¿De camino a la igualdad? Más rápido, por favor

El lunes 28 de mayo tuve la suerte de compartir mesa con José Ignacio Conde-Ruiz, Carlota Tarín Quirós e Irma Clots-Figueras en un evento que esta fundación había organizado, titulado “Igualdad de género en el ámbito laboral. El impacto de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Como bien saben, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fue obra del primer Gobierno de Zapatero. Tras 8 meses de debate parlamentario, en el que se negociaron 512 enmiendas presentadas por los distintos grupos, la Ley fue finalmente aprobada con el voto a favor del Partido Socialista, de CiU, de Esquerra Republicana, del PNV, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y del Grupo Mixto, y con la abstención del Partido Popular. Por tanto, la ley presumió de un gran consenso y, además, de una excelente acogida por parte de los ciudadanos españoles: de acuerdo con un informe del CIS, el 80% de los ciudadanos la consideraba “muy positiva”.

Sin embargo, transcurridos más de 11 años desde su aprobación, es obligatorio preguntarse lo siguiente: ¿para qué ha servido esta Ley? ¿Ha mejorado o empeorado la situación? Si ha mejorado, ¿de qué manera? Si ha empeorado, ¿por qué razón? En cualquier caso, ¿se ha desarrollado y aplicado adecuadamente?

Uno de sus aspectos más destacables es la novedad. Aunque en realidad era en parte consecuencia de la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como de diversos textos internacionales, convenciones y tratados, la Ley destaca por un marcado carácter transversal, cuyo objeto consistía en generar un cambio estructural que afectase a distintos sectores, incluyendo al mundo público y privado. Cuando menos en un sentido pedagógico, la iniciativa fue importante. Fue un primer paso.

De esa manera, y fundándose en los artículos 14 (que proclama la igualdad de los españoles ante la ley) y 9.2 (que exige a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar la libertad y la igualdad) de la Constitución Española, la Ley pretendía garantizar, de una vez por todas, la verdadera igualdad entre hombre y mujer. Por eso el título habla de “igualdad efectiva”; porque ya existe una formal, que reconoce la Constitución, pero su mandato no se había traducido en una real en el año 2007 –y, desde luego, tampoco ahora.

Al principio, sí se iniciaron algunas reformas legislativas y reglamentarias con el objeto de desarrollar parcialmente la Ley, como la modificación de la ley electoral para garantizar la paridad en las listas electorales, la regulación de los permisos de paternidad, la elaboración periódica de informes de impacto de género o la creación, por primera vez en nuestra democracia, de un Ministerio de Igualdad (aunque, a partir del año 2010, tras una remodelación del Gobierno, fue suprimido y su estructura se integró en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del cual surgiría la nueva Secretaría de Estado de Igualdad).

Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, la Ley está lejos de haber logrado su objetivo. En materia laboral, el paro ha afectado a las mujeres en mayor medida. Además, entre las que trabajan, las mujeres encuentran más dificultades que los hombres para progresar en el mundo laboral. Por otro lado, todavía existe una brecha salarial importante y, aunque cada vez más empresas disponen de un Plan de Igualdad, la conciliación laboral y personal es difícil.

Bajo mi punto de vista, si la Ley no ha prosperado todo lo bien que se deseaba se debe a diversas razones que conviene señalar, aunque sólo sea a los efectos de mejorar y abordar mejor el problema en el futuro. Ensayo y error. Los principales defectos de la Ley, pues, son los siguientes:

  1. Su carácter eminentemente enunciativo y poco práctico. El primer problema de esta Ley es que, pese a que dice qué ha de hacerse, no dice cómo.
  2. Un segundo problema es la falta de instrumentos coercitivos. Y es que, además de que no dice cómo han de implementarse las medidas que propone, no aclara qué ocurre si no se implementan. Es decir, no regula un régimen sancionador que prevea, a su vez, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la Ley.
  3. La ausencia de regulación de partidas presupuestarias específicas. Aunque es bien sabido que, sin dinero, nada funciona, no se diseñó una partida presupuestaria específica para el desarrollo de la Ley, pero tampoco se exigió la inversión anual en recursos suficientes. Por tanto, al no haber impuesto tal obligación, era previsible que su desarrollo pudiera quedar paralizado en cualquier momento en el que las prioridades de la política desviasen la atención y minimizasen la necesidad de desarrollar lo enunciado en aquélla. En cualquier caso, es justo reconocer que la publicación de la norma tuvo lugar apenas unos pocos meses antes de que estallara la crisis financiera, de modo que su aplicación quedó paralizada en muchos de sus aspectos durante varios años.
  4. Podría decirse que un cuarto factor ha sido la falta de voluntad política, durante los últimos años, de implementar las medidas acordadas en la Ley de manera plena. Si no se tienen pruebas fehacientes de esto, al menos ha quedado constancia de que no ha figurado como una de las prioridades políticas del Ejecutivo en este tiempo; sólo en parte excusable, porque, como saben, hemos tenido que hacer frente a diversas crisis económicas y políticas que han mantenido al Gobierno ocupado.
  5. Por último, el quinto factor es, a mi juicio, la poca relevancia que se le ha concedido a la educación. Los artículos 23, 24 y 25 se refieren expresamente a la educación, pero, a decir verdad, solamente de una manera genérica y sin establecer ninguna forma concreta de cumplir con las obligaciones que prescribe. Por ejemplo, el artículo 25 dispone que las Administraciones públicas fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, pero, nuevamente, en ningún momento se especifica ni cómo ha de hacerse, ni, insisto, qué ocurre si no se hace.

Esta última cuestión me parece crucial. Resulta que numerosos estudios aseguran que gran parte de los estereotipos o prejuicios de género son creados durante la infancia. Es de destacar un estudio dirigido por Robert Blum, de la Universidad Johns Hopkins, que se titula It Begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World. El estudio se concentró en entrevistas realizadas durante 4 años a 450 adolescentes y a sus padres y cuidadores en Bolivia, Bélgica, Burkina Faso, China, La República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, India, Kenya, Malawi, Nigeria, Escocia, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam. Las entrevistas determinaron que tanto niñas como niños están atados a restricciones de género a muy temprana edad que pueden tener graves consecuencias en su vida, siendo peores en el caso de las niñas. En pocas palabras, que la atención temprana es fundamental y, por tanto, la Ley debe en todo caso incidir en un mayor esfuerzo educativo para, entre otras cosas, evitar que los prejuicios o sesgos nos determinen el resto de nuestras vidas.

Dicho lo anterior, resulta que precisamente mañana se debatirá en el Pleno del Congreso una nueva iniciativa que, sin embargo, para lo bueno y para lo malo, comparte los atributos de la Ley 3/2007: repleta de significado, vacía de contenido. La iniciativa en cuestión, una Proposición de Ley Orgánica que pretende la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al objeto de aplicar algunas de las medidas acordadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, también la presenta el Grupo Parlamentario Socialista (con toda probabilidad, a fin de calmar las voces atormentadas a raíz del caso de “La Manada”) y también incide vagamente en la educación, esta vez de los jueces en materia de género.

A estas alturas, debo discrepar de las que son unas buenas intenciones legislativas, pero poco más. Considero de interés general abordar medidas concretas y en un sentido global (entiéndase como distintas medidas concretas que afronten el problema de manera global) a fin de paliar la desigualdad entre hombre y mujer, pero, si el efecto más importante y deseado de la Ley 3/2007 fue el de hacer pedagogía a una sociedad que todavía no estaba acostumbrada a hablar de feminismo y que ahora, cada vez más, sí lo está (no hay más que ver la última manifestación del 8 de marzo), el siguiente paso debe a la fuerza ser más ambicioso.

Ya no es momento de símbolos. La sociedad española ha aceptado el problema y pide una solución. Ahora urge cumplir el encargo.

 

8 comentarios
  1. Fernando Alonso
    Fernando Alonso Dice:

    Mezclar, agitar, repetir, parir nuevo artículo, publicar, esperar comentarios condescendientes, viva yo.

    La escuela de Fráncfort llega a Hay Derecho, que se suma a cualquier moda que distraiga de lo importante.

    Más rápido, por favor, señor conductor. ¡Choo, chooooooo!

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Pienso que es bueno hablar de todo (y aquí lo hacemos). También pienso que, si uno se dispone a hablar, ha de decir algo (y usted no lo ha hecho).

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  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Estimado Ignacio: una sola cosa de tu artículo cuando dices “es bien sabido que, sin dinero, nada funciona” me ha llevado de nuevo a la melancolía. Si sólo somos capaces de hacer cosas con incentivos materiales (dinero) tenemos una lamentable muestra de lo que es nuestra sociedad al eliminar los incentivos morales. La Política no es una cuestión de dinero (que lo hay en abundancia) sino de voluntad. Se atribuye a Romanones aquella frase “`para dormir lo que hace falta es sueño”. Pues bien, para hacer Política lo que hacen falta son ideas y voluntad. Si el artº 14 de la C.E. no basta para entender la “igualdad” ante la ley (que no es verdad) de todos, nuestro sentido común y razón sabe que en el “todos” nos incluimos todos sin excepción. Como personas primero, como ciudadanos después. Lo que ocurre es que, cuanto más se legisla, más despropósitos se hacen. La ley no puede cambiar por imposición de la noche a la mañana una forma de pensar o sentir, salvo que haya una situación coercitiva y entonces, mal vamos. Todos sabemos que lo de la “igualdad” es una mera buena intención recogida en el texto constitucional, pero también sabemos que el propio texto hace excepciones a la misma (la inviolabilidad del jefe del estado es la más conocida pero luego están las normas llenas de excepciones de todo tipo; es la inseguridad e injusticia en su estado más puro como la propia ley electoral donde cada voto tiene un valor diferente). Ya el profesor Muñoz Machado decía: “La igualdad no es pertinente en un estado descentralizado donde se producen desigualdades a la fuerza”o el propio TC en sentencia del año 1981: “La igualdad es incompatible con el sistema de autonomías, puesto que las competencias se ejercen a criterio de cada una de ellas”. Todas esas cuestiones de las “paridades” no son más que mera cosmética de la política (con minúscula) para obviar o enredar lo que es de cajón: mujeres, hombres, niños, ancianos, adolescentes, viudos, pensionistas, etc.etc. son todos ellos ciudadanos de pleno derecho político, pero todos ellos son personas, seres humanos con diversidad o pluralidad que enriquecen a una sociedad, a una nación. Por todo ello mi opinión es la que ya he expuesto en otros comentarios del blog sobre el tema: no creemos problemas artificiales en algo que debe ser natural en los seres humanos, no creemos “guetos” de género enfrentados y bienvenidos sean todos a trabajar juntos. Un saludo.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Buenas tardes, O’farrill:

      Gracias por su comentario. Me alegra leerle, porque siempre aporta una nueva perspectiva. Mi intención era manifestar que, en la mayoría de los casos, sin una inversión suficiente en recursos, el desarrollo de una norma (de una idea, de un cambio -se entiende que a mejor) deviene muy difícil o imposible. Coincido en que a menudo la ausencia de la voluntad política es patente, pero ambas (voluntad política y recursos) son a mi juicio importantes para cambiar las cosas.

      Por otra parte, también estoy de acuerdo en que las medidas cosméticas, más que contribuir a resolver un problema, pueden incluso agravarlo. Pero, en este caso, de lo que se trata es de tomar medidas concretas y bien estudiadas que contribuyan a paliar el problema de raíz.

      Un saludo.

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  3. Herminia
    Herminia Dice:

    El post del Sr. Gomá, en el que toma como referencia la mesa de debate sobre Igualdad de Género en el ámbito laboral, que tuvo lugar a últimos de Mayo en Madrid, a mi modo de ver es absolutamente pertinente en estos momentos, porque aborda el tema de cómo la Legislación, cómo las leyes aprobadas incluso con un gran consenso, si no se ponen en práctica de una manera efectiva se quedan en el olvido o al menos en stand by.
    El análisis de los motivos que enumera como causantes de esta situación también me parece pertinente, aunque obviamente algunas de esas causas llevarían a un análisis más profundo, que trató de hacerse en la citada mesa redonda o de debate, donde se aportaron datos muy importantes sobre este tema, e irrebatibles.
    Lo que me llama la atención, y es el motivo de mi comentario, no es tanto el post del Sr. Gomá como lo son algunos de los comentarios a dicho post, que considero insultantes, descalificadores, plagados de argumentos ad hominem y por tanto que no aportan nada o muy poco.
    Dado que un blog no deja de ser una especie de conversación, aunque por escrito y en diferido – lo cual determina algunas diferencias importantes-, aconsejaría a algunos/as de los participantes leyeran –aunque fuera superficialmente- a los filósofos ingleses de la escuela de la Filosofía del Lenguaje, por ejemplo Grice, Austin y Searle, para que pongan en práctica alguna/s de las máximas conversacionales en su sentido inicial, de Grice, o en sus sucesivas ampliaciones.
    Lo malo es que algunas sugerencias, de María Cúrcuma, ( por ejemplo que uno de los principales problemas actuales son los oligopolios, la pobreza, las diferencias entre clases sociales), que son absolutamente importantes, pierden toda su fuerza cuando se exponen de esa manera: atacando y descalificando al contrario.

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    • Ignacio Gomá Garcés
      Ignacio Gomá Garcés Dice:

      Muchas gracias por tus amables comentarios, Herminia. Aprovecho para felicitarte por los dos recientes artículos que publicaste en este blog, porque me gustaron mucho.

      También aprovecho para comentarte que se ha decidido eliminar el comentario de María (y mi respuesta al mismo) porque se consideraba ofensivo y fuera de tono. Yo mostré mi negativa a borrarlo, pero, por acuerdo de los editores, así se decidió.

      Un abrazo.

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      • JMZ
        JMZ Dice:

        Pongo este comentario por una “cuestión de orden”:
        No es la primera vez que constato que se eliminan comentarios de este blog por diferentes motivos, ya sea porque el autor del artículo “mete la pata” al descalificar imprudentemente a un comentarista sin verificar su identidad y quiere borrar el rastro de su error, o porque algún comentario incluye palabras ofensivas o fuera de tono hacia el autor, como en este caso.
        Yo sugiero que se eliminen los adjetivos que se consideren ofensivos, y que el editor exprese tal circunstancia como nota al pie o como lo estime conveniente, pero que no elimine el comentario en su integridad, porque siempre existe algún rastro de razón.
        Con ello este blog no perdería su espontaneidad y tampoco disuadiría a nadie de volver a participar ante la convicción de que una opinión contraria a los editores y expresada con corrección dejara de publicarse.
        Saludos

      • Herminia
        Herminia Dice:

        Ya me he dado cuenta, Ignacio. Y me ha parecido una medida adecuada. Hay unos límites que no se deben sobrepasar, y a ciertas edades y en ciertos contextos, deberían conocerse.

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