Entradas de] Los editores

EDITORIAL: Cinco razones por las que nos oponemos a la amnistía al ‘procés’

PRIMERA.- Porque, lejos del propósito de reconciliación con el que se trata de justificar esta ley de amnistía, la misma resulta profundamente divisiva, habiendo dado lugar a «una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española», como ha destacado la Comisión de Venecia. A este respecto, debe subrayarse que un presupuesto que debería respetar toda amnistía para resultar legítima, en tanto que se trata de una decisión con valor cuasi-constitucional, es que sea adoptada por un parlamento con mayorías cualificadas muy amplias, como también ha indicado la Comisión de Venecia. Sin embargo, esta ley va a ser aprobada en España con una exigua mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Senado y con la oposición de al menos 11 presidentes autonómicos, así como del principal partido de la oposición. SEGUNDA.- Porque se ha adoptado sin una base constitucional expresa, desconociendo que el constituyente en 1978 rechazó una enmienda que proponía reconocer a las Cortes Generales la facultad de aprobar amnistías. Por ello, consideramos que, para aprobar una amnistía, habría sido conveniente seguir la recomendación de la Comisión de Venecia […]

EDITORIAL: Los peligros de la Ley de amnistía

En este blog nos hemos posicionado reiteradamente en contra de esta Ley de amnistía que empieza ahora su andadura final, tras el acuerdo al que han llegado el PSOE, Junts y ERC para introducir una serie de enmiendas al texto con la finalidad explícita de «blindar» a Carles Puigdemont frente a posibles actuaciones judiciales. Y decimos en contra de esta ley concreta porque si bien es cierto que muchos autores han defendido que ninguna ley de amnistía en abstracto cabe en la CE (por diversos motivos que ahora no vamos a repetir) no lo es menos que otros, entre ellos algunos juristas de Hay Derecho han considerado que una amnistía en abstracto podría ser constitucional si se dieran una serie de requisitos que, lamentablemente, no se producen en el caso específico de la Ley de amnistía que previsiblemente se aprobará en unas semanas. En este sentido, remitimos al debate online que hace unos meses hicimos en Hay Derecho y que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube. En todo caso, desde entonces han pasado muchas cosas que ahondan nuestra firme convicción de que estamos frente a una amnistía no ya inconstitucional sino contraria a los estándares mínimos exigibles en […]

EDITORIAL: Koldo y las malas costumbres

No vamos a tratar en este editorial de los presuntos delitos de Koldo García, pues es competencia de los tribunales determinar si se produjeron. Tampoco nos vamos a referir a las responsabilidades políticas derivadas de esas actuaciones por parte de quien le encumbró a los puestos públicos que le permitieron el acceso a los organismos decisores en materia de contratación pública. En todo caso, desde Hay Derecho hemos repetido muchas veces que la responsabilidad política no se limita o se reduce a la responsabilidad penal, como pretenden habitualmente nuestros políticos.  No obstante, existe otra cuestión sobre el exasesor (y/o guardaespaldas) del exministro José Luis Ábalos que nos parece gravísima y que parece pasar más desapercibida en los medios. Quizás porque forma parte de las costumbres patrias. Nos referimos al nombramiento de Koldo García primero como asesor del ministro Ábalos, y después como Consejero de la sociedad Renfe Mercancías SA y miembro del Consejo Rector de de Puertos del Estado cuando Ábalos era ministro de Transportes.  Pues bien, la Fundación Hay Derecho considera que este tipo de nombramientos se encuadra en lo que puede considerarse como corrupción institucional normalizada, es decir, una corrupción que se admite o se tolera no ya […]

Editorial: propósitos para el año nuevo

No ha sido 2023 un buen año para nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones, principales preocupaciones de Hay Derecho. El último artículo del Economist sobre España se titula “Las instituciones españolas crujen bajo la presión partidista”. Hace referencia a las tensiones creadas por la proposición de ley de amnistía, a los pactos de investidura con referencias a un supuesto, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero también a la invasión partidista del CIS, la agencia EFE, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Que diga  que las cosas no están tan mal como en Polonia (antes del cambio de Gobierno allí) no es un consuelo sino lo contrario: se nos empieza a ver como el tercer enfermo de Europa, tras Hungría y Polonia.  Pero tan importante como ser conscientes de la gravedad de la situación es no equivocarse en la reacción. En Hay Derecho entendemos que los ataques al Estado de Derecho no se remedian saltándose las reglas, sino, por el contrario, reclamando su estricto cumplimiento por todos los medios legales. Es decir, con más Estado de Derecho, y no con menos. Por eso, ante las amenazas que los pactos de investidura implican para el Imperio de la […]

Editorial de Hay Derecho sobre el acuerdo PSOE-Junts

Desde Hay Derecho queremos mostrar nuestra preocupación en relación con el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts este jueves 9 de noviembre, por varias razones en relación con la preservación del Estado social y  democrático de Derecho y del orden constitucional: En primer lugar, el centro del relato que queda plasmado en este acuerdo es superar la judicialización a través de la negociación y del acuerdo político. Sin embargo, en ningún momento se recuerda que el marco en el que deben darse tales negociaciones es la Constitución. Esta omisión es especialmente grave cuando se señala al Tribunal Constitucional, en particular a su sentencia sobre el Estatut, como el origen del conflicto por haber preservado nuestra Norma Fundamental; y cuando Junts sigue reivindicando la legitimidad del proceso rupturista. En segundo lugar, se acuerda una amnistía para hechos vinculados con el procés, cometidos “antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017”, para lo cual se deberá tener en cuenta las conclusiones de comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de “lawfare o judicialización de la política”, que, además, podrán “dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Tales afirmaciones presuponen que en España hay […]

Un acuerdo por la amnistía y contra el Estado de Derecho y la Democracia

La semana pasada se hizo público el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Consideramos que su contenido ataca los principios básicos del Estado de Derecho y de la Democracia y por tanto supone un grave riesgo para la igualdad y los derechos de todos los españoles. Se concede una amnistía a cambio de votos para una investidura, lo que supone infringir manifiestamente la igualdad entre españoles, pues se trata de que unos políticos compran impunidad a cambio del apoyo de su partido. La primera frase del acuerdo confirma que el acuerdo es “para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez”. Que esa es la razón del acuerdo para el PSOE es evidente pues ese partido y su presidente se habían manifestado reiteradamente contra la posibilidad de amnistía, cambiando de opinión tan solo cuando los votos de Junts se hicieron necesarios para la investidura. La referencia del presidente a “hacer de la necesidad virtud” lo confirma, porque la necesidad no es del país, sino del propio Presidente. Un pacto mediante el cual unos políticos amnistían a otros que han delinquido para mantenerse en el Gobierno resulta una ofensa insoportable para cualquier ciudadano que cumple la Ley, pero […]

Against the amnesty of the procés

In the autumn of 2017, a serious insurgency against the constitutional order took place in Catalonia. In open disobedience to the Constitutional Court, the Catalan Parliament passed, violating the procedures and the rights of parliamentary minorities, the breaking laws that declared the constitution of the Catalan Republic and the disconnection with the rest of Spain; And the Catalan government chaired by Carles Puigdemont organized an illegal referendum, for which he used personal data illegally and misappropriated public money. It should also be remembered that tumultuous uprisings were instigated to prevent the action of the Justice and the police intervention. The president of the Generalitat came to declare independence unilaterally. In short, as the Constitutional Court found, the Catalan authorities placed themselves “completely outside the law …, entering an unacceptable way of fact”, they “ceased to act openly in the exercise of their own constitutional and statutory functions” and put “at maximum risk, for all citizens of Catalonia, to be able to do so.” The validity and effectiveness of all guarantees and rights preserved for them both the Constitution and the Statute itself. He leaves them thus at the mercy of a power that claims not to recognize any limit.” Concluding […]

Contra la amnistía del procés

En otoño de 2017 se produjo en Cataluña una grave insurgencia contra el orden constitucional. En abierta desobediencia al Tribunal Constitucional, en el Parlamento catalán se aprobaron, vulnerando los procedimientos y los derechos de las minorías parlamentarias, las leyes de ruptura que declararon la constitución de la República catalana y la desconexión con el resto de España; y el Gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont organizó un referéndum ilegal, para lo cual utilizó datos personales de manera ilegal y se malversó dinero público. También hay que recordar que se instigaron alzamientos tumultuarios para impedir la acción de la Justicia y la intervención policial. El presidente de la Generalitat llegó a declarar la independencia de forma unilateral. En definitiva, como constató el Tribunal Constitucional, las autoridades catalanas se situaron “por completo al margen del derecho…, entrando en una inaceptable vía de hecho”, dejaron “declaradamente de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias propias” y pusieron “en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto. Los deja[ron] así a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno”. Concluyendo […]

Sigue el culebrón del CGPJ: ahora el despropósito de una posible nueva presidencia de un vocal abogado en ejercicio.

  La gravísima crisis institucional que atraviesa el CGPJ no parece tocar fondo. Esta situación insólita, motivada por la irresponsabilidad institucional de los demás poderes, por la lucha de egos y por intereses partidistas ajenos al bien común, ha llevado a la parálisis de uno de los órganos constitucionales por excelencia. El CGPJ, que debió ser renovado en diciembre de 2018, a finales de este año -si nadie lo remedia- va a ver duplicado su mandato tras permanecer en funciones cinco años. Junto a la crisis por la falta de renovación asistimos a la crisis motivada por la Ley Orgánica 4/2021, por la que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de impedir al CGPJ nombrar cargos discrecionales. Las cámaras legislativas incumplidoras de su deber constitucional de convocar el Pleno para nombrar de entre los candidatos presentados a los nuevos vocales, sí se reunieron para recortar la competencia más importante del órgano de gobierno de los jueces. La medida no causó el efecto deseado de presionar al partido en la oposición para la renovación. Y cuando pensábamos que no podía desprestigiarse aún más el órgano, las cámaras volvieron a reunirse para aprobar la Ley Orgánica 8/2022, […]

El Decreto Ley 5/2023 y la degradación de la legislación

El Decreto Ley 5/2023 es una nueva vuelta de tuerca en la degradación de la Ley en España. Para comprender por qué esto es tan grave hay que empezar recordando la importancia de la Ley. Como no nos cansamos de repetir en Hay Derecho, no existe democracia sin Estado de Derecho, y no hay un Estado de Derecho digno de tal nombre sin democracia. La base del sistema es que todos, incluso el poder, están sometidos a unas Leyes de origen democrático que se aplican de forma objetiva. Para que esto sea posible son necesarios controles cruzados entre los poderes, es decir una Justica independiente y un poder legislativo elegido democráticamente que elabore las leyes siguiendo un procedimiento que garantice su calidad; también que se respete la seguridad jurídica, lo que requiere leyes cognoscibles, claras y estables. Para conseguir esto último nuestra Constitución prevé un procedimiento legislativo exigente: se parte de un proyecto que elabora el Gobierno, que se somete a consejos asesores (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social). La tramitación parlamentaria se dirige por una comisión con diputados de distintas formaciones en general con experiencia en la materia de la Ley; en la […]