Congreso Internacional: “Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes”.

 

Los días 27  y 28 de octubre de 2014, tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense el Congreso Internacional  “Hacia un Sistema Financiero de nuevo cuño: reformas andantes y pendientes”.

Bajo de Dirección de Dª Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho Mercantil de la UCM y en el marco del Proyecto de investigación DER2011-28265 del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, el Congreso, cuenta con la participación de prestigiosos académicos y profesionales del mercado bancario, del mercado de valores y del sector asegurador, que ofrecen su visión acerca de las reformas emprendidas así como las que están por venir en relación con el sector.

El intenso proceso de cambios que se está viviendo dentro del sector financiero, así como las reformas que aún están pendientes de realizar, aconsejaban llevar a acabo un profundo análisis de todas ellas que pusiera de manifiesto las luces y las sombras de estas actuaciones. A ello se dirige el encuentro en el que participan algunos colaboradores de este blog.

 

 

 

 

Deloitte, Bankia y la excusa de la cuestión de Estado

En Bankia ha fallado el sistema. Es un grupo bancario de importancia sistémica y su rescate ha costado a los contribuyentes más de veinte mil millones de euros. Muchos de sus administradores han metido la mano en la caja utilizando tarjetas en negro, pero este hecho con ser grave pudiera no ser más que un incentivo para que incumplieran su función  de vigilancia. Las grandes entidades bancarias disponen de una red de seguridad destinada a prevenir las dificultades y en particular el fraude. En materia contable las Cajas de Ahorros contaban con una comisión interna y un auditor externo. La comisión de control estaba encargada de analizar la gestión económica y financiera de la entidad, y de elevar al Banco de España cualquier irregularidad detectada. A su vez el auditor debía velar por la transparencia y fiabilidad de la información económico financiera, elemento consustancial al sistema de economía de mercado recogido en el artículo 38 de la Constitución. Pero ni la comisión de control ni el auditor han cumplido su función preventiva. La comisión de control anestesiada por las tarjetas y otros dependencias políticas, el auditor por conflictos de interés y falta de independencia.

Deloitte ha sido sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC ) con una multa de 12,4 millones de euros  por falta de independencia en la auditoría de Bankia al realizar al mismo tiempo trabajos de asesoría. Deloitte hizo de cocinero y al mismo tiempo daba las estrellas al restaurante. Quienes acudieron a la salida a Bolsa de Bankia confiaron en sus cuentas. No fueron avisados del tongo. El fiasco de Bankia es de tal envergadura y de tal gravedad que merece la mayor de las sanciones. Dicha conducta debería ser sancionada con la retirada de la licencia para operar en España.

Fue la CNMV quien encargó a Deloitte que ayudara a Bankia a preparar sus cuentas antes de auditarlas. Por esta razón, la CNMV con el apoyo del Banco de España se ha opuesto con vehemencia a la sanción a Deloitte. Se han proferido incluso ataques personales a la presidenta del ICAC por cumplir con su función. Los responsables de estos organismos piensan que el ICAC no está a la altura de las circunstancias. En su opinión estamos ante una cuestión de Estado. Había que salvar Bankia. Estaba en juego nuestro sistema financiero y la economía en su conjunto. La colocación de preferentes entre los clientes ahorradores había dado un respiro. Había que reforzar el capital de la entidad. La salida a Bolsa podía ser la solución definitiva. Sin ningún rubor, en contra de la independencia que debe presidir la auditoría de cuentas, la CNMV encargó a Deloitte servicios de consultoría incompatibles con su independencia. El fin justifica los medios. Se trataba de salvar al sistema aunque hubiera que poner en riesgo el ahorro de los clientes. Se permitió incluso que Deloitte incluyera una cláusula de indemnidad. Consciente de que su actuación era contraria al principio de independencia del auditor Bankia se obligada por eta cláusula a mantener indemne a Deloitte de cualquier responsabilidad. Una cláusula nula de pleno Derecho por ser contraria al orden público.

Los responsables de la CNMV no son conscientes de haber hecho algo incorrecto. Piensan que han actuado de buena fe en interés general. No se sienten culpables. Las pérdidas en preferentes y en acciones son daño colaterales. Lo importante era evitar el rescate. Pero este planteamiento es contrario al Estado de Derecho.  Un supervisor no puede comprometer la independencia del auditor encargándole trabajos de maquillaje contable. Debe velar por la transparencia de los mercados de valores y la protección de los inversores. Fraudes masivos como el de las preferentes y el de la salida a Bolsa de Bankia son demoledores para el sistema financiero. La confianza, base del sistema, se resquebraja y es difícil restaurarla. Es como un vaso de cristal, que roto no sirve para beber. El sistema se gripa y deja de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. La actuación de Deloitte actuando por encargo de la CNMV preparando las cuentas de Bankia antes de auditarlas ha causado un daño mucho mayor que el que trataba de evitarse. Ha propiciado un fraude en masa al ahorro popular que ha lesionado la confianza del público en el sistema financiero. La excusa de la cuestión de Estado no justifica la conducta del Banco de España y de la CNMV en el caso Bankia.

Lo paradójico es que el sacrificio del ahorro de cientos de miles de clientes de Bankia no ha servido para evitar el rescate. Han sido necesarios decenas de miles de millones de euros para cubrir las pérdidas. No se ha conseguido el fin perseguido, evitar el rescate, y sin embargo se ha sacrificado lo más valioso, la confianza del público en el sistema financiero.

Regulación, imposición y subvención

El negocio bancario europeo se caracteriza por una pérdida progresiva de rentabilidad tanto en términos absolutos como relativos desde el comienzo de la crisis financiera en 2007. Las últimas cifras publicadas con fecha de diciembre de 2013, muestran cómo la banca europea apenas cubre el coste de capital. El 75% de las entidades encuestadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) presentaba una rentabilidad sobre recursos propios (RoE) inferior al 8% frente al 10-12% que suele señalarse como necesario para mantener su modelo de negocio y, sobre todo, para cubrir el coste de capital. Por si fuera poco, el 39% de las entidades presentaba un RoE inferior al 4%.

La frágil y, en el mejor de los casos, modesta situación macroeconómica en un contexto de política monetaria expansiva del BCE, obliga a suponer que la demanda de servicios bancarios no crecerá abruptamente y que el margen de intereses se mantendrá oprimido entre los tipos de depósitos necesariamente positivos y unos decrecientes ingresos por préstamos. La fragilidad de la recuperación y los fundamentales en los que se asienta la holgada cotización del bono público periférico pueden además conducir a un empeoramiento en la calidad de los activos, nuevos aprovisionamientos y, por tanto, afectar a la cuenta de resultados.

Es de esperar que la incipiente presencia de agentes económicos menos regulados tenderá a aminorar los ingresos bancarios, ya sea compitiendo en el mercado de bonos y en el del ahorro (banca en la sombra y aseguradoras) o en servicios de pago (nuevas compañías tecnológicas). Con o sin ello, ante un bajo RoE, el aumento de niveles de capital en anticipación a los resultados del ejercicio de estrés de este año, aumenta la presión de los acreedores sobre la rentabilidad, sobre todo en un contexto regulatorio que obliga a los acreedores bancarios a asumir cada vez más riesgos (bail-in).

La banca europea entra en una nueva fase, tras el gran ajuste, hoy debe enfrentarse a una tenue recuperación caracterizada por bajas rentabilidades y alta incertidumbre en un contexto de nuevos interlocutores institucionales (el BCE, como nuevo supervisor bancario desde noviembre y la nueva Junta de Resolución, los cuales desde enero serán los nuevos responsables de la mayor parte del sistema bancario europeo), nuevas tasas (las contribuciones tanto al fondo de resolución como a la autoridad única de resolución y al supervisor único se empezarán a cobrar junto con la existe al fondo de garantía de depósitos en los próximos meses) y nuevas reformas financieras en el horizonte (separación de la banca de inversión de la minorista, tasa Tobin…) que se sumarán a los nuevos proyectos europeos de avivar la competencia paneuropea en el mercado minorista y de resucitar el mercado de titulizaciones como alternativa a la financiación de la banca.

Las nuevas tasas, contribuciones, requerimientos regulatorios, provisiones potenciales y posibles litigios tendrán un impacto severo en el margen bruto de la banca. Dada la capacidad que tiene un banco de repercutir costes e impuestos, estas medidas se traducirán en subidas de los tipos nominales en las comisiones a los clientes y una bajada aún mayor de la remuneración a los depósitos. Sin embargo, el banco no podrá repercutir la totalidad de estos costes, ya que se enfrenta a una demanda que, poco a poco, va siendo más elástica y contempla nuevos horizontes de inversión más allá de la banca.

En esta nueva fase, la banca tradicional, en teoría más segura pero menos rentable, parece abocada a la subvención para seguir ofreciendo sus servicios a la economía real, que depende en tres terceras partes de su financiación. El BCE, con sus TLTROs parece haber iniciado este camino.

 

Emilio Botín: la necrológica que no va a leer en ninguna otra parte

En un país normal usted no estaría leyendo esta necrológica, básicamente porque no la habríamos publicado. No negamos la aportación que el Sr. Botín ha podido hacer  en beneficio de la internacionalización de la economía española, en su caso, pero esa  no es nuestra materia. En este blog -como entendíamos que era nuestra obligación- hemos criticado duramente el papel que el Sr. Botín ha jugado todos estos años en favor de la erosión de nuestro Estado de Derecho y de nuestras instituciones. Entre otros casos, hemos analizado con detalle el culebrón Alfredo Sáenz y la contratación de Rodrigo Rato por el Banco de Santander. Pero lo cierto es que no considerábamos adecuado insistir en ello precisamente con ocasión de su fallecimiento, que es un acontecimiento luctuoso y triste, se mire como se mire. Ahora bien, dos circunstancias notables nos han llevado a cambiar de opinión: la orgía periodística que su muerte ha provocado –páginas y páginas de los diarios generalistas, con aportaciones singulares de personajes tan emblemáticos para nuestra sociedad como el Sr. Alierta o el Sr. Alfredo Sáenz- y, sobre todo, la designación de doña Ana Patricia Botín como nueva presidenta del Banco. Porque estos acontecimientos singularizan a la perfección el carácter profundamente “castizo” de nuestro capitalismo (que hemos analizado con detalle en nuestro libro) y lo que ello supone de freno a la regeneración del entramado institucional de nuestro país que, como saben ustedes, es nuestra principal preocupación. Los Botines pasan, pero el secular capitalismo español permanece.

El carácter castizo de asunto se revela ya de entrada cuando observamos las extensas loas que el personaje ha recibido en los principales medios (no siempre los más endeudados) en contraposición a los ataques un tanto resentidos que se detectan en las redes sociales. Esta polarización nos indica que algo va mal. Mientras algún importante periodista, en su elogio fúnebre, se vanagloria de no haberle alabado nunca anteriormente por escrito -enorme mérito, sin duda alguna- (tuve que repasar varias veces la frase porque mi cerebro se empeñaba en leer que lo que había hecho era criticarle), Ada Colau le trataba como ladrón y estafador y Willy Toledo aspiraba a que la tierra no le fuese leve… Muy edificante todo.

Que un empresario, por muy banquero que sea, genere esa radicalización extrema en una sociedad, implica que el papel que ha jugado en ella no ha sido neutral, ni el propio de un empresario estándar de tipo anglosajón, por ejemplo, por mucho éxito que haya tenido. La muerte de Steve Jobs generó bastante espacio en los medios, sin duda alguna, pero el análisis giraba en torno a sus muchos aciertos y puntuales fracasos empresariales y resultó bastante homogéneo. Pero es que Steve Jobs era un tiburón en un océano capitalista transparente, en el que el principio “come para no ser comido” tuvo como principal efecto el ipod y el iphone. Mientras que el Sr. Botín, por su parte, era un tiburón que (aunque luego ha saltado a ese otro hábitat) nació y creció en una charca bastante turbia en la que el “come para no ser comido” generó préstamo abundante y competitivo (a veces irresponsable) pero también cesiones de crédito, fondos inmobiliarios trampa, productos tóxicos, prácticas bancarias poco transparentes, patrimonio no declarado en Suiza, acusaciones falsas, utilización espuria de jueces corruptos, abundantes procedimientos judiciales, revolving door, lobby normativo desatado, etc., etc., etc.

Para bien o para mal, se le ha identificado como la referencia principal de una determinada época exuberante, muy exitosa (al menos para algunos) pero con graves daños colaterales; como el máximo representante de una determinada forma de hacer empresa y de hacer política en España, o mejor, de hacer empresa-política y política-empresa, tan frecuente en este país. Se le consideraba el verdadero poder en la sombra, el señor del anillo que los controlaba a todos, y eso tanto por críticos como por partidarios, lo que no deja de ser sorprendente y, por cierto, poco halagüeño para nuestra democracia. En cualquier caso, a la vista de todo ello, es normal que con las reacciones ante su muerte aflore un conflicto profundo, un resentimiento frente al que no podemos cerrar los ojos si queremos comprender verdaderamente nuestro tiempo.

Esto nos conduce a la segunda manifestación de lo castizo. Porque si es verdad que a don Emilio le preocupaba enormemente el efecto Podemos, como indica esta noticia, no lo demostró al regular su sucesión. O quizás no era tan inteligente como se dice. O quizás sí lo era, pero no podía evitar primar sus ambiciones personales por encima de cualquier otra cosa. Ha pasado antes con otros grandes empresarios: han creído posible cuadrar el círculo de una gran empresa abierta e internacional perpetuamente controlada por sus genes inmortales, normalmente con pobres resultados, al menos para uno de esos dos intereses, cuando no para ambos. Pero esta reacción de nuestro más brillante empresario ya nos pone sobre la pista de que nuestro establishment empresarial y financiero no va a actuar inteligentemente frente a la amenaza populista que se nos viene encima. Tampoco, por lo que se ve, nuestro establishment mediático, a la vista de su incontinencia a la hora del elogiar al padre y a la hija y de su racanería para la crítica ponderada. El que confíe en lo contrario, en una reacción inteligente, que vaya abandonando ya toda esperanza, con la misma certidumbre que si lo hubiera visto escrito con caracteres negros sobre el dintel de la puerta del infierno.

La designación como presidenta de la Sra. Botín-Sanz de Sautuola O´Shea, pese a que la familia solamente controle el 0.7% de las acciones, ha generado, según parece, una clara oposición entre los accionistas institucionales del Banco y escasa alegría entre los reguladores. El Sr. Botín siempre fue un adalid en contra de cualquier reforma societaria (como expliqué en uno de los post citados al principio) tendente a facilitar la relación de agencia entre la propiedad de las sociedades y sus gestores, por la cuenta que le traía. Sin duda tuvo éxito, como comprobamos ahora. Pero su empeño en que la sucesora en la presidencia fuese su propia hija, al margen de lo castizo del asunto (más que castizo casi cañí), implica manifestar a las claras y públicamente una concepción de la empresa que se da de tortas con su presunta modernidad, para fomentar la cual tanto dinero del accionista se ha invertido en Formulas uno y foros equivalentes.

Es cierto que la Sra. Botín-Sanz de Sautuola O´Shea manifiesta que nadie le ha regalado nada, pero el hecho de que lo diga reiteradamente en público nos revela que existe un alto porcentaje de probabilidades de que se lo crea sinceramente, lo que sin perjuicio de que psicológicamente sea comprensible, resulta todavía mucho más alarmante. Porque lo que está claro es que ningún ciudadano español, menos aún aquellos que están sufriendo de lo lindo con la crisis, puede creerse que doña Ana Patricia, por muy inteligente y preparada que sea (cosa que yo no dudo en absoluto) habría llegado a ser presidenta del Banco si no tuviese los dos apellidos que tiene. Sospecho que esa disonancia cognitiva no nos va a traer en el futuro nada, pero que nada bueno.

En realidad, la designación de doña Ana Patricia como presidenta es una manifestación más del mismo principio castizo que animó a don Emilio a sostener contra viento y marea al Sr. Sáenz después de haber sido pillado utilizando un juez prevaricador en beneficio del Banco, o a contratar al Sr. Rato pese a ser uno de los personajes más odiados del país: el principio de que la familia, la amistad y la devolución de favores personales está por encima de los intereses de la entidad y de la imagen que una empresa de esta dimensión debería transmitir al conjunto de la sociedad española, especialmente en estos momentos tan difíciles. Todo tan distinto de ese capitalismo anglosajón que es capaz de cesar y prescindir de los íntimos sin que a nadie le tiemble el pulso (“es sólo negocios”): tan frío, pero por otra parte tan edificante y socialmente útil. Ya se sabe que aquí somos mucho más cálidos y afectuosos.

En fin, en cuestión de imagen don Emilio prefirió a lo anterior utilizar la fundación de su tío Marcelino, dedicada a preservar el patrimonio histórico-artístico cántabro (a la que estratégicamente cambió de nombre con la finalidad de no generar confusión), para construir un mausoleo en su memoria en la bahía de Santander bajo la firma de un premio Pritzker, Renzo Piano. Como ocurrió con la mayoría de las grandes pirámides faraónicas construidas con la misma finalidad, no ha podido terminarse a tiempo. Lo que cabe dudar es si, una vez acabada, esa poderosa imagen del poder producirá los mismos beneficios, o si, por el contrario, siendo los tiempos muy otros, no ayudará precisamente a pacificar un futuro que se adivina muy, muy incierto.

 

 

Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario.

Vistos los devastadores efectos que nos ha traído la burbuja inmobiliaria provocando una crisis económica de la que está costando y mucho salir, resulta procedente detenerse en algunas medidas adoptadas para paliar sus efectos, entre las que destaca la reciente Directiva comunitaria de 4 de febrero de 2014 sobre Contratos de Crédito celebrados con los Consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (en adelante DCH).

En varias ocasiones hemos denunciado en este blog lo mal que se legisla en España y algunos teníamos la esperanza de que nuestra pertenencia a la UE nos trajera una legislación de mayor calidad. Pues bien, si uno contempla las previsiones adoptadas en la DCH le da la impresión que en la UE se han contagiado del “mal hacer legislativo”, característico de España, pues más que una directiva, parece una recomendación, vacía de imperatividad en un aspecto sumamente relevante como es el crédito hipotecario.

Ya hoy nadie duda y se reconoce en uno de los Considerandos de la DCH que «el comportamiento irresponsable de ciertos operadores del mercado contribuyó a crear una burbuja inmobiliaria y fue uno de los elementos determinantes de la crisis financiera. Es obvio, por tanto, que es necesario combatir la concesión y contratación de préstamos irresponsables, a fin de evitar que se repitan las condiciones que desembocaron en la actual crisis financiera». Por ello, merece especial interés el tratamiento que la DCH da a la obligación de los prestamistas de evaluar adecuadamente la solvencia del potencial cliente, aspecto fundamental para una adecuada prevención del sobreendeudamiento privado que evite que este desastre económico pueda volver a producirse.

El prestamista es el primer interesado en que el deudor sea solvente y no parece razonable que tenga interés en conceder un préstamo a una persona que no va a poder amortizarlo. Sin embargo, el planteamiento cambia cuando, tal y como ha sucedido en los préstamos hipotecarios (concedidos sin una valoración suficiente de la capacidad de reembolso del deudor, y  solo con base en el valor del bien dado en garantía, objeto en muchas ocasiones de tasación irregular)  ese riesgo se transfiere a terceros a través del mercado hipotecario (cédulas y bonos hipotecarios). Las consecuencias de la imprudencia de una entidad financiera, han terminado siendo soportadas por el resto y finalmente por todos los ciudadanos que han rescatado con sus impuestos a entidades insolventes. A ello hay que sumar la decisiva inacción de los organismos supervisores.

La regulación hasta ahora existente relativa a la obligación de evaluar la solvencia afectaba a las normas internas de la gestión de riesgos  y control interno que tienden a proteger la solvencia de la propia entidad y no tanto al cliente bancario. Regulación que ha proliferado tras la crisis financiera con la normativa reguladora de los coeficientes de solvencia de las entidades de crédito (Basilea III) con el objeto de reforzar las exigencias de capital de los bancos. La novedad que introduce ahora la normativa europea es que el incumplimiento de tal obligación tenga efectos en la relación contractual de la entidad con el consumidor. La cuestión es determinar cuáles son esos efectos que la directiva europea no regula, lo que convierte a la norma en “papel mojado”.

Dispone el art. 18 DCH que “los Estados miembros velarán por que antes de celebrar un contrato de crédito, el prestamista evalúe en profundidad la solvencia del consumidor. Dicha evaluación tendrá debidamente en cuenta los factores pertinentes para verificar las perspectivas de cumplimiento por el consumidor de sus obligaciones en virtud del contrato de crédito”. La definición se encuentra plagada de conceptos jurídicos indeterminados, al igual que sucediera en el art. 8.1 Directiva de Crédito al Consumo (en adelante, DCC), que también regula la obligación de evaluar la solvencia.

Pero la nueva DCH no se limita a enunciar vagamente tal obligación, sino que añade un detalle respecto de la DCC bastante llamativo. Así, el art. 18.5 DCH dispone que los Estados miembros velarán por que “el prestamista solo ponga el crédito a disposición del consumidor si el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito se cumplan según lo establecido en dicho contrato”.  Es decir, parece prohibirse la concesión del préstamo si el resultado de la evaluación de la solvencia es negativo.

Ahora bien ¿es razonable introducir esta prohibición? ¿dónde está la libertad de contratación?

Parece que la lógica actuación del prestamista sería la que sugiere la Directiva: no concederá el préstamo si considera que el prestatario no lo va a poder devolver. Lo llamativo es que esta decisión se imponga legalmente y sin que queden claras las consecuencias de su incumplimiento. Como señaló el Consejo Económico y Social Europeo, “en caso de impago, el prestamista deberá asumir la responsabilidad si su decisión se ha basado en una evaluación mediocre de la solvencia del prestatario. Los costes que generan los préstamos irresponsables deben ser soportados por el prestamista”. Esto desde luego no sucede en España  donde el riesgo lo soporta el prestatario obligado a cumplir no solo su obligación de restituir el capital, sino también los intereses moratorios y remuneratorios y además su crédito no puede ser exonerado en el proceso concursal por tratarse de un préstamo con garantía real.

Teóricamente no es lo mismo incumplir la obligación de evaluar la solvencia que realizar tal evaluación y no obstante, conceder el préstamo a sabiendas de que la persona no lo va a poder devolver. Siendo dos aspectos diferentes, el resultado es el mismo: ya sea porque el acreedor no evaluó la solvencia o porque, haciéndolo, concedió el préstamo tras un test negativo, el deudor no puede pagar y se coloca en situación de insolvencia. Si para el prestamista no se deriva ningún tipo de responsabilidad en ambas situaciones, se desvirtúa la esencia de la noción de préstamo responsable como mecanismo de prevención del sobreendeudamiento privado.

¿Implica este nuevo enfoque del DCH que en caso de evaluación negativa de la solvencia no puede el prestamista contratar con el consumidor? A mi juicio no, y entiendo que ello no debería afectar a la validez del contrato. Creo que procede hacer una interpretación correctora que mantenga la elemental libertad contractual y no desnaturalice el negocio bancario cuya esencia es la asunción de riesgos a cambio de obtener una rentabilidad. Cosa distinta es que, si tras una evaluación negativa, se produce una insolvencia del deudor, las consecuencias para el prestamista no deben ser las mismas que si contrató con una evaluación positiva y siempre que la insolvencia del consumidor no obedezca a circunstancias sobrevenidas. Éste debe ser a mi juicio, el alcance de la novedad introducida en la DCH: el prestamista responde cuando no evaluó la solvencia o cuando haciéndolo, contrata con un test negativo de solvencia y se produce la insolvencia del consumidor por causas no sobrevenidas.  Este aspecto debería haber sido aclarado por el legislador europeo que se ha limitado a inundar el texto de conceptos jurídicos indeterminados. De no entenderlo así, se produciría un desequilibrio intolerable en el sistema que puede comprometer gravemente el acceso al crédito.

La clave está en el mecanismo sancionador que la DCH deja en manos de los Estados miembros y en este punto reside la falta de valentía de la UE que se ha quedado corta. Al margen de las eventuales sanciones en el marco de la normativa de supervisión, debe existir algún efecto en el ámbito del contrato con el consumidor en ambos casos.

El art. 38 de la DCH dispone que serán los Estados miembros los que establezcan las sanciones por el incumplimiento limitándose a señalar que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. En otros ordenamientos (Bélgica o Suiza) se prevé que el prestamista pierda los intereses moratorios y remuneratorios y esta medida ha sido recientemente sugerida por el Banco Mundial[1], pero la DCH no aclara absolutamente nada y esto es lamentable porque la experiencia con la transposición de la DCC demuestra que las medidas impuestas por los Estados miembros no están siendo disuasorias. Buena prueba de ello es la sentencia del TJUE de 28 de marzo de 2014  La conducta irresponsable del prestamista debe ser valorada en el procedimiento concursal: la subordinación del crédito o su exoneración son opciones legales razonables. En la actualidad, ni siquiera se paraliza la ejecución hipotecaria cuando el préstamo hipotecario recae sobre vivienda habitual y no es posible valorar la conducta del acreedor. El desequilibrio es evidente.

Cómo se verifica el grado de cumplimiento de la obligación del prestamista de evaluar la solvencia, cuáles son sus fuentes de información y cómo se articula ese deber de no dar crédito cuando el test es negativo, constituyen extremos que quedan en la DCH en la más absoluta indefinición y cada Estado establecerá sus propias reglas.

Recientemente se ha publicado en los medios de comunicación  la noticia de que Bank of America (la segunda entidad más grande de USA) se ha visto obligado a pagar una multa record por la comercialización de “hipotecas basura”. Parte de las cantidades se dedicarán a la adopción de medidas de asistencia a los consumidores que incluyen la refinanciación por parte de la entidad  de estas hipotecas, la condonación de parte de la deuda en determinados casos, así como inversiones en la estabilización de los vecindarios e iniciativas en apoyo de comunidades urbanas en riesgo de deterioro.

Aquí en España no hemos visto nada parecido ni creo que lo veamos en un futuro próximo. Por el momento España carece de un régimen jurídico sobre la concesión irresponsable de crédito y la UE ha desaprovechado la oportunidad de diseñarlo quedándose más en el terreno de los principios que en el de medidas concretas y efectivas.



[1] Informe del Banco Mundial Responsible lending, Overview o regulatory tools p. 46 http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2013/10/18639527/responsible-lending-overview-regulatory-tools

Entrevista al editor Fernando Gomá en Diario Jurídico

Reproducimos la entrevista publicada en la web Diario Jurídico. Para leerla en el formato original, ver aquí.

El escándalo de las preferentes ha dejado de ser portada en los medios de comunicación pero muchos afectados siguen luchando en los tribunales o en procesos arbitrales para recuperar el dinero que un día confiaron a su caja.

Fernando Gomá, notario y coeditor del blog ‘¿Hay Derecho?’, ha hecho una profunda reflexión sobre el desastre de las preferentes. Ha desgranado, paso por paso, las causas, sacado las consecuencias e incluso diseñado algunas medidas que tiene que tomar el cliente minorista para que no le vuelvan a ‘engañar’ con sus ahorros. Asegura que a partir de ahora el ciudadano, a la hora de tratar con el banco, tiene que ser mucho más “exigente y precavido”. Y recomienda una regla de oro que nunca se debe olvidar: “No firmar algo que no se entienda”. “Los reguladores han fallado estrepitosamente. Y si somos sensatos pensaremos que pueden volver a fallar en el futuro”, asegura.

¿Cuál es la fotografía que nos queda hoy, tres años después de que comenzara a estallar el escándalo de las preferentes?

A raíz de publicar distintos artículos sobre preferentes vas reflexionando sobre el tema y sacando una serie de conclusiones. Es evidente que ha habido un fallo generalizado del sistema en materia de comercialización de productos financieros complejos. Miles y miles de personas han adquirido productos que no son adecuados y sólo se puede llegar a ese resultado como consecuencia de que muchas cosas no han funcionado bien. Ya desde el año 1993 había una legislación que era bastante estricta en materia de exigencia de protección a clientes de productos bancarios y cuando entró la directiva MIFID, en el año 2007, esa exigencia se multiplicó por 10. Esta directiva te viene a decir que, a parte de clasificar al cliente como minorista y profesional, el banco tiene que proteger (al cliente) casi de las ofertas que hace la propia entidad. En otras palabras, se le exige ser un lobo que cuide de las ovejas, que no solamente ofrezca al cliente el producto que él dice que quiere sino el que necesita, independientemente de las necesidades y criterios de la entidad financiera en materia de comercialización.

Las preferentes no eran un mal producto. Eso hay que dejarlo muy claro pero sí que era un producto para minorías. Eran como acciones pero, al mismo tiempo, no producían dilución del capital, de manera que, en una época en la que había que capitalizarse como fuera, se convirtieron en algo maravilloso para los bancos. En resumen, todo esto provocó un cataclismo que se medio salva por la vía judicial y del arbitraje.

Ha pasado el tsunami, se ha retirado la ola y vemos lo que hay: un fallo generalizado del sistema por razones perfectamente explicables y, la principal, es que los bancos necesitaban capitalización. Vemos que el cliente bancario ha quedado desprotegido absolutamente, puesto que en la rueda de intereses él ha sido siempre la última opción. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sigue funcionando hacia delante, no termina aquí. En 2014, la vida sigue, los bancos siguen, los consumidores también y van a ocurrir cosas en el futuro. Hay que sacar consecuencias del escándalo de las preferentes. Es verdad que la legislación se ha incumplido absolutamente y que los reguladores -el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- han fallado estrepitosamente. El Banco de España fue afeado por el Defensor de El Pueblo en una serie de informes que hizo en materia de swaps de garantía de prestamos. El anterior presidente de la CNMV, Julio Segura, dijo que el organismo no podía hacer nada, que su papel en materia de protección al cliente bancario se limitaba a comprobar que los folletos contenían las cláusulas correspondientes y a hacer advertencias. Claro, uno se plantea que si en el mayor escándalo financiero de la historia de España, la Comisión de Valores se limita a leer unos folletos y a hacer advertencias en su página web, entonces para qué sirve este organismo.

¿Y ahora qué, qué consecuencias sacamos de cara al futuro?

He reflexionado sobre eso y creo que hay que partir, en primer lugar, de un principio de realismo. ¿Dónde estamos? Históricamente, los ciudadanos tenían depositada la confianza en los bancos y las cajas de ahorros. Hace unas décadas, las cajas eran fiables te ofrecían unos productos sencillos, que eran los que había en el mercado. Pero cuando la banca comercial y de inversión se volvieron a fusionar, tras la ley del ex presidente estadounidense Bill Clinton en 1999, productos muy complejos fueron al mercado minorista. Sin embargo, la banca siguió, durante años, disfrutando de una confianza que, muy probablemente, ya no merecía.

Entonces creo que la primera cuestión que hay que plantearse para el futuro es: ¿No debes depositar tu confianza en la banca? El profesor Leopoldo Abadía dice una cosa interesante: “Usted tiene que tratar a la banca como la otra parte del contrato”. Es decir, no es tu amigo ni tiene porque serlo.

Confianza, según el diccionario de la Real Academia Española es depositar tu hacienda, secreto o cualquier otra cosa en alguien sin más que la buena fe o opinión que tengas de él. Bueno pues creo que en este momento, tanto la fe como la opinión hace que no confíes en la banca. Es decir, hay que considerar a la banca como lo que verdaderamente es: una entidad cuya función es básicamente hacer negocio y que, por tanto, tu relación con ella tiene que ser más incómoda, menos fiel.

Una segunda consecuencia es que los reguladores han fallado estrepitosamente. Y si somos sensatos pensaremos que pueden volver a fallar en el futuro. Es decir, han perdido nuestra confianza y no se va a recuperar tan fácilmente. No confíes en que los reguladores te van a proteger, quizás lo hagan pero no lo han hecho y está por demostrar que lo vayan a hacer. Por lo tanto, en el futuro tienes que ser más precavido en este aspecto. Sí, hay unos órganos como el Banco de España y la CNMV que suenan muy bien pero no han cumplido su función, me refiero en materia de cliente bancario.

¿Queda la justicia?

Sí y hay que reconocer que la justicia en el tema de las preferentes, con todas las dificultades que está teniendo y todos sus problemas, ha sido la que está dando soluciones. No sólo soluciones económicas y jurídicas también morales y emocionales. Es decir, una sentencia a favor en todo o en parte ya no es sólo una cuestión de reparación de justicia es también una cuestión emocional. Soy de la teoría de que los seres humanos somos seres emocionales, primero y luego, racionales.

El problema de desactivar el resto de los mecanismos: que la ley no se cumpla, que los reguladores no hagan nada y que el Gobierno mire para otro lado es que la Justicia en vez de ser el último recurso que le queda al cliente bancario se convierte en el único y eso no es adecuado, máxime en una época en la que, además, te suben las tasas judiciales; en la que hay recortes por todos los lados; y en la que el sistema judicial está completamente saturado.

“La justicia con muy pocos recursos se ha comportado de forma muy razonable en muchos sentidos. Pero no puedes dejar a la Justicia sola ante el peligro. Debería retomarse un sistema de red mucho mejor que el mero acceso a la justicia para defenderte porque, además, los bancos no van a cambiar”.

Por tanto, la justicia con muy pocos recursos se ha comportado de forma muy razonable en muchos sentidos. Pero no puedes dejar a la Justicia sola ante el peligro. Debería retomarse un sistema de red mucho mejor que el mero acceso a la justicia para defenderte porque, además, los bancos no van a cambiar. El otro día leía en el diario británico ‘The Guardian’ como un pequeño empresario inglés decía: “Nunca hubiera pensado que el banco, en el cual me había apoyado tantísimo durante muchos años, me iba a engañar de esta manera con un swap”. No es una cuestión sólo de aquí, de España. El mundo ha cambiado y pretender no sacar consecuencias de esto es erróneo.

¿Conclusión. Qué se puede hacer para proteger al cliente minorista bancario?

Efectivamente debemos quejarnos y reclamar que se investigue todo lo pasado. Pero para el futuro debemos exigir más protección, mejor legislación, una infinita claridad de las administraciones públicas y los poderes públicos, que no es la que tenemos hasta ahora. Pero tenemos también que exigirnos más a nosotros mismos. Si no cambiamos la actitud no hay nada que hacer. Si seguimos con la misma pasividad que hasta ahora, pasarán ocho o 10 años y volverá a ocurrir algo similar. La lección que tenemos que aprender es: tenemos que cambiar, se más vigilantes, exigir más protección pero exigirnos también más a nosotros mismos.

¿Un consumidor más formado?

Un cliente bancario más exigente y autoexigente. Hay que aceptar que la culpa principal es de las entidades financieras, de las cajas, que estaban dominadas por políticos, por personas que no tenían ninguna capacidad para estar allí, y que, además, han aprovechado sus cargos para hacer negocios, a través de todo tipo de operaciones y llevar a la cajas a ruina total. Pero hay que aceptar que un mínimo de culpa también tienen las personas que firmaron algo que no entendían. Si no aceptas una pequeña porción de culpa entonces no tendrás necesidad de cambiar y eso es un grave error. Para eso, mentalmente, tienes que pensar: he firmado algo que no entendía.

¿Y cree que cliente minorista ha aprendido de los palos recibidos?

Tengo la sensación de que no lo suficiente y que, además, cuando pase más tiempo este efecto de shock tremendo puede empezar a diluirse. No veo un cambio radical de actitud y creo que es necesario. Había un bróker que decía: los bancos no están para hacer amigos sino para ganar dinero. No es malo. Pero si tú te comportas como si estuvieras para hacer amigos, entonces eres tú y el que tienes la disfunción. Hay que cambiar el chip. Usted cliente minorista tiene que acostumbrarse a decir no. En el año 58, el jurista Antonio Garrigues ya clamaba contra la cultura del ‘dónde hay que firmar’. El problema es que más de 50 años después seguimos estando ahí.

¿Y qué otras acciones propone para que no se repita otro escándalo como el de las preferentes?

Además de un cliente más concienciado y exigente, propongo crear una fundación para la claridad jurídica y financiera (puede ser cualquier otra figura jurídica y puede llamarse de cualquier otra manera). Esta es una acción de la sociedad civil. Considero que esto se resuelve con actividad individual propia y colectiva como grupo.

Creo mucho en la claridad, ya que cuanta más claridad menos confianza porque no es necesaria y al revés. Tienes que depositar tu confianza en el banco, por ejemplo, porque no entiendes lo que está diciendo. La idea es revertir y que haya más claridad.

Propongo, pues, una fundación en la que se reúnan expertos: juristas, periodistas, agentes del lenguaje, asociaciones de consumidores… y que hagan una serie de actividades. Una de estas acciones sería, por ejemplo, inyectar claridad en los productos financieros. Coger los productos que ofrecen los bancos a los clientes minoristas y deconstruirlos. Después, empleando un lenguaje que entienda el consumidor medio, explicarlos.

Te coges la información de cualquier estructurado, un bono escalera o cualquier otro producto, y resulta que no entiendes nada y, probablemente, lo que te interesa está desperdigado. Hay un exceso de información y un enorme defecto de claridad.

“Te coges la información de cualquier estructurado, un bono escalera o cualquier otro producto, y resulta que no entiendes nada y, probablemente, lo que te interesa está desperdigado. Hay un exceso de información y un enorme defecto de claridad”.

Las cosas se pueden explicar para que lo entienda prácticamente cualquier persona. Esa fundación también se podría ocupar de calificar los productos del mismo modo que lo hace una agencia de rating. Es decir, al bono tal del banco tal le doy la triple A. ¿Y por qué no comparar productos financieros? Eso es tomar la iniciativa, es provocar un debate y que los bancos observen que están más en la palestra. Entonces, probablemente, hagan un esfuerzo por ser más claros.

Esa fundación podría ir acompañada de un registro de autolimitación del riesgo civil. Esta es una propuesta que hice en un blog y que luego el PSOE la acogió en una Subcomisión de Transparencia en el Congreso. El banco es el que normalmente toma la iniciativa, me califica y me documenta. ¿Pero tiene que ser siempre así? ¿Por qué el banco me tiene que hacer el test de conveniencia, idoneidad y calificarme como quiera? ¿No podría hacerlo yo? ¿Por qué no puedo ser yo el que ponga las líneas rojas y le diga a la entidad: no quiero que me ofrezca productos perpetuos, estructurados en los que pueda perder algo de lo invertido, productos de los que usted no se responsabilice y, además, no quiero que usted me califique más que de cliente minorista. Esto último lo digo porque tengo un amigo que lo único que ha invertido en toda su vida es a plazo fijo y, de repente, se encuentra con que la entidad le ha calificado como cliente profesional.

Sería un poco como las listas Robinson: yo tomo la iniciativa y digo al banco lo que no quiero y, por supuesto, la entidad bancaria estaría obligada a consultar ese registro.

También se podía contemplar que en el contrato del producto, el cliente pudiera imprimir su propio perfil que se haya creado y que el banco firme que cumple con ese perfil. ¿Por qué no introducir contenido en el propio contrato? Está claro que el banco puede decir que no lo firma pero, entonces, siempre queda nuestra respuesta: no.

Hay que decir no muchas más veces. Creo que el dinero que te ha costado tanto ganar hay que cuidarlo con más intensidad, vista la experiencia de lo anterior. Además, si tú eres más exigente y te interesas más, automáticamente, el banco se va a subir tu nivel y te va a tratar como una persona más exigente.

Resumiendo la primera recomendación que haría a un ciudadano que vaya contratar cualquier producto financiero es…

Que no firme nada que no entienda.

Ese consejo vale para muchos otras cosas.

Vale para casi todo. Pero a la hora de invertir que sepa que es muy posible que no entienda lo que va a leer y que pregunte. Que valore su propia firma, ya que ésta vale mucho en su favor y en su contra.

¿Como notario que eres percibes que ahora la gente pregunta más a la hora de firmar cualquier contrato?
Sí, la gente entiende más ahora y pregunta más. Pero esta actitud más exigente debe calar en todo el mundo y no lo veo. Hay una inercia del que me tienen que informar, proteger, y asesorar. Y sí, es verdad, pero también te tienes que informar, protegerte y tienes que asesorarte.

Temas como el de las preferentes han impulsado más la acción civil. ¿Es este un buen paso hacia delante?

Sí totalmente. En España, el asociacionismo civil, a diferencia de  en los países anglosajones, no era una cosa que estaba muy desarrollada. En Estados Unidos, por ejemplo, si van a hacer una carretera y hay un árbol milenario que quieren tirar, enseguida te surge en el pueblo de al lado una asociación, se movilizan los vecinos, hacen pegatinas, actos de protesta, crowdfunding, mecenazgos… Ellos confían en su propia fuerza, lo público lo tienen como algo, a veces, incluso de lo que hay que desconfiar. En España, siempre hemos sido al revés, la opinión era que de lo publico venía lo bueno y lo malo, todo. La idea de asociarse y unirse era vista como de poco interés y también los poderes públicos la han visto con desconfianza. Creo que todas las iniciativas civiles democráticas dentro del estado de derecho son muy positivas. Hay que tomar iniciativas que puedan influir en los poderes públicos.

 

Por qué las cuotas participativas de la CAM valen cero

El último día del mes de marzo los tenedores de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo han visto confirmado lo que ya hace tiempo sabían: sus cuotas participativas no valen nada.

En un hecho relevante presentado ante la CNMV nos dicen: “Atendiendo a lo previsto en las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2011, aprobadas por la Asamblea General con fecha 9 de julio de 2012 a propuesta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como administrador provisional nombrado por el Banco de España, las cuotas participativas están valoradas a 0 euros, sin que hasta la fecha se haya modificado dicho valor contable.”

La Caja se transforma en fundación de carácter especial y se da de baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España. Para ello, formalmente se requiere la amortización de las cuotas participativas y su consecuente desaparición del tráfico jurídico. En otras palabras, que la inversión de los cuotapartícipes no vale nada.

En ‘La banca culpable’ analizo este producto financiero que jamás debería haberse podido colocar al tramo minorista: “Al ser los cuotapartícipes una especie de “propietarios” de la caja de ahorros (si bien sin poder de decisión alguno), si situación en caso de liquidación de la entidad es la peor, al ser los últimos en cobrar, al mismo nivel que la obra benéfico-social de la caja. Esta situación en cuanto a la prelación de crédito es la peor posible y, como veremos, ha provocado que los cuotapartícipes de la CAM hayan visto como su inversión se reducía a un valor nulo. Incluso han salido peor parados que los tenedores de participaciones preferentes, al quedarse los cuotapartícipes fuera de la adquisición del Banco CAM por parte del Banco Sabadell y ver como la caja acababa liquidada.”

Definamos primero qué son las cuotas participativas, solo utilizadas por la Caja transformada en fundación, para después explicar por qué ni el Banco Sabadell ni el FROB responden de las pérdidas de los clientes. Nos basaremos en la información que se depositó en la CNMV el 26 de junio de 2008, disponible en su propia web junto a un tríptico nformativo. La primera apreciación para el cliente de banco que nos lea: en la web de la CNMV están todos los folletos de emisiones de productos financieros; hay que exigirlo al banco, pero como ya sabemos como trabajan en muchas de las oficinas patrias, nunca firmemos un contrato sin disponer y haber leído los folletos informativos.

¿Qué son las cuotas participativas?

Son valores de renta variable, pero aún más complejas que las acciones de sociedades anónimas.

Su valor no depende solo de las expectativas de beneficio de la caja, sino de diferentes motivos relacionados con decisiones de la propia caja, como es la decisión discrecional de qué parte del beneficio va a Obra Social y qué parte a las cuotas participativas. En una caja cuyos balances era falsos (o como mínimo incorrectos), la propia colocación de estos títulos ya es un engaño al cliente, que tomó una decisión con información errónea de la solvencia de la entidad.

No conceden derecho a voto ni de asistencia a la Asamblea General. Un producto que nos hace asumir el riesgo de que la caja vaya bien o mal, pero sin poder participar de ninguna forma en la toma de decisiones, en otras palabras.

No tienen plazo de amortización, siendo su vencimiento perpetuo. Sin embargo, la caja puede decidir amortizarlas cuando quiera.

La retribución de las cuotas de la CAM era inicialmente del 7,5% del excedente de libre disposición (beneficio de la caja después de que la propia entidad decida la parte que lleva a reservas y a Obra Social, con lo que decide en realidad el beneficio que quiere computar). Si no hay beneficio, por tanto, no se cobra.

En cuanto a la prelación de crédito, su posición es más que mala. Si se liquida la caja (o se transforma en fundación como ha pasado con la CAM), se cobra el último, junto con la Obra Social; antes cobran los acreedores comunes, los subordinados e, incluso, los tenedores de participaciones preferentes. Como ha acabado pasando, el resultado es que no cobran ni un euro si la caja se liquida.

Resumiendo, una especie de acciones de una caja de ahorros sin derecho a voto alguno. Por tanto, más que ser propietario de la caja, como sería un accionista de un banco, el cliente que compra cuotas participativas hace un préstamo a perpetuidad a la Caja, cuya remuneración es variable en función de la marcha del negocio, que además decide el “tipo de interés” que le pagará al cliente según su propia conveniencia. Suena mal, ¿verdad?

¿Y en Banco Sabadell?

Con el mecanismo de reestructuración bancaria que se montó, que creo no acaban de entender ni los que lo diseñaron, el negocio financiero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se traspasó a una entidad privada, el Banco CAM.

El día 1 de junio de 2012 se vendió por un euro el 100% de esta sociedad, al Banco Sabadell. Si la compra ya parece “barata”, tengamos en cuenta que además el Fondo de Garantía de Depósitos  había aportado 2.800 millones de dinero público, más lo que acabe costando un Esquema de Protección de Activos otorgado al Banco Sabadell por el 80% de las pérdidas que pueda suponer una cartera de créditos y préstamos pactada de 24.600 millones, generadas en los próximos 10 años (hay estimaciones que consideran que esta compensación de pérdidas por parte del Estado podría suponer hasta 8.200 millones adicionales).

Lo normal habría sido instrumentar alguna solución jurídica para que los cuotapartícipes no se quedaran descolgados, ya que la Caja no fue adquirida por el Banco Sabadell. Pero en lugar de ello, se les dejó tirados. Si la CNMV hubiera hecho bien su trabajo, nada podríamos decir. Pero dar el visto a esta emisión fue, cuanto menos, un error mayúsculo. Los afectados pueden y deberían acudir a los Tribunales para intentar recuperar su inversión.

Las cuotas participativas, otro monstruo diabólico del Bestiario de nuestra crisis bancaria.  Y todo sigue igual en nuestro país, menos los ahorros de toda una vida de miles de clientes, claro.

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (y VII): El principio y el fin

Donde se pone fin a esta novela de no ficción, pero no a esta historia, cuyo definitivo desenlace corresponde determinar a los lectores

 

El principio

Como tantas otras Cajas, Caja Segovia nació en la segunda mitad del siglo XIX con el fin de paliar la secular usura que lastraba el campo español, y que alcanzaba a veces el estratosférico interés de real por duro mensual, es decir, del 60% anual. Lo hizo de la manera más humilde posible: un conjunto de personas bien intencionadas se reunieron e invitaron a los segovianos a dar algo de lo que les sobraba para poder establecer un Monte de Piedad. Cuando inició su andadura sólo contaba con 14.586 pesetas (de ellas 717 fueron recaudadas en una velada músico-literaria organizada en su favor en junio de 1877). El día de su apertura se formalizaron dos préstamos por valor de 70 pesetas y cuarenta imposiciones que ascendieron a 168 pesetas.

La Caja fue creciendo a base de súplicas a los vecinos para que suscribieran nuevas acciones y obligaciones. Lo segovianos dieron la talla, a veces triplicando el importe de las emisiones solicitadas, mostrando desde el principio una enorme solidaridad con los fines sociales que ésta pretendía. Poco a poco, el acudir al Monte de Piedad para empeñar bienes de la más variada procedencia a cambio de préstamos a corto plazo terminó desplazando completamente a la tradicional usura.

Tras la Guerra Civil la Caja dejó de ser una sociedad de accionistas, y en el Consejo entran representantes del Ayuntamiento y de la Diputación, entre otros organismos. Es en esta época cuando empieza su gran expansión. Con el desarrollo de la economía española, las cuentas de ahorro y las imposiciones a plazo sustituyen a los empeños. Se abren sucursales en distintos pueblos de la provincia, en beneficio de los agricultores que encuentran en la Caja el único socorro financiero y también el único asesoramiento digno de ese nombre.  Empezó así a gestarse, precisamente, una relación de confianza que iba a durar muchas décadas, pero que con el tiempo se convertiría en una trampa mortal.

En esa época comienzan también las actividades culturales de la Caja, especialmente en el ámbito editorial, centrado en la historia, la literatura, la agricultura, el arte popular y la naturaleza de la provincia. De ahí se pasó pronto a la docencia, siempre al lógico estilo de la época: la Escuela de Obreras, la Granja Escuela y los Centros de Formación Familiar. Siguieron becas y premios para alumnos de enseñanza media y superior. En 1969 se financia la apertura de un Colegio Universitario adscrito a la Universidad Complutense. Unos años antes se había iniciado la obra social para la protección y ayuda a la tercera edad.

En el año 1956 la Caja se suma a los esfuerzos de restauración del riquísimo patrimonio segoviano, comenzando por la Sala de las Piñas del Alcázar. En 1973 adquiere un palacio para su restauración, el Torreón de Lozoya (cuyo triste destino ya conocemos). Enseguida se convirtió en un centro artístico de gran trascendencia dentro y fuera de la provincia, que llegó a acoger muestras de primerísima fila: Zuloaga, Miró, Esteban Vicente, Tapies, Feito, Antonio López, Chillida… sin olvidar a los mejores artistas locales del momento. La Caja creó también su propia colección a lo largo de todos esos años, desde los primitivos hasta las acuarelas de Pérez de Castro, pasando por los grandes murales en grisalla descubiertos en el palacio de Villafañe siguiendo las indicaciones del Marqués de Lozoya…

Para qué seguir. Mucho es lo que hizo la Caja por los segovianos, desde la ayuda financiera a las capas más humildes de la sociedad a la difusión del arte de vanguardia, desde la promoción del deporte popular a la educación, desde la conservación del patrimonio artístico hasta la preservación de la cultura segoviana en todas sus manifestaciones. Si se lo hubieran anticipado a esos diez benefactores que firmaron la primera acta el 24 de junio de 1877, quizás no se lo hubieran creído. Pero, sin duda, aun menos se hubieran creído lo que pasó luego.

No sería justo acusar a la democracia de no haber sabido conservar este regalo, porque lo que ocurrió no tiene nada que ver con la verdadera democracia (que sabe siempre dónde está su sitio). Más bien, si con algo tiene que ver es con su perversión.

El origen del problema hay que encontrarlo en la Ley 31/1985 sobre órganos rectores de las Cajas. La Exposición de Motivos nos avisa ya de que persigue la cuadratura del círculo: lograr simultáneamente “la plena democratización de los órganos rectores”, conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz, y adaptarse a la nueva estructura territorial del Estado delegando ciertas competencias en las CCAA. Sobre el papel se diseña un marco aparentemente equilibrado entre la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control, pero en la práctica la poderosa trituradora que es nuestra partitocracia clientelar borra por completo cualquier diferencia. Los partidos, en realidad, los caciques locales, toman paulatinamente posesión de la Cajas y empiezan a repartirse el negocio, con mayor o menor discreción. Lo mejor de todo es que no le tienen que rendir cuentas a nadie…. porque ellos mismo son los que están replicados en todos los lados del poliedro: en los órganos internos, por supuesto, pero también en los externos, ya sean los ayuntamientos, las diputaciones, las CCAA, los sindicatos, etc. La ruptura entre el agente y el principal (entre los gestores y los intereses públicos) viene a ser total.

Pero, sin duda, lo que termina de cebar la bomba es la burbuja inmobiliaria. Como han demostrado Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos (aquí) la burbuja creó una apariencia de prosperidad que impidió que esa ruptura entre agente y principal resultase evidente. Los errores, incluso los disparates, no eran sancionados por el mercado, al menos no inmediatamente. Se perdió completamente la noción de proporción y la prudencia, hasta ese momento características de las Cajas, y se emprendieron aventuras sin justificación financiera ni geográfica. La burbuja originó además una tentación de dinero rápido y fácil absolutamente irresistible para los caciques locales. El resultado fue el previsible: cada grupo de amigos –normalmente articulado en torno a un partido político- emprendía aventuras particulares con la aquiescencia de los directivos de la Caja, que miraban para otro lado mientras simultáneamente engordaban sus bolsillos con la aquiescencia de los consejeros políticos, que miraban para otro lado mientras… en un círculo perverso potencialmente explosivo para el futuro de las Cajas.

Caja Segovia no fue la excepción, precisamente. Tras la fusión con Bankia y la consiguiente expropiación perdió prácticamente todo su patrimonio. En los post anteriores hemos descrito el tipo de gestión que condujo a ese resultado. Hoy, la Fundación Caja Segovia no tiene más bienes que unos cuantos inmuebles hipotecados, entre ellos el famoso Torreón de Lozoya, cuyo crédito puede terminar en cualquier momento en poder de un “fondo buitre”, si no lo está ya. Los segovianos, por su parte, se han quedado sin la Caja, pero como entrañable recuerdo todavía conservan en su poder más de doscientos millones de euros en participaciones preferentes y otras obligaciones subordinadas, la mayoría de los cuales colocadas a minoristas que han perdido de esa manera gran parte de sus ahorros. Precisamente, al mismo tipo de personas a los que, hace más de un siglo, la Caja pretendió ayudar emancipándoles del engaño y del abuso practicado por usureros y  otras gentes de mal vivir….

 

El fin

Pese a lo que pudiera pensar algún lector despistado, éste no es el final, ni muchísimo menos. Como ocurre en la actualidad con las mejores series interactivas, el final de esta triste historia lo van a escribir ustedes. Quiéranlo o no.

Hay gente que piensa que el problema ya está solucionado. Lo que había que hacer era diseñar una norma que saliese al paso de todas estas deficiencias que hemos enumerado. Pues bien, ahí está la nueva Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que exige una vinculación de la actividad financiera de las Cajas con las necesidades de los clientes minoristas, que impide que realice sus actuaciones fuera de la Comunidad Autónoma o de las  provincias limítrofes, que impone que todos los miembros del Consejo cuenten con conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones, que existan consejeros independientes, etc.

Estas medidas son necesarias, qué duda cabe. Pero pensar que con ellas basta, es no comprender en absoluto el crucial papel que cumple el principio de responsabilidad en una sociedad. Sin él, cualquier medida legislativa, cualquier reforma, por muy bien intencionada que sea, estará condenada necesariamente al fracaso. Pues bien, en Caja Segovia, como en tantos otros casos, la responsabilidad brilla por su ausencia.

En los Juzgados de Instrucción 2 y 5 de Segovia se iniciaron en 2011 y 2013, respectivamente, dos procedimientos penales contra los responsables del hundimiento de la Caja, en gran parte gracias al trabajo abnegado de una serie de ciudadanos que por su cuenta se empeñaron en investigar y denunciar el conjunto de tropelías que les hemos relatado. Pero se comenta que sus posibilidades de prosperar parecen escasas. De hecho, Atilano comunicó a sus consejeros que había sido tranquilizado por quien correspondía: quizás su conducta pudiera suscitar cierto reproche moral, pero difícilmente encaja en el tipo penal.

La Fundación Caja Segovia podría al menos interponer una acción civil de reclamación de daños y perjuicios, pero hay que recordar que en el patronato están sentados los mismos partidos involucrados en el escándalo de la Caja, que se proponen además volver a ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015 y 2016. En consecuencia, Manuel Escribano (el ex Director General) y sus amigos del equipo directivo, seguramente conservarán las retribuciones contratadas con los 34 millones de euros aportados. El Sr. Escribano lleva cobrando los 800.000 euros anuales desde 2012, por lo que a poco que goce de buena salud (lo que le deseamos todos) puede llegar a ahorrar bastante para solaz de sus herederos.

El caso Segovia 21 ni siquiera se encuentra ya en los juzgados, pues murió antes de nacer. La simple coincidencia de nombres con algunos implicados en la trama Gürtel, las remuneraciones supuestamente excesivas o los errores contables, no fueron suficientes para mantenerlo con vida.

Las cúpulas del PP y del PSOE controlan todavía -ya no la Caja como entidad financiera, que ha desaparecido- pero sí la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y con ellos los demás resortes de poder locales, incluida, por supuesto, la Fundación. Siguen siendo las mismas, sin renovación de ningún tipo fuera de los ocasionales casos de cooptación interna. Los mismos empresarios que hemos citado siguen engrosando su red clientelar. Qué duda cabe que la ausencia de sanciones (políticas y jurídicas) generará en unos y en otros (políticos y empresarios) una enorme sensación de seguridad (o digamos, quizás, de impunidad). Esperarán a que se recupere la economía para continuar haciendo los mismos negocios que antes, y con la misma opacidad. Saben que no les pasará nada, porque está todo atado y bien atado.

Los segovianos, por otra parte, han asumido el coste de todo ello: el de sus preferentes y sus swaps, el de haberse quedado sin la obra social de la Caja, y el derivado de tener que pagar más impuestos para tapar los agujeros motivados por su hundimiento. Ni los directivos del Banco de España ni de la CNMV de la época asumieron ninguna responsabilidad. Los nuevos han sido nombrados por los mismos partidos que eligieron a aquellos.

¿No le gusta este final? ¿Quiere cambiarlo? Es fácil, no tiene más que desearlo… y hacer algo al respecto, claro.

 

 

Una mala praxis bancaria impide recuperar el dinero a quien compró una vivienda

Desde el año 2007 son más de 7.700 sociedades promotoras y constructoras las que se han declarado en concurso de acreedores (comprobar aquí estadística del INE). A nadie escapa que la mayoría de estas sociedades percibieron, de centenares de sus clientes, miles de euros en concepto de cantidades a cuenta del precio de sus viviendas. Es notorio también que el desenlace de estas sociedades concursadas ha sido, en más de un 95% de los casos, su liquidación, según el Anuario 2012 del Colegio de Registradores de España (pg. 101), lo que prácticamente nada del dinero anticipado habrá permitido recuperar a dichos clientes, dada su condición de simples acreedores ordinarios.

La magnitud del anterior problema, unido a la ausencia de garantías por estos anticipos y a la existencia de cuentas bancarias corrientes sin separación de otros fondos, ha traído a nuestros días la aplicación de una ley preconstitucional de mucha utilidad para estos afectados: la Ley 57/1968, de 27 de julio, que regula la percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Durante décadas era casi un cadáver legislativo, tuvo que ser recordada su vigencia por la Ley de Ordenación de la Edificación (Disposición Adicional Primera) y fue tergiversada por las propias Administraciones Públicas (p. ej.: en los modelos de estatutos de sociedades cooperativas de viviendas de la Comunidad de Madrid o en los modelos de contratos de adjudicación en régimen de cooperativa del Plan 18.000 de la EMV de Madrid).

 El banco o caja comete una mala praxis en el momento que infringe el artº 1.2ª de la citada Ley: Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.

 El propio Servicio de Reclamaciones del Banco de España ya hacía mención a este problema y alertaba a las entidades de crédito en el año 2008 (Memoria_del_ejercicio 2008, pgs. 68 y 69), pero se lavaba las manos al considerar que esta Ley escapaba de la normativa sobre reglas de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas financieras cuya vigilancia era y es su especial misión. Cuestión que podríamos compartir en cuanto al supuesto de ausencia de garantías, pero que nos ofrece muchas dudas en cuanto a supuestos donde dichas garantías se otorgan infringiendo la Ley o en supuestos donde las cuentas especiales se han gestionado como simples cuentas corrientes sin la debida separación de fondos y para otros usos distintos al de la promoción concreta.

 De momento, la mayoría de autores y un número cada vez más creciente de sentencias de audiencia provinciales, hacen responsable a la entidad de crédito de la devolución del dinero por no verificar la existencia de la garantía (ver nuestro blog en este sentido). No obstante, nos consta ya una Sentencia del  Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013 (ROJ STS 499/2013, FJ 4º), donde se matiza esta responsabilidad bancaria pues, en el caso estudiado, el banco cumplió diligentemente, pues su responsabilidad se limita a que las cantidades se ingresen en una cuenta especial sin que pueda verificar que el promotor entregue un aval individual a cada comprador. Lo que ocurre en esta sentencia es que el banco contaba con una póliza global firmada con el promotor y creemos que en la demanda  no se profundizó sobre cómo se gestionó la cuenta especial.

Por tanto, la falta de las garantías es importante, pero aún lo es más la ausencia de cuentas separadas de toda clase de fondos. Cuando una entidad de crédito otorga un préstamo hipotecario para construir una edificación debe vigilar que el dinero que va tomando prestado el promotor se ingrese en dicha cuenta separada o especial y se utilice para pagar los gastos de la  construcción a medida que ésta se ejecuta . Para ello, el banco verificará las certificaciones de obra aprobadas por los arquitectos con la ayuda de un tasador.  Pero también deberá verificar que, sobre esa misma cuenta especial, sólo se abone dinero de los compradores de dicha promoción o sólo se carguen gastos relacionados con la misma. En cambio ha sido frecuente que en esas cuentas se hayan mezclado fondos,  permitiendo cargos y abonos extraños a la construcción concreta, abonos de otros compradores o pagos para la adquisición de otro suelo, por ejemplo. El banco no tendría que haber permitido esta mezcla de fondos o “caja única”;  debería haber devuelto todo ingreso a favor del promotor y debería haber prohibido cualquier cargo extraño sobre dicha cuenta; en resumen, no haber permitido  movimientos en la cuenta especial sin conocer su finalidad. Precisamente los movimientos  de estas cuentas corrientes son cruciales para que el comprador pueda probar esta mala praxis del banco y poder exigirle responsabilidades. La “caja única” favorece significativamente la confusión de riesgos y costes entre distintas promociones inmobiliarias de un mismo promotor.

De no haberse tolerado esta “caja única” por el banco, simplemente el promotor no hubiera podido percibir el dinero, salvo que éste ocultara maliciosamente al banco el origen de los fondos y su finalidad: cuestión crucial para el comprador a la hora de exigir responsabilidades.

Dada esta realidad para que el afectado pueda exigir responsabilidades a la entidad de crédito, resulta muy complicado, antes de demandar, probar cómo se han gestionado aquellas cuentas corrientes en las que ingresó el dinero. Existen dos obstáculos muy relevantes: el primero, como hemos visto, lo constituye el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, y el segundo, lo constituye la literalidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las diligencias preliminares previstas en su artº 254, pues éstas no encajan perfectamente con el caso. El encaje sólo es posible en comunidades y cooperativas por aplicación del artículo 254.1.4º, y quizá en el ámbito de exhibición de seguros de responsabilidad civil (artículo 254.1.5º) si consideramos los movimientos de la cuenta especial como un documento asociado a dicha póliza.

 Por tanto, queremos hacer desde estas líneas un llamamiento a  jueces o magistrados y al propio Servicio de Reclamaciones del Banco de España, para que los primeros permitan una interpretación lo más flexible posible de los citados apartados de la Ley procesal (diligencias preliminares), y el segundo para que se involucre en estos supuestos,  muy similares a otros donde sí se considera competente (p. ej.: conocer del otorgamiento de préstamos hipotecarios a promotores cuando esté prevista una posterior subrogación de un comprador).

¿Qué eran exactamente los “Valores Santander”?

Vaya por delante que el Banco Santander no es ni el primero, ni el último ni el peor banco que ha comercializado productos inadecuados en sus sucursales, a mi modo de ver. Los conocidos por ‘Valores Santander’, desde mi punto de vista profesional, eran un producto de inversión de riesgo no apto para ahorradores conservadores y con una cultura financiera habitual (baja, me temo). En base a esta idea, no deberían haberse comercializado de forma masiva en sucursales, diseñadas para ser puntos de venta agresivos, pese a que en el 2007 los clientes iban confiados a asesorarse.

Si compraste Valores Santander acudiendo a una oficina y solicitando obligaciones necesariamente convertibles en acciones del banco a un plazo de 5 años, a un interés nominal el primer año del 7,30% liquidable trimestralmente y con un cupón variable referenciado a Euribor más 2,75 puntos porcentuales el resto de anualidades, entendiendo perfectamente lo que pedías, evidentemente, el proceso de contratación fue el adecuado.

Si por el contrario, eras un cliente sin conocimientos ni ganas de invertir en bolsa, un ahorrador que buscaba la seguridad de un depósito a plazo fijo tradicional, que entraste por la puerta de la sucursal o te llamaron al teléfono para ofrecerte un producto rentable, con toda la seguridad el Banco Santander, algo falló en el proceso de comercialización.

En mi primer libro  ya hablé de las dudas que este producto de riesgo y la forma de venta de las oficinas de bancos que conocía me producían. Entre otras cosas decía: “Bancarios de la entidad me han defendido el producto alabando las virtudes del banco, afirmando que sus acciones cotizan muy por debajo de su valor real, a causa de la crisis económica en España que provoca que los inversores castiguen de forma indiscriminada cualquier empresa del país, por mucho que su negocio esté muy diversificado como es el caso del Banco Santander. Es cierto que la entidad es fuerte y solvente, no lo pongo en duda. Pero no es menos cierto que los clientes que quieran recuperar su dinero tendrán que vender unas acciones que tuvieron que adquirir caras a un precio muy bajo, asumiendo una pérdida muy importante. Los argumentos de que la acción subirá no me valen; si tanta confianza tiene el banco en sus acciones, que hubiera asumido ésta las pérdidas, no el cliente”.

La definición técnica de los ‘Valores Santander’ es algo compleja, si bien, en realidad, se puede describir de una forma bastante sencilla: el Banco Santander pidió prestado a sus clientes (un bono u obligación es un préstamo de los clientes a los bancos u otros emisores, en esencia) 7.000 millones de euros para financiar la compra del banco holandés ABN Amro. Se comprometió a devolver el préstamo mediante un interés del 7,50% TAE el primer año y un Euribor más 2,75% después, hasta su vencimiento en octubre de 2012. Hasta aquí la cosa no suena mal, dejamos dinero a un banco fuerte y diversificado, cobrando intereses más altos que los que pagamos por una hipoteca, por ejemplo.

Evidentemente, hay truco. Al ser obligaciones necesariamente convertibles en acciones (una obligación para el cliente), al vencimiento no nos devuelven el capital invertido, sino acciones. Una vez más, puede parecer un negocio interesante; nos pagan lo que hemos invertido con acciones de un banco que ha sido siempre muy rentable.

De nuevo, hay truco en la letra pequeña: las acciones que nos entregarán no serán a precio de mercado a fecha del vencimiento, sino en base a un precio fijado al contratar el producto y una prima del 16%. Vuelve a sonar bien: además de ganar intereses, me entregarán acciones y con un regalo respecto al precio de ahora.

Un pequeño detalle, que a nadie se le pasó por la cabeza (a nadie de los clientes, porque me cuesta creer que los certeros estudios del banco no lo previeran), es que si la acción cae, el cliente cobra con acciones sobrevaloradas; es decir, pierde dinero. Y las acciones perdieron valor y mucho; el canje final se marcó en 12,96 euros la acción, cuando en ese momento cotizaban a menos de 6 euros la acción (actualmente siguen a un precio de cotización bajo de cerca de 6,5 euros la acción), lo que se tradujo en una pérdida del 55% del capital, de un 32% si le restamos a la pérdida los intereses que cobraron los clientes. Esta explicación ya es algo más compleja, pero para simplificarla me baso en el folleto registrado en la CNMV el 19/09/2007, que en el capítulo 21, página 3, dice:

“Con ocasión de cada canje de los Valores Santander, las obligaciones necesariamente convertibles entregadas a los titulares de los Valores que hayan acudido al canje serán convertidas, a su vez, en acciones Santander. De este modo, los titulares de los Valores Santander que procedan a su canje adquirirán, indirectamente, acciones Santander”.

Llegado a este punto, ya puedo definir básicamente lo que eran los Valores Santander: un préstamo al Banco Santander para que comprara acciones de otro banco, a cambio de unos interese periódicos altos y asumiendo el riesgo indirecto del accionista. Si te lo explicaron así, sabías que “jugabas” a bolsa. Sino, probablemente hubo vicios en tu consentimiento.

Las demandas no han dado la razón en muchas ocasiones a los clientes, con algunas excepciones, pero me atrevo a indicar un factor desfavorable: los jueces en un primer momento no conocían cómo se vendían productos en las sucursales, información que sí ha acabado calando en ellos en relación a las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas. Por otra parte, no tenían el amparo legal de la posterior aprobación de la normativa de transparencia Mifid. En este extremo no profundizaré, dado que mi formación legal no pasa de haber aprobado ‘Derecho Romano’ o ‘Teoría del Derecho’, entre otros pinitos en la carrera de Derecho.

La nada sospechosa de castigar severamente a la banca CNMV, sin embargo, acaba de hacerse famosa al publicarse en el BOE de día 17 de febrero la sanción firme por vía administrativa de dieciséis millones novecientos mil euros, por infracción muy grave en base al incumplimiento de varios artículos de la Ley del Mercado de Valores:

  1. El 70 quáter, que hace referencia a los conflictos de intereses que pueden surgir entre los clientes y los empleados del banco, y como el banco debe velar para controlar esas situaciones, a través de diferentes medidas.
  2. El 79 bis, que trata el principio de información. Al no estar el cliente no en una situación de igualdad con la entidad, el banco debe suministrar la información suficiente para la comprensión del cliente, sobre los productos y actuaciones.

Resumiendo, el banco debe velar por el dinero del cliente como si fuera propio.

Unos dirán que el Santander hizo bien haciendo cumplir sus contratos y sin compensar de alguna manera las pérdidas ocasionadas. Es una postura defendible. Yo solo daré mi opinión: Pedir prestado dinero a los clientes para especular o invertir y, después, devolverles menos dinero del recibido, no parece una buena señal de los valores  que quiere transmitir un banco. Es solo mi opinión personal, señor Botín.

 

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (VI): Atilano y sus amigos

Afirmaba Sócrates -según nos cuenta Jenofonte- que no entendía a esa gente empeñada en acumular riquezas sin cuento (por medios incluso legales) en vez de preocuparse en acumular amigos, que son la mayor bendición posible para una vida humana digna de ese nombre. Es por ese motivo por el que Atilano constituye para todos nosotros un verdadero ejemplo socrático digno de encomio, especialmente en este mundo tan materialista lleno de depredadores de toda laya. En las anteriores entregas de esta novela de no ficción (1234 y 5) conocimos a algunos amigos de Atilano, especialmente a Elías Benatar y a Jesús Merino (éste último imputado en la trama Gürtel) y comprobamos la enorme generosidad y desprendimiento con el que fueron tratados (en realidad, el que técnicamente fuesen beneficiados por Segovia 21 y no por Atilano in person constituye un detalle menor dada la ya legendaria transitividad de la personalidad jurídica en la provincia de Segovia). En la entrega de hoy conoceremos a algunos más.

El valor de la amistad

Donde se valora en euros el afecto de Atilano por sus amigos

Tras concertar el contrato de gestión con Fomento Territorial (léanse Elías Benatar y Jesús Merino, como ya sabemos), todavía quedaba por concluir un detalle importante: nada menos que el contrato de obra de la urbanización. A tal fin se realiza por Segovia 21 un concurso público y la agraciada no resulta ser la sociedad que ha presentado la mejor oferta, no (porque a nosotros no nos pasa lo de Sacyr en Panamá) sino otra por un importe de 14.092.900 euros, superior en dos millones de euros a la mejor de las 23 presentadas. Se aclara que fue elegida por sus condiciones técnicas. No conocemos muy bien en qué consistieron esas condiciones, pero quizás influyó el que se tratase de Begar Construcciones y Contratas S.A., una sociedad perteneciente a José Luis Ulibarri, también imputado, como Jesús Merino, en la trama Gürtel (mira que es mala suerte para el pobre Atilano, que casi todos sus amigos terminen imputados).

La verdad es que, en el fondo, la desfachatez de los otros 22 licitadores hasta ofende: si Ulibarri se lo llevaba todo en el Madrid de Esperanza Aguirre (colegios, metro, hospitales, bomberos) ¡no se lo iba a llevar en Segovia! siendo él, como Merino, un viejo castellano de pro, y propietario de un pequeño imperio mediático en la región puesto al servicio del PP. Recordemos que Ulibarri y el mismísimo capo di tutti capi (Correa) estaban también unidos por una entrañable amistad. No sólo Ulibarri hizo las obras de su chalet de Ibiza, sino que el constructor abonó ocho facturas falsas para elevar el precio de un yate de Correa (aquí). Pero bueno, esa es otra relación fraternal que nos llevaría demasiado lejos, así que volvamos a las de Atilano.

Además de por vía de contratos de gestión y obra como los reseñados, existen otras diversas formas de mostrar cariño por los amigos, entre las que destacan, evidentemente, las compraventas por un precio superior al valor real. En diciembre de 2005 se constituye una sociedad, Segóbrida del Eresma S.A., de la que forman parte, entre otros, Jesús Arranz Acinas en su propio nombre y en el de Promociones PAL, S.A, Jesús Arranz Monje, en su propio nombre y en el de Promotora Ge-Tres, S.A.,  el empresario segoviano Tomás Rivilla Calvo en su propio nombre y en el de Gestiones Inmobiliarias R. Calvo, S.L., y José Antolín Toledano, en su propio nombre y en el de Grupo Asuari Inversor, S.L.

Para entender bien la inclusión de este conjunto de nombres singulares de la región es muy importante asimilar la forma en que nuestro régimen clientelar hace estas cosas. Lo primero es parar a la competencia desafecta, desde luego. Unos meses antes de la constitución de Segovia 21 se presentan algunos proyectos semejantes de desarrollo urbanístico en la zona por propietarios descontrolados. Uno de ellos se paralizó con el argumento de que se había avistado un nido de águila imperial en la finca. Nunca se localizó, por supuesto, pero el ingenuo propietario todavía estaba pleiteando en los tribunales cuando la finca Quitapesares con su rica fauna y flora ya era fosfatina (claro que con algún otro no hubo manera, como con Jesús Gil, al que se le permitió alicatar San Rafael y medio Guadarrama).

Una vez definido el proyecto, se da entrada a los más próximos, siempre con el permiso y asesoramiento de Jesús Merino: los citados Benatar y Ulibarri. Pero lo que no se puede hacer es que sólo pillen unos, por supuesto. Sería un error estratégico monumental. Es cierto que aun dentro del propio partido siempre es necesario excluir a alguien (no hay para todos) lo que suele generar ciertas tensiones y rencillas, pero cuando hablamos de los empresarios próximos hay que ser un poco más generoso, por lo que pueda pasar en el futuro. En esta relación de nombres encontramos personas muy próximas a Merino, y también al conocido constructor y, sobre todo, propietario de medios de comunicación regionales al servicio del PP, Méndez Pozo. Recordemos que en el famoso asunto Gamonal, Méndez Pozo era el promotor del proyecto y Arranz Acinas el constructor. Curiosamente, entre los medios de comunicación que controla Méndez Pozo se encuentra El Adelantado de Segovia, histórico medio escrito que prodiga editoriales sobre procesiones, fútbol sala segoviano y robos de joyas a la Virgen de la Fuencisla pero que, hasta el día de hoy (y no nos explicamos bien por qué motivo), no le ha dedicado ni uno solo a la tribulaciones de la Caja…

En fin, que hay que pensar en los amigos, hasta el punto que si al final las cosas no salen exactamente como uno pensaba (ya saben, esto de la crisis) es de amigo leal proporcionarles una salida, exactamente igual que hizo el vicepresidente Agudíez con sus amigos andaluces en el caso Navicoas (capítulo IV). Veamos exactamente cómo.

En febrero de 2006 Segóbrida del Eresma  SA adquiere el 42 % de la edificabilidad del proyecto en varias parcelas por un importe de 43.851.587,00 € (que no se paga más que en parte) y en julio de ese año Caja Segovia vende a la misma sociedad 30.984 acciones de Segovia 21, a razón de 205,50 €/acción por un importe total de 6.367.000 euros. En esa época todavía se pensaba que Segovia 21 podía ser un buen negocio…

Pero llega la crisis y con ella el llanto y crujir de dientes. Benatar no quiere abandonar el barco, claro, porque sigue forrándose, pero estos empresarios integrados en Segóbrida están muy preocupados. Quieren salir del desastre con la menor pérdida posible, pero si incluso se puede sacar algo… pues se agradece Bernardo. Así que el 6 de septiembre de 2010 el consejo de administración de Segovia 21 les proporciona una salida: acuerdan aceptar en pago, con destino a autocartera, las acciones de la propia sociedad adquiridas por Segóbrida, a cambio de liquidar la deuda derivada del precio pendiente por la adquisición de las parcelas.

El 9 de diciembre de 2010 se ejecuta el anterior acuerdo y se realiza la compraventa de las acciones por un importe de 6.752.962,80 € (217,95 €/acción), pese a que entonces los problemas de liquidez de la sociedad ya eran graves y había acudido a la financiación externa. Segóbrida adquirió sus acciones a un precio por acción de 205,50 €, lo que le supone un beneficio de 12,45 €/acción, es decir un beneficio total en la operación de 385.750,80 €.  Pero lo que realmente nos da la magnitud del beneficio obtenido es la comparación del precio de venta (217,95 €/acción), con el valor teórico de la acción en el ejercicio anterior a la venta de las acciones, es decir, a 31 de diciembre de 2009, de 161,9835 €/acción. En base a ese dato el beneficio de la operación se dispara a 55,9665 €/acción, es decir un beneficio total de 1.734.064,15 €. Dado que había una autorización para realizar la operación hasta 30 de junio de 2011, se podía haber esperado al mes de enero o incluso al mes de marzo (fecha en la que el Consejo debe elaborar las Cuentas Anuales del ejercicio anterior) con el fin de conocer el valor teórico de la acción del ejercicio 2010. Al no hacerlo así, las pérdidas del ejercicio 2010, apesar que hubo un accionista que se separó en diciembre de 2010, las tienen que soportar el resto de accionistas. La cifra de las pérdidas que tendría que haber soportado Segóbrida del Eresma del ejercicio 2010 de Segovia 21 es de 811.972,71 €/193.628 x 30.984 = 129.930,39 €, que supone un beneficio más a favor de Segóbrida del Eresma, que habría que añadir a la cifra citada de 1.734.064,15 €, y obtendremos así el beneficio final total obtenido por Segóbrida del Eresma, SA con la venta de su paquete accionarial a Segovia 21, que asciende a (1.734.064,15 € + 129.930,39 € =) 1.863.994,54 €. Este beneficio que obtiene –recordemos, en un momento en el que las expectativas futuras de Segovia 21 son más que negras- es el perjuicio mínimo que se causa al resto de accionistas que permanecen en la sociedad (especialmente a la Diputación Provincial, porque Caja Segovia estaba en los dos lados).

En conclusión, dado que Segovia 21 está hoy en pérdidas millonarias y los accionistas originarios han perdido prácticamente toda su inversión, resulta chocante que los empresarios de Segóbrida no sólo la recuperasen en un año tan poco esperanzador como 2010 (curiosamente la misma fecha en la que recuperan su inversión los andaluces del caso Navicoas), sino que le sacasen incluso dinero, además de conservar la edificabilidad adquirida en su momento. No es de extrañar que las únicas menciones de El Adelantado a Atilano sean para denunciar su injusta persecución: si el amigo de mi amigo es mi amigo, de bien nacido es ser agradecido…

Recapitulemos, si sumamos el importe del contrato a favor de Benatar mencionado en la entrega anterior, a razón de 800.000 euros al año (multiplicado por diez años), el exceso de facturación a favor de Benatar y Merino (reconocido judicialmente) por 4.200.000 euros, el exceso de 2 millones a favor de Ulibarri en la adjudicación de la obra, y ese 1.800.000 a favor de los empresarios castellanos, podemos concluir que el amor de Atilano por sus amigos se valora en la cifra global (como mínimo) de 16 millones de euros. Es cierto que, como siempre ocurre en la vida, ese amor se reparte de manera desigual, aunque seguramente, también como ocurre en la vida, en proporción a los méritos y cualidades de cada “enamorado”, como diría Sócrates.

En el próximo y último capítulo de esta serie (tranquilos, habrá una segunda temporada) analizaremos el impacto de esta brillante gestión en el fin de la Caja y haremos unas conclusiones finales, quizás estilo Tolstoi en Guerra y Paz. ¿Exageramos? Esperen, esperen y verán….

 

La expulsión de las cajas de ahorros de su paraíso financiero

Las cajas de ahorros han pasado de ser actores protagonistas de nuestro sistema financiero a quedar relegadas a un papel secundario. Del centenar de entidades existentes en los años ochenta del siglo XX, se pasó, en los primeros años del milenio, a cerca de la cincuentena. En la actualidad quedan media docena, de las que las más relevantes, las que son «sistémicas», se transformarán a lo largo de 2014 en fundaciones bancarias. La suerte de todas las cajas no ha sido pareja: una parte sustancial ha sido barrida de la escena, pero otras luchan, hoy día, por salir adelante, y algunas se encuentran plenamente consolidadas en el sector financiero.

Las cajas, en atención a su naturaleza jurídica fundacional, tenían dificultades para reforzar su capital, lo que, en una etapa de expansión exacerbada del crédito, les llevó a recurrir, excesivamente, a los mercados mayoristas, y a comercializar entre sus clientes, no siempre de forma correcta, instrumentos computables como recursos propios. Siendo «entidades sin dueño», las debilidades de su gobierno corporativo eran notorias, lo que se agravó con la presencia desmedida del sector público en sus órganos de administración. En numerosos casos, también fue palpable la falta de la suficiente capacitación y experiencia de sus gestores.

Ahora bien, uno de los puntos positivos de las cajas era la existencia, en el propio seno de las entidades, de la Obra Social. Los beneficios generados que no pasaban a reservas regresaban a la sociedad en forma de gasto destinado a cultura, sanidad, educación, asistencia a colectivos y personas desfavorecidas, investigación, defensa del patrimonio histórico, protección del medio ambiente, etcétera.

Según Titos Martínez («La Obra Social de las Cajas de Ahorros y sus perspectivas de futuro», Extoikos, núm. 8, 2012), en el período 1947-2010 las cajas lograron unos beneficios totales de 138.623 millones de euros, de los que destinaron a la Obra Social 34.908 millones de euros, es decir, exactamente el 25 por ciento de la totalidad de sus beneficios antes de impuestos (valores actualizados a 1 de enero de 2012).

Como se expone en el preámbulo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, en los años 30 del siglo XIX «las cajas de ahorros se configuraron como entidades de beneficencia, orientadas al fomento y protección del ahorro y a la generalización del acceso al crédito de las clases sociales más desfavorecidas». La consolidación de las cajas se basó en estos caracteres «primigenios de carácter social, simplicidad del negocio y apego territorial, donde radicó históricamente gran parte de su general aceptación y su éxito como instituciones bancarias singulares».

Paulatinamente, las cajas fueron creciendo en tamaño y ampliando los servicios ofrecidos a la clientela, pero fue el preconstitucional Real Decreto 2290/1977, de 27 de agosto (el «Decreto Fuentes Quintana») el que permitió a las cajas realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada.

Sería con la Constitución de 1978 cuando la configuración de las cajas se alteró por completo, al permitir a las incipientes Comunidades Autónomas regular la materia, sobre la base de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, e incidir en la gestión de las mismas. Pocos apostaron por las cajas durante la elaboración de nuestra vigente Constitución, motivo por el cual se permitió, bien por descuido, bien por decisión voluntaria y consciente, que su regulación fuera materia competencial atribuida a las Comunidades Autónomas. El modelo de las cajas, de forma preconcebida o no, con mayor o con menor aceptación y agrado, se ajustó como un guante, transcurrido el tiempo, a la estructura política y territorial de nuestro país.

Años más tarde, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, implantó el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de bancos instrumentales, para facilitar el acceso a recursos de máxima categoría, en igualdad de condiciones que los bancos. La opción para aplicar este régimen era voluntaria, aunque prácticamente todas las cajas de magnitud se acogieron a él, con varias salidas a Bolsa incluidas.

Hasta ese momento, una parte sustancial del sistema financiero español, la integrada por las cajas de ahorros, estaba aislada e «inmunizada» ante el vendaval de los mercados. Careciendo de «dueños», no podían lanzarse operaciones de adquisición de cajas, aunque esto también era un inconveniente a la hora de captar capital y recursos propios de máxima calidad, al despertar las renuencias de posibles inversores, que no podían ejercer un control «desde dentro». Durante algunos años, este obstáculo fue salvado mediante el recurso a la emisión de deuda, más barata y carente de derechos políticos.

El Real Decreto-ley 11/2010 abrió la espita del sometimiento de las cajas (o de sus bancos instrumentales) a los mercados, para bien y para mal, poniendo fin a esta «Arcadia» en la que las cajas habían desarrollado felizmente su centenaria actividad financiera y social.

Algún autor calificó este proceso de reforma de las cajas como «la tercera desamortización» (por ejemplo, Vallès, «Cajas, ¿la desamortización del siglo XXI?», El País, 26 de enero de 2011), por entregar su suerte al capital privado. Realmente, la desastrosa situación financiera del Estado no ofrecía muchas más opciones.

La Ley 26/2013 regirá para las dos pequeñas cajas que se han mantenido fieles a la tradición y para las cajas que se puedan crear en un futuro, siempre dentro de los rigurosos límites concernientes a la actividad desarrollada (minorista), territoriales (una Comunidad Autónoma o diez provincias limítrofes) y de volumen de negocio (el activo total consolidado no podrá superar los 10.000 millones de euros, ni su cuota en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de actuación el 35 por ciento del total de depósitos).

Las cajas subsistentes más importantes se transformarán, dentro de 2014, en fundaciones bancarias, si mantienen una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que les permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. De no concurrir estos requisitos, la transformación será en fundaciones ordinarias.

El extinto modelo de las cajas fue, durante varias décadas, «amable» y funcionó razonablemente bien, en un mercado bien acotado territorial y operativamente, sin pretensiones de grandeza, ni por parte de las cajas ni de su clientela. Los problemas comenzaron, quizás, cuando se superaron las tradicionales fronteras operativas y territoriales, trascendiendo de la banca al por menor, bien apegada al municipio o, como mucho, a la provincia. Este «salto» implicó, asimismo, una mutación no siempre solicitada por el cliente, que de depositante con nómina o pensión domiciliada transitó a inversor, presumiéndosele una capacitación y unas necesidades de las que realmente carecía.  En otras crisis financieras anteriores, las dificultades alcanzaron, primordialmente, a entidades bancarias, pero a nadie se le ocurrió terminar con el modelo de los bancos con forma de sociedad de capital para su sustitución por otro patrón organizativo alternativo.

Esto nos permite reflexionar acerca de si los modelos de las cajas y de los bancos se han de reputar necesariamente como antagonistas; es más, ¿era posible, incluso deseable, una ordenada convivencia de ambos tipos de entidades?

Las cajas españolas desplegaron una relevante función social y tuvieron sus «quince minutos de fama» durante tres siglos, pero puede que lo que más duela haya sido que la extirpación de los problemas se haya tenido que impulsar desde el exterior, lo que muestra, en otra faceta, la minoría de edad de nuestro país.

 

La morosidad bancaria en España alcanza su máximo nivel histórico

La mora bancaria alcanzó en noviembre de 2013 el valor más alto conocido  tanto en porcentaje como en cifras absolutas

Según las estadísticas publicadas por el Banco de España, los créditos dudosos del conjunto de las entidades financieras españolas –incluyendo los créditos otorgados a no residentes– han llegado en noviembre del año pasado al escalofriante monto de 198.018 millones de euros (192.504 millones si tomamos solo el monto de los dudosos del crédito a sectores residentes). Después de encadenar nueve meses consecutivos de subidas, los bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito que trabajan en España contabilizaron en noviembre una morosidad del 13,08% del total de los créditos concedidos. Esta ratio bate un récord histórico ya que supone el porcentaje de mora más elevado de la historia de la banca española. Pero lo que realmente me inquieta es que la mora bancaria oficialmente registrada por el Banco de España en cifras absolutas ya supone más del 19% del PIB del Estado Español.

Evolución vertiginosa de la morosidad bancaria

Para constatar la evolución de la morosidad bancaria, tengamos en cuenta que en el 2007 la tasa de mora estaba fijada en el 0,9 % y el importe total de créditos dudosos declarados por las entidades de crédito era de solamente 17.147 millones de euros.

Vale la pena recordar que cuando en el mes de mayo del año 2010 la mora bancaria superó la mítica cifra de los 100.000 millones de euros, un escalofrío recorrió los nervios de todos los agentes económicos. Pues bien, vamos camino de duplicar el record de 2010 ya que en el 2014 seguramente que rebasaremos los 200.000 millones. De hecho ya se habría superado esta cifra si no hubiera existido en diciembre del año pasado el traspaso de activos tóxicos de los bancos nacionalizados a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria más conocida por su acrónimo Sareb o por su denominación coloquial de “banco malo”. En diciembre de 2012 gracias a la liposucción practicada por el “efecto Sareb”, los créditos dudosos bajaron de un plumazo en 24.343 millones de euros y la ratio de mora bajó prácticamente un punto porcentual, desde el máximo del 11,5% que había tocado en noviembre.

El descenso de la mora bancaria fue simplemente un efecto de maquillaje contable ya que los créditos morosos siguen existiendo, pero ya no están registrados en los balances bancarios, ya que la Sareb no es formalmente una entidad financiera, sino una sociedad de gestión de activos privada creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario. Vale la pena señalar que la mayor parte del capital de Sareb es privado, 55%, mientras que el 45% está en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y que recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% son activos financieros y el 20% activos inmobiliarios.

El “efecto Sareb” también se repitió en febrero de 2013, cuando les tocó el turno a las entidades con ayudas de traspasar ladrillo tóxico al banco malo. En esta ocasión los créditos morosos bajaron como por arte de birlibirloque en 8.540 millones de euros. Sin embargo, con las subidas que se han producido desde entonces, en noviembre de 2013 la morosidad de las entidades de crédito ya ha superado en 2.000 millones de euros el volumen de dudosidad de noviembre, que con 196.568 millones de euros era el anterior máximo histórico.

Hay que hacer notar que el máximo regulador bancario clasifica como dudosos a aquellos créditos que presenten dudas razonables sobre su reembolso total,  tanto en lo que respecta al principal como a los intereses, en los términos pactados contractualmente. Dentro de este epígrafe se incluyen los créditos morosos, que son aquellos que tienen algún importe vencido, bien del principal, bien de los intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad y a aquellos activos considerados dudosos por presentar dudas sobre su reembolso total sin poder considerarse sin embargo ni morosos ni fallidos. También incluye en este apartado los créditos vencidos por un importe superior al 25% de la deuda (salvo que el impago se clasifique como fallido).

La morosidad en el sector del ladrillo

Ahora bien si analizamos las estadísticas publicadas en el Boletín Estadístico del máximo supervisor bancario y en particular  las informaciones concernientes a la totalidad de los créditos dudosos en sectores residentes para financiar actividades productivas, podemos deducir que  los créditos morosos que adeudan los particulares a las entidades financieras, es decir las honradas familias españolas que no pueden atender las cuotas de los préstamos hipotecarios o de los créditos personales son una reducida parte del pastel. La parte del león de la mora bancaria corresponde a créditos destinados a financiar actividades productivas y en particular a los popularmente bautizados como “empresarios del tocho”.

En consecuencia los créditos morosos de actividades inmobiliarias y de la construcción acaparaban al cierre del tercer trimestre de 2013 (última cifra facilitada por el Banco de España) casi 85.243 millones de euros. La ratio sobre el total de los créditos dudosos provenientes de operaciones de financiación de actividades productivas es del 60,19%. En cuanto a la ratio sobre el total de créditos dudosos de las entidades financieras, tenemos que esta es del 45,38%.

Hay que tener en cuenta que al cierre del segundo trimestre de 2013 el volumen de los créditos morosos de los señores del ladrillo era de 80.383 millones de euros. El importe total de los créditos dudosos de los empresarios del tocho ha fluctuado en los últimos años, ya que al cierre de 2011 llegó a los 81.846 millones de euros y en el del 2012 a la cifra de 84.775 millones. No obstante este monto  se vio beneficiado por el “efecto Sareb” ya que antes del cierre del ejercicio unos 20.000 millones de euros de créditos dudosos en ladrillos tóxicos fueron traspasados a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de lo contrario euros al finalizar el año 2012, el importe de dudosos del sector de la edificación seguramente hubiera superado los 100.000 millones de euros.

 La morosidad en los hogares y familias

Con respecto a los hogares españoles, a pesar de arrastrar ya cinco años de crisis, y en una economía comatosa con casi el 26% de la población en paro, las hipotecas aguantan bastante bien ya que las probas familias españolas procuran reintegrar sus préstamos para la adquisición de vivienda a toda costa. Así las cosas, los créditos morosos que adeudan los particulares a las entidades financieras, es decir las familias que no pueden atender las cuotas de los préstamos hipotecarios o de los créditos personales, son una reducida parte de la morosidad bancaria.

En apoyo de esta información diremos que los créditos dudosos por adquisición de vivienda de los hogares representaban al cierre del tercer trimestre de 2013 solo unos 30.735 millones de euros de toda la masa de mora bancaria (con garantía hipotecaria 29.180 millones y el resto sin garantía). Esta cifra supone una ratio del 16,36% sobre la totalidad de créditos dudosos a residentes y una ratio del  5,07% sobre el total de créditos hipotecarios concedidos a las familias para la compra de vivienda. Por consiguiente los créditos hipotecarios a las familias presentan una tasa de mora muy por debajo de la ratio global del 13,08% del total de los créditos concedidos.

Luego el importe total de los dudosos de los préstamos y créditos a hogares destinados a la adquisición y rehabilitación de viviendas (con o sin garantía hipotecaria), de terrenos y fincas rústicas, la adquisición de valores, la adquisición de bienes y servicios corrientes no considerados de consumo duradero (por ejemplo préstamos para financiar gastos de viaje) y los destinados a finalidades diversas no incluidos entre los anteriores de los hogares españoles alcanzó a finales del tercer trimestre los 44.846 millones. La ratio de este monto sobre el total de créditos dudosos de las entidades crediticia es de 23,87%.

 

 

Caja Segovia, el increíble caso de la caja menguante (V): Tres (Segovias) en Uno

En toda manada que se precie siempre hay un macho alfa. Les guste o no, amigos lectores, en la naturaleza salvaje existe la jerarquía. Lo demuestra brillantemente Scorsese en su última película sobre la vida de Jordan Belfort, el famoso broker de Wall Street. El macho alfa guía la caza, la organiza, reparte los despojos y, claro, come el primero (no olviden la pizza veneciana). Ya es hora de que esta novela de no ficción (entregas 1, 2, 3 y 4) deje de marearnos con personajes secundarios y nos introduzca de una vez por todas en el sancta sanctorum del PODER. Y sí, en Segovia, el poder es el PP; el poder es…. Atilano.

 

Atilano, el lobo de Caja Segovia

Donde se cuenta como Atilano Soto, presidente Caja Segovia, presidente de la Diputación provincial de Segovia y presidente de la compañía mercantil Segovia 21, SA, fue capaz de unificarlas  en un único proyecto con grave perjuicio para todas ellas.

No fue fácil. Estas cosas necesitan tiempo y la cooperación de muchas personas. Sólo un auténtico líder podía conseguirlo, aunque bien asesorado por sus amigos, por supuesto. Lo primero era localizar el terreno (porque de nuevo, como en el caso Navicoas, esta es la historia de un pelotazo inmobiliario). Pero si ese terreno, en vez de un solar donde se encuentra una fábrica sin futuro, puede ser un monte catalogado con gran valor ecológico e histórico, mucho mejor. Da más gustito.

Después de mucho buscar, en el año 1999 se localizan 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Se trata de la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, esposa de Fernando VII, y era allí donde se reunía con quién luego sería su marido, el famoso sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Pero en fin, dejemos de divagar, lo importante es que en esta finca se acababan de plantar once mil robles, fresnos y encinas con fondos europeos (aquí), anidaban rapaces protegidas y era un hervidero de corzos y jabalíes, aparte de otros pequeños mamíferos y anfibios. En resumen: un hábitat idóneo para un auténtico depredador.

Atilano lo comprende de inmediato y se pone a buscar rápidamente al propietario. Y -¡vaya sorpresa, esto sí que es una casualidad que facilita las cosas!- el propietario es… él mismo. Bueno, por precisar, la Diputación Provincial de Segovia, de la que él es también Presidente (y pensar que todavía hay gente que no entiende para qué sirven las diputaciones…). Se inicia el proceso de descatalogación del monte, que encuentra algunas dificultades en la Junta, en realidad, en los ingenieros de montes de Segovia, que son felizmente puenteados por el jefe de Valladolid. Facilita mucho las cosas el que la Junta sea del PP y en ella estén bien situados los amigos segovianos, especialmente uno muy, muy interesante: Jesús Merino, hasta 1999 vicepresidente y consejero de Fomento y luego senador y diputado, hasta que tuvo que dejar el escaño por su imputación en el caso Gürtel. En 2002 se inician las descatalogaciones parciales y en 2004 el monte está completamente descatalogado y listo para la desbrozadora. El objetivo: 238.000 metros construibles y un campo de golf (aquí y aquí).

El vehículo jurídico para articular la operación se constituye en julio de 2002 y, en honor a este nuevo siglo que nos debe colmar de prosperidad y riquezas, se le bautiza con el nombre de Segovia 21, S.A. Como socios figuran la Diputación Provincial de Segovia con un 87 % del capital (aportando 250.180 m2 de terreno) y la Cámara de Comercio de Segovia con un 13 % (aportando 931.000 euros). El presidente del consejo de administración y consejero-delegado es –lo han adivinado- Atilano Soto, a razón de 120.000 euros al año.  Apenas unos días después de la constitución de la sociedad, la Cámara vende un 10,10% a Caja Segovia. A lo largo de los años siguientes se van produciendo sucesivas ampliaciones de capital, en las que la Diputación va aportando más terreno y Caja Segovia más dinero. Pero, inevitablemente, siempre llega un momento en el que hay que dar entrada a los amigos (¿para qué tanto lío si no?).

Pero como hay muchos amigos que quieren entrar, es necesario repartir y poner un poquito de orden. Para ello Atilano cuenta con la inestimable ayuda de Jesús Merino, un hombre que desde la consejería de Fomento de la Junta (menudo puesto, ¿eh?) ha ido tejiendo muchas conexiones interesantes.

La primera entrada de amigos se produce muy prontito, en diciembre de 2002, con la contratación de los servicios de asesoramiento, gestión y planificación del proyecto. La sociedad afortunada es Fomento Territorial, S.L. una empresa perteneciente a Elías Benatar, gran amigo de Jesús Merino desde la época en la que éste era el consejero más influyente de la Junta. Como consecuencia de este contrato, que se mantiene en vigor hasta 2012, Fomento Territorial cobra a Segovia 21 en torno a unos 800.000 euros anuales. No está nada mal. Pero lo cierto es que a Benatar estos euros le debieron parecer pocos, porque cuando se produce en 2012 -a la vista del fiasco final- el cambio del equipo directivo de Segovia 21, Fomento demanda a ésta sociedad para que le siga pagando. La demandada reconviene y el titular del juzgado nº 1 de Segovia (pueden ver la sentencia aquí) ordena no sólo que no procede abonar nada más, sino que Fomento Territorial debe restituir a Segovia 21 la friolera de 4.200.000 euros. Concretamente, la sentencia dice (F. 6º) que “estos hechos evidencian que en concepto de gestión integral del proyecto urbanístico se han duplicado el pago de importantes cantidades que moderadamente deberán computarse como pagos indebidos”. Toma esa, menuda contabilidad llevaban en Segovia 21 que se les pasaron facturas indebidas por 4,2 millones de euros. Eso sí que es un despiste “moderado”, como dice la sentencia. Lo que resulta una verdadera pena es que Fomento Territorial no pueda ya devolver nada porque no tiene ni un triste euro en sus cuentas.

Pero no queda ahí la cosa. Además de todo esto resulta que Fomento “subcontrataba” algunos de sus servicios. En concreto, pagó facturas por “servicios prestados” a tres sociedades, Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores y Everland, por un importe en torno al millón doscientos mil euros (aquí). ¿Saben quién era el titular real de esas sociedades, directamente o a través de familiares y testaferros? Sí, lo han vuelto a adivinar: Jesús Merino. Las mismas sociedades que utilizaba para ingresar dinero derivado de sus relaciones con la trama Gürtel, facturaban a Fomento Territorial, es decir, a Segovia 21. Luego, dado que ya no queda nada en la caja de Fomento, hay que deducir que parte de esos pagos indebidos duplicados autorizados por Atilano en su condición de consejero delegado terminaron en el bolsillo de Jesús Merino (sin ninguna conciencia por su parte, por supuesto). Y si terminaron en el bolsillo de alguien más –ya sea por el cauce de Merino o de Benatar- sólo Bárcenas lo sabe.

Pero al igual que pasaba con los euros para Fomento Territorial –que eran pocos-  Benatar y Merino son pocos amigos para Atilano: hacen falta más amigos, y a fe que se encontraron. Los conoceremos en la próxima entrega.

La culpa bancaria fue del cha-cha-cha

Confieso que, si bien no me sorprende, no deja de preocuparme que la crisis financiera no acabe cambiando las cosas. El sector bancario ha hecho las cosas francamente mal, algunos por ignorancia, otros por avaricia y algunos por mala fe, probablemente.  Los bancos y cajas de ahorro no son culpables, los culpables son las personas empleadas por ellas, los políticos que no han querido o podido legislar adecuadamente, unos cuestionados y cuestionables gestores del Banco de España y CNMV, tasadores que se han dejado influir por directores de oficina y los propios compradores, notarios que firmaban escrituras en cinco minutos, inmobiliarias e intermediarios hipotecarios que negociaban financiaciones que jamás deberían haberse planteado y, también, clientes irresponsables, perezosos o ignorantes.

Una primera lectura del inicio de este escrito podría llevarnos a concluir que todos los participantes en el mercado inmobiliario son culpables y, al tener todos la culpa, nadie puede ser castigado. Como cantaba Gabinete Caligari, al final la culpa será del cha-cha-chá. Podría ser, pero no en igual grado. Y esta es la clave del tema, que no se debe repartir la responsabilidad de forma proporcional y, por tanto, hay personas e instituciones que han de purgar sus errores y desatinos de forma más intensa que otras. Esta es una de las tesis de mi primer libro ‘La banca culpable’, un manual de supervivencia para el cliente bancario, además de una recopilación de mis experiencias en banca comercial, que desde mi punto de vista dejan bien claro que los banqueros y bancarios  han hecho las cosas rematadamente mal, pagando sus confiados clientes culpas que no les corresponden. Ya en la introducción, que se puede leer en formato PDF en este enlace, dejo bien claras mis intenciones:

“A lo largo de las próximas páginas voy a tratar de explicar no solo que el banco no es tu amigo, que no lo es, sino que tampoco ha sabido gestionar bien su negocio, que pasa irremediablemente por tener clientes contentos y fieles. El banco no es tu amigo, ciertamente, pero no debería volver a ser jamás tu enemigo.”

Con estas palabras trato de evidenciar una realidad: el banco jamás será un amigo, ya que es una empresa que trata de tener los máximos beneficios posibles, siendo sus recomendaciones siempre interesadas (o cuanto menos jamás serán independientes). Pero con formación financiera, no será el enemigo de nuestros ahorros, ya que seremos capaces de elegir, evitando productos financieros que nos sean perjudiciales.

Para que los medios de comunicación afines a la banca y supuestos expertos no nos contaminen con afirmaciones falaces pero sugerentes, del tipo “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “la dación en pago dispararía el tipo de interés de las hipotecas” o “los ahorradores que invirtieron en preferentes querían duros a cuatro pesetas”, es necesario hacer un importante esfuerzo de aumentar nuestra cultura financiera. Una dura tarea que nadie hará por nosotros, ni el bancario ni ningún asesor independiente. Es por ello que tomo prestado de Confucio la siguiente sentencia:

Yan-kieu dijo: «Tu doctrina me complace, Maestro, pero no me siento con fuerzas para practicarla». El Maestro le contestó: «Los débiles emprenden el camino, pero se detienen a la mitad; tú ni siquiera tienes voluntad para iniciar el camino; no es que no puedas, sino que no quieres».

Hay que cambiar nuestro sistema de comercialización al cliente minorista de productos financieros, la normativa hipotecaria para introducir una vía concursal que de una segunda oportunidad al endeudado de buena fe, legislar para que los banqueros y políticos respondan de determinadas prácticas, por acción u omisión. Pero antes de nada, debemos formarnos e informarnos, como clientes, contribuyentes, votantes y ciudadanos. De nada sirve quejarse de la colocación inadecuada de un Swap como un “seguro de tipos de interés”, si continuamos trabajando con el banco que nos lo endosó. De nada sirve quejarse de los políticos, si votamos a los mismos que nada han hecho para modernizar la normativa hipotecaria.

Endeudarse irresponsablemente

Una pareja joven, con pocos años de relación (o meses), decide que quiere vivir en su propio hogar. Como “alquilar es tirar el dinero”, se van al banco en el que alguno de los padres tiene a un “amigo” director y le piden un préstamo hipotecario al 100% más gastos, ya que ahorrado no tienen ni un euro. El bancario, muy responsable él, exige el aval de los padres, que firman por amor a sus vástagos.

En esta película, más que frecuente en la época dorada de las hipotecas, ¿qué culpas y culpables actúan?

La pareja alocada, embaucada por el amor, tiene responsabilidad. A fin de cuentas, endeudarse durante décadas, cientos de miles de euros, para tener una casa en propiedad, cuando la relación de pareja está en una fase incipiente, es cuanto menos un suicidio financiero. Y pedir que los padres avalen y comprometan todo su patrimonio presente y futuro, otro desvarío.

Los padres, que quieren mucho a sus hijos pero de la forma equivocada, arriesgando su propio patrimonio, muchas veces sin saberlo. Nunca avales a nadie, a no ser que estés dispuesto a pagar su deuda en caso de necesidad. Hay figuras menos arriesgadas, como la del hipotecante no deudor o limitar el aval personal a un importe de deuda determinada.

La entidad financiera, que de las bases del préstamo responsable poco tiene en cuenta, concediendo financiación a una pareja con poca trayectoria profesional y sentimental, con la probabilidad de que acaben separados y discutiendo por quién paga el préstamo hipotecario. Por otra parte sabe que la pareja no tiene capacidad de ahorro alguno, con lo que a la primera que le vengan mal dadas, tendrá problemas para pagar las cuotas. Y además, para acabar de poner en riesgo a familias, pide el aval de los progenitores. Un banco tiene un equipo humano, técnico e información estadística suficiente para saber que este préstamo es de alto riesgo. Si lo concede, es porque tiene la garantía de un inmueble y de los avalistas, no en base a la capacidad de retorno de los hipotecados. En otras palabras, el banco no analiza bien el riesgo, sino las garantías de recobro. Por si fuera poco, la normativa hipotecaria, que sigue siendo un despropósito para el cliente pese a las reformas, Ley 1/2013 incluida, proporciona a las entidades financieras una arma de recobro letal: un procedimiento ejecutivo privilegiado, en el que el Juez solo ahora puede decir algo en materia de cláusulas abusivas, con costas procedimentales discrecionales, intereses de demora excesivos (limitados tardíamente al triple del interés legal del dinero), que se puede iniciar con un impago de solo tres cuotas (antes bastaba una) y que, encima, roza la barrera del enriquecimiento ilícito, al poderse apropiar del bien en subastas desiertas por el 60 o 70% del valor de tasación (según sea o no vivienda habitual). Y si no basta la casa de los titulares, que no basta, va contra el patrimonio de los avalistas.

El banco, mucho más culpable que los clientes, no responde de su responsabilidad; el cliente y avalistas, confiados e ignorantes financieros en la mayoría de casos, pagan sus errores con mucho más que sus deudas. Y siguen habiendo centros científicos que lo justifican.

Depósitos preferentes

¿Realmente hay algún experto que pueda defender que una persona mayor o no tan mayor sin formación financiera sabía el riesgo que asumía al invertir en participaciones preferentes? Asombrosamente, sí.

Nadie en su sano juicio y formación adecuada habría invertido un porcentaje significativo de su capital líquido en participaciones preferentes. Son un producto extremadamente más arriesgado y complejo que un depósito a plazo fijo. A una persona que siempre invertía sus ahorros en depósitos, nunca se le debería haber ofrecido preferentes. Solo con argumentos del estilo “usted es un cliente preferente” o tenemos un “depósito preferente” para usted se puede colocar este producto.

Incluso si fuera cierto el mensaje de los voceros de los bancos, de que el cliente de preferentes era avaricioso y ahora no quiere asumir el riesgo que contrató, que no lo es, bancos y cajas habrían engañado a sus clientes (y a los propios bancarios); los habría engañado porque falseaban sus balances, legalmente gracias a la normativa del Banco de España, en múltiples casos. Los activos de los bancos, inmuebles adjudicados y créditos, valen mucho menos de lo que nos decían (y de lo que nos dicen ahora).

Al ahorrador arruinado se le dice que es culpable de querer ganar más dinero que los “clientes juiciosos”. Se les puede acusar de confiados o de no ser expertos en finanzas, pero de poco más. Y confiaban en los bancos y cajas porque se les decía que podían y debían. No tienen cultura financiera, algunos por desidia o pereza, puede ser. Pero ¿tenemos estos contenidos en el sistema educativo? No, es más importante la tectónica de placas de Wegener.

Cambiemos primero nosotros, asumamos la responsabilidad individual que nos corresponde, para después reiniciar el sistema. Sin culpabilizarnos de lo que no tenemos culpa, pero sí actuando en conciencia.

O sigamos bailando el cha-cha-chá.