El Estado de derecho en Cataluña en el marco del informe 2020 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE: la contribución de Impulso Ciudadano

La UE es una comunidad de Derecho que exige a sus Estados miembros un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y a los principios democráticos. Durante décadas prácticamente dimos por descontado este respeto; sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo en diversos Estados miembros se han planteado amenazas a dichos principios democráticos básicos que, incluso, han conducido a la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la UE para la salvaguarda de tales principios.

Es por esto que ha de ser valorado de una manera muy positiva que la Comisión Europea haya iniciado la tarea de elaborar un informe sobre el Estado de Derecho en la UE. Desde España se han enviado a la Comisión diversas contribuciones con el fin de explicar a las instituciones de la Unión la situación del Estado de Derecho en España. Aquí nos ocuparemos de una de estas contribuciones, la que remitió Impulso Ciudadano y que puede ser consultada aquí en su versión íntegra y aquí su resumen en inglés.

En el Informe remitido, Impulso Ciudadano da cuenta de la situación de deterioro del Estado de Derecho en Cataluña como consecuencia de la instrumentalización del poder público por parte de los partidos nacionalistas. Se trata de una perspectiva interesante para el conjunto de la Unión, porque pone de relieve que las vulneraciones del Estado de Derecho y de los principios democráticos pueden no ser consecuencia de las actuaciones de las instituciones centrales del Estado, sino de las políticas de entidades subestatales. Estas quiebras del Estado de derecho son igual de graves que las que pueda protagonizar el gobierno de un país; sin embargo, hasta ahora tales actuaciones habían recibido menos atención que las de los gobiernos y demás instituciones centrales. Por tanto, el primer punto de interés en el informe remitido por Impulso Ciudadano es que llama la atención sobre la actuación de estas entidades que operan en el seno de los Estados y que en algunos casos -como sucede en Cataluña- ejercen competencias de gran importancia en relación a los ciudadanos.

A partir de aquí el Informe detalla las quiebras del Estado de Derecho que Impulso Ciudadano observa en Cataluña, agrupándolas en varios bloques. Así, en primer lugar, se pone de relieve que las declaraciones de administraciones o autoridades en el sentido de que no obedecerán las leyes o actuarán al margen de las exigencias constitucionales supone en sí ya una quiebra del Estado de Derecho. No solo resulta incompatible con la sujeción de los poderes públicos a la ley, sino que además introduce un elemento de inseguridad jurídica en el ciudadano, violando este principio. En este sentido, se destaca cómo la mera declaración de la intención de desobedecer por parte de una autoridad pública, incluso aunque no fuera acompañada de actos efectivos de desobediencia, socava el Estado de Derecho. Como es sabido, estas declaraciones sobre la intención de desobedecer y quebrar el marco constitucional son constantes en Cataluña por parte de ciertas autoridades públicas, tal como se documenta en el informe de Impulso Ciudadano.

A continuación, se incide en la falta de neutralidad de las administraciones públicas, que lucen simbología partidista incluso tras haber sido declarada su ilegalidad por los tribunales, también en períodos electorales y en contra de órdenes expresas de la administración electoral. Estas actuaciones de desobediencia ya no solamente implican una quiebra de la obligación de neutralidad de las administraciones, sino también de su deber -esencial en cualquier Estado de Derecho- de obedecer las decisiones de los tribunales y de la administración electoral.

La falta de neutralidad del poder público es aún más grave cuando se llega a una utilización partidista de la policía, que es descrita en el Informe, y a la discriminación por razón ideológica, que ha sido ya declarada por los tribunales, en el caso, por ejemplo, de la expulsión de un colectivo de estudiantes constitucionalistas del directorio de colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es obvio que la discriminación por razón ideológica que ya ha sido declarada por los tribunales es absolutamente incompatible con el respeto a los derechos fundamentales, corazón del Estado de Derecho.

El Informe de Impulso Ciudadano también detalla la utilización partidista de la escuela y de las universidades públicas y dedica un apartado específico al incumplimiento por parte de la Generalitat de la obligación de que una parte de la enseñanza se imparta en castellano. De nuevo una actitud desobediente de la administración que tiene como consecuencia la privación de derechos, en este caso a los niños y jóvenes, fundamentalmente.

La falta de pluralidad de los medios de comunicación es también objeto del Informe, que se detiene en el control que sobre estos ejerce el poder público a través de subvenciones y del reparto de la publicidad institucional. El resultado de ello es que un elemento esencial en el debate democrático, el pluralismo mediático, está en buena medida ausente de la realidad catalana, tanto en los medios públicos como en los privados, por la vía de la sobrefinanciación pública a los medios que comparten las tesis del gobierno nacionalista de Cataluña.

Con ser grave todo lo que se ha explicado hasta ahora, quizás lo sea aún más que la violencia política sea tolerada cuando no amparada por el poder público. Esta violencia se concreta en actuaciones de acoso contra quienes muestran su discrepancia con el discurso nacionalista dominante y que son toleradas por las autoridades. Además, desde el poder público se alientan las protestas violentas y se cuestionan las actuaciones de la justicia contra aquellos que han optado por la violencia como instrumento político.

Finalmente, el Informe de Impulso Ciudadano también se ocupa de la falta de garantías que resulta de que el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges) haya renunciado a defender los derechos de quienes se oponen al nacionalismo, habiendo llegado incluso a pedir las restricciones de ciertos derechos lingüísticos (la comunicación de las administraciones en castellano con los ciudadanos) con el fin de favorecer los planteamientos nacionalistas en el sentido de excluir el castellano de la esfera pública.

En definitiva, el informe que aquí comentamos muestra la gravedad de la situación del Estado de derecho en Cataluña y alerta de que las infracciones de los principios democráticos que sean obra de entidades subestatales han de recibir la misma atención y despertar los mismos recelos que las que son obra de los gobiernos centrales. Basta repasar el informe para darse cuenta de que, si las actuaciones que en él se describen hubiera sido obra del gobierno de un Estado miembro, ya se hubieran puesto en marcha los procedimientos institucionales de la UE pensados para exigir a los Estados miembros el respeto a los principios democráticos esenciales. Ninguna razón hay para que no se haga lo mismo cuando quien perpetra tales vulneraciones es una entidad subestatal.

Ojalá el informe sobre el Estado de Derecho que elabore la Comisión Europea asuma esta perspectiva y alerte de los peligros que para la democracia se derivan de las actuaciones de las entidades infraestatales. Será un paso adelante en la garantía del Estado de derecho en Europa.