Entradas por Juan Antonio Frago Amada

El problema de la responsabilidad civil derivada de delito ¿Para cuando oficinas provinciales de inteligencia económica o recuperación de activos?

En el procedimiento penal son dos cuestiones esenciales las que se dilucidan: en el caso de que el acusado sea declarado culpable, qué pena se le impondrá y qué responsabilidad civil deberá satisfacer. La situación actual en delitos de índole patrimonial, que son todos pues o bien se han cometido por el afán de lucro o bien, incluso en los delitos sexuales o contra la vida e integridad física, late el componente económico en el resarcimiento de la víctima. A la ya consabida lentitud de la administración de justicia penal se une la absoluta desprotección que tienen en este país las víctimas. Se encuentran, habitualmente, con que el culpable no paga la indemnización correspondiente. Es muy difícil llegar a generalizar, porque, tal y como se puede ver en las noticias, puede cometer delitos el más pintado, desde el alcalde al yonki. Así como existen oficinas de recuperación de activos en el ámbito de las grandes fiscalías, recomendando el vídeo del comandante de la Guardia Civil Vicente Corral Escáriz, que ponemos a continuación, en el ámbito de los delitos de provincias eso no existe. No es nada raro, en absoluto, ver delitos de todo tipo en los que ni se ha […]

Aforados: Concesión de coche, chófer y escolta a ex presidente autonómico

Como recordaréis del post Libertad de prensa ¡para los blogueros!, los tribunales norteamericanos empiezan a extender la libertad de prensa a los blogs, precisamente porque a veces sacan a la luz contenidos de los que los medios de comunicación no se hacen eco (sea porque les han pasado inadvertidos o porque, por la razón que sea, no les interesa). A mis manos ha llegado un singular Auto del TSJ de Aragón de 30-I-2014,en el que se inadmite una denuncia contra la Presidenta de la CA de Aragón. En síntesis, un abogado de Zaragoza llamado D. Ramiro Grau(que actúa en su nombre), denuncia que la Presidenta autonómica ha concedido al anterior Presidente un coche del parque móvil oficial, servicio de chófer y escolta. La denuncia es inadmitida con informe del Fiscal en el mismo sentido. Vaya por delante que hay algunas cosas que me han parecido de lo más curiosas: 1) Por de pronto el procedimiento. El TSJ de Aragón lo tramita como “Indeterminadas 1/2014”. Si los lectores habituales de este blog recuerdan, en diciembre de 2013 hice un estudio de cada Comunidad Autónoma en materia de aforados y había casos donde las leyes del espacio-tiempo se resentían (como en cierto auto de inadmisión, que a la vez acordaba el sobreseimiento libre; sobreseimiento libre que sólo […]

Sobre los aforamientos autonómicos y el problema de su eficiencia

Mucho y bueno se ha escrito sobre la materia de los aforamientos, pudiéndonos remitir a este post  para la doctrina general. Sin embargo, en estas notas me voy a centrar en los aforamientos a nivel autonómico, es decir, aquellos en los que se ancla a los Tribunales Superiores de Justicia el enjuiciamiento de determinadas personas. Vaya por delante que he realizado estudios de todas las comunidades autónomas siendo estos los resultados de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía, Región de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Una de las primeras cosas que saltan a la vista, es la imposibilidad de hacer una estadística absolutamente fehaciente de sentencias dictadas en esta materia, tanto porque el CENDOJ recoge únicamente sentencias desde 1998 y porque se deja muchas por subir en esta materia (véanse, p. ej., la sentencia del “Caso Nevenka” en Castilla y León, el “Caso Atutxa” en País Vasco o esta sentencia sobre prevaricación judicial imprudente, en la que el TS confirma la condena a una juez sustituta, no constando, sin embargo, la que necesariamente tuvo que dictar en primera instancia el TSJ de Cataluña). […]

La acusación popular tras la doctrina Atutxa

Mucho se está escribiendo estos días sobre hipótesis acerca del caso Noos, fundamentalmente dando por sentado que la única acusación que se formulará contra alguna persona lo será por un sindicato de funcionarios. Se pueden consultar, a título ejemplificativo, un conocido periodista y un para mí muy razonable abogado, quienes sostienen en sus respectivos blogs la imposibilidad de que se abra juicio oral en nuestro país contra alguien que únicamente sea objeto de una acusación popular. Según mi experiencia, lo cierto es que las acusaciones populares han sido vistas con mucho recelo, habiéndose cercenado por el Tribunal Supremo la posibilidad de que entes de Derecho Público, por ejemplo Ayuntamientos, se constituyan en acusación popular si acusa el Fiscal (véase STS 1007/2013, de 26-II, Rec. 907/2012). Sería el ejemplo de un Ayuntamiento que se persona en un caso de violencia de género, acusando también el Fiscal, ya que aquel no es perjudicado directo, personación que de todos modos no sería acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El caso en que ahora se piensa es el de un sindicato de funcionarios que hipotéticamente va a sostener en solitario acusación contra una determinada persona. Todas las tesis contrarias a la intervención en solitario […]