Entradas por Isaac Ibáñez Garcia

Aluvión de normas en el BOE del 30 de diciembre de 2017

Mal final de año para los juristas, especialmente para los que tenemos la manía de echar un vistazo al BOE de los sábados: nos hemos portado mal y los reyes ¿magos? nos traen carbón. A modo de resumen y s.e.u.o, en la Sección “Disposiciones Generales” del BOE del sábado 30 de diciembre de 2017 aparecen publicados, entre otros (http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/ ): Dos (2) decretos-leyes, uno con entrada en vigor el día de su publicación y otro el 3 de enero. Cuatro (4) decretos por los que se modifican los 4 grandes reglamentos generales que desarrollan la Ley General Tributaria: todos con entrada en vigor el día 1 de enero (que es festivo para la mayoría de los mortales). Dos (2) decretos por los que se modifican varios reglamentos de los principales impuestos (tanto directos como indirectos), con entrada en vigor el 1 de enero. Dos (2) órdenes ministeriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con entrada en vigor el 31 de diciembre. Otros siete (7) decretos,  cuatro (4) órdenes ministeriales y dos (2) resoluciones, de diversa procedencia estatal, más  una (1) ley autonómica. De entre las normas publicadas, el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para […]

Una lamentable decisión judicial de la Audiencia Nacional sobre la aplicación temporal de la Ley de Transparencia

El pasado 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una Sentencia que puede verse aquí  (Recurso nº 54/2017), en la que estimó que el Ministerio de Defensa tendrá que facilitar el nombre de los acompañantes de las autoridades en viajes oficiales. Previamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había estimado la reclamación que presentó un ciudadano al entender que esta información servía eficazmente a la rendición de cuentas respecto de los servicios y fondos públicos. Lo realmente sorprendente de esta resolución de la Audiencia Nacional es que anula  parte de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid al establecer que “la información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de autoridades que se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014” fecha en la que entró en vigor de la Ley de Transparencia. La escueta motivación de la Sentencia en este punto es la siguiente: “En el caso que nos ocupa, se justifica con lógica jurídica que la obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 que tiene lugar el día 10 de diciembre de […]

El contumaz empeño en no ser transparente

    Llevo mucho tiempo expresando una obviedad: se puede ser transparente sin ley de transparencia y se puede ser de lo más opaco con ley de transparencia. Esto último es lo que parece ocurrir en nuestro país: hay políticos que se creen “dueños de los papeles” y nos los sueltan ni con agua hirviendo. La ONG pro-transparencia Acces Info Europe solicitó al Gobierno unos documentos de lo más inofensivos: los informes procedentes de otros Ministerios y que confluyen en el informe final del Ministerio de la Presidencia relacionados de la actuación del Estado español en el cumplimiento de los compromisos con la Alianza para el Buen Gobierno. La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), de la que España forma parte, tiene como objeto dar participación a la sociedad civil y ciudadanía en el desarrollo de la acción pública; para lo que se hace imprescindible –como señala Access Info- contar con la oportuna información a fin de emitir opiniones, propuestas, mejoras, en la planificación de las políticas públicas y conocer los criterios tenidos en cuenta en la toma de decisiones, y en suma, cumplir la propia finalidad de la OGP. Casi dos años en los tribunales han terminado en dos […]

Derecho de petición: la callada por respuesta

El 13 de marzo de 2017 la Sección Cuarta de la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó su Sentencia nº 429/2017 (ver aquí), por la que se desestima el recurso interpuesto por el exjuez Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé Sesé y Eduardo Ranz Alonso. Dicha sentencia fue noticia periodística “por ser vos quien sois” y por el asunto de fondo, pues se atacaba la denegación por el Gobierno de una petición en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar, entre otras cosas (ver: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/28/actualidad/1488272286_301542.html ). La cuestión de fondo a mí particularmente me resulta extravagante, pero la sentencia me interesa porque la considero errónea, al referirse, degradándolo, a un Derecho fundamental de participación política, reconocido en los artículos 29 y 77 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Subraya la exposición de motivos de la referida Ley Orgánica que “no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor […]

Ay, Derecho: La “comisión” de Fernández Díaz

Desde un punto de vista democrático, parece absolutamente bochornoso, claramente vergonzoso, que la primera vez que adquiere visibilidad la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con los ciudadanos, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, sea a cuenta de que se quiere dar un premio de consolación (la presidencia de la misma) a un exministro repudiado por la mayoría del Parlamento. Una “comisión” de 1.431 euros mensuales. Además, parece como si fuera un demérito dicha designación, en comparación con otras comisiones, como la de asuntos exteriores, de la que le han descabalgado. Ha resultado premonitorio mi anterior y reciente post del 26 de octubre en este blog, “De las estafas parlamentarias” (aquí), en el que ponía de manifiesto la tomadura de pelo en que consiste la referida Comisión Parlamentaria, hoy todavía más degradada, como se observa, por las luchas políticas. Es relevante el artículo del diario El País del 17 de noviembre (aquí) en el que se da cuenta del escarnio y se pone de manifiesto que “La Comisión de Peticiones tiene una función casi de registro de escritos de los ciudadanos”. ¿Alguien cree que con este nuevo presidente la cosa va a mejorar? ¿Esta es la regeneración democrática […]

De las “estafas” parlamentarias

Ya dijo el ex diputado, tristemente fallecido, José Antonio Labordeta (“Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados”. Ediciones B, 2009), refiriéndose al trabajo de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, que “a mí, aquello me pareció una estafa desde el primer día”. Podríamos también aludir a la interesante reflexión que hace unos años (pero todavía actual) realizaba el colaborador de este blog, Jesús López-Medel Báscones bajo el sugerente título ¿Para qué sirve el Parlamento?  Y, como dijo certeramente mi estimado Jesús Alfaro Aguila-Real,  a los ciudadanos colaborativos “por imbéciles, nos toman por imbéciles”.  Supuesto de hecho: Se realiza una petición a sus señorías (no debe olvidarse que el derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución), que contiene propuestas tan descabelladas como la necesaria adopción de directrices de técnica normativa sobre la incorporación del Derecho de la UE (dado que España es uno de los Estados más incumplidores del Derecho comunitario); la preceptiva consulta al Consejo de Estado en los procedimientos de infracción del Derecho de la UE; la conveniencia de la existencia de un órgano especializado en materia de técnica normativa; la necesidad de […]

Transparencia y “democracia avanzada”

  En  las “Palabras de Su Majestad el Rey en la LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas”, del pasado 20 de septiembre, Felipe VI, cataloga a España como una democracia avanzada con sólidas instituciones (“Todas las democracias avanzadas como España atraviesan en algún momento de su historia coyunturas complejas. Pero las superan por la fortaleza y cohesión de su sociedad, la solidez de sus instituciones, la vigencia de su sistema de libertades…”). Me parece un acto de complacencia inapropiado, pues no se puede señalar de democracia avanzada a un país que tarda casi cuarenta años en dotarse de una ley de transparencia,  en el que “tras más de año y medio en vigor obtener información pública sigue siendo un reto” como recuerda  El País, 28-09-2016. y en el que su Parlamento deniega el acceso a datos referentes a los diputados sobre disposición de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar, así como facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios. Muchos diputados ocultan en su ficha de la página web del Congreso su dirección de correo electrónico, supongo que para que los ciudadanos no les aburran […]

El inglés en la Unión Europea después del Brexit

Acaba de producirse una circunstancia relevante con relación a la política lingüística de la Unión Europea (UE): el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (“Brexit”). Los ciudadanos británicos han decidido que su país abandone la UE y esto ha de tener consecuencias en diversos ámbitos. Según la propia Comisión Europea, “el multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales.Las personas que viven en la UE pueden acceder a la legislación y los principales documentos políticos de la UE en la lengua oficial de su país. También tienen derecho a escribir a la Comisión y a recibir la respuesta en esa lengua.Los diputados al Parlamento Europeo pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la UE cuando se dirigen al Parlamento”. Esto no es del todo cierto, pues no todas las lenguas oficiales gozan del mismo trato. La promoción que se hace en la UE del inglés, francés y alemán es claramente discriminatoria y así lo dicen los tribunales comunitarios. Se han llegado a anular convocatorias de oposición que obligan a los candidatos a elegir el alemán, el inglés o el francés como segunda lengua […]

Aplicación judicial de la Ley de Transparencia: la primera, en la frente

Si es un principio generalmente admitido que los límites al Derecho de acceso a la información pública han de aplicarse e interpretarse restrictivamente, especialmente por los órganos que deben suministrar la información y por el encargado de resolver en vía administrativa las controversias (el Consejo  de Transparencia y Buen Gobierno), parece que los tribunales contencioso-administrativos que revisen los actos de aplicación de la Ley 19/2013 deben tener igual o mayor celo al respecto; coadyuvando –en la medida de lo posible- a una afirmación de la cultura de la transparencia. Como observador imparcial, me parece que, prima facie, no es creíble que una entidad mercantil de la envergadura de la Corporación de Radio y Televisión Española no disponga de una contabilidad de costes o analítica que, sin mayores esfuerzos, suministre datos como “cuánto invierte RTVE en cada canal de televisión en un año (el montante total en euros, sin desglosar las partidas específicas)”. Si ello fuera así, sería preocupante y deberían hacérselo mirar. Creo que las Cortes Generales, con alguna competencia de control al efecto, deberían pedir explicaciones. A mí, personalmente, se me pone el vello de punta y me cuesta creerlo. El 19 de febrero de 2016 el Consejo de […]

El Congreso de los Diputados no suelta prenda

Se solicita al Congreso de los Diputados el acceso al siguiente documento: “El Informe que el presidente de la Cámara, Don Patxi López, solicitó a los servicios jurídicos sobre la capacidad legislativa del Parlamento cuando el Gobierno se encuentra en funciones”. La Secretaría General del Congreso de los Diputados deniega el acceso alegando que “por tratarse de una cuestión de naturaleza estrictamente parlamentaria y, por tanto, no sujeta a derecho administrativo, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. Adicionalmente, se hace constar que, en todo caso, los informes de la Secretaría General del Congreso de los Diputados no tienen carácter público”. Entiendo que el documento solicitado no se encuentra en ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; ni en las Normas para la aplicación de las disposiciones de la Ley […]

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente. Para demostrarlo un ejemplo: se solicita al Congreso de los Diputados, en virtud de las púberes normas de transparencia, el acceso a unos documentos inofensivos: los recibidos y los elaborados por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Reglamento de la VIII Legislatura, constituido para abordar el tema de la técnica legislativa. Cuando el Congreso de los Diputados (depositario, junto con el Senado, de la representación de la soberanía nacional, como señala su Presidente en su saludo de bienvenida inserto en la web oficial) debería ser la institución transparente por antonomasia y aplicar de forma exquisita tales normas, se despacha negando por dos veces el acceso y esgrimiendo un argumento distinto en cada una de sus decisiones. En la primera ocasión da una negativa de lo más peregrina y absurda desde un punto de vista jurídico: “Las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entraron en vigor el 10 de diciembre de 2014. Las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de […]

Los primeros pasos de la ley de Transparencia: una valoración

  He opinado en otras ocasiones que se puede ser transparente sin ley de transparencia, únicamente hace falta voluntad de ser transparente. Ante la ausencia de esa voluntad en nuestro país era obvia la necesidad perentoria de la norma y la presión social. Por mi experiencia, en vigor la ley, creo que los distintos departamentos ministeriales tienen claras instrucciones de ser transparentes y así vienen dando acceso a los documentos que se les solicitan. Un ejemplo del sentido patrimonialista que tenían en el pasado reciente políticos y funcionarios respecto a los papeles del Estado es lo ocurrido con las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, que venía solicitando –por puro interés académico desde hacía tiempo- y que me venían negando como si se tratara de verdaderos arcana imperii. En efecto, el 14 de septiembre de 1993, solicité al Presidente del Gobierno copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1987, por el que se aprueban las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, así como de cualquier otro acuerdo que modifique el anterior o que tenga que ver con este asunto. La respuesta denegatoria por parte […]

La transparencia: concepto dinámico en constante formación

Está a punto de entrar en vigor, en lo que afecta al derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Veremos cómo se aplica. De entrada, ya tenemos nueva Presidenta (“in pectore”, puesto que la tiene que refrendar el Congreso) del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, María Esther Arizmendi, hasta recientemente Directora General de Modernización Administrativa, procedimientos e impulso de la Administración Electrónica dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En fin, alguien de la casa o todo queda en casa, que viene a ser lo mismo. Porque hay que tener en cuenta que la transparencia es, sobre todo, un concepto dinámico. Por ejemplo, como comentamos en el artículo “La carta del BCE al Ex Presidente Zapatero o en dos tardes aprenderás lo que es la transparencia”   el Banco Central Europeo era reacio a hacer públicas sus cartas dirigidas a autoridades nacionales a las que imponía duros deberes. Mientras tanto, dejando un poco en evidencia a la institución europea, algún espabilado –como el señor Rodríguez Zapatero hacía pública la carta que le dirigió el BCE en sus memorias cuando era Presidente […]

La secular participación política (ciudadana) y nuestro diccionario

Acaban de conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014 al historiador francés Joseph Pérez. Según consta en la página web de la Fundación Príncipe de Asturias, el hispanista premiado “ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo el análisis de la historia europea”. Como expuso en su Historia de España (Editorial Crítica, 2ª edición. Abril 2001): «Junto a la cabecera de la España enferma se agolpaba un enjambre de médicos bienintencionados. Eran los arbitristas. En general tuvieron mala prensa. La literatura los ridiculizó o vilipendió… El arbitrista es presentado como un loco, un fracasado o un soñador alejado de la realidad. Esta sátira feroz es la caricatura de personajes complejos, que no siempre merecen esta reputación de falsarios y maniáticos. Hoy día a algunos de ellos se les considera economistas. Analizaron con lucidez los males que padecía España, describieron el estado de su agricultura, su industria y su comercio, y propusieron soluciones que no eran en absoluto necedades ni quimeras. (A finales del siglo XIX la política de obras públicas preconizada por Joaquín Costa tropezó con el mismo escepticismo. Sin embargo, llamaba la atención sobre las dificultades reales de España […]

¿Hay verdadero interés en reformar la Administración de Justicia? Declaraciones y hechos

Creo que es oportuno reflexionar sobre qué es lo que ocurre en este país acerca de las cosas verdaderamente importantes en materia de Justicia. Pueden recordarse, asimismo, las apreciaciones de la coeditora Elisa de la Nue zen sus recientes entrevistas para Lawyerpress y para diariojurídico.es  Estábamos acostumbrados a fiscales generales del Estado de los más dóciles. El actual, según constan en el diario Expansión del 20 de marzo ha dicho claramente que “No hay un verdadero interés por reformar la justicia”. Es urgente e inaplazable una reforma de la justicia, aunque haya discrepancias sobre los modelos”, afirmó el fiscal general del Estado. “Vamos con mucho retraso y la sociedad demanda una reforma de la justicia pero como fiscal general soy bastante escéptico en que haya un verdadero interés en reformarla”.. No he visto ningún comentario al respecto, prueba del grave e inaceptable adormecimiento social en cuanto a las cosas realmente importantes Asimismo, ha de tenerse en cuenta que a Europa le preocupa la eficiencia del sistema judicial español. Así, puede leerse en la de la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reforma de 2013 de España, hecha pública el 29 de mayo de 2013, lo siguiente: “(17) …Las reformas encaminadas a […]