Ataque político al Consejo General del Poder Judicial

Huérfanos de referencias y de liderazgos ideológicos asistimos estos días a la decadencia más absoluta de la clase política a derecha e izquierda del arco parlamentario. El debate intelectual y reflexivo sobre lo que debería constituir el instrumento esencial de nuestra democracia, el derecho, se sustituye por la proliferación del eslogan, frases de marketing político sin sustancia o discursos vacíos de contenido.

Filtraciones sin ética de una mafia que habitaba en las cloacas del Estado sobre grabaciones de conversaciones intrascendentes realizadas en un ámbito coloquial, copias o seudo copias de trabajos universitarios y búsqueda de la frase más mediática y vacía en pos del minuto de gloria de audiencia televisiva constituyen el epicentro de la vida política.

Frente a ese mar de despropósitos y de inanición intelectual, navega la embarcación del Poder Judicial que pese a la falta de reformas y de recursos y pese a los ataques de esa “nueva política” que se comporta de manera mimética a las formas de la vieja política, sostiene de forma exclusiva y gracias al trabajo de Jueces/as y Magistrados/as la arquitectura de nuestro Estado de Derecho.

En un contexto de golpismo institucional promovido por políticos independentistas que veneran regímenes neofascistas o de lacras de corrupción política, el trabajo independiente del Poder Judicial ha logrado preservar el Estado de Derecho. El reconocimiento a la actuación jurisdiccional independiente que es innegable, no puede llevarnos a olvidar la necesidad de reformas en el Poder Judicial que garanticen la fortaleza de nuestras instituciones, cuya apariencia de independencia ante la opinión pública se erige en un pilar esencial para frenar entre otras cosas los ataques demagógicos e interesados de políticos que tratan de vulnerar sistemáticamente el principio de separación de poderes.

Los Jueces/as y Magsitrados/as de éste país ya no sólo se enfrentan a declaraciones políticas , que fruto de la irresponsabilidad atacan resoluciones judiciales fundamentadas con una mera frase emitida por legos en derecho, a la dejación absoluta de modernización e inversión en Justicia por los sucesivos gobiernos sino también a reformas legislativas que se propagan por políticos de uno u otro signo a modo de metástasis que pretende socavar la Independencia del Poder Judicial y degradar la credibilidad del órgano de gobierno de la Judicatura, tiñéndolo de pigmentos de politización.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano encargado de velar por la Independencia Judicial y al mismo tiempo le corresponde el nombramiento de los cargos judiciales, la resolución y tramitación de concursos de traslado y comisiones de servicio así como el régimen disciplinario de jueces. Materias que inciden de manera directa en el núcleo esencial de la Independencia Judicial y del principio de separación de poderes.

Políticos de uno u otro signo quieren garantizarse una influencia en el CGPJ o manchar la independencia del mismo a partir de reformas legales que contravienen los estándares exigidos a nivel nacional e internacional respecto a la separación de poderes. En el cenit de la hipocresía esos mismos ministros, diputados y senadores utilizan el politizado sistema de elección de vocales del CGPJ, del que ellos son autores y ejecutores, para confundir a la opinión pública y cuestionar la independencia de Magistrados/as en el ejercicio de su función jurisdiccional cuando una determinada resolución judicial no les agrada.

Tras la reforma gallardoniana se configuró un sistema de elección de vocales del CGPJ netamente político, para postergar a las asociaciones judiciales y a la propia carrera y propiciar una elección a puerta cerrada fruto de pactos en sedes políticas y con desprecio a las Cortes Generales que se limitarían a ratificar el reparto del pastel cocinado previamente. Todo ello se hacía contraviniendo las exigencias de la STC 108/1986, el Informe de Grupo de Estados contra la Corrupción o las reivindicaciones de las asociaciones judiciales que de manera unánime exigían que los 12 vocales judiciales fuesen elegidos por y entre jueces/as de todas las categorías judiciales como el medio más idóneo para garantizar la independencia del órgano de gobierno de la judicatura.

La anterior renovación del CGPJ fue en síntesis una farsa institucional, concurriendo tan sólo 53 candidatos de más de 5000 jueces, a alguno de los cuales se les prometió de manera falaz desde el Ministerio de Justicia que saldrían elegidos, en un intento desesperado de otorgar alguna apariencia de legitimidad y participación, a lo que no era sino una elección fruto del dedo político ni tan siquiera parlamentario. No se explicó a la opinión pública el motivo de la designación de los 12 vocales judiciales, quienes ni tan siquiera pasaron ante la comisión de nombramiento de las Cortes. No se informó en modo alguno por el motivo de la preterición de otros candidatos, que incluso habían conseguido más avales que los seleccionados o cuyas trayectorias profesionales contaban con la superación de pruebas de especialización en distintos órdenes jurisdiccionales. Simplemente no era necesario, la elección obedecía a otros intereses y objetivos y se desarrolló a puerta cerrada. El consenso sólo fue una cortina de humo, bajo la que encubrir un mero reparto predeterminado de cuotas.

La “hazaña gallardoniana” fue cocinada con la colaboración de un número reducido de magistrados o ex vocales CGPJ (Carlos Lesmes, Fernando Román, Antonio Dorado….) que optaron por aprovechar la coyuntura para relanzar sus carreras profesionales a partir de la escalada de favores aún a costa de postergar los principios, renunciar a despolitizar el CGPJ y consagrar el apadrinazgo como criterio rector frente al mérito y la capacidad.

La elección de Carlos Lesmes Serrano como Presidente del CGPJ también fue una farsa institucional, los vocales elegidos políticamente se limitaron a ratificar la designación política anunciada en prensa y tan sólo dos candidatos optaron a la Presidencia , fiel prueba de que la carrera judicial estimaba que ante la elección predeterminada del Presidente la presentación de cualquier otra candidatura carecía de sentido.

La perversión del sistema no se circunscribió al sistema de elección de vocales judiciales sino que determinó un órgano presidencialista alejado de su natural configuración colegiada , cuyo devenir cristalizó en un evidente autoritarismo que generó quejas entre los propios vocales a razón de su postergación por el propio presidente en el núcleo de la política judicial.

El resultado del presidencialismo de Lesmes ha sido desolador, la transparencia de la que se ha vanagloriado el Presidente ha dejado a la luz precisamente la falta de motivación y transparencia en los nombramientos de altos cargos judiciales, que los mismos no han respondido en numerosas ocasiones al mayor mérito y capacidad sino a la cercanía con el Presidente, el uso de la potestad disciplinaria con fines espúreos para acallar voces críticas en la carrera judicial o la inacción, opacidad en la tramitación de concursos y comisiones de servicio ante la negativa a publicar un mapa de plazas judiciales vacantes o la falta de firmeza en la defensa de la independencia judicial.

Urge una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para erradicar cualquier apariencia de politización el órgano colegiado de la judicatura y para posibilitar la participación en el mismo de la carrera judicial de forma plena, transparente y sin injerencias políticas. Así mismo es necesaria una modificación en la configuración del CGPJ con vocales con dedicación exclusiva y con plenas competencias en la gestión de recursos materiales y personales en la administración de justicia.

Sin embargo la mayoría de las fuerzas parlamentarias pretenden reeditar el desastre en cuanto a la elección partidista (ni siquiera parlamentaria) a puerta cerrada de los vocales del CGPJ. El desarrollo del sistema constituye en sí mismo una falta de respeto a los candidatos concurrentes que ni tan siquiera pasarán por las Cortes a exponer su programa y un desprecio a la Judicatura y a los organismos internacionales que han reclamado una modificación del sistema de elección de vocales del CGPJ.

A lo anterior se une la imprudencia de representantes políticos mostrando sus preferencias por las características que debería tener el próximo/a Presidente del Tribunal Supremo o los movimientos subterráneos de determinados miembros de la Judicatura con aspiraciones a la Presidencia que difunden los nombres de “supuestas favoritas” con el objetivo de manchar una hipotética candidatura con la sombra de la politización de la decisión y en aras de relanzar sus aspiraciones ocultas en el momento oportuno.

Dignificar el ejercicio de nuestra profesión supone defender sin miedo la Independencia Judicial, destacar la brillante función jurisdiccional que miles de compañeros realizan cada día sustentando el Estado de Derecho pero también consiste denunciar firmemente los intentos de la mayoría de la clase política por erosionar la credibilidad del órgano de gobierno de la judicatura.

Es todo lo anterior, lo que debiera ser el punto cardinal del debate político, lo que debiera alumbrar nuestras calles y foros para convertirlos en ágoras de debate efervescente y es también la causa noble que debería llevarnos a todos a proclamar con vehemencia que “no vamos a flaquear ni a fallar, lucharemos con creciente confianza y cada vez con mayor fuerza e idealismo imperturbable, defenderemos nuestra patria, la separación de poderes y nuestro Estado de Derecho no importa cuán alto sea el precio y no nos rendiremos jamás”.