La transparencia no está de fiesta

MIGUEL ÁNGEL GAVILANESPeriodista 

Hoy arranca la Semana de la Administración Abierta. Hasta el próximo viernes, el sector público celebrará charlas y eventos sobre transparencia, rendición de cuentas y participación; distintos foros en los que debatir y congraciarse del camino recorrido. Pero, ¿hay algo que celebrar?

En estos días oiremos hablar del funcionamiento de la Ley de Transparencia y de su nuevo reglamento. De su funcionamiento y de sus límites. Uno de ellos, vital, es de nuevo cuño y no proviene de las normas, si no de su interpretación. Hace unos meses, en la última sentencia sobre el derecho a conocer quién viaja en los aviones oficiales en un contencioso que Civio mantiene con el Ministerio de Defensa, la Audiencia Nacional limitó el acceso a la información pública a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Es decir, según este tribunal, no tenemos derecho a conocer datos anteriores a diciembre de 2014.

Se trata de una sentencia grave, que va mucho más allá de los vuelos oficiales. De hecho, sabemos que se está utilizando este nuevo criterio temporal para acotar el acceso a la información pública en otros procedimientos. Así, se deja la Ley de Transparencia en papel mojado y se limita nuestro derecho a saber a apenas tres años de democracia. Se empequeñece la rendición de cuentas, de la que se tratará de sacar pecho estos días. Y de la que se suele alardear.

Las estadísticas oficiales, por ejemplo, hablan de que el Gobierno concede el acceso a la información en siete de cada diez solicitudes. Una gran imagen de apertura. Sin embargo, Civio comprobó que estas cifras estaban infladas y el Portal de Transparencia reconoció tras nuestro artículo que cuenta como concedidas solicitudes en las que el Gobierno no da ninguna información. La imagen tenía Photoshop.

En Civio seguimos luchando por mejorar la transparencia de las administraciones públicas y, en este caso particular, por tumbar el nuevo límite temporal de la Ley de Transparencia creado por la Audiencia Nacional. Por ello presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Porque los hechos y los datos, y no las intenciones, son lo que cuenta.

 

 

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