Independencia del Poder Judicial: llueve sobre mojado

Recientemente, los principales medios de comunicación se hacían eco del último Informe GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre Prevención de la corrupción con respecto a los miembros de Parlamento, jueces y fiscales (ver aquí o aquí). Creado en 1999 por el Consejo de Europa para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados participantes (49 en total) de las normas y estándares anticorrupción, este grupo evidencia una realidad que hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones: en nuestro país, la independencia del Poder Judicial sigue siendo una asignatura pendiente.

A pesar de que en el informe se analizan numerosas cuestiones (ver aquí el informe completo), principalmente sobre evaluación de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para aplicar las recomendaciones contenidas informe anterior (ver aquí), me centraré únicamente en las que tienen que ver con la politización de la Justicia. En primer lugar, el informe concluye que España ha incumplido la recomendación relativa a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El GRECO recuerda que las autoridades políticas no deberían estar implicadas de ningún modo en la elección de los miembros provenientes de la carrera judicial (en referencia a los 12 doce miembros elegidos entre Jueces y Magistrados), en aras de preservar la independencia (tanto real como aparente) del órgano de gobierno de los jueces.

Como los estimados lectores a buen seguro conocen, el CGPJ fue capturado por el poder político, a través de la reforma del PSOE de 1985, operada en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Veintiséis años más tarde, después de haber ganado las elecciones generales por mayoría absoluta y con un programa político ciertamente ambicioso en esta materia, el Partido Popular traicionó su promesa de despolitizar la justicia con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial (ver aquí el post de Rodrigo Tena sobre esta cuestión).

Llueve sobre mojado. A estas alturas, parece claro que ni rojos ni azules están dispuestos a renunciar a su trozo del pastel. Como una muestra más de lo anterior, vean aquí cómo se han embarrado recientemente las conversaciones en la Subcomisión de Estrategia Nacional Justicia (constituida en el Congreso de los Diputados, a fin de buscar un pacto nacional por la Justicia), con los dos principales grupos parlamentarios bloqueando deliberadamente un acuerdo tendente a lograr la anhelada despolitización del CGPJ. Mientras tanto, los observadores comunitarios dándonos constantes toques de atención.

Entre quienes pretenden regenerar el sistema, encontramos una premisa clara: mientras no tengamos un CGPJ verdaderamente independiente, como ambicionaban los padres de la Constitución al reservar 12 de las 20 sillas del Consejo para los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (art. 122.3 CE), será prácticamente imposible eliminar la continua sombra de sospecha que se cierne sobre el Poder Judicial en su conjunto. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. No basta con que la mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país sean independientes, sino que los justiciables han de percibirlo así. En definitiva, está en juego algo importantísimo: la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

La segunda cuestión a la que quiero referirme respecto del Informe GRECO, no menos importante, es la inobservancia de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere duda alguna en cuanto a su independencia, imparcialidad y trasparencia.

En este sentido, conviene recordar en nuestro país, la provisión de destinos de la Carrera Judicial se hace, como regla general, por concurso, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo (art. 326.2 LOPJ). Todas estas plazas son cubiertas a propuesta del CGPJ, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. Adicionalmente, 1/3 de las plazas en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, se cubrirá por juristas de reconocido prestigio nombrados a propuesta del CGPJ sobre una terna presentada por el parlamento autonómico (art. 330.4 LOPJ).

El panorama normativo es desolador. Sin duda, resulta sorprendente que el proceso de selección y nombramiento de los más altos cargos de la magistratura sea llevado a cabo sin la necesaria presencia de luz y taquígrafos, y lo que es peor, sin la previa baremación objetiva de los méritos que han de reunir los candidatos. Y en el caso de los cargos judiciales con una función esencialmente gubernativa (ej. Presidentes de las Audiencias Provinciales o de los TSJ), no es de recibo que sean nombrados a propuesta del CGPJ, al margen de la voluntad de los jueces y magistrados destinados en su ámbito territorial. Este estado de cosas no solo afecta gravemente a la independencia de nuestros Jueces y Magistrados, sino que choca, además, con el deseado objetivo de profesionalizar nuestro sistema judicial a través del establecimiento de una verdadera carrera, transparente y basada en criterios que permitan medir, de la forma más objetiva posible, el mérito y capacidad de los aspirantes a cada plaza.

España no puede esperar un día más. La separación de poderes es un principio irrenunciable en cualquier estado de Derecho que se precie. Y por lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, son dos las reformas imprescindibles: (i) la que se refiere a la elección de los vocales del CGPJ, a fin de eliminar toda interferencia del poder político en el gobierno de los jueces; (ii) y la que tiene que ver los ascensos y provisión de plazas en los órganos judiciales, en aras de modernizar la Justicia y hacer desaparecer cualquier sospecha sobre los nombramientos.

Como ciudadanos de una democracia adulta, ha llegado la hora de exigir un cambio profundo. No podemos permitirnos que el Poder Judicial (piedra angular del estado de Derecho), siga contaminado por intereses partidistas (ya sea de manera efectiva o aparente). Esta es, sin duda, una pretensión justa e irrenunciable para quienes creemos que el futuro de nuestro país pasa necesariamente por la regeneración de nuestras Instituciones.

8 comentarios
  1. aldelgadog
    aldelgadog Dice:

    Cansinos.
    Coincidiendo con una de mis cuñadas, abogada en ejercicio, lo que no hace falta es independencia del poder judicial, sino seguridad jurídica: que los jueces y magistrados se atengan a las leyes, para que los juicios no sean una ruleta rusa dependiente del capricho interpretativo de cada uno.
    Vuelvo a recalcar el ejemplo paradigmático de Estado de Derecho/Rule of Law: en los Estados Unidos de América los jueces soin nombrados por el Presidente, con el visto bueno del Senado. Tdos los jueces federales, incluidos los del Tribual Supremo. Y a nadie se le ocurre decir o siquiera pensar que la judicatura estadounidense no sea independiente de las ramas ejecutiva y legislativas de la nación.
    Y precisamente allí, aunque se debe más a sus sistema de fuentes, sí hay seguridad jurídica en el sentido de que se puede prever el resultado de un juicio, o por lo menos por dónde van a discurrir los cauces del mismo.

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    • Ignacio Gomá Lanzón
      Ignacio Gomá Lanzón Dice:

      Como de costumbre, adelgadog, mezclando churras con merinas. Si lo que dice usted es que hace falta seguridad jurídica, lo más seguro es que lo resuelva todo el Ministerio de Justicia directamente, porque vamos a saber a qué atenernos perfectamente: hará siempre lo que convenga al gobierno, no lo que sea justo. El secreto de un sistema democrático equilibrado está en sus controles recíprocos. Los legisladores harán las leyes, el gobierno las ejecutará y los jueces las las harán cumplir en caso de desviación. Pero, claro, si los tres poderes son uno y trino ¿qué pasará?. Pues que en un desahucio en Cogolludo o en una reclamación de cantidad de un pueblo de Extremadura dará igual quién sea el juez, pero en el caso de los ERES o Gürtel probablemente el partido político afectado preferirá que el juez que toque tenga bien presente, consciente o inconscientemente, que su progreso profesional e incluso su modo de vida dependen de lo que haga. Porque su carrera depende del CGPJ, que está dominado por el partido afectado por el asunto. No es, claro, un problema de “independencia”, porque ni jurídica ni moralmente, el juez depende de nadie; pero sí es un problema de imparcialidad, porque en determinados asuntos lo que decida le puede afectar. Igual que si fuera a un familiar a quien tiene que juzgar. Y si usted no ve eso es porque no le da la gana. Y no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones supranacionales.
      Y no confunda esto con el nombramiento en USA, que no tiene nada que ver: TS con cargos vitalicios que no pueden progresar más y no nombramiento de órganos dispensadores de cargos y sanciones.

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      • aldelgadog
        aldelgadog Dice:

        Los nombramientos en USA por parte del Presidente, con la autorización del Senado, no se circunscriben sólo al TS, sino a TODOS los jueces federales, de cualquier instancia.
        Y siguen actuando con independencia.

  2. Marcial
    Marcial Dice:

    ¿Despolitización o politización unidimensional?.
    El CGPJ inicial, con la elección directa por los jueces de los 12 vocales judiciales, en el proceso de elección y el posterior ejercicio del poder, estuvo tan politizado o más que los posteriores. Por más que la apariencia fuera otra, los partidos políticos no estuvieron al margen. En este sentido, el sistema actual es más acorde con las demandas de transparencia.
    En mi opinión, el problema está en el funcionamiento de nuestro Parlamento, donde parece que toda Comisión, sobre todo de investigación o de nombramientos, parece resultar ineficaz, donde nunca un discurso o razonamiento logra que nadie cambie su voto.
    Volver al nombramiento por los jueces de los vocales judiciales, politizará el CGPJ en un único sentido.

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    • MFB
      MFB Dice:

      Estimado Marcial: creo que ese miedo (“politización unidimensional”) estaba justificado en 1985. En efecto, el sistema de 1980 adolecía también de importantes defectos. Sin embargo, más de treinta años después, la carrera judicial no tiene nada que ver con lo que era entonces. De hecho, me atrevo a decir que en ella se ven representadas todas las sensibilidades políticas que existen en la sociedad (incluso diría que en proporciones extrapolables a la ciudadanía en su conjunto). Es por ello que ya no tiene sentido que el poder político siga interfiriendo en el gobierno de los jueces.

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  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Me gustaría resaltar tres frases del artículo:
    “…el CGPJ fue capturado por el poder político a través de la reforma del PSOE en 1985…” Ojo al dato. Conviene no olvidar los casos en que el PSOE vía partido, vía gobierno ha estado involucrado.
    “…ni rojos ni azules están dispuestos a renunciar a su trozo de pastel…” ¡Naturalmente! Cuando dispones de mayorías parlamentarias que permiten imponer normas, vas a intentar que te beneficien (como partido) y, por si acaso, siempre es bueno que en el ámbito jurisdiccional ocupes la mejor posición.
    “…. está en juego algo importantísimo: la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial..” es lo más grave del asunto: la quiebra de esa confianza que resultará muy difícil recuperar tras algunas de las “doctrinas” conocidas, que han permitido exonerar de responsabilidades a destacados miembros de la sociedad, de la política o de la economía.
    Es una de las asignaturas pendientes de reforma en profundidad pero, en efecto, ni rojos, ni azules, ni verdes, ni morados…están dispuestos a hincarle el diente. Al menos con la premura que se necesita en la “tutela judicial efectiva”.
    Un saludo.

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  4. Jose luis del Moral
    Jose luis del Moral Dice:

    Dos comentarios te hago, Matilde: 1) Siendo un problema evidente, no es el más acuciante. Lo importante es que el juez tenga criterio. Si el juez tiene criterio, tendrá más argumentos para hacer valer su independencia 2) Precisamente hablando de criterio, dices que los nombramientos de determinados Magistrados es “discrecional”. Dis-creción significa sin criterio (lo que hoy se maldenomina arbitrario, que no es más que propio del arbitrio)), que no es lo mismo que con criterio libre o no tasado que, me imagino, es lo que habrás querido decir. La RAE dirá misa, pero cualquier etimólogo de nivel (Ernout-Meillet, Pokorny..) te lo dejarán claro. En definitiva, CRITERIO, CRITERIO y, despuès, INDEPENDENCIA. Sin criterio, ahí los tenemos todos los días reuniéndos para unificar no se sabe qué. Enhorabuena por tu capacidad de trabajo. Un abrazo

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  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Pido disculpas de antemano pero hay que recordar que los problemas de Corrupción en España tienen básicamente dos grandes razones.

    1. El desarme legislativo de Controles Presupuestarios y de Ejecución del Gasto llevado a cabo por el Parlamento desde que sube Felipe González al Poder hasta el año en que lo deja. Desarme no corregido por el PP a pesar de llevar en su programa de entonces la restauración de dichos Controles.

    2. El extraordinario poder de las Autonomías y Ayuntamientos que es donde se ha centrado la Corrupción y que en esta Constitución es difícilmente manejable y controlable. Ejemplo: Caso de Pujol controlando a Pujol, vamos.

    Más datos en “España, democracia y futuro” Tirant lo Blanch Ed. 2017. https://www.casadellibro.com/libro-espana-democracia-y-futuro/9788491690627/5497576

    Cargar sobre los hombros de la judicatura la responsabilidad de frenar la corrupción sería, a mi modo de ver, un grave error de enfoque que solo serviría para mantener los niveles de corrupción y propiciar la mucho más sencilla y económica corruptibilidad de cada magistrado individual. La institución no puede ser la columna dorsal de la solución de esta lacra. Entre otras razones porque la lacra es perfectamente capaz de zamparse a la judicatura. A varias judicaturas.

    Dicho lo cual yo también estoy de acuerdo en que la Independencia Judicial es importante.
    Por lo menos en el esquema teórico de cómo deberían funcionar las cosas. Montesquieu. etc. Es más, como soy de los más viejos, lo he creído durante muchos más años que otros más jóvenes. Imperativo temporal de la senectud que diría Kant.

    Pero ¿qué sucedería si la función teórica del sistema no es la que de verdad opera?
    Es decir si –como tantas veces sucede en la vida– la Teoría solo es una cortina que embellece la realidad y asegura que ésta se perpetúa bajo el velo protector.

    El sistema judicial recibe en toda Europa (28 países) un suspenso según Eurostat. Un 4.6 sobre 10.
    Hay que recordar que el sistema político recibe también otro sonoro suspenso: 3.5 sobre 10.
    No tengo a mano los datos de España pero son bastante peores. El susto que se llevaron Barroso y Juncker fue de época.

    La conclusión es que hay un relato para la propaganda y que lo que la ciudadanía observa y juzga es otra cosa. Nos proponemos como modelo mundial político y judicial sin mirarnos en el espejo.

    Dicho lo cual permítanme aventurar una hipótesis posiblemente descabellada.

    Supongamos por un instante que una de las “virtudes” del Sistema Democrático de Representación y de Partidos es que, como ya señalaron los estudiosos de todos los tiempos, sea el más fácilmente capturable por el Poder Real.

    Supongamos, además, que nosotros, –la hermandad galáctica de los progenitores eternos– fuésemos un vector importante del Poder Real y en determinada coyuntura histórica estuviésemos interesados en acelerar un cambio estructural de las sociedades bajo nuestra supervisión para hacerlo más “responsive” –más manejable, más eficaz en la ejecución de nuestros benéficos diseños.

    ¿No estaríamos intentando retirar de las manos de los Partidos, órganos excesivamente lentos e ineficaces en la ejecución y excesivamente biodegradables –o del malvado Trump–, el manejo de los diferentes actores del sistema judicial?

    A fin de cuentas, –diría el venerable cofrade mayor–, ya tenemos en nuestras manos a varios Tribunales Europeos en los que toman asiento nuestros hermanos, y este control nos permite acelerar cambios estructurales que no son tan sencillos para los partidos políticos porque la opinión de sus votantes se les resiste y limita. Esto resulta en que se dilata muchísimo la ejecución de nuestros proyectos.
    No necesito recordaros, –carissimi fratelli–, que la ley que en 2006 enviamos al parlamento europeo para implantar y promover modelos de sexualidad alternativos solo llega a los niños de la comunidad de Madrid en 2017. Esto es inaceptable. ¡Hemos perdido 11 años!

    Mucho más sencillo: Os traigo caso real.

    Hace unos días el Tribunal de Justicia de la UE salió en la prensa.
    https://gaceta.es/europa/union-europea-inaplicable-definicion-tradicional-matrimonio-20180112-0650/

    Es decir, hemanos, lo que podría haber supuesto un enquistamiento de décadas en Rumanía donde nos encontramos con una ciudadanía que no quiere votar lo que nosotros queremos, podemos conseguirlo con una gran rapidez si usamos nuestros tribunales.

    Ya se que la hipótesis es descabellada y que no es mía. Es de un par de amigos de un alto tribunal europeo y de otro español. Pero ciertamente vale la pena tenerla en mente cuando hablamos de Independencia funcional. Solo pensar que podría estar pasando.

    Un saludo cordial

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