HD Joven: La politización de la UAB; carta de un estudiante

Un nombre del que sentirse orgulloso cuando la gente mirase con asombro el diploma de licenciatura que colgaba de la pared del despacho y que acreditaba que te habías formado en tan noble institución. Esa era la idea que muchos teníamos cuando decidimos escoger la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para confiarle la oportunidad de cincelar los pilares que sustentasen el peso de nuestras ideas y pensamientos. Ese por lo menos fue mi caso y me atrevería a afirmar que también el de muchos de mis compañeros que finalmente decidieron decantarse por la autónoma de Barcelona en vez de por otra.  Los motivos que hicieron que la escogiese fueron varios. Sabía que la UAB se encontraba entre las 200 mejores universidades del mundo según los principales ránquines de universidades, concediéndole la categoría de “Campus de excelencia internacional”. También era consciente de que por esa casa habían pasado grandes personalidades como Jordi Évole, Eduardo Mendoza, Javier Sardà, entre otros, y aspiraba, inocente como si de un deseo a los Reyes se tratase, conseguir lo que ellos habían logrado. Pensaba que estudiar donde ellos lo habían hecho, respirando el mismo aire, mientras leía los mismos libros que habían tenido entre sus manos me ayudaría a lograrlo.

La universidad siempre había sido un espacio de formación, donde se nos debía dotar a las personas de los conocimientos necesarios para poder crear nuestra propia opinión sobre las cosas. Esta era una idea que aparentemente estaba generalizada y que le venía a uno a la cabeza cuando pensaba en la universidad. Una institución donde regía la libre confrontación de ideas y el pensamiento crítico, siempre con respeto y tolerancia hacia los demás. En definitiva, un lugar de concordia y fraternidad al que se le tenía muchos respeto y admiración gracias a la neutralidad política que regía todas sus decisiones y que resistían a las injerencias políticas exteriores.

Pero parece ser que esa idea de universidad ha cambiado, hecho que no se entiende sin tener cuenta el momento político-social tan convulso y difícil que estamos viviendo en Cataluña y en el resto de España en la que se están poniendo en jaque muchos de los cimientos que hasta este momento estructuraban y daban sentido a nuestra manera de ver y entender las cosas: el Estado de Derecho, la Democracia y también los fines de las universidades. La UAB comandada por la rectora Margarita Arboix ha decidido virar el rumbo y respirar nuevos aires. Ha optado, en nombre de todos los miembros de la comunidad de estudiantes, profesores, integrantes de la administración e incluso personal de mantenimiento, posicionarse políticamente y dar apoyo a aquellos que quieren y desean, ya no solo el referéndum de secesión ilegal en Cataluña, sino también la independencia. Una práctica que vulnera claramente la neutralidad política que debe regir toda institución educativa, y más si es pública, como sucede con la autónoma, puesto que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos. Muchos son los hechos que evidencian esta deriva hacia el independentismo. Veamos algunos ejemplos.

El gobierno de la autónoma lleva mucho tiempo dejando de lado a sus estudiantes. Decidió hacerlo cuando el pasado 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno de la UAB aprobó adherirse al Pacto Nacional por el referéndum, como si todos los miembros de la comunidad universitaria a los que representa fuésemos partidarios de la opción independentista.  

Por otro lado, están las huelgas convocadas para dar apoyo al proceso nacionalista catalán. Son ya siete las que se han convocado  en lo que llevamos de trimestre. Todas ellas secundadas, como no, por los colectivos independentistas de estudiantes o falsamente llamados “sindicatos de estudiantes”. La dirección de la universidad ha puesto todas las facilidades para que el seguimiento de las mismas sea efectivo y no puedan impartirse las clases a las que los alumnos tenemos derecho. Así se demuestra cuando se permite a los “huelguistas” dormir en la Facultad de Letras con todos los gastos incluidos corriendo a cargo del contribuyente, para así al día siguiente poder estar a primera hora de la mañana perpetrados detrás de las barricadas hechas con el mobiliario universitario. Es ahí cuando la imparcialidad de la universidad se lleva a su máxima expresión y te sientes totalmente desprotegido por aquél que debe garantizar tus derechos. No entiendes por qué la opinión política del piquete que tienes enfrente, que se enmascara bajo la noción de derecho, ha de prevalecer sobre el derecho que has adquirido pagando una considerable ingesta cantidad de dinero. Y luego, nuestra rectora tiene la osadía de declarar en una entrevista  conjunta con el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, en el periódico el País que “las Universidades no deben posicionarse políticamente”.

La complicidad no se queda ahí, sino que al día siguiente de las hueglas, cuando el equipo de gobierno emite su respectivo comunicado sobre el seguimiento de las mismas, obvia datos tan significativos como los enfrentamientos entre alumnos que ha habido, los insultos y coacciones que hemos sufrido aquellos que queríamos ir a clase. O, por ejemplo, las constantes interrupciones de las clases repletas de “esquiroles” por los piquetes, obligando a los estudiantes a tener que dar por finalizada su clase teniendo que salir del aula con la cabeza gacha escuchando de fondo los cánticos y vítores de los vencedores. Todo ello bajo la complicidad del rectorado que, a sabiendas, ha permitido que todo ello suceda, excusándose en que ha hecho todo lo que estaba en su mano al enviar a un par de vigilantes para poner orden. Como si el grupo de 30 radicales, con palo en mano, fuesen a entrar en razón con dos miembros de la seguridad el campus.

El último de los gestos de “imparcialidad” se ejecutó el pasado 22 de noviembre por parte del Claustro de la Universidad -órgano de máxima representación de la comunidad universitaria que debate las líneas generales de actuación de la Universidad-. Dicho órgano emitió una declaración “exigiendo la inmediata puesta en libertad de los diferentes políticos detenidos”, que están detenidos, no lo olvidemos, por saltarse la ley vigente en nuestro país. Además, en el comunicado apelaban al vínculo de los detenidos con la universidad (algunas de las cuales están o han estado vinculadas a nuestra universidad”), como si el hecho de formar parte de una u otra institución te exime del cumplimiento de la ley. En definitiva, decidió actuar extralimitándose de sus propias competencias, por las cuales existe, e interferir en las decisiones judiciales. Algo impropio en una sociedad seria donde se respete el Estado de Derecho.

Como alumno de la Autónoma me entristece mucho ver como mi universidad es noticia, no por sus logros académicos, sino por las declaraciones de su máxima responsable en un programa de televisión de máxima audiencia, donde buscaba desmentir las denuncias de un grupo de estudiantes de su universidad que declaraban vivir en una constante persecución ideológica en su campus bajo la despreocupación y complicidad de aquél que debe gobernar para el mejor funcionamiento de la universidad. Me sabe mal, también, por todos aquellos profesores que están poniendo todos su empeño y dedicación en trabajar, investigar y enseñar con la idea de dejar en un buen lugar a la institución para la que trabajan. Algunos lectores que lean este artículo me tacharán de atacar el prestigio de la Universidad logrado, precisamente, por esa labor docente e investigadora, poniendo en riesgo el duro trabajo que muchos llevan cultivando. A ellos me dirijo, y les digo que, precisamente, escribo este artículo para proteger esa laboral tan importante que hacen. No se merecen ver como su universidad está secuestrada por la intolerancia de unos y la complicidad de otros. Nos merecemos una universidad plural que respete la libertad de todos sus integrantes.

Quiero poder sentirme orgullo de esta mi universidad. Quiero poder escribir sobre sus virtudes y de por qué es un buen centro universitario, convenciéndoles de lo acertada que sería su decisión si decidiesen matricularse en ella. Pero me cuesta mucho hacerlo cuando aquél que debe gobernar para todos sus alumnos decide hacerlo sólo para unos cuantos. Confío en que el alumnado, que siente la misma decepción y enfado que siento yo ahora al escribir estas líneas, decida, dentro de sus posibilidades, denunciar esta opción partidista por la que ha optado la universidad.  Espero y deseo que la deriva que ha tomado el equipo de gobierno acabe redirigiéndose hacia el buen rumbo donde se encuentra la excelencia. Porque para ser una universidad de excelencia no basta con desearlo. Sin libertad y neutralidad institucional, esa excelencia no puede conseguirse. Creo en una universidad de todos y para todos.

¿Qué recursos caben contra la autorización del Senado y los actos del Gobierno en aplicación del art.155 CE?

 

Se ha publicado ya en el BOE  la autorización del Senado para aplicar el art. 155 de la Constitución (que incluye algunas pequeñas modificaciones con respecto a la propuesta original del Gobierno que puede verse aquí  

En cuanto al tipo de recursos que caben contra esta autorización, dado que podemos considerar  que la autorización del Senado es un norma con fuerza de ley  es posible, conforme al art. 33 de la LOTC,   plantear contra ella recurso de inconstitucionalidad por 50 senados, 50 diputados y los órganos (parlamento y gobierno) autonómicos que puedan verse afectados. Efectivamente de conformidad con este precepto “1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.”

 

En cuanto a la legitimidad para su interposición el Parlamento autonómico al no estar suspendido podrá impugnar la autorización, pero no así el Gobierno autonómico una vez que sea cesado.

 

También se puede acudir a la vía del procedimiento jurisdiccional de protección de derechos fundamentales si es que se considera que existe una violación de algún derecho fundamental o acudir al procedimiento ordinario (en este caso la jurisdicción contencioso-administrativa) contra los actos que se vayan dictando en aplicación de la autorización del Senado (Los Reales Decretos, Ordenes Ministeriales, etc que se vayan dictando para hacer efectivas las medidas de aplicación del art. 155) por aquellos que se consideren afectados por éstos (Por ejemplo, el President y los Consejeros que sean cesados) solicitando ante el tribunal ordinario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por entender que el acto administrativo de que se trate trae causa de una autorización que es inconstitucional.

 

Pueden existir dudas respecto a si los actos de aplicación de la autorización del Senado, por lo menos los primeros actos que se dicten por el Gobierno (por ejemplo, los RD de ceses del Govern), son o no actos de contenido constitucional y por tanto no impugnables ante la jurisdicción ordinaria.  Esta es la tesis que sostuvo el TC en STC 83/2016 en un supuesto que guarda ciertas analogías con el que ahora nos ocupa, el de la declaración por el Gobierno del estado de alarma en relación con la huelga de controladores aéreos. Al considerar que se trataba de una disposición con rango o valor de ley también consideró que no se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) al no permitir su revisión en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dado que no es competente para fiscalizar estas disposiciones. Efectivamente, su control corresponde al Tribunal Constitucional a través de los procesos constitucionales previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ahora bien, esto no excluye que el control jurisdiccional por los Tribunales ordinarios de «[…] los actos y disposiciones que se dicten en su aplicación durante la vigencia del estado de alarma: los actos y disposiciones que puedan dictarse en su aplicación puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en cada caso competente (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981) y los órganos judiciales puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de inconstitucionalidad contra los actos, decisiones o resoluciones con valor de ley de los que son aplicación, cuando consideren que puedan ser contrarios a la Constitución»

En todo caso, nuestro Estado de Derecho tiene vías para discutir la constitucionalidad de la autorización del Senado y para garantizar la revisión ante los Tribunales de Justicia, primero nacionales y luego europeos -por una u otra vía- de todos los actos que se dicten en ejecución de esta autorización publicada hoy en el BOE, además del propio control que está previsto que ejerza la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional en base al propio acuerdo del Senado.

 

HD Joven: Lo que sólo solucionará el 155

Desde que el pasado sábado el Gobierno anunciara que solicitaría al Senado la destitución de los dirigentes de la Generalidad de Cataluña, entre otras medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución Española, se inició una suerte de vacatio legis durante la cual, parecía, cabían todo tipo de estratagemas políticas de legalidad cuestionable para que Puigdemont y compañía eludieran lo que sería el inicio de su asunción de responsabilidades.

La convocatoria urgente de elecciones se erigió en la más factible de estas opciones, tanto desde el punto de vista operativo, como por ser la que menos rechazo produciría en el resto de fuerzas políticas. O eso se desprendía, al menos, de las manifestaciones que realizaron diferentes portavoces políticos reconociendo de forma más o menos explícita que una –ficticia- rectificación del Govern en forma de elecciones catalanas, debería suspender las excepcionales medidas anunciadas por Mariano Rajoy.

Dejando a un lado lo penoso que resulta para la credibilidad del Estado español el hecho de que se asuma con total naturalidad que su integridad territorial está a merced de lo que decidan un grupo de delincuentes embrionarios y no bajo control del Gobierno, a la vista de cómo algunos representantes políticos anhelan la irrupción de cualquier excusa que evite la aplicación del 155, resulta necesario recordar que las atrocidades cometidas durante los últimos meses son sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.

Aguardar la llegada de una solución sanadora supone reducir el problema a un gobierno de una comunidad autónoma un tanto “descontrolado” que está en disposición de devolver las aguas a su cauce y salir airoso del envite. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg.

Y es que la quimera secesionista ha perpetrado enormes vulneraciones de la Ley, pero también ha destapado todos los males endémicos que el independentismo ha ido inyectando durante décadas en la vida diaria catalana, y que gracias a la aquiescencia continuada de los sucesivos gobiernos están ahora plenamente arraigados en gran parte de la sociedad. Y ninguno de ellos se solucionaría si se anulase la aplicación del artículo 155 CE:

Mossos de Esquadra: el papel de la policía autonómica catalana durante esta crisis se ha desarrollado, en términos generales, entre la falta de diligencia profesional y el delito.

Son innumerables las irregularidades que se han dado en el funcionamiento de este cuerpo policial durante estos meses, hasta el punto que una de las principales medidas planteadas en aplicación del 155 sería la sustitución de su cúpula por miembros de cuerpos nacionales.

Todos los desacatos por parte de los Mossos tienen su origen en la forma en que el ejecutivo secesionista ha moldeado a su espurio interés sus órganos internos, lo cual, por obra y gracia del principio de jerarquía, se extiende de forma  imparable hacia los mandos más bajos del Cuerpo.

Tener a casi 18.000 policías armados cuyo comportamiento puede ser incierto o, en el peor de los casos, incontrolable, es un problema que España sencillamente no puede permitirse. Y que, además, no se solucionaría si se suspende la aplicación del 155.

Educación: que en las aulas de los colegios catalanes se han estado obviando durante décadas los más elementales principios educativos era algo conocido por algunos, y denunciado por otros menos.

El desafío independentista ha servido para revelar, también en este ámbito, las atrocidades cometidas bajo el mandato y el beneplácito de los sucesivos dirigentes autonómicos en el sistema educativo catalán. Desde la supresión de facto del castellano en las aulas hasta la enseñanza de una Historia completamente fabulada a favor del discurso catalanista, son innumerables las señales de adoctrinamiento antiespañolista a que se estaba sometiendo al alumnado y que han quedado a la vista de todos en estos meses.

Dado que la educación es una prerrogativa de la comunidad autónoma “concedida” por el Estado, la toma de control de la Generalitat por parte del Gobierno central supondría dejar de postergar la obligación de tomar las medidas oportunas en este ámbito, depurar responsabilidades y comenzar a revertir esta situación que, no obstante, precisará de varios lustros de esfuerzo y desengaño.

Este problema tampoco se solucionaría si se suspendiese la aplicación del 155 con un subterfugio ad hoc.

Medios de comunicación: en estrecha relación con lo anterior, el proceso de evangelización catalanista ha contado con el inestimable sostén de TV3  y el resto de medios de comunicación “de la Generalitat”, que han desempeñado un rol fundamental en la formación de la opinión pública proindependentista.

Como aparato propagandístico de la causa, estos medios han sido un elemento clave en la difusión de la realidad alterada que se ha estado ofreciendo a los catalanes. Y todo ello, por cierto, sufragado en su mayor parte con dinero público.

Lo burdo de esta catequización ha llegado a tal punto que, incluso, el diario francés Le Monde acusaba hace unos días a TV3 de «bombardear una propaganda independentista, simplista y mentirosa», recurriendo «a una retórica de victimización que quiere hacer creer, de forma grotesca, que Cataluña es víctima de un regreso de la dictadura franquista».

De hecho, la adhesión de estos medios de comunicación al procés es tal que son sus propios directivos los que promueven la vulneración de la Constitución y las leyes españolas y proclaman abiertamente su apoyo al Govern.

En definitiva, se trata de un ámbito más copado por la metástasis independentista que, como decimos, no sanaría si las hipotéticas elecciones urgentes conllevasen la inaplicación del 155.

A semejanza de los anteriores, podríamos mencionar otros muchos problemas que no se solucionarían si el Gobierno de España da marcha atrás, por el motivo que sea, en la toma de control de las instituciones catalanas. Porque ello no es, como se dice, un mal menor o una medida traumática o invasiva. La importancia de restaurar la legalidad en Cataluña es tal que de ello depende la legitimidad, no del Gobierno, sino del propio Estado español. De ello depende su razón de ser.

¿Qué tipo de dominación o expresión de la soberanía popular puede constituir un Estado que además de consentir durante meses atropellos a la base sobre la que se asienta (la legalidad), cuando definitivamente toma la decisión de actuar termina retractándose por un débil pretexto?

Como decía Ignacio Gomá hace unos días, “no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de “preferiría no aplicarlo”. Y no se puede, sencillamente, porque muchos problemas quedarían sin resolver.

 

 

Why were “los Jordis” sent to prison and Trapero was not?

(Written by Hay Derecho Joven Editors and Javier Cuairán García)

 

As expected, the decree of the judge sending Mr. Jordi Sànchez, president of the Assamblea Nacional Catalana (ANC), and Mr. Jordi Cuixart, president of the Ómnium Cultural, to preventive prison without bail has caused a huge stir. Some people say that the justice system is making “political prisoners” and others say that it is just a judge applying the text of the law in a dispassionate way. On the contrary, the decision of the Magistrate of the Central Court No. 3 of the National High Court, Mrs. Carmen Lamela, to grant provisional liberty without bail to Mr. Josep Lluís Trapero, the Mayor of the Mossos, and Mrs. Teresa Laplana, Intendant of the aforementioned body, has also raised passions.

 

The crime of sedition

The crime that is prosecuted in this case, as is well known, is sedition, which is regulated in articles 544 et seq. of the Criminal Code as an offence against public order. According to the aforementioned precept, sedition is committed by those who “without being included in the crime of rebellion, raise themselves publicly and tumultuously to prevent, by force or outside the legal channels, the application of the Laws or to any authority, official corporation or public official, the legitimate exercise of their functions or the fulfilment of their agreements, or administrative or judicial resolutions”.

 

Pre-trial detention

Before going on to analyse the judicial decisions handed down on October 16th , 2017 by the Central Instruction Court No. 3, it is important to briefly anticipate what pre-trial detention is and how it is regulated in our legal system.

This is a precautionary measure and therefore provisional in time, consisting of the deprivation of liberty of the person under investigation, which, although generally decreed at a very early stage of the procedure, can be adopted during the entire process. As the reader can imagine, in a system that guarantees individual rights such as ours, the freedom of the person under investigation -whose innocence is presumed- is the general rule. Provisional detention must necessarily be the exception, since it is the most burdensome of all the cautionary measures that exist in our legal system. Therefore, the reasons a leading to the adoption of such a measure should be the extremely serious.

In our legal system, the precautionary measure of provisional detention is regulated in articles 502 et seq. of the Criminal Procedure Act. In particular, three conditions are required in order to adopt it (article 503): (i) firstly, the existence of one or more  actions that are punishable with a penalty of two years’ imprisonment or more; (ii) secondly, that sufficient grounds appear in the case to believe that the person against whom the order is to be issued is criminally responsible for the crime; (iii) finally, the precautionary measure must pursue one of the following aims: either to avoid the risk of leakage, or to conceal, alter or destroy relevant sources of evidence, or risk of reoffending.

 

Different resolutions in different cases      

As it has been said, we have two judicial decrees issued on the same date and occasion, by the same Magistrate and for the same facts, in which “there is no discussion” -always in terms of the evidence given the embryonic state of the investigation- about the criminal nature of the acts allegedly committed by the four persons under investigation, Mr. Sánchez, Mr. Cuixart, Mr. Trapero and Ms Laplana after “impeding the application of the legal system as a whole”, which is inferred from the account of facts common to both resolutions.

Although these two cases are more similar than different, it is also true that the Magistrate makes a distinction in their respective judgments with respect to the punitive consequences, considering the facts at this early stage of the investigation. While Mr. Sánchez and Mr. Cuixart were sentenced to prison without bail, the Magistrate decided in the case of the Mayor and the Supervisor of the Mossos, Mr. Trapero and Ms Laplana, to adopt other less burdensome provisional measures such as the appearance every fortnight before the judicial body, as well as the prohibition of leaving the national territory with the consequent withdrawal of the passport.

This disparity of both resolutions  finds its explanation in the following two points: (i) the degree of certainty about what happened is higher in the facts regarding Mr. Sánchez and Mr. Cuixart than in the case of Mr. Trapero and Ms Laplana; (ii)  the degree of participation is more intense also in the former than in the latter, at least in what has been proven to date after having taken statements from all the parties, having examined the content of the judicially intervened telephone communications and having observed the photographic reports in the reports issued by the Guardia Civil.

First of all, it should be pointed out that this is a procedure that limits the facts under investigation to the period between the 20th and 21st of September 2017, leaving aside any others facts of possible criminal appearance that have not been brought to the procedure.

 

“Los Jordis” case

With regard to the participation of Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, the facts are summarized in their appeal for those days “not to a peaceful demonstration or rally, but for the” protection “of the Catalan Governors and Institutions, through mass citizen mobilizations, in front of places where police actions were being carried out“, specifically, entries and registers in various bhomes.

Thus, the decree states that “they were erected as interlocutors of the concentration, affirming that they could move the members of the concentration for their purposes“, being “aware that this would make it difficult for the police to act“, and then listing a series of episodes in which they actively participated, in order to move the “crowd” to act “against the judicially ordered actions“.

Especially eloquent of the seriousness of the events is the episode that relates that “due to the large number of people who were still on the street, the Judicial Commission formed by the Agents and the Interim Court Secretary remained besieged and held against their will inside the building, preventing the demonstrators from leaving through the front door of the building“, all this from 22:00 to 23:45 hours, “the time when the Interim Court Secretary of Justice could be evacuated through the theatre adjacent to the building, camouflaged and mixed between the audience leaving the theatre“.

 

Trapero and Laplana case

On the other hand, regarding the participation of Mr. Trapero and Mrs. Laplana, the facts attributed to them refer to a passive attitude and inactivity facing what was being committed there. Thus, the Order refers to five specific orders issued by the Guardia Civil to the Intendant Mrs. Laplana, which tended to avoid or, at least, to lessen the mishaps of such concentrations, and for which she showed an open refusal to obey. The Order also blames Mr. Trapero for being late in complying with the court order of establishing a device that could allow the Interim Court Secretary and other officers without disturbances.

In light of the foregoing, both Orders enforce two first requirements of article 503 of the Criminal Procedure Act, as long as (i) the offense of sedition is punishable by up to ten years’ imprisonment, and (ii) there are evidences enough in the case to suggest that the four persons under investigation are responsible.

Nonetheless, the Magistrate argues that the criminal nature of the facts is not as clear-cut as they are to Mr. Sánchez and Mr. Cuixart, as long as the declaration of Mr Trapero and Mrs. Laplana “coincides with what the two lieutenants of the Guardia Civil and the lawyer of the Administration of Justice declared”, in stating “that they did not act against the concentrates because they considered that, given their volume, that could have generated a serious disturbance of public order without practical consequences”, and therefore understands that none of the premises of the first paragraph’s third point of article 503 of the Criminal Procedure Act were accomplished and they are necessary for pre-trial detention.

The possible plausibility of the Mossos’ statements, contrasted during the course of the pre-trial phase was, in short, what served the Magistrate of the Central Examining Court No. 3 to decouple -despite the seriousness of the facts- the procedural situation of the four investigated, unlike the proven actions against public order carried out by Mr. Sanchez and Mr. Cuixart. However, this Order concludes with a “without prejudice to the possible extensions” of the facts and of the subjects who may have intervened in them, which could cause the measures adopted to vary if events of a similar nature continue to occur.

 

Independence of the Judiciary

By the way, the political-social derivations, which, by their nature, are the subject of these proceedings, may lend themselves to certain interference outside the judiciary. Any proponents of democracy, the rule of law and one of the fundamental principles on which they are founded (the separation of powers) demand that the decisions of judicial bodies to be respected and to be kept separate from their “review”. Do not forget this: the Legislative and Executive branches are responsible for approving and modifying laws, the judges are responsible for interpreting and applying them. Let’s let everyone do their job.

 

¿Por qué “los Jordis” ingresan en prisión y Trapero no?

(Artículo co-escrito por Editores HD Joven y Javier Cuairán García)

 

Como era de esperar, el auto del juez que ordena el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ha causado un enorme revuelo. Unos dicen que la Justicia está capturando “presos políticos” y otros que no se trata más que de un juez aplicando el texto de la ley de forma desapasionada. En el vértice opuesto, se encuentra la decisión de la Magistrada del juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Excma. Sra. Dª. Carmen Lamela, de conceder la libertad provisional sin fianza a Josep Lluís Trapero, el Mayor de los Mossos, y a Teresa Laplana, Intendente del citado cuerpo, lo cual también ha levantado pasiones.

 

El delito de sedición
El delito que se enjuicia en este caso, como es bien sabido, es el de sedición, que se encuentra regulado en los artículos 544 y siguientes del Código Penal como un delito contra el orden público. Conforme al citado precepto, cometen sedición los que “sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

 

La prisión provisional

Antes de entrar a analizar las resoluciones judiciales dictadas el pasado 16 de octubre de 2017 el Juzgado Central de Instrucción nº 3, conviene anticipar brevemente qué es y cómo se encuentra regulada la prisión provisional -o preventiva- en nuestro ordenamiento jurídico.

Nos encontramos ante una medida cautelar y, por tanto, provisional en el tiempo, consistente en la privación de libertad del investigado que, aunque generalmente es decretada en una fase muy incipiente del procedimiento, puede ser adoptada durante toda la tramitación del proceso. Como puede imaginar el lector, en un sistema garantista como el nuestro, la libertad del investigado -cuya inocencia se presume- es la regla general, mientras que la medida de prisión provisional debe ser necesariamente la excepción por ser la más gravosa de cuantas existen en nuestro ordenamiento. Por tanto, la motivación y ponderación de las circunstancias que llevan a la adopción de dicha medida deben ser máximas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la medida cautelar de la prisión provisional aparece regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En particular, se requiere de la concurrencia tres requisitos para adoptarla (artículo 503 LECrim): (i) en primer lugar, que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión; (ii) en segundo lugar, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; (iii) y, por último, que mediante la prisión provisional se persiga alguna de las siguientes finalidades: bien evitar el riesgo de fuga, bien la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, o bien el riesgo de reiteración delictiva.

 

Diferente resolución ante diferentes casos

Como se ha dicho, contamos con dos autos dictados en idéntica fecha y ocasión, por la misma Magistrada y por unos mismos hechos, y en los que “no se discute” -siempre en términos indiciarios dado el estado embrionario de la investigación- el carácter delictivo de los hechos que se dicen cometidos por los cuatro investigados, Sres. Sánchez, Cuixart, Trapero y Laplana tras “impedir la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto” que se infiere del relato de hechos común a ambas resoluciones.

A pesar de que estos dos autos guardan más similitudes que diferencias, también es cierto que la Magistrada realiza una distinción en sus respectivos fallos respecto de las consecuencias punitivas que, a su entender, le merecen los hechos en esta fase inicial de la investigación. Y es que, mientras que para los Sres. Sánchez y Cuixart les fue impuesta la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza, para el Mayor y la Intendente de los Mossos, Sres. Trapero y Laplana, creyó conveniente adoptar otras medidas cautelares menos gravosas como la comparecencia cada quince días ante el órgano judicial, así como la prohibición de salida del territorio nacional con la consiguiente retirada del pasaporte.

Esta disparidad en el fallo encuentra su explicación en los siguientes dos puntos: (i) el grado de certeza acerca de lo sucedido es más próximo en los hechos relativos a los Sres. Sánchez y Cuixart que en el de los Sres. Trapero y Laplana; (ii) así como que el grado de participación que se determina es más intenso también en los primeros que en los segundos, al menos en lo que figura acreditado hasta la fecha tras haberse tomado declaración a todas las partes, haberse examinado el contenido de las comunicaciones telefónicas intervenidas judicialmente y haberse observado los reportajes fotográficos obrantes en los informes emitidos por la Guardia Civil.

De entrada, conviene precisar que estamos ante un procedimiento que acota la extensión temporal de los hechos sometidos a investigación, limitándose a investigar los acaecidos durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017, dejando al margen cualesquiera otros de posible apariencia delictiva y que no han sido traídos al procedimiento.

 

El caso “los Jordis”

En lo que respecta a la participación de los Sres. Sánchez y Cuixart, los hechos se resumen en el llamamiento que realizaron para aquellos días, “no a una concentración o manifestación pacífica, sino para la “protección” de sus Gobernantes e Instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales”, en concreto, entradas y registros en diversos domicilios.

Así, el auto refiere que “se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines”, siendo “conscientes de que con ello dificultarían la actuación policial”, enumerando a continuación una serie de episodios en los que participaron activamente, con el fin de mover a la “muchedumbre” a que actuara “en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente”.

Especialmente elocuente de la gravedad de los hechos es el episodio que relata que “debido a la numerosa multitud de gente que aún seguía en la calle, la comisión Judicial formada por los Agentes y la Letrada de la Administración de Justicia permanecieron sitiados y retenidos en contra de su voluntad dentro del edificio, al impedirles los manifestantes su salida por la puerta principal del edificio”, todo ello desde las 22:00 hasta las 23:45h., “hora en que pudo ser evacuada la Letrada de la Administración de Justicia a través del teatro contiguo al inmueble, camuflada y mezclada entre el público que salía del teatro”.

 

El caso Trapero y Laplana

Por el contrario, en lo atinente a la participación de los Sres. Trapero y Laplana, los hechos que se les atribuyen hacen referencia a una actitud pasiva, de inactividad, frente a lo que allí se estaba dimensionando. Así, el auto refieren a cinco concretas órdenes que fueron emitidas por la Guardia Civil a la Intendente Sra. Laplana tendentes a evitar o, al menos, minorar los percances de tales concentraciones, y respecto de las cuales mostró una abierta negativa a obedecer. Por su parte, el auto reprocha al Sr. Trapero que diera tardío cumplimiento a la orden judicial de establecer un dispositivo que permitiera la salida del edificio de la Letrada de la Administración de Justicia y de los Agentes que la acompañaban.

Sentado lo anterior, en ambos autos se da cumplimiento a los dos primeros requisitos del artículo 503 de la LECrim puesto que (i) el delito de sedición atribuido conlleva una pena de hasta diez años de prisión, y (ii) existen indicios en la causa para creer responsables a los cuatro investigados.

Sin embargo, y pese a las manifestaciones del Ministerio Público en las que solicitaba la prisión provisional de los Sres. Trapero y Laplana, la Magistrada aduce que el carácter delictivo de los hechos no aparece tan definido para éstos como para los Sres. Sánchez y Cuixart, puesto que la declaración de ambos Mossos “coincide con lo declarado por los dos Tenientes de la Guardia Civil y por la Letrado de la Administración de Justicia”, al esgrimir que “no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado su volumen, ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas”, por lo que entiende que no concurrirían ninguno los presupuestos del tercer punto del párrafo primero del artículo 503 LECrim. necesarios para decretar la prisión provisional.

Esto es, la posible verosimilitud de las declaraciones de los Mossos, a contrastar durante el transcurso de la fase de instrucción fue, en definitiva, lo que sirvió a la Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 para desligar -pese a la gravedad de los hechos- la situación procesal de los cuatro investigados, a diferencia de las acreditadas actuaciones contra el orden público que llevaron a cabo los Sres. Sánchez y Cuixart. Sin embargo, este auto concluye con un “sin perjuicio de las posibles ampliaciones” de los hechos y de los sujetos que pudieran haber intervenido en los mismos, lo que podría hacer variar las medidas adoptadas de seguir sucediéndose hechos de similar naturaleza.

 

La independencia del Poder Judicial

A propósito, las derivaciones político-sociales que, por su naturaleza, posee el presente procedimiento, pueden prestarse a determinadas injerencias ajenas al poder judicial. Cualesquiera defensores de la democracia, del Estado de Derecho y de uno de los principios fundamentales sobre el que éstos se sustentan (la separación de poderes), exigen que se respeten las decisiones de los órganos judiciales y que se mantengan al margen de su “revisión”. No lo olvidemos: al Poder Legislativo y Ejecutivo les corresponde aprobar y modificar leyes, a los jueces interpretarlas y aplicarlas. Dejemos que cada uno haga su trabajo.

 

El final del silencio

La manifestación convocada hoy por Societat Civil Catalana en Barcelona ha sido un rotundo éxito. Nuestro coeditor Segismundo Alvarez viajó hasta allí y nos ha dejado una crónica de urgencia que deja también un sabor agridulce. Mucha gente, sí, muchos de fuera y muchos también de allí. Allí son muchos pueblos y ciudades pequeñas de Cataluña donde la gente no se atreve a salir a manifestarse porque al día siguiente tu vida profesional y afectiva se puede resentir si te ven en una manifestación “unionista”. Aunque sea una manifestación tan tranquila y sensata que hasta a los más sectarios -empezando por la impagable TV3, convertida ya en el símbolo de la ocupación partidista de la televisión pública de todos y mira que hay competencia- les ha costado encontrar la bandera con el aguilucho que tanto deseaban.  No, la manifestación  de hoy no era de fachas ni de fascistas ni de nacionalistas españoles, ni de constitucionalistas ni de federalistas sino de gente normal y corriente reinvindicando sensatez. Los de hoy, afortunadamente, no eran un “sol poble” .

Se trata de un paso adelante cuya fuerza simbólica no puede desconocerse, aunque mañana toque a unos y a otros volver a la realidad de todos los días. Es verdad que los catalanes no pueden seguir callados pero nosotros como conciudadanos suyos debemos ponérselo lo más fácil posible, especialmente a los que viven en los pueblos y las ciudades pequeñas donde la presión social nacionalista es mayor.  Tienen que sentir que no les vamos a dejar solos, y que cuando ellos no puedan  o no se atrevan a decir algo en voz alta lo haremos nosotros en su lugar, como hoy lo ha hecho el gran Josep Borrell  nada menos que en cuatro idiomas. También han empezado a hacerlo los líderes de una Unión Europea que se juega mucho en el envite. Y además tienen que poderse sentirse orgullosos de ser catalanes, españoles y europeos.  Porque tanto España como Europa son sociedades abiertas, tolerantes y democráticas.

Desde Hay Derecho en estos días tan difíciles para todos queremos, una vez más, ofrecer nuestra voz a los que quieran  hablar desde Cataluña en defensa de la convivencia y del Estado de Derecho, cualquiera que sea su ideología. Cuando nacimos hace casi 7 años no podíamos imaginar que llegaría el día donde sería tan importante y tan emocionante defender el Estado de Derecho. Y, sin embargo, este día ha llegado y ha sido hoy, 8 de octubre de 2017. Un día importantísimo porque  se ha demostrado que no hay un único relato emocional posible, con la ventaja de que el de hoy sí es compatible con la realidad. Y la realidad es que nuestra sociedad es plural y que la gente piensa de forma distinta pero que eso, lejos de ser un problema, es un gran valor democrático. Sabemos también que tardaremos mucho en recuperar la normalidad y que todos tendremos algo que perder pero que  el camino de regreso que hoy empieza merece la pena. Y es que, como siempre repetimos, la fuerza que tenga el Estado de Derecho solo depende de nosotros.

Por supuesto, el problema no ha acabado, y no tiene aspecto de resolverse a corto plazo. El tren separatista ha ido cogiendo carrerilla desde hace tiempo y no es concebible que no tuviera consciencia de las consecuencias de sus actos, por lo que no parece que pueda haber una simple marcha atrás, a pesar del claro discurso del Rey, de las huidas de las más significativas empresas radicadas en Cataluña y del despertar popular a favor de la unidad de España que ha significado esta manifestación de Barcelona. No ha armado la que ha armado para irse ahora con el rabo entre las piernas, porque la gran cantidad de gente, hay que reconocerlo, que ha movilizado no se lo permitiría. Otra cosa es si declarará una precaria independencia o si más bien hará como los líderes de esas sectas religiosas que anuncian el advenimiento del profeta o de alguna catástrofe pero cuando se aproxima la fecha prevista conceden un cómodo aplazamiento que les permite seguir manteniendo la llama encendida un tiempo más. Por otro lado, la actitud dontancredista de Rajoy, más próxima a la legalidad formal -como si estuviera calificando un documento en su antigua profesión de registrador y esperara que se subsanara en el “mundo extregistral”- que a la sustancia real de los problemas de fondo subyacentes, tampoco parece augurar que la situación no quede estancada con carácter indefinido.

Mañana veremos qué pasa. Nosotros seguiremos con la defensa del Estado de Derecho, del Estado a secas, y de España y su Constitución en general.

Aún quedan juristas en Cataluña

Consumado el ataque al Estado de Derecho que supone la aprobación y publicación por las bravas de la Ley del referéndum en el Parlament catalán, así como la aprobación del referéndum ilegal creemos necesario hacer unas breves consideraciones sobre lo sucedido. La primera y más evidente es que los golpes de Estado del siglo XXI no se están dando a lo 23-F, con guardias civiles armados entrando en los Parlamentos si no a la turca, a la polaca o la venezolana, desde las propias instituciones, cuyo verdadero sentido y finalidad se retuerce y se desvirtúa. Por eso resultan más difíciles de reconocer y los problemas de legalidad –que son evidentes- se entrecruzan con los de legitimidad, dado que los Parlamentos, a diferencia de los guardias civiles, sí son elegidos democráticamente.

Desde este blog ya hemos explicado en una serie de entradas que en el Estado de Derecho no hay atajos y que ningún Parlamento puede saltarse las reglas del juego por mucha mayoría que tenga. Lo que sí puede hacer es cambiarlas por los procedimientos establecidos, y si no tiene la mayoría suficiente o carece de las competencias necesarias  tiene que conseguir los acuerdos y los consensos  políticos necesarios.

Afortunadamente siguen quedando juristas en Cataluña que dicen lo mismo que nosotros desde Madrid, lo que tiene mucho más mérito. Así queremos destacar la labor del Secretario General del Parlament de Catalunya, Xavier Muró que se ha negado a publicar el texto de la Ley en el diario oficial y ha dado orden a sus letrados de hacer lo mismo (aquí).

Por tanto, los juristas funcionarios del Parlament han defendido, como es su deber, la legalidad vigente, habiendo sido sustituido en las tareas que le corresponden por los propios diputados, que obviamente no son letrados del Parlament. También hay que recordar la postura del Consejo de Garantías Estatutarias ha sido muy clara en cuanto a que el procedimiento para la aprobación de la ley del referéndum es ilegal y vulneraba el Estatuto y la Constitución (aquí)

En todo caso, el espectáculo del día 6 de septiembre no ha podido ser más esperpéntico mostrando claramente que el abandono de las reglas de juego conocidas abre infinitas posibilidades al todo vale y al fin justifica los medios.

Desde Hay Derecho insistimos en que deben de utilizarse los innumerables recursos legales existentes en el ordenamiento jurídico español -y también europeo- que están a disposición tanto de los diputados de la oposición como de los funcionarios y técnicos que deseen ver amparados sus derechos y garantías. Todo ello con independencia de abordar de una vez la gravísima crisis política, institucional y democrática que esta deriva pone de manifiesto pero que es preexistente y que el Gobierno del PP se niega a reconocer.

En todo caso, toca estar en los próximos días a los funcionarios y profesionales que defienden la vigencia del Estado democrático de Derecho en Cataluña, como los funcionarios y juristas del Parlament o a los Secretarios de los Ayuntamientos donde se pretende celebrar el referendum. Desde Hay Derecho, todo nuestro apoyo y también nuestra admiración porque ahora mismo están en las trincheras donde se juega nuestro futuro- Los funcionarios de los Ayuntamientos son el siguiente dique que va a recibir la ola: los funcionarios del Ayuntamiento que en breve recibirán presiones para torcer la legalidad y aunque ya nos consta que Mataró, Tarragona, Santa Coloma de Gramanet y Castell-Platja d’Aro, al menos, se han pronunciado en contra de la cesión de locales.

Ahora bien, los funcionarios, los juristas y, en suma, los ciudadanos no pueden quedarse solos en la defensa del Estado de Derecho. Precisamente éste implica la cesión de la violencia, del recurso a obtener la justicia por la propia mano y del propósito a la prosecución de los intereses propios sin límites a unas instituciones que, a cambio, se compromete a administrar justicia, imponer sus resoluciones y actuar en interés del conjunto. Si el Estado renuncia a ello será el caos, porque no se puede exigir a nadie que sea un héroe. O  una tragedia, porque en el conflicto sin reglas ganará siempre el más fuerte…o el más decidido.

Nosotros no tenemos todas las claves de la política, de los delicados equilibrios e intereses que condicionan la compleja y lenta maquinaria del Estado. No sabemos si la pasividad de las instituciones responde a claves que se nos escapan. Pero, lamentablemente, aunque es preferible resolver los conflictos de una manera racional y consensuada, a veces es inevitable decir “basta”.

La intervención de Rajoy del pasado jueves es, en este sentido, esperanzadora: lo cortes no quita lo valiente y si en muchísimas ocasiones le hemos criticado duramente,  el contenido de este discurso es el correcto . Al menos en el terreno de las palabras no desmerece un editorial de Hay Derecho pues defiende que lo que no es legal no es democrático, que España no es una imposición ni una ocurrencia, destaca que la propia legalidad estatutaria catalana ha sido violada y ampara a los funcionarios afectados, y demuestra comprensión a los ciudadanos que se encuentren dolidos por declaraciones y actitudes injustificables y absurdas. Merece la pena ser leído (aquí)

En lo único en que no estamos de acuerdo es en que “nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente deplorable”. Era perfectamente imaginable porque se lleva anunciado años sin ningún tipo de pudor y finalmente se ha hecho realidad. Esperamos que, apercibido ya de lo que ocurre de verdad, el Estado democrático Derecho sea capaz de ganar este envite.

 

 

 

HD Joven: Cataluña: ¿por qué la solución no pasa por un Estado Federal?

Quienes hablan de que el problema catalán no se soluciona solo con la aplicación de la ley tienen razón, máxime teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Es un problema que requiere, además de la aplicación de la ley, una respuesta política. Sin embargo, la cuestión de fondo es: ¿qué respuesta política?

Los editores de Hay Derecho tienen la suya, para otros como el PSOE, esta respuesta vendría de la mano de una reforma constitucional que convirtiera nuestra Carta Magna en un Estado Federal. Y esto, tiene dos problemas que hacen que a mi juicio no sea la solución adecuada. En primer lugar, que ya se debatió a la hora de elaborar la Constitución del 78, y aparte de ser rechazado por Alianza Popular (argumentaban que era el paso hacia la ruptura de España), también fue rechazado por la minoría catalana de Miquel Roca y la vasca de Arzalluz. ¿Por qué? Manuel Alcántara y Antonia Martínez nos lo explican en su libro Política y Gobierno de España. Porque hacer de España un Estado Federal suponía algo que en principio es intrínseco al federalismo, que todos los territorios son iguales. Por ello, hubo una práctica unanimidad entre ambos en negarse a disponer de una representación institucional comparable al del resto de territorios.

Si acudimos al manual de cabecera que todo estudiante de ciencias políticas tiene que empollar durante el primer año de carrera, Ciencia Política: Una introducción de Josép M. Vallés, extraemos que, tomando como referencia el federalismo de Estados Unidos o Suiza, las federaciones se caracterizan por: (i) una distribución constitucional de competencias que deja de una forma muy estricta y clara cuales corresponden al gobierno federal (Defensa, moneda, política exterior y todo lo que tenga que ver con el interés común) -y todo lo demás corresponde a los estados-, (ii) un papel relevante del reparto de la capacidad tributaria y de cómo se distribuye el derecho a poner tributos y a rendir cuentas por los mismos, (iii) la existencia de instituciones federales en cuya composición y actividad intervienen de alguna manera los estados o entidades federadas, (iv) la existencia de una constitución propia en cada uno de los estados o entidades federadas – en la que se precisan las instituciones de gobierno de cada una de ellas – y (v) el establecimiento de un tribunal central o federal con atribuciones para decidir sobre los conflictos que enfrentan a la federación con los estados o a los estados entre sí.

Aquí encontramos la segunda cuestión que hace que la reforma federal no sea capaz de resolver, a día de hoy, el problema catalán. ¿Cuál de esos rasgos federales no tenemos ya de una u otra manera en nuestro sistema actual? Es cierto que el reparto competencial es farragoso, complicado y ambiguo, también lo son el asunto tributario y el de la financiación de las CCAA, y, no lo es menos, que nuestro actual Senado no responde a la realidad que se dio tras el famoso “café para todos”.  Sin embargo, por ejemplo, Cataluña tiene sus competencias, gestiona sus tributos, aporta senadores y diputados y tiene un Estatuto con el que han creado un parlamento y un gobierno. Y respecto a la última característica, qué decir. Tenemos un Tribunal Constitucional que decide sobre los conflictos entre el gobierno central y Cataluña.

Por lo tanto, ¿una reforma como la que propone el PSOE generaría una respuesta política que genere la ilusión suficiente entre la clase política catalana como para refundar el pacto constitucional y devolverlos al redil?

Si leemos el documento del PSOE, Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, nos propone la vieja aspiración de Zapatero de incluir en nuestra Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, reformar el Senado para que sea una cámara de representación territorial, clarificar y completar el sistema de distribución de competencias, reconocer las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones o establecer los elementos fundamentales de financiación de las Comunidades Autónomas, entre otras.

Esto me lleva a otras dos cuestiones nuevas con las que pretendo desarrollar mi tesis. La primera, ¿cuál de todas estas propuestas convertiría nuestro sistema territorial en un sistema federal? Creo que ninguna, porque, aunque nuestra Carta Magna no utiliza el término federal en ningún momento, es ya una Constitución Federal de facto. Por lo tanto, no habría cambio alguno respecto de lo que ya tenemos. Lo que se propone, aparte de como critican algunos académicos al PSOE (solo sirve para cambiar el término Autonomía por Federación), es mejorar todas las deficiencias que venimos debatiendo a lo largo de tres decenios de democracia. Y está muy bien, es muy loable que algún día las corrijamos, pero no supondría ninguna federalización del Estado porque España ya es un Estado Federal. La segunda es ¿cuál de todas esas propuestas satisfaría las aspiraciones de Puigdemont, Junqueras, Mas y sus socios de la CUP? Yo personalmente creo que ninguna, porque no crearía diferenciación alguna de Cataluña respecto del resto de territorios, que desde el 78 es precisamente lo que buscan.

Dicho todo esto, el manual de ciencia política que he mencionado también nos recuerda que no existe un único modelo federal y que el sistema territorial español se puede encuadrar en un tipo de estado compuesto a medio camino entre la federación y el estado unitario descentralizado. Pero como vemos, si acudimos a los rasgos claves que nos sirven para definir a cualquier tipo de modelo federal, España, de una u otra forma ya lo es. Por lo tanto, en ese aspecto, no tenemos una respuesta política porque no tendríamos nada nuevo que ofrecer. Por eso, cobra sentido una de las preguntas que se hacía Pablo Simón a la hora de anunciar uno de sus últimos eventos de “Cervezas y Politikon” sobre el federalismo, ¿es algo más que un eslogan de algunos partidos políticos? Mi respuesta es: de entrada, no.

De entrada no, porque de momento los interlocutores catalanes con los que tienen que lidiar los partidos constitucionalistas están a otra cosa muy diferente. También porque como se ha apuntado recientemente, no se puede reformar la Constitución para contentar a Puigdemont. No serviría de nada. La única esperanza para esta respuesta política sería conseguir generar en la ciudadanía catalana una nueva ilusión por un nuevo pacto. Pero, desde mi punto de vista, esto es muy complicado, porque de facto no aportaría más autogobierno a Cataluña del que ya tiene, o a cualquier territorio, y su pondría un problema con otras regiones por la existencia de figuras como los fueros vacos y navarros. Por lo tanto, la respuesta política a mi entender no pasa por la reforma constitucional, que es complicada y requiere un proceso gravoso. Nunca sería comprada por los que hoy ocupan la Generalidad y existen otras opciones legislativas más simples para aclarar las competencias, el sistema de financiación o la reforma del Senado que no se han explorado lo suficiente.

Fruto de este mero eslogan político que es la supuesta propuesta de reforma federal del PSOE, no soy yo el único que lo cree- no obstante otro colaborador de HD Joven de este blog se lo preguntó la semana pasada-, es la nueva propuesta de Pedro Sánchez de crear una comisión en el Congreso para discutir este asunto y su frase del pasado lunes cuando dijo: “queremos convencer, pero estamos abiertos a ser convencidos”. Parafraseando a Churchill o al Conde de Romanones, tanto la propuesta de reforma federal, el lío con el término, la supuesta apertura a ser convencido y la creación de una comisión para discutir el asunto, se pueden resumir en la frase: Si quieres retrasar, o distraer, la solución de un asunto crea una comisión”.

Nueva serie. Diario de Barcelona: ¿Todo está en el mismo sitio?

 

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Nuestro colaborador Jorge Trías está de vuelta en Barcelona, su ciudad natal. Nos ha parecido que sería interesante que nos fuera contando con una periodicidad semanal bajo el título “Diario de Barcelona”  como ha sido la vuelta y la situación desde el punto de vista del Estado de Derecho por allí.  Pero inevitablemente la primera pregunta es ¿como se ha llegado a esa situación?

Los editores

Después de una breve y fructífera estancia en el Ministerio de Justicia, me quedé a vivir en Madrid donde monté un despacho profesional. Corría el año 1981, poco después del golpe de estado. Presidía la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, quién  durante ese esperpéntico asalto llamó sobresaltado al Rey y éste  le calmó con un “tranquilo Jordi, tranquilo”.  Tras la corta presidencia de Calvo Sotelo los socialistas arrollaron en las elecciones de 1982 y gobernaron ininterrumpidamente hasta 1996. Su único contrapeso durante varios años fue el gobierno ecléctico de Jordi Pujol, que entonces lideraba Covergencia i Unió, y hacía y estructuraba y desestructuraba la administración catalana a sus anchas. Lo importante, decía el Presidente Pujol, solía repetir el Presidente Pujol, era ir arañando competencias, aunque estas fuesen mínimas y no se tuviese claro cómo costearlas. Y lo repetía hasta la saciedad, como si de una estrategia militar se tratara. Así se llegó a 1996, cuando los populares ganaron las elecciones por minoría y hubo que pactar con CiU del mismo modo que en el gobierno anterior lo había hecho Felipe González en 1993.

Las negociaciones, llevadas directamente por Aznar y Pujol, finalizaron con un acuerdo de gobierno estable con los nacionalistas catalanes al que se sumaron el PNV y Coalición Canaria. No sólo se suprimió la simbólica figura del gobernador civil sino que, incluso, el gobierno del PP se comprometió a transferir competencias que ni siquiera los nacionalistas habían pedido. En CiU estaban tan contentos que no daban crédito al terreno que iban consiguiendo. Y con el PNV se pactó un nuevo concierto económico, concierto que cuando fue aprobado por el Congreso de los Diputados llevó a un exultante Anasagasti a proferir, mientras descendíamos juntos las escaleras del congreso, “¡esto es la h…, Jorge,  es como haber conseguido la independencia”! Y era verdad, los nacionalistas vascos habían obtenido lo que querían: el control del dinero, o sea la independencia. Lo demás era accesorio perteneciendo, como pertenecíamos, a la Comunidad Europea en donde se establecía una política monetaria, exterior y de defensa común.

Es importante, recordar lo que ocurrió con la mayoría absoluta obtenida por el PP en la siguiente legislatura, la guerra de Irak, el triunfo de Zapatero y la negociación del nuevo estatuto de Catalunya. El PP se automarginó y los populares quedaron como apestados de la política en Catalunya. Gente tóxica. Las permanentes apelaciones de este partido al Tribunal Constitucional, en varias ocasiones perfectamente prescindibles, y el enfrentamiento directo entre el gobierno catalán y el español en la legislatura en la que Rajoy obtuvo mayoría absoluta, envenenaron la política española y la catalana. Y esto es lo que permitió al gobierno de Pujol, heredado por Artur Mas, introducir en el imaginario de todos (o al menos de los catalanes) que había dos gobiernos –el español y el catalán-. Los catalanes, sobre todo nacionalistas, entendieron que dos gobiernos representaban dos estados –el estado catalán y el español- y que ambos tenían derecho a  negociar en plano de igualdad. Pero, negociar ¿el qué? Pues el “tránsito hacia la independencia”, clamó Mas, la independencia de Catalunya; y no había nada más que hablar.

El gobierno español, con un presidente propenso a ponerse de perfil, también se puso de perfil. Y los líderes de los partidos comenzaron a imitar a Rajoy o sea a no hacer nada, a quedarse quietos. Y así aguantó toda la legislatura –de 2011 a 2015- hasta que Mas convocó elecciones y las ganó pero con tanta minoría que tuvo que dejar, in extremis, el sillón de President a quien hoy preside la Generalitat, el señor Puigdemont, con el fin de obtener los suficientes apoyos para poder gobernar. Con caras nuevas, antes de iniciarse la campaña electoral se consiguió desbloquear, al menos, el aislamiento entre el gobierno central y el autonómico y se pactaron varios acuerdos, algo que no había sido posible en los cuatro años anteriores.

Ahora se espera que el PP forme gobierno en España, a base de abstenciones ya que de otro modo parece imposible, entre las que probablemente se encuentre la del Partit Demócrata de Catalunya –la nueva Convergencia hija y nieta del pujolismo. Ellos –los antiguos convergentes- no han abandonado el independentismo, al que se sumaron abiertamente hace bien poco; y desde el gobierno que salga se harán concesiones económicas pero no convocarán el desde Catalunya tan demandado referéndum. Las experiencias de Escocia y el Brexit son lo suficientemente recientes que Mariano Rajoy, utilizando sus propias palabras, no se meterá “en ese lío”.

¿Y cómo se ha llegado hasta aquí, a una situación tan inviable –la independencia- y perjudicial económicamente para los catalanes, o sea para nosotros? ¿Son los sentimientos tan fuertes que estaríamos dispuestos a lanzar a nuestros hijos a luchas que les arruinarían la vida y les empobrecerían durante varias generaciones, por lo menos? Una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es tergiversar la realidad y lanzar un mantra como ese del robo español, o ese otro de los 16.000 millones o aquel de las balazas fiscales de Alemania, y otra muy distinta aceptar la realidad. Como ha demostrado Josep Borrell los 16.000 no llegan a 2.000 y aquí no hay expolios sino malos negociadores o, lo que es lo mismo, malos políticos; y que en Alemania no existe lo que se pretende desde el independentismo sobre las balanzas fiscales.

Esto es lo que trataré de averiguar ahora que he instalado mi residencia habitual en Barcelona, la ciudad en la que nací y me crié. ¡Es tan poca la distancia entre Madrid y Barcelona!Tengo curiosidad por ver si ejerciendo mi profesión desde aquí, mi perspectiva cambia. O si lo que parece que es distinto, el mar, el Tibidabo, los edificios construidos por mi tío abuelo (el arquitecto EnricSagnier), el magma urbano, a veces modernista, que se desborda entre el Besós y el Llobregat, Montjuico Mont Juïf, enfin, si todo eso y todo lo que contiene, catalanes viejos y nuevos, es realmente ajeno a Madrid. También entender si Barcelona es Catalunya o siCatalunya es otra, la hermana olvidada que ve el independentismo como una forma de imponerse a la hermana que globalmente brilla entre cruceros y turistas.

Esto es lo que iré desgranando semana tras semana.

Otra vez sobre el referéndum catalán y la Ley de Claridad canadiense: normas e incentivos tras el precedente del Brexit

La propuesta del PSC de celebrar una consulta “legal y acordada a la canadiense” sobre la independencia de Cataluña si no prospera “la reforma federal  de la Constitución planteada por el PSOE”, engloba un enorme número de ambigüedades que es necesario despejar. Al menos si no queremos seguir inflando irresponsablemente globos demagógicos estilo Brexit que un buen día nos puedan explotar en la cara para espanto de todos.

En primer lugar es necesario matizar esa referencia a la reforma federal, porque hay que insistir una vez más en que nosotros ya tenemos un Estado de tipo federal, bastante más descentralizado que la mayoría de los Estado federales clásicos, por cierto. Lo que pasa es que cuando uno entra a examinar la letra pequeña, se da cuenta de que la propuesta del PSC gira en torno a una modalidad (sin duda posible, como casi todo en esta vida) bastante particular del Estado  federal, que es aquella en la que un Estado –Cataluña- mantiene “una relación bilateral” con el resto y ostenta determinadas competencias a las que los otros Estados no pueden acceder. Ya le llamemos cuasi confederal o federal asimétrico, resulta difícil encajar esta propuesta sin más bajo el enunciado “una reforma federal de la Constitución”.

En cualquier caso, es obvio que tal como está configurado hoy el arco parlamentario una reforma en esta línea es prácticamente imposible, y sospecho que lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Pero es que, además, aunque fuese posible reconocer cierta asimetría a Cataluña, es muy ingenuo pensar que la tensión nacionalista-independentista va a desaparecer por eso. Este es un problema que o cogemos por los cuernos o nos perseguirá para siempre (con sus lógicos altibajos). Así que pasemos a la propuesta alternativa: una consulta legal y acordada a la canadiense sobre la independencia de Cataluña.

Este es uno de los temas al que más espacio y análisis le hemos dedicado en los últimos tiempos, desde este primer post de 2012 (“Secesiones a la carta. El caso de Quebec”)  hasta este artículo publicado el sábado pasado en El Mundo (“Sobre la Ley de Claridad canadiense”). Hemos defendido que la estrategia canadiense puede ser una buena línea para resolver de una vez este problema enquistado, pero siempre que se haga bien, lo cual de entrada implica que no se puede copiar sin más dicha referencia. Sencillamente, porque el sistema constitucional canadiense es totalmente distinto, en cuanto permite a los Estados de la Federación convocar ellos mismos ese referéndum. La Ley de Claridad lo que establece es en qué condiciones la Federación se va a sentir vinculada por ese resultado y obligada a negociar de buena fe.

Pero en España no solo la competencia la tiene el Estado (art. 149.1.32 CE), sino que es enormemente discutible que sin modificar la Constitución se pueda someter a referéndum cuestiones (como la unidad de España) sobre las cuales la Constitución ya ha decidido. El referéndum consultivo del art. 92.1 está pensado para ilustrar decisiones del poder constituido que este podría adoptar por sí solo (y por eso únicamente dentro de los límites de la Constitución), no del poder constituyente (que ya ha adoptado y para cuya modificación se prevé un proceso complejo). La razón evidente es que el Estado no puede quedar vinculado ni política ni jurídicamente como consecuencia de una actividad propia -un referéndum que organiza él- a un resultado que exige una reforma constitucional, sin cumplir los requisitos de una reforma constitucional. Lo contrario implicaría admitir por la puerta de atrás una reforma constitucional con menos requisitos (si el Estado debe entenderse vinculado por el resultado) o con eficacia ligth (si solo debe entenderse vinculado un poquito…). Ahora bien, si tras una reforma del art. 92 CE se previese expresamente un referéndum de este tipo, entonces no habría problema, porque se habría introducido una nueva vía de modificación constitucional a este limitado efecto. Ya lo hemos analizado en este otro post (“Los referendos catalanes y la reforma constitucional”).

Esto implica que, a diferencia de lo que ocurre en Canadá -en el que el referéndum es el primer paso y la reforma constitucional (con todos sus requisitos y garantías) el último- en nuestro caso todo tiene que ocurrir exactamente al revés. Primero se debe realizar una reforma constitucional para permitir un referéndum de este tipo, y luego celebrarlo, lo que además presenta mayores ventajas que el sistema canadiense, dado que los incentivos finales son más adecuados, como ha probado claramente el Brexit. Es decir, la posición que defendemos no solo es más fiel a las normas, sino que responde mejor a la utilidad y a los incentivos concurrentes.

Efectivamente. En Canadá un resultado afirmativo en un referéndum de independencia no cierra el proceso, sino que lo abre, con todas las incertidumbres que tal cosa plantea. Las partes se comprometen a negociar de buena fe, pero puede ocurrir que otro Estado de la Federación considere que las condiciones de separación no le convienen y vete el proceso. Quebec se tendría que aguantar o renegociar condiciones peores a las anunciadas en el referéndum, con la frustración correspondiente en cualquiera de los casos. Por eso, es mucho más conveniente que el referéndum se realice al final del proceso con perfecto conocimiento de las consecuencias del resultado. Si el Brexit nos ha proporcionado una dura lección, no es la de la improcedencia de los referendos en esta época de representación política de baja calidad, sino más bien la del enorme cuidado que la representación política debería tener a la hora de convocarlos (lo hemos tratado hace poco). Si nosotros convocamos el referéndum ahora y sale que sí a la independencia de Cataluña, quedaría todavía pendiente una reforma constitucional compleja que puede terminar resultando inviable, dando así al traste completamente con esa decisión.

En el caso del Brexit la gente fue a votar sin conocer las condiciones de salida, que ahora dependen de la incertidumbre de una difícil negociación entre el Reino Unido y una UE de 27 Estados en el que las decisiones se toman por unanimidad, y que al final pueden no tener nada que ver con lo que los electores tenían en mente cuando fueron a votar. No resulta extraño que voces tan autorizadas como The Economist hayan propuesto que una vez que se conozcan esas condiciones debería votarse otra vez (dando pie así a un posible exit del Brexit).

Pero lo peor no es la incertidumbre, el votar a ciegas y el riesgo de frustración, sino los incentivos concurrentes a la hora de formar la voluntad de los electores en el caso de que el referéndum esté al principio y no al final. Esto lo hemos comprobado también en el caso del Brexit. Cuando la votación está al principio y la negociación está después, de tal manera que sea incierto el propio resultado del proceso o sus condiciones principales, el elector presenta menos aversión al riesgo (por definición más desconocido), mayor tendencia a delegar la responsabilidad (en los políticos que deben concretar la opción elegida) y, sobre todo, es más proclive a votar por razones estratégicas que no tienen directamente que ver con la cuestión que se les somete a decisión (castigar al establishment, derrocar a un Gobierno, forzar una renegociación ventajosa, etc.).

El Brexit lo ha demostrado. Por eso no comentamos el mismo error. Puestos a plantear una Ley de Claridad a la canadiense reformemos primero la Constitución para definir perfectamente las condiciones del referéndum (mayoría necesaria, plazos, cuerpo de electores, preguntas admisibles, etc.), y también las condiciones de salida (plazos, cuestiones fiscales, régimen fronterizo, periodos transitorios, etc.), de tal manera que cuando la gente vaya a votar lo haga con perfecto conocimiento de causa y sabiendo que, definitivamente, no habrá exit del Catexit.

¿Qué perjudica más a los ciudadanos la corrupción o la incompetencia? La gestión de la Gran Recesión por la Generalitat de Cataluña

¿“Una mala gestión de los recursos públicos es la garantía de que la ciudadanía no encontrará nunca satisfacción a sus necesidades. Si no se administran rigurosamente y con austeridad, con un plan de prioridades basado en el interés común y con una especial dedicación a la economía, base del bienestar general, los ingresos se perderán por resquicios, cada vez más numerosos, sin que nunca lleguen a su destino final”

 

Cuando se extendió nuestra gran crisis, mientras buena parte del sector productivo privado inició una profunda reconversión, este camino no fue seguido, en general,  por nuestro sector público.

No fue  el caso de Navarra, sus buenos datos en empleo y reactivación no eran casuales. Navarra fue la primera  comunidad en aprobar un plan específico contra la crisis, a mediados de 2.008, que se sustentaba en la reducción de gastos de la administración, el incremento de la inversión pública y la adopción de planes sectoriales. Así fue la primera administración en aprobar un plan renove para turismos y vehículos y para autónomos.

En enero  de 2.009, crearon una comisión anticrisis integrada por el Gobierno de Navarra, el Partido Socialista de Navarra, la Confederación de Empresarios y los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Los navarros no sólo demostraron una mejor capacidad de análisis y de la gestión de la crisis sino una mayor madurez democrática, parecían de otro país. Los que siguieron el ejemplo navarro también obtuvieron mejores resultados que el resto.

Uno de los casos de más grave incompetencia se dio en Cataluña.

Mientras duró el boom inmobiliario, los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos debidos a su expansión .Cuando, a partir del primer semestre del 2.006, estalla la burbuja inmobiliaria los gastos continuaron creciendo desviándose de los ingresos. Los gestores públicos estuvieron gastando hasta el 2010, como si la burbuja inmobiliaria no hubiera concluido.

A la incompetencia en el diagnóstico y por lo tanto, en el tratamiento de la crisis, se sumaron los graves defectos estructurales derivados del sistema de gobierno múltiple de partidos con programas diferentes y hasta contradictorios.

En esas condiciones, es muy difícil pactar un programa de gestión pública que ajuste los gastos sociales a los ingresos y estimule la economía con medidas en favor del sector productivo para recuperar el nivel de empleo y de renta,  destruidos por la crisis inmobiliaria y más si sus principios ideológicos son contradictorios con esos objetivos.

Asimismo, este reparto político, no técnico, de carteras impide que estas sean dirigidas por los más competentes .No es  extraño que se adjudique la gestión de departamentos a personas sin ninguna preparación profesional.

La manera de evitar fracturas que pongan en riesgo la continuidad de una coalición de estas características, es la de no tratar temas que puedan generar conflictos entre ellos, así queda paralizada una parte importante de la gestión.

Para que esto no se note demasiado, los dirigentes políticos se convierten en máquinas de distracción popular con mucho cuento, mucha memoria histórica, especialmente sobre la Guerra Civil que encienda pasiones y controversias, mucha revisión de errores y gastos de los anteriores, continuos gestos que llaman la atención pública y promesas de imposible cumplimiento. Mucha mirada al pasado y poca al futuro para intentar resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía. Se promocionaron con la crítica y luego continuarán con la misma.

En definitiva, espectáculo permanente, mucha propaganda y poca gestión y sin pulso económico, como los problemas y la falta de recursos van aflorando, más deuda e impuestos.

El problema del desplazamiento de la responsabilidad al exterior es enormemente dañino en todos los campos, porque oculta las fuentes internas de los problemas y al no corregirlos, hace insolubles las carencias.

A consecuencia del “cambio ideológico”, las condiciones de competitividad del sector productivo fueron empeorando durante este periodo, de manera que un buen número de empresas y particulares se deslocalizaron tanto al exterior como en el interior, buscando un marco legal y fiscal más favorable para sus patrimonios y sus productos.

Se paralizaron muchas actividades empresariales e inversiones en infraestructuras productivas ante el desacuerdo entre los componentes del tripartito, por la visión “ecológica y social” de una buena parte de sus miembros.

Esta despreocupación por la economía y el nivel de vida de los ciudadanos, es lo que da explicación a que, en un estudio de FUNCAS sobre el comportamiento de las autonomías en la crisis económica, Cataluña tuviera unos resultados peores que los de las autonomías que mejor la aguantaron (Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León), presentando un mayor deterioro en la evolución del paro y de la pobreza económica que la mayoría de ellas.

Una constante fue la mala gestión pública hasta en la época en que más  se habían reducido los ingresos.

En marzo del 2.008, Mas denunciaba que “al dejar CIU el gobierno, había en la Generalitat ,129.510 personas contratadas, sin contar las empresas públicas, ahora la cifra se ha elevado hasta las 178.948…y entre ellas hay 5.000 personas más que trabajan en los servicios centrales de las consellerías colocadas por el tripartito. Mientras, en 2003, había 149 altos cargos y 227 puestos para personal eventual de confianza, ahora hay 236 altos cargos y 323 eventuales. Y la cifra de empleados públicos fue creciendo hasta el cambio de gobierno (informe PIMEC 5/2012). CIU denunciaba, a finales de julio de 2010, que entre abril y julio se habían realizado 758 nombramientos, en contra del decreto de ahorro y medidas anticrisis.

De Sala i Martin, en su conocido artículo sobre “ El rescate de Catalunya”, recortamos el siguiente texto” Todos sabemos la lista de malgasto : construcción de aeropuertos y otras infraestructuras absurdas, despilfarro masivo en un Forum de las Culturas lamentable, aumento del gasto sanitario como si la bonanza tuviera que durar toda la vida, cartillas para todo el mundo, contratación de amigos, parientes y afiliados (“la menjadora”), encargos de estudios de consultoría, campañas de publicidad con fines electorales, estaciones de metro decoradas por los mejores y más caros arquitectos y diseñadores del mundo y hasta algún conseller sostenible y solidario diseñando su propio edificio de oficinas al estilo Feng Shui, cargando unos 42 millones de euros al contribuyente . Todo esto, en lugar de invertir en la competitividad del país y preparar a estudiantes, trabajadores y empresarios a encontrar alternativas si algún día llegaba  la crisis. Resumiendo: una vergonzosa demostración del escaso respeto que el Govern de la Generalitat tenía por el dinero del contribuyente”

Antoni Castells desvió el origen del déficit al modelo de financiación pactado en 2001 por Jordi Pujol y Aznar , Mas respondió que fue un modelo que dio buenos frutos hasta 2007 y que la situación deficitaria se debía al aumento desmesurado de los gastos de la actual Administración.

Como se pudo comprobar con la aprobación del nuevo sistema de financiación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el origen del problema estaba en la mala gestión pública.

El 15 de julio de 2009, día de su aprobación,  “La Vanguardia” recogía un artículo de Nuria Bosch “ Una buena financiación” que coincidía con el comentario de conseller de Economía Castells “el acuerdo permite desarrollar el Estatut en toda su potencialidad y .. los ingresos de la Generalitat procederán casi en exclusiva , en un 96 por ciento, de los impuestos que pagan los catalanes. con el nuevo modelo Catalunya avanza hacia un modelo federal . La Generalitat destacaba que “por primera vez los recursos per cápita de Catalunya se situarán por encima de la media de las autonomías”. En el detalle de ingresos no financieros del presupuesto de 2011, el subtotal de tributos cedidos parcialmente ( IRPF,IVA y resto) daba un salto del 56%, pasando de 9.375,9 millones en 2010 a 14.667.1 en 2011.

Cuando, en el 2.010 se produce el relevo y accede  Artur Mas a la presidencia, le dejan una herencia catastrófica en endeudamiento, déficit público y paro. En cuanto al gasto por habitante, en el 2009, llegó a su máximo, 3.209 euros y encima, mucho por pagar. No sólo quedaron sin liquidar ingentes cantidades de facturas pendientes,  además en un informe de la Sindicatura de Comtes de 20 de marzo de 2013, se desvelaba que el Govern de Montilla dejó en 2010 por obras, una deuda de 79.502 millones de euros, en 4 años el importe se había triplicado ( 25.543 en 2006)

En ese momento, se produce un hecho que resulta difícil de explicar. No se acertó en denunciar las causas y los responsables de la gravísima situación económica recibida que hacía prácticamente inviable el futuro de la institución que presidía.

Los gastos de la Generalitat, en 8 años se duplicaron, pasaron de 16.081.39 millones de euros en 2.003 a 32.518,73 en el 2.010, la deuda se triplicó de 10.918 millones a finales de 2.003 a 32.974 millones a finales del 2.010, cuando los efectos de la crisis estaban golpeando a la sociedad  más dramáticamente.

Hubiera bastado que recuperaran los datos de las dos legislaturas anteriores al 2.003, para demostrar que los  gestores de su partido, a pesar de que la reactivación de la economía no comenzó hasta el final de la primera legislatura,  dejaron a la Generalitat con una situación saneada y un endeudamiento controlable(1.997-9.250 millones,2003-10.918)  y con unas cifras de empleo, crecimiento económico e inversión públicas  notables.

Si en ese momento, hubieran denunciado la situación heredada y aplicado las mismas reformas a las que se han visto obligados todos los gobiernos, es muy posible que hubieran consolidado su base de votantes.

Todo ello facilitó que al día siguiente de los primeros recortes sociales para reducir el déficit, sus causantes se convirtieran en los principales promotores de la protesta social ante la necesaria intervención , echándole la culpa “al cirujano” con el objeto de ocultar su responsabilidad.
Si, como hemos comentado anteriormente,” el político que quiere más a su pueblo es el que le cobra los impuestos justos, ejecuta un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad”, los gestores de la Generalitat demostraron, hasta la saciedad, que no tenían este perfil.

¿Tiene solución jurídica el conflicto entre instituciones centrales y catalanas?

 

Es conocida la deriva rupturista del independentismo catalán, con decisiones de enorme gravedad para el Estado y la unidad nacional.

Cuestión fundamental es decidir cómo debe reaccionarse frente a tales decisiones. Hasta ahora las instituciones centrales y, en particular, el Gobierno han recurrido a medidas principalmente jurídicas, confiando en que las mismas serán suficientes. Pero ¿es cierto esto?, ¿cabe esperar razonablemente que el profundo divorcio vaya a pacificarse mediante remedios procesales?

Para ello, y aunque resulte fatigoso, deben recordarse brevemente los hechos y las reacciones que jalonan este proceso. El primero fue la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013. Pese a que se trataba de una resolución parlamentaria, sin fuerza legal, el Gobierno la impugnó. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón: primero suspendió dicha declaración y luego  (STC 42/2014) la declaró nula. Cualquiera que sea la opinión que merezca esta sentencia, lo cierto es que no paró los pies al secesionismo catalán, pues seis meses después se aprobó la ley catalana de consultas referendarias y, casi simultáneamente, un decreto de convocatoria de una consulta a celebrar el 9 de noviembre de 2014 y en la que se debía responder a una doble pregunta (¿quiere usted que Cataluña se convierta en un estado? y en caso afirmativo ¿dicho estado debe ser independiente?). O sea, se trataba de decidir sobre la secesión de dicho territorio pura y simplemente.

De nuevo respondió el Gobierno impugnando la ley y la convocatoria de la consulta. En febrero de 2015 y en un tiempo inusualmente breve, el Tribunal Constitucional volvió a dar la razón al Gobierno y declaró la nulidad de la ley y de la consultaen unos términos inequívocos (SSTC 31 y 32/2015).

Visto lo terminante de estas sentencias, se habría esperado su cumplimiento diligente por una autonomía que forma parte del Estado constitucional. Sin embargo, en modo alguno fue así. Como doblando la apuesta, la Generalidad catalana a través de diversos subterfugios organizó una pseudo consulta con el mismo alcance que la anulada para el mismo día. El Gobierno central volvió a reaccionar con rapidez impugnando esta vía de hecho ante el Tribunal Constitucional. Nuevo asombro: la consultó se celebró, bien que en condiciones muy irregulares, y ello después de que este tribunal declarase la suspensión de esta vía. Meses después la STC 138/2015 tuvo que conformarse, ante los hechos consumados, con una nulidad más teórica que otra cosa.

Este desafío catalán fue replicado desde las instituciones centrales con una nueva ofensiva: la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional  para reforzar sus poderes ejecutivos. En concreto, se le habilitó para exigir información sobre el completo cumplimiento de sus fallos, pudiendo llegar a disponer multas y suspensiones a las autoridades y funcionarios que no lo hiciesen.

¿Sirvió esta reforma para disuadir a los gobernantes catalanes? Desgraciadamente la respuesta vuelve a ser negativa. Apenas un mes después (el 9 noviembre de 2015) el Parlamento catalán aprobó una nueva resolución  en la que se declaraba el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república y en la que, proclamándose  depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reiteraba que no se supeditaría a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional. O sea, se ratificaba en su estado de rebeldía.

La reacción central fue la misma que en los casos anteriores y con los mismos resultados: impugnación ante el Tribunal Constitucional, que decreta la suspensión de la resolución y pocos días más tarde su nulidad (STC 259/2015).

Los hechos posteriores parecen seguir lo que ya es un guión fijo y repetitivo: el Parlamento catalán decide crear una comisión de estudio del proceso constituyente, a lo que el Gobierno central responde planteando un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. Y días después se crea un Departamento asuntos exteriores en Cataluña, lo que lleva al Gobierno central a formular un conflicto de competencias. El Tribunal decreta entonces la suspensión de dicho departamento. A la vista de lo anterior, lo que hace la Generalidad es modificar la denominación de dicho departamento. Pero esto, a su vez, provoca un enésimo incidente de ejecución suscitado por el primero.

Podría alargarse este recuento con el extraño intento de creación de tres ponencias en el Parlamento catalán para la redacción de las llamadas leyes de desconexión, que ya se citaban en la resolución de 9 noviembre de 2015. Sin embargo, las mismas parecen hoy por hoy navegar en un limbo jurídico que dificulta su comentario.

Los hechos relatados transmiten la impresión de que estamos asistiendo a una representación del juego entre el ratón y el gato. Hasta ahora el primero ha encontrado un hueco o una argucia para escapar del segundo y, por tanto, el resultado ha sido infructuoso para este.

La cuestión no tendría excesiva importancia si solo fuese un juego. Desgraciadamente no es así, pues se está ventilando la secesión unilateral de parte del territorio nacional. En cada lance mencionado el Estado ha salido humillado, pues no consigue hacer efectiva su teórica soberanía. De este modo, el resultado no puede ser más contraproducente: el Estado debilitado y en la misma medida fortalecido el secesionismo. Pinta mal.

A la vista de lo anterior, cabría preguntarse si la vía escogida de impugnaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional, al que se le obliga a realizar una función distinta de aquella para la que nació, es la que se necesita. Posiblemente, junto a tantos desafueros, hay un problema político que demanda una estrategia acorde. Una reflexión urgente se impone.

El Congreso Estatal y la tergiversación política del lenguaje.

“-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.

-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

-La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda…, eso es todo“. (Alicia a Través del Espejo. Lewis Carroll).

 

Recibo por diversas redes social el anuncio de estar preparándose en Cataluña un llamado Congreso “Estatal” Interprofesional, en este caso sobre mediación, aunque podría tratarse de cualquier otra materia. Semejante adjetivo en el nombre del evento me chirría con estruendo. Y casi más que semejante título se imponga y se acepte por tantos como un hecho consumado y asumido.

La deformación del lenguaje ha sido siempre un útil instrumento de dominación política. Y ampliamente utilizado como tal, y no sólo por los totalitarismos, aunque sí especialmente por éstos. Al cabo las palabras configuran nuestra percepción de la realidad, porque no sólo definen y delimitan hechos y conceptos, sino que con frecuencia no son inocentes, los valoran o desvaloran, e incluso los transforman. No es lo mismo “golpe de estado” que “alzamiento”, por ejemplo, ni “militante” que “subversivo”. Sin embargo la búsqueda de la la neutralidad en los términos usados, por difícil que sea el reto, es una exigencia de cualquier discurso que quiera ser intelectualmente honesto.

La guerra de las palabras.

Esa neutralidad no es objetivo ni de publicistas ni de propagandistas. Para estos últimos el premio de imponer su terminología es demasiado suculento, pues desactiva a cualquier oposición al obligarla a jugar con trampas, con las armas trucadas a favor del hegemónico. Por eso abundan los buhoneros políticos que a través de palabras viciadas tratan de colarnos su mercancía averiada. Y por eso uno no tiene más remedio que estar permanentemente en alerta. No hacerlo y aceptar esas trampas, la tergiversación del lenguaje, con sus líneas rojas de corrección política (aunque incorrección semántica), sea por pereza mental o por instinto de rebaño, significa la rendición al manipulador antes siquiera de comenzar el debate. Una traición al pluralismo y, por tanto, a la libertad.

En esas trampas del lenguaje nuestros nacionalistas periféricos se han empeñado desde hace muchos años, con el éxito que les ha facilitado el control de la educación, de los medios públicos e incluso privados de comunicación, y de esas grandes porciones de la sociedad que tienden a mimetizarse con los que en cada momento perciben como los más poderosos. No es casualidad. Podrá discutirse sobre la raíz más o menos totalitaria de los nacionalismos, pero parece indudable que algunos presupuestos (o mitos) los asume como indiscutibles. Como el de la identidad colectiva (nacional) como esencialmente configuradora de la personalidad de cada individuo. O el sentido victimista de esa identidad, que sienten permanentemente puesta en peligro incluso de exterminio por ese enemigo exterior que no cesa y que el nacionalista necesita tanto para justificarse. Ante lo que ellos perciben como un combate (social, cultural y político) ante un enemigo exterminador tan perverso, y dotados de esa convicción de la superioridad moral de su posición, todas las armas les parecen legítimas. También la mentira y la tergiversación. Y de ésta no han de librarse tampoco las palabras.

El nacionalista suele definirse a sí mismo como defensor y conservador de su identidad. Pero en realidad es necesariamente un transformador de la realidad social. Para que ésta deje de ser lo que hoy es, el para ellos decadente producto de la labor corruptora en su identidad que ha conseguido el enemigo exterior, España. Para llegar a ser “lo que debe de ser”. Es decir una nación liberada con lo que consideran que es su atributo esencial, un pueblo por fin reintegrado plenamente en su conciencia nacional. Y purgada para ello de lo esencial de aquellas impurezas de mesticismo cultural.

Empacho de estatal.

Una de las manifestaciones de esta peculiar guerra de las palabras ha sido el empeño por transformar el significado del sustantivo “Estado” y de su adjetivo “estatal”. Una curiosa superstición les impide pronunciar la palabra “España”, como si ello ayudare a su proyecto de secesionarse de ella. Como de alguna manera han de referirse a “la cosa”, se ha acuñado esa expresión horrísona de “Estado español”. Como si así la nación enemiga quedara así desprovista de alma y reducida a una estructura de dominación sobre un determinado espacio del globo. Como si así su realidad se difuminara y su peligro se evaporase. El adjetivo “español” es objeto de la misma autocensura, y es sustituido por “estatal”, excepto para definir a “la bicha” (incluso para ellos la expresión “Estado estatal sería demasiado ridícula).

Pero resulta que las cosas significan lo que significan, no lo que algunos que mandan quieren que signifiquen. En los países federales “estado” suele ser el nombre de las porciones de territorio federados. Y esa denominación tiene así un significado geográfico. Uno puede pasar la frontera entre los estados de Arizona y California, por ejemplo. O contar que se ha recorrido el estado de Alabama sin causar extrañeza.

Sin embargo en los países no divididos en “estados” esa palabra está referida a su  estructura administrativa y a lo que de ellas depende. Una “empresa estatal”, por ejemplo, es una empresa de propiedad pública. Y aun hoy una gran mayoría, incluso en los territorios de hegemonía nacionalista, entiende que no se puede denominar así a un empresa privada española. Incluso los más militantes en este combate no creo que comenten que se han ido de vacaciones al Estado alemán, o que han visto por televisión las terribles inundaciones que han afectado al Estado polaco. Parece que ni siquiera con los países que, especialmente ellos, pueden considerar como más plurinacionales se incurre en esa cursi deformación. Yo, al menos, no les he escuchado decir que acababan de estar en el Estado belga, o cosas parecidas.

Lo más sorprendente de este fenómeno es que el carácter malsonante o políticamente incorrecto de la palabra España y su adjetivo se haya asumido críticamente por un amplio sector de la izquierda. De la tradicional y, muy especialmente, de esa nueva izquierda, de cuyo líder, por ejemplo, existe un vídeo que puede encontrarse en las redes, en el que confiesa no poder pronunciar esa palabra maldita. En ellos el prejuicio de que todo postulado nacionalista (sólo si es de un nacionalismo centrífugo, por supuesto), incluso el más extravagante, merezca gozar de la presunción (iuris et de iure) de progresista parece buena prueba de su naufragio ideológico.

Yo no quiero equiparme ni al nacionalismo ni a sus emuladores en la adoración de falsos mitos. En contra de lo que los nacionalistas de todos los signos creen y (peor aún) sienten, las naciones en su actual configuración no son entidades naturales y trascendentes, sino meros accidentes de la Historia. Basta con mirar mapas históricos para comprender que han cambiado y con toda probabilidad seguirán cambiando. Pero mientras tanto haríamos bien en poder referirnos a ellas utilizando las palabras correctas.

Encuentro buenos motivos, que he tratado de exponer, para no rendirme a así a la tergiversación del lenguaje, ni hacerme cómplice de quien la promueve y de sus fines liberticidas. Por eso no iré a ese “estatal” Congreso. Precisamente el fomento de la propia responsabilidad es uno de los pilares de la mediación. Y con eso también me gustaría ser coherente.

“Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad”. (Confucio).

HD Joven: Joan Tardà y la pervivencia del mito de 1714

Joan Tardà, diputado en el Congreso por ERC, realizó un discurso enérgico y muy claro en la fallida sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez. Sin embargo, más que su impetuosa valoración acerca de la actualidad y el futuro de la política española y catalana, es la irrupción de la historia en un momento de la intervención lo que llama mi atención: “…en el año 1981 llegó el portazo […] a una verdadera reconciliación entre Cataluña y España 300 años después de habernos aplicado el Decreto de Nueva Planta por el que se anexionaba Cataluña al reino de Castilla invocando al derecho de conquista”. No sería el único “recurso histórico” al que acude Tardà: “…somos un país anexionado y el paso de los siglos no ha hecho prescribir los derechos de Cataluña sobre su soberanía”. Sigo el resto de su exposición un poco perplejo: lamentablemente, Joan Tardà no es el primero ni tampoco el último político que recurre a la historia de una forma sesgada y mitificada para justificar y argumentar proyectos políticos. Los nacionalismos necesitan de elementos emocionales, de mitos, que cohesionen y den sentido al colectivo, a la nación. El nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, se ha edificado sobre ficciones históricas, pero, ¿qué tiene 1714 para que se emplee de forma tan recurrente? Debemos puntualizar, antes de comenzar, que el suceso del asedio de Barcelona por las tropas borbónicas pasó desapercibido o falto de consideración hasta muy a finales del siglo XIX, cuando se rescata la figura de Rafael Casanova, líder de la resistencia, y se establece el día 11 de septiembre como día festivo y conmemorativo nacional catalán. Es por tanto un referente muy tardío, y sólo se consolidará popularmente al institucionalizarse de forma oficial con la democracia.

La primera cuestión en la que debemos detenernos es en los actores y en el propio sentido de la Guerra de Sucesión española: en ningún momento fue un conflicto entre España y Cataluña ni tampoco un movimiento de secesión o independencia catalana de la Monarquía hispánica. Se trató de un conflicto entre los partidarios del heredero al trono, como así se recogía en el testamento de Carlos II tras su muerte en 1700, el Borbón Felipe de Anjou, y los del archiduque Carlos de Austria. El propio archiduque se intitulará siguiendo la numeración castellana como Carlos III. Tampoco podemos caer en la reducción simplista de circunscribir territorialmente a las facciones dinásticas, pues en Castilla fue tan importante la presencia de austracistas como de borbónicos en los reinos de la corona aragonesa. Esta guerra sucesoria, de ámbitos y escenarios internacionales, se cierra para España con los acuerdos alcanzados en el Tratado de Utrecht de 1713. Pero, ¿por qué Cataluña mantiene la lucha de forma aislada y solitaria hasta 1714?

Retrocedamos en el tiempo hasta 1701 y 1702 cuando, tras ser aceptado sin problemas por los castellanos, las Cortes catalanas consiguen todas las concesiones y prerrogativas planteadas al recién jurado rey Felipe V. ¿Qué es lo que hace que la élite dirigente catalana “se pase” al bando del archiduque Carlos cuando arriban las tropas austracistas a Cataluña en 1705? Probablemente, el mal recuerdo que se retenía en ciertas regiones como resultado de las continuas guerras contra Francia era una reacción lógica ante la dinastía borbónica. Sin embargo, el factor determinante no estuvo en las opciones y preferencias políticas de la sociedad, sino que lo encontramos en la indefensión de las ciudades ante la capacidad militar de los combatientes. No había en Cataluña una posición mayoritaria a favor del archiduque: la ocupación de Barcelona por los austracistas en 1705 propició la salida de entre 6.000 y 9.000 catalanes borbónicos de la ciudad. Felipe V vería en esta “rebelión” un delito de lesa traición que no estaba dispuesto a pasar por alto, lo que, unido a las experiencias de la supresión de fueros en Aragón y Valencia en 1707 -matizadas y corregidas posteriormente-, no favoreció a que los catalanes valorarán la posibilidad de aceptar a Felipe V como rey. Sin embargo, este posicionamiento dejará de tener sentido, primero, tras la marcha del archiduque a Viena en 1711 para convertirse en emperador y, posteriormente, tras el descabezamiento del movimiento austracista como consecuencia de Utrecht: el austracismo como opción política había fracasado. Siguiendo en la línea de los Tratados de Utrecht, en uno de los acuerdos llegados entre España e Inglaterra se daba la posibilidad de amnistiar a todos los catalanes participantes de la guerra, además igualar sus privilegios a los de los castellanos. Esto hubiese implicado, por ejemplo, la participación de la burguesía comercial catalana en el comercio indiano, rompiendo el monopolio sevillano.

No obstante, en julio de 1713 serían rechazados los acuerdos del Tratado de Utrecht por las Corts catalanas y se declaraba la guerra a Felipe V. Rafael Casanova figura conmemorada en cada Diada, fue uno de los líderes de esta resistencia inútil que arrojó unas cifras de muertos y niveles de destrucción material del todo evitables. La historiografía suele estar de acuerdo en cuanto a las cantidades, muriendo alrededor de 6.000 austracistas y entorno a 10.000 soldados del ejército borbónico. Aquí debemos valorar el papel que juega la resistencia catalana y sobre todo de Barcelona frente al rey en este asedio, pues el papel “victimista” que el nacionalismo le ha atribuido es del todo discutible a tenor de las cifras. Por otro lado, hay que tener presente que entre los miles de defensores muertos, no sólo había catalanes, sino austracistas procedentes de Aragón, Valencia o Castilla. Vuelve a ponerse de manifiesto que el conflicto distaba mucho de ser un movimiento nacionalista catalán y sus postulados.

En cuanto a la Nueva Planta de 1716 y sus consecuencias, en el ámbito político, si bien se produce una supresión de las instituciones catalanas, no es Felipe V quien suprime la Generalitat, sino que había sido asimilada por el Consell de Cent al controlar todo el poder de Cataluña ya desde el asedio de barcelonés. Desde el punto de vista de la fiscalidad aunque, efectivamente, se produce un aumento impositivo, hubo una mejor distribución y eficacia en tanto en cuanto la administración borbónica mejoró su organización -como novedad, se grava fiscalmente al estamento eclesiástico-. Comparativamente y con todas sus connotaciones, la Nueva Planta catalana fue más indulgente con la que se aplicó, por ejemplo, en Valencia -Cataluña mantuvo su derecho civil-. Hay que mencionar la presencia militar en Cataluña, mayor en número de efectivos y de mayor extensión temporal que en otros territorios. Algo lógico si nos atenemos a lo expuesto anteriormente. Los nacionalistas han querido ver aquí la opresión política y cultural de un país, una imagen muy del todo equívoca. No podemos perder de vista que los Estados modernos no se constituyen de la misma forma que los Estados contemporáneos que surgen de las revoluciones liberales. El Estado moderno y su organización social es heredera del mundo medieval: los lazos de feudovasalláticos siguen teniendo vigencia en la vertebración social y política. Por tanto, la aplicación del derecho de conquista responde al delito de lesa majestad, es decir, se justifica el derecho de conquista en tanto en cuanto hay un cuestionamiento de la autoridad del rey en su territorio.

Otro aspecto a tener en cuenta de la Nueva Planta es la lengua, la castellanización cultural de Cataluña, proceso que venía desarrollándose durante los siglos XVI y XVII por el propio peso económico, demográfico e institucional castellano en el conjunto de los territorios de la Monarquía hispánica. No podemos olvidar también, que la lengua de la corte del archiduque Carlos era el castellano.

Por último, debemos hablar del despegue económico que se va a producir en Cataluña durante el siglo XVIII. Si bien la terrible y desastrosa presión fiscal de la Monarquía durante el siglo XVII no alcanzó de igual forma a los territorios de la Corona de Aragón que a los castellanos, esto le permitió capear con mejores garantías el contexto de crisis económica. El siglo XVIII será para Cataluña un siglo de expansión económica, y los cambios que introdujo la nueva dinastía borbónica en la administración influirían positivamente en ellos.

En conclusión, el relato que el nacionalismo ha creado de la Guerra de Sucesión, sus consecuencias y del sitio de Barcelona de 1714, es una historia falseada, mitificada, realizada desde un tono victimista, repleta de prejuicios, presentismos y odios hacia “lo español”, que en absoluto se corresponde, como hemos podido ver de un modo muy somero, con la realidad histórica. Todo ello, para sustentar una idea nacional del todo irracional y desfasada, en un mundo que tiende hacia agregaciones políticas superiores en lugar de procesos de disgregación y ruptura. No niego con ello que en Cataluña exista una identidad particular que entiendo, además, debe ser reconocida. Pero no me parece de recibo que se utilicen los recursos, los canales y los espacios públicos para fomentar el odio y la división de una forma tan burda como lo ha hecho Joan Tardà en la pasada investidura: algo no se debe estar haciendo bien cuando las pasiones dominan el rigor histórico en una sociedad como la catalana.

Cataluña: el Acuerdo Junts pel Sí-CUP, el Parlament y el Estado de Derecho

La verdad es que cuando iniciamos este blog hace ya 5 años en defensa del Estado de Derecho no esperábamos tener un caso tan espectacular como el de Cataluña que sin duda nos ocupará muchos posts sin contar con los que ya hemos escrito, que son unos cuantos. Aunque en la práctica la situación del Estado de Derecho no ha variado mucho desde las elecciones de 27 de septiembre de 2015 (pese al trepidante proceso de negociación culminado por fin ayer por la noche con la investidura como President de la Generalitat del número 3 de la lista de Junts pel Sí por Gerona, Carles Puigdemont)  las perspectivas son ciertamente alarmantes.

Aunque habrá tiempo para reflexionar sobre las razones políticas (suponemos que el miedo a unas nuevas elecciones en las que el independentismo y sobre todo CDC podían salir relativamente mal parados) que ha permitido alcanzar un acuerdo “in extremis”,  lo cierto es que lo que se inicia ahora es una auténtica huida hacia adelante en la que se pretende poner en marcha, más allá de las declaraciones, un proceso de secesión unilateral al margen de la legalidad vigente. Todo un reto, porque si los caminos de la legalidad ya son complicados y tortuosos en nuestro país, como hemos denunciado muchas veces en este blog, los de la ilegalidad lo son mucho más, y encima no hay guía posible.

En cuanto al extraño acuerdo su texto en castellano lo pueden encontrar aquí  No parece sencillo encontrar algo parecido en las democracias de nuestro entorno, con autoflagelación y cambio de diputados del grupo parlamentario de la CUP incluidos, pero puestos a innovar hay que reconocer que este tipo de procesos tampoco se han puesto en marcha en ningún otro sitio, al menos que nosotros sepamos. De Parlamento autonómico a Parlamento soberano en 18 meses y saltándose todas las normas –incluidas las que regulan las instituciones autonómicas- todo un reto. Difícil encontrar un manual de Derecho Político o Constitucional en que uno se pueda inspirar. Aunque es seguro que ya habrá dignos juristas independentistas que lo estén elaborando, lo más probable es que, como Indiana Jones en “En busca del Arca Perdida”, los secesionistas tengan que improvisar sobre la marcha.

Pues bien, según el acuerdo_ “La CUP-CC asume que la defensa en los términos políticos del proceso tal como la entiende la CUP-CC puede haber puesto en riesgo el empuje y el voto mayoritario de la población y el electorado a favor del proceso hacia la independencia en una negociación que ha desgastado ambas partes y la base social y popular del independentismo. Hay que reconocer errores en la beligerancia expresada hacia Junts pel Sí, sobre todo en lo relativo a la voluntad inequívoca de avanzar en el proceso de independencia y en el proceso constituyente que conlleva, único escenario de construcción de estructuras y marcos de soberanía que nos puede permitir, como sociedad, vislumbrar otras cuotas de justicia social y participación democrática. Por todo ello, la CUP-CC se compromete a reconstruir, a todos los efectos, la potencia discursiva y movilizadora de la etapa política que se inicia con este acuerdo, incluyendo la defensa activa de todos los agentes que lo hacen posible.”

En fin, volvemos a recordar, ahora en un tono un poco más serio que el del texto transcrito, que no hay democracia posible sin Estado de Derecho. En cuanto a los instrumentos disponibles para su defensa  son los que ya comentamos en este post y nos tememos que seguiremos analizando a lo largo de los meses que vienen. No hay más pero tampoco menos. También, dada la gravedad de la situación, son aplicables incluso por un Gobierno en funciones, aunque este punto lo analizaremos con más detenimiento en otros posts. Pero es evidente que el desafío es mucho más peligroso cuando proviene directamente de parte de las instituciones del Estado, como son las de una Comunidad Autónoma, caso en el que puede hablarse de un “autogolpe”  en la medida en que las primeras amenazadas son las propias instituciones autonómicas.

Cuando la policía roba, efectivamente, la situación es más preocupante que cuando lo hacen los simples ciudadanos, porque la policía está para defendernos de los delincuentes y los que ocupan cargos en las instituciones tienen como primera obligación la de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes (incluido el Estatuto de Autonomía). Por eso se juran o prometen de esta forma los cargos, no es una mera cuestión formal.  Otra cosa es que esas leyes y normas se pueden reformar, pero siempre de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos. Y si no se tiene la mayoría suficiente, pues hay que esperar a obtenerla o renunciar a esas reformas y conformarse con las que sí se pueden hacer: esas son las reglas de la democracia representativa. A estas alturas ya sabemos que no hay otro tipo de democracia posible.

Dicho eso, hemos defendido también muchas veces que la mejor solución para el problema de Cataluña sería seguir el camino señalado por el Tribunal Supremo Canadiense y su ley de claridad para el caso de Quebec.  Por supuesto que no es fácil pero tiene la enorme ventaja de permitir ir de la ley a la ley sin atajos que pueden conducir a caminos sin salida y a una enorme frustración.

Y puestos a acabar con una nota positiva si la CUP y Junts pel Sí se han podido poner de acuerdo en llevar a cabo una secesión unilateral ilegal ¿no debería ser bastante más fácil que todos los demás se pusieran de acuerdo para hacer una reforma constitucional? Tiene la enorme ventaja de que se puede hacer respetando el Estado de Derecho y atendiendo muchas de las demandas que han llevado a una parte de la población catalana a echarse en brazos del independentismo.