Una de las falacias que más se repiten en relación a la consulta prevista para el 9 de noviembre es la de que se trata tan solo de saber lo que piensan los catalanes, sin que eso tenga consecuencias jurídicas. Es decir, se plantea la consulta como si se tratara de una mera encuesta. De este planteamiento falaz se siguen varias consecuencias, tanto en lo que se refiere a la legalidad de la consulta como en lo referente a su legitimación y justificación. Sobre lo primero se mantiene que lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional en relación a los referéndums no es aplicable a la consulta. En relación a lo segundo se sostiene que no existe ningún mal en conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema de interés como es éste. Ambas afirmaciones son falsas y consecuencia de una falacia y de una errónea interpretación de lo que son las consultas y los referéndums. Aquí me intentaré ocupar de ello.

El error de partida es asumir que solo las consultas vinculantes son referéndums. Este es un error (o una mentira) repetido por doquier, incluso en la propaganda que Diplocat realiza en el exterior a favor de la consulta (aquí puede verse la respuesta de Societat Civil Catalana a dicha propaganda); pero que carece de base alguna. En España los referéndums son, en principio, no vinculantes cuando se refieren a decisiones políticas (art. 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Es claro que el referéndum es consultivo –no vinculante- y que, por tanto, de lo que se trata es de conocer la opinión de la ciudadanía en relación a una cuestión política, aunque sin que el referéndum tenga carácter vinculante (su carácter es meramente consultivo).

Aparte de estos referéndums consultivos, el Derecho español también prevé otro tipo de referéndums que se insertan en determinados procedimientos legislativos o de creación de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Constitución prevé dos tipos de referéndums de reforma constitucional, uno en el art. 168.3, en relación al procedimiento agravado de reforma constitucional, y otro en el art. 167.3 para los supuestos de reforma de la Constitución por el procedimiento simplificado. En el art. 152.2 de la Constitución se prevé también un referéndum vinculante para la reforma de determinados Estatutos de Autonomía y en el art. 151.1 también de la Constitución se regula un referéndum en el procedimiento de creación de las Comunidades Autónomas. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución prevé también un referéndum específico para el caso de que Navarra deseara incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Además, algunos Estatutos de Autonomía también prevén que su modificación debe ser ratificada por referéndum (art. 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 115 del Estatuto de Autonomía de Aragón o art. 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aquí no trataremos estos referéndums ya que el que nos ocupa ahora en Cataluña es del primer tipo, un referéndum consultivo en relación a una decisión política.

Este tipo de referéndums están regulados en la Constitución y la competencia para la autorización de tales consultas es exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª de la Constitución: art. 149.1 de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). Es decir, la autorización para celebrar referéndums consultivos es una competencia estatal de carácter exclusivo. Esta competencia no se limita a los referéndums vinculantes, como pretende la propaganda secesionista; sino a todos los referéndums. Esto es, a todos los supuestos a los que se consulte al conjunto del electorado en relación a una decisión política (Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008). La competencia para autorizar el referéndum es, por tanto, estatal y una ley autonómica que permitiera la realización de este tipo de consulta sin la autorización del Estado sería claramente inconstitucional.

No puede dejar de señalarse que la competencia autonómica en materia de referéndums no se ve limitada únicamente por la previsión del art. 149.1.32ª de la Constitución, sino que también ha de tenerse en cuenta que el art. 92.3 de la Constitución prevé que una ley orgánica ha de regular las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, lo que implica que también la competencia para la regulación del referéndum es estatal, habiéndola ejercido mediante la Ley Orgánica 2/1980. La competencia estatal en materia de regulación del referéndum no solamente deriva, además, de la previsión del art. 92 de la Constitución, sino también de la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, ya que el referéndum es una manifestación del derecho de participación política (art. 23 de la Constitución). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 103/2008 (Fundamento Jurídico 3). No insistiré, sin embargo, en este aspecto porque creo que ya queda suficientemente claro que una consulta como la prevista por algunos partidos para el mes de noviembre en Cataluña es absolutamente incompatible con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento.

El error, por tanto, está en, de manera totalmente injustificada, pretender que la competencia exclusiva del Estado alcanza tan solo a los referéndums vinculantes, siendo el resto meras consultas que podrían ser decididas por las Comunidades Autónomas. Esto, como digo, es radicalmente falso.

El discurso secesionista no descansa solamente en la falsedad que acabo de señalar, sino que, además incurre en una falacia. La falacia, que adelantaba al comienzo, es desvincular la consulta de la decisión política a la que se refiere. Como digo los independentistas y sus aliados plantean con aparente o real ingenuidad que no hay ningún mal en saber lo que piensa la gente. Bien, es que una consulta no se hace para saber cuál es la opinión de la gente, sino para adoptar una decisión. De ninguna forma puede desvincularse la decisión de la consulta. La legalidad de la decisión es parte intrínseca en la valoración de la legalidad de la consulta y parte esencial de ésta.

Esto es claro incluso en la Ley sobre consultas que se está elaborando en el Parlamento de Catalunya en estos momentos. Dicha Ley pretende ajustarse a ese sentido reducido de consulta que buscaría conseguir su encaje constitucional; pero en el propio texto de la Ley (art. 8 de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión) se establece que una vez realizada la consulta y en el plazo de dos meses los poderes públicos se han de pronunciar sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta. Es claro, por tanto, que no estamos hablando tan solo de saber si la gente prefiere la música de Bach o de Beethoven, sino de orientar la actuación política, en este caso en el sentido de crear un nuevo Estado, modificar las fronteras del Estado español y alterar la configuración de la Unión Europea, entre otras consecuencias que se derivarían de que Cataluña deviniera un Estado independiente.

Así pues, no es cierto que se trate solamente de saber “qué piensa la gente”, sino que estamos ante un proceso de secesión para el que, evidentemente, la Generalitat, no tiene competencias. Y si la Generalitat carece de competencias para adoptar las decisiones a las que conduciría la consulta tampoco las tiene para convocar la consulta. Por esta vía también se cierra la posibilidad de que la Generalitat pueda convocar legalmente una consulta como la que se pretende realizar en noviembre.

No estamos ante una encuesta, ni ante una consulta sobre si la Diagonal ha de tener tres o cuatro carriles en cada sentido; estamos ante una decisión política cuya competencia excede las que tiene la Generalitat. Es por eso que la consulta no puede ser convocada y que si se convoca será no solamente sin base legal, sino en un consciente desafío al Estado de Derecho de una gravedad insólita en democracia.

Hace años un político de raza señalaba en una conferencia que la Política en España no giraba en torno a servir al interés público o mejorar la vida de los ciudadanos, que estos eran objetivos secundarios o casi “forzados”, que el meollo de la Política no había cambiado con el fin del franquismo y que lo único importante era determinar y demostrar “quién manda aquí”. Este aspecto consumía las principales energías de los partidos políticos y dificultaba que nuestros dirigentes políticos emplearan el tiempo necesario en diseñar estrategias “de Estado”, en formarse adecuadamente o en introducir innovaciones necesarias en su liderazgo o capacidad de gestión. Eso hacía igualmente complicado que los partidos políticos tuvieran un funcionamiento interno realmente democrático o que seleccionaran a los mejores para dirigirles: el único aspecto importante era conseguir el poder, y una vez llegado a él, ejercerlo y no compartirlo. Y el tipo de personas que sirve a ese fin no siempre son las más presentables.

Por ello, tal vez, una vez logrados los objetivos “de cajón”, ─esto es, consolidar la democracia, que permitía precisamente el juego de partidos, y conseguir nuestra incorporación a Europa─, nuestros partidos nacionales se quedaron sin objetivos estratégicos que guiara su acción, más allá que responder al día a día, resistir en el poder o lograrlo, tirándose los trastos a la cabeza o siguiendo “el olfato” de las encuestas. Por ello, también,siempre ha sido imposible hablar o pensar en un gobierno de concentración nacional, porque los intereses personales o particulares (o incluso sectarios) han estado por encima de los del país o la sociedad en su conjunto.

Por el contrario, los partidos de corte regionalista-secesionista, compartiendo todos los vicios de sus hermanos mayores, sí han mantenido sin embargo un claro objetivo estratégico que les ha permitido dedicar y compartir esfuerzos, sellando alianzas informales, mucho más eficaces que las formales en ocasiones. Y así, durante 30 años han tenido una idea-fuerza que ha alimentado todas sus energías y pensamientos, sacándoles del mero “ir tirando” o “mirar para otro lado”. La idea, no nos engañemos, era y es “cómo podemos romper España”. Cada uno con su papel, cada uno con su aporte: mientras unos pactaban “amablemente” en Madrid, otros se dedicaban a hacer la vida imposible a maquetos y charnegos (“o te adaptas, o te vas”). Y así cada día, pensando, manipulando: que si hoy controlo la educación, que si mañana domino los medios de comunicación, que si pasado domestico las Universidades, que si hago campaña fuera de España…

Mientras tanto los partidos “constitucionales” dedicados a la agricultura, esto es: “a por uvas”. Sí, tal vez hacían algo parecido, pero torpemente, mirándose al ombligo, cuidando simplemente de mantener su cuota de poder (cuando no de aumentar sus cuentas corrientes) o intereses de partido,sin ideas de hacer algo grande por su país,solo lo urgente y del resto ya veremos. Sin embargo, los secesionistastenían un objetivo que otorgaba grandeza a su actuación (aunque muchos lo pensemos profundamente erróneo) y ponían su vista en un futuro que sería mejor… y diferente. Así han conseguido ir ganando nuevos adeptos a su causa. Y el problema es que nada está ocurriendo en España que haga pensar que no vayan a seguir haciéndolo…, ni siquiera con el surgimiento de nuevos partidos.

Hoy parece que el marco común de convivencia democrática que se llama España tiene tres grandes incendios-terremotos-tsunamis en su territorio: la (profunda) crisis económica, la (profunda) corrupción política e institucional, y los proyectos (bien planificados y profundamente financiados) que tratan de romper ese marco de convivencia. ¡Estamos ante una situación de emergencia nacional! Se dice en los cafés, en los bares, en los restaurantes, e incluso “como de pasada” en el Parlamento. ¡Hay que hacer algo! Sí, claro algo hay que hacer, pero pocos parecen darse cuenta que no solo hay que hacer algo, hay que hacer algo que sea nuevo, que no sea más de lo mismo. La situación demanda no solo proponer nuevas medidas legislativas, sino nuevas actitudes, nuevas estrategias, una nueva forma de pensar, que comienza probablemente por un ejercicio colectivo de humildad y autocrítica…

¿Entonces? ¿Corremos todos juntos a coger cubos de agua para apagar ese incendio, para salvar a las víctimas, para reparar las casas desplomadas por el terremoto? Si realmente los que dicen que estamos en una emergencia nacional lo pensaran de verdad, se pondrían rápidamente a trabajar, arrimarían el hombro, remarían en la misma dirección, al menos hasta que pasara la emergencia. Pero no, con la que está cayendo, ni hoy, ni mañana existe ninguna posibilidad de un gobierno PP-PSOE en España (también en esto deberíamos mirar más a Alemania) y ninguno de los nuevos partidos políticos, al parecer,es capaz o ve deseable/necesario establecer alianzas estratégicas (aunque fueran coyunturales) con sus semejantes, ni siquiera ante unas elecciones tan favorables para “dar la campanada” como son las europeas.

¿Y en el “otro lado”? Pues en el otro lado, señores, sí establecen “fácilmente” alianzas electorales cuando toca (por de pronto PNV, CiU y CC; pero pronto vendrán otras) y acuerdan estrategias comunes para conseguir sus objetivos. Todos sus esfuerzos (o al menos gran parte de ellos) dedicados a la consecución de un mismo fin. Por eso están triunfando los nacionalistas, y por eso van a seguir triunfando. Tal vez lo tengamos merecido.