Entradas de] Carlos Viader Castro

La “patada en la puerta” como la antesala de la conversión de España en un Estado policial.

Si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para ser testigos de cómo conceptos jurídicos que todos los juristas creíamos asentados y asumidos, tanto por los ciudadanos como por el Poder, han sido cuestionados de la forma más brutal. Muchos han sido los ejemplos que podríamos nombrar ahora. Para empezar, el encierro total al que nos vimos sometidos varios meses desde mediados de marzo del año pasado, cuando la COVID nos golpeó como nunca un virus lo había hecho en el último siglo. Todos sabíamos que el Estado de Alarma que fue decretado como paraguas legal del confinamiento absoluto, tal y como está configurado en la Ley 4/1981, no era suficiente para privarnos del derecho a la libertad deambulatoria y de otros derechos fundamentales del núcleo duro constitucional (Sección Primera, Capítulo Segundo, Título Primero), como el derecho de reunión, pero lo asumimos en un pacto tácito de silencio porque éramos conscientes de que solo una medida tan extrema sería capaz de dar freno a la cascada incesante de muertes, partiendo de una norma desactualizada que prácticamente nunca había sido aplicada. Tragamos con aquello porque pensamos que no había más opción. Este punto de partida supuso el primer ladrillo de […]

Aprobación del Real Decreto para la elección de los representantes españoles en el TJUE y en el TEDH. ¿En el buen camino?

En España, ha existido tradicionalmente un cierto malestar popular contra la discrecionalidad con la que se nombran determinados altos cargos (y no tan altos), hasta el punto de que no son pocos los que consideran que esa discrecionalidad es sinónimo de arbitrariedad, de manera que determinadas plazas se conceden a personas que, teniendo méritos para ocupar el cargo, han pasado por delante de otras más capacitadas en virtud de cuestiones que nada tienen que ver con el estricto desempeño del mismo. Considero que, cuanto más pesan estos y menos los merecimientos profesionales y académicos para alcanzar un cargo, más se desprestigia y deslegitima, y más desconfianza y desapego se fragua en la sociedad respecto al mismo. Un Estado moderno y plenamente democrático como España debe avanzar en la senda de regular, de la manera más objetiva, transparente e inteligible posible, el acceso a ese tipo de plazas, con la finalidad, no solo de que se garantice que el mejor profesional para un trabajo es que lo ejecutará, sino también con la de recuperar el prestigio de las instituciones, tan perdido y devaluado en los últimos años. Lo cierto es que se están tomando medidas en este sentido, y ejemplo de […]

La okupación como problema legal y social

En los últimos meses, enciendes la televisión, y no hay telediario en el que no se haga un reportaje sobre los okupas. Generalmente, se puede observar al reportero o reportera delante de algún inmueble que ha sido okupado exponiendo la alarma social que ello está provocando, incluyendo entrevistas a los vecinos de la zona quejándose de los problemas que la okupación conlleva. Los periodistas suelen colocar el foco del origen del problema se en la Administración de Justicia, cuyo vetusto e ineficiente funcionamiento, según ellos, ha permitido que miles de personas se hagan con viviendas que no son suyas, siendo, hoy en día, casi imposibles de echar. Lo cierto es que el problema es real. Según el Ministerio del Interior, las denuncias por okupación de inmuebles se han incrementado en España un 40,9% en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015, a los 14.621 con que se acabó en 2019. La situación es especialmente crítica en Cataluña, donde, si en 2015 se interpusieron 3.950 denuncias, en 2019, han sido 6.688, lo que supone un incremento de casi un 70%. Si comparamos el primer semestre de 2019 con el primero de 2020, en dicha […]

Sobre la sentencia de condena a la dirigente de Podemos Isa Serra

El pasado 22 de abril se dio a conocer la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la cual se condena a Isabel Serra, actualmente diputada de la Asamblea de Madrid (estando por ello aforada ante el TSJ), por un delito de atentado, uno de lesiones y otro de daños, por unos hechos ocurridos en 2014 (beneficiándose por el ello de la atenuante de dilaciones indebidas), siendo absuelta del delito de desórdenes públicos. Las reacciones no se han hecho esperar. Miembros del Gobierno actual salieron en defensa de Serra, apoyando su actuación y criticando la acción de la Justicia. Así, Irene Montero, titular del Ministerio de Igualdad, manifestó en su Twitter que “Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más”.  Por su parte, Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, expuso en la misma red social que “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de […]

Prevaricar en tiempos de Coronavirus

Durante las últimas semanas varias han sido las denuncias y querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por su gestión de la pandemia provocada por el COVID-19, acusándoles de la comisión de diversos delitos, entre ellos, el de prevaricación. En este artículo veremos cuáles han sido exactamente las acusaciones vertidas, tratando de vislumbrar, con la máxima cautela, la viabilidad de la condena por dicho delito. La primera denuncia fue la interpuesta por parte del abogado Víctor Valladares, que tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51, en la que se denunciaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a prácticamente todos los delegados de Gobierno de todas las comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla. Se les imputa un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones (sic) concedidas para la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus. La magistrada, en su Auto de 23 de marzo de 2020, resuelve que únicamente seguirá el procedimiento respecto del Delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco Pardo, ya que Sánchez está aforado ante el […]

Abuso, agresión, violación: cuando las palabras lo son todo

El pasado día 31 de octubre fue dictada la sentencia del caso de “La Manada de Manresa”, por parte de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia dictada en primera instancia y que no es firme, cabiendo frente a ella recurso de apelación que habrá de ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nuevamente, nos encontramos con el mismo debate público, enormemente controvertido, y que desata las reacciones sociales más virulentas, que surgió con el tristemente célebre caso de “La Manada” a secas, este es, el de la delimitación de la figura penal del abuso sexual respecto de la agresión sexual. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en los Sanfermines, en el caso acaecido en el municipio barcelonés, el encaje de los hechos declarados probados por la sentencia en el tipo penal aplicado por la misma, desde mi personal punto de vista, es mucho más claro. Actualmente, la configuración de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, a grandes rasgos, es la siguiente: si existe violencia o intimidación, el hecho debe ser calificado como agresión sexual; y, si, por el contrario, no se diese ni una ni otra, entonces se […]