es estimada íntegramente y el banco (parte demandada) es condenado al pago de las costas conforme a la regla del vencimiento objetivo (art. 394 LEC). ¿A qué cuantía pueden ascender las costas de un procedimiento de esta naturaleza? Depende fundamentalmente de las normas colegiales aplicables –distintas en cada lugar de España- y de la cuantía del procedimiento. Para que el lector pueda hacerse una idea, pondré un ejemplo habitual: en un procedimiento ordinario en el que se solicita la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario, los honorarios del letrado –solo en la primera instancia- pueden ir desde los 2.800 euros en Castilla y León hasta los 4.900 euros en Castilla-la Mancha, pasando por los 4.200 euros si el pleito tiene lugar en Madrid.

Las anteriores cifras se extraen de una aplicación automática de las tablas orientadoras de los colegios de abogados, en razón de la cuantía, criterio éste que es admitido –sin más matices- por la inmensa mayoría de juzgados de instancia y audiencias provinciales de nuestro país. Ahora bien, ¿resulta ajustado a Derecho que en este tipo de procedimientos se minuten los honorarios  a efectos de tasación de costas, como en cualquier otro pleito? Como es lógico, no se trata de menospreciar el trabajo de ningún compañero, pues del primero al último merecen mi respeto y reconocimiento. Pero sin embargo, no parece justo ni equilibrado que los honorarios se calculen con total abstracción de la naturaleza del procedimiento, o, lo que es lo mismo, sin prestar atención al número de asuntos, el tiempo de dedicación o la complejidad del pleito.

La posición que mantengo no es modo alguna novedosa ni surge como una respuesta concreta a la cuestión aquí planteada, pues ya desde los años noventa la Sala Primera del Tribunal Supremo vino entendiendo que en la moderación de los honoraros debían recogerse criterios tales como el trabajo efectivamente realizado, el grado de complejidad del asunto o la dedicación requerida (STS 15/3/1994), pautas que han sido revalidadas en posteriores resoluciones. La minuta del abogado incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no sólo calculada de acuerdo con el criterio de la cuantía sino valorando las circunstancias particulares de cada caso (ATS 13/9/2017). En esta misma línea, las reglas de honorarios de casi todos los colegios de abogados han recogido estos criterios de moderación (ej. ver aquí la Consideración General 2ª de los criterios del ICAM).

Volviendo a los pleitos en masa, algunas resoluciones recientes de la Audiencia Provincial de Madrid, han seguido la línea apuntada al resolver los recursos formulados por los bancos frente a decretos de aprobación de costas. En este sentido, la Sección 10ª se decantó por la reducción de honorarios, teniendo en cuenta “el trabajo realizado por el letrado y la complejidad del caso, y también que nos encontramos ante un procedimiento en el que los argumentos se vienen repitiendo” (AAP Madrid, Sección 10, 25/4/2017). En el mismo sentido, ya en 2016, la Sección 14ª de la misma audiencia redujo a la mitad los honorarios de la apelación en un pleito sobre suscripción de acciones del tramo minorista de la salida a bolsa de Bankia. En aquella ocasión, se tomó en consideración “la uniformidad y repetición de los relatos fácticos y fundamentos jurídicos de las demandas” así como el hecho de que se ejercitasen acciones “de general conocimiento para cualquiera de los operadores jurídicos intervinientes en la jurisdicción civil de Madrid” (AAP Madrid, Sección 14, 30/9/2016).

Aunque pueda resultar sorprendente, las resoluciones que acabo de citar son una clara excepción (casi anecdóticas), pues la inmensa mayoría de juzgados y audiencias están optando por tasar las costas en el máximo establecido por el baremo del colegio, es decir, atendiendo única y exclusivamente al criterio de la cuantía. Sin embargo, no parece que esa solución sea la más adecuada cuando hablamos de litigación en masa. A estas alturas, para cualquier profesional del Derecho que haya tenido contacto con los tribunales, hay varios hechos que resultan notorios: (i) que todos los casos son sustancialmente similares tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico; (ii)  que el método de trabajo que realiza el abogado es susceptible de estandarización, desarrollándose las diferentes fases del proceso prácticamente como si se tratase de una cadena de montaje; (iii) y que la problemática enjuiciada carece de complejidad.

De todo lo anterior se deriva, necesariamente, una significativa minoración del tiempo y dedicación destinados a cada pleito, en comparación con el esfuerzo que puede conllevar cualquier otro asunto de naturaleza singular. No tengo la menor duda de que la primera demanda de nulidad de cláusulas suelo presentada en España (allá por 2010) debió de requerir innumerables horas de trabajo y estudio concienzudo. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando, por ejemplo, en junio de 2017 son presentadas 15.801 demandas (en un solo mes) en los 54 Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales creados en España. En mi opinión, minutar en todos esos casos la cantidad máxima de honorarios según baremo puede llegar a ser un verdadero disparate.

No puedo dejar de recordar que la discusión planteada no va de bueno y malos, porque no se trata de defender en ningún caso los intereses particulares de un colectivo. Dicho de otro modo, debe quedar al margen de este debate el impacto que pudiera producirse sobre las cuentas anuales de las entidades bancarias o de los despachos de abogados especializados en litigación bancaria. No se trata de reinventar los criterios para el cálculo de honorarios, sino simplemente de moderarlos conforme a las reglas de interpretación ya vigentes.

8 comentarios
  1. Pablo
    Pablo Dice:

    El problema es que esto pasa en la mayoría de pleitos civiles: los juzgados no se atañen a la valoración del trabajo efectivamente realizado, tiran de baremo y cuantía y a correr.
    Por otro lado, no seré yo quien defienda a estos despachos (cuyos clientes renuncian a costas e intereses, con los que se quedan los abogados), pero criticar a estos abogados por hacer su trabajo y utilizar los resquicios de la.ley….
    No sé, huele un poco a…

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    • MFB
      MFB Dice:

      Totalmente de acuerdo, Pablo. La mayoría de los juzgados y tribunales suelen tasar costas atendiendo única y exclusivamente a la cuantía del procedimiento. Y es precisamente esta práctica la que critico en el post. Si existe una materia (aunque no la única) en que este criterio puede conducir a resultados ilógicos, es precisamente en los llamados pleitos en masa, donde en muchas ocasiones las costas del procedimiento pueden llegar a ser sustancialmente superiores al propio interés económico del pleito.

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  2. tom
    tom Dice:

    “la uniformidad y repetición de los relatos fácticos y fundamentos jurídicos de las demandas” como argumento para moderar las costas. Pero ¿no merece castigo procesal el banco que, sabedor de que perderá el pleito por todas esas sentencias previas con “repetición de los relatos fácticos y fundamentos jurídicos” que obliga al cliente a acudir a la jurisdicción?

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    • MFB
      MFB Dice:

      Siento discrepar de tu posición, Tom. Entiendo que las costas, en nuestro Derecho procesal, tienen naturaleza resarcitoria (y no punitiva), de tal forma que su finalidad no es castigar a quién ha perdido el pleito, sino resarcir a quién lo ha ganado. En otras palabras, se trata de dejar indemne al litigante vencedor. Por tanto, aun en el caso de que hubiera una expresa declaración de temeridad por parte del tribunal (por ejemplo, en un caso de estimación parcial), no estaría justificado que la cuantía de las mismas fuera desproporcionada con el objetivo de castigar a la parte demandada.

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  3. Victor
    Victor Dice:

    Dado que este foro probablemente solo es frecuentado por profesionales del sector….. Hecha la ley hecha la trampa. La justicia ha sido monopolizada por los comerciantes y a ellos os debéis. Cuando había 200.000 ejecuciones hipotecarias al año nadie se rasgaba las vestiduras por la tasación de costas en base al valor del bien del activo adjudicado. Y eso en un procedimiento en que no cabía posibilidad de defensa ni capacidad económica para pagar a un abogado. Y tampoco tenían problemas los jueces en despachar miles de asuntos.

    Los nuevos juzgados están intencionadamente diseñados en un ejercicio de prevaricación para obstaculizar la justicia.

    Y los nuevos criterios de costas se plantean ahora porque está claro quien pone las reglas.

    El servicio al ciudadano….. las migajas por caridad. El solo hecho de tener que comparecer con abogado y procurador es una barrera. ¿Que tipo de justicia es la que no necesita al justiciado?

    Recomiendo releer algo que se escribió hace casi 5 siglos. No os preocupéis que todo se volverá a juzgar el día del juicio final.

    Y los pleitos no son sobre si lo que deben a uno se lo han de pagar a él, que eso no tiene necesidad de preguntas y respuestas; los pleitos son sobre que el dinero sea de letrados y del procurador sin justicia, y la justicia, sin dineros, de las partes. ¿Queréis ver qué tan malos son los letrados? Que si no hubiera letrados no hubiera porfías y si no hubiera porfías no hubiera pleitos y si no hubiera pleitos no hubiera procuradores y si no hubiera procuradores no hubiera enredos y si no hubiera enredos no hubiera delitos y si no hubiera delitos no hubiera alguaciles y si no hubiera alguaciles no hubiera cárcel y si no hubiera cárcel no hubiera jueces y si no hubiera jueces no hubiera pasión y si no hubiera pasión no hubiera cohecho: mirad la retahíla de infernales sabandijas que se producen de un licenciadito, lo que disimula una barbaza y lo que autoriza una gorra. Llegaréis a pedir un parecer y os dirán: «Negocio es de estudio. Diga v. m., que ya estoy al cabo. Habla la ley en propios términos». Toman un quintal de libros, danles dos bofetadas hacia arriba y hacia abajo, y leen deprisa; reméndanle una anexión; luego dan un gran golpe con el libro patas arriba sobre una mesa, muy esparrancado de capítulos. Dicen: «En el propio caso habla el jurisconsulto. v. m. me deje los papeles, que me quiero poner bien en el hecho del negocio, y téngalo por más que bueno, y vuélvase por acá mañana en la noche, porque estoy escribiendo sobre la tenuta de Trasbarras; mas por servir a v. m. lo dejaré todo». Y cuando al despediros le queréis pagar (que es para ellos la verdadera luz y entendimiento del negocio que han de resolver) dice, haciendo grandes cortesías y acompañamientos: «¡Jesús, señor!», y entre «Jesús» y «señor» alarga la mano, y para gastos de pareceres se emboca un doblón.
    -No he de salir de aquí -dijo el nigromántico- hasta que los pleitos se determinen a garrotazos, que en el tiempo que por falta de letrados se determinaban las causas a cuchilladas decían que el palo era alcalde, y de ahí vino: «júzguelo el alcalde de palo». Y si he de salir ha de ser solo a dar arbitrio a los reyes del mundo que quien quisiere estar en paz y rico, que pague los letrados a su enemigo, para que lo embelequen y roben y consuman.

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  4. Jose Maria
    Jose Maria Dice:

    Por esta regla de tres, las ejecuciones hipotecarias deberían tener unas costas simbólicas. .. ajenas al capital principal reclamado, ya que no existen demasiadas diferencias entre las redacciones de unas y otras…

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    • MFB
      MFB Dice:

      En efecto, José María, yo planteo que se apliquen unos mismos criterios de moderación de honorarios para todos los pleitos civiles (independientemente de la materia). Mi post se centra en el fenómeno de la litigación en masa por dos motivos: porque actualmente es un problema de enorme relevancia (solo en Madrid tenemos “atascadas” cerca de 20.000 demandas de este tipo) y porque es una temática que conozco y sobre la que puedo hablar (no conozco el aspecto práctico de las ejecuciones hipotecarias).

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