La Ley ómnibus contra la Corrupción modificará gran parte de nuestra normativa actual

REPRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO DE CONFILEGAL -1 feb 2018- (recogido aquí).

La Ley ómnibus contra la corrupción, ahora en trámite parlamentario, se ha centrado en el sector público en su lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Su entrada en vigor para antes del verano modificará diferentes normas esenciales de nuestro ordenamiento. 387 enmiendas se han planteado para una norma que quiere poner coto a la corrupción en el sector público. Las previsiones indican que antes del verano se aprobará.

En pleno debate parlamentario, Transparencia Internacional organizó un debate en la Fundación Ortega y Gasset con la presencia de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Politica y  miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional; Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho; Rodrigo Tena, notario, patrono de Fundación Hay Derecho y Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional.

De esta forma “se modificarán la Ley General Tributaria, Ley Electoral, Ley de Altos Cartos, Ley de Transparencia y un Reglamento que aún no tenemos tras cuatro años de entrada en vigor de la ley, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Bases de  Régimen Local o la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, apuntó.

Desde su punto de vista, esta ley integral se ha centrado en tres cuestiones “ Impulsar la transparencia, consolidar la protección del denunciante y regular el fenómeno del lobby”. En cuanto a las sanciones se muestra partidario de incluir las mismas en el llamado Estatuto del Empleado Público “ El gran problema lo tenemos en la administración local, como se ha visto donde muchas actividades no se controlan por nadie”.

Para este estudioso de la política otras cuestiones como las IniciativasLegislativas Populares “ que hemos tenido 117 y solo una ha cuajado podrían haberse regulado también. AL igual que estar encima de las fundaciones de los partidos políticos a veces claves en la financiación poco clara de los partidos políticos”. Sobre la Autoridad de Integridad que ahora se crea espera que no se solape con el Consejo de Transparencia  y Buen Gobierno existente.

Cambio cultural

Por su parte, Elisa de la Nuez, centro su exposición  en cómo la llamada “ley ómnibus”, va a proteger a los denunciantes de un posible delito de corrupción. “Es necesario un cambio cultural en nuestro país para que se va al ciudadano que denuncia la corrupción no como un chivato y sí como un buen ciudadano de la sociedad civil”. Y explicó como Fundacion Hay Derecho en sus premios había galardonado a ciudadanos comprometidos.

En su turno de palabra, Rodrigo Tena, se focalizó en cuatro cuestiones que vienen en las disposiciones finales de esta norma.  En la Disposición Final Primera se habla de inegibilidad de los encausados, tema que ha generado cierto debate  y que algunos expertos señalan que puede ir contra la presunción de inocencia.

La Disposición Final Quinta habla del incremento patrimonial no justificado en personas involucradas en el sector público “en la norma se habla de sanciones si surge esta situación concreta, como elemento clave para luchar contra la corrupción”. La Disposición Final Sexta habla de una reforma de la Ley del Indulto con tres casos de delitos diferentes:  “ Aquellos de mayor gravedad como los del terrorismo no se indultan, el resto necesitarían siempre un informe motivado de por qué se dan”.

Con la nueva Ley Omnibus  se espera que la protección al denunciante mejore y no ponga en juicio su integridad física o trabajo como ha pasado en algunos casos que fueron muy mediáticos

Partidos políticos y Administración local, focos de corrupción

Por último, Silvina Bacigalupo, como experta en derecho penal, destacó que “en la Constitución de 1978 hay dos temas que se obviaron, uno la financiación municipal y otro la de los partidos políticos. Curiosamente la mayor parte de los casos de corrupción de nuestro país se centran en estos dos ámbitos concretos”.  A su juicio, como para otros ponentes, esta ley ómnibus al final tendrá que introducirse en el sector privado.

A su juicio, otra de las medidas que se pudieran incorporar a todos los delitos del Código Penal es la inhabilitación de ese profesional como funcionario “y en muchos casos por su acción tan grave, de por vida, un elemento que sería disuasorio de cometer conductas irregulares”. Respecto a la Autoridad de Integridad, cree que debería ser un órgano ágil y en cuanto a su capacidad investigadora señala que “ no será fácil que investigue y es posible que muchas pruebas que aporte puedan estar contaminadas y no sirvan para mucho”.

Sobre el denunciante, recalcó que es fundamental que desempeñe su labor con total confidencialidad y recordó que “ ya tenemos una ley la 19/1994 sobre Testigos Protegidos, con lo cual veremos como queda esta norma y esperemos que no haya duplicidades que no conducen a nada”. En cuanto a la supresión de los plazos de instrucción que señala la nueva norma, lo ve bien “ ahora hay instrucciones muy largas y juicios orales cortos. Tendría que ser el juez quien pidiera ese plazo y no el Ministerio Fiscal, que sabemos no es muy independiente en estos momentos”.

Hay Derecho