Lecciones de 2008: si hay rescate público de empresas privadas, no puede haber bonus millonarios

Hubo muchos hechos bochornosos tras la enorme crisis económica que comenzó en 2008. Uno de los más hirientes fue el contemplar cómo los máximos directivos de muchas empresas que habían tenido que ser rescatadas con dinero público, dinero procedente de los ciudadanos vía impuestos esencialmente, se iban a su casa poco después sin responder de nada y con multimillonarios bonus y demás remuneraciones.

Eso ocurrió en Estados Unidos, y así podemos leer en esta noticia fechada el 12 de octubre de ese mismo año de 2008:  Stanley O’Neall se llevó a casa 161 millones de dólares cuando dejó Merrill Lynch; Charles Prince obtuvo 40 millones al dejar Citigroup, cifra similar a la que que obtuvo Richard S. Fuld, de Lehman

 (…) La comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto al descubierto esta semana que la cúpula directiva de Lehman Brothers aprobó bonus por millones de dólares para los ejecutivos que salieran de la empresa mientras negociaban con las autoridades federales el rescate de la quiebra. Su consejero delegado, Richard Fuld, cuya actuación ha llevado a la desaparición del banco de inversión más veterano de Estados Unidos (fundado en 1850), ganaba 17.000 dólares a la hora.

En España el dinero público acudió en masa en rescate de las entidades financieras, pero muy especialmente de las Cajas de Ahorros, como se sabe. Pues bien, aún en 2011, tres años después del inicio de la crisis, se podía leer esta noticia sobre los sueldos:

Los directivos de las cajas de ahorros que han necesitado dinero público -que sale de los impuestos de los ciudadanos- cobraron en 2011 salarios que fueron de los 456.000 euros a los 2,3 millones de euros anuales. Y es que las siete entidades auxiliadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario), junto a la intervenida Caja Mediterráneo, retribuyeron a sus cúpulas –consejos de administración y directivos– con un montante global que supera los 70 millones de euros, según datos recopilados por 20 minutos.

 Tal como desvelan los informes de remuneración hechos públicos por las propias entidades –obligadas por una circular del Banco de España–, Bankia es la compañía más generosa con sus altos cargos (unos 21 millones de euros en total). Rodrigo Rato (vicepresidente del Gobierno con Aznar) cobró en 2011 más de 2,3 millones de euros por presidir, además de este banco, su matriz BFA y Caja Madrid.

Y al año siguiente, 2012, tuvimos el disgusto de leer esta noticia:

 no solo no han tenido que rendir cuentas, sino que han recibido indemnizaciones millonarias a su salida, tras años de cobrar sueldos estratosféricos. Pese a que su gestión desastrosa le va a costar al contribuyente como mínimo 50.000 millones de euros en forma de ayudas públicas, como intuye la sabiduría popular, ninguno de ellos ha ido a prisión ni ha devuelto un euro de sus emolumentos.

En esa noticia enlazada pueden ver con detalle las cifras cobradas por parte de algunos, pero solamente les doy las del primero de la lista: un directivo de NovaCaixaGalicia, caja que necesitó ¡3900 millones de euros!. Pues bien, estuvo nueve meses de director general, y se llevó: 7,7 millones son por la jubilación anticipada, 3,9 millones por la indemnización y 6,9 millones por el plan de pensiones. Pero hay muchos más.

Es difícil exagerar la obscenidad de estos comportamientos y de estas cifras. Y en el momento actual es también difícil comprender cómo se pudo admitir semejante atropello. En lo más duro del duro invierno de la crisis económica, los máximos responsables de la quiebra de entidades que han de ser rescatadas, con un comportamiento entre negligente, doloso o directamente criminal, se aseguraban sus retiros millonarios pagados por entidades rescatadas, insultando a una ciudadanía empobrecida y que lo estaba pasando realmente muy mal en muchos casos.

Para recordar lo que fue la época de las Cajas, le recomiendo leer estos nada menos que ocho post que dedicamos a la indecencia supina de los que dirigieron una caja pequeña, Caja Segovia,

Si fue así en una Caja pequeña, imagínense qué ocurrió en las Cajas grandes.

Esto es el lamentable pasado, pero una nueva crisis económica ya esta aquí por ese ejemplo de libro del Cisne Negro de Taleb llamado Coronavirus. Y no deberíamos permitir que esta bofetada ética se vuelva a producir.

Viene esto a cuento por el revuelo formado porque hace unos días pudimos leer en el art. 46 del RDL 11/2020 la decisión de transferir quince millones de euros públicos a empresas privadas como son las televisiones, derivados de mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria, según se explica en este artículo, pero que aunque tenga su lógica no deja de ser una elección de empleo de dinero público estas empresas  privadas, y no en otras. Y en todo caso, es un recordatorio de que no puede volver a suceder lo que ocurrió en la anterior crisis.

Si hay rescates de empresas, y no es nada descartable esta posibilidad, resultaría inaceptable que, habiendo puesto dinero público en esas empresas, sus directivos percibieran todos esos emolumentos y ventajas pactados previamente, como si no hubiera pasado nada. Porque es obvio que sí ha pasado.

El Estado puede actuar al menos de dos maneras: exigir, en todos estos casos, la previa y total renuncia de los directivos de esa empresas a todas esas cantidades en forma de bonus, planes de pensiones, etc., e incluso sueldos exorbitantes, o al menos su moderación a un límite razonable. E incluso establecerlo en la propia disposición que acuerde ese rescate. Si esas empresas no tienen dinero para subsistir, no lo tienen para pagar cantidades extraordinarias a sus dirigentes.

O bien adoptar una medida similar a la que se planteó en Estados Unidos por parte de Barack Obama en 2009: elevar el gravamen fiscal para este tipo de percepciones de directivos de empresas rescatadas, que en ese caso fue al 90% de lo percibido, como se puede leer aquí.

No sería tolerable que de nuevo, al cabo del tiempo, el sufridísimo ciudadano de a pie contemplara indignado cómo parte del dinero público va a parar a las cuentas corrientes de directivos de empresas rescatadas.