La Orden de Detención Europea en el caso Puigdemont

Tratar de realizar un esbozo jurídico de la problemática de la Orden de Detención Europea en lo que se refiere al caso Puigdemont es complicado y además hay que hacerlo rápido porque cada día suceden cosas que cambian sustancialmente lo que parecía que iba a ocurrir el día anterior.   Escribo estas notas sacudido por el impacto –que no esperaba- de que los Tribunales alemanes denegaran la entrega del Sr. Puigdemont a la justicia española por el delito de rebelión que era el principal y nuclear de los dos que constituían la orden del Juez español del Tribunal Supremo.

La Orden de Detención Europea (ODE), instituida en el ámbito de la Unión Europea en 2002, es un instrumento concebido sobre la idea de que entre los países de la Unión Europea existe una confianza recíproca en el buen hacer de sus jueces y tribunales y de sus legislaciones.  Somos socios, tenemos principios comunes y confiamos en que el poder judicial de otros países va a reconocer las razones de las resoluciones de nuestros jueces como nosotros debemos hacer con las de los demás.   En relación con la entrega de personas buscadas por la comisión de delitos, el instrumento tradicional era (y es, fuera de la Unión Europea) la extradición, procedimiento en el que la intervención de los Gobiernos de los países afectados es –junto con los Tribunales- decisiva y, sobre todo, se trata de un procedimiento pactado a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, a diferencia de la ODE en la que los Gobiernos no intervienen y que se ha convertido en un instrumento más de la Unión Europea.    Se trata de la ODE, indudablemente, de un avance en la cooperación penal europea, pero tiene sus problemas y sus dificultades.  Europa no es un país sometido a una única soberanía, sino que en ella conviven muchos estados que imponen restricciones en defensa de sus propias jurisdicciones.  Son las reglas que tenemos, hay que mejorarlas claro, pero hay que aceptarlas.

Confiar en los sistemas judiciales de otros países tiene dos aspectos: ellos confían en nuestro sistema judicial, y nosotros confiamos en el suyo.   Como todas las obras que dependen de la intervención de un criterio humano puede haber discrepancias en la apreciación de las circunstancias y cuando se produce un desencuentro puede legítimamente pensarse que alguien no ha confiado en el sistema de otro.   En el caso que nos ocupa, el Tribunal de ejecución tiene que analizar si se cumple el requisito de la doble incriminación de la conducta que se reprocha al reclamado.   Personalmente, las argumentaciones del Tribunal alemán, por lo que he leído en las traducciones elaboradas de su decisión –ya que no hablo alemán- sobre que la discrepancia entre el tipo penal español de la rebelión y la configuración legal de su delito de traición consiste en la intensidad del dolo y de la violencia, me resultan sorprendentes y no termino de compartirlas.  No se trata de que hubiera o no violencia, algo que la acusación tendrá que probar en juicio.  De lo que se trata en este caso es que habiendo violencia según el Juez español (que es la referencia de análisis del Juez alemán), la misma no se considere suficiente por el Tribunal requerido para satisfacer sus exigencias de doble incriminación. Sobre esas bases, me cuesta entender cómo se puede analizar la intensidad de la violencia que expresa el Juez español y compararla en abstracto con la de un delito como el de traición en Alemania.

De todas maneras, no es la primera vez que no entiendo o no comparto una resolución judicial: me ha pasado lo mismo con otras decisiones judiciales de nuestros propios Tribunales a lo largo de mi carrera profesional: no termino de compartirlas y me han parecido sorprendentes, como seguramente a otros les habrá ocurrido con actuaciones mías.     No es algo que solo ocurra en Alemania (un país con menos problemas de percepción de politización de la Justicia que el nuestro), sino más bien creo que es algo consustancial a cualquier sistema de justicia.   Creo que hay que normalizar esa sorpresa y esa falta de entendimiento de ciertas decisiones, como parte de la profesión del fiscal o del abogado. Al tiempo se va aprendiendo de la calidad de unos jueces y de otros (obviamente hay de todo en la viña del señor); se va luchando por mejorar los sistemas procesales –en este caso, la ODE-; y se va separando el entendimiento de lo que son cuestiones jurídicas de lo que son problemas políticos, que aquí son de profundo calado.      Y por supuesto, cuando ello es posible, lo lógico es recurrir la resolución.

En mi modesta opinión quien acertó fue la Fiscalía alemana, pero también estoy seguro de que no ha habido conspiración alguna detrás de la decisión jurisdiccional adoptada y si alguien sostiene lo contrario creo que tendría que acreditarlo.   De la misma forma, no creo que la retirada de la ODE en tramitación en Bélgica por el Juez español, aunque pudiera ser interpretada como una falta de confianza en el sistema judicial belga realmente obedeciera a un deliberado intento de ofender a nadie.   Sencillamente, el juez español (en una decisión que se calificó de “genialidad” por algunos) adoptó esa decisión que quizá en otros países europeos no se entendiera completamente y tampoco nuestra diplomacia se ocupó de aclarar.

Es cierto que el Tribunal alemán con su decisión causa en España una gran alarma especialmente de naturaleza política, pero no me cabe la menor duda –a falta de pruebas sólidas en contrario- de que ha sido adoptada conforme al leal saber y entender que quienes la adoptaron.   El hecho de que el mencionado Tribunal sea de un rango inferior en Alemania al Tribunal Supremo en España no tiene otra causa que la anomalía española de que haya aforados, una institución -la del aforamiento- que causa enormes problemas en España y también por lo que vemos fuera de ella y que parece sorprendente que se siga manteniendo.

Por último, si finalmente el Tribunal decide acordar la entrega del prófugo, el sistema legal vigente indicará que solo podrá ser enjuiciado por el delito por el cual se acuerda la entrega (principio de especialidad).   En este caso el delito de malversación es un delito grave, por lo que si se acredita que realmente lo cometió –y hay que presumir que no lo hizo porque le ampara la presunción de inocencia- las penas son ciertamente serias.    Tan solo una vez cumplida eventualmente su condena sería posible proceder a juzgar al extraditado por cualquier delito cometido con anterioridad a su entrega, transcurridos 45 días después de que hubiera tenido la oportunidad de salir del territorio nacional, o si volviera después de haber salido.   O, por supuesto, en el caso de que consintiera a renunciar al principio de especialidad (art. 27 de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002).   Estas son las reglas jurídicas que tenemos y con ellas hemos de operar hasta que se cambien, con toda naturalidad.

22 comentarios
  1. Lole
    Lole Dice:

    Muy interesante. Y si el sujeto es extraditado y el tribuna lo absuelve del delito de malversación, ¿también hay un plazo de 45 días antes de poderle acusar de rebelión o sedición?

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    • Salvador Viada
      Salvador Viada Dice:

      España queda en libertad tras 45 dias de libertad para juzgarle por cualquier delito anterior a su entrega, y desde luego -sin restriccion alguna- por cualquier delito posterior a la misma.

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  2. Javier
    Javier Dice:

    Gracias por el análisis. Para los no iniciados en el derecho como yo, se agradecería el análisis del delito de malversación en este caso. Saludos

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  3. Rafael
    Rafael Dice:

    Acaso puede darse que el juez español está cometiendo una “barbaridad”, digo. Sobre todo sabiendo que ha utilizado la euroorden a su antojo (principio de desconfianza e indicio de abuso procesal).

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  4. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    En la noticia de hoy:
    “El tribunal alemán duda si puede entregar a Puigdemont por malversación”
    https://politica.elpais.com/politica/2018/04/09/actualidad/1523261665_444718.html

    puede leerse que el Tribunal alemán, “Cita la sentencia del Supremo de 1983, Alexander Schubart, en relación con la ampliación del aeropuerto de Fráncfort, que el tribunal de Schleswig-Holstein considera “no solo comparable, sino en muchos aspectos idéntico”. Entonces, el acusado convocó manifestaciones en contra de la ampliación y miles de personas se enfrentaron a la policía durante horas en toda Alemania. El acusado pretendía presionar al Gobierno del Land de Hesse para que retirara el proyecto de ampliación del aeropuerto. El Supremo constató que el acusado amenazó con violencia y la ejerció a través de terceras personas, pero la Corte no lo consideró suficiente porque no se doblegó la voluntad del órgano constitucional, que no se vio impedido a actuar a pesar de la violencia”.

    Parece a todas luces evidente que el caso citado no es ni comparable ni idéntico. En el caso catalán estamos ante una actuación orquestada durante años POR LAS PROPIAS AUTORIDADES CATALANAS (de todas sus instituciones) y con la colaboración de su fuerza pública, que estuvo de brazos cruzados. Como señaló el editorial de El País del 7 de abril (“Procés ilegal y violento”. https://elpais.com/elpais/2018/04/06/opinion/1523037181_264877.html ):

    “Esos hechos son claros y están a la vista de todos. Incluyeron derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control. Todo ello constituyó un golpe de Estado que no solo merece condena política sino reprobación judicial aunque corresponda a los tribunales establecer los tipos de aplicación concretos.

    Independientemente de su calificación judicial, el procés tuvo un carácter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la fuerza: hubo obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos. Y sobre todo, fue un proceso presidido por la coacción, pues se violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”.

    ¿Cómo va a ser comparable?

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    • Javier
      Javier Dice:

      Coincido plenamente con este comentario, así como en general con los que ha realizado Isaac en esta serie de posts sobre Cataluña.
      Resulta asombroso que pueda utilizarse como precedente por el tribunal regional alemán una situación que responde a una actuación coyuntural de una persona o un grupo de personas no investidas de autoridad delegada por el Estado, por muy numerosas ( o no) que puedan llegar a ser, como en el caso del aeropuerto alemán, dirigida a un aspecto concreto de la realidad y que no pretende modificar el contrato social, con la serie orquestada y metódica de órdenes y actos destinados a subvertir el mismísimo núcleo básico del orden legal utilizando, ni más ni menos, ¡los poderes delegados del Estado!, entre ellos y muy sustancialmente los de una fuerza ¡armada! que actúa al dictado de órdenes políticas y no judiciales, contraponiéndose a éstas y actuando como una mina en el edificio institucional, y que tiene una indudable capacidad intimidatoria.
      Es éste un tipo de violencia absolutamente estructural, proviene de los propios órganos a los que el Estado tiene encargado velar por el cumplimiento de la Ley, y no precisamente del código de circulación, sino de la norma fundamental, y dentro de ésta, de la propia base fáctica, territorial y personal sobre la que ejerce su autoridad ( artículo 2) y por tanto, incomparable con las magnitudes que se quieren hacer valer para explicar lo ocurrido, y ello independientemente de que los mecanismos de la euroorden y su recto concepto no se hayan aplicado correctamente .
      Es como si el que se presenta para robar el banco es el propio jefe de policía de la ciudad con los agentes a bordo de los coches patrulla: antes que indignación se produce estupor, pues no parece creíble.
      Quizá los árboles no han dejado ver el bosque, y se ha intentado recoger por la instrucción, para apuntalar el tipo penal de rebelión, una serie de situaciones ( algaradas, cerco a la consejería, altercados varios, etc) que han coadyuvado a los planes separatistas, pero que no son, obviamente, el centro de la cuestión.
      El tipo de violencia ejercido contra la propia integridad territorial, y lo que es más importante, PERSONAL, de la nación, que es el bien supremo constitucional a salvaguardar,- como sucede en la mayoría de países que tienen dos dedos de frente, entre ellos la propia Alemania-, se ha realizado desde una parte de los resortes de autoridad del mismo Estado, en un terreno más propio de la desviación de poder, aunque a una escala sin precedentes, y que debería desembocar, si el Estado no está loco y pretende su propia supervivencia, en una minuciosa investigación del cuerpo de funcionarios que han colaborado o podido colaborar en esta gigantesca maniobra de apropiación de personas y bienes que significa el llamado “procès”, depurando responsabilidades penales y administrativas, incluyendo evidentemente bajas en los escalafones y suspensiones de empleo y sueldos.

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  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Parece que anoche, en una entrevista televisiva, a Felipe Gonzalez le traicionó el subconsciente al decir: ” Yo, a Oriol Junqueras lo tendría fuera de la cárcel”. Ignoro si se trataba de enfatizar que, durante sus gobiernos, era él el que decidía estas cuestiones o si simplemente se ponía en la piel del juez que dictó la prisión provisional.
    No nos damos cuenta pero, sutilmente, hemos ido dando como normales estas cosas y aceptando sumisos las injerencias institucionales. Así no hay estado de Derecho, hay simplemente el derecho de unos sobre los demás.
    Con respecto al tema del artículo ¿no es una demostración de los conflictos internos de la UE con grave repercusión en sus ciudadanos? Hablamos de seguridad jurídica cuando, además de la parafernalia legislativa y normativa de la propia UE hay que tener en cuenta la de cada uno de sus estados. La inseguridad jurídica está servida. Eso sí, dará mucho juego en los debates profesionales y académicos. No nos engañemos, estamos en situación parecida al conflicto legislativo entre las CC.AA. y el Estado. Cada uno “va a su bola” a la hora de imponer normas e interpretación de las mismas sin que nadie sea capaz de evitarlo y, los “marrones”, a los tribunales de Justicia. Sí, he dicho bien, “de Justicia” no de Derecho. Un saludo.

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  6. Ignacio Navas Oloriz
    Ignacio Navas Oloriz Dice:

    No quisiera de ningún modo criticar las diversas posturas expuestas, son legítimas y educadas, pero parten de una pre- visualización del problema que, a mi juicio y con todo respeto, predetermina su opinión. No soy independentista, creo que el proceso catalán se ha llevado de manera reprochable, tanto política como penalmente, por parte de los soberanistas. También creo que se ha llevado, por quien estaba obligado a tratar de resolverlo -Gobierno-, tarde y mal. Ha habido muy pocos ejemplos de cordura y ejemplaridad. Primero fue la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo, los que tuvieron que sacar la patata caliente al Gobierno. Ojo, no estoy diciendo que no hubieran tenido que intervenir a reclamo del fiscal, pero intervenir, no resolver. Poco a poco hemos ido perdiendo el hilo del problema y ahora estamos donde pretendían que estuviéramos: pensando que se trata de un problema de interpretación judicial, de una discrepancia entre el tribunal alemán y el juez instructor español.
    ¿Hubo violencia en los términos exigidos por la jurisprudencia alemana para apreciar el delito de rebelión? Es evidente que no. En España también hubo discrepancias entre juristas y entre jueces, acerca de la calificación del delito como rebelión, y no como sedición. Parece que ahora en la Audiencia Nacional comienza a abrirse paso esta calificación. La violencia no es la ejercida por los manifestantes, ni por la intervención de los Jordis. Es evidente que en tales actos sí la hubo, pero ¿imputable a los líderes independentistas de manera directa y casual? Yo creo que no. Ahora todos los líderes políticos españoles dicen respetar las resoluciones judiciales. Pero creo que ese respeto debe de demostrarse también, antes y después. No puede afirmarse por parte del gobierno,antes y durante la instrucción, que sí hubo violencia para después afirmar, cuando se dicta el auto de procesamiento y la euro orden de quita y pon, que el juez es independiente y nada tienen que decir al respecto. La pregunta es ¿han tratado al juez antes y durante la instrucción como si lo fuera? Creo que no se puede manipular , ni por el poder ejecutivo ni por el judicial, ni los hechos ni el derecho, para poder llevar razón. Los positivistas son extraordinariamente rigurosos, la ley tiene espíritu y razón, no sólo texto riguroso y unidireccional. Verlo de otro modo es el comienzo de la manipulación, bien intencionada pero manipulación al fin y al cabo. Lo cierto y el tiempo conseguirá que hasta los independentistas así lo reconozcan, es que el ataque a la legalidad vigente, el irrespeto a la democracia, la burla al 50 % de la población catalana y al 100% de la española lo llevaron a cabo los independentistas con osadía y contumacia, pero asesorados convenientemente y preparados para dar respuesta a cualquier acción del Gobierno y de la judicatura. No podemos decir lo mismo de quien goza de los instrumentos y ostenta la legitimidad constitucional. La cuestión era y es muy difícil, pero dónde está escrito que en tales casos los jueces han de actuar como el primo de zumo sol. No obstante me pregunto ¿todo esto legitima mantener en prisión preventiva a Oriol Junqueras, Forn y los dos Jordis? A esa pregunta que yo me planteo, me respondo que creo que ni es razonable, ni inteligente ni justificable desde ninguna razón de derecho mantener esa prisión preventiva, pero claro yo no soy juez. Respeto la independencia de los jueces – aunque a veces no sepan que lo son -, pero discrepo de ciertas decisiones judiciales. Todos nosotros estudiantes del derecho, lo hemos hecho continuamente, ¿quien está de acuerdo con la STS acerca del derecho de transmisión? Hay quien sí y hay quien no, y así se manifiesta en las revistas jurídicas especializadas. ¿Discrepar es atentar contra la independencia judicial?: NO. En cambio sí lo es precalificar de modo interesado los hechos, antes y durante la instrucción.

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  7. Francisco Saurí
    Francisco Saurí Dice:

    Empecemos con la afirmación final: “Estas son las reglas jurídicas que tenemos y con ellas hemos de operar hasta que se cambien, con toda naturalidad.” Yo subrayaría “se cambien” y “operar [..] con toda naturalidad”. Porque el “cambio” y “operar con naturalidad” dependen de la acción política y la acción política se desarrolla tanto intra como extra muros.
    Extramuros: tú mismo lo reconoces en lo que dices sobre la paralización de la ODE en tramitación en Bélgica; que “quizá en otros países europeos no se entendiera completamente y tampoco nuestra diplomacia se ocupó de aclarar.” Tal vez porque era difícil de hacerlo entender y entenderlo es muy importante; por eso rechazo tu afirmación: “Creo que hay que normalizar esa sorpresa y esa falta de entendimiento de ciertas decisiones como parte de la profesión del fiscal o del abogado.” Por lo que dices, el tribunal alemán está diciéndole al juez español que su concepto o la gradación de violencia no es la que toca. Se puede o no estar de acuerdo pero es inteligible: no se maneja el mismo concepto / gradación de violencia. Cuando el ministro Zoido pide que le expliquen qué es violencia, en realidad no está pidiendo una explicación, lo que está haciendo es incitar a sus huestes a protestar. Eso es acción política.
    Y seguimos con ella. Por muy aséptico que quiera ser, un juez extranjero no puede dejar de ver que aquí se busca a dirigentes políticos respaldados por mucha gente que no se han liado a tiros para conseguir lo que querían. Tal vez porque las “embajadas” catalanas le han ganado el pulso a la diplomacia española que se creyó que el sentimiento nacional de ciertos catalanes no tenía valor frente al sentimiento nacional de muchos españoles.
    En cuanto a la acción política intramuros, desde el lado español, podríamos reseñar los cambios sobre las consecuencias de no obedecer al TC y esa panoplia de normas ligadas a la Ley de Seguridad Ciudadana que, por poner un ejemplo, ilegaliza la resistencia pasiva.
    Seguramente, a quien esté de acuerdo con esta deriva del ordenamiento español le parecerá normal el concepto / gradación de violencia rechazado por el tribunal alemán. Pero a mí me parece que hay un número de ciudadanos suficiente que aquí o allá no les parece lógico en una democracia liberal.
    Y en ese contexto, lo peor de todo, es que la cosa que está armando el TS se parece a la ingeniería jurídica de la “doctrina Parot”. Como la ley vigente no nos contenta, un poco de creatividad jurídica no está demás, especialmente porque los malos son muy malos y todo queda en casa. El problema es que ahora no queda en casa y, en cuanto a que los malos lo sean, hay alguna discrepancia.

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  8. Francisco Saurí
    Francisco Saurí Dice:

    Dice Javier: “El tipo de violencia ejercido contra la propia integridad territorial, y lo que es más importante, PERSONAL, de la nación, que es el bien supremo constitucional a salvaguardar,- como sucede en la mayoría de países que tienen dos dedos de frente, entre ellos la propia Alemania-, […]” Por fin alguien lo dice explícitamente: “el bien supremo constitucional a salvaguardar es la integridad territorial de la nación”. ¿Realmente ese es el bien supremo que deseamos para nuestras leyes? Es lo que hay. La constitución del 78 dice en su artículo 2 que “La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”. Pero en el artículo 1 dice que “los valores superiores de su ordenamiento jurídico [son] la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Cuando la unidad de un nación se pone por delante de los valores citados estamos antes un nacionalismo de esos que llaman radical. Yo me quedo con el artículo 2 y considero que el 1 debería cambiarse. Es obvia la nula voluntad de muchos españoles para que eso ocurra. Y eso me parece mal, la ley está mal. Y donde está bien, no se está aplicando en este caso.

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  9. Rafael
    Rafael Dice:

    Los que defienden la unidad dicen que se puede defender cualquier opción política; los que defienden la desunión dicen, oiga, al menos reconozca un proceso para bajarme del tren; ah pero es que la única vía es cambiar la constitución y eso lo decide todo el pueblo español; bien, pues consúltese a todo el pueblo español; ah no, porque yo ya sé lo que quiere y piensa el pueblo; pues como yo no lo sé organizo una consulta en mi territorio; ah pero usted no tiene autorización para consultar al pueblo; pues menos mal que todas las opciones se pueden discutir; sí pero como yo estoy muy a gusto con el marco que tenemos, en esas quedamos. Volver a empezar.

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  10. isa
    isa Dice:

    Todo se resume en una. Afirmacion ,el derecho no debe convertirse en un galimatiasque cual torre de babel impida la realizacion de la justicia .debe ser unificado y claro para la U.E

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    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Totalmente de acuerdo con el comentario de “isa”. Hemos desarrollado un Derecho que no responde al interés general, sino a las peculiaridades o intereses del partido mayoritario. El Derecho concebido como la voluntad de los poderosos es claramente injusto y, por ello, no puede servir para la administración de lo más importante y más simple: Justicia. En este mismo blog se ha denunciado la proliferación de normas de todo tipo que van encorsetando las libertades personales pero, lo que es peor, están siendo interpretadas como convenga. Mientras la Justicia esté al albur de las habilidades procedimentales y jurídicas de profesionales bien pagados, la “tutela judicial efectiva” no pasa de ser un simple deseo. Un saludo.

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  11. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    A finales de 2017 publiqué en mis medios habituales un artículo sobre el porqué un país tan rico como Venezuela tenía tanta corrupción y ruina. Para los que quieran entender las actitudes de determinados representantes políticos y la base ideológica donde se sustentan, creo que les puede resultar interesante este extracto del mismo. Me gustaría ampliarlo con mi opinión, pero hoy lo tengo difícil.
    “En 1994, Chávez abandonó el ejército para dedicarse totalmente a la política basando su discurso en las denuncias de corrupción del sistema y de los partidos.
    En diciembre de 1998, resultó elegido presidente. Cuando es reelegido en diciembre de 2012, Venezuela estaba ya en el puesto 165 del ranking de la corrupción. Falleció en marzo de 2013
    Para asegurar su poder, Maduro se ha apoyado en la Fuerza Armada , a cambio de compensaciones de todo tipo.
    Una de las características de los sistemas ineficientes es la deriva autoritaria con el objeto de impedir el relevo y con ello, evitar la afloración de la escandalosa corrupción y malversación de su clase dirigente.
    Es lo que hizo Maduro cuando, después de perder en las elecciones de 6 de diciembre de 2015, creó una asamblea constituyente para sustituir un poder legislativo que no dominaba. .
    El camino hacia la dictadura se ha ido acentuando. Alejandro Tarre en EL PAIS “Cómo el chavismo aprovecha el hambre para ganar votos” (9-12-17) explica el sistema del control para sacarle provecho político a la escasez de alimentos. Hay 3 componentes: los Comités L. de Abastecimiento ( CLAP) creados en 2016 para distribuir alimentos, los censos de los beneficiarios de ayudas sociales y el “ carnet de la patria” que permiten controlar a los votantes.

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  12. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Y, especialmente desde el 1-4-17, con una enorme represión. En la primera quincena de agosto, la OEA denunciaba 620 presos políticos (con Chávez eran 13) y la ONU en su primer informe, hacía responsable al gobierno de Maduro de “sistemáticas” detenciones arbitrarias (5.021), arrestos sin garantías jurídicas (mas de 1.000), torturas a miles de ciudadanos y de 46 muertos, al menos, por las fuerzas de seguridad y unos 2.000 heridos.
    Todo ello, ha sido denunciado, desde hace tiempo, por los países democráticos y los más importantes organismos internacionales, Amnistía Internacional, ONU, UE, Parlamento Europeo…..y el Congreso y el Senado de España, sin que Podemos, I.U., E.R.C y EH BILDU se hayan sumado…
    …. el salario mínimo integral mensual total (actualizado el 1 de noviembre es de BS 456.507,43) hoy en el mercado paralelo equivaldría a 3/4 dólares, cuando entró Maduro era de BS 3.634,02 (1-5-13) que equivalían a 151 dólares ……….”
    El 28 de abril de 2017 los medios publicaron la noticia de la entrega a Maduro de una bandera independentista ( ejm EL PAIS “ Maduro se fotografía con “una estelada” junto activistas independentistas” …..lo que ha generado incomodidad en las filas del PDeCAT pero “ ha sido tuiteada también desde la cuenta oficial de la CUP”…..)

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  13. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    ¿UNA DEMOCRACIA MADURA O “A LO MADURO”?
    Como he pasado la semana santa en Navarra he podido comprobar la cantidad de carteles de Bildu en apoyo al “ presidente Puigdemont”.
    Las actuaciones anteriores permiten concluir que la admiración por este régimen represivo y autoritario es mayoritaria en el movimiento independentista. Lo que aclara que los últimos acontecimientos políticos “ extravagantes en un estado de derecho” son una muestra de lo que les espera a los ciudadanos si semejante mayoría dirigiera Cataluña.
    El reiterado desprecio por la oposición que representa a la mitad del pueblo de Cataluña y las “escandalosas “declaraciones de Santi Vidal y Lluís Llach sobre lo que iban a hacer con los funcionarios , han propiciado que la opinión pública se diera cuenta de la categoría del nuevo régimen que limitará las libertades y los derechos de los que no piensan como ellos, incompatibles con los principios y la normas de la Unión Europea , por eso “ sus proyectos constitucionales” no tienen nada que ver con el de las democracias plenas. Si Cataluña sale de la UE, con ellos nunca volverá, no es su sistema.
    Hay que partir de la base que el movimiento aseguró a la población que Cataluña sería como Dinamarca o Austria después del proceso, que son países que están en los primeros lugares en cuanto a transparencia, ausencia de corrupción, eficiencia en la gestión pública y en el sistema económico y en respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y al cumplimiento de las leyes.
    Es muy importante que el independentismo, si quiere evitar que, con tantas dudas sobre la calidad democrática del proyecto, sea abandonado por sus votantes al sospechar que es un fraude, se libere de los políticos que sueñan en dirigir un régimen sin libertades para los ciudadanos que no opinan como ellos.
    Hay que recordarles que el autobús de la independencia, según nos han prometido, tiene su destino en Copenhague y no en Caracas, en La Habana o en otra capital de un estado totalitario..

    Responder
  14. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Para que comprobéis en qué queda la promesa de la separación de poderes de la República Catalana, os adjunto este texto que lo he in-cluido en otra respuesta de XAVIER ARBÓS, catedrático de de-recho constitucional, “Un país nuevo, un Estado peor”, publicado el 30-8-17 en LA VANGUARDIA:
    “La configuración del Poder Judicial en España es criticada por la influencia que ejercen los partidos en los nombramientos del Consejo General del Po-der Judicial (CGPJ). Pues bien, la LTJ, a mi juicio, plantea un modelo en que la independencia judicial es aún más vulnerable. La clave está en la re-gulación de la comisión mixta de la sala de gobierno del Tribunal Supremo y del Gobierno de Catalunya (art. 72). Bajo la presidencia de quien ostente la del Tribunal Supremo, tiene como vicepresidente al consejero de Justicia. Se le añaden cuatro miembros de la Sala de Gobierno, elegidos por ella, y cuatro personas designadas por el Gobierno. Ya hay así una proximidad inapropiada entre el ejecutivo y el Poder Judicial, peligrosa para la indepen-dencia de este si consideramos que de esta comisión depende el nombra-miento del presidente del Tribunal Supremo, entre otras atribuciones. Pero es que, además, resulta que dependen del Parlament los nombramientos de los presidentes de las salas en que se divide funcionalmente el Tribunal Su-premo: los designa por mayoría absoluta la cámara. No hay una interven-ción directa comparable en el Consejo General del Poder Judicial. Y cuando intervienen el Congreso y el Senado para designar ocho de sus veinte miembros, se requiere una mayoría reforzada de 3/5 para que cada cámara designe cuatro…
    La LTJ sería equivalente a una constitución provisional, norma suprema y organizadora de los poderes del nuevo Estado. Sin embargo, en lo concer-niente al Poder Judicial, empeora el marco institucional de su independencia y menosprecia el consenso necesario en las intervenciones parlamentarias. ¿Un país nuevo? Quizá. Pero así, sería peor

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