Cataluña: Panorama tras la elección

Un viejo amigo catalán, nacido y residente en una de las zonas más secesionistas de esa Comunidad, tras vaticinarme unos resultados electorales muy semejantes a los finalmente producidos me advertía: “pero eso no quita a que en Cataluña haya muy pocos independentistas de verdad, y partidarios de la vía unilateral todavía menos”. Pienso que analizar esta afirmación tan chocante es fundamental para vislumbrar alguna solución al grave problema que estas elecciones nos han dejado encima de la mesa.

A primera vista parece que nos encontramos ante una situación total de bloqueo. Y es que, paradójicamente, el resultado electoral ha confirmado tanto la “legitimidad” de la vía unilateral hacia la república, como su resistencia en forma de art. 155 y de la vía penal. Efectivamente, los partidos que defendieron la vía secesionista unilateral han obtenido otra vez una mayoría absoluta de escaños. No les ha penalizado ni el ridículo, ni la fuga de empresas, ni el desastre económico, ni las falsas promesas. Pero el hecho de que hayan vuelto a perder el voto popular, pese a la torpeza del Estado a la hora de gestionar el referéndum, la aplicación del art. 155 cesando al Govern y la orden de prisión para sus líderes, “legitima” a los unionistas para volver a aplicar estas medidas si es necesario.  Unos vuelven al gobierno de las instituciones de las que fueron desalojados, pero los otros saben que ellos también pueden volver a limitar cualquier desmán sin especiales problemas, pues cuentan con un cerrado apoyo nacional e internacional y, al menos, con el de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Unos tienen los escaños, pero los otros las leyes (no solo la Constitución, sino el Estatut aprobado por referéndum y cuya reforma exige dos tercios de los escaños). Leyes especialmente fortalecidas tras la victoria en el voto popular.

El problema parece agravarse aún más si nos percatamos de los incentivos personales a corto plazo. En una situación de bloqueo mutuo en el que la guerra está excluida, la negociación es la única forma de avanzar. Pero para negociar hay que ceder en algo, y el resultado electoral amenaza con penalizar cualquier movimiento en ese sentido. Rajoy no va a achacar a su absoluta desidia y torpeza su debacle en Cataluña, sino a la “firmeza” del mensaje de Cs. Y por ello temerá que cualquier cesión puede conllevar el mismo resultado en el resto de España. Puigdemont y Junqueras no pueden destensar la cuerda a cambio de nada, cuando la “normalidad” significa para ellos la cárcel en lo personal y la calificación de traidores en lo político.

“Traición”. Esa es la palabra. Cualquier cesión será calificada inmediatamente por unos o por otros como una traición a la patria, a Cataluña, a España, a la Constitución, al Estado de Derecho que se deja coaccionar por amenazas, a la Virgen de Monserrat o a la del Pilar. Y a los traidores se les cuelga, quizás solo figuradamente, pero no se les vota.

Por eso resulta imprescindible comprender que el electorado es mucho menos radical de lo que parece, tanto en Cataluña como en el resto de España. Muchos gritarán ¡traición!, pero votarán por la moderación si se les da la oportunidad para ello, cosa que en estas elecciones ha sido imposible.

En estas elecciones el votante independentista, con mayor o menor razón, ha equiparado la posible victoria constitucionalista como una victoria de Rajoy, es decir, como una derrota propia incondicional. Y una victoria de Rajoy significaría inmovilismo en el mejor de los casos (en financiación y competencias, aparte de olvidarse para siempre del referéndum) y en el peor un retroceso claro en autogobierno. Con una victoria constitucionalista Rajoy se hubiera visto reivindicado para sentarse de nuevo en el sofá a leer el Marca (“como os dije tantas veces, en Cataluña no iba a pasar nada”) y a dar carpetazo a cualquier reforma constitucional, sabiendo, incluso, que podría sacarle al resultado rédito electoral a nivel nacional. Muchos votos independentistas han pretendido huir de ese posible escenario y fortalecer a uno de los bandos de una negociación que ven necesaria e ineludible, no incentivar una nueva y suicida escapada al monte. El descalabro de la CUP lo demuestra.

Esta circunstancia convierte el que los constitucionalistas muevan ficha ahora en algo muy conveniente. Si los secesionistas fuesen marcianos irreductibles no cabría más opción que la firmeza y la resistencia numantina. Por el contrario, si resultase que dentro de ese sector existe mucha gente razonable, como parece previsible, eso significaría que es posible alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Ello exige meter velocidad al proceso de reforma constitucional, no solo en su vertiente territorial sino también institucional. En el ámbito territorial debería incluir importantes reformas en materia competencial y de financiación pero también, como llevamos defendiendo algunos en este blog desde hace siete años, sería muy conveniente añadir una disposición adicional que permitiese celebrar, siguiendo los rigurosos estándares internacionales en la materia, un referéndum de independencia. Esa reforma debería aprobarse por referéndum por todos los españoles. Con esa cláusula se desatascaría en la negociación territorial cualquier planteamiento de suma cero y se evitaría tener que ceder financieramente más allá de lo justo rompiendo la solidaridad entre todos los españoles.

Esa posibilidad colocaría a los líderes secesionistas en una posición negociadora muy muy difícil. O ceder y encaminarse, tras una reforma competencial razonable y justa, a un referéndum de victoria casi imposible y en su caso dolorosa (pues debería reconocer la posibilidad de que las provincias que lo deseen permanezcan en España) o negarse a todo y terminar siendo desplazados por su propio electorado terrícola.

Desde el lado constitucionalista para casi lo mismo. Sería muy erróneo interpretar el masivo apoyo a Cs como un bloque petreo refractario a la posibilidad de negociación. En un momento de crisis mayúscula han optado por la opción más clara y limpia en contra de una vía ilegal y unilateral con la que no están de acuerdo. Pero también ellos, si se les da la oportunidad, estarán deseando premiar a los que de manera imaginativa sean capaces de alcanzar acuerdos y volver a colocar a su país en el cauce de la normalidad. No podemos olvidar que de persistir esta situación el precio que va a pagar Cataluña (e indirectamente España) en desarrollo económico y en oportunidades perdidas va a ser formidable y que un escenario a la venezolana no es impensable.

Unos deben renunciar al sueño de una república catalana inminente y otros al de una soberanía nacional  española inquebrantable de presente y de futuro. Como diría Maquiavelo, el sueño de lo mejor no nos debería llevar a despreciar la certeza de lo bueno.