Entradas por Isaac Ibáñez Garcia

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente

El Congreso de los diputados no quiere ser transparente. Para demostrarlo un ejemplo: se solicita al Congreso de los Diputados, en virtud de las púberes normas de transparencia, el acceso a unos documentos inofensivos: los recibidos y los elaborados por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Reglamento de la VIII Legislatura, constituido para abordar el tema de la técnica legislativa. Cuando el Congreso de los Diputados (depositario, junto con el Senado, de la representación de la soberanía nacional, como señala su Presidente en su saludo de bienvenida inserto en la web oficial) debería ser la institución transparente por antonomasia y aplicar de forma exquisita tales normas, se despacha negando por dos veces el acceso y esgrimiendo un argumento distinto en cada una de sus decisiones. En la primera ocasión da una negativa de lo más peregrina y absurda desde un punto de vista jurídico: “Las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entraron en vigor el 10 de diciembre de 2014. Las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de […]

Los primeros pasos de la ley de Transparencia: una valoración

  He opinado en otras ocasiones que se puede ser transparente sin ley de transparencia, únicamente hace falta voluntad de ser transparente. Ante la ausencia de esa voluntad en nuestro país era obvia la necesidad perentoria de la norma y la presión social. Por mi experiencia, en vigor la ley, creo que los distintos departamentos ministeriales tienen claras instrucciones de ser transparentes y así vienen dando acceso a los documentos que se les solicitan. Un ejemplo del sentido patrimonialista que tenían en el pasado reciente políticos y funcionarios respecto a los papeles del Estado es lo ocurrido con las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, que venía solicitando –por puro interés académico desde hacía tiempo- y que me venían negando como si se tratara de verdaderos arcana imperii. En efecto, el 14 de septiembre de 1993, solicité al Presidente del Gobierno copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1987, por el que se aprueban las “Instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno”, así como de cualquier otro acuerdo que modifique el anterior o que tenga que ver con este asunto. La respuesta denegatoria por parte […]

La transparencia: concepto dinámico en constante formación

Está a punto de entrar en vigor, en lo que afecta al derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Veremos cómo se aplica. De entrada, ya tenemos nueva Presidenta (“in pectore”, puesto que la tiene que refrendar el Congreso) del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, María Esther Arizmendi, hasta recientemente Directora General de Modernización Administrativa, procedimientos e impulso de la Administración Electrónica dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En fin, alguien de la casa o todo queda en casa, que viene a ser lo mismo. Porque hay que tener en cuenta que la transparencia es, sobre todo, un concepto dinámico. Por ejemplo, como comentamos en el artículo “La carta del BCE al Ex Presidente Zapatero o en dos tardes aprenderás lo que es la transparencia”   el Banco Central Europeo era reacio a hacer públicas sus cartas dirigidas a autoridades nacionales a las que imponía duros deberes. Mientras tanto, dejando un poco en evidencia a la institución europea, algún espabilado –como el señor Rodríguez Zapatero hacía pública la carta que le dirigió el BCE en sus memorias cuando era Presidente […]

La secular participación política (ciudadana) y nuestro diccionario

Acaban de conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014 al historiador francés Joseph Pérez. Según consta en la página web de la Fundación Príncipe de Asturias, el hispanista premiado “ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo el análisis de la historia europea”. Como expuso en su Historia de España (Editorial Crítica, 2ª edición. Abril 2001): «Junto a la cabecera de la España enferma se agolpaba un enjambre de médicos bienintencionados. Eran los arbitristas. En general tuvieron mala prensa. La literatura los ridiculizó o vilipendió… El arbitrista es presentado como un loco, un fracasado o un soñador alejado de la realidad. Esta sátira feroz es la caricatura de personajes complejos, que no siempre merecen esta reputación de falsarios y maniáticos. Hoy día a algunos de ellos se les considera economistas. Analizaron con lucidez los males que padecía España, describieron el estado de su agricultura, su industria y su comercio, y propusieron soluciones que no eran en absoluto necedades ni quimeras. (A finales del siglo XIX la política de obras públicas preconizada por Joaquín Costa tropezó con el mismo escepticismo. Sin embargo, llamaba la atención sobre las dificultades reales de España […]

¿Hay verdadero interés en reformar la Administración de Justicia? Declaraciones y hechos

Creo que es oportuno reflexionar sobre qué es lo que ocurre en este país acerca de las cosas verdaderamente importantes en materia de Justicia. Pueden recordarse, asimismo, las apreciaciones de la coeditora Elisa de la Nue zen sus recientes entrevistas para Lawyerpress y para diariojurídico.es  Estábamos acostumbrados a fiscales generales del Estado de los más dóciles. El actual, según constan en el diario Expansión del 20 de marzo ha dicho claramente que “No hay un verdadero interés por reformar la justicia”. Es urgente e inaplazable una reforma de la justicia, aunque haya discrepancias sobre los modelos”, afirmó el fiscal general del Estado. “Vamos con mucho retraso y la sociedad demanda una reforma de la justicia pero como fiscal general soy bastante escéptico en que haya un verdadero interés en reformarla”.. No he visto ningún comentario al respecto, prueba del grave e inaceptable adormecimiento social en cuanto a las cosas realmente importantes Asimismo, ha de tenerse en cuenta que a Europa le preocupa la eficiencia del sistema judicial español. Así, puede leerse en la de la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reforma de 2013 de España, hecha pública el 29 de mayo de 2013, lo siguiente: “(17) …Las reformas encaminadas a […]

El informe sobre la reforma tributaria ¿mucho ruido y pocas nueces?

Seguramente que Joaquín Estefanía consideraría como parte del lenguaje de la “economía del miedo”  (La economía del miedo. Galaxia Gutemberg, 2012) la frase del profesor Manuel Lagares (Presidente de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español) dicha en la entrevista  de Jesús Sérvulo González para El País (16 de marzo de 2013): “Hay que ver si se quiere pagar dos puntos menos de IVA, y mantener el paro”. Como ha señalado Francisco de la Torre (“Una propuesta de sabor agridulce”. Expansión, 15 de marzo de 2014), “La denominada “reclasificación” de productos en el IVA es regresiva, mucho. Considero que aumentar la carga fiscal, de forma especial para los más desfavorecidos, elevando en un 11% los productos de primera necesidad debería ser el último cartucho recaudatorio, y no la primera medida para financiar una bajada de otros impuestos”. Después de una primera lectura del Informe de la Comisión (`presentado el viernes 14 de marzo), de la referida entrevista y algunas otras opiniones ya publicadas, saco la impresión de que la reforma fiscal anunciada, si se siguen las recomendaciones de la Comisión, perjudicará, como siempre, a la depauperada clase media. Y menos mal que el Gobierno  se ha […]

La maraña de los derechos fundamentales en Europa

Han coincidido en el tiempo la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 13 de febrero de 2014 (Asunto Melloni), dictada tras elevar por primera vez en su historia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); y el sesudo discurso, leído el 24 de febrero de 2014, en su recepción pública como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por el Profesor Ricardo Alonso García, bajo el sugerente título: “El juez nacional en la encrucijada europea de los Derechos fundamentales”. Con su sentencia, el Tribunal Constitucional modifica su doctrina: hasta ahora, la extradición de los condenados en ausencia debía estar condicionada a la posibilidad de recurrir la condena ante las autoridades judiciales de su país con el fin de salvaguardar sus derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías. A partir de ahora, no se impondrá esa condición previa, pues según el TJUE, “no se produce una vulneración del derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que haya conferido […]

Derecho administrativo de la Unión europea ¿pura palabrería?

Comparto la razonable opinión de Soledad Gallego Diaz  («Adiós a la peor generación de directivos europeos», El País, 6 de octubre de 2013) sobre la clase política europea: “… las instituciones europeas han atravesado, en mitad de la peor crisis económica posible, la peor crisis de falta de protagonismo y de falta de capacidad política que se recuerda enla UE, ocupadas, para desgracia de los ciudadanos, por personajes sin carácter ni convicciones que han producido un daño considerable al proyecto europeo. Y que es urgente cambiar esa situación. Es urgente que los ciudadanos europeos nos vayamos fijando en los posibles candidatos porque ya sabemos, por las heridas que nos dejan en la piel, que quienes hacen política en Europa hacen política sobre nosotros, sobre nuestro futuro y nuestros derechos”.   La total falta de capacidad política de estos “directivos” se manifiesta de forma exacerbada en el (inexistente) Derecho Administrativo dela Unión Europea, que ha devenido en pura palabrería (según nuestro diccionario, “abundancia de palabras vanas y ociosas”).   El 15 de enero de 2013, el Parlamento Europeo aprobó su “Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea”.   En ella, puede […]

Flash Derecho: Hacienda mete prisa al Tribunal Supremo

En el último número de la revista Interviú, del 11 de noviembre, aparece un interesante artículo del periodista Bruno Pérez, titulado: “Montoro busca 6.000 millones en los tribunales”, en el que se pone de manifiesto algo que soterradamente venía comentándose: “altos cargos del equipo del ministro Cristóbal Montoro mantienen con las salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional un constante diálogo para pedirles que se agilicen los juicios por causas fiscales pendientes. En Hacienda calculan que 6.000 millones de euros están embalsados en pleitos solo en el Tribunal Supremo, la instancia a la que llegan los contribuyentes particulares más ricos y las empresas más grandes. La media de espera en esos casos es de diez años”. Es de suponer que se solicitará la agilización de los pleitos en los que Hacienda estime que las resoluciones judiciales le van a ser favorables, claro. La referida noticia pone de manifiesto que nuestro (sic) Tribunal Supremo, desde la ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, ha quedado –al menos en lo contencioso-administrativo- para resolver los asuntos de las empresas del Ibex y de los grandes contribuyentes, lo que algunos han denominado justicia para ricos. Como señaló el Presidente de […]

¿Nos tomaremos algún día en serio la técnica legislativa?

En su Sentencia 150/1990, nuestro Tribunal Constitucional dijo que “hay que comenzar por recordar que los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, singularmente en un sector como el tributario que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad económica global de todos los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo crecientes en la gestión y aplicación de los tributos. Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto estatal como autonómico, por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia…” Tal y […]

Tasas judiciales, Bruselas se lava las manos ¿de momento?

El 11 de febrero de 2013 se puso en conocimiento de la Comisión Europea el siguiente escrito:   “La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia… (BOE nº 280, 21 de noviembre de 2012), generaliza la aplicación de las referidas tasas y las aumenta de forma desaforada.   Dicha Ley ha sido contestada por todos los operadores jurídicos, al considerarse contraria al Derecho a la tutela judicial efectiva. Puede verse la información facilitada por el Consejo General de la Abogacía Española.   Según el Derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el control de la aplicación del derecho comunitario descansa, primariamente, en los órganos jurisdiccionales nacionales. Por tanto, los impedimentos que de orden económico puedan establecerse para el acceso a la justicia nacional, en los casos en los que esté en cuestión la aplicación del Derecho de la UE no son ajenos a los derechos fundamentales reconocidos por la Unión, especialmente en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.   Constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras la reciente Sentencia, de 15 de enero de 2013, TJ recaída […]

Defensor del Pueblo: legitimaciones y legitimidades.

  He tratado de justificar en otra ocasión que, en materia de la legitimación del Defensor del Pueblo para presentar recursos de inconstitucionalidad, éste ejerce dicha competencia de forma, a mi entender, bastante irregular.   El principio jurídico ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus no se compadece bien con la doctrina del Defensor del Pueblo que considera como criterio asentado lo que más adelante subrayamos, a la hora de abstenerse de presentar recursos de inconstitucionalidad. Podríamos calificarlo de chorrada jurídica.   Por ello y dado que el artículo 54 de la Constitución encomienda al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos fundamentales y con objeto de no crear falsas expectativas y, menos aún, falsas esperanzas en los ciudadanos respecto de una institución excesivamente politizada en este sentido, creo que sería conveniente:   a) Aprovechando una futura reforma de la Constitución, suprimir, lisa y llanamente, la legitimación que le confiere el artículo 162 para presentar recursos de inconstitucionalidad.   b) Subsidiariamente, limitar dicha legitimación a los casos en que la normativa cuestionada infrinja derechos fundamentales. Así como ampliar la legitimación para impugnar las normas reglamentarias que vulneren dichos derechos.   Como consta en el Informe 2011:   “Se confirma la tendencia apreciada en años anteriores, por la […]

La doctrina Gallardón sobre un derecho fundamental a la participación política: el derecho de petición (I)

Decía Elisa de la Nuez, comentando un artículo en este blog de Miguel Angel Presno Linera sobre las iniciativas legislativas populares, que “lo que sí me parece poco democrático es tener miedo a la participación ciudadana a través de las ILPS o de cualquier otro mecanismo o procedimiento más o menos formal. ¿O prefieren las vallas y los gritos?”. Asimismo, en su último libro (“Todo lo que era sólido”), recién publicado, Antonio Muñoz Molina, con la lucidez y honestidad intelectual que le caracteriza, señala –entre otras cosas y refiriéndose a los que nos vienen gobernando desde hace décadas- que “habiendo tanta urgencia de modernizar en profundidad la economía o la justicia prefirieron dedicarse a la modernización de las apariencias”. Recomiendo vivamente el libro porque nos relata con pelos y señales lo que se ha hecho en este país para estar donde estamos.   Puede ser comprensible el incumplimiento de promesas electorales alegando que la herencia recibida es mucho peor de la esperada y que, por tanto, en esta precisa hora no es posible cumplir con dichas promesas, sino que el interés general exige lo contrario. Pero hay otras cosas que no son comprensibles, porque no cuestan dinero, ni la alegación […]

La “doctrina Gallardón” sobre un derecho fundamental a la participación política: el derecho de petición (II)

La Sentencia 242/1993 del Tribunal Constitucional (ponente: DE MENDIZÁBAL ALLENDE), junto con el Auto del Tribunal 46/1.980 y la Sentencia161/1.988, conforman la principal doctrina constitucional sobre el derecho de petición que recoge el artículo 29 dela Constitución. La trayectoria del derecho de petición, según el ponente, puede rastrearse hasta los albores de nuestro constitucionalismo y aun más allá, prolongado sin desmayo alguno hasta nuestros días a través de los sucesivos textos donde se les reconoce a los españoles ese derecho de petición “en la forma y con los efectos que determinela Ley”.   El núcleo de la doctrina constitucional sobre el artículo 29 es el siguiente: – Este derecho recibe la más intensa protección. – El derecho tiene un mucho de instrumento para la participación ciudadana, aun cuando lo sea por la via de sugerencia, y algo del ejercicio de la libertad de expresión como posibilidad de opinar. – La petición, en suma, vista ahora desde su anverso, puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, “expresando súplicas o quejas”, pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables, sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o […]