Entradas de] Jaime Castellano

Los sueldos de los máximos representantes del Estado ¿Coherencia y transparencia?

El debate público que hemos tenido hasta ahora sobre los sueldos de los políticos y máximos responsables de la Administración Central del Estado (extrapolable a Autonomías y entes locales) está muy polarizado. Tan pronto escuchamos voces (las menos) reclamando una mejor retribución a los altos cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales (la filosofía del yougetwhatyoupayfor), como escuchamos quejas (las más) de lo mucho que cobran los políticos teniendo en cuenta lo que trabajan y dentro del contexto de corrupción generalizada en el que nos encontramos en los últimos tiempos. Lo primero que echamos en falta para poder establecer un debate riguroso sobre este tema es un análisis detallado de lo que cobran los máximos responsables del estado, ya sean cargos electos (Presidente, diputados y senadores) o cargos no electos (ministros, secretarios de estado, presidentes/directores generales de empresas públicas, organismos supervisores y reguladores y un largo etcétera). Para poder realizar este análisis tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es que en vez de sueldo deberíamos hablar de un concepto más amplio, el de “paquete retributivo”, que está generalmente compuesto por una retribución fija, una retribución variable y finalmente un conjunto de prestaciones o beneficios sociales, que […]

El Tribunal de Cuentas sobre la gestión de personal en RTVE o como prejubilarte y ganar más que siguiendo en activo

Mañana 2 de octubre la Fundación ¿Hay Derecho? presenta su informe de evaluación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas español. En el Blog hemos escrito en numerosas ocasiones sobre el Tribunal de Cuentas y con independencia de los aspectos de mejora en su funcionamiento, no podemos obviar que sus informes de fiscalización ponen sobre la mesa aspectos que de otra forma no salen a la palestra pública y política. Echando un vistazo a los últimos informes publicados por el Tribunal, me ha llamado la atención uno publicado antes de verano: el informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del expediente de regulación de empleo (ERE). Sobre el papel y el modelo de las televisiones públicas (estatal y autonómicas) hemos reflexionado también de forma recurrente en el Blog y en concreto sobre TVE escribimos hace un año sobre su situación y posibles alternativas de futuro. Vamos ahora a repasar el análisis que ha realizado el Tribunal de Cuentas de las decisiones adoptadas en el año 2006 y años posteriores en relación con el citado ERE. Por ponernos en contexto, allá por ese año (2006) se aprobó en un Plan de […]

Un “cierre interruptus”: sobre la reapertura de Canal 9

En noviembre de 2013 escribí un post sobre el cierre de Canal 9, en el que aprovechamos para reflexionar sobre el modelo de televisión pública estatal y autonómica que tenemos en España y lo lejos que está de lo que debería ser un servicio público de calidad (modelo BBC). Algo más de año y medio después, la televisión autonómica valenciana ha vuelto a estar de plena actualidad por el anuncio del nuevo Presidente de la Generalitat Valenciana de reabrir la cadena. Ximo Puig anunció en su discurso de investidura la reapertura de Radio Televisión Valenciana (RTVV): “Lo haremos dialogando y será una televisión pública, sostenible económicamente, independiente y plural“. El Presidente declaró que su intención es abrirla lo antes posible, si puede ser coincidiendo con el 9 de octubre (día de la Comunidad Valenciana). Eso sí, no ha dado ningún detalle del presupuesto que piensa destinar al ente público, ni cómo va a asegurar su independencia política, etc. Llama la atención la urgencia en reabrir un ente cuya liquidación y cierre definitivo está lejos de ser una realidad… casi dos años después del anuncio de cierre. Después de un ERE de 1.600 empleados (quedan ahora 60 empleados en plantilla), acumula […]

Las incompatibilidades de los diputados: del dicho al hecho hay un trecho

Los casos recientes de Trillo, Pujalte y Conde han reavivado el debate sobre los negocios que compatibilizan los diputados con su labor parlamentaria, suscitando dudas sobre si se cumple el actual régimen de incompatibilidades o si se está produciendo un conflicto entre los intereses públicos y privados de los diputados. Respecto al conflicto de intereses destacar que no existe una definición específica en la actual legislación española. Tampoco existe ninguna disposición legal que prohíba a un diputado tomar parte en una votación sobre un asunto que, directa o indirectamente, le concierna personalmente. Recomendable la lectura del reciente artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli donde escribe sobre el negocio que supone el conflicto de intereses en nuestro país (el denominado capitalismo de amiguetes). Centremos por tanto el post en el régimen de incompatibilidades, que a diferencia del conflicto de intereses, sí está regulado. El artículo 157.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) estipula que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. […]

El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003. Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas […]

La corrupción en la contratación pública en España es de libro

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su reunión de 5 de febrero de 2015, aprobó suInforme sobre el Análisis de la Contratación Pública en España: Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la Competencia. El informe se publicó el 23 de febrero en la web del organismo, si bien sus principales conclusiones aparecieron antes en los medios. La CNMC en su análisis identifica cinco áreas de mejora en la contratación pública: Necesidad de mayor acceso, transparencia y publicidad. Falta de evaluación de la eficiencia económica y de la competencia efectiva. Escaso aprovechamiento de las últimas tecnologías de la información. Déficit de cooperación administrativa. Necesidad de simplificación de los procedimientos de contratación pública. Comparto plenamente el análisis del regulador y las deficiencias que ha puesto de manifiesto, sin embargo lo que más me ha llamado la atención de su informe es una cifra a la queel propio organismo no ha querido dar mucha visibilidad (ni rastro en la nota de prensa, ni en el post del  blog de la CNMC…). Me refiero a lo siguiente: Se estima que en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del […]

Las cuentas de los partidos políticos y el Tribunal de Cuentas

El pasado 5 de enero, el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes su informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al parlamento europeo de 25 de mayo de 2014, donde los partidos políticos gastaron en total 37,5 millones de euros, de los cuales 17,4 correspondieron a la actividad de envío de propaganda electoral. Además de asombrarnos del dineral gastado en la campaña electoral europea, lo primero que nos preguntamos es de dónde salieron estos millones. Leyendo el informe del Tribunal, vemos que la principal fuente de recursos fueron los créditos bancarios, que alcanzaron los 22,2 millones de euros (le siguen los anticipos electorales del Estado y las aportaciones de los partidos). En unos años donde el grifo del crédito bancario ha estado prácticamente cerrado para las pymes y particulares, nos congratula que al menos los partidos políticos puedan seguir accediendo sin ningún problemaa esta fuente de financiación. El informe reseña algunas incidencias en el caso del PP y PSOE e “incoherencias” en el caso de Podemos, pero la conclusión es que ninguno de los diez partidos o coaliciones que han justificado sus gastos ha superado los límites previstos en la normativa electoral y el Tribunal no ha […]

Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al Consejo General del Poder Judicial

El pasado 28 de octubre, el Presidente del Tribunal de Cuentas acudió a las Cortes para comparecer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar el informe de fiscalización del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), correspondiente al ejercicio 2010. Antes de entrar en materia, permítanme un pequeño desahogo, y es que este informe lo finalizó el Tribunal el pasado mes de julio pero se acordó su realización en el plan anual de fiscalización del año 2011… tres años antes. La justificación del Presidente del Tribunal para este retraso es la minuciosidad con la que se ha elaborado y la amplitud de la fiscalización realizada. Bien, pero al menos yo presupongo esas virtudes a cualquier informe del Tribunal, por lo que no me parece que con eso se justifique que tengan que pasar tres años desde que se acuerda realizar un informe de fiscalización hasta que finalmente ve la luz. El otro “reproche” es que toda la contundencia que suelen tener los informes del Tribunal (y este desde luego que la tiene) se queda en los propios informes ya que luego no suelen tener consecuencias de ningún tipo. Y es que […]

¿De donde salen los más de 10.000 millones de ahorro gracias a la reforma de las Administraciones Públicas?

El pasado 18 de septiembre, Mariano Rajoy presidió la presentación del informe del primer año de ejecución de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Sobre la reforma de las Administraciones Públicas (AAPP) hemos hablado mucho en este blog,  pero en esta ocasión no repasaremos el estado de las 222 medidas de la CORA ni tampoco vamos a analizar los avances en el proceso de reordenación de entes públicos de las Comunidades Autónomas (se dice se comenta que han reducido ya 675 entes autonómicos), sino que nos vamos a centrar en las cifras de ahorro que aparecen en el citado informe de la CORA y que el Presidente del Gobierno resaltó en su discurso de presentación del mismo. Gracias a las reformas emprendidas, a 30 de junio de este año 2014 (y desde el 1 de enero de 2012, es decir en la actual legislatura), el ahorro acumulado para las Administraciones Públicas asciende a un total de 10.417 millones de euros, de los cuales 2.684 millones corresponden al Estado (AGE), 5.535 millones a las Comunidades Autónomas (CCAA) y 2.198 millones a las Entidades Locales. Estas cifras anunciadas por Rajoy son muy impactantes, sobre todo […]

El abuso de los Decretos-Leyes en el ámbito administrativo sancionador

El Derecho administrativo sancionador es, quizá, el punto de fricción más caliente entre la Administración y el ciudadano. Por eso precisamente resulta trascendental que sean los representantes democráticos de la nación quienes lo perfilen y modelen. Sin embargo, una jurisprudencia demasiado benevolente del Tribunal Constitucional y un abuso constante del decreto-ley por parte de los gobiernos de turno han llevado a una situación en la que cualquier gobierno puede, de la noche a la mañana, definir infracciones y sanciones. No es sino otro cascote  más que se desprende de la quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España, pero un cascote que puede golpear con mucha fuerza. Cuando la Constitución Española (“CE”) dice en su preámbulo que “la Nación española […] proclama su voluntad de […] consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, sienta uno de los cimientos más importantes del Estado tal y como se concibe hoy en las democracias occidentales. Así lo expresa también el art. 1.1 CE, al decir que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Efectivamente, democracia e imperio de la ley son conceptos íntimamente ligados: desde […]