Un triunfo del Estado de Derecho: Gracia Ballesteros, denunciante de Aquamed, gana en el TS

Es frecuente que dediquemos los posts en este blog a denunciar fallos de nuestro Estado de Derecho. Pero también hay triunfos, a veces muy importantes, y también hay que contarlos. Por eso hoy queremos hablar de Gracia Ballesteros, denunciante del caso Aquamed, que después del usual calvario judicial  (sentencia del Juzgado de lo Social de 3 de mayo de 2016, recurrida en suplicación por Aquamed, sentencia confirmatoria de la Sala de lo social del TSJ de Madrid de 13 de febrero de 2017)  ha conseguido que el Tribunal Supremo inadmita el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación letrada de Aquamed, pagada por todos los contribuyentes por cierto.

De esta forma, queda confirmada la nulidad de su despido (producido el 31 de julio de 2015, hace casi 3 años) así como la obtención de una indemnización a cargo de la empresa pública Aquamed. Esto quiere decir que la mala práxis de los directivos de Aquamed (algunos de ellos encarcelados por los casos de corrupción denunciados por Gracia y sus compañeros) la vamos a pagar todos los contribuyentes. Hay que insistir que los responsables directos del despido (el ex Director general de Aquamed Arcadio Mateo y la Directora de RRHH, Gabriela Mañueco) no pagan de su bolsillo estas cantidades ni tampoco los honorarios de los abogados que van recurriendo y llevando el asunto hasta el TS. Este dinero lo pagamos los contribuyentes. Gracia Ballesteros, por supuesto, sí tiene que pagar de su bolsillo los gastos de su defensa jurídica, además de los costes del calvario personal y profesional sufrido después de denunciar lo que sucedía en Aquamed en defensa de los intereses generales.

Si al leer esto se están indignando, tienen toda la razón. Es el mundo al revés. Los responsables de los daños ocasionados al erario público y más cuando hablamos de casos de corrupción tienen que sufrir algún tipo de perjuicio, empezando por el económico que es el más evidente.  Si no, se dedicarán a disparar contra los denunciantes de corrupción o de su mala praxis  con pólvora del Rey. Y necesitamos que se apruebe de una vez la ley de protección de los denunciantes de la corrupción que lleva empantanada casi 2 años en el Congreso de los Diputados. Difícil creer en una auténtica voluntad política de regeneración  si no se pone fin de una vez a casos como el de Gracia. Aunque esta vez haya salido bien.

3 comentarios
  1. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Me alegro por Gracia, pero lamento que sigamos creyendo un triunfo del estado de Derecho el que quien denuncia prácticas corruptas tenga que pasar por lo que describís. El ejecutivo de ha apropiado del estado, siendo mero administrador y actúa contra el propio estado para salvaguardar responsabilidades privadas en una empresa pública. ¿De qué va esto entonces? Además, como muy bien recordáis, mientras la denunciante debe probar y PAGAR, los denunciados tienen “barra libre” a menos que se les obligue a restituir al estado y a indemnizar a la denunciante por daños lo que se considere pertinente. Ahí está el papel de una Fiscalía del Estado independiente. No. No es cuestión de más leyes, sino de cumplir las que existen. Todas saldrán con los renglones torcidos porque todas saldrán de los mismos intereses. Un saludo.

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  2. @SanzVM
    @SanzVM Dice:

    En casos como éste, o en casos de sentencias con multas contra la administración, o en el caso de multas europeas impuestas por errores o por mala práctica, o en tantos casos en que el estado debe pagar por mala praxis personal de políticos o funcionarios, el paso siguiente es que la Abogacía del Estado vaya contra los culpables de estas sanciones económicas y recupere para el erario las cantidades devengadas.
    Mucha tontería se acabaría si esto se lleva a la práctica..

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    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Estoy de acuerdo. Me he preguntado muchas veces donde ha ido a parar la Ley de Régimen Jurídico de las AA.PP. donde había un artº 14 (creo) que así lo establecía. Si buscamos quien lo quitó, podremos imaginar los motivos.
      Todos los denunciantes públicos, debían tener el “status” de “testigo protegido” por la Fiscalía del Estado y sentirse como tales mientras durara la instrucción judicial de los casos. Por el contrario, todo denunciado, debería tener a su cargo su propia defensa (no la de las abogacías del Estado). Si se respeta la presunción de inocencia en unos, también debe respetarse la de la otra parte.
      De ahí mi anterior comentario sobre si debemos seguir creyendo en nuestro estado de Derecho. Si debemos seguir escondiendo la cabeza como el avestruz, para no ver lo evidente…..
      Un saludo.

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