Venimos tratando en esta serie de la legislación autonómica que ha florecido en nuestro país de forma asilvestrada en los últimos años, con un crecimiento exponencial del número de normas en vigor en España, que se cifra en algunos estudios en unas 100.000. Hoy quiero traer a colación (y de ahí el subtitulo) que la lucha emprendida por la Unión Europea contra el continuo tejer de las normas que atentan contra el principio de unidad de mercado  en ámbitos como el crucial de la liberalización de los servicios es silenciosamente destejido por nuestros legisladores autonómicos con una dedicación que hubiera envidiado la propia Penélope. Aunque no parece que este destejer venga causado por la voluntad de mantenerse fiel al héroe ausente, precisamente, sino por motivos más prácticos, como proteger los intereses de determinados grupos de clientes.| Para situarnos, recordemos que se ha promulgado hace año y medio la Ley 17/2009, de 23 de noviembre que ha incorporado, parcialmente, al Derecho español, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior y cuyo Preámbulo proclama que: “El sector servicios es el sector más importante, tanto de la […]

En paralelo con la crónica debilidad de la sociedad civil en España, fuente de muchos de los problemas que padecemos, el asociacionismo tiene una historia regulatoria bastante curiosa en nuestro país. Para empezar, has estado hasta hace relativamente poco tiempo regulado por una ley estatal de 1964 y por algunas leyes autonómicas previas a la existencia de la nueva ley estatal de 2002.democrática.| Efectivamente, el derecho fundamental reconocido en el art.22 de la Constitución tardó mucho en ser desarrollado por una norma estatal, nada menos que hasta el 2002. Efectivamente, la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo regula el derecho de asociación y deroga la hasta entonces vigente Ley 191/1964 de 24 de diciembre, de Asociaciones, es decir, una ley franquista para entendernos, y recordemos que los movimientos asociativos eran  precisamente la “cup of tea”  del régimen del Caudillo. Este retraso no impidió a alguna Comunidad pionera dictar su propia Ley de Asociaciones, y eso que estamos hablando de un derecho fundamental cuyo desarrollo debe de hacerse por ley Orgánica y los Parlamentos autonómicos por ahora no pueden dictar Leyes Orgánicas, aunque supongo que visto lo visto es cuestión más de tiempo y de necesidades de mayorías parlamentarias  que […]

Con esta serie lo que pretendemos es pasear o vagabundear un poco al azar por nuestra nutrida floresta de legislación autonómica, no de forma ordenada -lo que no es posible dada sus características- sino deteniéndonos y eligiendo algunas muestras de cómo y sobre qué legislan nuestros 17 Parlamentos autonómicos. Partiremos del presupuesto de que cuando los Padres de la Constitución decidieron crear Parlamentos autonómicos con capacidad de legislar y con un número importante de diputados, sabían que estos iban a legislar, aunque solo fuera para justificar su existencia, dado que ésta es la primera función de todo Parlamento que se precie. Pero probablemente lo que no fueron capaces de imaginar fue, no sólo la hiperinflación normativa que esta decisión iba a provocar en un Estado de 504.645 km2 con una población que no llega a los 47 millones de habitantes (hiperinflación que se calcula en unas 100.000 normas, aunque probablemente no es sencillo conocer el número real), sino algo mucho más relevante, como es la absoluta falta de coherencia del ordenamiento jurídico resultante. Realmente nadie se ha preocupado de que exista una mínima coordinación entre las diversas normas autonómicas. Además, aunque teóricamente existe un encaje competencial entre esta legislación y […]