Bloqueo Institucional

Puede consultar la versión de este artículo publicado en Crónica Global.

Comienza el nuevo curso político con las asignaturas pendientes habituales, entre ellas, de forma muy destacada, la renovación de los órganos constitucionales y en general y del Consejo General del Poder Judicial en particular. El CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, lleva más de 1000 días en funciones, presidido por Carlos Lesmes, uno de los “políticos togados” (es decir, los jueces y magistrados que suelen ir y volver de la política a la Justicia y viceversa) probablemente más dañinos para la separación de poderes y la democracia liberal de este país, y eso que hay competencia tanto entre los jueces que han jugado tanto a ser peones del PSOE como del PP.

Dicho esto, está claro a estas alturas de la película que el sistema hace aguas. Por el sistema nos referimos a la forma de designación de los Vocales de procedencia judicial por el Parlamento Generales que ha llevado a un reparto partidista de cuotas en el Consejo en función de los escaños en el Parlamento (tantos para ti, tantos para mí) completado por un sistema de vetos cruzados (a ese juez no me lo pongas) y que ha dado momentos de gloria, como el nombramiento para vocal del CGPJ del ex juez Pascual Estevill a instancias de CiU, conocido por extorsionar al empresariado catalán por el expeditivo procedimiento de enviarlos a prisión y que fue condenado por prevaricación continuada y detención ilegal a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial.  La degradación del órgano de gobierno de los jueces, colonizado por los partidos con la inestimable colaboración de las asociaciones judiciales afines (sobre todo la progresista Jueces y Juezas para la democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura cuyos miembros se han beneficiado directamente del sistema) nos ha traído hasta aquí. Tanto el PSOE como el PP cuando han estado en la oposición han llevado en sus programas electorales la reforma de este sistema de nombramientos para despolitizarlo, pero cuando han llegado al poder, oh sorpresa, han hecho exactamente lo contrario, con mención especial al PP que, con la mayoría absoluta que tenía en el año 2013, incumplió flagrantemente su promesa.

Sentado lo anterior, para la renovación del CGPJ con las reglas actuales es esencial que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Y aquí empieza el baile, porque como ahora la mayoría “progresista” es del PSOE quiere hacerlo con las reglas vigentes, que le favorecen, mientras que el PP es un converso que pretende despolitizar el sistema aunque dados sus antecedentes no parece que haya sido porque se haya caído del caballo y haya tenido la visión de cómo funciona la separación de poderes en una democracia liberal sino porque le conviene. Lo interesante, no obstante, es que en los 36 años que llevamos con este nefasto sistema de nombramientos partidistas las cosas han ido evolucionando en el ámbito de la Unión Europea, de manera que ahora tanto el GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) como la Unión Europea en su mecanismo de “rule of law” como el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideran, con razón, que un sistema en que todos los vocales del órgano de gobierno de los Jueces son nombrados por el Parlamento es un sistema en el que peligra la separación de poderes, dado que el CGPJ realiza los más importantes nombramientos judiciales (incluidos los magistrados del Tribunal Supremo llamados a juzgar, en su caso, a los políticos aforados) y además, tiene la facultad de abrirles expediente disciplinario. El todavía Presidente del CGPJ habló, con total sinceridad, de que para gobernar a los jueces tenía el palo y la zanahoria. Sin embargo, los estándares europeos son claros: las autoridades políticas no deben influir en los procesos de nombramiento (o separación) de los jueces.

Por tanto, en este momento resulta que los argumentos del PP para reformar el sistema de nombramiento devolviendo a los Jueces y Magistrados la facultad de nombrar a los 12 vocales de procedencia judicial son los que esgrime la Unión Europea, el TJUE y el GRECO, aunque los invoque por razones espúreas y su propósito de la enmienda sea muy poco creíble; basta comprobar para hacerse pocas ilusiones que otro político togado famoso, Enrique López, es el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. El argumento es puramente táctico, y, por tanto, de volverse las tornas, es probable que el entusiasmo del PP por la separación de poderes decaiga, para qué nos vamos a engañar.

Frente a esta postura, el Gobierno, su partido, sus socios, la Asociación Jueces y Juezas para la democracia, y algunos periodistas y juristas afines esgrimen que lo que hay que hacer es renovar ahora con el sistema actual (que ya muy pocos se atreven a defender abiertamente a estas alturas de la película) y, a continuación, cambiarlo. Claro que lo previsible es que, si cambian las mayorías parlamentarias, cambien las posturas respectivas de los partidos. Y así “ad calendas graecas”.

En fin ¿No les resulta un tanto sospechoso tanto interés por controlar el gobierno del Poder Judicial por parte de los partidos políticos? A mí, desde luego, me lo parece. El único sistema comparable al nuestro en Europa es el de Polonia. Por cierto, para reformar la LOPJ en el sentido que propone Europa se necesitan menos votos que para renovar el CGPJ. Y se puede tardar bastante poco; recordemos que la ley se reformó en unos meses para evitar que el actual CGPJ en funciones siga haciendo nombramientos de la cúpula judicial.  Y si tan problemático resulta volver al nombramiento por Jueces y Magistrados de los 12 vocales judiciales hay otras soluciones para cortar el cordón umbilical entre política y justicia, como, por ejemplo, un sistema de sorteo. Y por favor, que no nos tomen por tontos.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?