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El espejismo de los fondos europeos

Parece que -como ya sucedió en la crisis financiera anterior- nuestro Gobierno vuelve a fiar la recuperación después de la pandemia a la ayuda europea, obviando, una vez más, la necesidad de hacer esas reformas estructurales imprescindibles a la que tan alérgicos son nuestros partidos políticos, con o sin mayoría absoluta.  Aparentemente, seguirán pendientes de abordar cuestiones tan esenciales como la baja productividad de la economía española, la insoportable dualidad de nuestro mercado laboral, la reforma de las Administraciones Públicas, la despolitización y profesionalización de las instituciones, la mejora de la educación o la sostenibilidad del Estado del bienestar y de las pensiones. Pero lo más grave es que estamos a punto de tirar por la borda una increíble oportunidad histórica. Me refiero a los fondos europeos que podrían suponer una inversión de hasta 140.000 millones de euros del fondo de recuperación de la Unión Europea en un periodo de seis años.

Y la razón es que no es posible ocultar las carencias con que nuestros Poderes Públicos se enfrentan al reto monumental de utilizar una enorme cantidad de dinero para transformar efectivamente nuestra economía. Porque sencillamente que nuestro Gobierno, carece de una estrategia digna de tal nombre, carecen de un modelo de gobernanza efectivo e inclusivo y,  de capacidad de ejecución. En definitiva, hablamos de la falta de capacidad del Estado español para enfrentarse con ciertas garantías de éxito a este gigantesco desafío.

Para entender bien el problema mencionemos algunos datos.  Somos el segundo país que más dinero va a recibir de la UE. Pero estas ayudas no son para invertir en lo que el Gobierno quiera ni mucho menos para tapar agujeros (gasto corriente). La finalidad de estos fondos es impulsar la recuperación tras el desastre de la COVID-19 pero, sobre todo, transformar nuestro modelo económico con vistas a un futuro que ya está aquí. Este dinero tiene que invertirse respetando una serie de prioridades estratégicas marcadas desde la UE: energías sostenibles, eficiencia energética, digitalización, educación, economía de los datos, etc, etc.  

Pero la realidad es que España, hasta ahora, ha sido incapaz de ejecutar los fondos europeos de los que ya disponía. En el periodo 2014-2020 España sólo ha utilizado 15.574 millones de los fondos de cohesión, lo que equivale a un 39% del total. Dicho de otra manera; las distintas Administraciones y organismos públicos implicados en la gestión de los fondos europeos han demostrado carecer de suficiente capacidad de ejecución. Es un problema estructural que lleva arrastrándose años. En realidad, es el mismo problema estructural de falta de capacidad que ha puesto de manifiesto la gestión de los ERTES, del Ingreso Mínimo Vital o de los datos de la pandemia.

Sencillamente, nuestro sector público no tiene ni los recursos humanos ni materiales ni informáticos para enfrentarse a un reto de esta magnitud. Que tampoco se improvisan de la noche a la mañana; no hay demasiados atajos para reclutar y/o formar a personas con capacidad y habilidades suficientes, teniendo en cuenta la necesidad de respetar –aunque sea formalmente- los principios de mérito y capacidad en el empleo público. Para tendernos es lo mismo que si pretendemos construir un hospital de última generación sin contar con  el personal sanitario adecuado para atenderlo.

¿Y cómo se soluciona un problema estructural? Pues como es costumbre por estos lares, con un espejismo en forma de norma. Esta vez con un Real Decreto-ley de aprobación de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a transformar la realidad porque así lo dice el BOE. El Presidente del Gobierno habla de una “revolución administrativa”. Pero se trata de una revolución de papel. También en la anterior crisis tuvimos otra revolución parecida, la reforma del sector público del PP (por sus siglas CORA) que nunca pasó de las musas al teatro. Así que diez años más tarde, estamos donde siempre con un sector público desvencijado, envejecido, descapitalizado y politizado. Como contrapunto, es interesante destacar que otros países como Portugal, sí hicieron los deberes y hoy parten con mucha ventaja frente a nosotros, por lo que es probable que gestionen mejor los fondos europeos, como también han gestionado mejor la pandemia.  

Conviene insistir en que el problema más grave no es el de la ejecución presupuestaria, siendo preocupante. De hecho, para acelerarla el borrador de Real Decreto-ley opta por la vía más cómoda: acortar plazos, imponer trámites de urgencia, eludir informes preceptivos, buscar atajos en los procedimientos de contratación administrativa. En fin, el manual clásico del gestor público en apuros que probablemente llevará a gastar más rápido pero ciertamente no a gastar mejor. La cuestión fundamental es que falta un plan estratégico digno de tal nombre y falta también un modelo de gobernanza serio que tenga en cuenta, ya puestos, las capacidades de gestión existentes en el ámbito público. No podemos confundir un plan estratégico con una presentación powerpoint ni un modelo de gobernanza con una comisión o un grupo de expertos más en el Gabinete del Presidente del Gobierno. Las preguntas que tenemos que hacernos, como señala el profesor Jimenez Asensio en su  blog “la mirada institucional” son tres: quien reparte los fondos, a quien se reparten y para qué.

Pues bien, las contestaciones son reveladoras. Reparte los fondos el Gobierno: nada de organismos o de agencias independientes, o, al menos, de órganos de composición mixta técnico-política. Nada de contar con un premio Nobel de economía como el que presidirá la Comisión griega o, en su defecto, de reclutar a figuras de prestigio independientes. Aquí tiramos con lo que hay, ya sea en la Oficina económica de Moncloa o en los Ministerios. La reciente trifulca sobre el papel del Vicepresidente segundo del Gobierno es muy ilustrativa: estamos ante un modelo de gobernanza política puro y duro. Así que los incentivos para el clientelismo y el capitalismo de amiguetes que proliferan en nuestro país en todos los niveles territoriales están servidos.  

Así podemos contestar también a la segunda  y tercera preguntas: probablemente se repartirán a los más cercanos y  para el tipo de proyectos que más les interese a los solicitantes siguiendo criterios de discrecionalidad u oportunidad política. Es decir,  corremos el riesgo de que se reparta el dinero no para los proyectos que más convengan a los españoles sino a los que más convengan a los políticos que los reparten y a los que los soliciten (normalmente grandes empresas y/o grandes consultoras en beneficio de sus clientes). Recuerden el plan E y se hacen una idea.

En conclusión, el problema no es tanto que haya que gastarse el dinero muy rápidamente y no exista suficiente capacidad para hacerlo: el problema más importante es que no sabemos muy bien en qué gastarlo y que se ha diseñado un modelo de gobernanza político fuertemente centralizado que carece de un plan estratégico previo elaborado con la mayor participación posible de las personas que tienen el conocimiento y la experiencia adecuadas, ya procedan del sector público o del privado. Con estos mimbres es muy posible que volvamos a gastar dinero en ocurrencias, en proyectos innecesarios o, peor aún, en proyectos que interesan por motivos políticos o clientelares pero que no responden a intereses generales sino a intereses muy particulares. Lo más desolador de todo es que las cosas podrían hacerse de otra manera para que estos fondos tuviesen un impacto realmente transformador de nuestra economía y de nuestra sociedad.  Pero esto exigiría un esfuerzo riguroso de planificación y un modelo de gobernanza mucho más inclusivo capaz de movilizar los recursos y el talento disponible en la sociedad española, muchas veces fuera de los canales oficiales. Por último, las disfunciones de nuestro modelo territorial y la falta de instrumentos efectivos de “cogobernanza” apuntan en la misma dirección.

No es casualidad que esto suceda cuando nos gobiernan los responsables de comunicación, a los que lógicamente les impresionan más las presentaciones y las palabras que los proyectos técnicos y los datos, siempre más áridos.  El que los temas apuntados no se hayan debatido en el Parlamento español ejemplifica la deriva caudillista de  nuestras instituciones y el vaciamiento de funciones de la sede de la soberanía popular.

El enjuiciamiento de los crímenes del franquismo

El principio de atribución de jurisdicción a través del principio de Justicia universal es conceptualmente hermoso.   La existencia de una normativa supranacional, sostenida en los diversos convenios internacionales sobre derechos humanos y en los Estatutos de los Tribunales Internacionales de Yugoslavia y Ruanda y de la Corte Penal Internacional, animan a la creencia de que no hay límites territoriales ni temporales para el castigo de delitos tan horribles.  Así, cualquier ataque cometido contra el derecho penal humanitario -desde los Juicios de Nuremberg, en 1946- podría ser perseguido por los países que acepten dicho principio y el fin de los crímenes internacionales estaría más cerca.  Además, la creación reciente de la Corte Penal Internacional en La Haya refuerza la creencia en dicho principio de justicia universal. Un entendimiento amplio del mismo permitió a España –por ejemplo- conocer de causas que afectaron a los crímenes cometidos durante las dictaduras chilena y argentina de los años 70 y 80 del siglo pasado, y, incluso, además del caso Pinochet, se posibilitó la condena en España de alguna persona responsable de gravísimos delitos. Pero para que un caso, cualquier caso consistente en un crimen contra la humanidad, genocidio, o crimen de guerra -que son el cuerpo principal de lo que se conoce como derecho penal internacional humanitario-, pueda ser conocido por la jurisdicción española no basta con la existencia de dicho principio internacional de atribución de la jurisdicción.

Para ello, hace falta además que España recoja en su normativa dicho principio de justicia universal, lo condicione o no al cumplimiento de los requisitos que considere oportunos y que finalmente tipifique las conductas en el Código Penal.   No basta para castigar a una persona en España como responsable de un delito de genocidio cometido en el extranjero con mera vigencia del derecho penal internacional.   Para que pueda ser castigado en España será preciso que las leyes españolas, como manifestación de nuestra soberanía, reconozcan el supuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 23) y además que el crimen en particular esté recogido en el Código Penal.  España en relación con el principio de justicia universal ha adoptado desde el año 2014 una posición muy restringida.  Hoy son tantos los requisitos que se exigen para que los Tribunales españoles tengan jurisdicción para el enjuiciamiento de esos delitos internacionales cometidos fuera de España, que se habla por algunos de un nuevo principio de personalidad pasiva, es decir, si la víctima de esos delitos es española entonces existirá jurisdicción y si no, pues no.   En cualquier caso, es importante resaltar que la normativa internacional no sustituye al Código Penal ni a las leyes que el Estado acuerde darse.   Así, España podría hipotéticamente legislar que tiene jurisdicción para estos crímenes internacionales sin la existencia de ningún requisito añadido, o, por el contrario, que no la tiene en absoluto.   Porque el establecimiento de la jurisdicción es una emanación de la soberanía y el alcance de la misma se establece por el legislador nacional.

Pero, además, una vez atribuida la jurisdicción, es preciso que el Código Penal establezca las conductas prohibidas, señale una pena a las mismas e indique de qué manera se recogen en España los delitos que el derecho penal internacional establece con arreglo a sus propias fuentes.  Así, el genocidio cometido en otro país contra un grupo determinado solo será perseguible en España si previamente el legislador ha atribuido jurisdicción para ello y además, solo desde el momento en que la conducta se recoge en el Código Penal y solo con la pena asignada en el Código Penal para dicho delito.   Aunque haya una norma supranacional que establezca que unas conductas son perseguibles se cometan en el lugar donde se cometan, solo serán castigables en España si se establecen dichos condicionantes, que por otra parte son garantías para los ciudadanos, básicamente el principio de legalidad.   Puede ocurrir que España no pueda perseguir esos hechos por no estar tipificados en el Código Penal cuando se cometieron, pero que si puedan ser perseguidos por otros países que si los recogían en sus códigos penales.  Es decir, puede un delito internacional ser perseguido en un país y no en otro, a pesar de la vigencia de una norma internacional supranacional, porque el mismo está o no recogido en los ordenamientos internos de cada país.  Eso está ocurriendo ahora con los crímenes del franquismo, como abordaré a continuación.

Discúlpenme esta introducción breve para situar la cuestión que ahora reaparece en la agenda del Gobierno en relación a la persecución en España de los crímenes del franquismo, hasta el punto de anunciar la creación de una Fiscalía especial creada al efecto para la persecución de tales delitos.    Que los hechos ocurridos en España en los años 40 y quizá también posteriores, serían conforme a la normativa internacional crímenes sancionables yo tengo pocas dudas.   Con seguridad, al menos desde la Carta de Londres de 1945 y de los Tribunales de Nuremberg de 1946, los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad (este delito entró con dificultades en el Estatuto de Nuremberg porque no estaba contemplada con anterioridad la masacre de un estado a sus propios ciudadanos, como ocurrió en Alemania contra el pueblo judío), forman parte del conjunto de conductas internacionalmente prohibidas, como lo es también el genocidio desde la Convención de 1948.

El problema jurídico principal –aunque hay otros- en relación con la persecución en España de los crímenes del franquismo está en la Ley de Amnistía promulgada en España (la Ley 46/1977, de 15 de octubre), aplicable a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”.  Esa amnistía no fue –como en algunas dictaduras sudamericanas- un perdón autoconcedido por el Régimen para dar paso a la democracia.  Aquí se aprobó por las Cortes por una mayoría amplísima (296 votos a favor, 2 en contra y varias abstenciones y votos nulos).  No me resisto a recoger la intervención en defensa de la amnistía del portavoz comunista, Marcelino Camacho defendiendo la Ley de Amnistía: Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?

Entonces, ¿cómo revivir hoy la persecución de esos crímenes amnistiados?.  Hace unos años, el juez Baltasar Garzón intentó abrir desde su Juzgado en la Audiencia Nacional una causa penal para la investigación de esos delitos, y seguidamente el Tribunal Supremo incoó una causa contra él una causa por delito de prevaricación, y más tarde, se abrió Juicio Oral.   El Juez, en su defensa, alegó que se trataban de crímenes permanentes y contra la humanidad y que por tanto ni prescribían, ni les alcanzaba la ley de amnistía.   El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 27 de febrero de 2012 le absolvió, entendiendo que no es posible en España incoar un proceso penal de mera indagación sin la finalidad de imposición de una pena; dijo que entre las causas de extinción de la responsabilidad criminal está la amnistía (art. 112.3 del Código Penal de 1973); señaló que la actuación del Juez fue errónea porque el delito por el cual incoó las diligencias no se introdujo en el Código Penal hasta el año 2004, es decir, mucho después de la comisión de los hechos; que el derecho internacional no es apto según nuestras perspectivas jurídicas para crear tipos penales directamente aplicables por los tribunales españoles; que en España el art. 9.3 de la Constitución Española establece la prohibición de la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables, sin excepciones; y examinó con detalle los límites que establece el principio de legalidad para la persecución de los delitos entre los cuales está el hecho de que si estos delitos son imprescriptibles conforme al derecho internacional, solo lo son en España desde su incorporación al ordenamiento jurídico, siendo esa garantía de irretroactividad un principio reconocido en la totalidad de los tratados internacionales de derechos humanos.  A pesar de esas consideraciones, el Tribunal Supremo absuelve de prevaricación al acusado al considerar que existen argumentos doctrinales que hacen simplemente errónea la conducta del Juez, pero no prevaricadora.

Indudablemente, una causa por los crímenes cometidos durante el franquismo es posible que se incoe en otro país que haya establecido -de acuerdo con su soberanía- que tiene jurisdicción para los crímenes contra la humanidad se cometan donde se cometan, de la misma manera que España se atribuyó jurisdicción en su día para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en Argentina y Chile sobre la base del principio de justicia universal.   Y de la misma manera que España no reconocía como causa de extinción de la responsabilidad criminal las normas equivalentes a la amnistía que se concedieron esos países, tampoco ahora otros países pueden reconocer la amnistía española de 1977.  Pero ese hecho no cambia, en mi opinión, lo esencial: que en nuestro país no puede se pueden abrir causas penales cubiertas por la ley de amnistía de 1977; que el Tribunal Supremo aclaró cuál es el estado de la cuestión de manera que las dudas doctrinales que permitieron la absolución del entonces encomiable esfuerzo del Juez Garzón, hoy no existen en nuestro Tribunal Supremo; y que por tanto, la Justicia española no puede cooperar con autoridades judiciales extranjeras sobre la base del principio de doble incriminación (porque el hecho investigado en el extranjero no es punible en España) para ayudar a castigar a personas que se encuentran en nuestro país por los crímenes amnistiados.

Por ello, a falta de mayores concreciones, quizá relacionadas con la investigación de los niños desaparecidos durante el franquismo, hecho que no parecía cubierto por la Ley de Amnistía, me temo que los anuncios gubernamentales sobre este particular fuerzan demasiado las bases de nuestro derecho sancionador.

Tractor o remolque: Administración Pública y recuperación económica

“La agilidad para resistir y adaptarse «aquí» y «ahora» tiene distintas dimensiones, desde la capacidad de reaccionar rápido a la capacidad de reaccionar con precisión”

(Orkestra, Informe sobre competitividad del País Vasco 2020, Universidad de Deusto)

Preliminar

Hay palabras que adornan el lenguaje, aunque sea con sentido figurado. Una de ella es la de tractor que, cada vez con más frecuencia, se utiliza como adjetivo o cualidad que se predica de determinadas políticas o instituciones que actúan como fuerza transformadora o impulso de proyectos o ideas. La máquina o el vehículo de trabajo agrícola/forestal visualiza fuerza, cualidad física que se identifica por una potencia de tracción. Tal vehículo, unas veces empuja y otras mueve cualquier máquina o remolque adicional por mucha carga que haya de arrastrar. Aunque es lento, el tractor tiene gran capacidad de impulso. Y arrastrar o impulsar es lo contrario de remolcar. Quien impulsa, empuja y conduce, nunca va a la zaga; menos a rebufo.

Tal vez, por este conjunto de atributos, en particular imagino por la lentitud y por sus dimensiones mastodónticas, el adjetivo tractor define muy bien el papel que la Administración Pública debería tener en el largo proceso de recuperación y resiliencia, ejes sobre los cuales la Unión Europea nos marca el camino para intentar salir lo menos damnificados posibles del hoyo en el que esta monumental pandemia nos ha sumergido.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El difundido (y hasta ahora difuso) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España utiliza reiteradamente y en diferentes ámbitos esa expresión (unas veces como “tractor” y en otras como “tractora”), pero en una ocasión lo hace referido al papel que la Administración Pública tendrá (o debiera tener, que no es lo mismo) en ese proceso de recuperación económica, una vez que la pandemia esté controlada, algo sobre lo que la incertidumbre sigue pesando. Así se expresa el citado Plan:

No es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector privado, activando a los sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el conjunto de la economía

Ciertamente, si se analizan las medidas propuestas para que la Administración Pública cumpla ese rol tractor o de arrastre (“palanca” 4), la decepción es inmediata. No hay ninguna concreción y, en el único caso que existe, se nos reconduce a la estabilización del personal interino como gran propuesta modernizadora. Mejor guardar un prudente silencio. Sí que es cierto que se habla mucho de digitalizar, de flexibilizar, y otros verbos que sirvan para modernizar la Administración. Pero, al igual que sucede con las inconcreciones en la gestión del plan, que son supinas (véase el excelente análisis de Enrique Féas), en lo que a la transformación de la Administración Pública respecta sólo se llega a concretar que se aprobará un real decreto-ley (al parecer ya inminente) que modificará (veremos si mucho o poco), según se ha dicho, la legislación en materia de contratación pública, subvenciones, y las leyes general presupuestaria y de régimen jurídico del sector público, con la finalidad de lograr la finalidad imposible de tramitar ágilmente -algo que no hemos hecho últimamente- la gestión de los fondos europeos NGEU que se vehiculen a través de ayudas europeas. No insistiré en este punto, que ya traté en otra entrada, pero alcanzar lo que el profesor Manuel Hidalgo denominó virtuosismo en la gestión, atributo necesario para tener éxito en ese empeño, no se logra por una reforma normativa de urgencia incrustada en el BOE.

No me cansaré de repetirlo: la reforma de la Administración requiere abordar en paralelo y con coherencia tres pilares sustantivos: estructuras organizativas, procesos y personas. Y es un proceso largo, muy largo, lleno de dificultades que se han de vencer. Transformar la Administración Pública exige liderazgo político, coraje y mucho tesón. El ex presidente Mujica se lamentaba amargamente de que uno de sus fracasos de su mandato fue, precisamente, no haber podido llevar a cabo tal reforma. Los muros graníticos de la Administración son a veces infranqueables o inamovibles.

Por tanto, hoja de ruta, tiempo y paciencia estoica si se quieren remover las resistencias numantinas que aflorarán en todo proceso de cambio. Aunque existiera voluntad reformadora, que no la hay, el tiempo corre en contra nuestra. La manida “recuperación y resiliencia” la vamos a tener que afrontar, al menos los primeros años, con este destartalado edificio público que servirá para certificar un más que probable fracaso de gestión de tales fondos, en los nos jugamos que el país no quede más devastado de lo que ya está. Por eso urge, transformar. Sin pausa. Y con pasos efectivos, aunque sean pequeños, no con retórica vacua.

Informe Orkestra: Resiliencia antes, durante y después de la pandemia

De la Administración Pública como necesario elemento tractor de la recuperación también habla un interesante documento que, con el título de Resiliencia antes, durante y después de la pandemia, ha difundido recientemente Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (por cierto, salvo por lo que afecta a los enredos de la cogobernanza , resulta un texto mucho más sólido conceptualmente que el elaborado por el propio Gobierno central, aunque tengan objetos parcialmente distintos).  El documento sintetiza siete ejes estratégicos que deben acompañar en el proceso de recuperación económica. Y, entre ellos, cita concretamente el rol de las administraciones públicas que, entre otras actuaciones, se concretaría en que “deberán ejercer un papel tractor en la generación de nuevas soluciones e innovaciones”. Ahí es nada.

El citado informe apuesta por una noción de resiliencia (otra expresión de aplicaciones variopintas) con mirada al futuro, que se concreta en una evolutiva capacidad de adaptación/transformación y, asimismo, confiere un papel de relieve a las políticas impulsadas desde el sector público y por los diferentes niveles de gobierno o actores institucionales. El Informe también pone el foco en distintos pasajes en los fondos NGEU, y en la necesidad de que “la gran inyección de fondos previstos para recuperación y resiliencia en los siguientes años en el marco del Next Generation EU represente una oportunidad significativa”.

Pero para aprovechar los fondos de forma óptima -nos dice- será “particularmente importante orientarlos hacia inversiones que busquen aumentar la productividad y facilitar las transiciones necesarias de la industria”; es decir, tal como señaló el Gobernador del Banco de España en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, que tengan un efecto multiplicador sobre la economía. Lo demás, será pan para hoy y hambre para mañana.

En este documento se centra en la realidad empresarial vasca y la compara con dos regiones europeas. Incide en la fuerte capacidad de resiliencia del tejido empresarial vasco, generada a lo largo del tiempo; una posición que le ha protegido relativamente frente a un shock de las magnitudes como las que estamos viviendo en esta pandemia de nunca acabar. Aun así, las empresas (más en algunos sectores ya conocidos) están sufriendo lo suyo. Pero la fortaleza (relativa) de la innovación y de la productividad, así como la digitalización y la internacionalización, les ha dotado a algunas de ellas de la capacidad de resistencia y también de adaptación necesarias para afrontar este durísimo shock. No cabe duda que en otros territorios o comunidades autónomas hay emprendedores y tejido empresarial en constante adaptación, que asimismo optan por la innovación y apuestan por la digitalización, productividad e internacionalización. Las Administraciones Públicas deberían aprender de tales modelos de resiliencia y aplicar sus lecciones. Con las modulaciones, pertinentes, sería una buena vía.

Final: La Administración Pública frente a la recuperación económica. ¿tractor o remolque?

La pregunta que surge tras exponer muy brevemente el contenido de ambos documentos es muy obvia: ¿Están actualmente las Administraciones Públicas en condiciones objetivas adecuadas para ejercer esa función tractora o multiplicadora de la economía y cumplir el rol que de ellas se predica? Si no lo están, la oportunidad que se pierda no volverá nunca.

Mi primera impresión, y me encantaría estar equivocado, es que nuestro sistema político-administrativo tendrá dificultades sinfín para dar respuesta cabal a tales desafíos inmediatos. Los retos que vienen son inmensos y el dualismo público/privado sufrirá unas tensiones enormes, puesto que la única característica en la que la aparente tracción pública parece visibilizarse es en la distribución intermediaria de fondos europeos: es el símil del tractor que remolca a la política en su papel de Reyes Magos repartiendo dinero sinfín. Suprimida las próximas cabalgatas, es lo que queda. Los fondos como caramelos. Eso sería un monumental error.

La senda es otra, muy distinta. Esto se ha de tomar en serio y se debe articular un modelo de gobernanza apropiado al contexto: se tienen que identificar proyectos de ayudas de inversión que sean un revulsivo multiplicador de empleos y del crecimiento (la imprescindible digitalización hay que ser conscientes que, como expuso el periodista económico Carlos Sánchez, es un ámbito poco intensivo en generación de empleo, al menos en su primera etapa; más lo es en su parcial eliminación, si la robótica de procesos y la Inteligencia Artificial se afianzan, como todo apunta). Otra cosa es lo que surja luego, pero eso tardará más.

Tales proyectos, además, hay que tramitarlos y gestionarlos adecuadamente, evaluarlos y certificarlos. Fallar en esto es empobrecer el país y a sus gentes. Por tanto, es hora de hacer política pensando en la gestión. La Gobernanza de los Fondos NGEU tal como está recogida en el PRTR es muy pobre en su diseño y planteará problemas. Hay que mejorar ese Plan y concretarlo. A diferencia de lo realizado en otros países (por ejemplo, Grecia), aquí vamos a un modelo político centralizado (sea estatal o autonómico) de reparto de fondos, que -como ya traté en la entrada anterior- puede ser fuente de innumerables problemas.

El Informe de Orkestra aborda en su parte final un tema clave:  Resistir y adaptarse «aquí y ahora». Tendremos que vivir largo tiempo con la pandemia. Y es hora de combinar adecuadamente ambos planos, el de la resistencia o recuperación y el de la adaptación. La mirada cortoplacista de lo urgente no puede tapar la visión estratégica que ahora más que nunca resulta imprescindible. Las organizaciones públicas siguen obsesionadas desde el mes marzo pasado con la contingencia de lo urgente, olvidando totalmente la necesidad de adaptación. Es una política de luces cortas. Carecen, así, de esa capacidad tractora, por mucho que los papeles la prediquen. Y, en los meses inmediatos, no la adquirirán.

La resiliencia cuesta tiempo construirla; la transformación, más. Pero, aun así, los gobiernos deben reaccionar rápido y con precisión si quieren de verdad comenzar a transformar lo público. Y la rapidez no es, precisamente, un atributo público. Una parte razonable de la solución del problema estará en la colaboración público/privada. Pero aquí los conflictos de intereses o el clientelismo pueden florecer por doquier. Hay que andar con pies de plomo.  Poner fuertes barreras preventivas y de control ex post. No trabas.

La solución óptima es disponer de capacidad de reacción. Una Administración estancada y adormecida en la rutina tramitadora y con muy escasa capacidad creativa y de innovación, sólo puede despertar con un liderazgo político que mueva sus adormecidas y rutinarias estructuras y procesos, y que despeje la zona de confort en la que vive la burbuja del empleo público. Únicamente aquellos niveles de gobierno que, junto a los proyectos de inversión, sean capaces de promover o impulsar mejoras graduales vehiculadas a través de programas de transformación, podrán obtener más credibilidad europea y, sobre todo, serán capaces de promover ese efecto de retorno multiplicador sobre el tejido económico, así como sobre la propia ciudadanía, haciendo menos duros los años venideros, que plácidos nunca serán.

El dilema de las Administraciones Públicas (y también de la política) es muy obvio: seguir siendo eterno remolque o pasar a convertirse paulatinamente en un actor impulsor del crecimiento y del bienestar de la ciudadanía. Que cada nivel de gobierno busque su camino. En eso y no en otra cosa consiste la política: establecer prioridades y mejorar la vida de la ciudadanía. Aunque todo esto, con las prisas y el tacticismo chapucero que nos invade, parece haberse olvidado.

Una solución para el bloqueo institucional del CGPJ

Como saben nuestros lectores, desde Hay Derecho hemos seguido con mucha preocupación la situación creada por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (“bloqueo institucional”, según el Gobierno y los partidos que le apoyan) dado que las propuestas presentadas para solucionar este grave problema parecen agravar aún más la politización del órgano de gobierno de los jueces, además de ir en contra de las recomendaciones del GRECO (Grupo Estados Europeos Anticorrupción), la Comisión de Venecia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y demás organizaciones que se ocupan del Estado de Derecho y la separación de poderes, en particular en el ámbito de la Unión Europea.

Así las cosas, hemos decidido desde Hay Derecho dar un paso al frente y preguntar a distintos sectores de la sociedad civil con el fin de recoger soluciones innovadoras. La idea es ofrecer a nuestros políticos algo mejor que el consabido reparto partitocrático en sus diferentes modalidades, evitando así tanto los torpes intentos de reforma fuera del marco de la UE como la cansina argumentación con la que pretenden justificarse. Nuestra premisa, como saben nuestros lectores, es que la elección de los Vocales del CGPJ (12 Jueces y Magistrados y 9 juristas de reconocida competencia) no puede quedar en manos de la clase política y menos reproducir cuotas parlamentarias, como hemos explicado en muchos posts. Pero siempre caben otras posibilidades que podemos explorar y que podrían contentar tanto a los partidarios de la elección de los 20 vocales del CGPJ por el Parlamento como a los partidarios de elección de 12 vocales por jueces y magistrados y de los otros 8 por el Parlamento, tal y como estipulaba originariamente la LOPJ.

La primera propuesta proviene de la Patronal de Televisiones Privadas: ¿Por qué no introducir una modificación en este sistema que lo haga a la vez más popular y acerque la Justicia a la ciudadanía? Lo que proponen es simplemente un sencillo concurso. Pero un concurso de verdad, de los de la tele. El plató sería el propio Congreso de los Diputados, que ya reúne sobrados méritos para ello, dado que muchos diputados tienen una acreditada experiencia como “showman” o “showwoman”: las cámaras les quieren (o las quieren). Se trataría de que los candidatos, bien los del turno de juristas de reconocida competencia, bien los Jueces y Magistrados, realicen una serie de pruebas que podrían pactar los grupos parlamentarios con los medios de comunicación, por aquello de que resulte un espectáculo mediático de interés para todos y todas.

Eso sí, para no aburrir a las ovejas, nada de pruebas sobre conocimientos técnico-jurídicos, que para lo que verdaderamente se les pide casi sobran. Se tratarían de otro tipo de pruebas, que acrediten su capacidad de resistencia ante el asedio una vez caducados sus mandatos, su estabilidad psíquica a la hora de elegir al peor candidato posible para una plaza de Presidente del TSJ o para Magistrado del TS del e incluso, por qué no, sus cualidades artísticas, siempre útiles para entretener al respetable en una sociedad tan mediática y transparente como la que vivimos. Por ejemplo, podrían entonar alguna cancioncilla o improvisar algunos versos, o marcarse un baile o quizás preparar un menú para sus señorías.  Y si la cosa se pone auténticamente reñida, quizás un espectáculo erótico-festivo podría disipar las dudas para elegir a los mejores candidatos y candidatas. Y el que piense que esto puede  llegar a ser un poco humillante es que no sabe bien las cosas que tienen que hacer con el sistema actual los candidatos a vocales.

Cualquiera que reuniese las condiciones previstas en la LOPJ podría presentarse. Las votaciones serían auténticamente populares, es decir, sería el público el que votase a los distintos candidatos en función de sus habilidades. Así no habría problemas de soberanía popular, dado que el pueblo directamente apreciaría los talentos y talentas de los futuros vocales. Y de paso, cambiaríamos el espectáculo lamentable y ya muy visto de intercambio de cromos entre partidos por un espectáculo mucho más original y más simpático, y sobre todo más edificante, que además podría subir los índices de audiencia de las sesiones parlamentarias y, de paso, hacer ganar un dinerillo a las teles privadas con los anuncios a insertar en los momentos álgidos de la competición.

Una segunda propuesta, en este caso procedente de la Asociación Estatal de Okupas, sería intentar evitar todo tipo de votaciones y, apoyándose en el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama la Constitución, amparar aquellas situaciones de ocupación efectiva del Consejo por personas de todo tipo, que, por otro lado, podrían facilitar la Justicia del Pueblo. Unidas Podemos patrocinaba en principio esta posición, pero luego ha reculado al constatar que por esa regla de tres sería difícil echar a los que están ahora, puesto que llevan okupando el Consejo más de dos años después de acabado su mandato y se las saben todas. De ahí no hay quienes les saque. Por eso quizás el PP no ve con malos ojos esta posibilidad, por lo que ha insinuado que podría abstenerse si se hace la propuesta.

Una tercera propuesta proviene de la Fundación Identidad y Diversidad, que estima que el problema no está en la independencia sino en la falta de representación de todas las identidades del pueblo español, lo que ya de por sí traería soluciones más justas: sería preciso un asiento para epicúreos, estoicos. episcopalianos, budistas, Terfs, béticos, terraplanistas, antivacunas, árbitros del VAR y para los turolenses que no existen. El PSOE estaba al principio muy a favor de esta tesis, pero, según fuentes generalmente bien informadas, parece que su interés ha decaído cuando le han comentado que, según cálculos matemáticos, el CGPJ podría llegar a albergar 638 miembros, según las cuentas más optimistas, y ello dificultaría gravemente el control de la institución que es, después de todo, lo que se pretende.

Como Fundación Hay Derecho, no obstante, tenemos del deber de mojarnos en tan grave tema, y todos los editores creemos que la mejor solución es dejar el asunto en manos del Priorato de Sión y los Templarios, que como todo el mundo sabe son los que en realidad dominan el mundo desde las sombras (lo dice gente tan fiable como los de QAnon), y seguro que el Santo Grial, que han mantenido oculto durante siglos, les inspira en esta dura tarea. Eso sí, todo con la máxima transparencia y retrasmitido en prime time por los medios de comunicación y las redes sociales.

 

 

 

 

En el fallecimiento de María Jesús Moya, Fiscal

 

Muchos de los que eligen ser jueces o fiscales realizan los sacrificios de la oposición desde la idea, o desde la ilusión tal vez, de que esas profesiones permiten mejorar la vida de las personas; de que se van a poder evitar los abusos del poder; y de que realmente se va a hacer Justicia.    Estudiamos que dispondremos de un estatuto de protección de nuestra función y que la estructura de la institución –en el caso de la Fiscalía- se orienta al mismo fin al que se dirige nuestra vocación.   Estamos así preparados para luchar contra el delito, para aplicar la ley, para enfrentarnos con los poderosos cuando de lo que se trata es de hacer Justicia.

Fue Stefan Zweig quien apuntó que para este tipo de tareas elevadas el Destino puede colocar a personas de carácter débil fácilmente desbordadas por la responsabilidad a la que se enfrentan una vez toman conciencia de la misma, o, por el contrario, a personas con ánimo y vocación de cambiar las cosas, que en cada nuevo reto encuentran una oportunidad más para mejorar la vida de las personas.   María Jesús Moya, fallecida el día de Navidad, de repente, mientras descansaba en familia, pertenecía a éste segundo grupo.   Jamás se achicó en el ejercicio de su trabajo.   Tampoco fue una “justiciera”, un tipo de fiscal o de juez que yo no admiro en absoluto.  Fue una fiscal sensible, buena persona, rigurosa desde el estudio y muy trabajadora.   Con buen criterio y brillante con la pluma como pueden acreditar estas páginas de Hay Derecho donde realizó espléndidas contribuciones.    Y, sin embargo, su propia institución, el lugar que había elegido para luchar por la vigencia de la ley, acabó quebrándola.

¿Qué ocurrió, cómo es posible?    Stefan Zweig no contemplaba la posibilidad de que esos espíritus poderosos y singulares que describía en su María Antonieta pudieran verse situados frente a un ataque desde el bando propio.   Para eso nadie te prepara.   En un momento dado, un jefe desastroso decidió cambiarle caprichosamente de funciones, ella rehusó y comenzó un proceso que terminó, para una fiscal dedicada a la delincuencia económica, desbordada de asuntos y corta de tiempo para despacharlos, con el expediente más injusto que yo he visto en mi vida profesional.   La sancionó la Fiscal General, y el sentimiento de injusticia que vivió quebrantó muy seriamente su salud, pero no la llenó de odio.   Su bondad le impedía odiar, pero su temperamento –inquebrantable en la defensa de la ley- se rebelaba de impotencia contra la arbitrariedad sufrida, que ella sentía como una suerte de deshonor profesional ya que los detalles de lo ocurrido los conocían ella y algunos más, pero no todos con quienes trabajaba, que solo veían a una fiscal sancionada.  ¡Qué situación para quien, como ella, había consagrado su vida a la Fiscalía, y derrochado su talento para ayudar a otros fiscales!.   Terminó interiorizando el temor a una jerarquía capaz de imponer su voluntad con razón o sin ella.  En esos días me escribía: “cuando te maltratan te rompen el corazón y las emociones.  Van a por nuestra esencia y yo no quiero saber nada porque estos siempre serán los amos.  Quiero ser invisible…”.   De nada sirvió el hecho de que la sanción impuesta fuera revocada en los Tribunales dos años después, que señalaron que no había prueba alguna para sustentar las pretensiones disciplinarias de la Fiscal General del Estado, e impusieron las costas a la Fiscalía.   De nada, salvo para creerse convencida de que había gente sin alma en la jerarquía de la institución que tenía las de ganar incluso cuando abusaban de la ley contra los fiscales.   Se marchó de Madrid y fue a la Fiscalía de Valencia.   Allí tuvo la fortuna de ser acogida por unos fiscales que la empezaron a querer, a respetar y finalmente a hacerse sentir otra vez valorada.   Me siento muy aliviado de que al menos tuviera el reconocimiento de sus nuevos compañeros, y que allí, en un lugar que no era su casa, encontrara un sitio donde pudo volver a ser profesionalmente feliz.    Dejas un gran vacío en la Carrera Fiscal, querida María Jesús.

¡Hagan pública la composición del comité!

Si hay algo que durante la pandemia ha suscitado interés, además de los aspectos relacionados puramente con la salud, es todo lo relativo al comité de expertos que asesora al Gobierno. El ejecutivo guarda con inexplicable recelo casi toda la información de este órgano. El problema de este secretismo es que da pie a rumores acerca de la capacidad de los miembros de este comité. Por otra parte, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué tipos de personas se encuentran asesorando al Gobierno, en un tema tan sensible como este. Ahora bien, ¿por qué? Pues debido al principio de transparencia de la actividad pública, el cual se regula fundamentalmente en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Hay que destacar que dicha norma desarrolla un mandato constitucional que proviene del artículo 105 b), según el cual una ley debe regular «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos». De esta manera, la ley de transparencia, en su primer título, distingue entre la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero impone a determinados sujetos la obligación de publicar de oficio una determinada información, mientras que el segundo permite a todas las personas solicitar acceso a la información pública. En este sentido, ya se instó al Gobierno que facilitara «el número, el nombre y los apellidos de los expertos», lo que se denegó, aludiendo «que se trata de personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo, según la normativa vigente». No obstante, se acudió al Consejo de Transparencia, y éste desestimó las alegaciones del Ministerio de Sanidad, dándole un plazo máximo de 10 días hábiles para que remita el «Número, nombre y apellidos de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública».

Lo mencionado anteriormente está recogido en la Resolución 584/2020 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En dicha resolución se recuerda que uno de los criterios interpretativos, del año 2015, ya recogía que el artículo 15 de la ley de transparencia, establecía el sistema de protección de datos de carácter personal, y debe concluirse que la información solicitada solo comprende datos meramente identificativos relacionados con el órgano, independientemente si ostentan o no un alto cargo. Así que, en este caso, prevalece el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, la resolución del Consejo de Transparencia no es vinculante, por lo que parece que el Ministerio hará lo que dicten sus servicios jurídicos. Pese a ello, tal y como se recoge en el artículo 24.1, todavía cabe recurrir a la vía contencioso-administrativa, cuya resolución sí obligaría al Gobierno. Por eso es importante preguntar, ¿qué más razones hay para que el Ministerio de Sanidad facilite información de este comité?

Si la negativa del ejecutivo se fundamenta en la protección de datos, coherentemente habrá que examinar lo que dice al respecto la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su artículo 9, en consonancia con el reglamento europeo, prohíbe el tratamiento de los datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico del interesado. Algunas de estas categorías (ideología, afiliación sindical, religión o creencias) son recogidas también por el propio artículo 15 de la ley de transparencia, en cuyo caso será necesario el consentimiento de los titulares para facilitar información relacionada. Ahora bien, ¿la mera identificación de los miembros de un comité de expertos choca con alguno de esos límites? Es obvio que no, por lo que debe aplicarse el artículo 9.2 de la ley de transparencia, y conceder el acceso a la «información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano». Asimismo, el 9.3 establece los criterios de ponderación que el órgano en cuestión debe tener en cuenta a la hora de conceder el acceso, cuando se trate de datos que no se consideren especialmente protegidos. En este sentido, el segundo de estos criterios otorga cierta importancia al modo en el que se justifique la petición de acceso. Por consiguiente,  la pregunta es: ¿por qué deben conocerse más elementos de este comité?

La propia ley de transparencia en su exposición de motivos señala que: «Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan (…) podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos». Es necesario subrayar ese “solo” inicial, dado que en este caso el Gobierno evita hacer pública la composición de un comité que influye decididamente en las acciones del Gobierno. Por lo tanto, se impide a la ciudadanía conocer cómo se están tomando las decisiones, que además tienen una incidencia directa en la vida de la mayoría de personas.

Aunque el Gobierno es quien debe asumir la responsabilidad de las decisiones que se están tomando, lo que se desea conocer es la capacidad de las personas que le asesoran. Por esa razón, cabría plantear incluso otra posibilidad. No es necesario hacer público los nombres y los apellidos de los miembros del comité. En realidad, la importancia de esos datos no deja de ser relativa. Podría plantearse una solución intermedia que quizá satisfaga a la mayoría. ¿Cuál? Recurrir a una especie de disociación y publicar, al menos, los estudios, méritos, experiencia y otros aspectos relevantes de cada persona que forma parte de ese comité. Se trata de que al menos se tenga la oportunidad de valorar sus capacidades, puesto que en estos momentos están ejerciendo un considerable poder que, pese a su excepcionalidad, no cuenta con la legitimidad suficiente.

El insólito discurso del Rey

Y

 

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI ha sido el más raro, extraño o desacostumbrado, utilizando las acepciones que de la palabra “insólito” ofrece el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que ha pronunciado en sus siete difíciles años de reinado. Y yo diría que es quizás el más insólito discurso que un Rey de España ha pronunciado desde la restauración de la Monarquía. No importa quién fuera el Monarca. Rebobinemos. El Rey Juan Carlos abdica la Corona porque su conducta desde la cacería en Botsuana y el descubrimiento de su relación con Corinna Larsen no resultaba ejemplar, y mucho menos conveniente, en un país azotado por la crisis económica. Pero nadie podía imaginarse la magnitud de lo que, a partir de entonces, iría aflorando. Y lo que ha salido a la superficie, en forma de comisiones y cuentas opacas en paraísos fiscales, ha sido lo bastante grave como para que haya tenido que intervenir la fiscalía y la Agencia Tributaria para intentar esclarecer esa conducta que, por lo que vamos sabiendo, se remonta a los inicios del reinado de Juan Carlos I.

 

Todos los partidos independentistas catalanes y vascos, sin excepción ni matices, así como Podemos y sus marcas afines, aprovecharon esa extraña situación para salir en tromba pidiendo un cambio constitucional que diera paso a una república y al derecho de secesión de las distintas naciones que, según ellos, se compone España. O sea, que en el año de la pandemia e inmersos en una crisis económica sin precedentes de la que no sabemos todavía cómo saldremos, esos partidos plantean, nada menos, que el debate sobre un cambio de régimen. Y no se trata solo de un wishful thinkin más o menos retórico, no. De retórico, nada. Ese debate se plantea desde uno de los partidos que gobiernan España en coalición con el PSOE, por un lado; y, por otro, desde dos partidos (ERC + PNV) que gobiernan en las autonomías de Cataluña y Euskadi. Si no fuera porque los abuelos se mueren a chorros por el COVID 19, gritaría ese dicho tan castizo de que “éramos pocos, y parió la abuela”.

 

Todos aquellos que aprovechan estos momentos de tanta incertidumbre para intentar derribar la Constitución, esperaban del Rey Felipe VI que se refiriera en el discurso de anteanoche a la conducta de su padre, el Rey Juan Carlos, para salir como lobos aullando contra él, dijera lo que dijera. El Rey, pues, habló por elevación, que es como debe referirse un Jefe de Estado a los temas controvertidos, aquellos en los que las opiniones de los ciudadanos están muy divididas. El Rey no puede ponerse al lado de unos u otros. Es el Rey de todos los españoles. El Rey es imparcial y debe recordar, como lo hizo, el papel de la Corona, y el suyo como Monarca, en el juego de fuerzas constitucionales.  Y lo hizo bien. Tampoco debía, y desde luego no cayó en esa trampa, entrar en los reproches y descalificaciones familiares, como si de un patio de vecindad se tratara. La conducta pública del Rey Juan Carlos la juzgará la historia; y su conducta privada, de forma más inmediata, los Tribunales o la Agencia Tributaria.

 

El discurso del Rey, que es el jefe del Estado según el artículo 56 CE, fue, en mi opinión, como un encaje de bolillos para decir todo lo que debía decir sin ofender a nadie: “Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me refería a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepción; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”. ¿Qué más querían que dijera? ¿Acusar a su padre cuando no está ni siquiera imputado? El Rey Felipe VI se propuso, desde el inicio de su reinado, ser un rey ejemplar, alguien en cuya conducta, y en la de su familia (su mujer y sus hijas), pudiéramos mirarnos. Y, desde luego, no con palabras sino con hechos (retirar la asignación al Rey Juan Carlos y renunciar a sus posibles derechos hereditarios), está cumpliendo con pulcritud exquisita y sinceridad lo que prometió.

 

Y también en el discurso el Rey se dijeron otras cosas con pocas palabras. Reconoció, implícitamente, el papel trascendental del Rey Juan Carlos en el desmantelamiento del franquismo, la reconciliación nacional y el advenimiento de la democracia y de las libertades que instauraron nuestra Constitución. “Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar y que en nuestros días es el fundamento de nuestra convivencia social y política, y que representa en nuestra historia un éxito de y para la democracia y la libertad”.

 

Aún así, el discurso de Nochebuena del Rey Felipe fue un discurso insólito, se salió de los parámetros de la normalidad (la pandemia, la crisis, los jóvenes…) porque, por un lado, tuvo que recordar que la Constitución de 1978, garantía de la democracia y de la libertad, debe ser respetada por todos; y, por otro, dejó claro explícitamente que hay principios éticos y morales que nos obligan a todos. En su reciente libro “Por qué soy monárquico” (Ariel), Sergio Vila-Sanjuán, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2020, ha escrito: “La monarquía constitucional lanza sobre el panorama político un mensaje de moderación, continuidad y equilibrio. Por eso los radicalismos, los populismos y los totalitarismos constituyen hoy sus principales adversarios”.  El mensaje del Rey tuvo esos ingredientes: moderación, continuidad y equilibrio. Y por ello, los radicales, populistas y totalitarios intentan descuartizarlo.

 

 

¡Feliz Navidad!

En este difícil año hemos comprobado más que nunca la importancia de la familia, de los amigos y de cuidarnos entre todos. Os deseamos que, en lo posible y con las precauciones debidas, podáis disfrutar en estas fiestas navideñas de vuestros seres queridos.

🎄 Gracias por todo el apoyo que nos dais cada día 🎄

Cómo gestionar la crisis institucional de la Corona

No es fácil distinguir entre personas (el rey emérito Juan Carlos I) e instituciones (la Corona española) cuando estamos tratando de una institución de carácter esencialmente personalista dado su carácter hereditario y fuertemente simbólico. Además, en el caso español este carácter se ha visto indudablemente reforzado por el origen histórico de nuestra democracia –conviene no olvidar que el rey emérito tenía los mismos poderes que Franco cuando le sucede a su muerte como Jefe del Estado a título de Rey- y por el importantísimo papel personal desarrollado en los primeros años de la Transición por D. Juan Carlos, que fue mucho más allá de lo habitual en una monarquía parlamentaria ya consolidada. La culminación de este importante periodo fue, como es sabido, el papel que desempeñó el rey emérito el 23-F.

A partir de ahí, al parecer, cumplida su misión histórica con éxito, D. Juan Carlos se dedicó a otras cosas; entre ellas, por lo que se ha visto, a ganar mucho dinero de forma poco transparente, por decirlo de una manera elegante. La confusión de la vida privada y pública en estos años –al menos en lo que se refiere al supuesto cobro de comisiones y recepción de donativos y regalos varios lógicamente vinculados a su condición de Rey- es ahora evidente, una vez desaparecida la protección y el manto de silencio con que los partidos mayoritarios y los medios de comunicación ampararon estas conductas que no podían desconocer dados los signos externos, por utilizar una terminología jurídica.    

Pretender que esta conducta privada o personal no afecte al prestigio de la institución ni salpiquen al actual Rey –cuya conducta personal por ahora es claramente mucho más institucional y, valga la expresión, “profesional”- es ciencia ficción, especialmente entre las nuevas generaciones que no conocen bien el papel histórico del rey emérito ni vivieron la Transición. Por otro lado, también es obvio que hay intereses políticos evidentes en atacar a la Corona como clave de bóveda del sistema constitucional de 1978 y símbolo de la unidad territorial española por parte de los partidos separatistas con el apoyo entusiasta de Podemos en su peor vertiente populista. Claro que lo que ofrecen como reemplazo tranquiliza poco desde el punto de vista que importa, que es el funcionamiento de la Jefatura del Estado: viene a ser una especie de confederación repúblicas iliberales locales con patente de corso para el Presidente de turno. Y es que no es casualidad que, al paso que vamos, veamos antes al rey emérito en un juzgado que al ex President Pujol, cuyo enriquecimiento patrimonial inexplicable y andanzas fiscales siguen durmiendo el sueño de los justos.    

Dicho lo anterior, me parece que es urgente ponerse manos a la obra y coger el toro por los cuernos. Se trataría, en mi opinión, de realizar un desarrollo del título II de la Constitución mediante una Ley Orgánica de la Corona. Que la iniciativa partiese de la propia Corona, aunque fuera en forma de sugerencia, sería una buenísima noticia, dado que -al parecer- el Gobierno tiene miedo de plantear esta posibilidad habida cuenta de la composición del Parlamento.

Y. sin embargo, nada sería más sano democráticamente que tener un debate en profundidad en la sede de la soberanía popular sobre la Jefatura del Estado; no tanto sobre su forma (puesto que para eso habría que reformar la Constitución), sino sobre su fondo, que debe de ser idéntico sea el Jefe del Estado un Rey hereditario o un Presidente electo. Cuestiones tales como la transparencia, la distinción nítida entre lo público y lo privado (no quiere decir que el rey no tenga derecho a una vida privada, pero parece razonable, por ejemplo, que el Gobierno sepa si está en un viaje privado, dónde y hasta cuándo), el presupuesto, la composición de la familia real y sus funciones (no es lo mismo la familia del rey que la familia real), la cuestión de los títulos honoríficos, las consecuencias de posibles divorcios (estamos en el siglo XXI) o, incluso, la cuestión de cómo interpretar razonablemente la inviolabilidad que se le concede constitucionalmente al Rey en el art. 56.3 de la Constitución.

Todas esas cuestiones podrían tratarse perfectamente en una norma de estas características, precisando por ejemplo que la inviolabilidad afecta a los actos y funciones que le son propios como Jefe del Estado siempre que vengan refrendados por el Presidente del Gobierno y los ministros competentes ( art. 62 de la CE), que se convierten en responsables de los mismos según el art 64.2. De esta forma, quedaría claro que el Jefe del Estado no está por encima de la Ley –como no lo está nadie en un Estado de Derecho-, lo que aclararía una cuestión esencial más allá de la interpretación realizada hasta el momento por el Tribunal Constitucional, que entiendo que no impediría una concreción de los supuestos de inviolabilidad vía Ley Orgánica. Podría tomarse como modelo la regulación existente en otras monarquías constitucionales.

En definitiva, creo que sería muy importante que cambiemos los debates a golpe de tuit en redes sociales y tremendamente sesgados en la mayoría de los medios de comunicación sobre la Corona por un debate serio y riguroso en el Parlamento con ocasión de una Ley Orgánica de la Corona que permita corregir los errores propiciados por su falta de regulación y por las circunstancias históricas y que construya una institución realmente moderna y funcional para el siglo XXI. Porque, efectivamente, la Jefatura del Estado es la clave de bóveda de la democracia liberal representativa que instaura la Constitución de 1978 y que, pese a todos sus defectos, es una historia de éxito indudable. Lo que no quiere decir que no haya que reformarla y adaptarla a las necesidades que hoy tenemos, pero sin destruir lo mucho que hemos conseguido.