Consideraciones en torno al delito de Rebelión

Podríamos considerar que el modo en cómo los dirigentes políticos han encauzado un sentimiento popular en el asunto del procés, por otra parte legítimo, no ha sido ni prudente ni, aun menos, astuto. Al contrario, ha causado notables perjuicios sin que a la vista se materialice rédito alguno. Como jurista sostengo que la legalidad se ha transgredido y que hay indicios penales contra los políticos independentistas. Ahora bien, no aprecio la viabilidad del cargo de rebelión.

Hay juristas, que parecen disfrutar defiriendo de los altos tribunales. Si bien considero que la discusión interpretativa es el motor de la dogmática, no formo parte de este grupo. Por eso me apresuro a expresar mi máximo respeto por el juez Llarena, de cuya argumentación en su auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en efecto disiento, pero estoy lejos de considerarle un funcionario servil con el Gobierno.

El delito de rebelión se tipificó en el art. 472 del Código Penal de 1995 cuya redacción coincide con la dada por la LO 14/1985, de 9 de diciembre, al art. 214 del antiguo Código Penal de 1973. A decir verdad, el CP actual sólo añadió el punto séptimo, considerando también reo por rebelión al que se alzare violenta y públicamente para «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno» que guarda cierto parecido con la redacción original de 1973 «sustraer algún Cuerpo de tropa o cualquier otra clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno» (art. 214.4º CP redacción Decreto 3096/1973). En realidad, este punto es una especialización casi redundante del anterior: “ejercer por sí o despojar al Gobierno [de la Nación] […] de sus facultades” (art. 472.6º CP), como puede ser la dirección de la administración militar (art. 97 CE).

El tipo penal, como se ve, ha gozado de estabilidad en las manos del legislador y hasta ahora preservaba la virginidad de su aplicación. Recordemos que los golpistas del 23-F fueron condenados por rebelión militar según la tipificación del CP castrense, si bien ésta no difiere sustantivamente de la civil.

La rebelión requiere alzarse “violenta y públicamente” en este caso con el propósito de declarar la independencia de una parte del territorio nacional (art.). El auto del juez Llarena es metódico y exhaustivo en su reconstrucción cronológica de los hechos. Enumera los sucesos políticos más consignables del procés, las concentraciones y manifestaciones, las agresiones a cuerpos policiales y apunta al tipo de participación que tuvieron en el conjunto fáctico Òmnium Cultural, la ANC y el Govern de la Generalitat. Añade (AH U.38) que la continuidad de las movilizaciones sociales después del 1-O fundamenta que estas perseguían el fin de alcanzar violentamente la independencia al margen de la legalidad.

En definitiva, al parecer del instructor, la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, unos días después de la anterior proclamación” calculadamente ambigua, las previas reuniones secretas y los incidentes violentos en las manifestaciones, numerosos por otra parte, son subsumibles al tipo de rebelión.

Sin embargo, se plantean algunas objeciones dogmáticas a esta tesis:

1º-El instructor parece sostener que la rebelión, o al menos la violencia de las manifestaciones, puede cometerse por dolo eventual por los convocantes de las mismas: Conociendo este violento levantamiento; asumiendo que podría reiterarse en futuras movilizaciones» (AH U.37). No es muy razonable considerar reo de rebelión a quien declara la independencia sabiendo que igual se producen hechos violentos o igual no.

El tipo exige la violencia como instrumento para efectuar la declaración de independencia o, como me parece admisible interpretar, para materializarla, o, al menos, apoyarla anterior o posteriormente. Esto es incompatible con el dolo eventual, pues exige seguridad de que se producirá violencia y/o resolución de querer que se dé.

2º-No es una cuestión de equidistancia, sino de aceptación de los hechos, que del mismo modo que se aprecian excesos policiales entorno al 1-O, también hubo ese día y después agresiones a agentes en el ejercicio de sus funciones.

Incuestionablemente constituyen violencia estas agresiones a policías de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. El auto detalla lesiones de diversa índole, patadas, heridas, puñetazos y hasta «un traumatismo en la zona testicular» (AH U.37). Ahora bien, ¿forman parte de un plan estructurado de ejecución sistematizada para realizar la declaración de independencia subsumible al tipo de rebelión, o más bien fueron incidentes aislados coexistentes en el tiempo sí, pero también descoordinados?

Respondiendo a esta cuestión -y a si cabe la rebelión por dolo eventual- deberá ser muy prudente el Tribunal Supremo. Una respuesta afirmativa obligaría a preguntarse por qué nunca fueron acusados por rebelión miembros de la Kale borroka. Mucho más agresivos y organizados, éstos, a menudo, coreaban consignas y exhibían en pancartas lemas como: «¡Jo ta ke independetzia eta socialismoa lortu arte!» (¡Dale duro hasta la independencia y el socialismo!), al margen de las cuáles, no cabe dudar que ETA y su entorno afirmaban la independencia de Euskal Herria cuya efectividad ambicionaban, considerando a España un Estado invasor.

Pero además de incoherente con el pasado, tal afirmación sería preocupante para el futuro. A menudo, elementos violentos organizados se infiltran en una manifestación para agredir a la policía. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con quienes convoquen manifestaciones por la Tercera República, a sabiendas de que podrían infiltrarse en ellas sujetos violentos que ataquen a los agentes? ¿Se les podrá condenar por intentar modificar la Constitución mediante rebelión (art. 472.1º CP)?

Sin que por ello deban quedar impunes, parece poco razonable que las agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fundamenten, en este caso, el tipo de rebelión, que, a mi entender, hubiese exigido que después de la proclamación de independencia, se hubiese, por ejemplo, intentado arrestar al Delegado y subdelegados del Gobierno en Cataluña, o a altos mandos militares y policiales, haber tomado el control de puertos y aeropuertos bajo administración del Estado o actos similares. Sin tales sucesos, apreciar rebelión podrían convertir esa «interpretación [del tipo] en imprevisible» por basarse en «argumentos extravagantes» (STC 13/2003).

¿Cabe hablar de conspiración para cometer rebelión? La famosa moleskine y las actas de reuniones secretas podrían ser pruebas que aparentemente fundamentasen dicha acusación. Ahora bien, en las escasas sentencias por conspiración se exige algo más que meras manifestaciones desiderativas de varías personas para cometer un delito. Así, la STS Sala 2ª 124/2009, de 13 de febrero, ratificó el fallo de la AN que condenaba a la acusada, miembro de ETA, de conspirar para cometer un homicidio terrorista porque poseía explosivos y los había trasladado a Santiago de Compostela con el fin de asesinar al Presidente de la Xunta.

¿Bastaría plasmar por escrito el simple deseo de tener fuerzas armadas catalanas, hacienda propia y similares para entender que se conspiraba para cometer rebelión proclamando violentamente la independencia? Fueran tales “conspiradores” destacados políticos o los amigos del bar de la esquina entiendo que se exigiría algo más que eso, amén del seguro empleo de la violencia coordinada. Recordemos que al final ni siquiera existían estructuras de Estado de ningún tipo ni un plan sólido para crearlas, sólo anhelos.

Respecto a un delito de sedición, se trata de un tipo subsidiario al del rebelión. El propio TS ha hecho suya la opinión doctrinal de que se trata de una «rebelión en pequeño» (STS 3852/1991), lo que a mi parecer remite a la idea de «alzamiento tumultuario» y exigiría poder atribuir este carácter a una generalidad de las manifestaciones independentistas, no sólo a hechos aislados por numerosos que fueran. Ni el Auto del instructor niega el carácter pacífico de la amplia mayoría de personas que se concentraban. Además, tampoco estimo que el elemento del alzamiento tumultuario ni en consecuencia el art. 544 CP se den por dolo eventual.

En cualquier caso, ¿podríamos entender que se aprecian indicios delictivos? El lector podrá preguntarse si es que no veo indicios delictivos. Sí, posiblemente, y en mi opinión, varios; como de malversación (art. 432 y ss. CP), de desobediencia (art. 410 y ss. CP) hacia las tajantes resoluciones del TC por parte de Mesa del Parlament como autor y al Govern como un posible inductor, o un delito revelación de secretos (art. 197 y ss. CP) por cesión y uso ilegal de DNI e informaciones personal de los catalanes en el 1-O.

 

14 comentarios
  1. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Disiento de la opinión del autor y comparto plenamente las argumentaciones vertidas en el Auto de procesamiento emitido por el Juez Instructor, señor Llarena, y confirmadas posteriormente en resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    Asimismo, y dado que hay mucha intoxicación al respecto, particularmente sobre lo que se entiende o no por “violencia” (en las democracias vecinas o socias), traigo a colación la siguiente noticia, de ayer:

    “El ministro de Interior alemán pide “mano dura” contra los refugiados que se resistan a una expulsión”. http://www.lavanguardia.com/internacional/20180503/443208018721/ministro-aleman-mano-dura-refugiados.html
    “El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, advirtió este jueves de que se procederá con “mano dura” con los refugiados que se resistan a su expulsión, al tiempo que justificaba el operativo policial organizado en un albergue, después de que 150 residentes impidieran violentamente la deportación de un togolés.

    Tratar de plantar cara a la orden de expulsión es “una bofetada en la cara al estado de derecho alemán”, apuntó Seehofer, líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermanado a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel”.

    Si esto hubiera pasado en España nos hubiera caído la del pulpo.

    Pero la violencia, si es alemana, no es violencia.

    Si este asunto es “una bofetada en la cara al estado de derecho alemán”, ¿qué es entonces el golpe de estado de Puigdemont y sus secuaces respecto al estado de derecho español?

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    • Eduard Ariza
      Eduard Ariza Dice:

      Muchas gracias por su comentario, lo digo de corazón. Como notará, he intentado dejar fuera del artículo cualquier referencia a Alemania y al funcionamiento de las “euro órdenes”. Si todos los acusados estuvieran aquí, en suelo español, seguiría defendiendo que me resulta muy difícil, con los datos de que disponemos, sostener el cargo de rebelión por las razones expuestas.
      Discrepar es sano en una sociedad democrática y más aún en la academia jurídica.

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  2. Alejandro
    Alejandro Dice:

    Es interesante ver como en ocasiones los jueces tiene que hacer una construcción teórica para poder llegar a solucionar problemas que la actual legislación no es capaz de resolver. Esto es algo que sucedió con la Doctrina Parot por ejemplo.

    He de decir que cuando se explican los problemas del dolo eventual, creo que el ejemplo de las manifestaciones por la III República, donde se pueden infiltrar personas violentas, no le veo el más acertado. No veo un contubernio en el que desde un gobierno o un parlamento se apoye de presión social (donde puede haber violencia o no), con una serie de pasos establecidos para hacer unas leyes de “desconexión” e implementarlas. Son manifestaciones que no van más allá de lo reivindicativo. Si veo más claro la crítica de que no se utilizara a la Kalborroca.
    Interesante reflexión la expresada en el artículo, aunque creo que me decantaré por apoyar al Juez Llarena en su construcción y esperaré que sea tan buena que no vengan de Estrasburgo y nos la tumben.

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    • Eduard Ariza
      Eduard Ariza Dice:

      Veremos qué ocurre al final… Aunque hubiese preferido que el Tribunal Supremo apostara sobre seguro en sus construcciones teóricas.

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  3. Oriol Domingo
    Oriol Domingo Dice:

    Me gustaría felicitar al autor por el artículo.
    Partiendo de la base que respeta los indicios probatorios que se consignan en el Auto, sin entrar a valorar su veracidad o no, construye una crítica moderada desde el análisis estrictamente jurídico de la aplicabilidad de la figura del dolo eventual, dando una visión a todas luces acertada desde una óptica estrictamente dogmática. Esto, sin perjuicio que, por desgracia, la aplicación de tal figura en nuestra jurisprudencia suela ser menos escrupulosa.

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  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Como todo este tema se ha gestionado pésimamente (ignoro porqué razones), seguir debatiendo sobre las “figuras” delictivas en mayor o menor medida, no pasa de ser un muy interesante debate jurídico profesional o académico donde la “terminología” es lo de menos. Lo más importante es su interpretación desde el sentido común que debe presidir la Administración de Justicia.
    Los hechos en el ámbito institucional parecen ser:
    a) Deslealtad institucional desde los propios órganos que representan al Estado Español en Cataluña que se podría haber resuelto con la simple destitución o cese de quienes no se sienten como tales representantes. Todo ello dentro de la jurisdicción administrativa.
    b) Adoctrinamiento en el odio o el rencor hacia los ciudadanos españoles. Se podría haber resuelto con la intervención puntual de los órganos administrativos responsables al amparo del artº 155 de la C.E. (Educación y TV, por ejemplo).
    c) Posible malversación del dinero público en cualquiera de sus formas. Se podría haber tratado desde los órganos de control del Estado con exigencia de responsabilidades personales. Desde luego no inyectando más dinero a costa de los impuestos.
    En el ámbito privado:
    a) Subvenciones y donaciones públicas o privadas para el adoctrinamiento a organizaciones sociales. Controlables desde la propia Hacienda pública (esa que “no sabe” si le han colado facturas falsas, pero que “sí sabe” en el caso de ciudadanos normales). El “papel” del ministro correspondiente ha sido muy evidente.
    b) Alborotos sociales que provocan desórdenes públicos. Se podrían haber tratado desde los cuerpos de seguridad del estado (los “mossos lo son también) con exigencias de responsabilidad a los promotores. Como se hace con cualquier tipo de manifestación. También, si era necesario, interviniendo puntualmente la “seguridad ciudadana” al amparo del 155.
    Tratar de pasar el “marrón” o los “marrones” al TC es cómodo, pero hay que ponerse en su difícil función de “apagafuegos” que otros, por oscuras e incomprensibles razones, le van pasando a partir del disparate que es el “estado de las autonomías”, tanto en su concepción inicial, como en el desarrollo posterior. Además lo hemos “sacralizado” absurdamente como si no hubiera salida. Una reforma constitucional en profundidad es posible, deseable y necesaria donde se actualice y reajuste el texto actual.
    Un saludo.

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    • Eduard Ariza
      Eduard Ariza Dice:

      Muchas gracias por leerme y su esmerado comentario. Permítame, sin embargo, disentir en algunas cuestiones. Los organizadores de manifestaciones no son responsables y menos aún penalmente de alborotos, salvo que los inciten directa y explícitamente.
      Las cuestiones financieras merecen ser debidamente estudiadas. A mí no me gusta nada la facilidad que hay en nuestro país para dar dinero a las fundaciones y asociaciones de los “amigos” mientras buenos grupos sociales o de investigación, sin ir más lejos, hacen cola. Sin embargo, eso significa que buena parte de esas subvenciones pueden haber sido potencialmente legales. Por no hablar de que el ministerio de Hacienda, aunque cada vez con más ambigüedad, lo reconozco, niega que se desviaran fondos para el “referéndum”. En cuanto al adoctrinamiento… si quiere mi opinión como catalán radicalmente no independentista, no creo que sea de la magnitud que en ocasiones se imagina. En TV3 para mí no hay un problema mayor del que pueda haber en TV1 o en Telemadrid. En las escuelas, habría que definir qué es adoctrinar… Puedo estar de acuerdo en que algunos libros de texto incluyen epígrafes con un cierto sesgo controvertido o que haya episodios más bien aislados de profesores que confundan el aula con un mitin -a mí, por cierto me tocó sufrir a uno- pero los docentes catalanes merecen toda nuestra confianza y sinceramente creo que la escuela catalana está lejos de ser una máquina de propaganda.

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  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Dicho lo anterior… ¿cómo es posible que el Jefe del Estado ratifique el nombramiento de alguien que dice no reconocer al Estado? Ha ocurrido hoy 16 de mayo. Los despropósitos políticos y jurídicos se acumulan porque, al parecer, son “legales”. Deberíamos preguntarnos el porqué de los mismos y recordar las amenazas hechas en sede parlamentaria catalana por el Sr. Pujol. Sí, lo de los “pajaritos” que pueden caer de los nidos, si se agitan las ramas….. ¿quienes son?

    Responder
    • Eduard Ariza
      Eduard Ariza Dice:

      Sigo contestándole aquí.
      ¿Reformar la constitución? Siempre se puede, aunque hay que tener claro para qué y disfrutar de las necesarias mayorías parlamentarias y, a partir de ahora, seguramente sociales ya que Podemos tiene suficientes diputados para convocar sí o sí el referéndum.
      En cuanto a la sanción del Rey… No me tire de la lengua en un canal público sobre el señor Torra que soy hijo y nieto de andaluces; pero lo cierto es que el Rey no puede negarse a sanciona nada bajo ninguna circunstancias, incluso aunque le pareciera claramente inconstitucional, pues incurriría en una dejación de funciones públicas como titular de la Corona.

      Responder
      • O'farrill
        O'farrill Dice:

        Muchas gracias por sus amables respuestas a mis comentarios. En todo caso voy a tratar de aclarar algunas cuestiones de los mismos.
        Como verá, la enumeración de supuestos hechos empieza con un “al parecer”. Falta probarlos y en algunos casos es muy fácil: si una persona es designada como representante del estado es para servir los intereses de ese estado; lo contrario es deslealtad personal e institucional (en el caso del cargo). No es al “gobierno” del estado a quien se debe lealtad. Es a los ciudadanos que forman ese estado constituido por la soberanía de todos y hay formas jurídico-administrativas para resolver estas cuestiones.
        La supuesta “malversación” de dinero público efectivamente puede ser o tener tintes “legales” (de eso estamos viendo demasiados ejemplos en la gestión de las AA.PP. durante todos estos años y conocemos los mecanismos para “legalizar” cualquier cosa.
        En cuanto a las manifestaciones son una cuestión de orden público. Sin más. Como no suelen ser espontáneas, siempre hay unos responsables de lo que ocurra en ellas y pueden resolverse también el ámbito administrativo con sanciones económicas (que son las que duelen).
        Estoy de acuerdo con respecto al “adoctrinamiento”. Lo tenemos todos los días desde los medios de comunicación y la difusión de lo “correcto” (o conveniente según para quien). Los casos se pueden magnificar o minimizar pero, lo que es evidente es lo que dice la C.E.: “El castellano (debería decir español) es la lengua oficial del Estado”. Uno de los muchos errores del texto constitucional.
        Y ya que toco esta cuestión, el artº 2º de la C.E. “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones”. Un gol en toda regla que viene desde el congreso de Suresnes con el “derecho a la autodeterminación”. Otro grave ¿error? del texto constitucional.
        Junto con otros compañeros, hemos tenido la santa paciencia de ir analizando y desgranando todo el contenido del texto en su forma y en su fondo, lo que nos ha llevado a pensar que es precisa una reforma en profundidad del mismo. Su “para qué” creo que está explicado. Para mejorarla, actualizarla, hacer que siga viva y, sobre todo, que no pueda ser sesgada o interpretada a conveniencia de cada cual. Por eso entiendo que el TC tiene unos “marrones” encima que no son de envidiar.
        El Jefe del Estado no puede sancionar algo que se contradice en sí mismo. No puede nombrar a un presidente de una supuesta república ajena al propio estado como representante del estado que se rechaza. ¿no le suena a Groucho Marx? Veremos qué pasa con el acto de toma de posesión que se hará… ¿donde? ¿en la república de Cataluña o ante el Jefe del Estado?
        Termino como empecé. Toda la gestión de este asunto ha sido tan absurda desde el punto de vista político y administrativo, que deben existir razones (o “pajaritos”) para ello… ¿o es pura incompetencia?
        Un cordial saludo.

  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Ya hemos visto como sigue transcurriendo el tema. La toma de posesión del alto representante del Estado en Cataluña, se hace sin los requisitos mínimos del juramento formal, prescindiendo del Estado y jurando lealtad sólo al pueblo catalán. Eso sí, desde la exquisita legalidad vigente….. ¿o no? El acto tiene un componente jurídico-administrativo que lo hace anulable “de inicio”, pero -al parecer- nos hemos quedado tranquilos porque el Estado ya tiene gobierno en Cataluña…. Estamos en el esperpento continuo. Ya veremos cómo discurre todo.
    Un saludo.

    Responder
    • Eduard Ariza
      Eduard Ariza Dice:

      Es discutible… no soy un experto en la cuestión y conozco mejor el caso de diputados y senadores que está mucho más reglado y además ha pasado por el TC el tema del juramento/promesa. En el caso del Presidente de la Generalitat ni el Estatut de Autonomia (art. 67) ni la Lei de la Presidencia de la Generalitat (art. 5) recogen fórmula alguna de juramento o promesa, únicamente que es nombrado por el Rey a propuesta del President del Parlament cuando ha obtenido la confianza de la cámara autonómica. En otras palabras, ni siquiera sería necesario un acto de nombramiento, quedando en manos del presidente electo decidir si lo hace, cómo lo hace y qué fórmula utiliza. En otras palabras, el acto no es inválido porque ni siquiera es un acto administrativo, es meramente una ceremonia política.
      No me malinterprete, como catalán hijo de andaluza el señor Torra me resulta un personaje deneznable. Ahora, su nombramiento como tal no es inválido. Cuestión diferente es si, en caso de probarse que sus artículos son constitutivos de alguna forma de delito, pueda acabar siendo inhabilitado para el cargo.
      En cuanto a lo del rey… A ver es un debate para abrir, pero entra dentro de la lógica de la monarquía constitucional que el titular de la Corona no pueda cuestionar lo que se le lleva delante. El suyo es un papel meramente ceremonial.
      Respecto a lo otro, como apunto al final del artículo no digo que no haya indicios de actividad delictiva en el “procés”, pero que habrá que modular cuáles son.

      Responder
      • O'farrill
        O'farrill Dice:

        Estimado amigo: creo que no hace falta ser un experto en ningún campo para entender que las CC.AA. son la representación del Estado Español en el territorio nacional. Que han sido posibles porque la propia C.E. las reconoce y garantiza su funcionamiento (de ahí el lío). Que sus cargos públicos, son empleados del Estado porque de él reciben los medios para su gestión y, muy importante, sus retribuciones. La investidura es un acto de reconocimiento mayoritario de un programa de gestión autonómica (no nacional) y, el nombramiento, no es una mera “ceremonia”, sino el compromiso (contrato) de lealtad al Estado y a sus instituciones que ratifica el Jefe del Estado en nombre de todos los ciudadanos (que no es un debate por abrir, sino que se trata de no confundir la función de uno y otro). Sólo en ese caso se procede a la toma de posesión y al ejercicio de la función.
        No se trata de conocimientos de la “legalidad” (esa que tanto nombra el Sr. Rajoy) sino de puro sentido común pero, en este caso, lo que hay que preguntarse es si no hay algo oculto en toda la gestión del tema que pretenda escamotearse a la sociedad.

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