Expertos del Parlamento Europeo proponen crear autoridades de protección del consumidor financiero

Se acaban de presentar en el Parlamento Europeo cinco informes sobre fraudes financieros en los que se analiza la comercialización de productos financieros, la colocación de híbridos por cuenta propia (Self-placement) y el crédito al consumo o hipotecario. Los estudios constatan la existencia de malas prácticas generalizadas. Identifican los principales fraudes y la compatibilidad de su gestión con la regulación europea. Los análisis revelan que los fraudes más graves son los de la banca española, entre los que destacan la autocolocación de participaciones preferentes y los abusos en el préstamo hipotecario, con cláusulas suelo y de gastos hipotecarios.  Además, tres casos belgas reciben atención especial, dos de ellos con reflejo también en España (Citibank y Valores Santander). La primera conclusión es que en la Unión Europea no hay una efectiva protección del consumidor.

Tras la crisis financiera, las reformas se orientaron a fortalecer la solvencia de los bancos. En este marco, las autoridades permitieron la recapitalización de los bancos y la generación de ingresos sin cuidar el interés del cliente. Los estudios constatan que se siguen ofreciendo productos vinculados, como los seguros en el crédito, que no cubren las necesidades de los clientes. Se han intensificado las normas de conducta, pero los informes coinciden en considerar que estas reformas no redundan en una efectiva protección del cliente.

Lo cierto es que los supervisores financieros anteponen la estabilidad a la conducta. Así ocurre con el Banco de España. En su discurso de toma de posesión como nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos marca como objetivo del Banco de España la estabilidad en el Eurosistema, con total olvido de la protección del cliente bancario.

Para superar esta debilidad, los expertos recomiendan crear autoridades nacionales de protección del consumidor financiero. Ante la ausencia de anclaje expreso en los tratados para crear una autoridad europea proponen dar este paso a nivel nacional creando autoridades que actúen de forma coordinada para fijar estándares comunes de protección del consumidor. Se sigue el modelo de la autoridad estadounidense CFPB creada en 2010. En España hay precedentes, lo ha propuesto la mejor doctrinay existen acuerdos políticos para crear una autoridad de este tipo.

Sobre esta piedra angular se pude construir la protección del consumidor. Las nuevas autoridades quedarían encargadas de gestionar las reclamaciones de los clientes. Sus resoluciones serían vinculantes para los bancos y tendrían potestad sancionadora. Se debería incentivar la buena conducta con sanciones disuasorias.

Según los informes hay que actuar en dos planos, el de la disciplina de las entidades y el de la compensación a los perjudicados por los fraudes. La regulación debe ser funcional, atendiendo a la complejidad y riesgo de los productos financieros. De este modo se evitaría el arbitraje regulatorio. Distribuir seguros de vida o participaciones en fondos de inversión no puede ser nunca una vía para evitar el rigor de MiFID II. Este arbitraje resulta contrario a una efectiva protección del inversor. Además, puede resultar desleal desde la perspectiva de la libre concurrencia.

Respecto a la compensación a los consumidores perjudicados hay que partir de un presupuesto: problemas colectivos, deben tener soluciones colectivas. Los fraudes en masa, como los ocurridos en España con las preferentes y las cláusulas suelo, son casos sistémicos. Dañan la reputación de los bancos y amenazan la sostenibilidad de su negocio. El Banco de España los trata como un problema que afecta a la solvencia de los bancos y cuyo impacto debe ser limitado. Es un mal enfoque. Son fraudes en masa que deben ser reparados para recuperar la confianza del público en el sistema bancario.

Los expertos apoyan la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre demandas colectivas para fraudes en masa, incluidos los financieros. Pero es un proyecto embrionario que debe ser mejorado. Estas Class Action europeas dejan fuera a los abogados. Solo las asociaciones de consumidores y demás organismos sin ánimo de lucro podrán representar a los consumidores. Desconoce que algunas asociaciones funcionan como despachos en red que compiten con las firmas tradicionales.

También hay que avanzar en el derecho contractual. Ante la falta de efectividad de la regulación financiera, la protección del cliente se viene fundamentando en el Derecho del consumo. En este sentido, los informes reconocen el papel del Tribunal europeo en la creación de una doctrina del consumidor financiero. Pero estos logros se deberían completar con remedios civiles ante los fraudes financieros. Hay que completar la regulación financiera con las consecuencias contractuales ante el incumplimiento de las normas de conducta. Por ejemplo, la concesión irresponsable de crédito ante una evaluación negativa de la solvencia del cliente no dispone en el ordenamiento europeo de consecuencias civiles. Los expertos recomiendan fijar las consecuencias, por ejemplo, la pérdida del derecho a los intereses del préstamo como ya recoge el Código civil alemán. Lo importante es lograr que quien perjudique al consumidor pague los daños. Por esta razón resulta polémica la propuesta de crear un fondo para compensar a los perjudicados por los fraudes financieros.

En conclusión, existen normas de conducta, pero no son efectivas para proteger los derechos los consumidores. Habría que interpretar de forma funcional las normas para evitar el arbitraje regulatorio. En este ámbito, corresponde a los supervisores fijar los criterios para lograr un enfoque protector del consumidor que evite la competencia desleal. Pero ante la dejadez de los supervisores bancarios, deberían crearse autoridades nacionales de protección del consumidor financiero, encargadas de gestionar las reclamaciones en masa con procedimientos agiles de compensación, sin olvidar la importancia de imponer sanciones disuasorias como la mejor manera de disciplinar la conducta bancaria.

4 comentarios
  1. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Gracias por tu post Fernando y por la mención al que yo publiqué sobre este tema. La clave es que la autoridad sea independiente. Los mecanismos actualmente existentes se han demostrado ineficaces. Hay que actuar en el ámbito de la prevención y evitar litigios. Una autoridad con capacidad sancionadora es imprescindible. En Estados Unidos funciona tan bien que por eso los bancos se la quieren cargar. En este video se explica todo perfectamente. Es el guardián del préstamo responsable… y muchos no quieren que se evalúe la solvencia de forma adecuada. Por eso quieren acabar con esta oficina. https://www.youtube.com/watch?v=QOm8vSHvzaw
    Hasta la fecha el Consumer Financial Bureau ha devuelto $ 12 mil millones a 27 millones de consumidores que han sido perjudicados por la industria financiera. https://es.routestofinance.com/consumer-financial-protection-bureau Y ello sin que ningún consumidor tenga que demandar judicialmente a ningún banco. El ahorro para los consumidores sería brutal, aunque el negocio de los despachos de abogados bajaría. Hay muchos intereses en contra de crear esta organismo público de protección del consumidor. Que se hable del tema ya me parece positivo. Veremos qué partido político en España se atreve con esto. Desde luego el PP y Ciudadanos lo tienen en su programa electoral.

    Responder
  2. Fernando Zunzunegui
    Fernando Zunzunegui Dice:

    Gracias Matilde por tu certero comentario. El objetivo debe ser la protección del consumidor en un mercado seguro. La actual conflictividad no es sostenible. No puede durar mucho. Hay que reparar los agravios y volver al negocio, sin abusos de confianza. Una agencia protectora del consumidor financiero facilitaría el tránsito.

    Responder
  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Queridos amigos: la protección al consumidor no necesita que se creen más “inventos” que, lejos de ser operativos, resultan una carga más para la precariedad económica de los contribuyentes. A menos que se trate de crear más “chiringuitos” donde colocar al personal.
    La primera protección financiera que necesita el ciudadano es frente a quienes le imponen impuestos, se gastan los gastan en despilfarros o directamente se van por el desagüe. La “teoría de la ilusión financiera” (al igual que la de la “ilusión política” sería un buen punto de partida para ello pero…. ¡no se encuentran, están descatalogados o son “cosas antiguas”….! El simple hecho de la “presunción de veracidad” de unos frente a las “sospechosas conductas” de los ciudadanos comunes, es una perversión jurídica que se demuestra además cuando vemos “la igualdad ante la ley” (sanciones inapelables o “acuerdos” prejudiciales para otros).
    Hablemos más de todo esto. Seamos honestos ante la realidad existente y busquemos la forma de que los principios morales o éticos, no acaben enterrados en burocracias que los retuerzan.
    Un saludo.

    Responder

Trackbacks y pingbacks

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *