5 años de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno: balance con luces y sombras
Hace ya 5 años que se aprobó a bombo y platillo la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno. Por tanto parece buen momento para hacer un pequeño balance de hasta qué punto ha conseguido (o no) forzar un cambio de cultura en nuestros políticos y gestores públicos o, dicho de otra forma, acostumbrar a nuestros dirigentes y empleados públicos a rendir cuentas de lo que hacen con el dinero de los contribuyentes.
Pues bien, como suele suceder con toda iniciativa novedosa y que además se presenta como una especie de varita mágica que puede solucionar los problemas de corrupción, falta de confianza en las instituciones y falta de capacidad de gestión de los que trabajan en ellas el balance tiene luces y sombras. Más allá de la -comprensible- resistencia de los políticos y los gestores públicos de turno a facilitar información pública que les resulta incómoda políticamente o que les fuerza a dar explicaciones a los ciudadanos (de ahí nacen la mayoría de los recursos que se interponen en vía judicial contra resoluciones de los órganos competentes favorables a la transparencia) lo cierto es que hay también otras razones que dificultan el cambio de cultura. Quizás la más importante sea la de que no se acaba de comprender que la transparencia no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir el objetivo de mejorar el funcionamiento institucional a través básicamente de la rendición de cuentas. El ejemplo más notable es el CGPJ que obtiene, y con razón, una muy buena posición en los rankings de transparencia pero cuyas actuaciones dejan mucho que desear desde el punto de vista institucional (e incluso del Estado de Derecho) en cuestiones básicas como la política de nombramientos, los expedientes disciplinarios o la defensa de la independencia de los jueces.
Efectivamente, las instituciones parecen pensar que tienen que ser transparentes -no les queda otra- pero no que la transparencia sirva para algo tan básico como mejorar la gestión, el respeto a las normas, la interdicción de la arbitrariedad o la responsabilidad. La transparencia no está todavía integrada en el día a día de las organizaciones públicas salvo “de boquilla” aunque ciertamente si se le otorga relevancia y atención por parte de los gestores públicos.
Se siguen además echando en falta cuestiones tan sencillas de arreglar como la falta del desarrollo reglamentario de la Ley que podría contribuir a la clarificación de algunas cuestiones por vía interpretativa. Y tampoco vendría mal su reforma sobre todo para dotarla de un régimen efectivo de infracciones y sanciones del que hoy carece y que lastra su implantación efectiva (recordemos lo ocurrido con la ley antitabaco o con la ley de seguridad vial y el carnet por puntos para hacernos una idea de la importancia de un régimen sancionador para implantar un cambio cultural importante).
Por otro lado, es indudable que la ley de transparencia estatal y todas las autonómicas aprobadas (existen ya en casi todas las autonomías con excepciones muy llamativas como la de la Comunidad de Madrid) han permitido incrementar de forma notable la información pública disponible. También hay que destacar el esfuerzo y la profesionalidad de muchos empleados públicos y en particular de los órganos de supervisión (en particular el Consejo estatal de transparencia y buen gobierno, que sigue sin Presidente más de un año después de la muerte de la recordada Esther Arizmendi) que han realizado las tareas encomendadas muchas veces con muy pocos recursos. Conviene subrayar además el creciente interés de los medios que hacen cada vez un uso más intensivo del derecho de acceso a la información pública y su relevancia para exigir responsabilidades a todos los niveles. Y por último el esfuerzo de la sociedad civil -una mención particular merece la Fundación Civio- por aprovechar y utilizar la información pública conseguida en materias tan sensibles como los indultos o la industria farmaceútica.
Por tanto, como ya adelantábamos un balance con luces y sombras y mucha tarea por delante.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?