Capítulo 13.- Instituciones Públicas Generales (Muestra).

Este capítulo, dedicado a las grandes instituciones del Estado distintas de las estrictamente políticas, se centra en las que incorporan un gran número de personas, ocupantes de numerosos puestos profesionales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Básicamente se trata de funciones y servicios estructurales de la sociedad. Entre ellas, he escogido la Justicia, la Educación y las Fuerzas Armadas que, en su conjunto, pueden dar una buena visión de estas instituciones generales “de primer orden”. Dada su actualidad, la Sanidad hubiera sido también una buena fuente de información, pero las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa aconsejan dejarla a un lado, ya que podrían distorsionar la observación.

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PALABRAS CLAVE:  EDUCACIÓN; FUERZAS ARMADAS; JUSTICIA; LEY ORGÁNICA; PODER JUDICIAL; PROTECCIÓN CIVIL; REFORMAS; UNIVERSIDADES; UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME).

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a) Justicia.

La Justicia es una de las grandes instituciones públicas por méritos propios. No sólo porque constituye uno de los tres grandes poderes del Estado, sino también porque sobre sus hombros recae la efectividad real de los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

 

Visión general

Como expresa la Constitución, “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial” (art. 177,1 C.E.). Su función es “el ejercicio de la potestad jurisdiccional” consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” (art. 177,3 C.E.). Sin duda es una institución de primera magnitud.

Como guardiana del Derecho que es, la Justicia tiende a ser un tanto conservadora: así resulta de su amor al “precedente” y al “buen y viejo Derecho” ,lo que no le impide adaptarse a nuevas circunstancias, sobre todo en casos extraordinarios como las revoluciones; en estos casos, la transformación de la Justicia puede revestir formas muy drásticas.

En la Revolución Francesa, la frase “el Juez es la boca que pronuncia las palabras de la Ley” se usó para forzar a los magistrados del antiguo régimen a aplicar todas y cada una de las nuevas leyes de la República; y, en la Revolución Rusa, los “tribunales populares” , imbuidos del espíritu revolucionario, aceleraron la transformación del abolido Estado zarista, incluso prescindiendo de trámites forenses elementales.

Al margen de las revoluciones, cambios como la transición democrática española de 1975-1982 acaban afectando de un modo u otro a la judicatura, como sucedió con la renovación generacional producida con los nuevos Jueces y Magistrados del “tercer” y “cuarto” turnos de acceso.

 

Valoración actual

Superada la Transición, en 2018 el Círculo de Empresarios, con Transparency International España, publicó un amplio estudio sobre “La calidad de las instituciones en España” (Madrid, 2018, 280 pgs.; véase “www.circulodeempresarios.org”). Dirigido por Víctor Lapuente, su capítulo dedicado a la Justicia, redactado por Marian Ahumada y Alicia González Alonso, comienza con las siguientes palabras:

En pocos ámbitos de actuación del Estado ha sido tan persistente la demanda de reforma como en el de la Justicia. No se puede decir que tal reclamación haya sido sistemáticamente ignorada, más bien lo contrario: desde la entrada en vigor de la Constitución todo un desfile de reformas de contenido y alcance muy variado ha venido incidiendo en la práctica totalidad de los sectores conectados con la Justicia. Sin embargo, el cúmulo de reformas –para decirlo todo, no siempre idealmente planificadas, ni igualmente exitosas no ha desplazado la reclamación de «la reforma» de la Justicia, que se sigue considerando «área largamente pospuesta y pendiente»

La lectura de sus páginas es muy ilustrativa. Vienen a decir que la “Reforma de la Justicia” con mayúscula, ha quedado aplastada por muchas pequeñas actuaciones sobre la “administración de justicia”, con minúscula. En un breve resumen, lo sucedido entre los años 1985 y 2015 puede mostrarse así:

 

La Reforma de la Justicia en España

Una primera etapa consistió, lógicamente, en aprobar las leyes inmediatamente derivadas de la nueva Constitución de 1978. La Ley Orgánica del Poder Judicial (1985) o la Ley del Jurado (1995) son dos buenas muestras. En esta etapa se incorporaron también algunas nuevas leyes generales que no eran estrictamente necesarias, inspiradas por el deseo de separar las leyes democráticas de sus predecesoras. El Código Penal del ministro Belloch (1995) o la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2000) dan fe de ello.

Durante un corto período (1997-2003) dio la impresión de que los españoles nos íbamos a tomar en serio los problemas realmente institucionales de la Justicia. Así nacieron el “Libro Blanco de la Justicia” (1997) o el “Pacto de Estado por la Justicia” (2001). Pero pronto comenzó un continuo fluir de reformas “técnicas“, con dos picos respectivamente en 2003 y 2015, varias de las cuales fueron, a su vez, bien reformadas por nuevos Gobiernos, bien anuladas por el Tribunal Constitucional. Sin pretender ser exhaustivo, las más notorias fueron:

  • 2003. Arbitraje.
  • 2003. retribución de jueces por objetivos.
  • 2003. Nuevos juzgados mercantiles y de violencia de género.
  • 2006. Acceso a profesiones de abogado y procurador.
  • 2009. Oficina Judicial
  • 2009. Jueces de refuerzo.
  • 2011. Costas según criterio de vencimiento
  • 2011. Medidas de agilización procesal Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  • 2012. Reformas iniciales sobre tasas judiciales.
  • 2015. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre tasas Judiciales.
  • 2015. Comunicación telemática con Juzgados y Tribunales.
  • 2015. Unidades de apoyo a Juzgados y Tribunales.
  • 2015. Impulso a Jurisdicción voluntaria
  • 2015. diversas medidas en Jurisdicción Penal.
  • 2017. Especialización de algunos Juzgados.   

En el estudio del Círculo de Empresarios antes citado hay buena información de todo ello. Al repasarla, se observa que la “cantidad” de actuaciones es acorde con su falta de “calidad”; sobre todo, porque los problemas de mayor hondura quedaban sin resolver mientras se trataba de mejorar como fuera las estadísticas judiciales.

 

Politización de los cargos judiciales

Hoy sabemos que la politización de la Justicia es un problema grave de nuestro Estado de Derecho, centrado en la forma de nombramiento de sus cargos, cuestión que ni siquiera es nombrada en las reformas aprobadas. Por eso precisamente las letradas Ahumada y Fernández Alonso finalizan su análisis afirmando que, entre las tareas pendientes más importantes, permanece la de:      

“revisar el sistema de nombramiento de cargos judiciales. En las conclusiones del último informe de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO, hecho público en 2016, se recomienda expresamente a nuestro país adoptar una mejor regulación de los criterios de nombramientos de los cargos judiciales. Este hecho, unido a la secuencia de declaraciones de nulidad de nombramientos judiciales en los últimos años por la Sala III del Tribunal Supremo, debe llevar a reflexionar y avanzar en este punto” (pg. 112).

A mayor abundamiento, el pasado uno de febrero de 2020, mi prestigioso colega Francisco Sosa Wagner publicó en el diario El Mundo un artículo precisamente titulado “Cómo mejorar la Justicia”; en él urge a que

“los méritos para ascender y llegar a la máxima dignidad de la carrera judicial sean el resultado de valorar de forma determinante la antigüedad profesional y el ejercicio real de funciones judiciales”.

A lo cual añade varios postulados: que se ponga fin a las “puertas giratorias” entre Justicia y Política o que se respete y aclare la independencia funcional del Ministerio Fiscal, entre otros.

El tema de la “politización de la justicia”, emparejado con el de la “judicialización de la política”, puede verse en: Enrique Álvarez Cruz, La Justicia, esa bella desconocida (Ronsel, Barcelona 2006, pgs 284 y ss.). La situación de la Justicia durante la transición está descrita por Pere Bonnin en Los pobres jueces de la democracia (Plaza y Janés Barcelona 1985, 242 pgs); y la necesidad de escuchar a Jueces y Magistrados lo está en: María Mérida  en Hablan los Jueces. La Justicia a prueba (Plaza y Janés, Barcelona 1996, 331 pgs). Sirvan estos tres apuntes de muestra representativa de la abundante bibliografía existente.

 

A modo de conclusión

Probablemente sea una osadía por mi parte, dada la envergadura del tema, pero no quiero silenciar que, en mi opinión, las actuaciones revisadas indican que, una vez metidos en el continuo tejer y destejer de normas de detalle pretendidamente técnicas, resulta muy fácil perder de vista los fines institucionales y actuar con una estrechez de miras altamente preocupante. Es una conclusión que, desde luego, está abierta al debate sin restricción alguna.

¿Qué entiendo por “perder de vista los fines institucionales”? Sencillamente, apartar la mirada de ellos hasta que la lógica política acaba aplastando a la lógica institucional. Cuando se observan en los medios de comunicación sus análisis de la “adscripción política” de unos u otros magistrados, se comprueba que el pensamiento institucional brilla por su ausencia. Lo cual es tan sólo la punta del iceberg de la temible y temida “politización de la Justicia”.

De todas maneras, conviene señalar que la politización de las resoluciones judiciales pueden crearla también sus intérpretes. Así sucedió probablemente en la moción de censura que derribó el último Gobierno de Mariano Rajoy, en cuyo desarrollo tuvo influencia decisiva un párrafo de la sentencia del “caso Gurtel”, incorporado “ob iter dicta” (sin sentar doctrina) por su ponente, de presuntas simpatías socialistas.

 

b) Educación

 

Visión general

En este sector comprobamos lo ya observado en la Justicia: en muchas ocasiones la visión institucional desaparece, sustituida por enfrentamientos sobre cuestiones particulares. Al fin y al cabo, la educación es proclive a grandes polémicas y a la generación de bandos, cuyo resultado es un continuo trajín de reformas. Desde la Transición, las Leyes Orgánicas de educación aprobadas fueron:

    • Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980.
    • Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985.
    • Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 1990.
    • Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 (no llegó a aplicarse).
    • Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
    • Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013.

Huelga decir que en estos momentos está en tramitación una nueva ley orgánica (la LOMLOE, de modificación de la LOMCE) y que esta acumulación de normas surge de la gran polarización política española del último lustro, con su secuela de fuertes conflictos educativos, que puedo dar por conocida al estar todos los días en las noticias.

La abrumadora bibliografía existente me exime de aportar aquí siquiera un material orientativo, por lo cual me reduciré a mencionar, por su amplitud de miras, en España, a Fernando Sabater, autor de El valor de educar (1997) y de La aventura de pensar (2008), y fuera de ella, con la autoridad del tiempo transcurrido, a Bertrand Russell, en Sobre la educación (1926).

 

El caso de la Universidad

Pensemos un momento en la Universidad. En la Transición se consideró conveniente consagrar su autonomía en el art. 27,10 C.E. como reconocimiento de sus aportaciones a la implantación pacífica de la democracia en España. Ninguna otra institución recibió un honor equivalente. Tras la llegada de las Comunidades Autónomas, las Universidades se rediseñaron como instituciones autonómicas. A partir de ahí, los intereses territoriales multiplicaron el número de centros y titulaciones. Al propio tiempo, los profesores usaron la autonomía universitaria para aplicar una endogamia cerrada, que triunfó pese a contradecir el auténtico sentido universitario. Con todo ello, la institución comenzó a plegarse sobre sí misma y a perder energía.

Mi pensamiento actual sobre la cuestión puede leerse en mi ensayo Límites del Estado (Reus, Madrid, 2019, 239 pgs.), cuyo índice temático incorpora diez entradas en el tópico “Universidades”.  Para tiempos más lejanos recomiendo Alberto JimenezHistoria de la Universidad Española (Alianza Editorial, Madrid 1971, 522 pgs); y, para el factor humano en concreto Fco. Michavila yJ. Martínez (eds.)  La profesión de profesor de universidad (UPM- Comunidad de Madrid s.f. 222 pgs).

 

Polarización de la docencia

Si antes decía que en el continuo tejer y destejer de reformas orientadas políticamente es fácil perder el sentido institucional, ahora debo añadir que, en instituciones como la Justicia o la Educación, la presencia de intereses particulares de todo tipo es muy frecuente. Por supuesto, aquí y allá pueden surgir un centro docente o un equipo humano de impecable comportamiento institucional; pero esto es la excepción, no la regla.

Los intereses a que me refiero son muy poderosos y tienen, incluso, cierta base constitucional. Las enseñanzas privada y concertada, p. ej.. se basan en la libertad de enseñanza y el correlativo derecho a la fundación de centros docentes; la “inmersión lingüística” se apoya en la necesaria protección a todas las lenguas cooficiales de España; y la libertad de cátedra ampara de alguna forma la endogamia académica.

No quiero entrar en las siempre apasionadas polémicas educativas. Si he apuntado la presencia de poderosos intereses en este sector, cada uno de ellos, además, con apoyaturas jurídicas más o menos plausibles, ha sido para dejar establecida la trascendencia social de los debates generados en su seno. Pienso que es fundamental hacerlo, sobre todo de cara a los desafíos que se irán agudizando en los próximos años: cómo entender la función socializadora de las instituciones educativas, o cómo usar las nuevas tecnologías, son dos buenas muestras.

El estudio dirigido por Victor Lapuente citado en el epígrafe anterior incorpora un análisis de Lucas Gortazar sobre La institución escolar ante los nuevos retos, de lectura muy recomendable (pgs. 232 y ss.).

 

Una lógica institucional muy clara…

En el mundo docente hay muchísimas corrientes de pensamiento, la mayoría de las cuales tienen, como digo, una base más o menos razonable. Esto ha sido siempre así y se corresponde con la lógica institucional de “prueba y error” que ya nos es familiar. Cualquier docente sabe lo que le exige su profesión: formar y educar a sus alumnos, contribuir a su socialización, inducirles a buscar y aceptar la verdad, proporcionarles conocimientos, habilidades y capacidades útiles, etc. Una institución tan antigua como la educación sabe (¡tiene que saber!) cuál es su tarea y lo que hay que hacer para cumplirla.

 

… aplastada por la lógica política dominante

Personalmente he tenido múltiples ocasiones de observar la creciente penetración de la política en todos los niveles de la enseñanza. Con el paso de las décadas han ido cambiando los protagonistas y las intenciones, pero la influencia política ha permanecido. Las instituciones docentes lo han venido soportando estoicamente hasta ahora: los estudiantes son jóvenes, la juventud busca lo nuevo y la voluntad de innovar suele proceder de ideologías políticas del gusto de la juventud.

Ahí radica el problema; en ese “hasta ahora”. Hace unos quince o veinte años, los mensajes que circulaban entre los estudiantes promovían comportamientos ecológicos, apoyaban la solidaridad con los necesitados o denunciaban la explotación de los países subdesarrollados. De una forma u otra, trataban de estimular la cooperación y ser socialmente positivos. Hoy, en nuestros centros docentes lo que se practica es el adoctrinamiento político disimulado; y se promueve el pensamiento tóxico del tipo “vota a los nuestros, logra que los demás también lo hagan, y daña cuanto puedas a los contrarios”. He aquí algunos datos:

    • Un problema creciente es el falseamiento disimulado de la verdad que se extiende por nuestro sistema educativo: los libros de texto de Historia y Ciencias Sociales llev an tiempo diferenciándose para reforzar, p. ej., la conciencia nacionalista.
    • La selección de profesorado utiliza cuantas vías indirectas están disponibles para facilitar el ingreso de los candidatos “afines” a la ideología dominante en cada centro.
    • Las comunidades con idioma propio están luchando descaradamente para eliminar el español como idioma “vehicular” en la enseñanza.
    • La base cultural de las distintas posiciones políticas se está polarizando en las instituciones educativas: la memoria histórica pertenece a la izquierda y el individualismo emprendedor, a la derecha; la igualdad de género es de izquierdas, y el respeto a la autoridad, de derechas; etc.

¡Baste con esto! Todo ello revela la sustitución de la lógica institucional, según la cual lo primero es la formación de los alumnos, por la lógica política, que pone por delante la extensión de la propia ideología, y creo que estas muestras -junto a la experiencia común- lo acreditan sobradamente.

A quién todavía no esté convencido, le pediría que piense por un momento en lo sucedido entre 2006 y 2016 con la controvertida asignatura de “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos” del Gobierno Zapatero y en su oponente “Educación cívica y constitucional” del Gobierno Rajoy. En la España de hoy, ¿resulta siquiera concebible una asignatura con esas temáticas, políticamente neutra y de general aceptación?

 

En una sola frase

Para cerrar este tema, extraeré del trabajo del trabajo de Lucas Gortazar antes citado una sola frase, tan cierta como desalentadora en su descripción de la realidad educativa española, cuyos pronunciamientos son tajantes y esclarecedores. La siguiente:

Pedir a los partidos políticos que pacten las reglas de juego fundamentales y aparquen las guerras culturales con vocación electoralista es pedirles que cambien el rumbo de su estrategia política de las últimas décadas. Dejar de hacer política con la educación para hacer educación con la política es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, si los costes de no pactar son menores que los beneficios de hacerlo.” (pg. 248)

 

c) Fuerzas Armadas.

Una institución de la que podemos aprender mucho son las Fuerzas Armadas. Su tradición secular, de una parte, y sus profundas transformaciones, de otra, tienen mucho que decirnos al margen de nuestros gustos o preferencias. Recordemos los cambios más notables efectuados desde la Transición democrática:

    • Ingreso de España en la OTAN (1982)
    • Ídem. en las Comunidades Europeas (1985)
    • Incorporación de la mujer a las fuerzas armadas (1988)
    • 17/1989, de 19 de julio, del Personal Militar Profesional (1989)
    • Participación en misiones internacionales (aprox. a partir de 1999)
    • Supresión del servicio militar obligatorio para los varones (1999)
    • O. 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (2005)
    • 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (2006)
    • 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (2007)
    • Nuevas RR.OO para las Fuerzas Armadas (2009)
    • Asociaciones profesionales en las Fuerzas Armadas (2011)

El mandato constitucional a las Fuerzas Armadas consiste en “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” (art. 8 C.E). Su cumplimiento ha requerido las nuevas normas que acabo de enumerar, que en este caso no han consistido en un puro “hacer y deshacer” sino en “deshacer y rehacer” por exigencias, primero, del abandono del aislamiento internacional; segundo, de la restricción de la milicia a los varones; y, tercero, de la supresión del servicio militar obligatorio.

Entre las novedades producidas, se ha incorporado una mayor transparencia, lo que me permite remitir a los interesados a la página web del Gobierno “defensa.gob.es” y seleccionar para su examen detallado la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya reciente incorporación al servicio facilita observar el modo en que una institución nueva se articula con las preexistentes.

 

La UME

Esta unidad, creada en 2005 ha actuado en 2020 contra el coronavirus CODEC-19, y lo ha vuelto a hacer en 2021 con la gran nevada de enero; por sí solos, estos datos acreditan su utilidad y carácter innovador; además, se ha ganado el respeto de los españoles por su buen hacer en otras emergencias a las que ha atendido (incendios forestales, DANAs, etc), con unidad de mando y rapidez de acción.

La UME ostenta competencias en el terreno tradicional de la protección civil, hoy regulada por la Ley 17/2015, de 9/jul, del Sistema Nacional de Protección Civil. En esta norma la palabra “coordinación” se repite 59 veces, lo que muestra su inclinación por un indisimulado policentrismo. En este contexto, la UME queda circunscrita a la “respuesta inmediata a emergencias” y excluida de las acciones de “anticipación”, “prevención”   y “planificación”; a cambio, la ley prevé expresamente que

La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacional, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior” (art. 37,4).

Ello es coherente con la clásica reserva militar a sus propias cadenas de mando, pero contrasta un tanto con las aludidas llamadas a la “coordinación” dispersas por todo el articulado de la Ley. Basten estos apuntes para concluir que, cuando una institución concreta se renueva, deben rediseñarse sus relaciones con las demás, lo que requiere especial atención; de lo contrario podemos acabar con estructuras tan complejas (coordinadores que son coordinados por otros coordinadores) que resulten inviables.

En la actual crisis del COVID-19, La UME está actuando y haciéndolo bien; pero los múltiples organismos de protección civil de la Ley de 2015 apenas han aparecido; al menos los medios de comunicación no han destacado su actividad, quizás cegados por el bombardeo mediático del Gobierno, quizás perdidos entre tantas “miniactuaciones” en las que la enseña de Protección Civil apenas se veía tras los numerosos líderes que las publicitaban en favor de sus respectivos organismos.

Sirva lo dicho de recordatorio de que las instituciones deben someterse de tiempo en tiempo a la prueba de la realidad, lo que es especialmente cierto para las nuevas. La UME ha superado recientemente dicha prueba, mientras que el valor de la “coordinación” diseñada en la Ley de Protección Civil todavía tiene que demostrarse.

Desde otro punto de vista, la UME, como derivación institucional de las Fuerzas Armadas, se crece en las grandes catástrofes, mientras que Protección Civil parece achicarse. Lo cual nos hace pensar en que el proceso de creación de nuevas instituciones a partir de otras preexistentes es delicado y debe manejarse con gran cuidado. Veamos que enseñanzas podemos extraer en este terreno de las tres grandes instituciones vistas.

 

Enseñanzas que cabe extraer

Todas las grandes instituciones tienden con el tiempo a generar otras especializadas. Las fuerzas armadas, p. ej., antes de la UME habían desarrollado las academias militares, varias de las cuales tuvieron en su dilatada historia gabinetes científicos y estudios avanzados de cierta importancia. Lo mismo sucedió en la Educación, con instituciones innovadoras como las Universidades Laborales o el Consejo de Investigaciones Científicas, y no tanto en la Justicia, aunque ahí están la restauración del Jurado en España, o diversos supuestos de aplicación del nuevo principio de jurisdicción universal, para testimoniar que, pese a su espíritu conservador, la Justicia también tiene su vena innovadora.

La generación de nuevas instituciones sociales y su puesta a prueba en la realidad es positiva, incluso aunque finalmente hayan de abandonarse. Pensemos, por ejemplo, en los “patronatos de vivienda” que tanto las fuerzas armadas como las instituciones educativas o los tribunales de justicia tenían bien desarrollados hace un siglo en beneficio de sus funcionarios.

En su tiempo solucionaron muchos problemas de alojamiento de los miembros de las carreras militar, docente o judicial, obligados a trasladar periódicamente su residencia cuando sus bajos sueldos no lo permitían. Pero no debemos lamentar su desaparición, sino alegrarnos de poder olvidar aquellos salarios paupérrimos que hicieron buena la frase tan española de “pasar más hambre que un maestro de escuela”.

Sentado lo anterior, el éxito de la UME contrasta con el declive de las nuevas instituciones creadas en el ámbito docente o judicial. En la Universidad, por ejemplo, los nuevos Consejos Sociales o Agencias Evaluadoras de la calidad de la enseñanza llevan lustros alimentando un espíritu burocrático carente de lógica institucional; y en la Justicia las asociaciones judiciales, organizadas a partir de la prohibición constitucional a los Jueces de pertenecer a partidos políticos o sindicatos, aceptan tranquilamente su calificación política como “progresista”, “conservadora” o “centrista”, junto con la polarización que conlleva, a la hora de proponer o participar en nombramientos y cargos representativos de la carrera judicial.

La base de este declive está, una vez más, en la asfixiante “politización” de sus instituciones de origen, sobre la que no voy a insistir; pero también contribuye mucho a ello la mala delimitación del “marco institucional” diseñado al poner en marcha los “consejos”, “agencias” o “asociaciones” expresados, a diferencia de la claridad de medios y fines con que actúa la UME. Dicho de otro modo: la creación de nuevos organismos puede -sólo “puede”- ser un primer paso para la construcción de nuevas instituciones; pero lo más probable es que no sea así cuando no se cuida especialmente el marco en que ha de producirse su institucionalización. Tan pronto se considere que un nuevo organismo tiene intencionalidad política, no solo se difuminará su marco institucional, sino todo lo demás: la lógica institucional, el pensamiento institucional, y la inteligencia institucional también desaparecen. Por supuesto, el respeto a la pretendida institución no llegará a desarrollarse y, sin él, su consolidación es imposible.

En los dos próximos capítulos habrá ocasión de observar procesos de consolidación o renovación de instituciones en materia de bienes, servicios y prestaciones públicas de gran interés.

 

 

 

 

Juan Miguel de la Cuétara Martínez

Catedrático de Derecho administrativo