La cuestión de la posible abusividad de las fianzas y avales prestados por personas físicas ha obtenido mucha menos atención que otras -cláusulas suelo, gastos hipotecarios, etc…-. Sin embargo, tiene una enorme trascendencia. Por una parte porque existen en la gran mayoría de los préstamos a PYMEs y no son infrecuentes en préstamos hipotecarios. Por otra porque al comprometer todo el patrimonio de personas ajenas al préstamo, pueden provocar graves problemas sociales y familiares, como señaló Fernando Gomá aquí. Recientemente, algunas resoluciones judiciales (Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Bilbao de 5/4/2018 y Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº5 de San Sebastián de 10/4/2018) se han convertido en titulares sobre la anulación por abusividad de las fianzas, por lo que conviene analizar si esto es realmente posible y en qué casos. Un primer requisito para entrar a analizar su abusividad es que el fiador o avalista tenga la condición de consumidor. En el caso de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda por personas físicas, no cabe duda que tienen ese carácter tanto los prestatarios como los que los avalan. En los prestados a empresarios o sociedades, la STJUE (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de […]

Todo empezó con la STS 705/2015, de 23 de diciembre, que examinó una cláusula que atribuía todos los gastos e impuestos derivados del préstamo hipotecario al deudor, considerándola abusiva. Además, procedió a determinar a quién correspondía cada uno de los gastos a los que se refería esa cláusula y concluyó: que los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) correspondían al Banco; que el seguro de daños lo debía pagar el hipotecante; y que a los gastos y costas procesales debían aplicarse las normas de la LEC. La STS ha sido defendida (ver este post) pero también criticada (aquí por Ubaldo Nieto). Plantea problemas porque basa su argumentación fundamentalmente en el art. 89.3 de la Ley de Consumidores (TRLGDCU) que es una norma dictada para la escritura de compra de vivienda y no para un préstamo hipotecario. Además, entiende que el sujeto pasivo del Impuesto de AJD (con diferencia el gasto más importante) es el Banco, en contra de la previsión expresa del art. 68 del Reglamento del Impuesto y de la doctrina de la Sala 3ª del TS, que es la especializada en derecho fiscal.  En el día de hoy (ya publicada la primera versión […]

Entre las muchas cuestiones que han planteado los préstamos hipotecarios, quizás la menos discutible sea el carácter excesivo de los intereses de demora. Hasta la ley 1/2013 la media era cercana al 20 por ciento (llegaban en algunos casos 29%), multiplicando de 5 a 10 veces el interés ordinario. Esto era injusto pues no se correspondía con el perjuicio que el retraso causaba al Banco, y también contraproducente: al incrementar la deuda del deudor en dificultades más que estimular el pago provocaba que los impagos parciales se convirtieran en definitivos (ver aquí). Para remediar esta situación, la ley 1/2013 limitó estos intereses a tres veces el interés legal del dinero (art. 114 LH), pero solo para los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. Sin embargo, el TS en diversas sentencias comentadas aquí,  consideró que esa limitación “no excluye el control del carácter abusivo de aquellas cláusulas” porque se había dictado para todo tipo de préstamos y no solo a los contratos con los consumidores. Siguiendo la doctrina del TJUE, entendió que solo si la ley lo impusiera expresamente a estos contratos se aplicaría el art. 1.2 de la Directiva 13/93 que excluye del análisis de abusividad las “cláusulas contractuales que reflejen […]