Entradas de] Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

La proposición de ley de reforma de los nombramientos del PP: en la buena dirección

  Después del bochornoso espectáculo institucional protagonizado por nuestros partidos políticos a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional -con acusaciones cruzadas de golpes de Estado y declaraciones populistas por parte de representantes del Gobierno y del PSOE sobre la supuesta falta de límites del Poder legislativo-  y una vez alcanzado por unanimidad el acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a sus dos candidatos al TC es el momento de reflexionar sobre el futuro de esta institución, muy gravemente dañada por todo lo ocurrido..  Aunque el CGPJ no es el Poder Judicial, sí es su órgano de gobierno, y para la mayoría de la ciudadanía las luchas partidistas vividas en su seno reflejan las luchas partidistas sobre el control político de la Justicia, perjudicando de forma muy negativa la imagen que de los jueces y tribunales tienen los españoles de a pie. La repetición de consignas desde instancias gubernamentales y mediáticas sobre el supuesto carácter conservador de los jueces y magistrados refuerza la impresión de una falta de profesionalidad y de imparcialidad que, no siendo cierta en la inmensa mayoría de los casos, ha calado en la opinión pública. En todo caso, si algo está claro […]

Crisis constitucional

En estos días de diciembre estamos asistiendo en vivo y en directo no a una crisis del Tribunal Constitucional, sino a una crisis constitucional en toda regla. No se trata, como se afirma por los más excitables de uno y de otro lado de un golpe de Estado, ni del Gobierno ni mucho menos de las togas:  pero es una crisis constitucional en el peor momento posible, con el populismo firmemente asentado no ya en los extremos sino en los partidos centrales del sistema, y muy en particular en el PSOE como hemos podido comprobar estos días. La crisis, como es sabido, viene de lejos. El detonante ha sido la situación de bloqueo del CGPJ, que dura ya cuatro años, y que ha impedido que hasta ahora se hayan nombrado no sólo a varios altos cargos de la cúpula judicial con el consiguiente retraso en los procedimientos ante el Tribunal Supremo –lo que, al parecer, no le importa a nadie dado que sólo afecta a los ciudadanos- sino, también, que se hayan propuesto a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar al CGPJ por mayoría de 3/5 partes. Esta mayoría no se ha alcanzado por la sencilla […]

Punto de inflexión

Seguramente no siempre es fácil identificar con tanta precisión el momento preciso en que un Estado democratico de Derecho empieza a alcanzar un punto de deterioro que puede llegar a ser irreversible. Las noticias de los últimos días apuntan todas en la misma dirección: reforma del Código Penal del delito de malversación para reducir las penas cuando los políticos desvían dinero público no para sus bolsillos, sino para la causa o el partido, reforma para que el Gobierno pueda nombrar a sus dos candidatos al tribunal Constitucional sin esperar a que nombre los suyos un CGPJ bloqueado y desprestigiado, con la aspiración explícita de controlarlo mediante nombramientos de personas que han sido altos cargos del gobierno que los propone, reformas que permiten que posibles nuevos desafíos al orden constitucional vigente desde las instituciones queden impunes…Y todo por la puerta de atrás, vía enmiendas o proposiciones de ley, sin un debate en el Parlamento y en la sociedad digno de tal nombre y por supuesto sin recabar ningún dictamen o informe a los organismos competentes al no tramitar las modificaciones como seria conveniente cuando se trata de cambios de este calado. El que la razón última de estos cambios sea la […]

La reforma del delito de sedición: un debate tramposo

Mucho se ha escrito sobre el proyecto de reforma del Código Penal en relación con el delito de sedición por estrictas necesidades de aritmética parlamentaria del gobierno de coalición minoritario del PSOE y Unidas Podemos; lo que a mi me gustaría aportar es que se trata de un debate profundamente tramposo. En primer lugar, porque la única razón para que se plantee ahora y no en cualquier otro momento, antes o después, es la necesidad de contar con los votos independentistas para aprobar los presupuestos. Hablamos de leyes penales “ad hominen” o del famoso Derecho penal de autor. Sería más honesto reconocerlo así y no abrumar a la ciudadanía con argumentarios técnico-jurídicos normalmente interesados (sobre si existen o no delitos equivalentes a la sedición en otros ordenamientos jurídicos de países de la Unión Europea) o sobre las benéficas consecuencias de esta reforma para la “normalización” de Cataluña y la “desjudicialización del conflicto” a los que ya estamos acostumbrados. Argumentarios oficiales que, con distintas variaciones, son repetidos por los medios más o menos afines al Gobierno y contratacados con más o menos virulencia por los que sintonizan con la oposición. En todo caso, si se confirma que a esta reforma se […]

La crisis institucional toca fondo…por ahora

La reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de casi cuatro años de falta de renovación de esta institución no deja lugar a dudas sobre la importancia de la crisis institucional motivada por la tradicional voluntad de nuestros partidos políticos de controlar el Poder Judicial básicamente a través de los nombramientos de los más altos cargos de la magistratura a través del CGPJ. Desmontadas con bastante éxito -vía ocupación partidista- el resto de las instituciones contramayoritarias o de contrapeso propias de una democracia liberal representativa, tales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, sujetas al tradicional “reparto de cromos” sólo queda el Poder Judicial como control último del poder. No olvidemos, además, que la intensa judicialización de la vida política española (no buscada por los jueces precisamente, sino por una clase política muy aficionada a acudir ante los tribunales de Justicia por cualquier motivo) proporciona unos incentivos muy claros: nunca se sabe cuándo se va a necesitar que alguien te haga un favor importante en un tribunal de Justicia. El hecho de que esta alarmante situación haya llegado hasta las instancias europeas, y que […]

El Anteproyecto de Ley de información clasificada: Un retroceso para la transparencia y rendición de cuentas

Recientemente hemos conocido el Anteproyecto de Ley de Información clasificada y han saltado todas las alarmas. Tal y como está configurado en la actualidad, supone un riesgo cierto de que ámbitos enteros de la actividad pública se sustraigan al conocimiento de la ciudadanía, incluso aunque no guarden vinculación alguna con la protección de la seguridad nacional que es, en principio, el motivo por el que de acuerdo con los estándares internacionales es posible suprimir u ocultar información pública, al menos en una democracia. En ese sentido, se produce una involución muy importante, que empeora la situación actual, regida por la todavía vigente Ley de Secretos oficiales de 1968, promulgada durante el franquismo y modificada posteriormente por la Ley 48/1978, de 7 de octubre. En suma, este Anteproyecto puede poner en peligro los avances –a veces trabajosamente conseguidos- en materia de transparencia y rendición de cuentas al amparo de la Ley estatal de transparencia (Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante LTAIBG) y de las respectivas leyes autonómicas, así como de la doctrina del órgano estatal encargado de velar por la transparencia, el Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG) y […]

El indulto prometido

Abrimos el curso electoral –creo que ya podemos usar esa expresión, dado que siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina-, con el debate sobre el probable indulto a José Antonio Griñán, ex Presidente del PSOE de la Junta de Andalucía. No supone una sorpresa, dado que los gobiernos de todo signo suelen ser más sensibles a las solicitudes de indultos de políticos o ex políticos -o a funcionarios que les han servido fielmente- que al de los ciudadanos de a pie. Se trata de lo que algunos juristas denominan “autoindultos”. Ya sucedió con los políticos presos a consecuencia del juicio del Procés, si bien las razones entonces esgrimidas fueron muy diferentes y apelaron a la necesidad de restaurar la convivencia en Cataluña y a tender puentes y mirar hacia el futuro tras los graves sucesos de otoño de 2017. Aquellos indultos, en todo caso, fueron profundamente divisivos, en el sentido de que una parte muy importante de la sociedad española y de los partidos políticos estaban radicalmente en contra; por otra parte a nadie se le escapa el papel que jugaba la necesidad de los apoyos independentistas para la estabilidad del gobierno de coalición. Probablemente con otra […]

El consenso y la memoria democrática

Mucho se ha escrito ya sobre el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de una parte de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de Vox, PP y Ciudadanos y la abstención de ERC y BNG. Por tanto, se trata de un proyecto que ha dividido al Congreso en dos, lo que no augura nada bueno para su futuro; de hecho, el Presidente del PP ya ha anunciado que lo derogará si llega a gobernar. Yo quiero hacer algunas reflexiones. Conviene reconocer que legislar sobre la memoria histórica o la memoria democrática de un país con un pasado sucio (por usar la expresión con la que titula Alvarez Junco su último y magnífico libro) no es tarea fácil. Dicho eso, hay que aclarar inmediatamente que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno con un pasado no menos sucio que el nuestro -ahí tenemos el ejemplo de Alemania y su pasado nazi, o de Italia y el fascismo, o de Francia y Vichy) lo han conseguido de una forma más o menos satisfactoria. Pero ha requerido mucho tiempo, mucha investigación y, […]

¿Se puede regular la verdad?

Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar como moderadora en una de las mesas del Foro “El derecho a la verdad”, organizado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá, -dirigido por Nacho Torreblanca- en concreto en la titulada “¿Se puede regular la verdad”? con dos juristas de primer nivel, una profesora de Derecho Mercantil  de la Universidad Carlos III de Madrid, Teresa Rodriguez de las Heras, y otro de Derecho constitucional, Luis Miguel González de la Garza. De lo escuchado en esta mesa de dos juristas con visiones muy diferentes sobre este tema, una profundamente iusprivatista y la otra profundamente pública nacen estas primeras reflexiones sobre la regulación de la verdad.  La primera reflexión es obvia: ¿Se puede regular la verdad?  Y la segunda no lo es menos: ¿Se debe regular la verdad? Y quizás la tercera es la menos obvia: ¿Es cierto que ahora mentimos más que antes? Tom Phillips, que dirige la principal organización verificadora de datos independiente del Reino Unido, lo pone duda. En su libro “Verdad, una breve historia de la charlatanería” nos recuerda que los seres los humanos nunca hemos dejado de mentirnos los unos a los otros y que no ha […]

A vueltas con la ejecución de las sentencias judiciales en Cataluña

Este artículo es una reproducción de una tribuna en Crónica Global, disponible aquí. Tal y como era previsible –básicamente porque así lo anunciaron los responsables políticos— la ejecución de la sentencia del TSJ de Cataluña sobre el restablecimiento del castellano como lengua vehicular en las escuelas públicas catalanas (la sentencia del 25%, para abreviar) ha sido torpedeada por tierra, mar y aire por los independentistas y sus aliados políticos, mediáticos y académicos, unos de buena fe (los menos) y la mayoría de mala fe, es decir, siguiendo los argumentarios al uso. Nada nuevo bajo el sol en una sociedad profundamente desinstitucionalizada, crecientemente iliberal y cada vez menos plural. Y es que la famosa espiral del silencio de Elisabeth Noelle–Neumann funciona como un tiro allí donde el coste de discrepar públicamente de la opinión dominante es cada vez más alto, no solo en términos sociales, sino también personales, económicos y profesionales. Nada que no sepamos desde hace mucho tiempo, pero conviene recordarlo de vez en cuando para explicar comportamientos, declaraciones y artículos que si no serían difícilmente comprensibles. Porque, recapitulando, en un Estado de derecho las sentencias firmes de los tribunales deben cumplirse. Y esto afecta en particular a los poderes públicos, como garantía última de que no incurrirán en infracciones del ordenamiento jurídico precisamente los llamados […]