La Asociación llamada “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” es una entidad de carácter transversal y no profesional, plural, democrática y absolutamente independiente de los poderes públicos u otros grupos, ya sean políticos, sindicales, empresariales o de cualquier índole. Fue creada el 14 de mayo de 2011 para apoyar el denominado “Manifiesto por la despolitización e independencia policial”, un documento programático subscrito por más de 1.500 jueces de toda España. No sólo agrupa a miembros de la carrera judicial, sino a colectivos como abogados, universitarios, fiscales y otras profesiones jurídicas e incluso ajenas al mundo del Derecho.

Desde entonces la Plataforma ha desarrollado una intensa labor tanto dentro como fuera de la judicatura. Entre sus actividades más significativas cabe destacar la denuncia de la politización de la Justicia española ante instancias internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, la denuncia de la arbitrariedad en la designación de altos cargos judiciales mediante la creación de un Observatorio cuyos informes han ganado tanto prestigio que han influido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o la publicación periódica de comunicados remitidos a los medios de comunicación donde se denuncia la politización de nuestra justicia y el colaboracionismo de determinados jueces con el sistema actual, los denominados “políticos-togados”.

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona y catedrático de enseñanza secundaria, ejerció como profesor de su especialidad a lo largo de 22 años, de los cuales 7 como director de un Instituto de Barcelona. En el año 2003 ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Educación por oposición libre. En la actualidad sigue ejerciendo como inspector en Barcelona, concretamente en la zona de Badalona. 

En los días previos a la consulta del 9N tuvo una actuación destacada en la Inspección de Barcelona-Comarcas, oponiéndose a la pretensión del Departament d’Ensenyament de que los centros docentes fuesen sedes de esa consulta y aconsejando a los directores de los centros que tenía bajo su responsabilidad que no permitiesen la utilización de sus centros para esa actividad sin una orden escrita para entregar las llaves.

Posteriormente, cuando se puso en marcha el procedimiento judicial del 9N, hizo llegar a la Fiscalía, a través de la Alta Inspección, varios documentos relacionados con los hechos. Esos documentos y su declaración en el juicio del 9N fueron determinantes para demostrar ante el Tribunal la implicación de los responsables políticos en los hechos que se juzgaban, que pretendían atribuir únicamente a los “voluntarios”.

Tras su declaración en la fase de instrucción del proceso del 9N fue cesado en el cargo de coordinador de la Inspección de Badalona y se nombró para sucederle en el cargo un docente que no pertenecía al Cuerpo de Inspectores. A pesar de que la coordinación es un cargo menor, sin responsabilidades ejecutivas y con un complemento retributivo escaso, Alsina no aceptó ser marginado por defender la legalidad e inició un largo proceso legal para conseguir la anulación de ese nombramiento. Las dificultades fueron grandes, ya que el Departament d’Ensenyament respondió con el silencio administrativo a su petición de acceso al expediente y al recurso de reposición que presentó ante la directora de los Servicios Territoriales de Educación. 

Finalmente acudió a los tribunales y presentó su demanda. Buena prueba de la indefensión a la que le sometieron los responsables políticos del Departament d’Ensenyament es que en el recurso que presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo impugnaba los nombramientos de coordinadores describiéndolos con la curiosa fórmula “de fecha desconocida y no publicados”, ya que no había podido acceder al expediente administrativo de esos nombramientos. Tuvo que acudir al Portal de la Transparencia de la propia Generalitat para conseguir, ocho meses después de haberla pedido, la copia completa del expediente.

En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia anulando los nombramientos impugnados y justificando la sentencia, entre otros, en que no se respetaron los preceptos legales para efectuar los nombramientos y se negó al recurrente el acceso a la información.

Integrada por medios de comunicación, organizaciones de periodistas y de abogados, conocidos activistas y Universidades, la Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) se ha convertido, desde su constitución en noviembre de 2014, en una referencia en la denuncia de los abusos contra la libertad de expresión e información en España. La PDLI defiende la libertad de expresión y de información allí donde sea atacada, sea en los medios, en las calles o en la Red.

Para revertir la situación actual, la PDLI no solo denuncia estos casos. También promueve campañas para que estos derechos puedan ejercerse con todas las garantías que merecen como Derechos Fundamentales. Los posicionamientos de la PDLI, independientes de cualquier ideología política o partidismo, se basan en el más riguroso análisis legal de cada caso siguiendo los estándares legales internacionales sobre libertad de expresión e información.

La PDLI busca trabajar en alianza. Por eso promueve campañas conjuntas o coordinadas con organizaciones y colectivos internacionales de defensa de la libertad de información como el International Press Institute (IPI) o el European Center for Press and Media Freedom (del que forma parte), entre otras muchas.

En apenas cinco años, esta entidad no solo se ha convertido en un referente en la defensa de la libertad de expresión e información en España. Se han conseguido también logros importantes entre los que destacan: la retirada de la Ley de Protección de Datos de sus artículos más peligrosos (tanto durante la tramitación parlamentaria como, al haber logrado, junto con otros juristas y organizaciones, que se declarase inconstitucional uno de ellos) , la rectificación de Podemos de su ley contra la discriminación sexual, la primera victoria de un medio de comunicación sobre la ‘Ley Mordaza’, la retirada de la acusación del delito de revelación de secretos a dos periodistas de ABC o la puesta en libertad de los periodistas turcos Akhanli y Yalçin detenidos en nuestro país.

Además, ha logrado alcanzar un importante consenso y respaldo social en asuntos como los límites penales a la libertad de expresión o el riesgo de usar la lucha contra las noticias falsas para controlar a los medios o a Internet a través de Manifiestos que recabaron apoyos amplios y diversos. También ha comparecido como entidad experta en el Congreso de los Diputados (Comisión Mixta de Seguridad Nacional) y en la Asamblea de Madrid (Comisión de Transparencia). En 2018, la PDLI creo el área de ‘Mujer’ para incidir en asuntos de género y defender y promover los derechos de las mujeres periodistas.

#CienciaenelParlamento es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo que el conocimiento científico sea fuente de información en la formulación de propuestas políticas. Esta organización promueve una cultura política cercana a la ciencia y una actividad científica centrada en las necesidades de la sociedad. Para lograrlo, se pretende que los responsables políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en España mantengan contactos regulares que faciliten el empleo del conocimiento científico en el proceso de toma de decisiones políticas. Para esto #CienciaenelParlamento propone una oficina de asesoramiento científico legislativo en el Congreso de los Diputados como ya existe en los países de nuestro entorno.

#CienciaenelParlamento busca fortalecer el sistema democrático en España facilitando mayor contacto entre el conocimiento científico y las políticas públicas. Es previsible que la oficina de asesoramiento científico legislativo, propuesta por #CienciaenelParlamento y preaprobada por la Mesa del Congreso, desarrollará un amplio currículum de actividades para fortalecer la conexión entre el sistema parlamentario, el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la sociedad, fomentando el debate público e informado sobre temas de interés social con un enfoque científico.

Mientras esa oficina llega, #CienciaenelParlamento está desarrollando esta labor de tal modo que está siendo referente internacional para otras iniciativas similares en Italia o para que oficinas ya establecidas como la británica adopten nuevas dinámicas. Lo que sitúa a España como un actor innovador en el mapa internacional del asesoramiento científico legislativo.