El Secretario de Estado y el peón (de Parla)

 

Como se están quejando algunos lectores de que estamos siendo muy técnicos y serios analizando los distintos programas electorales, en temas tales como la fiscalidad, o la independencia del Poder Judicial (total, nos dicen, si no lo van a cumplir para qué tomarse la molestia) aquí va un post más ligerito para  desengrasar y para suscitar también algunas reflexiones que creo que son importantes.

Si se han quedado intrigados por el título del post es porque no han leído esta noticia,  o esta otra, según la cual en el Ayuntamiento de Parla (sí, el del alcalde más votado de España, D. Tomás Gomez himself) un peón gana un sueldo de nada menos que 61.236 euros,  si bien este no es el sueldo oficial sino el “extraoficial” aunque reconozco que este concepto me produce un poco de asombro hablando de sueldos de empleados públicos. Al parecer, el oficial es el que se enseña y el extraoficial el que se cobra, algo así.

Volviendo al título del post, efectivamente hay que decir que lo que tienen en común el Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa, un profesional de gran prestigio (vean su cv en la wikipedia ) y el desconocido jardinero de Parla es nada más y nada menos que su sueldo. Sí, como lo leen. Bueno, puede que el sueldo extraoficial del Secretario de Estado del que ha estado dependiendo los últimos meses la credibilidad de nuestra deuda pública sea un poco más alto que los 60.000 euros y pico que recoge el BOE, pero no lo será mucho más.

¿Cómo puede ser esto? se preguntarán los no familiarizados con la disparatada situación de las retribuciones de nuestro sector público. Bueno, de entrada porque, con carácter general, en la Administración del Estado se cobra menos que en las CCAA o en los Ayuntamientos, pese a  que, tanto las funciones que se desempeñan como la profesionalidad que se exige son bastante mayores, por no hablar del rigor en las pruebas de acceso a la función pública.

Esta situación tiene muchas causas, cuyo análisis no es el objeto de este post, aunque daría para una bonita historia. Les dejamos por ahora con la curiosidad y con los conceptos retributivos de los funcionarios públicos recogidos en los arts. 21 y ss. del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril,   siendo Ministro Jordi Sevilla.

Nos basta aquí con quedarnos con la anécdota de que un Secretario de Estado del Gobierno de España (por usar la rimbombante coletilla con el que nos han obsequiado en todo tipo de anuncios institucionales estos últimos años) no es que esté peor pagado que un peón de un Ayuntamiento en términos relativos, es que lo está en términos absolutos.

Sobre lo que esto supone desde todos los puntos de vista, me remito a los posts de nuestros colegas de “Nada es gratis” que pueden encontrar aquí  Pero, por resumir, es fácil concluir que no habrá tiros entre los profesionales de prestigio del perfil del sr. Campa –ni de otros similares-por acceder a puestos de Secretario de Estado de Economía (y menos ahora) salvo por motivos digamos “institucionales” o incluso altruistas que conviene no descartar. En cambio, a mucho político “de partido” sin otra carrera profesional conocida le parecerá un puesto interesante, porque además tiene un cierto “glamour”, se manda mucho (bueno, quizá ahora mandan más el BCE y Merkel, pero bueno) se dispone de mucho funcionario cualificado, se tiene coche oficial, se es invitado a un montón de actos de todo tipo, se codea uno con lo más fino del empresariado nacional e internacional, se es muy adulado, se viaja y se sale mucho en las fotos.

Por el contrario, podemos presumir que habrá tiros entre las personas sin especial cualificación o/y no titulados –sin querer faltar para nada a los profesionales del gremio) para llegar a ser peones de un Ayuntamiento tan generoso con sus empleados como el de Parla. Aunque probablemente para acceder a este tipo de puestos cuenten bastante más los contactos (con el Alcalde o con el partido del Alcalde, o con los familiares del Alcalde) que la formación, o como dicen los anglosajones, cuente bastante más “who you know” y bastante menos  “what you know”-

En ese sentido, y por mera curiosidad intelectual, me gustaría saber cómo se accede a un puesto de peón o jardinero o chófer, o similar, en cualquier otra Administración, dado que, con carácter general, a nuestras Administraciones, incluidas las locales, se debería acceder por un sistema que garantice el mérito y la capacidad.  Al menos eso dice la Constitución. Y eso aunque se sea del Grupo E (el grupo profesional de menor nivel en las Administraciones)

El sistema de acceso a la función pública son  tradicionalmente las oposiciones, muy contestadas ellas, pero que en un país como el nuestro tienden a garantizar de forma más adecuada que lo que es relevante para acceder a la función pública es el “what you know” por encima del  “who you know” . Aunque solo sea porque los Tribunales de oposiciones –por lo menos los serios- tienen un número alto y relativamente heterógeneo de componentes y no es fácil conocerlos a todos y menos que te “enchufen. También suele haber una importante competencia y un temario que aprenderse, además de ciertos requisitos de titulación. Conclusión, el sistema de selección vía oposición de los funcionarios públicos es, al menos por ahora, el sistema menos malo posible y a las pruebas me remito.

Pues nada, recientemente mi curiosidad ha sido satisfecha. Porque ahora resulta que algunos Ayuntamientos pioneros, espoleada su imaginación por las inminencia de la posible pérdida de las elecciones, han descubierto últimamente las oposiciones “express” u “oposiciones milagrosas” que transforman empleados laborales en funcionarios en 48 horas. Vean el ejemplo del Ayuntamiento de Alcorcón  paf!! Por arte de magia de la varita del ex alcalde Cascallana 620 nuevos funcionarios, entre ellos  unos cuantos peones de parques y jardines, figura por lo que se privilegiada en el ámbito municipal.

Y después del escándalo, la pregunta del millón ¿para que necesitamos este tipo funcionario-peón? Mi propuesta: paguen 120.000 euros (o lo que haga falta) al Secretario de Estado de Economía y 0 al peón funcionario del Ayuntamiento de Parla. Que arreglen los jardines o arreglen los desperfectos o limpien las calles con una subcontrata. Que seguro que lo hacen mejor que los parientes del Alcalde y bastante más barato.

Por supuesto, ni rastro de estos temas en los programas electorales, veáse cuadro del post anterior.

Comparativa de los programas electorales (VI): La Administración Pública

(Con Alberto Gil).
Hace algunas semanas que, al hilo de otro post publicado en el blog, los autores de éste consideramos que sería conveniente tomarse el trabajo de analizar los programas electorales de las formaciones más relevantes que concurren a los comicios del próximo 20 de noviembre y recoger las propuestas que dichos partidos y coaliciones formulan a los ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública a fin de que ésta dé mejor satisfacción a las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Para la elaboración del cuadro que recoge las distintas propuestas de los programas electorales hemos seleccionado a las formaciones políticas de acuerdo con los siguientes criterios:

• Implantación estatal en porcentaje de voto
• Grupo parlamentario propio
• Representación parlamentaria en la IX legislatura.

Nos hemos centrado en las propuestas que se refieren a la Administración General del Estado, dejando de lado los aspectos relativos a Sanidad, Justicia, Educación o Comunidades Autónomas, por ejemplo, ya que los propios partidos o agrupaciones así lo han hecho. Asimismo, nos hemos concentrado en recoger las propuestas concretas que figuran como tales sin reflejar lo que serían valoraciones o partes del diagnóstico de la situación. Las propuestas se han extraído de los programas electorales, prácticamente en su totalidad de los epígrafes o capítulos dedicados a la Administración. En este sentido es relevante señalar el lugar que estas propuestas ocupan en el conjunto de cada programa, así, ordenados por número de escaños obtenidos:

• El PSOE incluye sus propuestas en el capítulo 2 de su programa, titulado “Democracia”. Las propuestas dedicadas a la AGE se agrupan en un epígrafe denominado Una Administración Pública más eficaz
• El PP ha agrupado sus propuestas en el capítulo V de su programa, denominándolo La Administración, motor del cambio
• CiU, dentro del capítulo 5 de su programa, titulado “Calidad democrática”, formula sus propuestas en el epígrafe Administración Pública
• El PNV ha incluido todas sus propuestas en el capítulo 9 de su programa Una Administración más eficaz
• La coalición IU presenta sus propuestas dentro de un capítulo 4 titulado Propuestas para acabar con la corrupción y asegurar el comportamiento ético de los cargos políticos
• Por último, UPyD ha incluido la mayoría de sus propuestas en el capítulo 8 de su programa titulado “Transparencia y lucha contra la corrupción” dentro de sendos epígrafes titulados “Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información” y “Administraciones públicas”

Hemos procurado, al recoger las distintas propuestas, respetar la terminología utilizada por los propios partidos y coaliciones. Aun así, en algunos casos, por la amplitud de las formulaciones, ha resultado inevitable comprimir algunos textos lo que se ha hecho siempre procurando utilizar terminología semejante, en el bien entendido de que quien desee conocer de primera mano las propuestas en su formulación genuina puede acudir a los programas mediante los enlaces que proporcionamos más arriba. Y aunque se dé por sobreentendido, queremos señalar expresamente que cualquier omisión que se pueda detectar ha sido absolutamente involuntaria por nuestra parte.

Ver Cuadro

Como hemos señalado, este resumen no pretende sustituir a la lectura completa de los diversos programas electorales, acción de obligado cumplimiento para cualquier votante responsable. Otra cosa es que más de una vez hayamos asistido a la clara divergencia entre lo que se promete y lo que se hace, que al final es lo importante. En todo caso, como funcionarios en activo, los autores de este post hemos preferido no entrar a valorar cuáles propuestas nos parecen mejor que otras, limitándonos a facilitar esa tarea, mediante la exposición de las principales propuestas, a los lectores cualificados de este blog. Eso sí, entendemos que un partido político, esté llamado o no a gobernar, que no se tome en serio la Administración pública y la exigente labor de dirigirla, estará dando claras muestras de que tampoco se toma en serio el resto de sus propias propuestas, pues sin un aparato público eficaz, profesional, moderno, honesto y eficiente  no hay estrategia política ni políticas públicas que nos saquen de la crisis.

Análisis de propuestas electorales (V): Reordenación del sector público

Mucho se está hablando en los últimos meses de la necesidad de racionalizar el sector público y el gasto superfluo e incontrolado que se acomete en numerosas ocasiones. Ante la proximidad de las elecciones generales, escuchamos con frecuencia en boca de nuestros políticos frases como “es necesario acabar con el derroche”, “ahora toca austeridad”, “reformaremos el sector público”, etc.

Veamos pues en los programas de los principales partidos de ámbito nacional (PP, PSOE, IU y UPyD) cuáles son las propuestas electorales de racionalización del sector público.

Esta deseada y necesaria racionalización del sector público se puede abordar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, a nivel de estructura (tamaño, organización, personal) en sus diferentes niveles (ministerios, consejerías, ayuntamientos, empresas y sociedades públicas, fundaciones, consejos consultivos, etc). En segundo lugar, más allá de los costes estructurales y organizativos del sector público, se encuentran los gastos asociados a la actividad de los departamentos y organismos que conforman el sector. En este apartado se encuentran principalmente los gastos directamente ligados a la prestación de servicios públicos (como la sanidad) y los gastos corrientes (mantenimiento por ejemplo) y de carácter no esencial (gastos protocolarios, institucionales, etc).

En este post vamos a centrarnos en los costes estructurales y organizativos del sector público, ya que si analizásemos la prestación de servicios públicos tendríamos que abordar cuestiones como la sanidad, educación, la modernización de las administraciones para prestar un mejor servicio, etc, por lo que en vez de un post habría que escribir un informe.

Aclarado el objeto del post, desde luego una primera manera de racionalizar el sector público es evitar duplicidades y solapamientos entre organismos del Estado, las CCAA y los entes locales. Este aspecto se aborda en los programas del PP, PSOE (que para evitar duplicidades propone la eliminación de las diputaciones) y UPyD. Eliminar duplicidades y solapamientos dentro de la administración desde luego es una medida muy necesaria, fácil de reflejar en un papel pero su articulación es compleja y requiere un importante conocimiento técnico de la administración en todos sus niveles.

Parece que los partidos coinciden en que tenemos un sector público con sobrepeso y que hace falta adelgazarlo pero no solo por duplicidades entre las diferentes administraciones. Por ejemplo, desde el PP se aboga por reducir el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente. Concretan en su programa electoral que suprimirán todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa. Otro ejemplo, en esta ocasión extraído del programa de UPyD. Esta formación política apuesta por limitar el número máximo y tamaño de unidades administrativas (consejerías, parlamentarios y personal de libre designación) en las Comunidades Autónomas.

Después de haber leído las medidas o propuestas sobre racionalización del sector público de los cuatro programas electorales, es difícil no caer en la tentación de valorar/puntuar esas medidas y otorgar el premio a la medida más racional (ya que hablamos de racionalización del sector público).

La medida en cuestión la encontramos en el programa electoral del PP (permítanme reproducirla literalmente): “Profesionalizaremos los puestos directivos de todas las administraciones, incluyendo procesos transparentes que acrediten el mérito y la capacidad para su nombramiento”. Como justificación podemos leer en el programa que “hay un exceso de cargos públicos y personal eventual. La desprofesionalización creciente de la administración está estrechamente vinculada con la multiplicación de gastos innecesarios y con la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas”.

Con esta medida el PP reconoce de facto uno de los males endémicos de nuestra administración: el “enchufismo”, que tiene su apogeo en los cargos de personal de libre designación y en los organismos y entes periféricos de la administración. Si finalmente se cumplen los resultados que vaticinan las encuestas y el PP gana las elecciones, veremos los principios de méritos y capacidad que establecen para los diferentes cargos públicos (no vale poner como mérito estar afiliado al partido de turno o ser amigo del ministro del ramo).

Como resumen y conclusión, el programa electoral del PP “toca muchos palos” relacionados con la reforma del sector público. El único “pero” sería la falta de detalle de algunas medidas que son difíciles de implementar en la práctica (esperemos por tanto que si llegan al gobierno no se conviertan en papel mojado). El programa del PSOE contiene alguna declaración de intenciones sobre la reforma del sector público como la citada supresión de las diputaciones pero no ocupa desde luego un lugar prioritario dentro de su estrategia electoral. El programa de UPyD presenta numerosas medidas para atajar el gasto superfluo e ineficiente de administraciones autonómicas y locales. Está muy bien pero no conviene caer en la tentación de empezar la casa por el tejado, quizás es más efectivo reformar primero a nivel de la administración central y después continuar por los siguientes niveles (que falta hace desde luego). Y finalmente el programa de IU que solo hace mención a medidas para atajar el gasto corriente y de carácter no esencial del sector público (mencionan por ejemplo el gasto en estudios y consultoría), pero de su estructura y composición ni rastro, les debe parecer que está bien dimensionando en la actualidad.

Una reflexión final. Esperemos que nuestros políticos no caigan en la tentación de realizar ajustes “de cara a la galería” que no tengan un impacto efectivo en la reducción del gasto. No está la situación para tirar cohetes (de hecho no está ni para lanzar petardos) por lo que si se acomete una reforma del sector público debe hacerse con conocimiento de causa, seriedad y rigor.

Quedan pocos días para el 20-N y por tanto para el inicio de la nueva legislatura que coincidirá prácticamente con las navidades y la festividad de los reyes magos. Puestos a pedir a sus majestades, esperemos que la nueva legislatura nos traiga una reforma del sector público que gracias a una buena dieta basada en el gasto eficiente y controlado consiga que el sector alcance su talla idónea (sin duplicidades claro está) y sea un catalizador para superar la crisis en la que estamos inmersos. Cierto que a día de hoy estamos muy lejos, pero ya saben que la esperanza es lo último que se pierde.

 

 

¿Sobran funcionarios?

Constantemente vemos noticias alertando de los graves problemas que aquejan al funcionariado: que si hay demasiados, que si no trabajan, que si se les pide que trabajen 2 horas más y se quejan, que si deben ganar menos por tener el trabajo asegurado de por vida. Todo el mundo se atreve a opinar en contra del colectivo. Aunque, curiosamente, luego casi la mitad de nuestros universitarios tienen vocación de funcionarios. Curioso país donde la profesión más vilipendiada es a la vez la más deseada.

Pero como la tendencia del ser humano es la de mirarse al ombligo he querido que nos elevemos un poco y empezáramos analizando la estructura del sector público español en comparación con otros países de la OCDE. Para ello vamos a usar el estupendo informe Government at a glance 2011 publicado por dicho organismo. Entre otros muchos indicadores en el informe se analiza el  porcentaje que representan los empleados públicos sobre el total de trabajadores del país.

Y vemos que España con un 12,3% está prácticamente en el centro de los países analizados, muy lejos del 29,3% de Noruega por arriba y muy lejos también del 5,7% de Corea por abajo.

Por tanto no parece que el gran problema esté en el número de funcionarios o, al menos, no parece que sea un problema en relación con los países de nuestro entorno. Y de hecho yo creo que es así. El grave problema de nuestra función pública no es el número de empleados sino su perfil.

A la Administración Española, al igual que la del resto de países avanzados, se le está exigiendo que evolucione desde un papel eminentemente burocrático (ventanillas, papeles, formularios) hacia uno mucho más orientado a la definición y gestión de políticas públicas y a proporcionar servicios públicos eficientes y de calidad a la sociedad. Todo ello con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que ayudan en la automatización de los procedimientos. Caminos similares han seguido otros sectores como el Bancario que evolucionó desde los empleados de manguitos y ventanilla hacia un enfoque de servicios de valor añadido con una fuerte utilización de la  tecnología. Hasta el punto de que ya hay bancos exclusivamente por Internet. Pero así como sectores privados con fuerte competencia como el bancario supieron adaptar sus estructuras y su personal a las nuevas demandas de la Sociedad la Administración Pública ha sido incapaz.

¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de titulados universitarios del Banco de Santander? Según su Memoria de Sostenibilidad 2010 es de un 70%. Efectivamente una organización moderna de servicios necesita perfiles de alta cualificación capaces de definir y ejecutar sus políticas y de proporcionar un servicio de calidad a sus clientes.

Frente a esto, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de funcionarios del grupo A de la Administración General del Estado? Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las AAPP es de un 31% si incluimos a los grupos A1 y A2 (titulados superiores y medios) y de un exiguo 13,7% si solo incluimos a los A1. En cualquiera de los 2 casos lejísimos del 70% del Banco de Santander. Sinceramente, es imposible que una organización de servicios compleja como es la Administración General del Estado se pueda gestionar con un 13,7% de titulados superiores. Es imposible. Y así estamos.

¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que todos conocemos de la Administración. Hay unos cuantos que se matan a trabajar (posiblemente una gran parte de este 13,7%) mientras hay mucha gente ociosa que sencillamente, no tiene nada que hacer, porque su trabajo ya no existe. La Administración no necesita un 69% de gente de baja cualificación, especialmente si tenemos en cuenta que gran parte de los servicios básicos (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.) se han externalizado y que una gran parte de los procedimientos administrativos se están automatizando. Es posible que ese 13,7% de titulados superiores se tuviera que duplicar y que ese 69% de personas de baja cualificación se tuviera que reducir a la tercera parte. Con eso estaríamos en ratios similares a los del Banco de Santander y tendríamos una Administración “capitalizada”, más pequeña y con los perfiles adecuados.

Pero analicemos algún otro caso. Veamos el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades, un sector que conozco bastante bien. Hace unos años, el PAS se dedicaba principalmente a atender a los alumnos (sobres de matrícula, gestiones administrativas) a atender a los docentes (también principalmente desde un punto de vista administrativo) y a gestionar las infraestructuras y servicios básicos de la Universidad. Aparte estaban la gestión de los RRHH y la gestión económica. Pero el mundo ha cambiado y lo que necesitan ahora las Universidades es muy diferente. Necesitan expertos en gestión de la investigación y la innovación y en transferencia del conocimiento. Necesitan expertos en marketing para poder “vender” sus universidades en todo el mundo. Necesitan expertos TIC para llevar las universidades a Internet. Necesitan gestores y negociadores internacionales que puedan llegar a acuerdos con universidades y empresas en todo el mundo.

Necesitan ofrecer servicios de alto valor a los docentes para facilitarles su trabajo de docencia e investigación en un mundo globalizado. Y para todo eso…las Universidades no tienen los perfiles adecuados. Según el informe de la CRUE sobre la Universidad en Cifras 2010 los puestos del PAS calificados como de titulados superiores (A1 de funcionarios y grupo I de laborales) en la Universidad Pública  Española es de un 7,9%!!!!! Es increíble. Increíble y alarmante.

En mi época de gerente en una Universidad yo viví esta realidad con toda su crudeza. Y lo peor es que la inercia de la Administración es tan grande que el altísimo número de perfiles de baja cualificación, en gran parte innecesarios, no solo no decrece sino que tiende a aumentar porque los propios colectivos presionan para ello. Y además llegué a otra triste conclusión. Que estos colectivos, al intentar proteger su trabajo burocrático de toda la vida, que deja de existir, y ante su incapacidad de cambiar y adaptarse, se dedicaban en muchos casos a obstaculizar la puesta en marcha de soluciones informáticas que permitirían hacer de un modo mucho más eficientes esas tareas burocráticas.

Ya se pueden ustedes imaginar que dada la tradicional transparencia de nuestra Administración, conseguir todos estos datos no ha sido nada fácil. Y me ha llamado la atención que he encontrado muchos datos sobre las categorías (funcionario, interino, laboral, etc.), sobre el género, sobre la edad pero muy pocos sobre el nivel profesional. Resulta sintomático. Y en medio de la búsqueda he dado con un informe de la Universidad de Jaén, Diagnóstico de la situación de hombres y mujeres de la Universidad de Jaen, que añade atodo lo dicho un dato muy interesante y que es el porcentaje real de titulados frente al porcentaje “demandado” por la supuestamente arcaica estructura de puestos de trabajo. Efectivamente el porcentaje de titulados superiores reflejado en la estructura de puestos de trabajo en el PAS es muy bajo, bajísimo, un demoledor 5,9%. Pero la realidad es muy tozuda y el número de titulados superiores que realmente hay en la estructura es muy superior, de un 28,2%, que estarán ocupando en su mayor parte puestos de más baja cualificación que la titulación que poseen.

Es lógico, ya que el % de titulados superiores en España está alrededor del 30%, muy superior a ese 5,9% que “necesita” la Universidad de Jaén. Triste conclusión. Sinceramente, una organización que se gestiona con un 5% de titulados superiores se parece mucho más a un almacén de ropa o a un pequeño comercio que a una moderna Universidad. ¿No se dan cuenta de esto nuestros gestores públicos? ¿O es que no pueden o no quieren hacer nada?

Efectivamente, por unas razones u otras, la Administración Española, al igual que la del resto de países, ha sido incapaz de adaptarse a las nuevas necesidades. El mismo informe de la OCDE advierte de esta situación y  trata de determinar el esfuerzo que los diferentes países están realizando para facilitar esos cambios. En este indicador España sale bastante peor parada, prácticamente es el único que no ha puesto en marcha ninguna medida en este sentido:

Es evidente que el sector público de España y del resto de los países necesita evolucionar y de forma rápida. No es que sobren funcionarios. Es que sobran los de un tipo de perfil y faltan los de otro. La buena noticia es que el paso del tiempo nos va a ser de gran ayuda porque una gran parte de los funcionarios se jubilarán en los próximos años. Del total de 216.787 empleados de ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, el 45,2% tiene más de 50 años. Pero más allá de esa ayuda “natural” deberíamos actuar para conseguir dotar a nuestro sector público de los recursos de alta cualificación que necesita para adaptar su estructura a la de una moderna organización de servicios. Y cuanto antes mejor.

Y en ese sentido ¿qué propone sobre este asunto el PP en su programa y en particular en el apartado 4.3 sobre “Un nuevo sector público”?. En el diagnóstico de dicho apartado reconoce que “Una verdadera reforma de la administración pública sigue siendo una tarea pendiente que ya es inaplazable”.

Difícil no estar de acuerdo, pero el problema es que en gran medida lo achaca a la necesidad de encajar la AGE en el nuevo modelo competencial. Y en parte es así pero, como hemos visto, el problema va mucho más allá.  Por eso, resulta un poco descorazonador que relacionado con todo lo que hemos comentado en el post, la única medida que se propone es que “Revisaremos las estructuras de todos los organismos públicos de diversa naturaleza para acomodarlas a las necesidades reales y las funciones encomendadas”.

Demasiado exiguo para mi gusto; habrá que esperar a la ayuda “natural”.

Aquí hay algo que no funciona (I)

Nuestra sociedad se ha instalado desde hace tiempo en una peligrosa inercia del binomio competitividad/precariedad como inevitable; en una cada vez mayor disparidad en el reparto de la riqueza, en una consciente pero paralizante convicción de que los Estados nacionales no son capaces de cambiar las corrientes del mercado sin tampoco proponer remedios colectivos en la UE; en un aplazamiento de las deudas a las siguientes generaciones y, en fin, en una huída generalizada hacia adelante sin proyecto concreto. La última campaña electoral sin apenas mensajes atractivos y la falta de confianza que suponen los miles de votos nulos y en blanco emitidos, son elocuentes.

Hace unos meses el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba datos contundentes sobre la ínfima confianza que los políticos despiertan entre la población española, avanzando en una preocupante desafección ciudadana que amenaza la legitimidad del sistema y su futuro (por más que de momento los políticos sigan instalados en el mecanismo). Las periódicas encuestas sobre la Justicia muestran el enorme descontento que provoca su funcionamiento y, en fin, parece habérsenos perdido por algún lado nuestro celebrado espíritu de la transición –a quien, por otro lado, los recientes episodios viscerales sobre la memoria histórica han puesto en su sitio-.

Todos estos conflictos entre grupos, generaciones, clases o intereses en conflicto, son bien conocidos, pero en este artículo quisiera referirme a otro conflicto que no debería existir, poco conocido por los ciudadanos y que tiene un enorme impacto en la eficacia del aparato público. Se trata de la grieta, de la barrera de desconfianza que existe entre los políticos elegidos para dirigir temporalmente el Estado y los funcionarios, nombrados para ejecutar y llevar a cabo  las directrices y los proyectos liderados por el Gobierno. Se trata de una relación fría, inamistosa (salvando equipos y grupos concretos que han logrado compartir un proyecto) que no genera explosiones visibles pero que lastra la enorme capacidad de que dispone la Administración Pública.

Frente al paradigma liberal de cese de los funcionarios con cada cambio de gobierno basado en la desconfianza (¿Cómo van a hacer mis proyectos si los nombraron o trabajaron para el anterior Gobierno?), tras la Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo otro modelo, basado en la neutralidad y la competencia -ha de haber una garantía de funcionamiento y estabilidad de las políticas, gestionar en un entorno complejo como la Administración es un oficio que no se aprende en dos días y la sociedad no se puede permitir novatos cada cuatro años- y en la subordinación del aparato burocrático a los representantes elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, la desconfianza sigue siendo, con otro traje, la norma de funcionamiento.

Quienes llevamos muchos años en la Administración Pública sabemos que, salvo excepciones, los políticos llegan con una gran desconfianza hacia los funcionarios. La hasta hace poco vicepresidenta del gobierno, Mª Teresa de la Vega, no se recataba de exponer en público su negativa opinión al respecto; el ex director del ICAA, el polémico Ignasi Guardans, comenzó pronto sus celebradas ocurrencias “poniendo a caldo” a los funcionarios del organismo que le había tocado en suerte (aunque cercano a su cese concentraba sus lamentos en otras direcciones) y muchos periodistas conocen bien las quejas de los ministros – ¡con estos funcionarios no se puede hacer nada!, ni están preparados, ni motivados, ni saben idiomas, ni tienen interés…-. Para cuando los políticos se han hecho cargo de la complejidad de la gestión, se van porque han pasado sus cuatro años… y vuelta a empezar. Mensajes como los oídos recientemente (“son 3000 enchufados del PSOE y los vamos a echar”), no son la mejor carta de presentación ante la sociedad del trabajo de los técnicos que han trabajado para el anterior Gobierno y deberían hacerlo igual de bien o de mal para el siguiente.

Es frecuente la sensación en los políticos, de que tienen que arrastrar la pesada carga de un aparato que tiene sus propios intereses, que no les sigue y que, eso sí, es especialista en poner obstáculos… con lo que sacar los proyectos es un esfuerzo titánico. Si ya bastante tienen con la crisis, las luchas de partido, la prensa y la oposición, la sociedad, el presupuesto y las dificultades de todo proyecto, si ni siquiera el equipo de que disponen es fiable ¡Apaga y vámonos!

También son conocidas las restricciones que atenazan a un político: no puede retribuir mejor a los funcionarios que le funcionen porque la cosa está más que tasada; no pueden fichar la gente que querrían porque los puestos están reservados a funcionarios, porque a base de hacer contratos “al margen de la plantilla” con falsos contratos mercantiles, lo único que se hace es poner parches (y se hacen a montones) y, en fin,  cualquiera despide a un funcionario… En parte por ello, y en parte por la recompensa para los militantes que supone el botín de ganar las elecciones, es por lo que han proliferado hasta el disparate las empresas públicas[i], fundaciones, entes y similares que, con cargo al erario público, intentan afanosamente escapar a la ley de contratos del sector público y al sistema de selección de personal.

Duplicados y triplicados los servicios, ninguneados los funcionarios, que ven como se encargan a cientos, informes que ellos podrían hacer gratis, la desmotivación que produce ver esto en primera fila sin poder decir nada, es enorme y paralizante.

Así, la sensación de los funcionarios hacia los políticos es difícil que empeore. La transición democrática supuso la posibilidad de “limpiar” al Estado del aparato burocrático franquista. El primer gobierno socialista, por su parte, se vio a sí mismo como el encargado de hacer la tarea de limpieza que no había sabido o podido hacer la UCD y puso las bases de un sistema que, tras la reforma de la Ley Orgánica de  Organización y Funcionamiento de la Administración General del estado (LOFAGE) hecha por el PP en 1997 y hasta el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007,  ha regido hasta ahora con pequeños retoques.

La gran reforma de 1984 fue pasar de pagar por lo que eres a pagar por lo que haces, simplificar la miríada de organismos y micro cuerpos funcionariales existentes, reducir al máximo la reserva de puestos y funciones a colectivos determinados y regular la libre designación (y cese) de los puestos directivos ocupados por funcionarios. El objetivo de todo ello era una mezcla variable de conseguir eficacia, “liberar” al Gobierno de un excesivo poder de los funcionarios y dotarle de capacidad de acción.

Desde aquel entonces, la degradación de las herramientas y la acumulación de parches es un hecho insoportable de enormes consecuencias para la eficacia del trabajo de casi tres millones de empleados públicos,  un porcentaje muy grande de la población activa española.

Pero afinemos un poco más: no trataremos en este artículo la situación de cientos de miles de funcionarios aparcados, sin apenas posibilidad de promoción y desprestigiados en una masa gris sin imagen pública.  Cuando, en un esfuerzo enorme se intentaba justificar la no congelación del sueldo, se aludía a nuestros maestros, médicos, bomberos… Gente en fin que hace algo, pero los oficinistas… ¡Esa masa informe de gente ineficiente y caradura, que diariamente tramita subvenciones, controla contratos públicos, gestiona becas, inspecciona declaraciones!… ¿Esos?… . Y, encima, al desprestigio que cala desde arriba hacia la labor de los funcionarios se suma a la irritación de los ciudadanos presa del desempleo y la crisis, que nos ven como privilegiados intocables.

No, en este post querríamos poner el foco en la situación de los ya no cientos de miles sino de unos miles de directivos públicos que, no sindicalizados y sin capacidad de defensa de sus intereses, se han diluido en un vago corporativismo “light” y en hacer cada uno la guerra por su cuenta, sin modelo, sin interlocución y sin reto colectivo.

Como directivo-desprestigiado-del-sector-público, entiendo que es crucial conectar con los ciudadanos y poder compartir información relevante sobre aspectos que merman la eficacia de su Administración Pública, que no es otra cosa que la suma de unos medios, humanos, técnicos y materiales, puestos al servicio, no de los propios funcionarios, sino de los ciudadanos.

Para que quien no conozca la Administración por dentro lo entienda fácilmente, diremos, simplificando mucho, que hay dos tipos de funcionarios: los que tienen su puesto fijo y los que pueden ser cesados en el puesto que ocupan (y vuelven a otro de menor rango). Los directivos a los que me quiero referir ocupan estos puestos, para cuya ocupación –supuesta la pertenencia a una determinada categoría funcionarial- sólo se exige el currículo y no ha de motivarse la decisión, ni para nombrarle ni para cesarle.  Sólo el buen criterio del cargo público y su necesidad de que el nombrado le haga un buen trabajo pueden garantizar un adecuado encaje candidato/puesto. Pero, como todos sabemos, no siempre es fácil pedir cuentas a la Administración y se puede priorizar nombrar en los cargos a los amigos o, peor aún, a quien, funcionario él, “pasaba por ahí”, como luego explicaremos.

Esa situación, la posibilidad de ser cesados sin necesidad de motivación, con la pérdida de estatus, funciones y sueldo que ello comporta, además de la situación concreta del afectado, supone -y eso es lo interesante en esta tribuna- una notable debilidad para que los directivos públicos profesionales velen por el interés público. El correlato de la lógica capacidad de los políticos electos de poder formar equipos  -es impensable la imposición de un “poder funcionarial” intocable- es la debilidad de la sociedad para que los altos funcionarios del Estado (no lo olvidemos, del Estado no del Gobierno), arriesguen su posición y se destaquen denunciando anomalías o irregularidades.

Para reequilibrar esta situación la ley 7/2007 de 12 de abril, que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, preveía en su artículo 13 la regulación del estatuto del directivo público profesional.

Ese reequilibrio pasaba por deslindar política y gestión, por crear la oficina del directivo público, por ofrecer otro puesto similar al directivo cuyo cese no haya sido por incompetencia sino por incompatibilidad con un nuevo alto cargo, por regular la carrera directiva, por diseñar su formación, por crear un banco de perfiles y de vacantes discreto y confidencial que evite la actual forma de seleccionar directivos (comentar a los cercanos “¿Conocéis a alguien disponible para este puesto?” que genera redes clientelares), por un sistema profesional, a inventado hace años por los cazatalentos, etc., etc.

Han pasado cuatro años y no se ha movido ni una coma del mencionado estatuto. Siguen pendientes cuestiones que no sólo afectan a los directivos sino a la sociedad. El Gobierno saliente ha destacado por su desinterés y displicencia hacia el funcionamiento de la Administración Pública tras el cese de Jordi Sevilla como Ministro de Administraciones Públicas, cuyo interés e iniciativa fueron claramente frenados desde Hacienda y desde Presidencia. Ahora, como cada cuatro años, ponemos el contador de la esperanza a cero: ¿Querrá o sabrá el nuevo Gobierno hacer algo con los funcionarios aparte de recortar servicios y sueldos?



[i] «Según el Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional 2007» publicado por la IGAE para el periodo 1998-2007, y para 2008 y 2009, del «Inventario de Entes de Comunidades» publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, tales entes alcanzaban la cifra de 2.200. De ellos, en cifra redonda, el 30% eran consorcios; el 28%, sociedades mercantiles y el 22%, fundaciones. También, en 1998 existían 455 empresas autonómicas y en 2009, 962, por tanto algo más del doble. Las administraciones locales han descubierto este procedimiento impulsado por las comunidades. En el periodo de 1998-2009 se han creado así más de 1.100 empresas públicas. Contrasta esto con el proceso de privatización que el Estado ha llevado a cabo claramente este periodo: en 2009, el número de empresas públicas estatales era la tercera parte de las existentes en 1998.

Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (V): Gobierno abierto, transparencia y buen gobierno

En este blog creemos que muchos de los graves problemas que se detectan en la vida política española y en particular la brecha creciente entre la “casta” política y la mayoría de los ciudadanos podrían abordarse –y en parte solucionarse- desde la perspectiva del “open government” o  “gobierno abierto”.

El gobierno abierto consiste fundamentalmente en abrir a través de INTERNET  la información y la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de forma que estos puedan, de una parte, disponer de un mayor conocimiento, información y control sobre las actuaciones de sus políticos y gestores públicos y, de otra, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión, facilitando la rendición de cuentas de políticos y gestores. Se trata de acercar de nuevo la gestión política a los ciudadanos. Exige, en definitiva, el acceso a la información pública de manera libre, gratuita y técnicamente sencilla (open data) y el establecimiento de los mecanismos y procedimientos para la colaboración y participación ciudadana así como- y esto es esencial en España- facilitar  la exigencia de la rendición de cuentas (open action).

El Gobierno Abierto se basa,  pues, en los siguientes tres principios:

1.                  Transparencia. La información pública es propiedad de los ciudadanos, y les permite acceder de forma transparente, fácil y gratuita  a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar la rendición de cuentas.

2.                  Participación. Los ciudadanos deben poder canalizar su conocimiento, su opinión y su compromiso  hacia su Gobierno, y éste ha de estar en disposición de aprovechar los vastos recursos que suponen el caudal de conocimiento y experiencia del conjunto de la sociedad y ponerlos al servicio del bien común.

3.                  Colaboración. La colaboración entre Administraciones Públicas y entre estas y todos los agentes de la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales hasta sujetos individuales permite maximizar la eficiencia y la eficacia de la acción del Gobierno.

Después de esta introducción teórica podemos entrar en nuestra propuesta electoral que es muy sencilla: hay que abrir los asuntos públicos a los ciudadanos. Para que éstos tengan información, toda la información sobre los asuntos públicos. Para evitar las opacidades y la manipulación de datos que tanto no está costando en términos de credibilidad interna y externa. Para hacer frente a la crisis de confianza en Gobierno, Administración e instituciones provocada por el comportamiento de la clase política en su conjunto y como herramienta de regeneración de la propia clase política, convertida en una de las principales preocupaciones de los españoles, y con razón. Para que no nos tomen por tontos.

Recordemos que la transparencia y la información es un poderosísimo instrumento para facilitar la “accountability” o la rendición de cuentas de los políticos y gestores públicos de la que tan necesitada está hoy en día la democracia española, al estar prácticamente desmantelados o inoperantes los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectiva esta rendición de cuentas a todos los niveles, como estamos constatando todos los días. Sin que exista, evidentemente, incentivo alguno para que los propios responsables públicos asuman las consecuencias de sus errores. La opacidad y la falta de rendición de cuentas es causa, a nuestro juicio, de muchísimos de los escándalos que aparecen a diario en nuestros periódicos. Asimismo la falta de transparencia y la desaparición o ineficiencia de los controles “internos” (desde las auditorías, intervenciones, informes jurídicos de favor, manipulación de informes técnicos, sustitución de los funcionarios de carrera por contratados afines, etc, etc) produce un deterioro tremendo de la calidad de la democracia española,  favoreciendo la proliferación de redes clientelares  y la reaparición –sobre todo a nivel regional- de estructuras de poder caciquiles que creíamos felizmente olvidadas. El último remedio contra estas conductas desactivados todos los mecanismos de control previos o administrativos están siendo los Tribunales de Justicia, que no están diseñados para ejercer estos controles más que en casos extremos, por lo que resultan lentos e ineficientes, además de estar en buena parte condicionados por la politización de sus órganos de gobierno. Un panorama realmente desalentador para el futuro de la democracia y del Estado de Derecho en España. 

Creo que no exagero si digo que existe en la sociedad española un enorme déficit de información acerca del funcionamiento real de las instituciones y organismos públicos (sobre la contratación pública, las políticas públicas, las subvenciones, las empresas públicas, el empleo en el sector público, los sindicatos, etc, etc.) por parte de los ciudadanos que no es remediada suficientemente por los medios de comunicación en España, excesivamente dependientes para subsistir, dada su situación económica, de los favores públicos, y,  en el mejor de los casos, orientados a conseguir otro tipo de objetivos muy distinto de la “accountability” o rendición de cuentas.  Y aunque no fuera así, los medios carecen con frecuencia de la capacidad precisa para analizar la información obtenida y hacerla comprensible y accesible a los ciudadanos. Por esta razón también, el Gobierno abierto tiene que ver, y mucho, con la libertad de prensa que surge en el siglo XIX hasta el punto de que podemos considerarla como su heredera. En definitiva el gobierno abierto es un remedio fundamental para la pérdida de los “checks and balances” que ha sufrido nuestra democracia en los últimos años por culpa fundamentalmente de los partidos políticos pero –no lo olvidemos- ante la pasividad de los ciudadanos y la sociedad civil.

En conclusión, el Gobierno abierto vinculado con la rendición de cuentas responde a la vieja idea de controlar al Poder político, supervisando, controlándolo y restringiéndolo por lo que adquiere una gran relevancia democrática.

Pero además, la transparencia y el gobierno abierto abren un cauce de participación y colaboración ciudadana fundamental en el momento de grave deterioro político e institucional que se vive en España, permitiendo a los ciudadanos expresar opiniones e ideas y en último término valorar la gestión y las políticas públicas que se realizan en un momento determinado.

Además, y a riesgo de ser pesada, debo de insistir en que la rendición de cuentas incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, pero también la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.

Y por último, el Gobierno abierto viene en ayuda de los políticos y gestores más honestos y capaces, ya que la transparencia favorece siempre a aquellos que prefieren actuar con claridad y con respeto a la legalidad y a los procedimientos existentes, primando además a los políticos responsables dispuestos a rendir cuentas de su gestión frente a los gestores que prefieren las políticas de pasillo, las componendas y la opacidad. En último término, el gobierno abierto es un poderoso instrumento frente a la corrupción y el despilfarro. Si se analiza la lista de asuntos sobre los que se carece de información relevante y donde hay mayor opacidad se verá como coincide con las principales causas de la corrupción y del despilfarro públicos y con los escándalos que están a la orden del día.

En ese sentido, hay que decir que  el gobierno abierto puede ayudar a recuperar la ética del servicio público, tan gravemente dañada estos últimos años por comportamientos irresponsables de políticos y gestores públicos, puesto que la transparencia promueve el comportamiento responsable de los servidores públicos. La ética pública, ayudada por el gobierno abierto, debe volver a recuperar un conjunto de valores asociados tradicionalmente con el servicio y la función pública, tales como la honradez, la laboriosidad, la eficacia, la atención y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y la cualificación técnica, que realizan la dignidad del trabajo en el sector público.

 

¿Eximente de responsabilidad para los cargos negligentes?

Tenía pensado enviar este post, que ha surgido como consecuencia de reflexiones acerca de otro, publicado por Elisa de la Nuez hace tiempo (sobre “el mandatario infiel o la falta de rendición de cuentas”) cuando leo el nuevo artículo de Elisa en el Mundo (12/10/2011) titulado “El ministro en la gasolinera”. Magnífico artículo, al que me adhiero por completo, pero que me “pisa” una vez más el que ya tenía escrito, lo cual quiere decir, no sólo que estemos en sintonía de ideas, sino que el problema del que tratamos (la ausencia de responsabilidades de nuestros cargos públicos) es algo que requiere tomar decisiones urgentes. No obstante lo envío al blog tal y como estaba escrito a pesar de que pueda existir redundancia de planteamientos e ideas.

Porque a ver si los políticos se enteran de una vez que, por mucho que manden cuando ocupan cargos públicos, no dejan por ello de ser responsables ante todos nosotros de su gestión. Si están en  el convencimiento de que los dineros públicos no son de nadie (frase pronunciada no hace mucho por una conocida política) vamos realmente mal, porque ese dinero es de todos los ciudadanos y es a ellos a quienes hay que rendir cuentas de su utilización. Rendir cuentas significa, ante todo, trasparencia en la gestión y asunción de las responsabilidades de todo orden por una mala gestión y, evidentemente, por utilizar los caudales públicos para favorecer a los amigos o a los políticamente afines. Así las cosas, resulta simplemente esperpéntico leer y escuchar, un día tras otro, noticias relacionadas con lo que han estado haciendo los políticos con nuestro dinero (ese que es de todos) no como si fuera suyo -que más cuidado habrían tenido- sino como si no fuese de nadie. Que cada uno con su dinero es muy dueño de hacer lo que quiera – invertirlo, gastarlo o regalarlo-  pero con el dinero que otro deposita confiado en tus manos el asunto es muy diferente. Ese dinero ha de emplearse de la mejor forma posible, en beneficio de quien lo depositó, rindiendo escrupulosas cuentas y asumiendo la responsabilidad que corresponda por su uso indebido.

Aquí comienza la odiosa comparación entre la esfera pública y la privada, porque si una buena parte de nuestro dinero se utiliza para beneficiar a los amigos del gestor (vía subvenciones absurdas o contratando directamente para puestos sin contenido real no acorde con la remuneración que se paga) o para hacer frente a proyectos faraónicos sin ninguna clase de rentabilidad social o económica, el gestor debería dejar su cargo inmediatamente como primera medida. Y, a continuación, tendría que hacer frente a las responsabilidades de su insensata gestión asumiendo todas las consecuencias, entre las que debería encontrarse la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, la realidad nos muestra cómo las cosas distan mucho de ser así, ya que a los malos gestores de la cosa pública no sólo no se les exigen responsabilidades sino que se les premia con un nombramiento “a dedo” o con un puesto en las listas electorales. ¿Que han dejado en la ruina a un Ayuntamiento o a una Comunidad Autónoma? Pues no pasa nada, o mejor dicho, pasa que encima reciben la recompensa de turno y a los ciudadanos se nos queda cara de pasmados ante tanta desfachatez en nuestras mismas narices. Total, como el dinero no es de nadie…

Con este tipo de planteamientos se utiliza, además, el conocido “y tú más ..” que parece servir para todo menos para poner un poco de orden y sentido común en las cosas. Porque el hecho de que “los otros” hayan caído en los mismos o semejantes errores (aún suponiendo que sea cierto) no veo en qué puede afectar a la responsabilidad de quien ha gestionado mal lo que tenía a su cargo. Eso mismo en una empresa privada puede suponer el despido inmediato sin que valgan para nada las excusas de que “fulanito” también ha actuado igual y, de momento, quien ha actuado irresponsablemente se va a la calle (luego veremos si fulanito le sigue también). Y es puede que hayamos perdido ya la capacidad para asombrarnos ante el derroche de dinero en aeropuertos sin aviones, estaciones del AVE sin pasajeros, carreteras a medio construir que conducen a la nada, y otros gastos similares. Probablemente la hemos perdido porque estamos conociendo ahora, también, la cantidad de subvenciones al cine (¿acaso es una profesión privilegiada?), a los Sindicatos (que sean financiados por sus afiliados) y a los propios partidos políticos (idem) sin que se haga nada al respecto. Claro que el hecho de que las subvenciones ala lenteja Renkahormonada (magnífico el artículo de Ansón sobre el asunto), al folklore o al fomento de una lengua se coloquen con preferencia a la sanidad o a la educación colman ya el vaso de los despropósitos.

A este paso, el tan proclamado Estado del bienestar (que se demanda, a veces, como expresión hueca) se va a trasformar en el bienestar de unos pocos y el malestar de muchos (entre los cuales ya hay casi cinco millones de parados). Y no me refiero ahora al bienestar de los “ricos” (esa es otra historia) sino al de unos políticos que pretenden gozar de una especie de eximente de responsabilidad en el ejercicio de sus cargos, lo cual resulta cada vez más inadmisible.

 

Ciudadanos, programas electorales y Administración Pública

La campaña electoral para las elecciones del 20 de noviembre aún no ha comenzado  pero desde hace semanas los partidos políticos se encuentran en precampaña con la realización de mítines, conferencias y actos (pre)electorales.

Cuando la campaña dé comienzo conoceremos los programas electorales que ahora se están elaborando. En una democracia madura, para una parte mayoritaria del electorado,  los programas con los que se concurre a los comicios deberían ser el elemento determinante para decidir el voto, si bien hay que hacer excepción de legítimas  adscripciones ideológicas previas y de lo que en otros tiempos se denominaba “adhesiones inquebrantables”.

Nos interesa conocer cuáles van a ser las iniciativas de los partidos con respecto a  la Administración Pública y a su Función Pública. Hace años, en las primeras legislaturas de la restaurada democracia, la “reforma de la Administración” era un elemento imprescindible en los programas electorales ya que se trataba de cambiar la Administración heredada de la dictadura. Décadas después la materia ha pasado a ser una “maría” que no parece constituir una pieza importante de la acción política.

Por lo que se refiere a los dos principales partidos, PP y PSOE, hemos podido escuchar y leer en los medios de comunicación sendas propuestas de alcance limitado. De momento, el primero, PP, se propone simplificar las Administraciones “y evitar superposiciones” de competencias y el segundo, PSOE, se propone “reducir el contenido memorístico de las pruebas de selección” de funcionarios. Nada han dicho aún sobre la fundamentación de estas dos propuestas, pero podemos deducir que en el primer caso estaríamos ante el intento de mejorar la eficiencia del aparato público, esto es reducir sus costes sin perjudicar la consecución de los objetivos, y en el segundo se pretendería facilitar a los aspirantes el acceso a la función pública mediante la reducción de los temarios que en algunos, no en todos, cuerpos funcionariales requieren una notable inversión en tiempo y esfuerzo.

En el primer caso, “evitar superposiciones”, necesariamente va a suponer, en la AGE, la supresión de organismos cuyas competencias  han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, pero debería suponer igualmente la desaparición de aquellos organismos que las Comunidades Autónomas han creado, en un fenómeno de mimetización, a imagen y semejanza de la AGE, sin tener una base competencial para ello y que han supuesto un notable consumo de recursos. Si no es así la operación quedaría incompleta.

En el segundo caso, “reducir el contenido memorístico de las pruebas de selección”, es preciso actuar con una gran prudencia. Ni todos los cuerpos de funcionarios son iguales ni las funciones que desempeñan son equiparables ni las peculiaridades de la función pública permiten importar técnicas de selección habituales en la empresa privada (pruebas psicotécnicas, meras entrevistas). El sistema de selección vigente, la oposición,  tiene diferentes modalidades, con distintos ejercicios que se complementan entre si para medir distintos conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio de la función pública y la dirección de ésta. Es cierto que este sistema de selección en algunos casos es difícil de superar y requiere una fuerte inversión en tiempo y esfuerzo, pero es igualmente cierto que ha permitido a lo largo de años seleccionar a profesionales altamente cualificados para el desempeño de sus puestos. Una reducción de esa dificultad sin duda facilitaría el acceso pero al mismo tiempo pondría en peligro la cualificación considerada adecuada.

Colateralmente hay un debate entre los partidos políticos acerca de los representantes electos en sus distintos niveles: Parlamento, Asambleas autonómicas y Corporaciones locales y la necesidad de corregir situaciones inadecuadas en materia de pluriempleo y percepciones económicas. Convendría recordar que desde 1983 y 1984 ambos aspectos están razonablemente resueltos para el personal de las Administraciones Públicas y para los Altos cargos de la AGE a través de sendas leyes de incompatibilidades. Si no ha sucedido así con los representantes electos es porque estos usando su potestad de autorregulación han establecido para sí mismos un régimen más laxo.

Entretanto aparecen los programas en esta materia, parece conveniente que recordemos cuál es la opinión de los ciudadanos sobre la Administración Pública, según los resultados de las encuestas del Centro de Estudios Sociológicos dependiente del Ministerio de la Presidencia:

  • -El 25,1 % de los encuestados opina que los funcionarios más preparados son los de la AGE frente a un 15,9 % que considera que los son los de las Comunidades  Autónomas y un 11, 2 % que opta por los Ayuntamientos.
  • -Inicialmente los ciudadanos tienen una impresión negativa del funcionamiento de la Administración en un 38,6 %, frente a un 28,7 % que la tiene positiva. La Lentitud y el Papeleo son los aspectos peor valorados.
  • -Esa actitud negativa cambia cuando la misma pregunta se formula  a los ciudadanos después de una gestión en la Administración. En ese caso el 59,4 % se muestra satisfecho, frente a un 32 %  insatisfecho.
  • -A posteriori, el 40 %o de los encuestados considera que el servicio recibido fue  mejor de lo que esperaba, mientras que el 23 % lo considera peor.
  • -La satisfacción con el funcionamiento de la AGE  mejora todavía más cuando las gestiones se han realizado a través de Internet. En este caso, el 71,9 % muestra un alto grado de satisfacción, frente a un 9,7 %  insatisfecho.
  • -En opinión de los ciudadanos, la Administración no resiste la comparación con la empresa privada: Eficacia, Responsabilidad, Calidad, Innovación y Motivación son atributos en los que la empresa privada supera a la Administración. Pero, significativamente, en la Preocupación por la igualdad y en la posibilidad de Participación en los procesos la Administración supera a la empresa privada.

Seguimos, pues, pendientes de conocer las propuestas completas de los distintos partidos políticos en materia de Administración Pública para saber de que forma pretenden mejorar su funcionamiento para dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos.

Echando un vistazo hacia atrás: breve historia de las Comunidades Autónomas y sus competencias en el sector industrial.

El Título VIII de la Constitución Española referente a la Organización Territorial del Estado, en su artículo 137 establece que: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”.

Aprobada esta norma fundamental en el año 1978, se entró en una fase en la que el rumbo errático del gobierno de la UCD con su Presidente a la cabeza no era capaz de determinar el número ni la delimitación geográfica de estas Comunidades pues, al no existir un proyecto inicial básico, su número y extensión cambiaban de un día para otro sin justificación aparente. A título anecdótico desearía mencionar que, entre otros ejemplos aberrantes, la provincia de Segovia estuvo a punto de convertirse en Comunidad Autónoma, merced a las intrigas de Modesto Fraile, un diputado provincial por la UCD.

El simulacro de golpe de estado del 23-F unido al cambio de Presidente de Gobierno posibilitó un acuerdo entre UCD y PSOE que se plasmó en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, conocida como LOAPA, que se aprobó en las Cortes Generales el 30 de junio de 1982. Esta ley determinó que las Comunidades Autónomas serían 17 y 2 el número de Ciudades Autónomas.

A partir de este momento y durante la década de los años ochenta se inició una carrera frenética para redactar y aprobar, primero en las Cortes Generales y luego en los Parlamentos Autonómicos, los correspondientes Estatutos de Autonomía en los que se recogía, entre otras materias, las futuras competencias que habrían de ejercer las diferentes Comunidades Autónomas. Tomaron como referencia los Estatutos, ya aprobados, de Cataluña y del País Vasco, lo que, en mi opinión, constituyó un error más a añadir a la larga lista de desaciertos habidos en este proceso.

Una vez aprobados los diferentes Estatutos comenzaron a constituirse las respectivas Comisiones Mixtas de carácter sectorial para elaborar los correspondientes reales decretos en los que se materializaban las transferencias de personal, medios técnicos y logísticos a las Comunidades Autónomas para la ejecución de las competencias transferidas.

Este fue el procedimiento seguido, descrito brevemente, para descentralizar el modelo de Estado vigente hasta ese momento.

Es de resaltar que este proceso coincidió en el tiempo con la entrada de España en las Comunidad Económica Europea lo que complicó aun más la transferencia de competencias pues Bruselas también asumió las correspondientes a sectores tan importantes como el agrícola.

En lo que se refiere al sector industrial que es el que se va a analizar en este post, pues es el campo en que desarrollé mi actividad profesional, se puede afirmar que la avidez mostrada por las Administraciones regionales para llenar de contenido sus estructuras administrativas las llevaron, en mi opinión, a asumir competencias innecesarias que luego, como se ha visto con el paso del tiempo, no han sido capaces de ejercer.

El traspaso de medios humanos y técnicos fue insignificante y se circunscribió a algunos de los funcionarios que ya estaban destinados en localidades de la Comunidad Autónoma correspondiente. Se dio el caso paradójico que Ministerios como Industria, Educación o Agricultura quedaron vacíos de contenido pero con el mismo personal que antes de iniciarse el proceso descentralizador por lo que se duplicó inexorablemente el número de funcionarios.

Para, entre otros fines, intentar paliar estas serias disfunciones, se aprobó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada posteriormente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Comunidades Autónomas para ejercer las competencias asumidas, siguieron cuatro procedimientos diferentes de actuación.

El primero, comprende aquellas Comunidades Autónomas que optaron por crear empresas públicas que, con carácter exclusivo, realizarían estas actividades. El caso más significativo fue la Junta de Andalucía que creó la entidad Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA) a la que dotó, con caudales públicos, de medios técnicos, económicos, logísticos y humanos para llevar a cabo estos trabajos.

El segundo, engloba a las Comunidades que se inclinaron por conceder autorizaciones administrativas, con carácter de exclusividad, a empresas privadas para la realización de estas competencias. Evidentemente en cada sector había una empresa autorizada. La Comunidad Valenciana ha sido la que ha utilizado este sistema con mayor profusión.

En el tercero, podemos incluir a las Comunidades Autónomas que decidieron autorizar a empresas privadas, en libre competencia, para la realización de actividades concretas. Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y en algunos casos Madrid siguieron esta vía.

Finalmente, el cuarto corresponde a aquellas Comunidades Autónomas que a la vista de su incapacidad para realizar ciertas competencias, el coste que ello originaba, así como la escasa influencia que tenían, según ellos, para el ciudadano, prefirieron mirar para otro lado y que los casos puntuales se fueran resolviendo uno a uno. Los ejemplos más significativos fueron: Galicia y Extremadura.

A pesar de que el artículo 15 de la Ley 30/1992, define la figura de la Encomienda de Gestión mediante la cual se permitía la posibilidad de la firma de Convenios entre Administraciones para realizar actividades concretas, las Comunidades Autónomas muy celosas de las competencias transferidas no hicieron uso de esta facultad y prefirieron dejar desamparado al ciudadano en temas tan importantes como, por ejemplo, la seguridad industrial o los instrumentos de medida.

A la vista de lo anteriormente expuesto resulta de difícil explicación el elevado incremento del número de funcionarios que se ha producido en las Comunidades Autónomas en este periodo de tiempo sin que ello haya supuesto una mejora en la prestación de los servicios públicos y lo que es más grave se han establecido diferencias entre distintas Comunidades Autónomas a la hora de realizarlos, lo que, en mi opinión, vulnera el artículo 139.1 de la Constitución Española que establece que: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier territorio del Estado”.

Si a esta situación se añade el despilfarro económico de estas Administraciones, que se ha puesto de manifiesto en el reciente cambio político del pasado mes de mayo y la construcción de obras faraónicas inútiles como el célebre aeropuerto internacional de Ciudad Real que, recientemente, ha clausurado sus vuelos últimos residuales, podemos llegar a la conclusión de que el actual modelo de Estado requiere una revisión en profundidad, si bien ello se me antoja harto problemático de llevar a cabo pues supondría dejar en el paro a un elevado número de afiliados a los distintos partidos políticos.

Hay que reseñar que cuando comenzó el proceso descentralizador nuestra referencia era la República Federal de Alemania y todas las declaraciones de los responsables políticos nos intentaban presentar la bondad del sistema alemán. En estos veinticinco años transcurridos, es curioso observar cómo en ese país se ha seguido el camino contrario, es decir, el Estado central ha recuperado competencias que estaban en manos de los gobiernos regionales para así armonizar el funcionamiento de la nación y que los ciudadanos no padeciesen las diferencias que, en la actualidad, se producen en España en sectores tan importantes como la sanidad o la educación.

Considero que es un reto importante para el partido popular que en este momento gobierna, sólo o en coalición, en 13 de las 17 Comunidades Autónomas, erradicar estas anomalías y que los españoles no suframos discriminaciones dependiendo de la localidad en la que residamos. Veremos si es capaz de ello o todo se queda en pura palabrería, lo que nos llevaría a afirmar que no tenemos solución.

Esta situación preocupante se ha agravado considerablemente por la profunda crisis financiera que padece Europa y en especial España debido a la desconfianza de los mercados en nuestra capacidad para controlar el desmesurado gasto de estas Administraciones regionales.

Lo más doloroso para los ciudadanos de todo este proceso es contemplar como los responsables del desaguisado se van a sus casas, algunos con las “alforjas llenas”, sin haberse sentado en el banquillo de los acusados de cualquier juzgado para rendir cuentas de sus actuaciones.

Lenguaje jurídico y lenguaje correcto


 

La penúltima ocurrencia de nuestro Gobierno, por boca del Ministro de Justicia, consiste en la pretensión de cambiar  el lenguaje jurídico,  para  que  los  ciudadanos puedan comprender mejor las sentencias de nuestros jueces y Tribunales.  Según el CGPJ, el 82 % de los ciudadanos cree que el lenguaje jurídico es complicado y difícil de entender, de modo que los jueces van a tener que seguir una serie de pautas para que sus sentencias resulten más sencillas de leer. Según la información que publica el Diario Expansión, el Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que el informe apuesta por emplear “frases cortas” en lugar de “párrafos largos, subordinadas, pasivas y gerundios” que dificultan la comprensión del contenido del acto judicial. “Las recomendaciones se dirigen hacia un lenguaje sencillo, que siga las pautas de la propia Academia”, ha añadido. Igualmente, el ‘número dos’ de Justicia ha enfatizado la importancia de que el ciudadano “comprenda aquello que se dice sobre él” y que “determina sus relaciones en la vida social”. A su entender, los usuarios deben ver la Justicia como “la primera instancia a la que consultar” en lugar de la “última a la que acudir” para resolver sus problemas. Hasta aquí todo parece más o menos correcto porque es cierto que la redacción de algunas sentencias dista mucho de seguir los cánones de la Real Academiade la Lengua, no por las expresiones que se utilizan sino  por su lamentable sintaxis. No hace falta ser muy veterano para recordar la época en la que las Sentencias contenían Considerandos (no Fundamentos de Derecho, como ahora) que resultaban imposibles de leer en alto, a menos de perder el aliento. Y todo, porque la Ley exigía que cada Considerando fuese una sola frase, con lo cual los puntos brillaban por su ausencia y se hacía uso profuso del punto y coma y de las comas, con un tipo de frases en contra de las más elementales reglas de la sintaxis.

Ahora, el Ministro Caamaño quiere obligar a los jueces a que redacten sus escritos con mayor claridad, utilizando frases cortas y prescindiendo de los párrafos subordinados o de las frases largas. Como decía un antiguo profesor mío, cada idea en una frase y una frase para cada idea, lo cual resulta muy de agradecer para el lector de cualquier clase de escrito, tenga, o no, índole jurídica. Todo esto (si se queda ahí) me parece muy bien, pero la cosa no puede ni debe llegar al punto de exigir la supresión de expresiones calificadas como “crípticas y arcaicas” por varias razones muy elementales.

En primer lugar, porque cada profesión tiene su propio lenguaje técnico cuya utilización tiene por finalidad aquilatar bien el sentido de las expresiones que se utilizan. y que, muy frecuentemente, no tienen equivalente preciso en el lenguaje vulgar. Si yo digo que carezco de legitimación o que resulta procedente una reconvención, ninguno de estos dos términos (como sucede con otros muchos de frecuente utilización en Derecho) puede ser correctamente sustituido por otro sino por una definición -más o menos extensa- de los mismos. Y esto mismo sucede con casi todas las profesiones, desde las tituladas a las no tituladas, ya que una hernia de hiato no puede ser expresada con otros términos, porque resultaría absurdo decir que se trata de una situación patológica que se produce cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax. En mi caso me quedaría muy inquieto si en lugar de la expresión técnica, hernia de hiato, me dijese el médico la descripción expuesta porque pensaría que estoy en las últimas y que mi tórax corre el riesgo de  hundirse. De igual modo, los economistas utilizan términos crípticos para los profanos cuando hablan de operaciones de SWAP o de la TIR o el VAN de una determinada operación. Este tipo de expresiones resultan muy claras para los profesionales y, aunque no sean comprendidas por el ciudadano  no experto, no por eso han de dejar de ser utilizadas. Y qué decir de los términos náuticos, porque estribor no es ni la izquierda ni la derecha, que son relativas dependiendo del punto de vista de quien observa, sino el costado derecho de la embarcación mirando hacia proa (de otra forma se estaría constantemente preguntando ¿tú izquierda o mi izquierda?). O sea, que la utilización de términos que tienen un sentido eminentemente técnico -en cualquier clase de profesión- resulta absolutamente necesario, tanto para la precisión del lenguaje como para la del mensaje que se quiere transmitir.

Y continúo con lo que el Ministro de Justicia denomina como términos “arcaicos”, que no sé muy bien a qué pretende referirse, pero podrían ser varios tipos de expresiones. En primer lugar, las que proceden del castellano antiguo, como es nuestro conocido OTROSÍ que, además de su utilización forense, da nombre a la revista que publica el Colegio de Abogados. También podría hacer alusión a instituciones poco actuales como la “anticresis”, los “censos enfitéuticos” y otras muchas similares, que son denominaciones estrictamente jurídicas que carecen de otro nombre en lenguaje vulgar. Finalmente (last but non least), quedarían las expresiones latinas, de las que tanto uso hacemos los juristas porque, en su mayoría, proceden de aforismos romanos que recogen principios generales del Derecho, lo cual es, en sí mismo, la invocación a una fuente del Derecho. Es decir, que en todos estos supuestos, existen razones de peso para no dejar de utilizar determinadas expresiones, por muy viejas o arcaicas que sean, ya que transmiten, o bien un mensaje más preciso que las expresiones nuevas, o bien un “quantum” de información suplementaria (como es el caso de los aforismos latinos).

En fin, que podría seguir escribiendo sobre el lenguaje jurídico hasta hartarme, pero entiendo que hay que poner un punto final prudencial al asunto, de modo que, si bien puedo estar de acuerdo en que se mejore la sintaxis de las resoluciones judiciales, encuentro que es una majadería y un verdadero peligro prescindir de expresiones propias del Derecho, aunque puedan resultar arcaicas o difícilmente comprensibles para quien no es profesional del Derecho. En todo caso, el Sr. Caamaño haría muy bien en llamar la atención sobre la deficiente forma en que se redactan muchas normas (sobre lo cual se ha escrito abundantemente en este blog) y, especialmente, sobre el inadecuado uso de la más elemental gramática por parte de altos cargos públicos. Lo primero trae como consecuencia que ni los propios profesionales del Derecho lleguemos a entender el sentido claro de muchas normas (ahí está, sin ir más lejos, el reciente RDL sobre la restauración del Impuesto sobre el Patrimonio) produciendo una incertidumbre que atenta contra el  principio de seguridad jurídica. Lo segundo produce, simplemente sonrojo y vergüenza ajena cuando una Ministra habla sin pudor alguno de las “miembras”…