Tarjeta sanitaria única: cuando la izquierda abandona la lucha por la igualdad

Este pasado martes se debatía en el Congreso de los Diputados una iniciativa que versaba sobre un asunto que nos interesa y que nos atañe, por igual, a todos los ciudadanos de este país: una mejora de la cohesión y  del acceso a los servicios y prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones independientemente del territorio en el que residamos. El rechazo de la iniciativa por parte del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas del Grupo Mixto (PDCat, Compromís y EH Bildu), ha elevado numerosas críticas, especialmente en redes sociales como Twitter, de personas que sufren en sus propias carnes las trabas burocráticas y la falta de cohesión y equidad del sistema sanitario.

¿Existe realmente falta de equidad y cohesión en el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud? La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en sus principios generales, dos características esenciales que deben primar en el sistema sanitario en materia de igualdad y cohesión: (i) “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”; (ii) “La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”.

A día de hoy, son conocidas las barreras de acceso al sistema sanitario que encuentra cualquier ciudadano cuando quiere ser atendido en un centro sanitario diferente al asignado, y especialmente cuando requiere atención fuera de su Comunidad Autónoma de origen. La tarjeta de “desplazado”, pese a tener una tarjeta sanitaria propia de la autonomía de origen, nos acredita como poseedores de un derecho en ese territorio que en teoría la constitución y la Ley General de Sanidad ya reconocen.

Otro problema adicional a esta barrera burocrática es que no existe una Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud compartida entre Comunidades Autónomas (ver aquí), incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Esto supone que cuando un ciudadano visita a un profesional sanitario, y precisa ser diagnosticado o tratado de algún síntoma concreto, el profesional no dispone del historial médico del paciente con las posibles consecuencias que ello puede suponer en caso de que el paciente no recuerde datos relevantes en la anamnesis (alergias, patologías previas, medicación pautada, etc.). Los profesionales en estos casos tienen que hacer verdaderas indagaciones detectivescas para poder elaborar un marco que permita diagnosticar correctamente al paciente y establecer un tratamiento que no colisione con otros ya instaurados o posibles alergias. Imagínense cómo puede ser de complejo en casos de personas de avanzada edad, con un deterioro cognitivo moderado que va a pasar unos días de vacaciones a otra comunidad autónoma y precisa de atención sanitaria por un asunto grave.

En el tercer apartado, cabe mencionar las dificultades que existen a la hora de que los ciudadanos puedan acceder a sus tratamientos en cualquier rincón del país. Si ya existen problemas para que en oficinas de farmacia se acepte una receta de otra comunidad autónoma, solicitar una medicación que tienes pautada vía receta electrónica (el paciente no dispone de la receta si no que se encuentra en el sistema informático) es casi imposible. Eso cuando el copago farmacéutico instaurado en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular no dificulta el acceso a esos fármacos al hacer imposible que los trabajadores con menores rentas, los principales afectados por el copago (ver aquí) y no los pensionistas como se hace creer (ver aquí).

Estos son tres ejemplos prácticos que cualquier de nosotros puede padecer a la hora de solicitar atención sanitaria fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Casos que se cuentan por cientos cada día.

Sin embargo, también hay que señalar que los ciudadanos ya poseemos derechos en materia de sanidad diferentes desde el momento en el que nacemos, según en la Comunidad Autónoma en la que hayamos tenido la suerte, o no, de nacer. Un sencillo ejemplo, pero que determina la suerte de decenas de niños y niñas en sus primeros meses de vida es la existencia en según qué comunidades del cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves mediante la prueba del talón. Podríamos añadir cientos de ejemplos más: acceso a tratamientos oncológicos novedosos, acceso a cirugías de reconstrucción mamaria, acceso a medicamentos huérfanos para personas afectadas por enfermedades poco comunes, acceso a servicios de odontología, de fisioterapia, ayudas en el acceso a prótesis y ortoprótesis, y un largo etcétera.

Estos desequilibrios territoriales, por continuar con los términos que señala la Ley General de Sanidad, tienen varias causas concretas: la diferencia de gasto territorial en Sanidad, la dejadez de funciones hecha por los sucesivos ministros y ministras responsables de Sanidad, el funcionamiento manifiestamente mejorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la voluntad política de los ejecutivos autonómicos a la hora de mejorar la atención sanitaria de sus ciudadanos. En materia de gasto, por ejemplo, según el informe de Estadística de Gasto Sanitario Público 2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad encontramos el gasto territorializado en materia sanitaria, tanto en porcentaje del PIB como en gasto per cápita:

Como podemos observar, la diferencia entre la Comunidad que más gasta (País Vasco, con 1.669 euros por habitante) dista mucho de la que menos (Andalucía, con 1.110 euros por habitante). Una inversión que determina en buena medida los servicios y prestaciones a los que se tienen acceso en ese territorio. En cierta medida, este nivel de gasto guarda correlación con la esperanza de vida por Comunidades, en las que observamos diferencias de hasta cinco años según el INE (ver aquí).

Por tanto ¿es preciso revisar las condiciones de igual acceso y prestaciones de servicios sanitarios en España? A la luz de los datos anteriores, creo que cualquier ciudadano preocupado por el bienestar general de la población respondería afirmativamente.

La Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, solicitaba al Gobierno diferentes medidas que comparten principios generales de igualdad en el acceso a los servicios y prestaciones en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos:

  • Extender la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España.
  • Establecer mecanismos cohesionadores en los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos con la creación de una Cartera Única de servicios comunes de las prestaciones sanitarias de salud pública, con mecanismos de actualización semestrales incluyéndose los servicios y prestaciones que hayan sido evaluadas positivamente coste-efectivas por alguna agencia de evaluación nacional.
  • Establecer un nuevo sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud que garantice la igualdad y la cohesión entre ciudadanos, a fin de que se reduzcan las disparidades de inversión per cápita existentes entre territorios.
  • Llevar a cabo las reformas precisas para asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso a los medicamentos, especialmente para las familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia, teniendo en cuenta también los problemas existentes de falta de adherencia en los trabajadores con menores rentas.

Estas cuatro propuestas, que a luz de los datos existentes, en mi opinión son básicas para mejorar la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios de todos los ciudadanos. Y, sin embargo, han sido rechazadas por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas del Grupo Mixto (PDCat, Compromís y EH Bildu), anteponiendo la defensa de competencias, oponiéndose al “recentralismo” y defendiendo lo propio frente a lo común. De todas formas, nadie como el propio lector para ver el debate de la iniciativa (ver aquí) y sacar sus propias conclusiones sobre si la Sanidad, en España, precisa de reformas que mejoren la igualdad y la cohesión o, por el contrario, prefiere mantener un sistema que crea ciudadanos de primera y de segunda.

12 comentarios
  1. Roberto Mazorriaga Las Hayas
    Roberto Mazorriaga Las Hayas Dice:

    Estoy de acuerdo con el autor salvo en lo del co-pago, que me parece importante como pequeño método disuasorio para el gasto sin mesura en medicamentos “gratuitos”. El co-pago es tan bajo que no creo que afecte a la economía de ninguna persona con un sueldo bajo, incluso cuando los medicamentos que tomes al mes sean muchos.

    A pesar de ser diabético, hipertenso, hasta la reforma del PP del 2012 yo mismo estaba excluido del sistema sanitario español al ser abogado autónomo, por mucho IVA (al 21%), o IRPF (a los mismos tipos que todo el mundo) que generase y pagase. Estaba por debajo de los inmigrantes ilegales en derechos, como otros pocos colectivos de “paga-impuestos” españoles. Algo que no importaba a nadie, muchísimo menos a los llamados medios de información.

    La regulación anterior a la reforma del PP del 2012 era un sin sentido que excluía a personas y colectivos que generaban tanto impuestos directos como indirectos (IVA); probablemente colectivos que pagaban muchos impuestos. Es más, la reforma del PP del año 2012 siguió excluyendo del derecho a la asistencia sanitaria “gratuita” a aquellos contribuyentes que declarasen más de 100.000 Euros al año.

    Obsérvese el siniestro y sinsentido de este pensamiento “estatista” y “castigador”, incluso en las mentes de partidos estatistas / socialistas supuestamente moderados como el PP: el que más paga, el que más impuestos aporta, resulta que es el que menos derechos tiene. No tiene derecho a tarjeta sanitaria. Y quienes apenas pagan impuestos (el 40% de los declarantes por IRPF) o quienes no lo pagan, incluidos los inmigrantes ilegales, tienen más derechos. No, no somos iguales ante la ley. Nunca ha sido así, especialmente ante las leyes fiscales y sus tarifas “progresivas”. A quién más gana y más dinero se le quita vía impuestos (“para redistribuir”, generosamente) , se le negaba también el derecho a la tarjeta sanitaria. Hay que decir que para mi sorpresa, el Tribunal Constitucional español, dijo que esa limitación era inconstitucional y que también los contribuyentes que declarasen más de 100.000 Euros por año deberían tener igual derecho a tarjeta sanitaria. Una de cal, entre 10 de arena.

    Recordemos que muchas personas en España, creo que más de 4 millones, tienen su propia tarjeta sanitaria privada, y que es gracias a ello y a ellos (que pagan doblemente por la sanidad), por lo que la sanidad pública no está colapsada, ni en cuestión de tiempos de espera, ni económicamente. Otro “detallito” en el que no suelen incidir los medios de comunicación cuando cantan las alabanzas al socializado y estatalizado (hasta el último bedel o limpiador de un hospital) sistema público de salud español, y del que no suelen decir cuánto nos cuesta. Porque hay alguien que paga esos AVEs, esos aeropuertos, ese sistema de salud universal y “gratuito”, y las gigantescas re-distribuciones de dinero a través del Estado, o el IVA reducido para unos colectivos, cuando otros pagan el 21%. Ese alguien, cuando se carga la factura a “deuda pública”, son las generaciones futuras. Bastante insolidario.

    He tenido la oportunidad de comprobar durante muchos años en persona la alegría con la que se dispensaban medicamentos en las farmacias, también a los inmigrantes ilegales que sacaban una o más tarjetas sanitarias; mientras yo tenía que sacar mi monedero. Erar tantos medicamentos que los recogían en bolsas grandes de plástico. Luego, por la tarde cuando iba a Correos a enviar un burofax a menudo me encontraba a las mismas personas enviando esas cajas con medicamentos al extranjero.

    Loable actitud, supongo. Pero me temo que INSOSTENIBLE económicamente, aunque este país tuviese todo el petróleo de Noruega. Y, sobre todo, INJUSTA. Injusta con los que más aportan para sostener este tinglado. Para mí lo malo del socialismo, aunque sea un socialismo sectorizado donde solo juegan algunos, no es su insostenibilidad a medio o largo plazo, sino, sobre todo, su injusticia.

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    • Ricardo
      Ricardo Dice:

      Buenos días:

      Como señalo en el artículo, existen numerosos estudios que demuestran que existen problemas de adherencia terapéutica en el grupo TS3, trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, para afrontar tratamientos costosos. Los dos estudios linkados son sólo dos ejemplos de muchos. Es una necesidad que el Gobierno del PP no ha querido modificar a pesar de la evidencia, ni el ejecutivo de Sánchez parece tener como prioridad.

      El tema de la reforma sanitaria del PP de 2012 daría para unos cuantos post más.

      Saludos

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  2. María Dupont Ruiz
    María Dupont Ruiz Dice:

    Pero, vamos a ver: si todas las comunidades autónomas tienen que ofrecer los mismos servicios sanitarios, como aquí se patrocina, ¿por qué tienen la competencia legislativa en esa materia?

    Quien así habla está negando en realidad el Estado de las autonomías, cosa bien legíitma y hasta loable, pero no tiene la suficiente valentía para admitirlo, y se parapeta detrás de un engendro como la dichosa cartera única de servicios. ¿Se quiere que los españoles sean iguales ante la ley? Que haya una sola ley en la materia en todo el territorio nacional.

    De hecho, está reacción contra las diferencias entre regiones deja bien a las claras lo innecesario de las autonomías, y como son ajenas a todo sentimiento social, condición histórica y criterio económico racional. Pero este articulillo se queda a medias, sin ver el problema en su conjunto.

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  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Recordemos que no necesitamos tarjeta sanitaria alguna porque somos uno de los pocos países con DNI electrónico. La tarjeta sanitaria –todas diferentes en aspecto y funcionalidad– son un derroche que sucede en prácticamente todos los procesos administrativos traspasados a las CCAA.

    Reconversión y Racionalización es Imprescindible. Pero la clase político-clientelar no va a hacerlo porque viven de eso.
    Es vergonzoso e Irracional porque además mienten. No es Descentralización. Es Fragmentación deliberada.

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  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    DEMASIADOS AÑOS DE RELAX Y TODAVÍA NO REACCIONAMOS

    Aunque parezca raro, la base del artículo sobre “ Nuestro régimen autonómico , un camino errado“ – Hay Derecho , tuvo su nacimiento hace un montón de años en una serie sobre los efectos políticos que provocaría la conversión de los estados tradicionales en provincias de un nuevo gran estado.
    Este artículo lo continué publicando, en los años posteriores y en el último quinquenio, en Notarios y Registradores, Penedès Econòmic y en otras publicaciones, como El Economista.
    Con las sucesivas adaptaciones a la situación política y económica, el artículo fue adquiriendo un tono cada vez más pesimista
    No podía entender, entre otras cosas, como, si habíamos aprobado con tanto entusiasmo el proceso de unificación, seguidamente no ajustáramos los costes de funcionamiento del estado y las autonomías a este nuevo reparto de funciones, todo ello para hacer viable económicamente esta integración, que no tuviera en cuenta nuestra producción legislativa la reducción de nuestra soberanía, que no transformáramos la educación haciéndola más competitiva y universal, ni que nuestros partidos que habían aprobado este proyecto no adaptaran sus programas a sus compromisos ni, especialmente, que los partidos CIU y PNV cambiaran tan radicalmente su dirección ( Roca “El único proyecto de futuro para España pasa por Europa”, Anasagasti “De ahí que no nos gusten los nacionalismos exacerbados del Estado nación que impiden la construcción europea” Congreso , otoño de 1992) .
    Pero como esta reflexiones, son cada vez más compartidas y a la vista de la gran cantidad de problemas y sobrecostes que están generando sobre la ciudadanía, y la que nos espera con el gobierno condicionado por el independentismo, tal vez sea un buen momento para corregir este error histórico: el no haber ajustado el régimen autonómico a las funciones que desempeñarán nuestras autonomías, cuando concluya el proceso de unificación de la Unión Europea.
    Tendrá que hacerlo otro gobierno con otros compañeros no tan extractivos (para ellos ) y antisistema .

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  5. Escribano
    Escribano Dice:

    El sistema sanitario es otro ejemplo más del disparate autonómico. Creo que atribuyen a Manuel Fraga que el éxito de la Constitución de 1978 iba a depender del Título VIII y es evidente que el referido Título solo ha servido para destruir en una parte importante del territorio nacional la idea de nación española y por eso podemos afirmar que la Constitución de 1978 ha fracasado.
    En la subida de impuestos que habla el Gobierno, el estado de las Autonomías tiene mucho que ver y como en mi caso que solo tengo una nómina, el incremento impositivo me enfada muchísimo.
    Es lógico que el agua no se puede regular de la misma manera en Almería o Murcia que en Galicia pero esta circunstancia no puede llevarnos al estado en que nos encontramos.

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  6. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    NUESTRO RÉGIMEN AUTONÓMICO: UN CAMINO ERRADO (HD)

    “El proceso de unificación obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales.
    ..Al unificar el tipo de cambio con los países que mejor competitividad ofrecían y a la vez, eliminar las barreras arancelarias y técnicas que permitían controlar la circulación de bienes, era vital reforzar la maquinaria productiva nacional para no destrozar nuestro futuro.
    Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
    Si la reducida dimensión de los grandes Estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, ¿cómo iba a llevar a la misma meta la fragmentación nuestra? Alguien estaba errando ¿Quienes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas? Si han demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para diagnosticar y resolver los problemas sociales y económicos presentes ¿por qué tienen que gestionar mejor un futuro que desconocen? ¿Cual de estos dos grupos que nos señalan caminos contradictorios, nos está engañando? ¿Tendremos que esperar a que nos visite la decadencia, la pobreza y el desempleo estructural, para despejar nuestras dudas?
    El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos ( no para sus políticos y beneficiarios) y fuente de continuos escándalos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía. “
    Si ya estaba mal , comprobareis que “todo puede empeorar”

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  7. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    El sobrecoste autonómico, origen de buena parte del endeudamiento público, nos ha llevado a una situación límite.
    Si se produce una elevación general de tipos de interés o de nuestra prima de riesgo ,el ajuste, entonces, ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela, sino los prestamistas exteriores que tendrán otra preocupación mayor que la electoral.
    Nuestro gran endeudamiento especialmente provocado, en los últimos años, por la puesta en marcha del mecanismo de liquidez autonómico, hace que tengamos una posición vulnerable.
    El FMI y la Comisión nos avisan de que el control del gasto autonómico es” crítico para que España logre cuadrar las cuentas públicas”.
    La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fijó en más de 200.000 millones el importe empleado en los mecanismos de financiación para las Comunidades Autónomas en el período 2007 a 2015 ( 20 puntos de los 65 del PIB incrementados en el total de deuda, mas otros 8 puntos por intereses = 86.501millones ). AIREF ha calculado que 200 puntos más de prima equivalen a 15.000 millones de euros.
    El incremento de la inestabilidad política o el cambio de la dirección económica a rutas menos rigurosas, seguramente intensificará la reconversión.

    Responder
    • Maria Garcia
      Maria Garcia Dice:

      Soy española tengo 64 años y hace diez que me tuve que ir de España porque para el mercado laboral ya no era interesante… Por no decir vieja. Para poder sobrevivir alquile mi casa y emigre a Marruecos donde vivo del alqui!er por muy poco dinero llevando una vida muy sencilla y humilde, vamos mínima. Hago la declaración por el alquiler y cotizó por el en España y aun así, no tengo derecho a nada, ni sanidad, ni ayudas por la vejez… Vamos nada de nada, como el que no tiene donde caerse muerto. Pero con mis impuestos si pueden ayudar a todo aquel que llega a mi país sin papeles y de forma ilegal, si yo quisiera estar en Marruecos sin papeles o de forma ilegal ellos no me lo permitirlas y me echarían sin mas miramientos, incluso para poder residir en el país Alawita tiene que firmar mi hermano declarando que se hace responsable de mi porque soy mujer, como si fuéramos seres inferiores. Hasta cuando España va a continuar sin defender a sus hijos españoles, España debe negociar igualdad de prestaciones y exigir los mismos derechos que da a las personas de otros paises.
      En Marruecos si tu no eres marroquí no puedes trabajar en ningún sitio, te hacen firmar un documento para que sea asi , si quieres seguir residiendo en Marruecos, solo puedes montar una empresa, que normalmente se traga tu capital y al final los pequeños y medianos empresarios terminan arruinándose y marchandose.
      Para ellos puertas abiertas y nosotros con las puertas cerradas porque nuestros gobernantes no saben o no quieren defender a sus emigrantes, también somos hijos de España y no nos hemos ido por gusto sino por precariedad laboral y por lo cruel que es el mercado de trabajo con los mayores de 50 años, todo esto pagando mis impuestos en España, si a los políticos les intereara la justicia un España y los españoles no había tantas injusticias con los hijos de su nación que pagan impuestos, parece que suena mejor en la prensa decir que tienen que ayudar a los pobrecitos inmigrantes que llegan pidiendo ayuda… Pero no piensas en los emigrantes españoles que tienen que emigran aunque no quieran y terminar muriendo en cualquier rincón porque les han quitado hasta el derecho a la sanidad en caso de retorno por enfermedad o necesidades medicas. Es que solo piensas en trepar en la política, siento que cobran nuestros impuestos y encima nos tratan peor que a perros… Es tan triste y vergonzoso hablan que el dinero se va en la corrupción, pero también tendrían que gritar que después de haber cotizado décadas y décadas, si no puedes trabajar los quince últimos años por la crueldad del mercado laboral morirás en la calle, eso es de lo que tenían que hablar los periodistas y la prensa. En suiza si cotizas por 40 años laborales cuando llegas a la edad de jubilación te dan la parte que te corresponde, y si has cotizado por uno te pagan por uno. En España si no trabajas los múltiplos quince años te roban todo por lo que cotizaste… Debe ser que no hay suficiente para tanta clase política colocada en las poltronas sin solucionar nada que no sea sus propios intereses. Tendre que retornar en batera para que me acoja un barco en España, den una paga de 400€ y seguridad social.
      Firmado: Abuela emigrante a la fuerza, que cotiza en España y no tiene ni donde caerse muerta.

      Responder
  8. Maria Garcia
    Maria Garcia Dice:

    Soy española tengo 64 años y hace diez que me tuve que ir de España porque para el mercado laboral ya no era interesante… Por no decir vieja. Para poder sobrevivir alquile mi casa y emigre a Marruecos donde vivo del alqui!er por muy poco dinero llevando una vida muy sencilla y humilde, vamos mínima. Hago la declaración por el alquiler y cotizó por el en España y aun así, no tengo derecho a nada, ni sanidad, ni ayudas por la vejez… Vamos nada de nada, como el que no tiene donde caerse muerto. Pero con mis impuestos si pueden ayudar a todo aquel que llega a mi país sin papeles y de forma ilegal, si yo quisiera estar en Marruecos sin papeles o de forma ilegal ellos no me lo permitirlas y me echarían sin mas miramientos, incluso para poder residir en el país Alawita tiene que firmar mi hermano declarando que se hace responsable de mi porque soy mujer, como si fuéramos seres inferiores. Hasta cuando España va a continuar sin defender a sus hijos españoles, España debe negociar igualdad de prestaciones y exigir los mismos derechos que da a las personas de otros paises.
    En Marruecos si tu no eres marroquí no puedes trabajar en ningún sitio, te hacen firmar un documento para que sea asi , si quieres seguir residiendo en Marruecos, solo puedes montar una empresa, que normalmente se traga tu capital y al final los pequeños y medianos empresarios terminan arruinándose y marchandose.
    Para ellos puertas abiertas y nosotros con las puertas cerradas porque nuestros gobernantes no saben o no quieren defender a sus emigrantes, también somos hijos de España y no nos hemos ido por gusto sino por precariedad laboral y por lo cruel que es el mercado de trabajo con los mayores de 50 años, todo esto pagando mis impuestos en España, si a los políticos les intereara la justicia un España y los españoles no había tantas injusticias con los hijos de su nación que pagan impuestos, parece que suena mejor en la prensa decir que tienen que ayudar a los pobrecitos inmigrantes que llegan pidiendo ayuda… Pero no piensas en los emigrantes españoles que tienen que emigran aunque no quieran y terminar muriendo en cualquier rincón porque les han quitado hasta el derecho a la sanidad en caso de retorno por enfermedad o necesidades medicas. Es que solo piensas en trepar en la política, siento que cobran nuestros impuestos y encima nos tratan peor que a perros… Es tan triste y vergonzoso hablan que el dinero se va en la corrupción, pero también tendrían que gritar que después de haber cotizado décadas y décadas, si no puedes trabajar los quince últimos años por la crueldad del mercado laboral morirás en la calle, eso es de lo que tenían que hablar los periodistas y la prensa. En suiza si cotizas por 40 años laborales cuando llegas a la edad de jubilación te dan la parte que te corresponde, y si has cotizado por uno te pagan por uno. En España si no trabajas los múltiplos quince años te roban todo por lo que cotizaste… Debe ser que no hay suficiente para tanta clase política colocada en las poltronas sin solucionar nada que no sea sus propios intereses. Tendre que retornar en batera para que me acoja un barco en España, den una paga de 400€ y seguridad social.
    Firmado: Abuela emigrante a la fuerza, que cotiza en España y no tiene ni donde caerse muerta.

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  9. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    LA IZQUIERDA DE LAS ZONAS RICAS NO ES DISTRIBUTIVA SINO EXTRACTIVA. EJ. GENERALITAT CATALANA EN LA GRAN CRISIS ( 2003/10)

    Mientras duró el boom los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos.
    Cuando, a partir del primer semestre del 2.006, estalla la burbuja los gastos continuaron creciendo desviándose de los ingresos. Los gestores públicos estuvieron gastando hasta el 2010, como si no hubiera concluido.
    A la incompetencia en el tratamiento de la crisis, se sumaron los problemas del sistema de gobierno múltiple de partidos con programas diferentes.
    En esas condiciones, es muy difícil pactar un programa de gestión pública que ajuste los gastos a los ingresos y estimule la economía con medidas en favor del sector productivo para recuperar el nivel de renta y empleo y más si sus principios ideológicos son contradictorios con esos objetivos.
    La manera de evitar fracturas que pongan en riesgo la continuidad de una coalición de estas características, es la de no tratar temas que puedan generar conflictos entre ellos, así queda paralizada una parte importante de la gestión.
    Para que esto no se note demasiado, los dirigentes políticos se convierten en máquinas de distracción popular con mucho cuento, mucha memoria histórica, especialmente sobre la Guerra Civil que encienda pasiones y controversias, mucha revisión de errores y gastos de los anteriores, continuos gestos que llaman la atención pública y promesas de imposible cumplimiento…
    .. espectáculo permanente, mucha propaganda y poca gestión y sin pulso económico, como los problemas y la falta de recursos van aflorando, más deuda e impuestos.
    Por el “cambio ideológico”, las condiciones de competitividad del sector productivo fueron empeorando, un buen número de empresas y particulares se deslocalizaron.
    Una constante fue la mala gestión pública de recursos.(Sala i Martin “ El rescate de Catalunya”) , Los gastos de la Generalitat, en 8 años se duplicaron, pasaron de 16.081.39 millones de euros en 2.003 a 32.518,73 en el 2.010, la deuda se triplicó de 10.918 millones a finales de 2.003 a 32.974 a finales del 2.010,
    El incremento de ingresos fue puesto al servicio de la clase dirigente , no se distribuyó entre los catalanes que acabaron con una deuda y una presión fiscal histórica .La percepción social de la incompetencia, de la corrupción y del despilfarro público de este período fue mínima, tal vez por “los efectos de la distribución”.

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