Premio
Buscamos personas u organizaciones que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho. Queremos reconocer el mérito de quienes se han sacrificado por defender este pilar básico de nuestra convivencia democrática.
Selección
Las candidaturas más votadas por los lectores del blog y amigos de Hay Derecho pasarán a formar parte de la deliberación de un jurado compuesto por miembros del equipo de gobierno de la Fundación, así como por miembros de las entidades con las que hemos firmado convenios de colaboración.
Plazo
- 20 de septiembre – 31 de octubre de 2018: Plazo de presentación de candidaturas.
- 5 – 30 de noviembre de 2018: Plazo de votación de candidaturas.
- 1 – 15 de diciembre de 2018: Deliberación del jurado.
- Febrero de 2019: Entrega del IV Premio Hay Derecho
Candidatos
Concepción Sabadell – Fiscal Anticorrupción
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Licenciada en ICADE E-3 (Administración y Dirección de Empresas y Derecho), es Fiscal desde 1997.
Ingresó en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en 2009, después de trabajar en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (1997-2001) y en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid.
Juez en excedencia desde 1998, Concepción Sabadell ha sido el auténtico motor de la investigación del Caso Gürtel, según los que han participado en ella. A pesar del impacto mediático que ha tenido un caso que afectaba al partido en el Gobierno, Concepción Sabadell ha sido inflexible a la presión. Quienes la conocen destacan cualidades que no son precisamente muy comunes en estas circunstancias: “una persona discretísima, excepcional, rigurosa, seria y tenaz”. “Tiene la virtud de ver cosas que los demás ni atisban. Mientras todo el mundo está pensando que el río tiene que ir por este cauce, ella se da cuenta que podría ir en otro sentido”.
Los que defendemos el Estado de Derecho aplaudimos que su protección esté en manos de personas con la integridad y preparación de la que hace gala Concepción Sabadell. Ciertamente, ella ha hecho su trabajo, pero lo ha hecho con rigor, sin miedo, haciendo caso omiso de las presiones mediáticas y eso, en los tiempos que corren, merece un reconocimiento.
La lucha contra la corrupción sólo será eficaz si los corruptos son conscientes de que hay profesionales como Concepción Sabadell que son leales e inflexibles en la defensa del Estado de Derecho, y lo hacen desde la profesionalidad y los valores. Por ello creemos que es una candidata perfecta para obtener el Premio de la Fundación Hay Derecho.
Eva Belmonte – Periodista y Responsable de Proyectos de Civio
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Llegó a Civio después de ocho años de experiencia en la redacción de El Mundo en Barcelona (2004-2012). Eva Belmonte diseña, desarrolla y supervisa todas las investigaciones de Civio.
Experta en analizar y tratar información pública, es autora del proyecto El BOE nuestro de cada día, donde exprime a diario el boletín oficial para contar cómo nos afectan las decisiones que se toman; y ha publicado el libro Españopoly (Ariel, 2015), donde describe y documenta cómo funcionan las estructuras de poder en España y cómo las leyes que nos regulan, en ocasiones, se adaptan a las necesidades de unos pocos. Además de traducir la complejidad de lo público a ojos de cualquier ciudadano, dirige el lobby de Civio, centrado en conseguir mejoras en normas de transparencia y anticorrupción. Las nuevas obligaciones en transparencia de la Ley de Contratos, por ejemplo, llevan su marca.
Plataforma por la Honestidad
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La Plataforma X la Honestidad se fundó a finales de 2015 con el objetivo de proteger a las personas que han denunciado irregularidades en nuestras instituciones y de guiar a los que quieren dar este paso; así como para luchar contra la lacra que supone la corrupción en este país, lo cual afecta a la sociedad en general. Es una asociación apartidista y sin ánimo de lucro.
Sus principales líneas de trabajo son: el impulso de acciones legislativas para la protección de los DDHH y la lucha contra la corrupción, las acciones de apoyo (recaudación de fondos) y asesoramiento (buzón denuncia) a denunciantes de corrupción para sacar a la luz irregularidades cometidas en las instituciones, la personación como acusación popular, el apoyo a denunciantes de corrupción en las respectivas causas (incluyendo el apoyo en su reorganización vital y laboral) y las campañas de sensibilización social sobre corrupción, desarrollo democrático y ciudadanía.
La PLxH ha impulsado en el Congreso el desarrollo por primera vez en España de una Ley de Protección al Denunciante de Corrupción con los beneficios que de dicha protección generaría a toda la sociedad. Además, se ha personado como acusación popular en la querella contra los altos mandos policiales para defender a los inspectores de policía que investigaron una trama de corrupción que afectaría no sólo a miembros del Cuerpo de la Policía, sino a diversos miembros de diversas instituciones públicas, así como al director de un conocido medio de comunicación.
Proyecto Promociona
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El Proyecto Promociona es una iniciativa de CEOE con la cofinanciación del Instituto de la Mujer y la colaboración de ESADE (donde se ha impartido el programa formativo en las seis ediciones anteriores) que tiene por objetivo que la mujer directiva ascienda hacia la primera línea de la organización, sensibilizando para ello a las empresas.
Promociona nace en 2013 precisamente por la preocupación de estas instituciones por la escasa representación femenina en los puestos de alta dirección. Es una iniciativa diferente porque no es un proyecto dirigido a mujeres sino que está orientado a las empresas, puesto que, si se quiere conseguir el objetivo, la implicación de la empresa es elemento clave.
En Promociona es la empresa la que participa, la que busca y presenta el perfil concreto de mujer que se busca. Es también la empresa quien propone a la persona de máxima responsabilidad dentro de la organización para participar como mentor. De esta forma, Promociona se apoya en ambos, en esas directivas y en esos/as mentores/as, que son los Presidentes, Consejeros Delegados o la Dirección General, para que actúen como motor de cambio dentro de la empresa y poder conseguir esa necesaria igualdad.
Los resultados del Proyecto son magníficos: 612 participantes de 372 empresas en 6 ediciones. De las ediciones ya finalizadas y evaluadas, ha promocionado el 45% de sus participantes. El Proyecto se encuentra actualmente en fase de expansión por otros países.
Para CEOE, es fundamental la transformación social y es lo que se pretende a través de Promociona. Si no hay un cambio cultural, la empresa no cambiará, pues es fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Joan Antoni Llinares Gómez –
Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana
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Joan Antoni Llinares Gómez es jurista y funcionario del Cuerpo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, especializado en gestión cultural.
Ha sido Director General del Palau de la Música entre 2009 y 2010, periodo en el que ayudó a destapar las irregularidades del denominado “saqueo del Palau” durante el mandato de su predecesor, Félix Millet, a pesar de las enormes trabas a las que debió enfrentarse.
Posteriormente trabajó en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) donde de nuevo colaboró en el esclarecimiento de las ilegalidades cometidas durante la etapa de Consuelo Ciscar, imputada, y cuyo marido, Rafael Blasco, cumple condena por malversación.
En 2015 pasó a ocupar el puesto de Gerente del Ayuntamiento de Barcelona, donde puso en marcha la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de dicho Ayuntamiento. El enfoque de la Oficina se centraba en prevenir la corrupción mediante la formación, tanto a funcionarios como a políticos. Impulsó la creación de un código ético de obligado cumplimiento y un buzón de denuncias abierto también a la ciudadanía y que respetase el anonimato.
En 2017 fue nombrado director de la Agencia Valenciana Antifraude por las Cortes Valencianas, puesto en el que actualmente se desempeña con la importante tarea de prevenir y acabar con el fraude y la corrupción así como la protección de las personas denunciantes y alertadores de corrupción.
Por su honestidad y dedicación en la lucha contra la corrupción a pesar de las presiones externas, así como reconocimiento a la tarea que tiene actualmente por delante, Joan Antoni Llinares merece ser reconocido públicamente con este premio.
Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello – Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
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Licenciada en Derecho por la UCM, Rosa Esperanza Sánchez es juez de Adscripción Territorial (JAT) del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y socia fundadora y vocal de la Junta Directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Sánchez desatascó la causa de las irregularidades urbanísticas de Villamediana de Iregua al atender la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid (que descansaba en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño), por delito contra la ordenación del territorio tras una serie de informaciones periodísticas relativas al chalet construido en terreno rústico a partir de una casa de aperos por Pedro Sanz, entonces presidente del Gobierno de La Rioja.
Al quedar adscrita en ese Juzgado como JAT en 2016, Sánchez entendió que podría existir un delito de prevaricación en la aprobación del Plan para beneficiar al presidente regional desde un consistorio de la misma cuerda política, así que dirigió la causa por dos delitos contra Sanz, entonces ya Vicepresidente Primero del Senado por el PP.
Continuó practicando diligencias de instrucción hasta que fue recusada por la defensa del investigado y tuvo que ser apartada de la investigación. Finalmente, Sánchez ha logrado que la Audiencia Provincial ordene continuar investigando los delitos contra la ordenación del territorio de los arts. 319 y 320 CP.
Consideramos que la actuación de Rosa Esperanza Sánchez es una victoria en la aplicación de la ley a todos por igual y un ejemplo de lucha contra los ataques intestinos dentro de la carrera judicial mediatizados por el interés de algunos jueces de progresar en los altos cargos judiciales.
Asimismo, como socia fundadora y vocal de la Junta Directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado informes sobre la oportunidad de introducir la carrera horizontal dentro de la carrera judicial española como forma de permitir la promoción de los jueces sin necesidad de moverse de su puesto de trabajo, gracias a su competencia profesional, acreditada periódicamente mediante una evaluación del desempeño.
Úrsula Mascaró – Empresaria, diseñadora, copropietaria de Mascaró, Úrsula Mascaró y Pretty Ballerinas. Fundadora de Mos Movem e impulsora de Sociedad Civil Balear
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Úrsula es una de las empresarias de calzado más reconocidas de España y sus diseños los visten personas muy conocidas en todo el mundo. Sin dejar de lado las múltiples ocupaciones que le supone su grupo empresarial, ha sido la fundadora y promotora de la plataforma social Mos Movem, que lucha contra la imposición del catalán en la sanidad pública balear. Mos Movem ha movilizado a varios miles de personas en Menorca y también en la capital balear para luchar contra las imposiciones totalitarias del gobierno de la presidenta Francina Armengol. También ha impugnado ante los Tribunales de Justicia el Decreto que impone el catalán en la sanidad balear y que ha causado una gran desbandada de profesionales en la sanidad pública de las islas, de forma que muchos servicios básicos han quedado bajo mínimos especialmente en las islas menores.
El éxito de Mos Movem y el empuje de la propia Úrsula han dado lugar también a la fundación de Sociedad Civil Balear, de la que ha sido principal impulsora y de la que forma parte como miembro de la primera Junta Directiva.
La plataforma Mos Movem y la asociación Sociedad Civil Balear no son movimientos surgidos ni destinados a combatir un problema lingüístico. El problema de fondo va mucho más allá, y tiene un calado que atenta gravemente contra nuestro actual Estado de Derecho. La lengua es sólo el instrumento que permite realizar una política de ingeniería social, funcionarial y profesional, eliminando a todos los profesionales sanitarios y demás funcionarios hispanoparlantes para sustituirlos por otros que, con la excusa del idioma, se seleccionan siempre imbuidos de la ideología catalanista excluyente y separatista.
Úrsula Mascaró ha adquirido un enorme grado de compromiso social en una actividad absolutamente ajena a su trabajo y que, además, pone a éste en un serio compromiso por enfrentarlo a los reguladores actuales.
Irma Ferrer Peñate – Abogada de la asociación Transparencia Urbanística y de Acción Cívica en ejercicio de la acción popular
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Vinculada desde el año 2000 al activismo social y a los movimientos ciudadanos en defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Irma Ferrer es abogada especialista en urbanismo criminal.
Abogada desde 1998, ha estado participando en la gran mayoría de casos de corrupción producidos en Lanzarote, como abogada de la acusación contra los que utilizan las instituciones para su lucro personal. Tras graduarse en Tenerife, comenzó colaborando con varias asociaciones lanzaroteñas. Desde entonces se ha convertido en la piedra en el zapato de la corrupción urbanística no solo de Lanzarote, sino de toda la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
Irma Ferrer tiene una voluntad de hierro contra la corrupción, que se resiste a asumir con miedo y resignación la manipulación de sus costas y sus bosques por parte de políticos sin escrúpulos que venden a sus ciudadanos y territorios por el trato de favor de empresarios mafiosos que en lugar de actuar con responsabilidad rompen las reglas del juego para ganar por encima de lo que sus capacidades le permiten.
Merece este reconocimiento no solo por sus palabras y ejemplo de lucha constante contra el urbanismo criminal que se produce en la isla de Lanzarote, sino por mantenerse durante casi veinte años del lado de los ciudadanos y no de los que podrían ofrecerle muchísimo más dinero por sus servicios, ya que ha ganado muchísimos (por no decir casi todos) sus casos.
Por cada caso de corrupción evitado en sus asesoramientos o condenas conseguidas, Irma ha impedido el espolio de las arcas públicas en beneficio de unos pocos y en detrimento de los más desfavorecidos.
Argelia Queralt Jiménez –
Doctora en Derecho y Profesora agregada de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona
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Argelia Queralt Jiménez es doctora en Derecho y profesora agregada Serra Hunter (y Acreditada a Titular de Universidad, ANECA 2011) de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Participa activamente en diferentes proyectos de investigación y es miembro del Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus. Sus principales líneas de investigación son la protección judicial de los derechos y libertades fundamentales y los procesos de integración política. Es autora de más de 30 publicaciones y dos monografías: “El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional para la protección de los derechos fundamentales” (2003) y “La interpretación de los derechos: Tribunal de Estrasburgo del Tribunal Constitucional” (2008) (Premio Nicolás Pérez 2006). También se ha dedicado al estudio de la organización territorial del Estado, los derechos de participación y a los estudios de género. Es miembro de la Junta de la Asociación de Constitucionalistas Españoles (ACE). Actualmente es la directora editorial de Agenda Publica.
Ha colaborado con diferentes instituciones y organismos públicos, así como con el Síndic de Greuges de Catalunya, Institución a la que durante un año asesoró en la creación y puesta en marcha de mecanismos de relación con la Oficina del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, especialmente en su tarea de facilitar el cumplimiento por los Estados parte de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Además, ha colaborado regularmente en diferentes actividades de formación del Consejo General del Poder Judicial.
Además, de su participación en Agenda Pública, como directora editorial y articulista (http://agendapublica.elperiodico.com/analistas/argeqj/) , colabora de forma regular con como analista en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, y en 24 Horas de RNE. También colabora en El País (https://elpais.com/autor/maria_argelia_queralt_jimenez/a)
Mar Uriarte Baena – Abogada, ex empleada de Bantierra, Caja Rural de Aragón
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Mar Uriarte, abogada, trabajó durante 18 años en el sector bancario. En los años 2012 y 2013 descubrió una trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal en la entidad en la que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón (antes Caja Abogados), que operaban con una organización criminal de chinos, blanqueando capitales a través de operaciones hipotecarias y cambio de efectivo.
Siguiendo el protocolo establecido por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y contra la Financiación del Terrorismo, emitió un informe interno a la Presidencia, a la Auditoria Interna, etc…, que fue ignorado, pues al estar implicada la entidad no presentó denuncia ante el SEPBLAC. A partir de entonces, la intentaron forzar a cometer operaciones irregulares, pero al negarse comenzó su calvario, con un proceso de acoso por parte de la Entidad Financiera.
Aun así, y antes de coger la baja médica por depresión, se preocupó de recabar la documentación probatoria necesaria y presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y el SEPBLAC una denuncia en mayo de 2014. En la actualidad, está siendo supervisada por el Servicio de Asistencia a la Víctima adscrito al Decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid, ya que ha sufrido un trastorno ansioso depresivo que le ha provocado una enfermedad que le ha impedido tener hijos.
Al incorporarse al trabajo, tras la baja, fue objeto de despido disciplinario y en el acto de conciliación, el letrado de la Administración de Justicia la convenció para que aceptase la simbólica cantidad de 3.000 euros, después de 10 años de trabajo, que debido a su enfermedad acabó aceptando bajo presiones, a pesar que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obliga a toda autoridad o funcionario a proteger al empleado que haya denunciado indicios de blanqueo de capitales frente a cualquier acto hostil como era el despido. Ha denunciado al LAJ ante la Ministra de Justicia, por vulneración del derecho de protección contenido en el art. 30 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Por negarse a participar en las operaciones de blanqueo de capitales y denunciar los hechos, Mar ha perdido su salud y su puesto de trabajo. Defendió el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho y la respuesta del Estado, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción que presentó querella, ha sido vulnerar el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Ha sido desprotegida por el poder judicial y por la Administración, descubriendo conexiones políticas o de interés con los denunciados.
En la actualidad la querella de la Fiscalía Anticorrupción, presentada en 2017 se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid pendiente de resolución.
Mar también es testigo de la Fiscalía Anticorrupción. Es la única denunciante de corrupción protegida por una ley y que ha sido vulnerada por distintas instancias del Estado, hasta que entren en vigor las transposiciones europeas o la proposición de ley actual en tramitación.
Pere Lluís Huguet Tous –
Abogado, Presidente de Llibertats
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Pere Lluís Huguet es abogado y el actual presidente de la asociación de juristas catalanes Llibertats, de la que fue uno de los fundadores. Llibertats rompió el silencio del mundo jurídico ante la situación que se estaba produciendo en Cataluña a finales de 2016, lanzando un manifiesto titulado “El derecho, al servicio de las libertades”, que fue suscrito por más de doscientos juristas catalanes. Dicho manifiesto fue el primer posicionamiento del mundo jurídico. Con él se advertía que la deriva del proceso en Cataluña ponía en peligro el Estado de Derecho, que no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley.
Durante este período, Llibertats ha intervenido en el debate jurídico sobre la situación catalana aportando informes y estudios que son tenidos en cuenta en el debate político. Los elaborados sobre la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica han tenido una importante trascendencia en el debate político, adelantando lo que luego determinaría el Tribunal Constitucional.
Con anterioridad, Pere Lluís Huguet, fue 13 años decano del Ilustre Colegio de Abogados de Reus, Presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, donde lideró el proceso de innovación tecnológica de la Abogacía Española. También ha sido vocal del IT Law Committee de The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) en Bruselas, y Director del proyecto PenalNet financiado por la Unión Europea dentro del programa Criminal Justice, en el que participan España, Francia, Italia, Hungría y Rumania (2012-2015), así como miembro del Consejo de la Justicia de Cataluña y de su Comisión Permanente. (2006-2007).
En 2005, el Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, le nombra miembro del Grupo de Trabajo para la Transparencia y Buen Gobierno, con el encargo de elaborar un informe para la reforma de la administración pública catalana.
En el ámbito académico ha sido director y profesor de derecho procesal de la escuela de práctica jurídica Guillem María de Brocà, vocal del Consejo Asesor y profesor en diferentes masters de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Rovira i Virgili, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Tecnología y Derecho de la Universidad Politécnica de Madrid (2011-2015). También ha impartido conferencias sobre protección de datos y materias relacionadas con las nuevas tecnologías, administración electrónica y el derecho, en los Congresos de la Inter American Bar Association celebrados en Buenos Aires (2007), Ciudad de México (2008) y Nassau (2009), en el Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados en Ciudad de Panamá (2005), en el Congreso de la Unión Internationale des Avocats, celebrado en Sevilla (2009) y en Miami (2011), como ponente en el encuentro de la abogacía Española y Argentina organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior en Buenos Aires (2006), como ponente, también, en cursos de verano organizados por diferentes universidades, entre ellas la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en los cursos del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Burgos, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Zaragoza, y como ponente principal, en el Congreso anual de la Abogacía Argentina, celebrado en Posadas y organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados en 2014, y en los cursos sobre Firma Electrónica organizados por el Colegio de Abogados de Panamá, en 2015.
En la actualidad colabora con diversos medios de comunicación, mediante intervenciones o artículos, en los que pretende seguir evidenciando, siempre desde el rigor jurídico, las posibles contradicciones con la legalidad vigente en las que pueda incurrir la política catalana.
Marisa Soleto – Directora de la Fundación Mujeres
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Licenciada en Derecho. Toda su experiencia profesional está referida al desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades. Feminista, y siempre trabajando en el ámbito de la participación y reivindicación social de las mujeres desde diferentes organizaciones. Desde 2001, es directora de la Fundación Mujeres, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde diferentes ámbitos de intervención. Dentro de la actividad de la Fundación participa habitualmente en iniciativas de formación en materia de igualdad, tanto en ámbitos profesionales como universitarios.
Desde 2016, desde Fundación Mujeres, es responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, a favor de los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género.
Colabora con diferentes medios de comunicación con artículos de opinión sobre temas relacionados con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las mujeres, destacando en los últimos años publicaciones semanales en el Blog Ellas de @Elmundo.es y, esporádicamente, en el Huffington Post.
Arántzazu Cabello – Funcionaria del Cuerpo Superior de Actuarios, Economistas y Estadísticos de la Seguridad Social
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Arántzazu Cabello es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Actuario de Seguros; DEA en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá y Máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Desde 2005, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Actuarios, Economistas y Estadísticos de la Seguridad Social.
En la Administración Pública comenzó como actuaria de la Seguridad Social en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dedicándose posteriormente al ámbito de la gestión en diversos organismos, entre los que se encuentran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, AECID, AEMET e INIA, en este último organismo como Secretaria General.
En el IMSERSO fue primero Adjunta a la Directora General, y posteriormente ocupó el puesto de Subdirectora General de Análisis Presupuestario, siendo en éste último destino dónde ha detectado graves anomalías en materia de contratación que desde hace meses han sido documentadas y puestas en conocimiento en la Inspección de los Servicios. Una vez producido el relevo de la Dirección General del Instituto, debido al cambio de gobierno, decae la implicación y el apoyo en la investigación de dichas anomalías y concluye con su cese como Subdirectora General en el mes de septiembre, sin que la Inspección de los Servicios haya iniciado ninguna actuación.
Ante esta situación y dentro de lo que considera como parte de sus responsabilidades como funcionaria de carrera, decide denunciar a la Fiscalía Anticorrupción los hechos encontrados, con el aval de la antigua Directora General del Imserso, Carmen Balfagón, y traslado de una copia de la misma al Tribunal de Cuentas. En la fecha actual, no ha recibido contestación de la Fiscalía sobre la admisión de la denuncia.
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