Aluvión de normas en el BOE del 30 de diciembre de 2017

Mal final de año para los juristas, especialmente para los que tenemos la manía de echar un vistazo al BOE de los sábados: nos hemos portado mal y los reyes ¿magos? nos traen carbón.

A modo de resumen y s.e.u.o, en la Sección “Disposiciones Generales” del BOE del sábado 30 de diciembre de 2017 aparecen publicados, entre otros (http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/ ):

Dos (2) decretos-leyes, uno con entrada en vigor el día de su publicación y otro el 3 de enero.

Cuatro (4) decretos por los que se modifican los 4 grandes reglamentos generales que desarrollan la Ley General Tributaria: todos con entrada en vigor el día 1 de enero (que es festivo para la mayoría de los mortales).

Dos (2) decretos por los que se modifican varios reglamentos de los principales impuestos (tanto directos como indirectos), con entrada en vigor el 1 de enero.

Dos (2) órdenes ministeriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con entrada en vigor el 31 de diciembre.

Otros siete (7) decretos,  cuatro (4) órdenes ministeriales y dos (2) resoluciones, de diversa procedencia estatal, más  una (1) ley autonómica.

De entre las normas publicadas, el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores, se publica a toda prisa porque estábamos a las puertas de uno más de los numerosos incumplimientos del Derecho de la Unión Europea por el Reino de España. “De socio leal en lo político hemos derivado al socio más incumplidor de la UE. Gobierno y Administraciones se lo deben hacer mirar. Somos los segundos (de 28) en mayor nivel de incumplimiento, sólo superados por Italia y seguidos del Grecia. El club Med. En el quinquenio 2010-2014, el Tribunal de Justicia pronunció 32 sentencias constatando infracciones de España por sólo tres desestimatorias de la infracción; y si hablamos de sentencias del Tribunal sin ejecutar, somos los primeros en rebeldía. No creo que España sea un Estado de Derecho europeo (MANGAS MARTÍN: “España en la UE: luces y sombras”. El Mundo, 8 de junio de 2015).

Dice la exposición de motivos de tan importante norma: “su entrada en vigor debe quedar fijada el 3 de enero de 2018 para dar cumplimiento al régimen de transposición previsto en el artículo 93 de la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, modificada en este punto por la Directiva (UE) 2016/1034 de 23 de junio de 2016. Conforme a su apartado 1, si bien la adopción y publicación de la norma de transposición debía hacerse a más tardar el 3 de julio de 2017, señala de manera imperativa que los Estados miembros aplicarán sus disposiciones a partir del 3 de enero de 2018”. Refiriéndose a esta norma, el profesor TAPIA HERMIDA ha utilizado la expresión “el diluvio que viene” y la ha comentado en su prestigioso blog en varias entradas: http://ajtapia.com/ ).

Ante las imprevisiones, tardanzas, desidia, etcétera, del legislador, legal y reglamentario, decaen las más mínimas normas de calidad y técnica normativa: ¿dónde queda la institución de la “vacatio legis”? Dice la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, que “la vacatio legis deberá posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación, de manera que solo con carácter excepcional la nueva disposición entraría en vigor en el mismo momento de su publicación”.

Y ello, después de expresar en su preámbulo que “las Directrices de técnica normativa que ahora se aprueban tienen un objetivo fundamental: lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas de origen gubernamental con la homogeneización y normalización de los textos de las disposiciones. Se trata de una herramienta que permite elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayuda a utilizar un lenguaje correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos”.

Pero esto no es todo, en el Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2017se aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018 (http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/071217-enlaceplan.aspx ), en el que se nos anuncia, como si fuera una “buena nueva” que debería llenarnos de alegría, que en este año que acaba de comenzar se  prevé la aprobación de 287 (doscientas ochenta y siete) normas.

“Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas” decía el maestro GARCÍA DE ENTERRÍA.

11 comentarios
  1. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Muchas gracias, D. Isaac, por este comentario. Por un lado, es de agradecer que exista un plan normativo por primera vez en la Historia de nuestra democracia, por otro, 287 normas previstas, sin incluir Órdenes Ministeriales, ni Derecho autonómico ni de la Unión Europea (que es tan Derecho nacional como cualquiera) ni ratificaciones de tratados internacionales o enmiendas a los mismos que entran en vigor se publique o no en el BOE, ni ordenanzas municipales, norma de cabildos insulares, son un signo más de la barbarie jurídica en la que habitamos, basada en la “producción normativa” y no en la interpretatio prudentium de pocas y sólidas normas comprensibles no sólo para los escribas como el Derecho en mesopotamia cuando nuestra especie comenzó a asentarse en ciudades algo mayores que aldeas. Como ya escribimos una vez en este mismo “blog” debe haber unas 60.000 normas vigentes en España. ¿Casualidad? No, se trata de que nadie entienda nada o de que, cuando alguna norma se consolide por el uso, y desvele jurisprudencial y doctrinalmente, sea modificada y elevados nuevos sacrificios (con óbolo a nosotros, los sacerdotes del Derecho, que tenemos que aportar al PIB) en el altar de Diké…

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      • JJ
        JJ Dice:

        Tanta transparencia abruma. Es tal la maraña de normas jurídicas vigentes que ni la luz del sol puede atravesarla. Y en este plan, como diría Francisco Umbral.

  2. Roberto Mazorriaga Las Hayas
    Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

    En todos los años de ejercicio jamás he visto que un Tribunal haya elevado un pregunta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, a pesar de pedirlo y de la evidente incompatibilidad de la actuación de la Administración española (tributaria) con las normas comunitarias y las sentencias interpretativas del TJUE. Simplemente dan la callada por respuesta (gran maniobra, sin duda). Ni “acto claro”, ni explicar porque se la suda al 300% lo que dice el Tribunal de Luxemburgo sobre asuntos en los que la administración española actúa exactamente al revés. Son los tribunales los que permiten esto y dejan como única vía el denunciar ante la Comisión Europea y que ella empiece un proceso contra España (otro más).

    Cada día me aparece todo más claro como un gigantesco chiste o simulacro para cubrir el expediente. En vez de perder el tiempo, mejor si lo decidiesen a los dados. Yo tampoco creo que España sea un Estado de Derecho.

    “De socio leal en lo político hemos derivado al socio más incumplidor de la UE. Gobierno y Administraciones se lo deben hacer mirar. Somos los segundos (de 28) en mayor nivel de incumplimiento, sólo superados por Italia y seguidos del Grecia. El club Med. En el quinquenio 2010-2014, el Tribunal de Justicia pronunció 32 sentencias constatando infracciones de España por sólo tres desestimatorias de la infracción; y si hablamos de sentencias del Tribunal sin ejecutar, somos los primeros en rebeldía. No creo que España sea un Estado de Derecho europeo (MANGAS MARTÍN: “España en la UE: luces y sombras”. El Mundo, 8 de junio de 2015).

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      • Roberto Mazorriaga Las Hayas
        Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

        Gracias Próspero (¿Duque de Milán?). El informe hasta 2016 está aquí:
        https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/ra_2016_es_web.pdf

        Amigo Próspero …ya sabe lo que se dice de las estadísticas. Según como se mire, también se puede decir que deberíamos superar a Bélgica, Holanda y Austria (que no suman 25 Mio. de habitantes)…

        En todo caso yo hablaba por mi experiencia. Quizás mis cuestiones estuvieron siempre mal planteadas o eran asuntos tan, tan claros, donde la divergencia con las normas y jurisprudencias comunitarias solo existían en mi cabeza, que ni siquiera era necesario una mención al “acto claro”, ni a nada.

  3. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Últimamente, como los parlamentos autonómicos no saben ya sobre qué legislar (perros-guía de Asturias, protección de la flora de Murcia, cámaras de Comercio de la Rioja…), se dedican a modificar (a menudo cuatro subapartados) de las leyes autonómicas preexistented. De algún modo han de justificarse. Pero el resultado es más marasmo legal, más descoordinación y antinomias, más inseguridad jurídica, más perjuicios para el ciudadano… y todo ello porque de las CCAA se ha hecho un fin en sí mismo, puesto que tienen que crear su propia y a menudo innecesaria funcionalidad a base de artificio, como decía Max Weber de la burocracia improductiva. “Si no hace falta una ley, entonces hace falta que no la haya”.

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  4. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    La mala calidad de la técnica legislativa que se viene empleando por nuestro legislador se pone de manifiesto en el post del profesor TAPIA HERMIDA de ayer, en su blog:
    “Hoy, 3 de enero de 2018, el diluvio esta aquí: el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre incorpora parcialmente la normativa MIFID II” http://ajtapia.com/2018/01/hoy-3-enero-2018-diluvio-esta-aqui-real-decreto-ley-212017-29-diciembre-incorpora-parcialmente-la-normativa-mifid-ii/

    En el que puede leerse:

    “La CNMV publica sus criterios de aplicación de la normativa MIFID II

    Ayer, día 2 de enero de 2018 la CNMV publicó un “Comunicado sobre la aplicación de MIFID II” en el que daba cuenta de la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado día 29 de diciembre de este Real Decreto-ley 21/2017 señalando cuatro aspectos que nos parecen particularmente relevantes en cuanto a la aplicación práctica de esta nueva normativa:
    a) Que este Real Decreto-Ley traspone al ordenamiento jurídico español un aspecto fundamental de la Directiva 2014/65/EU (MiFID II) como es la nueva regulación de los centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación).
    b) Que, otras partes del conjunto normativo MiFID II-MiFIR que no han sido abordadas en dicho Real Decreto-Ley serán también de aplicación directa desde el día 3 de enero de 2018 (por ejemplo, las materias reguladas en diversos Reglamentos).
    c) Que la Directiva MIFID II puede tener un efecto directo en el mercado de valores español conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
    d) Que la CNMV debe promover la efectividad de la normativa MIFID II interpretando las normas nacionales vigentes de modo conforme con la misma y que, por ello, la CNMV entiende que las entidades, infraestructuras y demás participantes del mercado ajustarán con carácter general su organización y actividades al conjunto de reglas y obligaciones emanadas del conjunto normativo MiFID II-MiFIR a partir del 3 de enero de 2018”.

    Se pone de manifiesto, en mi opinión, una regulación muy fragmentaria, dadas las prisas por cumplir tardíamente con el Derecho de la Unión Europea, que genera gran inseguridad jurídica.

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  5. unlector
    unlector Dice:

    Desgraciadamente nihil novum sub sole, ya decía Tácito “cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene”, no parece pues casualidad el actual estado ni de lo uno ni de lo otro.

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  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Lo publicado por Isaac Ibáñez viene a corroborar lo que venimos comentando hace ya tiempo: la simple existencia de “normas” no justifica un “estado de Derecho”. Es más, coincidiendo con los comentarios a mayor número de normas, mayor incumplimiento de las mismas.
    ¿Qué es lo que ocurre realmente? la primera cuestión nace de quien es de verdad el “poder legislativo” y si está viciado por las mayorías absolutas y la ley electoral que, de hecho, propician que legislen los “ejecutivos” e impongan sus normas. La segunda cuestión -que también se apunta- es la “necesidad” de justificar la función de cámaras legislativas autonómicas cuando, en realidad, estamos obligados a trasponer directivas comunitarias al ordenamiento jurídico de cada estado-miembro y cumplirlas. ¿No es un sarcasmo y una tomadura de pelo a los ciudadanos? La tercera cuestión sería la existencia de unos estatutos autonómicos que ya empiezan a considerarse “constituciones” de futuras repúblicas independientes del Estado Español. Todo con tal de no tocar la Constitución.
    No nos engañemos. España, como otros países del entorno en diferente medida, está sometida en su Derecho a intereses sectarios, partidistas o corporativos que no son europeos precisamente, sino “imperiales” o “globalizados”. Todo lo demás es uno de tantos cuentos (León Felipe) con que nos adormecen y someten. El pulso está entre la Justicia y la seguridad jurídica a la que aludía Enterría y esa nebulosa llamada “legalidad” donde todo cabe y todo está desbocado.
    Es nuestra responsabilidad seguir creyendo el mito de “más de lo mismo” o reaccionar construyendo de verdad un estado de Derecho digno de tal nombre. Ese es el gran reto del futuro.

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