Funcionarios lenguaraces

La escritora británica Taylor Caldwell, en su obra “La columna de hierro” (1965), recreaba la vida del gran orador y jurista romano Marco Tulio Cicerón poniendo en su boca, en uno de sus famosos discursos en los que analizaba los males de la República, lo siguiente: “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”. Aunque Caldwell pasó nueve años investigando la vida del genial jurista romano, nunca sabremos si tal cita es cierta, ya que no aparece en ninguno de los textos que han llegado hasta nosotros, aunque encaja perfectamente con la filosofía del gran defensor de la República -cuya defensa le costó la vida- y sus ideas sobre lo que debía ser el ejercicio de la función pública.

Por su parte el ilustre jurista mexicano José Campillo Sáinz, conocido internacionalmente por sus obras sobre la ética profesional de los juristas y la deontología de los funcionarios públicos, expuso en 1995 en México D.F. lo que vino en llamar el “Decálogo del Servidor Público”, detallando los diez mandamientos que todo funcionario debía respetar escrupulosamente en el desempeño de su labor. Tras desarrollar mandamientos esenciales como el amor a la profesión, el respeto a la Ley, la veracidad, la lealtad, la probidad y la eficiencia, su mandamiento número 7 decía: “Sé discreto. No reveles los secretos que conozcas con motivo del desempeño de tu encargo ni te aproveches de la información que tengas para tu beneficio personal o de tus allegados”.

Traigo a colación las dos citas anteriores por el espectáculo mediático que estamos viviendo en los últimos tiempos, protagonizado por algunos altos funcionarios que relatan sin rubor en medios de comunicación y en algunas obras publicadas las peripecias vividas durante el ejercicio de su profesión, formulando además aventurados juicios de valor sobre el trabajo de otros compañeros. No me tengo por un integrista del funcionariado, pero he de reconocerles a todos ustedes que esta actitud de “puertas abiertas” que afecta a secretos conocidos en el desempeño de su función me parece escasamente respetuosa con la confianza que el Estado deposita en alguien cuando le encomienda el delicado ejercicio de un empleo o servicio público.

En mi modesta opinión, cuando uno desempeña una función tan delicada como la de juez, fiscal, inspector tributario, policía o notario, entre otras, mediante las cuales ejerce -en diferentes ámbitos- el “imperium” del Estado, y para las cuales dispone incluso del auxilio de las fuerzas de orden público, su desempeño debe ser siempre comedido, justo, eficiente y -sobre todo- discreto. Cuando uno acusa, inspecciona, investiga, juzga o documenta asuntos que afectan a otros ciudadanos, o a sus familias o empresas, debe asumir que no está actuando por sí mismo, sino mediante el ejercicio cedido a su favor de unas exorbitantes facultades públicas que el Estado ha acordado delegar en el ejerciente tras superar las oposiciones correspondientes. No es, por tanto, el individuo concreto el que está actuando sino el propio Estado -o la autoridad que le ha investido- a través de él. Sin la fuerza que confiere el poder del Estado, la actuación de todos esos profesionales habría sido absolutamente irrelevante para la opinión pública, o resaltaría mucho menos de lo que ha acabado destacando al final.

Por esa razón están de más ciertas manifestaciones públicas y reivindicaciones personales cuando uno se ha limitado a cumplir con su deber, por el que además ha percibido durante años una remuneración pública. Cuando una persona desempeña estos delicados cargos tiene que asumir que no es él sino el Estado el que acierta o falla, el que condena o absuelve, el que sanciona o da fe. Por ello resulta altamente conveniente venir ya suficientemente aplaudidos de casa, sin sentir la necesidad personal de reivindicarse por tener un mayor o menor acierto en esa delicada labor.

Resultan por tanto extemporáneas determinadas manifestaciones procedentes, en especial, de ciertos protagonistas de casos judiciales recientes, algunas de las cuales demuestra una absoluta falta de respeto al sistema procesal penal español, en el que un Juez instruye el procedimiento y un Tribunal diferente lo juzga, para evitar que la resolución quede condicionada por la previa labor investigadora. Por ello, algunas concretas y recientes declaraciones sobre las condenas o sobre el papel desempeñado por los diferentes acusados parecen de todo punto inapropiadas, especialmente viniendo de la única persona que -por expresa disposición de la Ley- tiene la imposibilidad de sentenciar por ser el Juez instructor, y haber quedado “contaminado” por el ejercicio de esa función. Realmente a algunos les importa más dejar los focos y la notoriedad de que gozaron en cargos y tiempos pasados que el respeto al sistema del que hasta hace poco formaban parte.

Especialmente chocante me ha resultado la actitud del notario de Barcelona que autorizó algunas escrituras relativas al “caso Nóos” y otras que afectaban a la Infanta Cristina y a su esposo. La lectura de sus recientes declaraciones al diario “El Mundo”, plagadas de comentarios que lindan con el cotilleo y de apreciaciones personales sobre actitudes, instrucciones y confidencias de los interesados, aparte de resultar improcedentes en la actitud de un servidor público, están en las antípodas de la discreción y reserva que debe mostrar un fedatario en el ejercicio de su labor. Y -lo que es peor- transmiten una impresión de frivolidad, ligereza y escaso rigor técnico que ofrece una pésima imagen de la función notarial.

En definitiva, pocos protagonistas de los anteriores comentarios han demostrado apreciar la profunda frase de la jurista y precursora del feminismo en España Concepción Arenal, quien dijo “odia al delito y compadece al delincuente”. Muchos ponen por delante de esa compasión un incontenible ego personal y unas evidentes ansias de notoriedad. Nada hay que reprochar en todo ello a los medios de comunicación, que se han limitado a hacer -y muy bien- su trabajo. Pero esta especie de “Sálvame de Luxe” de altos empleados públicos da que pensar si encaja bien con el correcto ejercicio de un servicio público, o más bien responde a un desmedido afán de protagonismo, a cierta ambición política o a alguna pesada carga que pueda quedar sobre su conciencia profesional. No entiendo bien por qué en España nunca conocemos el nombre de los cirujanos, bomberos, policías o militares que salvan vidas a diario y, en cambio, tenemos glosar a diario las discutibles hazañas de unos cuantos burócratas con irrefrenable complejo de Eliot Ness.

 

7 comentarios
  1. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La fidelidad del funcionario público, desde el jefe del Estado hacia abajo, es el Estado o, lo que es lo mismo: el pueblo constituyente de una convivencia social organizada políitica y administrativamente. Es el pueblo el que paga su trabajo y el que exige su eficacia.
    Dicho de otra forma: en tanto no se traten de secretos oficiales que puedan poner en riesgo al Estado, todos los actos públicos llevados a cabo por funcionarios públicos en las AA.PP. pueden y deben ser conocidos por quienes forman y mantienen el propio Estado. Eso es la transparencia tantas veces solicitada desde este blog. La existencia de zonas oscuras, opacas o de sombras que puedan permanecer inmunes, es el perfecto caldo de cultivo de la corrupción, tal como vamos conociendo.
    Bienvenidos pues los “lenguaraces” y a ver si alguien más se anima a denunciar los bajos fondos de nuestro sistema político. Sólo la verdad nos hace libres. Pues bien empecemos a practicarla y a limpiar las alcantarillas de falsos “mitos” y “cuentos”. Tampoco nos vendrá de más repasar las bases de lo que significa (o debería significar) democracia: la desconfianza hacia quienes nos administran, su rendición de cuentas y su revocación inmediata en caso de deslealtad hacia el Estado (hacia todos los ciudadanos).

    Hasta qu

    • Alvaro Delgado
      Alvaro Delgado Dice:

      O’Farrll no es a eso a lo que me refiero. En absoluto. Bienvenida la transparencia pero mal venido el autobombo, la promoción para otros fines personales y el postureo gratuito y populista con el ejercicio de la función pública. Eso es lo criticable. No la información transparente y ecuánime. Gracias

      • O'farrill
        O'farrill Dice:

        Alvaro, de exhibicionismo, postureo y protagonismos está el mundo lleno. Es el predominio de lo mediático y es lo que vende. Tenemos “estrellas” de todo tipo y en todos los sectores. Es la manipulación de la información y su puesta al servicio de otros intereses, pero es lo que vende. Quizás sería más interesante interrogarnos como sociedad receptora y aplaudidora de tales mensajes o de ciertos “mensajeros”. Y no es una cuestión de formación mayor o menor, sino de discernimiento y criterio.
        Como simple ejemplo: llevamos un montón de días estrujando la noticia de los niños de la cueva de Thailandia. Los protagonistas son los niños. Pues bien, si nos damos cuenta ya conocemos al ministro correspondiente, al director del hospital, al jefe de policía, etc.etc. más los “expertos” sacados de la manga. Todos ellos se convertirán en “tertulianos” y famosos. Un saludo.

  2. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    A todos nos llenó de vergüenza la entrevista concedida a la Sexta por el juez o exjuez Castro. Además, se expresaba bastante mal. Nos retrotrajo a los tiempos de Garzón y otros, que parecían superados. El juez debe ser (fuera de sus resoluciones escritas) un “héroe del silencio”. Un juez lenguaraz, vedette y mediático, que habla fuera de sus autos y sentencias, no merece ser juez.

    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Pues así estamos Lucía. Mientras se impide que un ciudadano acceda a las dependencias judiciales y menos aún que pase la barrera de los oficiales (no vaya a contaminar la causa), vemos como se conocen éstas por el mundo de la comunicación antes incluso de que lleguen al justiciable. Además de protagonismos ¿no habrá algo más por debajo?
      No vi esa entrevista, pero sí parece que, tanto el juez como el fiscal del caso “Noos”, ahora dicen que la situación habría sido diferente en el caso de que se hubieran conocido las grabaciones de Corinna. ¿Y los correos aportados por el socio de Urdangarín que, presuntamente, decían algo parecido?
      Comprendo que necesitamos encontrar algo en qué creer. Que nos produzca seguridad y certeza en un mundo donde es aplicable la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros….”. Un saludo.

  3. Ignacio Navas Oloriz
    Ignacio Navas Oloriz Dice:

    Es difícil no estar de acuerdo con tu comentario. Es oportuno, bien construido y mejor traído. Equilibrado, respetuoso y sobre todo fundado, si bien le falta fundamentación estatutaria y filosófica, por eso me permito remitir al lector interesado, a una relectura de los textos de Habermas; aquellos en los que reflexiona acerca de que la ética debe ser la inspiradora del fondo de cultura profesional, que encontrará su acomodo al ejercicio de una profesión en la deontología que proporciona las reglas inmediatas aplicables a ese concreto trabajo, y que variarán en función del mismo.
    Dicho de otro modo, la ética ofrece el marco, los criterios; la deontología, las herramientas, la norma definida. Habermas mantiene que la pretensión de legitimación del derecho positivo no puede agotarse en la validez moral. Una norma jurídica es tal en la medida en que se agrega un componente empírico, el de su imposición a todas las personas por igual.
    Pero una cosa es que no acabe de legitimar la norma y otra es que quede excluida como referencia inspiradora de la norma.
    Difícilmente puede el notario proteger aquellos intereses a los que sirve, si no cumple estrictamente con las normas , leyes y costumbres que enmarcan y definen la pura práctica notarial. Pues bien, creo que puedo afirmar, sin alardes corporativistas ni monopolios éticos excluyentes, que ese cumplimiento – al igual que muchas otras profesiones -,sólo será óptimo, si se ajusta al criterio valorativo que representa la Deontología profesional.
    El notariado español, ha ajustado su actuación a reglas éticas de comportamiento derivadas de normas reglamentarias y basado gran parte de su actuación en “intuiciones” consuetudinarias que se inspiraban y retroalimentaban en el comportamiento de una gran mayoría de sus miembros. La reciente aprobación de un Código deontológico (08/05/2014) ha de ser, por tanto, saludada con satisfacción y juzgada con la indulgencia que merecen los actos pioneros. Pero ello no impide decir que resulta insuficiente. Es cierto que cualquier Código deontológico no pasa de ser un censo o catálogo de bondades y de buenas intenciones y deseos, pero, por ello precisamente ha de ser completado con otro tipo de reglas.Se trata, en definitiva, de describir la función preparatoria, formadora y habilitadora de la destreza profesional revestida de colaboración con el poder público, y basada en la deontología profesional y que convierte al notario en la persona adecuada para lograr aquella otra finalidad. (LEX ARTIS).
    La función notarial, como todas, ha de ajustarse a unas reglas establecidas reglamentaria y legalmente, y a unas convenciones, cuya infracción puede derivar en exigencias de responsabilidad civil, o incluso penal, y muy posiblemente en sanciones o reproches corporativos o profesionales.
    Pues bien, los tres aspectos que integran el ejercicio DE UNA PROFESIÓN: ciencia, técnica y arte, constituyen el pórtico del Arte de la profesión, de la Lex Artis.
    Pero esos tres aspectos han de ser desarrollados conforme a unos parámetros deontológicos que impidan que esa convención o acuerdo social del que hablaba, se vuelva en contra de la propia sociedad al desarrollarse la actuación evaluada de manera incontrolada: sin control científico, técnico y ético aparente alguno. De esa manera incurrimos en una mala práctica que la propia ausencia de normas impediría calificar como tal. (Entramos en el Código Deontológico).
    Esos parámetros son o han de ser los que permitan esperar obtener los resultados deseados sin alarmas ni perturbaciones. Y para ello es necesaria una última exigencia de responsabilidad.
    La exigencia de un resultado y el sometimiento de la actividad a un régimen de responsabilidad determinan el encuadramiento de dicha actividad dentro de unas reglas de igual alcance para todos los concurrentes que, al propio tiempo, precisen la pauta o el estándar previsible de actuación, pero sin olvidar las características individuales, el arte, de su autor. (Hemos sumado Lex Artis y Código Deontológico). La Lex Artis tiene en cuenta la actuación y el resultado. Se basa en el cúmulo de conocimientos de la profesión en el momento en el cual se juzga o evalúa la acción profesional y lo que con ella se obtiene.
    En el ámbito de nuestra profesión, la deontología jurídica comprende el estudio de los bienes y valores dirigidos al establecimiento de un orden jerarquizado indispensable para la resolución de los conflictos que en el orden ético puedan sobrevenir.
    En todas las profesiones y especialmente en las jurídicas, los cambios socioculturales y la crítica de los valores refuerzan la inquietud de fijar principios éticos e inamovibles al objeto de dar una respuesta éticamente correcta. En el Notariado español del principio del siglo XXI se manifiestan, estas circunstancias, con especial intensidad. La prevalencia de la economía frente al derecho, el creciente desequilibrio en las relaciones jurídicas, las exigencias de agilidad y rapidez que se imponen en el tráfico jurídico, el extraordinario desarrollo de las nuevas tecnologías, etc, son características que empujan a la crisis y a la reflexión casi angustiosa. Y además todo ello se produce en el marco de una profundísima crisis económica y de valores. (Sigue…)

  4. Ignacio Navas Oloriz
    Ignacio Navas Oloriz Dice:

    (Cont). ..La fuente esencial en el ámbito de la deontología notarial la constituyen la Ley del Notariado y el Reglamento Notarial en los que el legislador ha grabado sus reglas esenciales: inmediatividad, rogación, imparcialidad, independencia, carácter obligatorio de la prestación de la función, autoría documental, obligaciones de asesoramiento e información equilibradores, libertad de elección de notario, SECRETO PROFESIONAL…, En tal sentido el propio Reglamento se define como Estatuto General de la Profesión (art. 314), lo que confirma la voluntad del legislador de que constituya fuente primaria de las reglas deontológicas.
    Sin embargo, no podemos olvidar que los Colegios Notariales y el Consejo General del Notariado tienen, a su vez, un importante papel en esta materia. En cuanto a los Colegios Notariales, la ordenación del ejercicio de la profesión se califica como uno de sus fines esenciales (art. 314 segundo párrafo), y en el ejercicio de sus competencias deben velar por la ética y dignidad de los colegiados en su ejercicio profesional. Por su parte, el Consejo General del Notariado concurre con los Colegios Notariales en la función de velar por la ética y dignidad profesional en la práctica de la función notarial, teniendo fuerza de obligar sus acuerdos y circulares en los asuntos de ámbito superior al colegial. En el caso del juez, el código funcionarial al igual que las anteriores reflexiones impiden que prevalezca el “interés periodístico” por muy legítimo (que lo es ) que sea, sobre la obligación profesional, ética y deontológica del sigilo, del secreto profesional.
    Mis reproches a ambos funcionarios. Mi sorpresa por la ausencia de un reproche corporativo.
    Perdón por la extensión del comentario.

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