El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. La tesis doctoral fue publicada por la editorial Thomson-Reuters Aranzadi (2014) y recibió en 2016 el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alicante. El Sr. Blanes es funcionario de carrera en servicio activo desde 1990. Ha trabajado en distintas Administraciones públicas. Actualmente es Técnico Jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Forma parte de la lista de expertos en Derecho Administrativo del Parlamento Europeo (call for expressions of interest EPRS/COLL/SER/16/004/CEI) y de la lista de expertos en transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero negro de la Comisión Europea (call for expressions of interest CEI/2018/SRSS/01). Especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, participa habitualmente en másteres universitarios, cursos de formación, conferencias, etc. y publica artículos sobre esta cuestión detallados en su perfil de LinkedIn y en su Blog.

En estos últimos años han llevado a cabo más de 50 campañas en medios de comunicación, universidades e instituciones de todo el mundo y en varios idiomas, en respuesta a la propaganda independentista pero también de manera proactiva, para la defensa crítica de España desde una óptica académica, rigurosa y políticamente transversal.

Es asesora financiera del NASDAQ en Estados Unidos, Secretario de la Junta Directiva del Colegio profesional de España-Estados Unidos y miembro de la asociación de expertos tributarios de España y de la Asociación internacional de Arbitraje. En 2004 Pura fundó Strong Abogados y desde 2015 es la representante española en el programa europeo European Women Shareholders Demand Gender Equality.
En 2012 Pura Strong se convirtió en alertadora de corrupción al denunciar un delito de blanqueo y fraude, entre Gibraltar, España, Reino Unido. Denunció estos hechos ante la SEPBLAC, la UDEF y la Fiscalía y desde entonces sufre represalias por ello. Sin embargo, esto no ha frenado su actividad para luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en España y Estados Unidos.

Entre los impactos logrados por Access Info, se encuentran: Lideró la fundación de la Coalición Pro Acceso, plataforma destinada a la promoción de la transparencia y el acceso a la información a nivel nacional, que tuvo como misión inicial la aprobación de una Ley de Transparencia en España. Gracias a su esfuerzo y de otras organizaciones pro transparencia logró en 2013 la aprobación de la primera Ley de Transparencia en España. Apoya permanentemente a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de su derecho a acceder a la información. También coordina importantes campañas para la mejora de la Ley, especialmente para lograr el reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Lleva a cabo litigios para defender el derecho de acceso a la información. En 2017 logró la primera referencia en un fallo de la Audiencia Nacional a la jurisprudencia del TEDH sobre acceso a la información como derecho fundamental. Participa activamente dentro del Foro de Gobierno Abierto y ha promovido ambiciosos compromisos dentro del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto. Entre los que se encuentran: la inclusión de debates con el CEPC, la reforma de la Ley de Transparencia, la firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.

Su actividad principal se ha dirigido a conseguir que la Comunidad Valenciana recupere la capacidad legislativa en materia de Derecho Civil, siempre desde postulados jurídicos respetuosos con la Constitución y buscando el máximo consenso y acuerdo. Así lo avala el hecho de haber conseguido que se hayan sumado a esta reivindicación gran parte de la sociedad civil valenciana y más de 500 ayuntamientos. Esa labor ha culminado con la aprobación de una Proposición de Ley de Reforma Constitucional para la recuperación efectiva del derecho civil en trámite en el Congreso de los Diputados. Ejerce una importante labor pedagógico-divulgativa ofreciendo numerosas charlas, coloquios y conferencias a lo largo y ancho de todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Ha sido galardonada con la Medalla al Mérito de la Abogacía otorgada por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (2018) y con el Premio Especial “I Premios de El Periódico de Aquí” (2020), por su divulgación, iniciativa y defensa de la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

El sistema educativo catalán excluye al español como lengua vehicular, a pesar de que la legislación y jurisprudencia establece que catalán y castellano deben ser lenguas en la enseñanza. La AEB asesora y representa sin coste alguno a las familias, para conseguir que sus hijos puedan estudiar también en castellano. Gracias a los recursos interpuestos por la AEB, casi un centenar de familias han conseguido sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligan a la Generalitat, a garantizar como mínimo un 25% de horas en castellano. Las sentencias se aplican al grupo clase completo del alumno demandante. 

En defensa de los intereses generales, la AEB denuncia públicamente las irregularidades de la denominada “escuela catalana”. Las denuncias se centran especialmente en la discriminación de los alumnos castellanohablantes y en la falta de neutralidad de los centros educativos. Cabe destacar la elaboración de informes que evidencian la vulneración de las leyes en vigor y la instrumentalización de la escuela en Cataluña como son el “Informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros públicos en Cataluña” o “Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre”.