Nuevos dislates en la enseñanza y en la educación: ¿hacia dónde vamos?

En mi post de hace unos días, publicado el 28 de Abril en este blog,  (¿Qué nos deparará el futuro en el mundo de la enseñanza en nuestro país?), intenté repasar – citar al menos-  una serie de temas pendientes en relación a la enseñanza en general en nuestro país en cada uno de los niveles educativos, – así como  otros temas más bien trasversales a varios niveles-, que habían quedado pendientes al empezar el confinamiento por el coronavirus, pero que habían sido muy tratados en la prensa de los dos últimos años: 2018-2020. Pero la nueva situación, ”estado de alarma”, ha hecho que se precipiten los acontecimientos,  que se replanteen algunos de aquellos temas  y se planteen otros nuevos.

  1. La situación es preocupante, desde nuestro punto de vista, pues  se empezó por dejar para septiembre toda actividad universitaria (como ya indiqué en el post, ya que esa medida fue de las primeras que tomó el Ministro de Universidades, Castells, y prácticamente la única), pues no ha aparecido en todo este tiempo  más que en una ocasión para acordar con los Rectores que cada Universidad, en virtud de su autonomía, organizase  los exámenes como quisiera.  Además ha reconocido explícitamente que el Ministerio de Universidades no tiene razón de ser, ya que sus competencias están trasferidas a las CCAA. Del Estado solo dependen la UNED y la Universidad Menéndez Pelayo. Para la primera de estas dos, ha propuesto un examen de final de curso on-line, situación muy difícil de organizar, pues dada la cantidad de alumnos de esa UNED  (hay cursos de Derecho, Psicología, Económicas,  y otras con varios miles de alumnos por curso), se requerirían unos sistemas informáticos de una complejidad y capacidad que en el momento actual no están disponibles.
  2. A continuación, días más tarde, en una Orden Ministerial publicada en el BOE el 24 Abril, se recogen los acuerdos de la Ministra Celaá, consensuados – aparentemente-  en una larga reunión con los Consejeros de Educación de las CCAA, reunión en la que parecía que se habían puesto de acuerdo, aunque luego algunos  consejeros  se desmarcaron (suponiendo que en esa sesión se hubiera llegado realmente a un acuerdo): País Vasco, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla León. En ella se decidió que los alumnos podrían pasar de curso aunque tuvieran varios suspensos y que nadie repetiría por ello, salvo excepciones muy específicas. No quedó claro con cuántos suspensos, si con tres, con cuatro o incluso cinco. Esto organizó un cierto revuelo, para empezar porque a muchos padres, profesores, etc. les pareció un disparate, ya que había habido casi siete meses de curso, y había alumnos que habían seguido estudiando por medios telemáticos, y en la comunidad escolar se esperaba una evaluación de esos conocimientos por razones obvias. En concreto, el presidente de ANPE, el CESIF, FSIE, USO, el sindicato de inspectores USIE y la representante de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, argumentaron cómo con esta medida no se respeta la LOMCE, Ley vigente en el momento actual, y por tanto es una ilegalidad que crea inseguridad jurídica, ya que es el mismo Gobierno el que propone saltarse la normativa. Además al haber una serie de CCAA que no van a aceptar esta situación y van a seguir aplicando la LOMCE en cuanto a los requisitos para poder pasar de curso, se crean dos modelos con enormes agravios comparativos (El Mundo, 25 de Abril de 2020. Pg. 14).
  3. Como tercer hito en las decisiones educativas, el 28 de Abril se decidió, en el marco de los planes de desconfinamiento o desescalada, que los alumnos de primaria y secundaria – a diferencia de lo que sucede en casi todos los países de Europa, aunque no en Italia-,  no volverían a clase hasta Septiembre: es decir, más de cinco meses y medio sin clase. Esto supuso un mazazo para muchos padres. Las razones son múltiples y trataremos de analizarlas, pero hemos de señalar previamente, no sin cierta sorpresa por nuestra parte, que así como otras medidas comunicadas el mismo día (apertura inminente de los pequeños comercios, peluquerías, bares y terrazas) han generado enormes controversias en los medios, dudas, posturas a favor y en contra, propuestas nuevas – que si el 30% de mesas en el exterior, si el 50%, si ocupar lugares de aparcamiento  y un largo  –  prácticamente no se ha oído nada sobre este echar el cierre hasta Septiembre de toda actividad educativa. Personalmente nos parece muy grave esta situación, que no llegamos a entender. Parece, en los continuos vaivenes del Gobierno, que sí podrán acudir a clase los menores de 6 años para que sus padres puedan ir a trabajar (medida social que no pedagógica, aunque probablemente necesaria pero incompleta). El resto, aunque no queda claro, se deja al arbitrio de las CCAA.

Antes de entrar en las posibles consecuencias de esta última decisión,  de volver en septiembre a clase, me gustaría comentar que programar una vuelta a clase en estos momentos, con los requisitos de distancia social actualmente vigentes por razones obvias, y sin haber hecho los necesarios test a la población, no es nada fácil. Hay que reconocerlo. La logística es obviamente complicada, pero no por ello, de un plumazo, sin más matices, deben suspenderse las clases de miles de alumnos durante tanto tiempo. Tenemos un ejemplo muy cerca  que está actuando de otra manera: en Francia (para no irnos a Suecia, Dinamarca, Alemania o, últimamente, Reino Unido), país con problemas muy parecidos a los nuestros en cuanto a los efectos de Covid-19,  se está preparando desde hace por lo menos 15 días la vuelta a clase para el 11 de Mayo y para estos niveles educativos – maternal, collège y liceo-, implicando en su planificación desde el Ministerio de Educación, no solo a los Directores de guarderías, colegios y liceos, pero también a los alcaldes y autoridades educativas locales, en íntima coordinación y colaboración. Se están estudiando varias estrategias y combinación de las mismas, y casi diariamente hay información y seguimiento  de dichos avances: zonificación, gradualidad en la vuelta, reubicación y división de las clases y comedores, alternancia en los días de la semana si fuera necesario, uso de gimnasios, locales de estudio y otros para poder dividir a los niños, mascarillas, mamparas. etc. etc. y es objeto de vivos debates en los medios de comunicación. Aun así hay padres que por seguridad –u otros motivos-  no desean mandar a los niños, y por eso se ha decidido que sea voluntario. En  post anteriores me he referido a algunos aspectos de cómo Francia, en esta situación,  se está enfrentando a la política de comunicación y coordinación de manera mucho más consistente  y coherente que nosotros. En la Cadena SER, en Hoy por hoy, el 30 de Abril, esta política ha sido calificada por J. Ramoneda de modélica.

Frente a esta posibilidad de trabajar una vuelta a clase ordenada y preparada, trabajando conjuntamente todos los agentes implicados en la educación, entre nosotros no se ha propuesto nada (aparte de lo que se vaya a hacer con la selectividad o EVAU, prueba sobre la que al parecer sí hay planes de realización, todavía nada claras). Es más, en unas últimas declaraciones de la Ministra Celáa, que han hecho poner el grito en el cielo de nuevo, se ha avanzado que en Septiembre solo volverán la mitad de los niños a clase cada día. El dislate está servido.

¿Por qué ha supuesto esto un mazazo – además de por lo inesperado  y radical– para muchos padres?

  • Porque las circunstancias de tener que trabajar desde casa, los padres que pueden hacerlo que no son todos, y al mismo tiempo tener que atender a varios niños, bien en su seguimiento telemático cuando lo hay, o en la realización de deberes, o en tener que estar pendientes de si hay suficiente WiFi en casa para todos o no, suponen una situación muy estresante que ha “caído” sobre ellos, y a la que difícilmente pueden atender.
  • Pero es que además esta situación nueva (¿nueva normalidad?) pone de manifiesto aún más las diferencias socioeconómicas entre familias, y con ellas las enormes diferencias de procedimientos y posibilidades de enseñanza-aprendizaje de los niños, con una situación muy dura para los menos favorecidos, a los que prácticamente les será imposible recuperar estos meses.
  • Por otra parte, con muy raras excepciones (pues hay colegios privados donde se inician las clases telemáticas a las 9 de la mañana, y los niños siguen el mismo horario y ritmo que en el colegio), es muy difícil lograr los objetivos de aprendizaje propuestos para cada uno de los niveles educativos. Cualquiera que esté en contacto con familias con niños de esas edades  – padres, profesores, psicólogos e incluso psiquiatras infantiles – sabe bien el enorme trabajo complementario de los padres para que sus hijos no se queden atrás, objetivo no siempre conseguido. Cinco meses y medio es demasiado tiempo sin escolarización reglada. Por no entrar en factores psicosociales de otros tipos, en los que no se suele reparar, como es lo que para  los adolescentes supone el grupo de referencia de iguales, compañeros/as que  es básico entre los 12 y los 16 años. Es traumático para muchos niños.
  • Aspectos tales como la pérdida de hábitos de estudio, ruptura de unas rutinas de vida y desconexión educativas, de secuenciación de los aprendizajes, verdaderas lagunas en la adquisición de conocimientos, serán algunas de las consecuencias con que se encontrarán los docentes en Septiembre. No digamos, porque no es momento de entrar en ello, las consecuencias para los niños con dificultades de aprendizaje y/o dificultades de inserción, y que habían venido teniendo soporte extra en sus colegios.
  • Nuestras diferencias con los países europeos se van a agravar enormemente.

A estas alturas de la película, valga la coloquialidad de esta expresión, nadie duda de que la articulación, ensamblaje, coordinación o como se quiera llamar a la relación entre el Gobierno Central y las CCAA ha sido un desastre a lo largo de este proceso del Covid-19, y se han puesto de manifiesto las enormes carencias y dificultades en esta articulación, a pesar de haberse decretado un mando único desde el principio, mando cuestionado por muchas CCAA a las que se les dejaba muy poco margen de maniobra en temas de su competencia;  lo ha sido por supuesto en el caso de la Sanidad, pero también en el de la Educación y Enseñanza. En este último caso, que es el que nos ocupa, se ha zanjado rápido, como acabamos de explicar, pero en el caso de la Enseñanza universitaria, Sr. Castelles, como también hemos señalado, se ha zanjado de un plumazo. La Ministra Celáa ha dicho, y como tal lo recoge la Orden Ministerial publicada en el BOE el 24 de Abril, que serán los gobiernos regionales los que decidirán los criterios de promoción y titulación, así como la fijación de contenidos de cada una de las asignaturas y las adaptaciones curriculares, en una dejación de poderes que ha sido calificada de caótica. (El Mundo, 30 de Abril de 2020, pg.13). Tampoco todas las CCAA están de acuerdo con la decisión  de anular la actividad docente hasta Septiembre.

El análisis de este tema – falta de coordinación y disputa continua por las competencias entre CCAA y Gobierno central – sería mejor abordado por un jurista, pero quiero añadir que en el momento de la desescalada, ni siquiera se sabe si la unidad  de referencia va a ser la CCAA, la provincia, la comarca, el área sanitaria, con reproches  y debates continuos entre unos representantes y otros, debates que impiden que nuestro país se centre y aborde de manera ecuánime toda la enorme problemática que tiene por delante.

Abordaremos, por su importancia, en un próximo post la última propuesta de la Ministra Celaá, que data del 5 de Mayo, como es la de remodelar para Septiembre el sistema de estructuración de contenidos vigente hasta ahora – organizado en unidades  de conocimiento llamadas asignaturas tradicionalmente: Historia, Geografía, Sociales, Matemáticas, Ciencias, etc., en unos conglomerados o clústers de contenidos de mayor tamaño, que fusionan varias asignaturas. Es decir, aparentemente, sería un sistema trasversal que englobaría muchos más contenidos en pocas áreas temáticas. Esto, que en sí mismo no es negativo, se hace así ya en muchos sistemas de enseñanza, no puede improvisarse en absoluto. Supone un cambio de metodología de tal calibre que debe ser sometido a una elaboración   muy minuciosa de los equipos docentes. De lo contrario puede ser un “batiburrillo”.