Capítulo 11.- Instituciones Políticas Básicas (I).

Con este capítulo comienza una revisión en la que distintas instituciones españolas serán examinadas en busca de indicios de su mejor o peor situación actual. No podrán ser todas, ni el examen demasiado profundo; pero espero reunir al menos una buena muestra y obtener lecciones claras de lo que sucede en la vida institucional de nuestro país. Comenzaré por aquellas de mayor carácter político, cuyo componente personal es el de mayor relevancia: la Jefatura del Estado, las Cámaras Parlamentarias y los Gobiernos.

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PALABRAS CLAVE:  ACTUACIÓN INSTITUCIONAL; CÁMARA; CONGRESO; CORTES GENERALES; CORONA; GOBIERNO; JEFE DEL ESTADO; MONARQUÍA PARLAMENTARIA; PARLAMENTO; SENADO.

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a) Jefatura del Estado.

En mi libro sobre los “Límites del Estado” presenté la consolidación de la Monarquía constitucional española en la Transición Democrática como un caso de éxito; permítanme comentar ahora por qué.

 

Un caso de éxito

La personalidad del Rey Juan Carlos I y su papel jugado a partir de algo tan delicado como su “doble legitimidad” ameritaron esta calificación. Tras su abdicación (2014), su hijo Felipe VI superó con prudencia y valentía los problemas de la familia real y afrontó la crisis catalana (2017) de forma impecable. De ahí mi calificación positiva y las cuatro conclusiones ofrecidas hace casi dos años:

  • La actuación institucional exige más que meras formalidades.
  • Las normas no escritas de las instituciones tienen gran valor.
  • La adhesión a las reglas institucionales en las crisis es vital.
  • Hay decisiones personales capaces de regenerar una institución.

Los dos monarcas que hemos tenido hasta la fecha han actuado institucionalmente con gran corrección, usando su independencia de criterio cuando era necesario y aceptando las indicaciones de otros órganos del Estado cuando eran procedentes. Su órgano de apoyo, la Casa Real, es ampliamente transparente (véase en Internet “casareal.es”).

Si nos fijamos en la Constitución, encontramos que a la Corona le corresponde, entre otras cosas:

1º) Simbolizar la unidad y permanencia de España y representar idealmente a todos los españoles.

2º) Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Son funciones obviamente difíciles de reglamentar, por lo que las normas no escritas de la institución tienen singular relevancia. Hasta ahora, la Corona las viene ejerciendo con exquisito respeto a la lógica institucional que las sustenta, tanto en el aspecto simbólico como en el de arbitrar y moderar las demás instituciones con las que interacciona habitualmente.

Lo cual le obliga a aceptar, p. ej., contenidos en sus discursos ordinarios procedentes del Gobierno, particularidad por lo demás común a las monarquías constitucionales.

Dicho de forma sintética, La Monarquía parlamentaria de la España democrática ha logrado la adhesión popular y ha ayudado a mantener la convivencia principalmente porque:  a) aporta instrumentos de gran valor en situaciones graves, como el intento de golpe de Estado de 1982 o la declaración de independencia de Cataluña de 2017; y b) en la vida ordinaria abre canales de entendimiento “despolitizados”, como los despachos periódicos con el Presidente del Gobierno, o los discursos y otras actuaciones formales del Monarca, que destacan lo que nos une a los españoles por encima de las agresivas políticas partidarias actuales.

 

Señales de alarma

Últimamente están apareciendo señales de alarma preocupantes:

  • En las consultas de investidura del nuevo presidente del Gobierno en 2019, varios partidos declinaron su asistencia ante el Jefe del Estado. Fue una conducta sin efectos prácticos, con infracción del art. 99,1 C.E. y daño simbólico al Rey.
  • La formación de un Gobierno de coalición apoyado en un grupo partidos de ideología republicana está actuando de caja de resonancia y amplificando el debate jurídico-político de las faltas de ejemplaridad del Rey abdicado Juan Carlos I.
  • En un viaje del Rey Felipe VI a Bolivia el año 2020, el Vicepresidente segundo del Gobierno desarrolló e hizo pública su propia agenda fuera de los fines institucionales de la visita, contradiciendo principios diplomáticos básicos y dañando conscientemente a la institución monárquica que, por cierto, este vicepresidente quisiera ver desaparecer de nuestro país.

Llueve sobre mojado. Aprovechar unas instituciones para dañar a otras empieza a ser moneda de uso común en nuestro país. A lo cual se añade que las faltas de respeto a la Corona vienen siendo practicadas impunemente desde hace tiempo en algaradas callejeras en contra de Rey, con quemas de su retrato o efigie, abucheos y burlas de todo tipo. Trasferir estas conductas a las instituciones es sumamente deplorable.

 

Rupturas de la lógica institucional.

Todas las justificaciones que se dan a estos comportamientos utilizan una clara lógica política del tipo “el fin justifica los medios”, que es todo lo contrario de la lógica institucional. Ésta exige la lealtad recíproca entre instituciones y un respeto mutuo constante y sincero. La prevalencia de la primera sobre la segunda es un defecto creciente de nuestro sistema de gobierno.

Los ingresos, donaciones y gastos millonarios del Rey Juan Carlos I, que se están descubriendo últimamente, han impactado en la opinión pública. Durante su etapa de rey en activo, estaba amparado por la inmunidad constitucional del art. 56,3 C. E.; pero, tras la abdicación, esta cobertura desapareció, transfiriéndose a su sucesor. La lógica de la inmunidad está clara: es un privilegio unipersonal del Rey, encaminado a sostener la dignidad de la Corona, que se acaba con la abdicación. Por tanto, hay que aplicarla, tanto si gustan como si no los resultados a que nos lleve.

En este punto suele traerse a colación la necesaria ejemplaridad de los titulares de la Jefatura del Estado. Tal necesidad es cierta, pero la institución, no se olvide, es “la Corona”. La lógica institucional es tan rigurosa como ajena a cualquier tipo de relaciones familiares o afectivas que afecten personalmente al actual Rey Felipe VI.

Quien quiera observar la institucionalidad formal de la Corona española no tiene más que visitar el sitio de Internet “casareal.es”, ejemplo de transparencia e información pública. Quien busque la realidad de la vida política acudirá a los medios de comunicación y las redes sociales.  En ambos casos deberá estar prevenido contra la “medias verdades” y las “fake news”, tan comunes hoy día, fáciles de concentrar en el monarca.

 

b) Parlamentos.

En España causa una cierta sorpresa tener que hablar de “los Parlamentos”, en plural, pero así es. Las asambleas legislativas autonómicas tienen la misma naturaleza en su ámbito de competencias que la Cortes Generales en el suyo. Veámoslo, comenzando por las dos Cámaras de las Cortes.

 

El Congreso de los Diputados

Desde la Transición Democrática, el Congreso está plenamente integrado en nuestra vida institucional; y no sólo eso, sino que tiene ya asentada su propia personalidad como cámara de representación popular, manifestada sobre todo en las sucesivas elecciones del presidente del Gobierno de España.

Hasta la última serie de elecciones, los españoles teníamos un cómodo turno de partidos entre el PSOE y el PP. Tras la crisis económica 2007-2015, el Congreso se fraccionó, surgieron gobiernos de coalición, se aprobaron mociones de censura y el Congreso asumió con naturalidad la nueva situación.

Permítaseme llamar la atención sobre un hecho inesquivable: las negociaciones y alianzas de gobierno, en las tres últimas elecciones al menos, se votaron en el Congreso para confirmar lo ya acordado por los partidos. Los discursos en la tribuna de oradores no estaban hechos para convencer a nadie. Desde luego, a la hora de votar, todos los diputados estuvieron en sus puestos y cumplieron lo ordenado. La partitocracia, ya dominadora de todas las decisiones importantes, se mostró sin careta: en el Congreso sólo se formalizaban las decisiones.

 

Libertad de mandato

En este punto conviene recordar que nuestra Constitución prohíbe el mandato imperativo de diputados y senadores en un precepto, el 67,2, que nada parece importar. Hoy, cuando las negociaciones entre partidos se atascan, todo se va en llamadas al diálogo, ¡al margen de las instituciones parlamentarias! Así se ha hecho, p. ej., en la “cuestión catalana“, con una mesa de igual a igual entre Gobiernos, o en la gestación definitiva de la coalición actualmente gobernante.

El derecho de participación política, por su parte, ha dado lugar a una clara jurisprudencia constitucional sobre este asunto:

En diciembre de 2017, el Pleno del TC anuló parte del art. 197.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en una cuestión de inconstitucionalidad procedente de Canarias, declarando desproporcionadas las restricciones impuestas a la función representativa de los diputados que abandonaran su partido de origen y, con él, su disciplina.

En los supuestos apuntados, y otros que cabría añadir, la conclusión es clara: el valor de las instituciones decae rápidamente con tales prácticas. Puede que el dominio absoluto de los líderes de los partidos parezca positivo desde la lógica política; pero lo que no es, desde luego, es un comportamiento “institucional“, respetuoso con la lógica de la participación democrática. Recuérdese que, según ella, los parlamentarios electos representan a la nación como un todo y responden sólo ante el cuerpo electoral, no ante sus jefes de partido.

 

Autocontrol de la agresividad.

Quien habla de la prohibición constitucional del mandato imperativo, habla del control de la agresividad en las Cámaras parlamentarias. La política actual, en su constante búsqueda de impactar a la opinión pública, está introduciendo conductas inadmisibles en esa sede. No se trata de una simple cuestión organizativa; se trata de que, al buscar por el medio que sea la foto o el titular que dañe al enemigo político, se daña a una institución dedicada precisamente a buscar entendimientos.

Provocar a una persona es relativamente fácil, a poca pasión que se ponga en un debate. La lógica política está clara: si se consigue que el rival pierda los nervios, los votantes se alejarán de él. Las reacciones humanas ante la agresividad ajena son perfectamente previsibles; por eso las instituciones tienen que erradicarla. En la “buena” lógica parlamentaria de hace tiempo, se usaban muchas convenciones para ello: no interrumpir, referirse al título o cargo, no al nombre, del oponente, etc., que están desapareciendo a una velocidad pavorosa.

En España acaba de ser noticia un video emitido en Internet por varios diputados de distintos partidos en favor de disminuir la agresividad de los debates. Tres días después de hacerse público, llamados al orden por sus jefes de filas, dos de ellos ya se han dado de baja del grupo y todos han comenzado a referirse al video como una mera “expresión de buena voluntad” carente de compromisos.

 

En especial, los asaltos al Parlamento

Los asaltos a las Cámaras Parlamentarias están de plena actualidad, tras el inesperado asalto al Capitolio norteamericano de enero de 2021, alentado públicamente por el presidente Donald Trump. En este caso, la facilidad con que se despierta la agresividad humana se comprobó de primera mano: bastó con que Trump exhortara a sus partidarios a “dirigirse al Capitolio” para que miles de personas lo invadieran violentamente, teniendo que evacuarlo los diputados y senadores que estaban en sesión.

En España, aparte del golpe de Tejero de 1982, se han producido en 2012 y 2016, diversos llamamientos a la población bajo el lema “Rodea el Congreso”. Efectuados por grupos radicales en momentos de actividad de la Cámara, fueron secundados por una multitud de personas manifiestamente agresivas, solo contenidas por las importantes instalaciones antidisturbios erigidas en la Carrera de San Jerónimo y aledaños. Dirigentes parlamentarios de izquierda y del partido “Podemos” calificaron entonces estos hechos de “normalidad democrática”; lo acaban de reafirmar estos días;  ¿Lo son?

No, no lo son. La normalidad democrática incorpora, ciertamente, el derecho fundamental de manifestación pacífica y sin armas, pero este derecho debe ejercerse respetando el también fundamental derecho a la participación política de los congresistas y la inviolabilidad parlamentaria. La lógica institucional de ambos derechos combinados impide a los manifestantes tanto “bloquear” el Congreso, impidiendo la entrada y salida en él, como “asaltarlo”, obstaculizando el normal desarrollo de su actividad.

El artículo 77,1 C.E. ha sido muy previsor al prohibir terminantemente que el Derecho de petición a las cámaras legislativas trate de realizarse mediante su “presentación directa por manifestaciones ciudadanas”. Y el Código Penal construye una razonable coraza protectora de los Parlamentos españoles en su sección dedicada a los “delitos contra las instituciones del Estado”.

Sin entrar en mayores detalles, nos encontramos en un caso en que tanto la lógica institucional como la normativa dan una solución que los políticos actuales prefieren ignorar. Una manifestación controlada, que no llegase a afectar el funcionamiento del Congreso, no tendría suficiente impacto ante la opinión pública y nunca les satisfaría. Su forma de pensar les exige alterar el orden público y solo atienden a la lógica política de la acción. Lo cual es muy peligroso para la convivencia democrática.

En el fondo, la inaplicación de la lógica institucional se produce, en este caso como en todos, al optar por otras lógicas incompatibles con ella. Normalmente se trata de la lógica política -que lleva a derrotar al contrario por el medio que sea, incluidos los desórdenes públicos-, pero puede ser cualquier otra, como la organizativa -que busca más recursos para el aparato del Estado- o la económica -que demanda ingresos para el partido o sus miembros-. Mi insistencia en este punto deriva del hecho crucial de que, a través de un reforzamiento de la lógica institucional allí donde se haga patente su necesidad, es posible conseguir una reacción de la inteligencia colectiva para evitar que continúe la degradación institucional hoy observable (volveré sobre ello en nuevos capítulos).

Evidentemente, nuestros parlamentos tienen mucho que hacer en este aspecto; veamos de momento lo que ocurre en la Cámara Alta.

 

El Senado

El Senado ha tenido un papel relevante en 2017, en la aplicación del art. 155 C.E. a la Generalidad de Cataluña para suspender sus poderes estatutarios; ahora bien, se trataba de un Senado con mayoría absoluta del partido en el gobierno, el PP, por lo que no puede decirse si la voluntad emitida es realmente de la institución o continúa siendo del partido. Lo cierto es que, en la gran cuestión española que es el independentismo catalán, la “Cámara Alta” ha tenido poco protagonismo.

En realidad, el Senado español no se ha institucionalizado ni como cámara territorial ni como cámara de segunda lectura. Lo primero, que es lo que señala la Constitución (art. 69,1), porque, pese a usar listas abiertas en sus elecciones, los partidos siguen controlando las candidaturas.  Y, lo segundo, porque las “segundas lecturas” tienen escasa relevancia en nuestro país. Como resultado, el Senado no ha desarrollado una lógica institucional propia. Por ello y otras razones, el Senado ha caído en un limbo que lo hace casi inútil; a mayor abundamiento, se oye hablar mucho de su reforma o supresión, lo que en nada ayuda a revitalizarlo. En fin, desde la perspectiva institucional, la “Cámara Alta” está bastante desdibujada.

Sirva de muestra la insulsa declaración, suscrita por su pleno el 17/nov/2020, “por una sanidad digna en el medio rural”, repleta de generalidades, disponible en Internet. Presentada como una respuesta a la pandemia del COVID-19, en ningún punto acredita un buen conocimiento del problema o aporta alguna solución.

 

Parlamentos autonómicos

Los Parlamentos autonómicos son unicamerales y ejercen la potestad legislativa y la función de control del Gobierno en su territorio y materias de su competencia. Una primera observación es que la desmesurada legislación autonómica podría (¿debería?) ser inferior en número y superior en calidad. Pero vayamos a lo nuestro; como observadores, ¿podemos hacer algún tipo de balance sobre ellos?

 

Perspectiva político-jurídica

Desde la perspectiva política, un posible balance sería el siguiente:

En el lado positivo figura: a) los partidos están bien adaptados a su territorio; y b) sus líderes tienen un grado de conocimiento elevado entre sus ciudadanos. La voluntad política autonómica se forma democráticamente.

En el negativo debe apuntarse: a) los partidos nacionalistas tienden a usar los Parlamentos autonómicos para influir en la política nacional; y b) el sistema autonómico nos está llevando a una notoria inflación legislativa.

Jurídicamente debo destacar que, mediante sus Estatutos de Autonomía, las instituciones autonómicas se incorporan a la Constitución. No es extraño, pues ése es su ámbito normativo natural; lo destacable es la existencia en España del “bloque de la constitucionalidad” que “eleva el rango” de los Estatutos autonómicos. Este bloque, emergido del art. 28,1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, actúa como canon de conformidad con la Constitución de las leyes competenciales estatales o autonómicas y las “blinda” contra modificaciones improvisadas.

 

Perspectiva institucional

Desde la perspectiva institucional, las Comunidades Autónomas están mostrando síntomas preocupantes de un entendimiento exagerado del “derecho a ser diferente“, que les hace perder amplitud de miras y adoptar posiciones insolidarias con las demás tierras de España.  Así sucede, p. ej. en Aragón y Castilla-La Mancha con las cuestiones relativas a los trasvases del Ebro y del Tajo.

Con carácter general, resulta un tanto sorprendente el hecho de que, pese a que se habla mucho de “lealtad institucional“, los Parlamentos autonómicos no están poniendo nada de su parte para impulsarla. Podrían hacerlo, bien en la función de control de sus gobiernos, bien por iniciativa propia, recordando la necesidad de cooperar con las demás Comunidades Autónomas en asuntos de interés común. Pero, como ya he apuntado, la promoción de entendimientos voluntarios no parece una tarea prioritaria de ningún Parlamento.

 

c) Gobiernos.

La acción de gobernar

En paralelo con las cámaras parlamentarias, también tenemos que hablar de los gobiernos en plural, es decir, del central y los autonómicos.  Ahora bien, en este caso no parece necesario entrar en mayores distinciones entre unos y otros. Todos los gobiernos hacen lo mismo: gobernar; lo que ocurre es que unos se dedican a la política nacional y otros a la política autonómica (en el próximo capítulo hablaré de la política local), que son tareas homologables a nivel institucional.

No entraré en la inacabable discusión sobre la política y el gobierno en una democracia representativa; por mi parte veo claro que hacer política consiste en formar la voluntad colectiva, mientras que gobernar es tomar decisiones y hacerlas cumplir. La acción de gobierno en sentido amplio se sirve de ambas. Centremos la atención en una de sus principales tareas: el nombramiento de cargos públicos, donde se aprecia un inquietante renacimiento del viejo “spoil system” (literalmente “sistema del desperdicio”. Se produce por el cese indiscriminado de los altos cargos del anterior gobierno cuando entra uno nuevo).

 

La política de cargos públicos

Todas las instituciones públicas están influenciadas de una u otra forma por sus respectivos gobiernos a la hora de nombrar a sus cargos directivos. En algunos casos -pocos- tal influencia se reduce a regular el procedimiento de selección; pero en muchos más adopta la forma de la “confianza política“, encaminada a que el directivo en cuestión coopere eficazmente al desarrollo de las líneas de acción emprendidas por el gobierno que lo nombró. Pues bien, los gobiernos actuales están convertidos en unos eficaces “círculos de reparto” del poder público entre personas “de confianza” del partido que lo ocupa, lo que plantea graves problemas cuando esta práctica se extiende del aparato organizativo del Estado a su arquitectura institucional.

Esto no es nuevo. Las cesantías políticas en cada cambio de gobierno son bien conocidas tanto en nuestra todavía joven democracia como en la de los siglos XX y XIX, y tanto en España como en otros países, entre ellos, señaladamente, los EE. UU.

 

El control del Leviatán

Los estudiosos de ciencias sociales tratan de reducir estas conductas apelando a los principios de mérito y capacidad y a las reglas de buena “gobernanza“. Politólogos y expertos en gestión pública, en especial, no se cansan de decirnos que una correcta vida institucional exige una buena gestión de la política de nombramientos de cargos públicos.

Un trabajo reciente es este sentido es: Dahlström y Lapuente, Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los Gobiernos. Trad. esp. Deusto, Barcelona, 2018, 331 pgs. Tiene un buen capítulo de conclusiones, el 7º, que señala “el camino a un gobierno de alta calidad” (pgs. 242 y ss).

Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. Nuestros gobiernos parecen incapaces de actuar de un modo mínimamente institucional. Cuando hablo de un “círculo de reparto” me refiero a la radical diferencia entre quienes están dentro y quienes están fuera del mismo; creo que es una imagen clara: los cargos, sencillamente, se reservan para los primeros.

Adviértase que esta diferencia afecta a muchas instituciones públicas y no sólo a los cargos directamente dependientes de las Administraciones (autoridades ministeriales, directores generales, asesores, jefes de servicio de libre designación, directores de centros…), sino también a aquellos de las agencias, organismos autónomos, fundaciones o empresas públicas que componen el denominado Sector Público, que son muchos.

 

Las muchas caras del poder

En este punto habría que introducir un matiz: los gobiernos ciertamente realizan muchos nombramientos directos a través del BOE; pero ni todos afectan a las instituciones, ni proceden de su exclusiva voluntad. Los partidos políticos influyen en muchas instituciones sin pasar por el Gobierno (en los Municipios o Universidades, p. ej.), y pactan en él cuotas de poder para obtener nombramientos propios. De cualquier forma, una vez asumida la partitocracia como realidad aplastante, este matiz pierde relevancia: en realidad, la política de nombramientos está reservada a muy pocas personas del Partido o del Gobierno, que suelen coincidir.

 

Un “modus vivendi” generalizado

Criticar al Gobierno es una tradición latina bien conocida. La desafección a los gobiernos está contrastada en innumerables sondeos. El problema de fondo es que los nombramientos torticeros provocan el mal funcionamiento de las instituciones y distorsionan la lógica aplicada por sus dirigentes. Al final, los “círculos de reparto” se consolidarán mientras los últimos intentos regeneracionistas se ahogan buscando una nueva forma de “gobernanza”. El declive de nuestra sociedad parece imparable.

Cuando se habla de miles de nombramientos en centenares de instituciones de cualquier tipo, todo el sistema institucional resulta implicado; la situación se convierte en un “modus vivendi” generalizado y la degradación institucional se hace inevitable.

El panorama que acabo de pintar es muy oscuro. Soy consciente de ello. Pero estoy obligado a ser coherente con lo expuesto hasta ahora. Desde el tercer capítulo ha quedado claro que el “factor humano” es un componente vital de las instituciones; desde el cuarto, conocemos la existencia de “debilidades y amenazas” en ellas; y desde el final de la parte anterior, sabemos que la lógica institucional tiene unas exigencias que muchas veces no se cumplen. Nada deberá extrañarnos ahora que nuestro primer examen de las instituciones básicas “reales” del Estado en que vivimos, ofrezca unos tintes tan sombríos.

Éste en un juicio provisional; veremos si se confirma o no en los siguientes. Hay muchas otras instituciones que revisar. Antes, para cerrar este capítulo, me permitiré aportar algunos datos adicionales sobre la diferencia entre la lógica política y la institucional.

 

El mérito y capacidad en la selección de altos cargos

En la selección de cargos, la diferencia entre las dos lógicas es diáfana. La “política” exige confianza en el nombrado y la “institucional” requiere cualificaciones técnicas. Por desgracia, todos damos por supuesto que la importante es la primera… hasta que una crisis nos pone a buscar expertos debajo de las piedras, como ha sucedido con el coronavirus. Son cuestiones que debemos tomar en serio.

Recientemente “hayderecho.com” publicó un estudio sobre el mérito y capacidad en la selección de altos cargos, donde cuantifica la situación española. Dirigido por sus editores Rivera, de la Nuez y Castellano, encuentra en ella un nivel de “meritocracia” claramente mejorable, con abundantes cuadros y gráficos que lo acreditan. Es una buena forma de tomarse con seriedad estas cuestiones.

Se titula “Estudio sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables del sector público estatal y autoridades independientes” y está disponible en Internet.

 

El Gobierno de los 22 Ministros

El actual gobierno español tiene un Consejo de Ministros de 22 personas. No hacen falta datos comparativos para decir que son muchas; basta con pensar en su lógica interna. Estos órganos deben: a) hacer conscientes a todos sus miembros de las responsabilidades conjuntas que asumen en sus decisiones colegiadas; y b) informar a cada uno de ellos de los propósitos de los demás que puedan afectarles antes de cerrar cualquier proyecto mínimamente importante. El trámite normal, de informar de ambas cosas al inicio de la sesión, a cinco minutos por turno, consumiría casi dos horas ¡antes de comenzarla! Malo si se prescinde de él y malo si se utiliza. La responsabilidad colegiada de los 22 es, así, un acto de fe.

Que el Gobierno actual se trate de un Gobierno de Coalición está dejando ver que las decisiones se toman fuera del Consejo de Ministros y sólo se formalizan en él. Habida cuenta de que el Presidente es quien manda, cabría pensar que puede hacer lo que quiera; pero la lógica institucional dice otra cosa: la responsabilidad colegiada de los ministros es un elemento básico de cualquier Gobierno. ¿Por qué? Porque este órgano nació precisamente para añadir otras voluntades a la del monarca aislado en su trono y ningún presidente debe buscar subterfugios para gobernar con un aislamiento similar.

El actual presidente prefiere eludir las deliberaciones en Consejo de Ministros utilizando para ello diversas vías, tales como la creación de comisiones delegadas o de organismos de nueva planta vinculados a la Presidencia. Obviamente, en este tipo de soluciones no es el Gobierno, sino su presidente, quién está “gobernando”.

 

El ministro candidato

Hay más. Uno de los ministros, el de Sanidad, está participando ya como candidato en las elecciones autonómicas de Cataluña, mientras sigue ejerciendo sus funciones como ministro. La lógica institucional exige que en tiempos de pandemia nada distraiga de su cometido al responsable de sanidad; la lógica política, en cambio, pide que los candidatos dediquen todos sus esfuerzos a conseguir una victoria electoral. Asimismo, la lógica institucional quiere a los mejores hombres del Gobierno centrados en los grandes problemas, mientras que la política demanda el mantenimiento del Ministro de Sanidad en el Gobierno cuanto se pueda. Esto último es lo que se ha decidido.

 

El descontento con la gestión

Hace años existía la creencia general de que el partido que no hacía una buena gestión al acceder al gobierno perdería las siguientes elecciones. En los tiempos que corren, parece que esto ya no es así y que la buena gestión no es tan importante como los votos coaligados. Sea como sea, resulta que la institución “Gobierno” es tan manipulable como cualquier otra y que su lógica institucional resulta fácilmente desatendible, según estamos viendo. ¿Cómo debemos valorar eso?

En mi opinión, en primer lugar, debemos verlo como lo que es: una grave señal de alarma, justificativa de los tintes sombríos del panorama descrito en este capítulo; y, en segundo lugar, tenemos que asumir la necesidad de entender bien las exigencias de la lógica institucional, incluso aunque esté siendo continuamente desplazada por la política. Cierto que su progresivo abandono nos invita a olvidarla; pero no es menos cierto que la seguimos necesitando.

La responsabilidad colegiada del Gobierno, antes o después, volverá a ser imprescindible. La necesaria corrección de la “partitocracia” volverá a plantearse en esta o aquella institución. De este modo, la inteligencia colectiva acabará percibiendo que el conocimiento, exposición y afirmación continuos de la lógica institucional contribuirán muy positivamente al saneamiento de nuestras instituciones y al refuerzo del Estado de Derecho, tan necesarios ante las múltiples tribulaciones que está trayendo consigo este difícil siglo XXI. Al menos, eso espero.

 

 

 

 

Juan Miguel de la Cuétara Martínez

Catedrático de Derecho administrativo

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