La libertad de expresión en España ¿está en peligro?

En las pasadas semanas se han producido una serie de acontecimientos – condena del rapero Hasél, juicio de la  tuitera Cassandra, rapero Valsonyc, caso Fariña, retirada de las fotografías de Arco -, que han alimentado el debate de si existe o no una restricción a la libertad de expresión en España.

La libertad de expresión ampara no sólo aquellas expresiones que pueden agradar, sino también aquellas otras que pueden inquietar u ofender al Estado o las Instituciones (portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega).

Entra dentro de lo probable que nuestro T.C. rechace el recurso de amparo de Hasél y deniegue el amparo al rapero. La Jurisprudencia  de éste Tribunal no resulta muy esperanzadora (SS 41/2011;  73, 79, 140 y 151/2014; 65 y 177/2015, 112 y 226/2016, 2/2017). En todas estas sentencias o se rechaza la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma presuntamente vulneradora de la libertad de publicación o expresión, o se deniega el amparo por desestimación del recurso planteado por el condenado en Jurisdicción.

El panorama no resulta muy esperanzador para la protección de ese derecho. Estas sentencias restringen ese derecho fundamental por considerar – como dice en su voto particular un magistrado – que determinadas “injerencias represivas en su ejercicio eran necesarias y proporcionadas”. Sigue diciendo ese magistrado en su voto particular a la STC  112/2016 que “… estos derechos están íntimamente ligados a la democracia y son uno de los mejores indicadores de su calidad. Todo proceso de democratización comienza con la expansión de los derechos a la libertad de expresión e información por constituirse en una regla de reconocimiento inherente a ese sistema. La libertad de expresión , como tantas veces se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional y en la internacional de los derechos humanos, es uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Todo proceso de deterioro democrático, en contraposición, comienza con la restricción de estos derechos.”

Sin perjuicio de la consideración que las palabras o escritos juzgados o emitidos nos puedan merecer – que para la gran mayoría pueden ser inapropiados, groseros, o rechazables -, lo cierto es que la cuestión no es la de juzgarlas de buen o mal gusto, sino de si deben estar amparadas por un Derecho fundamental en cualquier democracia, cual es el de la libertad de expresión e información.

Una vez decidida esta primera cuestión, la siguiente es la de si este derecho ha de tener o no algún límite, o si por el contrario se trata de un derecho de carácter absoluto.

Bien, respecto de la primera, mi opinión es que el principio general que debe presidir este derecho a la libertad de expresión e información es el de prevalencia de este derecho sobre cualquier otro, pero sujeto a limitaciones con lo que se configuraría ab initio como un derecho que no tiene carácter absoluto. No obstante sus limitaciones deberían de ser establecidas como sí tuviese ese carácter de absoluto, es decir las limitaciones a su ejercicio deberían ser tasadas y ponderadas en su aplicación por los tribunales.

Ésta, a mi juicio, debe ser su interpretación constitucional como punto de partida. Después vendrían sus contadísimas excepciones por vía jurisprudencial. Al contrario de lo que a mi parecer ha hecho nuestro TC cuando se ha enfrentado o ha tratado de dimensionar este derecho. Es muy distinto partir de la idea de que se trata de un derecho que no tiene carácter absoluto y que “debe” estar sometido a excepciones, que partir de una posición de respeto absoluto a tal derecho estableciendo alguna excepción para evitar el abuso del mismo.

Hace unos días hemos vuelto a recibir un correctivo del Tribunal europeo de Derechos Humanos al contradecir a nuestros tribunales ( en 2015, nuestro TC había desestimado el amparo) y sentenciar que quemar fotos del Rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política. “La libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan”, dice la sentencia, “el pluralismo, tolerancia y amplitud de miras” son esenciales en una sociedad democrática.

El artículo 10 del Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos, expresa:

Libertad de expresión

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
  2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y

responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Como vemos las posibles restricciones son numerosas y de gran calado.

En nuestro Derecho además de ese Convenio, encontramos numerosas excepciones a este principio que estarían delimitadas por el respeto a aquellos derechos que nuestra legislación acentúa, como son:

/ La protección jurídica a la infancia. Art 20.4 y 39 de la CE.

/Protección al honor, con límites casuísticos y ponderados. Arts 18.1, 9.1, y 53.1 de la CE.

/ Derechos que resultan de la ley 5 de mayo de 1982 , ley orgánica sobre protección al derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

/ Derecho a la verdad. Impide la difusión o rectifica la información falsa

/ Libertad de expresión en el terrorismo. Art 578 del C. Penal, en relación con los arts 571 a 577.   ( LO 7/2000, de 22 de diciembre). Además según el TEDH la incitación, justificación pública del terrorismo o del uso de la violencia no pueden ser protegidas por el art 10 del Convenio.

No hay que olvidar que coadyuvan a la protección del derecho a la libertad de expresión, actuando como límites de este derecho:

/El derecho a la protección de datos

/ La protección que los derechos reconocidos en el art 20 CE, que disfrutan de dos garantías específicas: la prohibición de censura previa y el secuestro judicial de publicaciones.

Es obvio que los límites a ese derecho que yo considero en su respeto como si fuera de carácter absoluto, aunque sólo sea una configuración de salida, de utilidad en su aplicación y de necesidad ontológica, son suficientes, pero ¿su configuración jurisprudencial es ponderada? En mi opinión no lo es.

Quizás conviniera adoptar por parte de nuestro TC, el llamado “test de Estrasburgo” que actuaría, tal y como señala el TEDH como unas pautas para la restricción a ese derecho. Unificaría la jurisprudencia europea y fortalecería el respeto a los derechos humanos.

4 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Felicito al Autor por un resumen que ayuda a ver la complejidad de la cuestión.

    En general las protecciones internacionales a la libertad de Expresión –por ejemplo, las del citado art. 10 del Convenio de Roma y tantas otras de nuestro Derecho– representan las Limitaciones que el Poder Real impone al derecho abstracto de la Libertad de Expresión.

    Los ejemplos usados por el artículo (raperos citados, Fariña, Arco. etc.) no mueven a la menor simpatía por los procesados o en su caso condenados. En general gente muy limitadita y con probables problemas de salud mental.

    Con todo, sí es bastante evidente, como hace ver el breve artículo, que la Libertad de Expresión está muy tocada en cuanto nos salimos de los cauces Establecidos y Controlados por el Poder.

    A mí me parece que –si esta sociedad no fuera constitucionalmente “socialista” y por tanto neurótica del control– lo que debería tener prioridad en lo tocante a Derechos Absolutos es la esfera Personal. El derecho a la Intimidad Individual y, quizás, Societaria. En todo lo que no afecte a terceros, por supuesto.

    Y esto no está en absoluto Protegido en relación al derecho abstracto de Expresión. Todo lo contrario. El supuesto soberano –la Persona– está totalmente subordinada y muy mal protegido por el derecho vigente que incluye un montón de Injerencias Exteriores a los que nos hemos sometido porque, también de hecho, formamos parte de una comunidad de Naciones No Soberanas.
    Las que de verdad son Soberanas no se someten a estas Supervisiones y Limitaciones.

    Estamos justamente en medio de una campaña del Poder por controlar Todos los Circuitos de Relación Social No Supervisada (CRNSS).

    Nuestros correos electrónicos son almacenados por plazos de tres a cinco años en la UE. Las agencias de inteligencia y las operadoras a sus órdenes guardan por los plazos que haga falta registro de todas nuestras conversaciones. Nuestro mapa de “Relaciones” está permanentemente monitorizado o es “monitorizable” en cualquier momento.
    Es decir, estamos en un Gulag Creciente y los productos ya se diseñan para que la malla se vaya cerrando y se automatice. Y callamos.

    ¿Qué libertad de expresión se tiene en un sistema de mallado milimétrico que hasta los impulsos cerebrales puede ya monitorizar?

    En un símil de mucho menor nivel pero claramente perceptible ¿Qué libertad de investigación, estudio y difusión existe en nuestras universidades occidentales, (las nuestras no son excepción)? ¿Percibimos el exquisito cuidado y la magistral prudencia de nuestros académicos para no cruzar las invisibles líneas rojas? ¿Alguien recuerda un solo proyecto de Investigación o publicación sobre algún tema Políticamente Incorrecto? ¿Vemos cómo disminuye la calidad y la productividad de nuestra Investigación?

    Las famosas leyes para –supuestamente– proteger nuestra intimidad, nuestros datos, son Poliédricas y de Doble filo.

    Su principal efecto en lo que a nosotros afecta es LIMITAR o IMPEDIR el contacto directo dentro de cualquier colectivo entre sus miembros si este contacto no es ejercido por el Poder de dicho Grupo. Algo parecido viene sucediendo con políticas Urbanísticas con estándares de Construcción que imposibilitan las zonas de reunión comunes (Ver Todd, Emmanuel, 2007, “Après L’empire” entre otros). La libertad de expresión no existe si se cercenan los foros de comunicación.

    ¿Qué efectos tiene esto? Los de siempre, dificultades de organización de los sometidos para alterar el orden aceptado.

    En resumen, no pinta nada bien.
    Saludos y gracias por un gran tema.

    Responder
  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    No sólo la libertad de expresión va perdiendo puntos. Todo el conjunto de libertades individuales están sometidas a control normativo de carácter coercitivo (si no haces esto tal como dice determinado reglamento, estás siendo “malo”). La cuestión es que muchos se han creído que deben estar “tutelados” y “orientados” en todos sus actos: desde saber qué libro hay que leer, hasta desplazarse a cualquier sitio; desde saber donde comer, hasta saber qué tipo de comida les conviene…. El móvil como “tutor” en el centro de los tecnológico, los gobiernos con la misma función en la política o los “profesionales” y supuestos “expertos” en cualquier actividad social. El desvalimiento de la sociedad, su dependencia casi total de las “normas” (salgan de donde salgan) por absurdas que sean, va generando individuos incapaces de gobernarse a sí mismos desde la libertad responsable (eso da vértigo), desde el sentido común y desde la sensatez. Tolstoi hablaba de ello en “La esclavitud moderna. Contra aquellos que nos gobiernan ” allá a principios del siglo XX, Ferrajoli en “Los poderes salvajes”; Puviani en “La teoría de la ilusión financiera”; Pedro de Vega en nuestro país con la “captura del constituyente por el constituído”…..
    Claro que la “ilusión política” ha conseguido convencernos de que así somos más felices…..(Huxley); mal de muchos….
    Un saludo.

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  3. María de la O
    María de la O Dice:

    Fíjense lo que habrá fuera, que tienen ustedes que censurar comentarios en este inofensivo blog (según muchos declaran por twitter).

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  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    En El País F.de Carreras “ Mi amigo el profesor Oya “ denuncia el comportamiento del director del instituto y de la inspección de la Generalitat sobre Oya , con escraches, insultos y pancartas de los alumnos que lo denunciaron hasta conseguir que le abrieran un expediente disciplinario y como medida cautelar , lo han apartado de la función docente. El motivo es el haber repartido un material complementario al manual de historia de España, dada la parcialidad y escaso rigor del mismo, lo cual no es de extrañar porque está escrito por Agustí Alcoberro , vicepresidente- y actual presidente en funciones- de Omnium Cultural.Pero esto no es nuevo . Hace unos 20 años le contó que se había presentado a unas oposiciones a cátedra de instituto y había obtenido el nº 1 y le asignaron a un centro a 60 Km de Barcelona,. A través de un viejo compañero de PSUC que era director g. de Enseñanza y el aviso de que lo publicaría en El País se solucionó.
    Es otra prueba de “ la indefensión en la que se encuentran aquellos que legítimamente discrepan del paradigma nacionalista e independentista y de la impune arbitrariedad con la que actúan los poderes públicos “ aún hoy( 155)
    Sobre la falta de libertad de expresión en la Universidad catalana hay varios posts en HD
    Del control de instituciones y medios también nos hemos ocupado. Los gobiernos de Mas y Puigdemont, 2011 – 2016, destinaron mas de 98´5 millones de euros a publicidad institucional. Si añadimos otros conceptos (subvenciones, coste de las televisiones y medios oficiales, compra institucional…) parece evidente que se han utilizado los recursos de los ciudadanos que deberían cubrir sus necesidades, a favorecer la causa independentista.( + control educativo , cultural…)
    Hay pues 2 grupos que financian con la misma proporción el gasto público pero que reciben de sus gestores un diferente trato por sus opiniones, el blanco y el negro. Agradeceríamos que los que reivindican libertades no olviden esta discriminación.

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