Como es sabido, el valor probatorio de la negativa del demandado a someterse a la práctica de la prueba biológica es uno de los temas que más pronunciamientos judiciales ha suscitado en el proceloso mundo de las acciones de filiación. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, éste a partir de la fundamental y ya lejana STC 7/1994, de 17 de enero, han ido construyendo una doctrina jurisprudencial pacífica y uniforme, cuyas conclusiones recibieron plasmación legal en el art. 767.4 LEC/2000, que establece: “La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios”. Lo pacífico de esta jurisprudencia explica que sus términos se reiteren en cada nueva sentencia sobre la cuestión, que al tiempo que expone sintéticamente la evolución experimentada, contribuye a su desarrollo y consolidación. Sin embargo, el acuerdo unánime en la fundamentación jurídica es compatible en ocasiones con resultados muy diferentes a partir de situaciones prácticamente iguales. Ése es el marco en que ha de encuadrarse la STS 18 julio 2017 (nº 460/2017), en la que […]

Roncesvalles Barber Cárcamo

Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de La Rioja. Acreditada como Catedrática. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja desde 2012.
Autora de un buen número de monografías, artículos de Revista y capítulos de libro, ha investigado y publicado sobre Derecho foral navarro, Derecho de Sucesiones, Derechos reales, Registro de la Propiedad, Derecho de familia, instituciones protectoras de menores y Derecho de filiación.