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Las puertas giratorias entre política y Justicia siguen girando como siempre

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Hace tiempo que en este blog venimos hablando de las puertas giratorias, y más en particular de las puertas giratorias entre la política y la justicia, tanto de ida como de vuelta. Hay auténticos profesionales  de este tipo de puertas giratorias desde la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles,  que pasó del Tribunal Supremo a un escaño en el Consejo de los diputados hasta el flamante senador por el PP Fernando de la Rosa que ha entrado y salido de la Judicatura varias veces (ha sido Consejero de Justicia y Vocal del CGPJ por ejemplo).  Por no olvidar otros casos sonados como los del ex Ministro y ex Alcalde Juan Alberto Belloch, que después de su extensa carrera política volvió a la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Estos ejemplos son un caso extremo de la integración de las carreras funcionariales y las políticas que caracterizan nuestro sistema político-funcionarial; no olvidemos que en el actual Gobierno en funciones hay dos magistrados y una fiscal. Y decimos extremo porque si bien siempre es preocupante que un funcionario tenga que jugar a ser político para ascender sin duda es mucho más grave que esto le ocurra a un juez. En fin, son jueces que pasan de un lado a otro con una naturalidad asombrosa, sin duda gracias a una legislación muy permisiva no solo a la ida (arts. 7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que les permite dar el paso a la política con relativa facilidad) como, sobre todo, a la vuelta. No hay nada parecido en nuestro ordenamiento jurídico a un periodo de “cooling off” es decir, impedir la vuelta directamente de la política a la Magistratura, ni tampoco la imposibilidad de ocupar determinados destinos especialmente sensibles, ya sean gubernativos o jurisdiccionales. Pensemos en la vuelta del ex Juez Garzón a su Juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional después de su breve paso por la política en la época de Felipe González.

Lo más que se ha conseguido en la reciente reforma de la LOPJ realizada por LO 4/2018 de de 28 de diciembre es incluir un apartado en el art. 351 que dispone que los jueces y magistrados que reingresen en la Carrera deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público. Parece poca cosa si se lo compara con la sospecha que recae sobre estos políticos togados que vuelven a la Magistratura a veces después de largas carreras políticas. Una simple causa de abstención o recusación cuando conozcan casos en los que sean parte los partidos políticos o sus cargos públicos que les auparon al Poder sabe a poco, aunque es mejor que nada. En todo caso, no es casualidad que según el barómetro del Consejo General de la Abogacía Española del año 2015 un 42% de los entrevistados dude de la imparcialidad de los jueces. Sin duda, nuestra laxa regulación de estas puertas giratorias política-justicia tiene mucho que ver. Y así seguimos, con las puertas girando como de costumbre y la confianza en la Justicia deteriorándose como de costumbre.