Un ministro irresponsable

Una de las razones por las cuales preservar la salud de las instituciones es fundamental en un sistema democrático es porque ayudan a crear un sentido de comunidad. Gracias a ellas aceptamos que las decisiones que nos afectan como colectividad no están impuestas por “ellos”, sino que, en el fondo, son decisiones tomadas por nosotros. No se imponen por una parte de la sociedad a otra, sino que se trata de decisiones colectivas, que unas veces te gustan y otras no, como es lógico y natural, pero que aceptas porque formas parte de la comunidad de la que emanan. Tras la grave crisis que estamos padeciendo en Cataluña, si alguien lo debería tener claro es el Gobierno de la nación. Pero para asombro y depresión general, parece evidente que no es así.

El ministro de Justicia, ya reprobado por el Parlamento hace un año por su injerencia para obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción en las que resultaban investigados cargos del PP, así como por impulsar nombramientos en la Fiscalía para favorecer los intereses de los investigados, parece ahora empeñado, con ocasión de la sentencia de “la manada”, en culminar su triste obra de desprestigio institucional. Probablemente por los mismos motivos.

Por un lado,  insta al Consejo General del Poder Judicial a realizar algo que este no puede hacer ni evidentemente va a hacer, como inmiscuirse en la función jurisdiccional de un magistrado, y para colmo, ha insinuado que el mismo Consejo podía haber apartado a este magistrado de la causa por no se sabe qué razones personales y así ahorrarnos a todos el triste espectáculo de su voto particular (porque trascendencia real no ha tenido). En realidad -no nos engañemos- lo que ha hecho es muy sencillo: a los manifestantes que se agolparon protestando por la sentencia el jueves por la tarde en la calle San Bernardo, sede de su ministerio, les está diciendo clara y llanamente que ese no es el lugar que deben asaltar, sino la sede del CGPJ sita en la Plaza de la Villa de París. Así que vayan circulando.

En cualquier país serio este ministro  habría sido automáticamente cesado por semejante barbaridad. Es difícil imaginar mayor muestra de irresponsabilidad en todos los sentidos del término. En vez de calmar los ánimos y apuntar que la institución judicial está funcionando correctamente y que el proceso todavía no ha acabado, pretende disfrazarse de indignado (por fin en algo que no toca al PP directamente) y saltar a la calle a ver si por una vez no le confunden con uno de los malos. Por supuesto, al precio de incrementar la tensión social y fomentar la desafección derivada del descrito institucional. Y si además así escurrimos el bulto de que la principal razón de este fallo judicial obedece a un diseño bastante complejo de los tipos penales, mejor todavía, no vaya a ser que la responsabilidad de la crítica pueda llegar a afectarle por otra vía.

Claro que quizá sea una operación orquestada por el Gobierno en su conjunto por entender el PP que no puede perder un voto más y hay que hacer lo que sea para conservarlo, incluso poner a Catalá a la cabeza de la manifestación para deslegitimar la institución cuyo nombre lleva su ministerio. Y en otros casos no, pero Margarita Robles (juez-política o política-juez) a este concreto de decirle al CGPJ lo que tiene que hacer, sí que se apunta. Qué casualidad. Miedo da pensar en lo que pueden inventarse ahora los políticos togados del CGPJ para ponerse ellos también al frente de la manifestación.

Verdaderamente, sobra hasta pedir su dimisión (o dimisiones). El panorama que tenemos por delante es muy preocupante.

5 comentarios
  1. Eduard Ariza
    Eduard Ariza Dice:

    ¡Totalmente de acuerdo! Decía Josep Pla que en España todo político es un opositor que casualmente está en el gobierno. En los últimos años a lo de “opositor” se viene quedando corto.
    La actitud de Catalá como bien apuntas es criticable por partida doble. Primero porque no se ha dejado llevar por su solaridad con la víctima. Hace pocos días 9 años le parecían muchos hoy unos de los jueces es incapaz.
    Después y más importante des del punto de vista institucional, no es que critique una sentencia.Los jueces han criticado a veces reformas legislativas y creo que, del mismo modo, legislador y gobierno, en determinados casos, pueden criticar a la judicatura, pero siempre de forma fundamentada y con la debida corrección institucional.

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Estos lodos vienen de lejos. De muy lejos. Como los ultramarinos.

    Acabo de leer el artículo de Rodrigo Tena sobre el Consentimiento, que me ha gustado muchísimo, y desde el artículo me he ido a repasar la definición de Voluntad del Ferrater Mora. Allí me he encontrado con que la definición de este término y sus asociados llega a las 14 páginas de las muy densamente pobladas y acabo de hacer un alto en el camino.

    Creo que el Ministro ha errado. Es evidente que no ha podido leer a Rodrigo –ni a Aristóteles– y ha sucumbido ante la mera Intimidación (fuerza interior) sin esperar al la Violencia (fuerza exterior). Ha reconocido la Voluntad del Poder Real y su preeminencia sobre el Derecho y sobre las Instituciones. Normal.

    Roto por el conflicto se ha inclinado por seguir el dictado de la Manada, de la segunda manada, claro. En México esto se conoce como un “¿De qué te quieres morir?”……………. “Porque, no lo dudes, mi cuate, de esta no sales”. Ya veremos.

    El Sr. Catalá ha optado por no enfrentarse a una ideología tan poderosa como la que ha organizado la procesión y hacerlo con las Instituciones.
    He de suponer que el ministro Catalá ha tomado la decisión más racional. Como por otra parte han hecho la Sra. Robles y muchos otros personajes. Si algo ha dado vergüenza ajena ha sido la cantidad de miedo perfectamente perceptible de muchísimos “opinadores” obligados o no.
    El artículo de Ignacio Gomá en este contexto de presión ha sido extraordinario.

    Hace unos días he tenido que presentar un trabajo que había aceptado sin gran convencimiento pero que me terminó enganchando. Me habían pedido un breve estudio relacionando la actual situación económica de Occidente con los grados de libertad económica y su evolución en las últimas décadas. Elegí hacerlo desde el más amplio espectro de la libertad individual en términos generales y no solo económicos y poco a poco me fue imposible no ver nuestro problema más importante que nos afecta como un tumor en metástasis.

    Lo expresé así hacia el final de la ponencia y creo que viene al caso……………………….”Esta es, en mi opinión, la más grave y frustrante conclusión: El sistema es incapaz de observar la realidad y dialogar sobre ella abiertamente consigo mismo y con la ciudadanía. Hay una especie de incompatibilidad básica entre nuestras estructuras de Poder Social y la realidad resultante de dicha forma de poder que en esta fase hace prácticamente imposible la solución no caótica”

    El Ministro ha reconocido la imposibilidad de dialogar razonando, sintió miedo y prudencia y tomó refugio en la vecindad.
    En los años noventa, el sistema comenzó a dar primacía a la emoción, al sentimiento, sobre la razón.
    Y cada vez se entienden mejor sus razones.

    Saludos y gracias

  3. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    El autor del voto particular se ha limitado a exponer, con gran coherencia y extensión, su razonamiento probatorio conforme a las reglas de la “sana crítica”, como es procesalmente exigible.

    Habiéndose visionado imágenes de vídeo en el juicio, era inevitable referirse a ellas como fuente de prueba, y por tanto también a las deducciones derivables en el plano fáctico (Hechos Probados, o ausencia de éstos).

    Las discrepancias son respetables, pero el juez del voto particular ha sido honesto, valiente y cumplidor de su deber: expresar con el mayor detalle posible su valoración probatoria sobre la base de las pruebas practicadas en el plenario.

  4. Francisco Saurí
    Francisco Saurí Dice:

    1) Decir que “la principal razón de este fallo judicial obedece a un diseño bastante complejo de los tipos penales, […]” viene a señalar que hay un problema que seguramente ha afectado a muchos otros casos y, como parece que habían advertido los colectivos feministas, muchas de las cosas que rodean a la gestión de estos delitos y sus víctimas perjudican a las mujeres. Solo se puede mantener que “la institución judicial está funcionando correctamente [porque] […] el proceso todavía no ha acabado” si se entiende “funcionar correctamente” de una manera estrecha: las técnica, el arte jurídico no ha sido quebrantado. Pero es palmario que hay más factores involucrados.

    Insisto, señalar los tipos penales del asunto como un problema ya indica que algo no funciona correctamente. Y la mejora de esa situación ha sido marcada como tarea de los políticos que se sientan en el parlamento debido a una reacción furibunda y descalificadora hacia los tribunales que ha hecho que dichos políticos se muevan: han dicho que no les gusta la sentencia y que hay que cambiar algo. Insisto, había gente que ya había dicho que algo no estaba bien y no se le había hecho caso; ahora parece que sí.

    2) El diagnóstico que hacéis en el post es que las declaraciones del ministro de justicia y de la portavoz socialista en el Congreso conducen a “deslegitimar la institución” de la justicia. Ya he dicho en otra ocasión que acepto que los políticos se pronuncien sobre las sentencias judiciales en sintonía con sus votantes. Es más, deben hacerlo, y hacerlo con el suficiente cabreo, si quieren canalizar la energía de la gente hacia las instituciones para procesarla adecuadamente. Vamos, para que hagan caso.

    Por otra parte, el motivo que proponéis que ha movido al ministro es que para el gobierno del PP es mejor que la rabia de la gente se dirija al CGPJ que no al Ministerio de Justicia. Esto podría considerarse el típico interés partidista: la atención del posible votante es dirigida hacia el punto deseado o la actitud, se piensa, ganará votos. ¿Lo que dice el ministro es diferente de otras utilizaciones interesadas de la justicia? ¿Es su crítica diferente?

    Parece que sí y dais una razón: “[…] decirle al CGPJ lo que tiene que hacer, […] Miedo da pensar en lo pueden inventarse los políticos togados del CGPJ para ponerse ellos también al frente de la manifestación.”

    Dicho de otra manera: existe una correa política entre el gobierno de España y el “gobierno” de los jueces. La reacción del ministro no es del tipo en el que alguien dice lo mal que están las leyes o lo mal que lo ha hecho tal o cual juez y vamos a hacer algo. Sino una reacción en la que no sólo se exhibe un interés partidista (que no es, en mi opinión, necesariamente peligroso) sino una reacción en la que se adivinan instrucciones para que el “gobierno” de los jueces actúe según los deseos del gobierno de España.

    A eso debería haberse referido tanto presidente del CGPJ como las organizaciones de jueces y fiscales en sus comunicados. Pero ya habéis dicho muchas cosas sobre la politización de la justicia en este blog para que haga falta extenderse sobre este extremo.

  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Cuando la Administración de Justicia depende de los gobiernos en mayor o menor medida (presupuestos, medios, etc.), o sus administradores aspiran a entrar en Política, es muy difícil deslindar la necesaria independencia de unos con respecto a los otros más allá de las intenciones teóricas. Dicho esto, si el Sr. Catalá opina como simple ciudadano (en cuyo caso no le preguntarían) tiene derecho a la libertad de expresión; si el Sr. Catalá opina como responsable ministerial de la Administración de Justicia, está involucrando a las instituciones que representa en sus opiniones (por eso le preguntan). El día que los focos mediáticos se orienten a los problemas reales de una sociedad en lugar de orientarse a las cuestiones personales de los “famosos” o “populares”, perderán morbo, pero ganarán en credibilidad informativa.
    Como es lógico, toda acción de trascendencia pública puede (y debe) estar sometida a críticas más o menos acertadas de la sociedad. Lo que es una equivocación es “sacralizar” tales acciones o elevarlas a la “mitología” de la superioridad jurídica, moral o social de quienes las ejecutan. Todo el que trabaje a costa de los presupuestos públicos está sometido a la opinión o crítica de quienes pagan sus sueldos como servidores del Estado. Eso sí, siempre dentro del respeto personal. Un saludo.

Los comentarios están desactivados.