Entradas por Jose Luis Villar Ezcurra

Ilícitos penales y simples infracciones administrativas: conveniencia de no mezclar churras con merinas

Entiendo que hay temas más importantes (como pueda ser la decisión de quién y cómo va a gobernarnos) pero mientras se dirime este proceso –que parece va para largo- hay cuestiones que no deben ser demoradas. Evidentemente, la corrupción es un problema, pero no tanto porque sea de ahora sino porque es ahora cuando se está destapando una trama tras otra ante la horrorizada mirada de quienes, como ciudadanos, nos preguntamos en manos de quien hemos dejado las cosas públicas. No voy a tratar de eso ahora – de la corrupción- pero si de algo muy ligado a la misma como es el evidente efecto que esto tiene en nuestras Administraciones públicas. Tanto los funcionarios como quienes ostentan cargos políticos, se muestran reacios y temerosos a tratar con los empresarios por el temor (fundado, creo) a ser anticipadamente juzgados y condenados por la comisión de algún tipo de ilícito penal. Ese temor es real y puede apreciarse en el quehacer diario de nuestras Administraciones que, antes de dar la razón ante cualquier recurso –por muy fundamentado que se encuentre- prefieren optar por el silencio o  por una desestimación del mismo (raramente bien fundada). Hoy por hoy no existe la denominada […]

Estado del bienestar y Servicios Sociales

Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de reducir el gasto público en Sanidad y Educación en unos 10.000 millones de euros, he leído y escuchado muchos comentarios dispares -a favor y en contra de semejante decisión- no exentos de demagogia y simplicidad, por lo que me parece oportuno terciar para poner algunas cosas en su sitio. Por una parte, se dice que nuestros servicios sociales (Sanidad y Educación) se encuentran sobredimensionados y que pueden ser objeto de una mejor gestión de los recursos disponibles, de tal modo que se pueda obtener un ahorro en el gasto público. Esta es, en esencia, la posición del Gobierno cuyo mayor problema es que no sabe explicarse bien ni transmitir a los ciudadanos lo que pretende, dando una clara sensación de improvisación y falta de coordinación (que, curiosamente, es lo que achacaba a los gobiernos de Zapatero). Por otra, se afirma que no cabe “meter la tijera” en el gasto público destinado a estos servicios porque en ellos radica, en buena parte, lo que se denomina como “Estado del Bienestar”. Este es, básicamente, el mensaje que transmiten el resto de los partidos políticos (a excepción de CIU) cuya lectura resulta muy sencilla, porque […]

¿Es posible la devolución de competencias al Estado por parte de las CCAA?

 La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto sobre el tapete una cuestión que  incomoda a muchos partidos políticos (incluido el suyo propio) pero cuya puesta en práctica puede llegar a producir un ahorro de unos 48.000 millones de euros, según ha manifestado la propia Esperanza Aguirre. Carezco de datos fiables para comprobar esta cifra, pero dada la seriedad mostrada en otros asuntos por quien la ofrece, no la pongo en duda y la acepto como buena, así como la idea que propone sobre la devolución de competencias al Estado, por parte de las CC.AA. en materias como sanidad, educación y justicia. La cosa no para ahí porque, en sus declaraciones, alude también a la trasferencia de competencias a los Ayuntamientos en aquellas materias que puedan gestionar mejor que las propias Comunidades Autónomas. Para poder hacernos una idea de la magnitud de este ahorro, baste con decir que es muy superior al previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (unos 30.000 millones de euros), lo cual invita, cuando menos, a reflexionar sobre la idea sin descartarla de antemano, como así han hecho la mayoría de los políticos. Porque, hasta el momento, nadie ha desmentido esta cifra y […]

El recorte del gasto público y la hora de la verdad

Parece que las cosas se están poniendo feas ante la necesidad de que todas las Administraciones públicas realicen recortes en sus presupuestos porque ya no existe más margen de maniobra en Bruselas. Y esto va a resultar especialmente ilustrador en las CC. AA. a quienes se les pide y exige el cumplimiento de un techo de déficit (cifrado, por ahora, en el 1,5 %) para lo cual tendrán que elegir entre recortar los servicios sociales (educación y sanidad) o recortar sus gastos en aparato político, burocrático y propagandístico. Este es el dilema real que tienen ahora todas las Comunidades Autónomas prescindiendo de mensajes demagógicos, porque así vamos a entenderlo los ciudadanos. No caben ya posicionamientos ambiguos ni recurrir al “y tú más” al que pretenden tenernos acostumbrados, porque la cosa va en serio y habrá que poner todas las cartas sobre el tapete. Mira tú por donde esta catastrófica situación en la que vivimos va a tener un lado positivo si todas las CC.AA. nos desvelan en qué demonios se están gastando realmente los dineros públicos (que son de todos y no de ellos y sus amigos).

Privilegios de la Administración y no de los cargos públicos

Como es sabido, la Administración (o, mejor dicho, las Administraciones públicas) no son como el resto de los sujetos, ya que tienen recocidos una serie de privilegios, de los que no disfrutan el común de los mortales, debido a que actúan, o deberían hacerlo, buscando siempre una finalidad de interés público. Y como por definición, el interés público debe prevalecer sobre  el mero interés privado, las Administraciones son consideradas, algo así como “potentior persona”, motivo por el cual cuando nos enfrentamos a ellas lo hacemos siempre en una situación de inferioridad. Hasta aquí lo dicho no pasa  de ser uno de los axiomas de nuestro Ordenamiento jurídico que se encuentra al alcance de cualquier estudiante de Derecho. Lo que quizás no sea tan conocido es que todo el conjunto de privilegios de los que actualmente goza nuestra Administración son algo muy antiguo porque provienen de la equiparación que se hacía en la Baja Edad Media entre el Fisco y el menor de edad (“Fisco et minori pari passu ambulari et aequali privilegio poteri”). De ahí proviene -entre otras muchas técnicas, la actual “declaración de lesividad” de los actos administrativos anulables o la necesidad de subasta previa para la venta de […]

Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios […]

¿Eximente de responsabilidad para los cargos negligentes?

Tenía pensado enviar este post, que ha surgido como consecuencia de reflexiones acerca de otro, publicado por Elisa de la Nuez hace tiempo (sobre “el mandatario infiel o la falta de rendición de cuentas”) cuando leo el nuevo artículo de Elisa en el Mundo (12/10/2011) titulado “El ministro en la gasolinera”. Magnífico artículo, al que me adhiero por completo, pero que me “pisa” una vez más el que ya tenía escrito, lo cual quiere decir, no sólo que estemos en sintonía de ideas, sino que el problema del que tratamos (la ausencia de responsabilidades de nuestros cargos públicos) es algo que requiere tomar decisiones urgentes. No obstante lo envío al blog tal y como estaba escrito a pesar de que pueda existir redundancia de planteamientos e ideas. Porque a ver si los políticos se enteran de una vez que, por mucho que manden cuando ocupan cargos públicos, no dejan por ello de ser responsables ante todos nosotros de su gestión. Si están en  el convencimiento de que los dineros públicos no son de nadie (frase pronunciada no hace mucho por una conocida política) vamos realmente mal, porque ese dinero es de todos los ciudadanos y es a ellos a quienes […]

Lenguaje jurídico y lenguaje correcto

  La penúltima ocurrencia de nuestro Gobierno, por boca del Ministro de Justicia, consiste en la pretensión de cambiar  el lenguaje jurídico,  para  que  los  ciudadanos puedan comprender mejor las sentencias de nuestros jueces y Tribunales.  Según el CGPJ, el 82 % de los ciudadanos cree que el lenguaje jurídico es complicado y difícil de entender, de modo que los jueces van a tener que seguir una serie de pautas para que sus sentencias resulten más sencillas de leer. Según la información que publica el Diario Expansión, el Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que el informe apuesta por emplear “frases cortas” en lugar de “párrafos largos, subordinadas, pasivas y gerundios” que dificultan la comprensión del contenido del acto judicial. “Las recomendaciones se dirigen hacia un lenguaje sencillo, que siga las pautas de la propia Academia”, ha añadido. Igualmente, el ‘número dos’ de Justicia ha enfatizado la importancia de que el ciudadano “comprenda aquello que se dice sobre él” y que “determina sus relaciones en la vida social”. A su entender, los usuarios deben ver la Justicia como “la primera instancia a la que consultar” en lugar de la “última a la que acudir” para resolver […]

Las deudas de nuestras Administraciones públicas y el perejil del loro

El asunto ya lleva tiempo coleando (no es noticia de última hora precisamente) pero sigue siendo preocupante porque, lejos de poder vislumbrar la salida de este oscuro túnel, la situación económico/financiera de nuestras Administraciones públicas no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario. El endeudamiento de la Administración del Estado es sencillamente “galopante”, el de las Comunidades Autónomas parece que lo estamos descubriendo realmente ahora (véase el caso de Castilla-La Mancha) y el de nuestros Ayuntamientos es mal endémico, por la sencilla razón de que con sus ingresos -basados fundamentalmente, en la recaudación de tributos relacionados con el ladrillo- no pueden alcanzar el importe de lo que gastan. De nada sirve la Ley de lucha contra la morosidad (Ley 3/2004 modificada por la Ley 15/2010, quedando pendiente la incorporación a nuestro Derecho de la reciente Directiva 2011/7/UE), porque los plazos máximos de pago que marca – en una escala decreciente que concluye en los 30 días a partir de 2013- resultan absurdos cuando los plazos reales de pago superan, con mucho, los 180 días. Esta endeblez económica de nuestras Administraciones (especialmente de los municipios), unida a la falta de crédito por parte de la banca privada provoca, a su […]

Primero cumplir las leyes, luego reformarlas

Sobre esto ha escrito, también, un post Elisa de la Nuez (“No a la desobediencia civil … pero a la de todos”) que he intentado apostillar, pero finalmente he optado por un nuevo post porque el asunto merece la  pena. Como ya se está poniendo de moda mostrar indignación (eso sí, pacíficamente), muestro la mía por algo que resulta completamente obvio pero que parece estar pasando desapercibido por la “sociedad civil” -el 15 M generalizado- como es el hecho insólito, en un Estado de Derecho, de que no se exija el cumplimiento de las normas por razones de “oportunidad“.  Y me olvido ya de apelar a los poderes públicos, puesto que, visto lo visto, son ellos los que se están separando, a pasos agigantados, de la “sociedad civil“. Porque resulta que ahora las normas sólo vinculan a determinados destinatarios de las mismas pero no a quienes ocupan posiciones de poder, ante el temor a reacciones políticas que ocultan intereses espurios. Me refiero, entre otros muchos ejemplos, a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Bildu que, como recientemente ha puesto de manifiesto el Profesor Betancor (“Indignado: la imprescindible reforma constitucional“, Expansión 9/06/2011), “lleva unos años envuelto en una carrera […]

De nuevo sobre los desatinos de nuestro legislador

El legislador de nuestros días está dando muestras, cada vez más frecuentes, de la mala o pésima calidad de las normas que aprueba, como edictor jurídico, porque prescindiendo ya de la oportunidad o justicia de su contenido (que, también, son muy discutibles) resulta obvio que la mayor parte de las mismas se encuentran huérfanas de técnica jurídica. Para comenzar, porque una de las funciones más importantes de todo sistema normativo consiste en dotar de seguridad jurídica a nuestro Ordenamiento, lo cual se encuentra recogido en el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Seguridad jurídica que brilla por su ausencia cuando los propios profesionales del Derecho tenemos que acudir a “buscadores” informáticos para conocer el texto legal aplicable a un determinado supuesto (llámese un contrato administrativo, la liquidación de un impuesto o el régimen al que se encuentra sometida una determinada actividad). Imagino que un simple particular -que se supone que es el destinatario de estas normas- puede volverse simplemente loco o cometer errores de  bulto al intentar encontrar la norma aplicable a su caso. Y es que, desde las denominadas leyes “omnibus” (técnicamente, las leyes de medidas urgentes que se dictan a finales de todos los años) se están produciendo alteraciones […]

No hay Derecho…

No hay derecho a que las Administraciones públicas (de todos los niveles y colores) actúen movidas por intereses partidistas y dejen de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos. Porque estamos asistiendo, en los últimos años, al agotamiento de nuestra capacidad de asombro como juristas al ver actuaciones claramente contrarias a Derecho que los ciudadanos y las empresas tienen que cumplir porque, en aplicación del principio de presunción de legalidad, han de asumir la carga de recurrirlas ante los Tribunales para obtener la razón, después de un largo peregrinaje. Resulta sencillamente increíble -pero lamentablemente es cierto- que los fondos inicialmente destinados al cumplimiento de una serie de compromisos contractuales sean desviados a otras atenciones, con preterición absoluta de los derechos que la Ley reconoce a los contratistas, poniendo en grave riesgo la subsistencia de buena parte de nuestras empresas. Y resulta inadmisible que se esté confundiendo, constantemente, la discrecionalidad administrativa con la mera arbitrariedad (proscrita por el artículo 9.3 de nuestra Constitución) al socaire, también, de esa presunción de legalidad que cubre la actuación de las Administraciones públicas. No hay derecho a que buena parte de nuestra clase política ocupe cargos públicos con el único afán de medrar y alcanzar […]

La mutación forzada de la naturaleza de los contratos administrativos: de contratos públicos a contratos privados

Quisiera tratar de un asunto muy relacionado con la conocida “huida al Derecho privado” (tema sobre el que sí existe una abundante literatura jurídica) pero bajo una perspectiva novedosa, como es el hecho real de imponer, para contratos administrativos ya celebrados, su transformación en contratos privados mediante la subrogación de una empresa pública con forma mercantil en la posición inicialmente ocupada por una Administración pública. Realmente, en los casos de los que tengo conocimiento, no se impone esta subrogación (con alteración de la naturaleza del contrato) pero se condiciona a la resolución del contrato, lo cual es un medio claro de presión sobre el contratista.| Esta práctica parece ser consecuencia de la escasez o inexistencia de recursos estrictamente públicos (estamos en el año 2011) para hacer frente a obligaciones contraídas en contratos administrativos, que pretenden transmutarse en contratos privados mediante el simple artificio de subrogar a una Empresa mercantil en la posición inicialmente ocupada por una Administración pública. Artificio que, lógicamente, sólo puede prosperar (como no puede ser de otra manera) mediante el consentimiento previo del contratista a tal subrogación que ante la perspectiva de no poder cobrar se ve abocado a prestar su consentimiento. Pero no es sobre la […]