De por qué alterar continuamente las leyes puede ser antidemocrático

No es algo que se diga con frecuencia, pero legislar mucho, técnicamente mal y/o cambiar continuamente la ley aplicable no solo es incómodo para los juristas sino que en mi opinión es algo con consecuencias bastante más serias, contrario al Estado de Derecho y notablemente antidemocrático.

Para tener una democracia fuerte es imprescindible contar con un sistema de checks and balance, controles y equilibrio, real y operativo, de modo que las diversas instituciones ejerzan su función con independencia, seriedad y eficacia. Al actuar así dentro de su ámbito de actuación, cada organismo e institución  ocupa su propio espacio, lo que significa que impide a otras que colonicen ese espacio (singularmente los partidos políticos, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones), y cada una controla y limita el poder de las demás. Un delicado pero muy necesario equilibrio de poderes. Es un tema muy comentado en el debate público.

Pues bien, hay otro sistema de checks and balance importante para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, mucho menos tratado, y que tiene que ver con el concepto mismo de cómo se forma el ordenamiento jurídico. Obviamente, el ordenamiento de la ley, en el sentido general de la norma expedida por el poder legislativo, como principal fuente del Derecho. Pero no todo es ley, ni el ordenamiento se configura solamente por la ley. O no debería.

Las leyes en España cambian continuamente, normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, a veces incluso pocos meses después de su promulgación. La Ley Concursal, de 2003, ha sido modificada 28 veces. La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 2000 ha sufrido 55 modificaciones (una media de más de tres modificaciones anuales), el Código Penal, 30 veces desde 1995, la Ley General Tributaria 16 veces desde 2003, etc. La Ley del Impuesto de Sociedades es de finales de 2014, ha sido modificada 13 veces y el plan normativo del gobierno para 2018 indica que la va volver a tocar…y anuncia además 287 nuevas leyes.

Esta falta de fijeza de las leyes no significa solamente una enorme molestia para los juristas. Las leyes, una vez en vigor, acaban siendo interpretadas por los tribunales y en especial por el Tribunal Supremo, que es el que crea la jurisprudencia. La jurisprudencia es la doctrina que de modo reiterado establece este tribunal al interpretar y aplicar la ley, y complementa el ordenamiento, como dice el artículo 1.6 del Código Civil.

Pues bien, una legislación que cambia continuamente en cuestión de meses, y en asuntos no menores sino en normas troncales, dificulta enormemente que las controversias sobre ciertos preceptos legales acaben resolviéndose en el Tribunal Supremo, puesto que el periodo de vigencia de esos preceptos es corto.  Y aunque  lleguen, no se crea jurisprudencia porque  no hay suficientes sentencias para que se considere que es doctrina reiterada, o porque cuando se emiten las sentencias el artículo en cuestión ya ha sido modificado.

La jurisprudencia, para ser un verdadero complemento del ordenamiento jurídico, necesita estabilidad legal y tiempo. Solamente así es posible que se emitan sentencias que establezcan de manera reiterada una doctrina.

La alteración constante de las leyes desactiva la jurisprudencia. La elimina de facto. El control y equilibrio que podría aportar al sistema jurídico el Tribunal Supremo se pierde, por lo que el legislativo, y el Gobierno, se encuentran un poco menos controlados, y las leyes que producen, menos matizadas y adaptadas a la realidad social del tiempo. Este aumento de poder por parte del que ya tiene mucho no es nada deseable, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son instituciones sofisticadas, productos de delicados equilibrios  fácilmente alterables.

La legislación voluble y torrencial desactiva también la doctrina jurídica. Analizar a fondo una ley compleja requiere mucho esfuerzo, conocimientos, muchos meses o incluso años. Nadie se compromete a eso si no sabe si la ley se va a derogar o cambiar entera de manera inmediata. Todo su esfuerzo de estudio y análisis habría sido inútil. Por eso ya no hay casi tratados, sino apuntes, estudios y notas “de urgencia”.

Cuando la legislación era mucho más estable, los estudiosos del derecho producían obras extensas y de gran profundidad, que analizaban e interpretaban los textos, y, por el prestigio de los que las escribían, acababan influenciando las propias sentencias del Tribunal Supremo, incluso con citas expresas de la doctrina en las resoluciones. La doctrina jurídica de prestigio tenía otra virtud: servía de criterio y base para reformas legislativas futuras, aumentando la calidad técnica de las normas.. Nada de eso es posible en el panorama actual.

Eso supone que el legislador-gobierno aumenta su poder al no tener elementos moderadores o interpretadores. Si encima legisla mal, con normas incomprensibles, contradictorias o ambiguas, su poder crece aún más, porque el ciudadano está más indefenso ante él.  Piensen en el ámbito fiscal, por ejemplo, y lo dañino y perturbador que es que las leyes no se entiendan, que su interpretación sea discutible y/o sean cambiadas cada dos por tres o que se legisle para la foto. Exacto: nos encontramos desarmados ante Hacienda y cualquier interpretación de la ley que quiera hacer en nuestra contra.

Al legislador hay que exigirle que haga bien su trabajo. Que no es publicar muchísimas leyes, sino hacerlas bien, comprensibles y lo más duraderas posibles. Un ritmo enloquecido de legislación hace que el poder se encuentre aún más sólo y menos controlado. Y eso es muy poco democrático.

 

14 comentarios
  1. Rafael
    Rafael Dice:

    Se debe a que la mayoría social identifica la labor legisladora como “trabajo”, y quiere “resultados” (producción). El “algo tendrán que hacer con lo que cobran” también es un factor importante que tiene que ver con el desarrollo democrático de un país.

  2. Rosa Maese
    Rosa Maese Dice:

    Sí, es lamentable este panorama jurídico actual . Creo también que provoca mucha inseguridad jurídica , y sin hablar de los numerosos decretos leyes que baten el récord de legislar con el Gobierno de Rajoy.

  3. Rocio
    Rocio Dice:

    “Diarrea legislativa”, se decía hace bastantes años. Ahora no hay calificativo suficiente. Buen artículo.

  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Estimado Fernando, suscribo todo tu artículo y, sobre todo, creo que es necesario romper esa “omertá” existente en el ámbito jurídico para hablar con franqueza del tema. Tenemos demasiadas normas, muy mal hechas en su mayor parte, innecesarias en otro buen porcentaje, reiterativas y contradictorias no sólo en sus textos sino en sus contextos políticos, coactivas más que reguladoras u ordenadoras, complejas (no las entienden ni los que las escriben ni quienes deben interpretarlas), excesivas en su desarrollo, sin respeto al rango normativo, etc.etc.etc. pero…. eso sí, lo llamamos “estado de Derecho”. Desde el propio texto constitucional, origen de muchos despropósitos (como lo que ocurre en Cataluña y lo que puede ocurrir en otras CC.AA) hasta los estatutos autonómicos (más de lo mismo), las directivas europeas, las leyes orgánicas y códigos (con anacronismos sorprendentes) y no digamos las “ocurrencias” en la legislación autonómica y local, poco hay que se salve.
    ¿Estaríamos dispuestos a poner manos a la obra para corregir la situación? Creo que preferimos (por pura pereza) limitarnos a las quejas más que a plantear alternativas. En el blog tenéis ya un modesto trabajo de revisión del texto constitucional que se ha elaborado desde los “parientes pobres” de la ciudadanía (los otros son los “padres”) y que espera contar con las valiosas aportaciones de los colaboradores del mismo.
    El problema es que el legislativo ha cedido su función al ejecutivo y éste, en virtud de las “mayorías estables” impone al legislativo y al judicial lo que le conviene en cada caso. Hace años la propia Junta Electoral reconocía la “desigualdad” del sistema (contrario al principio constitucional) pero…. quien hace la ley, hace la trampa. Ocurrió ya con Suárez y la UCD y continuó con el PSOE y el bipartidismo posterior. Ahora empieza a pensarse en la posibilidad de cambiar el sistema. Veremos cuanto tiempo tardan en comprender que el Parlamento Nacional no es una cámara de representación territorial para decir ¿qué hay de lo mío? sino para afrontar los muchos y graves problemas de una nación en el contexto internacional y, por ello, la “proporcionalidad” sobra. Una única circunscripción con igualdad de voto sea cual sea su origen territorial. Así de fácil.
    Un saludo y gracias de nuevo por tu artículo.

  5. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    En el caso de los parlamentos autonómicos, se legisla para autojustificarse. Para autojustificar su existencia. Leyes autonómicas innecesarias son reformadas innecesariamente, y en ocasiones sucesivas. No mejoran nada, no suman nada. Es todo como un fin en sí mismo: legislar por legislar.

    Alguna vez habrá que replantear nuestras bases institucionales, de configuración político-administrativa territorial, y la propia capacidad legiferante de las CCAA, pues toda ley innecesaria sólo sirve para entorpecer y confundir.

  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Estupendo artículo con algunos párrafos demoledores. Este, por ejemplo: ………….”La Ley Concursal, de 2003, ha sido modificada 28 veces. La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 2000 ha sufrido 55 modificaciones (una media de más de tres modificaciones anuales), el Código Penal, 30 veces desde 1995, la Ley General Tributaria 16 veces desde 2003, etc. La Ley del Impuesto de Sociedades es de finales de 2014, ha sido modificada 13 veces y el plan normativo del gobierno para 2018 indica que la va volver a tocar…y anuncia además 287 nuevas leyes”.

    Me sumo a los comentarios.
    Saludos

  7. urbano alvarez merino
    urbano alvarez merino Dice:

    Enhorabuena por el artículo Fernando, cargado de razón. De hecho el llamado riesgo regulatorio en España es un freno para la inversión nacional y extranjera. un ejemplo de ello ha sido la continua rebaja de las primas a la producción de energías renovables, que han generado una cascada de recursos dentro y fuera de España, causando enorme perplejidad en los inversores extranjeros.
    Recuerdo también algunas reformas fiscales que han sido modificadas antes de entrar en vigor, leyes que han entrado en vigor antes de publicarse materialmente, y por supuesto leyes ambiguas y vagas que prometen un reglamento que las desarrollará en breve plazo, que jamás llega a promulgarse.
    Esta línea de inseguridad jurídica, en el fondo, produce una restricción de derechos individuales, genera indefensión y permite el abuso de la Administración frente a empresas y ciudadanos, particularmente en el apartado fiscal, donde la DGT campa por sus respetos, ya que, como bien dices, no hay tiempo material para que los tribunales se pronuncien. En este sentido llama la atención la celeridad del TC en la resolución de recursos relacionados con el “proces”, en contraste con los 7 años que tardó en declarar inconstitucional la expropiación de Rumasa . También se tomó un plazo parecido para declarar inconstitucional la subida de tarifas del IRPF con efectos retroactivos promovida por el ministerio de Solchaga en 1993, que permitió a la AEAT no devolver el dinero a los contribuyentes perjudicados (todos) por haber prescrito las acciones para reclamar.

  8. Ignacio Gomá Garcés
    Ignacio Gomá Garcés Dice:

    Estimado Fernando:

    A mí también me gustó mucho tu artículo. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Como comentarios (complementarios a la tesis de aquél), creo que, en primer lugar, la práctica habitual de legislar de ese modo (con prisas y mal) termina consiguiendo que el parlamentario reste importancia a las leyes: “Si la ley sale mal, la volvemos a modificar y punto”.

    Por otra parte, y esto es lo que me interesa más, trabajando en el Congreso me doy cuenta de que en gran parte la razón por la que se legisla de ese modo no es culpa desde luego de los parlamentarios (en general; de algunos en particular sí), ni aun de los partidos. Pienso que se debe en gran parte al modo en que funciona el sistema. Por poner un ejemplo, para legislar, el Congreso dispone –comparativamente- de muchos menos medios que un Ministerio, especialmente humanos: asesores, técnicos, etc. El otro día me dijeron que un senador de los Estados Unidos tiene 20 personas sólo a su cargo; los Diputados españoles tienen 0,8 asistentes por diputado. Quizás esto se debe a nuestra tradición democrática que, a causa de la confusión entre Gobierno y partido del Gobierno, ha restado importancia al papel del Congreso.

    Además, gran parte del trabajo de los grupos de la oposición se dirige y debe dirigirse a la comunicación política, lo cual considero perfectamente legítimo porque el objetivo último de los mismos es gobernar, que es como de verdad pueden cambiarse las cosas.

    En fin, creo que existen muchos intereses e incentivos (legítimos) que dificultan mucho la actividad de legislar y que eso, en verdad, no puede solucionarse si no se reforman ciertas cuestiones del sistema parlamentario.

    Un abrazo.

  9. Iñigo de Loyola ROMERO DE BUSTILLO
    Iñigo de Loyola ROMERO DE BUSTILLO Dice:

    Pues sí..querido Fernando…con los problemas para la seguridad juridica y los operadores del sector y consiguiente encarecimiento de los servicios legales.- Es tremendo y encima con un Parlamento Nacional y 17 regionales /autónomicos…dominados por la partitocracia que atiende más a sus intereses politicos que al Bien Común y que con más frecuencia no atiende al criterio prudente de sus Letrados asesores.. como hemos visto últimamente.

  10. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    D. Fernando, el problema que Ud. plantea aquí es uno de los centrales del Derecho, desde Roma hasta hoy, y lo seguirá siendo porque si el sistema jurídico no se apoya en pocas, claras y sistemáticas normas modificadas sólo cuando es probada la necesidad de hacerlo, y en la confianza en la interpretatio de las vigentes a un cuerpo de juristas probos y preclaros, el Derecho todo se convierte en un tinglado manejable que es lo que muchos han querido y quieren. Me permitiría recomendar la lectura o relectura de un libro de 1997 de Theodore Ziolkowski: “The Mirror of Justice. Literary reflections of legal crises”, con profusión de citas enjundiosas, de las que, en relación con su “post”, entresaco una de Santo Tomás Moro, en “Utopía”: “Leges habent perquam paucas. Sufficiunt enim sic institutis paucissimae. Quin hoc in primis apud alios improbant populos, quod legum interpretumque uolumina, non infinita sufficiunt. Ipsi uero censent iniquissimum; ullos homines his obligari legibus; quae aut numerosiores sint, quam ut perlegi queant; aut obscuriores quam ut a quouis possint intelligi.”, lo que, como siempre, nos remite a Cicerón en su “De Legibus” y a Tácito, Anales, 3,27: “Cuando la República llega a la máxima corrupción, se multiplican en grado extremo las leyes”. La enfermedad que Ud. predica de nuestra España la padece toda Europa como prueba el DOUE sino todo el mundo actual. Estado de Derecho no es estado con elefantiasis legislativa inestable. ¿No?

    • Alberto Fernández Matía
      Alberto Fernández Matía Dice:

      Estimados don Fernando y don Jesús:

      Enhorabuena, Fernando, por su certero post: pone el punto de mira en uno de los males sociales más asentados de nuestro tiempo (la inflación legislativa) y expresa en palabras lo que muchas veces es una constante sensación de todos aquellos que tienen que lidiar – juristas y no juristas – de cualquier manera con el ordenamiento jurídico. Esa falta de seguridad y de certidumbre que nuestras autoridades generan, a la larga, tan sólo se traduce en un descrédito del verdadero Derecho, que es lo que importa, cuando éste claudica ante la apisonadora legislativa y los espurios intereses de las Administraciones. A río revuelto, ganancia de pescadores. Como bien se dice, en última instancia quien paga los platos rotos son los terceros: el contribuyente y el ciudadano.

      Por mi parte, me gustaría contribuir también – y eso que don Jesús se me ha adelantado, siempre presto a recurrir a los clásicos, que tanto tienen que enseñarnos – haciendo referencia a una serie de ideas, lecturas y nociones de fondo que creo son de interés y en las que llevo un tiempo enfrascado, por si pudieran ser de utilidad a cualquiera de los lectores. Créanme, es mucho lo bueno que puede fructificar de estas lecturas.

      Como bien decía don Asís Timmermans en Twitter, me gustaría recomendar aquí el “Derecho, legislación y libertad” de Hayek, pero no sólo, sino también obras como el “La libertad y la ley” de Bruno Leoni, “La teoría evolutiva de las instituciones” de César Martínez Meseguer o “El orden jurídico de la libertad: La aportación de F.A. Hayek al estudio del Derecho”, de José Carlos Herrán Alonso. Son obras muy valiosas, lamentablemente apenas leídas y conocidas (no digamos ya enseñadas o discutidas) en nuestras Facultades de Derecho, y yo lo sé muy bien como estudiante de Cuarto que soy, a punto de “terminar”: demasiados – no todos – todavía no han salido de las malsanas estrecheces positivistas y kelsenianas, olvidando la esencia de lo jurídico. Los resultados de una errónea concepción del Derecho, de la ley y del Estado son lo que nos han llevado hasta aquí.

      ¿Qué es lo que creo que puede aprenderse, en resumen, del enfoque de estos autores?

      1. Que el Derecho es un orden creado – que no diseñado – espontáneamente, i.e., fruto de las muy variadas aportaciones que, durante generaciones y generaciones, una inmensa cantidad de personas han ido realizando a la hora de resolver una serie de problemas concretos que afronta(ba) una sociedad dada, en un proceso interminable de prueba, error y mejora de las soluciones dadas. Piénsese, por ejemplo, en que innovaciones tan importantes en el moderno Derecho de Sociedades como las “poison pills” o las “proxy fights” son resultado de innovaciones (“soluciones”) que dieron una serie de abogados norteamericanos a finales del siglo pasado. Qué voy a contarles aquí a Uds. sobre las muchas creaciones o respuestas que nos han dado los notarios. Y así con todo.

      2. Como dice Juan Iglesias en su “El espíritu del Derecho Romano” (gracias, don Jesús, porque fue por Ud. que yo leí ese libro), el Derecho es fruto de la tradición y del progreso, además de (Hayek) no haber sido creado por mente alguna y comprender una cantidad incalculable de información, información que se va transmitiendo evolutivamente. Como nos cuenta Cicerón, poniéndolo en boca del viejo Catón, la superioridad y el genio del sistema romano frente al griego se basaba en que el “ius civile” era el resultado de la sabiduría de muchos, no en la visión de un único “iluminado”, como Solón o Licurgo. Podemos tener “ius sine lege” y hoy, a poco que nos demos cuenta, comprobaremos la verdad de esta aserción en fenómenos tan variados como la “lex mercatoria” o el denominado “global law”.

      3. Los principios formales son los mismos desde tiempo inmemorial, v.gr., desde el tiempo de los romanos (buena fe, propiedad, cumplimiento de los pactos, reparación del daño, etc.), si bien su contenido puede variar históricamente. Por ejemplo, la propiedad es la propiedad pero, en cada momento histórico, hay que ver dónde limita con la expropiación, con su función social, con la tributación, etc., y es esto lo que varía, evolutivamente. Como decía don Joaquín Garrigues, captando esta profunda verdad, el Derecho es el problema de determinar los límites.

      4. Existen los órdenes (espontáneos, impersonales, evolutivos, “inconscientes”, sin perseguir fines) y existen las organizaciones (creadas por el hombre, “racionales”, finalistas). El Derecho es un orden, el Estado es una organización (hiper-privilegiado, por cierto), como también lo es una empresa o una sociedad mercantil. Las normas que rigen los órdenes son leyes (en sentido material) mientras que las que rigen las organizaciones son mandatos. Y no hay que confundir su ámbito ni su tipo de normas, aunque esto tampoco significa que haya que aceptar “ciegamente” cualquier producto de la evolución y la costumbre (véase lo que pasó con Lincoln y la esclavitud). Pero, en todo caso, las reformas han de ser siempre prudentes, incrementales y no “totales”, porque de lo contrario se estaría cayendo en un racionalismo extremo, que ingenuamente piensa que se puede organizar – revolucionar – desde cero la sociedad (recuerdo la anécdota de cómo los soviéticos derogaron en algunos países del Este, de la noche a la mañana, toda la legislación burguesa… el resultado fue que al poco de hacerlo se vieron forzadas a reinstaurarla, porque simplemente “no podían” hacer eso, porque era “ir en contra de la realidad”).

      5. El Estado puede recoger en su legislación Derecho, pero ni todo lo que aparece en sus normas es Derecho y éstas normas son o suelen (deben) ser de tipo organizativo, dos ideas que debo a don Álvaro d’Ors (Hayek aquí diría que estamos ante mandatos). Por ejemplo, no me digan que son iguales las lógicas subyacentes del derecho de usufructo o la regulación de las sociedades mercantiles… que la de los procedimientos de inspección tributaria o la regulación del IIVTNU. Ahora bien, ¿qué prevalecerá? ¿La sociedad o el Estado?

      6. Insisto, el Estado puede recoger, preservar e incluso mejorar el Derecho, mediante ajustes prudentes y puntuales, pero en ningún caso lo puede crear. Lo que sí que puede es hacerle mucho daño. Es más, la práctica demuestra que el legislador (nosotros tenemos 18, más Europa) normalmente lo pervierte y lo destruye, cuando por exceso de celo y por falta de prudencia lo mangonea constantemente y sin cuidado, como estamos viendo. Cuando ese ocurre, ni siquiera segundos frenos como pueden serlo los jueces, doctrina y/o operadores pueden prevenir los consiguientes males. Y el que pierde es el ciudadano que, legítimamente y de buena fe, espera encontrar en el ordenamiento un mecanismo que le proteja, le asista y vele por sus legítimos intereses. ¿Es eso lo que tenemos hoy? Las épocas malsanas son aquellas en las que un exceso de organización prevalece sobre el orden, si es que no lo llega a destruir. Y la Historia está ahí para certificarlo.

      En resumen, hemos de aprender, como juristas, a valorar más las virtudes de la estabilidad, del enfoque dinámico “bottom-up”, de las mejoras incrementales hechas desde abajo y no desde arriba (recurrir a una ley ha de ser la última instancia). Hemos de ser sinceros con los estudiantes, y enseñarles lo que de verdad es la sabia medular del “ius”, sin ocultarles la realidad (siempre compleja, siempre poliédrica) mediante fábulas formalistas y estériles que sólo te cuentan lo que es la punta del iceberg. Las normas y lo que aparece escrito son sólo el principio, y a veces ni siquiera es lo más importante.

      Y hemos de tratar de promover, en la medida de lo posible, una reflexión generalizada y crítica sobre: (i) cómo se hacen y cómo se modifican hoy nuestras leyes (hay que leer a la Public Choice, a Buchanan y a Tullock), (ii) cuál es la virtualidad actual del principio de seguridad jurídica en nuestro sistema constitucional, (iii) el papel de la – buena – doctrina en todo esto (aquí recomiendo mucho leer a Aurelio Gurrea) y (iv) la posibilidad de introducir en nuestra cultura jurídica criterios de regulación de contención y de “red tape”, como aquellos que impongan que cada vez que se aprueba algo haya que derogar otra cosa (en esta línea algo ya se ha hecho en Canadá), etc.

      Disculpen la profusión, pero son ideas que me gustaría compartir con todo el Blog y en las que espero seguir profundizando para que algún día puedan llegar a cristalizar en propuestas concretas y potencialmente fructíferas para todos, pues de algo estoy convencido: sólo un Derecho sano, vigoroso y no zarandeado por nuestras “prolíficas” autoridades puede preservar el “rule of law” y el Estado de Derecho.

      Un saludo muy cordial a todos,

      Alberto.

  11. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Gracias a todos por los comentarios, que amplían la visión del post. La tesis es que hay muchas más cuestiones en un sistema democrático que hay que tener en cuenta, que exigir, que controlar que las que habitualmente se exponen. Legislar mal, demasiado, incomprensiblemente es objetivamente malo para el Estado de Derecho.

    No se debe asimilar un parlamento trabajador al que hace muchas leyes. Eso es justificar el órgano sobre la base de exagerar su función.

  12. mauricio
    mauricio Dice:

    La ley es el arma del político corrupto.
    Pongo por caso: una cantera, funcionando 40 años. Un ayuntamiento de Podemos la cierra con el argumento de que la licencia no recoge la extracción.
    ¿ Qué ha pasado durante esos 40 años que ninguna admón. ha cerrado la instalación ? ¿ Por qué ahora si se cierra ? ¿ Alguien, responsable político, rendirá cuentas ?

    Lo hemos visto en Cataluña. Artículo 155: aplicado sólo hasta donde los intereses de partido, PP, ha estimado conveniente.

    La gran “diarrea” legislativa es muy probable que venga del hecho de particularizar la ley hacia oscuros intereses.

    Gracias por el post

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