Los referendos catalanes y la reforma constitucional

La independencia de Cataluña (o de cualquier otra Comunidad Autónoma) requiere en todo caso una reforma constitucional. El necesario referéndum en el correspondiente territorio podría realizarse antes de esa reforma (el denominado consultivo en el artículo 92 de la CE) o después (en el caso de articularse al amparo de una ley de claridad estilo canadiense). En este post vamos a tratar los pros y contras de ambos escenarios.

El referéndum “consultivo”

El art. 92.1 señala que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Esta competencia aparece reservada al Estado en el art. 149.1.32 CE, pero se discute si sería posible su delegación a una Comunidad Autónoma al amparo del art. 150.2 CE (la Generalitat siempre ha defendido que sí). En cualquier caso, y a nuestros efectos, el tema no es muy relevante, porque la cuestión a debatir es si el Estado podría organizar un referéndum de independencia en solo una Comunidad sin reformar previamente la Constitución.

Aunque el artículo 92 no establece ningún límite material al respecto, el PP y el PSOE consideran que un referéndum consultivo sobre este asunto no podría realizarse únicamente en un Comunidad Autónoma, sino que tendría que ser nacional, frente a la postura contraria, que sostiene su perfecta constitucionalidad, mantenida por la Generalitat y defendida por algunos especialistas como Rubio Llorente. No voy a resumir los argumentos de unos y de otros, pero lo que parece claro es que solo podría ser admisible si el referéndum es genuinamente “consultivo”, es decir, si no implica efecto jurídico alguno, lo cual tampoco está muy claro, como veremos enseguida.

Pero admitamos como hipótesis su constitucionalidad. Para convocarlo se necesita que, a petición del Presidente del Gobierno, el Congreso apruebe la convocatoria por mayoría absoluta (arts. 2.3 y 6 de la Ley Orgánica 2/1980). No se requiere la intervención del Senado para nada, por lo que en la actualidad, pese a la oposición del PP y de Cs, el resto de grupos podría aprobar esa convocatoria.

Bien, imaginemos que lo hacen y que el referéndum tiene como resultado un sí a la pregunta de si se desea que Cataluña sea independiente. ¿Qué ocurre entonces?

Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. En primer lugar no sabemos exactamente qué efecto tendría este resultado. El carácter “consultivo” del referéndum previsto en el art. 92 CE no tiene un alcance pacífico en la doctrina constitucionalista. De hecho, ni siquiera lo tenía para los “padres de la Constitución” si nos fijamos en los trabajos parlamentarios de la Comisión (ver en este sentido el trabajo de Joan Oliver al respecto). De ahí que para algunos no vincule en absoluto (Alzaga), para otros solo cuando el resultado sea concluyente (Santamaría), mientras que para unos terceros vincularía en todo caso (Jorge de Esteban y López-Guerra). Controversia razonable, porque por muy consultivo que pueda ser un referéndum no deja de plantear dudas que la decisión del pueblo (titular último de la soberanía nacional) no vincule a sus representantes de alguna manera. Claro, que siempre cabría alegar en este caso que los catalanes no son aquí “todo el pueblo”, por lo que su carácter meramente consultivo y no vinculante quedaría reforzado.

Pero de nuevo, por razón del argumento y como mera hipótesis, imaginemos que adoptamos la tercera postura (o la segunda y el resultado es concluyente): ¿Qué implicaría esa “vinculación”? Pues en realidad poca cosa, desde el momento en que ejecutar ese mandato exige una reforma constitucional. Que esa reforma es imprescindible lo reconoce hasta la propia Generalitat en su informe de abril de 2015 sobre el “proceso” (aquí) y resulta obvio en cuanto pulveriza el Título VIII de la Constitución en un determinado territorio. El hecho de que su Título Preliminar no enumere las CCAA podría evitar una reforma agravada, pero en cualquier caso no la ordinaria.

Pues bien, en este escenario la previsible oposición del PP es insoslayable, tanto por su mayoría en el Senado como por su minoría de bloqueo en el Congreso. Sencillamente porque, aunque admitamos esa “vinculación” a los poderes públicos (que ya es mucho admitir), esta no puede conllevar que por una vía indirecta se alteren las precisas normas que para la reforma constitucional consagra el Título X.

¿Qué conclusiones entonces deducimos en el caso de seguir este procedimiento? Pues en mi opinión nos veríamos condenados a un absoluto desastre desde todos los puntos de vista. Veámoslo con un poco de detalle:

En primer lugar, un referéndum previo consultivo sin efectos decisorios genera todo tipo de incentivos perversos y conductas estratégicas (free rider), tanto para votantes como para partidos políticos. Como saben que su voto no será decisivo, es posible que, pese a no desear como primera opción la independencia, cedan unos y otros a la tentación de votar por el sí con la finalidad de mejorar su respectiva posición negociadora de cara al futuro. De tal manera que con un referéndum de este tipo ni siquiera sabríamos realmente cual sería la verdadera opinión de los catalanes.

En segundo lugar, este proceso generaría una enorme conflictividad política y jurídica, pues la convocatoria sería impugnada por los disidentes de manera inmediata ante el Tribunal Constitucional, al que una vez más se le obligaría a resolver la patata caliente política, para desprestigio de nuestras instituciones, que no están precisamente para servir de instrumento a las estrategias políticas de nuestros partidos.

Pero en tercer lugar, y esto es lo verdaderamente importante, esta vía totalmente muerta (en cuanto condenada a chocar con una reforma constitucional no negociada a priori) produciría una enorme frustración social que, sinceramente, creo que no nos podemos permitir en este momento de nuestra historia.

Todo ello aconseja aceptar (Sr. Iglesias) que, si somos serios, el único referéndum posible, en el caso de desear de verdad hacerlo, sería el decisorio que se celebre después de la reforma constitucional y no antes.

Los referendos decisorios derivados de una Ley de Claridad

Conforme a esta línea de actuación existirían dos referendos, uno nacional y otro autonómico.

En primer lugar habría que realizar una reforma constitucional con la finalidad de incluir en el Título VIII una opción de salida a la canadiense, siempre que se siguiese un determinado procedimiento y se cumpliesen unos determinados requisitos fijados por el Tribunal Constitucional de ese país, sobre los que hemos hablado en este blog en varias ocasiones (por ejemplo aquí y aquí). Así pues, la “Ley de Claridad” podría ser esa misma reforma sin necesidad de ulterior desarrollo legislativo, aunque no hay ningún inconveniente a que la reforma exija luego ese desarrollo.

La última fase de ese procedimiento de reforma constitucional (ordinaria) es un referéndum nacional siempre que lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 167.3 CE). No cabe duda razonable de que ese requisito va a concurrir en ese caso, por lo que el primer referéndum decisorio sería el nacional, con el fin de que el pueblo español en su totalidad, depositario último de la soberanía nacional, se pronuncie sobre su oportunidad.

Aprobada la correspondiente reforma, la Comunidad Autónoma que reúna los requisitos previstos en esa “Ley de Claridad” podría solicitar la celebración de otro referéndum autonómico, que sería –este ya sí- totalmente vinculante. Aquí no cabrían conductas estratégicas de ningún tipo. El referéndum sería el último paso de un largo proceso y no el primero (con todos los inconvenientes que tal cosa plantea) y en el caso de que el resultado fuese afirmativo conllevaría la independencia de manera inexorable.

Claro que para ello habría que lograr variar la oposición del PP, Cs y PSOE en este tema, sin cuyo acuerdo no hay reforma constitucional que valga. Pero con ser eso siempre necesario (sigamos una vía u otra) hay que recordar dos cosas: que en esto consiste precisamente la democracia y el Estado de Derecho, y que las casas no se construyen por el tejado.

 

El poder de las palabras: la dialéctica nacionalista o la perversión del lenguaje

El nacionalismo catalán ha vuelto a dar una lección de su extraordinaria maestría en el manejo del lenguaje, y en el uso de las palabras. Denominar “desconexión democrática” a un proceso de secesión basado en la desobediencia de las leyes estatales y en la subversión del ordenamiento jurídico puede considerarse un hallazgo, de los muchos que hay en “el  proces”.

Todos sabemos que las palabras son capaces de despertar emociones. La lingüística y la filología estudian como hay palabras que transmiten sensaciones positivas a aquel que las escucha o las lee. Tecnología, ciencia, diálogo, democracia, consenso, amor, sonrisa,… son algunos ejemplos que predisponen al interlocutor a una actitud positiva. Otras, como autoritario, imposición, desolación o jerarquía producen el efecto contrario. Desde el inicio del proceso catalán, las palabras han jugado un papel clave.

El primer éxito fue fijar el debate allá en el año 2008 en el “derecho a decidir”. La expresión demuestra la maestría de la perfecta selección de las palabras, y el acierto en la definición de los términos del debate.  ¿Quién puede oponerse a que las personas puedan decidir su futuro?. Es un debate perdido. La historia nos muestra que los debates no siempre los ganan quienes cuentan con los mejores argumentos, sino los que saben fijar las preguntas y el marco en el que se desenvuelve. En el caso catalán, todos los intentos por reconducir la discusión a términos más racionales han resultado hasta ahora infructuosos, con un apoyo mayoritario de la sociedad catalana a este supuesto “derecho a decidir”, aun cuando no figure en ningún ordenamiento jurídico conocido aunque solo sea por su evanescencia. En los años anteriores, al igual que en el caso vasco,  se hablaba del “derecho de autodeterminación”, pero este derecho tenía el inconveniente de ser mucho más concreto y preciso, de aparecer en el Derecho internacional y por tanto permitir una derrota dialéctica del nacionalismo. Pasar del “derecho a la autodeterminación”, concreto y discutible, al “derecho a decidir”, evanescente e indiscutible,  es sin duda una genialidad dentro de la estrategia secesionista. El derecho a decidir es un derecho abstracto e inexistente jurídicamente, planteado sobre una afirmación irrebatible: todo el mundo debería poder decidir sobre su futuro.

Los términos correctos del debate deberían haberse situado en cuál es la base legal de ese presunto derecho, sobre qué decisiones permite que se tomen y sobre quienes son sus agentes. Pero es obvio que el debate nunca pudo plantearse en esos términos. Desde el inicio los términos quedaron falseados,  de manera que se trataba de discutir sobre si se estaba a favor o en contra de que los ciudadanos pudieran decidir democráticamente sobre su futuro. Planteado así,  estamos ante un debate perdido para los no nacionalistas. Partidos como el PSC rindieron de inicio sus banderas y se plegaron a la dialéctica nacionalista. El nacionalismo había ganado su primera gran batalla.

La segunda batalla se libró adulterando el significado de las palabras “diálogo” y “negociación”.  En un diálogo en que hay poco interés en llegar a un acuerdo, el interés se centra en no aparecer como el que ha roto los puentes de la negociación. Una oferta de diálogo y negociación nunca puede ser rechazada, porque lo importante es fijarse en lo que se está negociando: los términos de la independencia, o un modelo para mejorar la convivencia. Confundir el rechazo a la independencia con el rechazo al diálogo supuso la segunda victoria del nacionalismo. España se llenó de tertulianos y articulistas bien pensantes, y de promotores de terceras vías, que ahondaron en el éxito de la dialéctica nacionalista. La fuerza de palabras como “diálogo” es tal, que la mayoría de los autores, al escribir sobre Cataluña, sienten la necesidad de establecer una cierta equidistancia entre el nacionalismo independentista, y el inmovilismo del Gobierno central. Algo parecido a lo que sucedió en el País Vasco. La equidistancia revela en muchas ocasiones la necesidad que tenemos de apaciguar un sentimiento de culpa ante las ofertas de diálogo no atendidas. El problema es que nadie se pregunta en realidad sobre el posible contenido del diálogo. Basta con estar a favor o en contra.

La retórica de que España no ofrece alternativa a los catalanes también ha calado hondo en el ideario colectivo. La idea de que es España la que debe convencer a los catalanes de que se queden es nuevamente un manejo brillante del lenguaje. Dado que la soberanía reside en el pueblo español, el planteamiento esperable sería que Cataluña convenciese al resto de los españoles de las ventajas que para ellos reportaría renunciar a esa soberanía y permitir que Cataluña se constituya en un nuevo estado. Intentar convencer a esos ciudadanos acusándoles de ladrones, es una forma peculiar, que sin duda pone de manifiesto la superioridad en el manejo del lenguaje y de la situación que hasta ahora ha exhibido el nacionalismo catalán.

Con el concepto de desconexión democrática como un nuevo eufemismo de lo que solo puede considerarse un autogolpe de estado,  el nacionalismo muestra de nuevo su maestría al utilizar palabras que tranquilizan y transmiten la sensación de que algo que es democrático no puede sino traer venturas y ventajas. Nuevo éxito. Muchos medios se han rendido ante la palabra “desconexión” seguida del adjetivo “democrática”, que vuelve a transmitir la idea de proceso pacífico y legítimo, sin necesidad de enfrentamientos y aun menos de violencia. Al tiempo, los nacionalistas huyen de la palabra “desobediencia”,  aunque la desconexión la lleve inevitablemente consigo.

Utilizar sin miedo las palabras que permitan combatir la dialéctica nacionalista es un elemento esencial para intentar abordar con ciertas garantías un análisis minímamente riguroso de la situación actual. Muchos achacan al Gobierno central un inmovilismo incapaz de proponer alternativas a la ilusión generada por el proyecto independentista. Creo que la mayoría compartimos la necesidad de ese nuevo proyecto de país, pero no solo para Cataluña, sino para toda España. Aún así, creo que el mayor error cometido por los sucesivos Gobiernos nacionales ha sido el de la absoluta incapacidad de salir al paso de esta perversión del lenguaje en los términos que la dialéctica nacionalista ha impuesto desde hace muchos años. Esto ha permitido que los debates siempre hayan transcurrido en los términos amañados fijados por los partidos nacionalistas.

Estaría bien que en esta ocasión, políticos, intelectuales y medios de comunicación se sacudiera los complejos, y llamaran al proceso con el nombre que realmente le corresponde. Un autogolpe de estado y una desconexión sí, pero de las reglas de la democracia.

 

Reproducción del artículo de Ignacio Gomá en LD: “Crimen y castigo o Humillados y ofendidos”

Reproducimos a continuación el artículo publicado por nuestro coeditor Ignacio Gomá en Libertad Digital el día 9 de noviembre:

El 23 de septiembre del pasado año 2014 escribía en este medio un artículo que se llamaba “¿Es la independencia o seguir mandando?” en el que ponía sobre la mesa mis dudas sobre la intención de toda esta deriva independentista, al menos en la parte que se refiere a los que la lideran. Es evidente que sería excesivamente simplificador pensar que todos los actores de este sainete con ascendente drama tienen las mismas intenciones, pero parece bien traída la teoría (una teoría parsimoniosa que dicen los politólogos, porque explica muchas cosas con pocos elementos) de que lo que se trata ir dando pequeños pasitos, realizar pequeñas o grandes provocaciones cuyo objeto, más que molestar a los españoles y al Estado, es mantener una llama emocional en la que se pueda moldear, cual herrero el hierro incandescente, el sentimiento de la ciudadanía catalana, manteniendo el poder de una manera u otra todo el tiempo que sea posible hasta que pueda abandonarse sin peligro, en una huida hacia delante de tal calibre que a sus oponentes más les valga ceder que enfrentarse, en la creencia de que las soluciones que realmente se abren son sólo dos: o lograr la independencia u obtener unas concesiones tales que permitan a los dirigentes aparecer ante la opinión pública como triunfadores, por lo que tendrían siempre una carta ganadora.

Y todo ello contra la ley, por supuesto, pero también contra la lógica y la aritmética, porque ni el pseudoreferendum significaba nada ni las elecciones pseudoplebiscitarias han proporcionado más resultado que la evidencia de que el mayor número de catalanes no está a favor de la independencia, y que la sociedad catalana es una sociedad profundamente dividida, lo que no es óbice para que la minoría se decida a emprender caminos sin regreso como si fuera una victoria indiscutible.

El penúltimo acto de esta tragicomedia es la votación del inicio de la desconexión por el Parlamento catalán que, haciendo buena mi teoría parsimoniosa, va inmediatamente seguida de una alocución del presidente Mas en la que en definitiva viene a decir que de lo acordado no hay nada si el no sigue de presidente, porque “sin su investidura el proceso quedará encallado, si no hay sintonía entre el timón y las velas, este velero no podrá navegar”, como ha alegado, en burda metáfora.

Estas interpretaciones en clave política que hago están muy bien para comprender las cosas y para desdramatizar las consecuencias que pueden derivarse de ellas, en cuanto pareciera que una vez solucionado el problema coyuntural de política-de-regate-corto quedará desactivado el problema de fondo. Pero no es así, y regodearse en teorías a corto como explicación y en formalismos burocráticos como solución es muy peligroso. Primero, porque una vez infectado el cuerpo, las consecuencias de la infección no son fácilmente predecibles y la semilla irresponsablemente sembrada tiene ya, previsiblemente, vida propia.

Lo segundo que hay que decir es que esa interpretación política desdramatizadora tiene el inconveniente de que tiende a retrasar las decisiones, esperar vientos favorables, y hacer valoraciones políticas a corto plazo echando mano simplemente de la formalidad. Como recientemente yo mismo ironizaba en un tuit: “Me han robado la cartera, pero estoy muy tranquilo porque el Consejo de Ministros va a conseguir que el TC lo declare ilegal”

Lo tercero es que con todo ello se olvida un tercer factor, que a mi modo de ver es el más importante, que es el de cómo se siente el ciudadano normal, ese que paga sus impuestos, ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones y tiene un razonable respeto a la ley y a la legalidad vigente y, con más o menos intensidad, siente un cariño comprensible a su tierra y a su país y que no acaba de comprender por qué tiene que estar soportando un día sí y otro también no sólo la afrenta que representa el sentirse negado y rechazado por un planteamiento político que, en el fondo, y muchas veces expresamente, te está diciendo no que sea distinto a ti, sino que es mejor que tú, sino, sobre todo, que tenga la chulería de decirte a la cara de que lo va a hacer quieras o no, lo diga la Constitución o no lo diga, porque, como resultaba de las declaraciones que evacuaba el otro día la señora Forcadell, que el Gobierno “no se atreverá” a aplicarla ley porque, a su juicio, “delante del mundo, el Estado español se retrataría, eso lo debilitaría, y, en todo caso, favorecería a Cataluña”.

Y ello no lo digo porque vaya a generar una reacción de chulería similar que pueda desembocar en algo grave; no lo creo porque hay que reconocer que el ciudadano español ha hecho gala de una corrección y de una paciencia infinitas, sino porque, simplemente, tiene derecho a que las leyes se apliquen y se siente justamente agraviado comparativamente si ve que las leyes se aplican en unos casos sí y en otros no. Si queremos que el ciudadano conserve su confianza en el sistema, es necesario que el sistema cumpla su parte del trato.

Dostoievski, uno de mis autores favoritos, escribió dos obras que vienen que ni pintadas para la situación catalana actual: “Crimen y castigo”, una profunda novela sicológica en la que el estudiante Raskolnikov tiene la firme creencia de que los fines humanitarios (leáse aquí patrióticos) justifican el crimen pero que, al final, acaba confesando y expiando su crimen con sufrimiento; y “Humillados y Ofendidos”, en los que los personajes, afectados por una especie de fatum inevitable, encadenan desgracias y sufrimientos. Aunque me queda poca reserva de confianza en ellos, quisiera pensar que nuestros dirigentes serán capaces de percatarse de que esta cuestión no es ya una cuestión de Derecho Político, Administrativo o incluso Penal, sino sobre todo de dignidad y respeto al ciudadano que paga sus impuestos y vota, que no quiere sentirse humillado y ofendido y que no quiere crimen sin castigo.

Independencia y/o progreso

Los graves problemas actuales de nuestro régimen autonómico creo que se deben al desconocimiento y por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes políticos, sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso de unificación europea, que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables.

No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea.

El proceso de unificación obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales.
Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos.

La revolución afectaría, de manera directa y estructural, a los Estados, cuyas atribuciones soberanas quedarían enormemente reducidas. ¿Se puede hablar de Estados independientes, cuando funciones tan importantes como la de las fronteras, seguridad y política exterior, buena parte de la regulación económica, política social, fiscalidad.., han de estar concertadas con el resto de miembros de la Unión Europea?.

Y este tema no tenía una trascendencia puramente material, sino también social, cultural y política. Tal como recogía el informe Poniatowskide vez en cuando se hace un elogio de los valores culturales europeos y éstos son presentados como una especie de consuelo ante un eventual hundimiento tecnológico de nuestro continente. Esta fórmula es rotundamente inaceptable, la calidad de vida y la relativa armonía social que existen en Europa, dependen, sobre todo, de su capacidad de ofrecer condiciones de vida razonables a la mayoría de sus habitantes; y no será posible mantener este nivel si Europa no vuelve a hallar la competitividad. De lo contrario, la mayor parte de la Europa Occidental está condenada a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural”.

O se actuaba inmediatamente o, como señalaba la OCDE, Europa suministraría cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes manufacturados de baja tecnología.

Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.

Los partidarios de la independencia dentro del territorio comunitario no tienen un problema sólo con sus constituciones, estados o gobiernos sino, especialmente, con la Unión Europea y hasta con sus propios votantes.

Si les están prometiendo que su región se convertirá en un nuevo Estado dentro de la Unión les están engañando, no sólo porque el régimen legal comunitario lo impide sino porque es incompatible con el proceso de cesión general de soberanía ¿Como la Unión constituida para lograr un espacio económico y social sin fronteras y en un marco de legalidad, democracia, solidaridad y armonía entre pueblos tan diversos, va a permitir que en un pequeño territorio funcione un Estado,” como los de antes “, ajeno al espíritu general y al margen del cumplimiento de las normas comunes?

Para evitar que se les denuncie de que están utilizando una publicidad engañosa, deberían corregir el lema y sustituirlo por el de que “si nos votáis tendréis un Estado, que solucionará todos vuestros problemas, pero fuera de la Unión Europea”. Una vez en el exterior, tendrán que decidir entre vivir aislados sin la cobertura legal y financiera de la Unión Europea o ponerse a la cola de los que esperan su ingreso. Allí coincidirán con Estados terminados (no por hacer), que llevan años trabajando en la homologación de su legislación y sus instituciones a la legislación comunitaria, con el objeto que le sea verificada y aprobada.

Aunque encontramos otro detalle a corregir: Si en su publicidad consta que independencia es progreso y con ello se reducirá el paro y la presión fiscal, mejorarán las pensiones, estarán más seguros los depósitos y las inversiones, se elevará la renta y mejorarán los servicios y las prestaciones para los ciudadanos…¿Por qué no intentan convencer a las instituciones comunitarias, sus gobiernos y los cientos de millones de ciudadanos (y los que esperan su ingreso ) de que se están equivocando de camino y el futuro está en la creación de estados muy pequeños?, pero…¿Quienes tienen más credibilidad de gestores, los grandes países europeos con democracias consolidadas y eficientes, con sistemas económicos altamente competitivos o los dirigentes políticos sin competencia acreditada que proponen lo contrario?

A ello no ayuda la carencia de solvencia de sus programas y sus propuestas y, en bastantes de sus miembros, la falta de respeto a la Ley, a las reglas democráticas básicas y hasta a las más elementales normas de convivencia y educación. Como fue el caso del político de la Liga Norte, Umberto Bossi, que estuvo empleando en su espectacular crecimiento de votos el lema agresivo de “Roma ladrona” y acabó envuelto, con sus hijos, ex-tesoreros y miembros del comité de control de su partido, en un proceso abierto, principalmente, por la fiscalía de Milán por apropiación indebida y estafa al Estado.

Separarse de la U.E. es un proceso de enorme riesgo y de incalculables costes para los pueblos.
En primer lugar, abandonan una zona con gran calidad democrática, con sistemas legales y económicos eficientes, con instrumentos de control de la gestión pública y una solidaridad que garantiza las prestaciones sociales. Y se van a un espacio geográfico reducido, que según los estudios anteriores condena a sus habitantes “ a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural “, sin un marco económico y legal definido y con unos costes de estructuras del nuevo estado y unos riesgos económicos, políticos y sociales sin cuantificar. Y, además, en la mayor parte de los casos, gestionado por políticos que han demostrado, hasta la saciedad, su falta de respeto por los principios democráticos, su incompetencia en el diagnóstico y la resolución de los problemas económicos y sociales y su abuso reiterado en la administración de los recursos y en el ejercicio de las funciones públicas.

Si en el gran espacio de la U.E. integrado por las clásicas democracias europeas, cuesta encontrar “hombres de estado” ya sería casualidad que tocara uno de ellos en un espacio tan pequeño. Y si hubiera alguno, seguro que no estaría dirigiendo un proceso tan peligroso para el futuro de sus ciudadanos

El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía.

Parece que en determinadas zonas, esté únicamente al servicio de su clase política dirigente y los “interesados” agentes sociales, culturales y mediáticos que la apoyan y que temen perder su protagonismo y sus privilegios.

¿Es normal que Francia e Italia cuando se han visto abocadas a equilibrar sus cuentas públicas, han dirigido su mirada a la reducción del coste de unos sistemas autonómicos de reducida dimensión y España, que estaba al borde de la quiebra, no se planteara una profunda reconversión?

Lo extraño es que se de por supuesto que, en las próximas elecciones generales, un cambio político será favorable a los intereses de la clase política autonómica.

Si la gestión pública cambiara de rumbo en favor de nuevas propuestas políticas opuestas a la consolidación fiscal y sin un programa que incentive la capacidad productiva, los prestamistas considerarían que tienen un grave problema en este país con tan enorme endeudamiento.
A partir de esta situación de preocupación de los mercados e instituciones financieras, el tipo de nuestra prima de riesgo se iría elevando hasta niveles insospechados ya que nuestra deuda del sector público no ha parado de crecer y la dirección del país estaría en otras manos y con otros principios.
Con la elevación de los tipos de interés quedarían reducidos los recursos para los servicios públicos y las prestaciones sociales fundamentales con lo que el ajuste de estos sería más intenso.
La situación de España (sector público, empresas y particulares) se parece a una familia con una hipoteca considerable y con ingresos limitados. El tipo de interés es determinante para su nivel de vida, no es igual pagar por la cuota mensual un interés del 1 que del 6%.

El ajuste ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela sino los prestamistas exteriores que tendrían otra preocupación mayor que la electoral.

Seguramente, a partir de esa misma noche de las elecciones, los ciudadanos comprobarán que no sólo su economía sino también su sistema político pasarán inevitablemente al control de sus acreedores. Como les pasó, entre otros, a los griegos.

Y entonces, sufriremos lo que hemos señalado reiteradamente que “en los pueblos insolventes, la dirección política, su programa de gobierno y hasta sus proyectos de futuro, no los deciden sus ciudadanos sino otros que no participan en sus elecciones, el voto de los acreedores”.

Y no creo que los acreedores, entre recorte y recorte, estén por la labor de salvar nuestro ineficiente, conflictivo y costoso régimen autonómico.

Cataluña tras el 27-S: un golpe de Estado en fascículos

Parece que ha pasado una eternidad, pero lo cierto es que tan sólo ha transcurrido un mes desde que tuvieron lugar las elecciones autonómicas en Cataluña. Unos comicios pretendidamente plebiscitarios por el presidente Artur Mas y sus compañeros de viaje de Junts pel Sí y la CUP que han trastocado el mapa político español, que se saldaron con un fracaso relativo para sus aspiraciones -al no alcanzar siquiera el 48% de “síes” a pesar de haber logrado mayoría absoluta en escaños- y que han traído todavía más inestabilidad institucional a la región al no haber aún un candidato claro a la presidencia de la Generalitat.

Pero que nadie se lleve a engaño. Es posible que tras este mes de “digestión electoral” salpicado de actuaciones policiales y judiciales contra la corrupción de CDC y la familia Pujol-Ferrusola exista división entre las fuerzas independentistas para investir al próximo presidente de Cataluña, pero Junts pel Sí y la CUP han demostrado este martes en su primera actuación tras la constitución del nuevo “parlament” que están decididos a ir de la mano en la ejecución de la llamada “hoja de ruta hacia la independencia”, el documento en que Convergencia, ERC y varias entidades independentistas plasman con todo lujo de detalles los sucesivos pasos que piensan dar hasta declarar unilateralmente la independencia de Cataluña en un plazo máximo de 18 meses desde el 27-S.

Con la presentación de su propuesta de resolución, los presidentes y los portavoces de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP han iniciado los trámites de la primera etapa de este verdadero golpe de Estado en fascículos que según se cuenta en la web de Junts pel Sí (p. 32) pretende a grandes rasgos lo siguiente:

  1. Declaración solemne del parlamento catalán dando inicio al proceso de independencia en virtud del resultado electoral del 27-S y anuncio de la misma a las autoridades españolas y europeas y a la comunidad internacional.
  2. Desacatamiento del marco jurídico e institucional español excepto en aquello que resulte imprescindible y aprobación de un nuevo marco legal transitorio.
  3. Mandatar a un gobierno de concentración para que ponga en funcionamiento las estructuras del nuevo Estado independiente catalán.
  4. Puesta en marcha de los trámites del proceso constituyente.
  5. Convocatoria de unas elecciones constituyentes que den lugar a un “parlamento constituyente” encargado de redactar la nueva constitución catalana.
  6. Culminación del proceso de creación del nuevo Estado independiente catalán con la aprobación de la constitución mediante referéndum.

Y sí, digo “golpe de Estado en fascículos” siendo consciente de que para algunos esta expresión pudiera resultar exagerada e incluso ofensiva, pero creo firmemente que no estoy cometiendo ningún exceso dialéctico en la descripción de los hechos. Ya sé que cuando los españoles oímos “golpe de Estado” lo que nos viene a la mente son unos tipos vestidos de uniforme y con tricornio asaltando el Congreso de los Diputados a punta de pistola y no unos tipos de aspecto normal que salen por televisión repitiendo (hasta la saciedad) palabras amables como “democracia”, “libertad” o “soberanía popular”, pero no dejemos que la Historia y las apariencias nos jueguen una mala pasada.

Según la RAE, un golpe de Estado es una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. En mi opinión, tal definición responde más bien a una concepción histórica de los golpes de Estado ocurridos a lo largo del siglo XX, pudiendo afirmar que actualmente y en sentido amplio un golpe de Estado es cualquier toma del poder político más o menos repentina y evidente que se produce vulnerando el marco legal e institucional de un Estado.

¿Se cumplen por tanto los requisitos para calificar como golpe de Estado las acciones que pretenden llevar a cabo en Cataluña Junts pel Sí y la CUP en desarrollo de la ya mencionada “hoja de ruta hacia la independencia”? A mi juicio, sí. Analicemos punto por punto:

  • Existencia de “fuerzas rebeldes”: los partidos y entidades independentistas catalanes llevan años desarrollando acciones y practicando un discurso de rebeldía y abierto enfrentamiento contra el Estado español y sus instituciones.
  • Apoderamiento de los resortes del gobierno de un Estado: los secesionistas pretenden tomar las instituciones autonómicas catalanas, dotadas de autogobierno y competencias gracias al desarrollo en España del llamado “Estado de las Autonomías”, y convertirlas en instituciones y estructuras de un nuevo Estado independiente catalán.
  • De forma repentina y evidente: según declaran, pretenden concluir la creación de dicho Estado independiente catalán en 18 meses a contar desde las pasadas elecciones del 27-S (todo lo repentina que una secesión ordenada podría ser) y en la ya mencionada “hoja de ruta hacia la independencia” explican minuciosamente la estrategia para lograrla.
  • Vulneración del marco legal e institucional: el derecho a la secesión unilateral de Cataluña no cabe ni en nuestra actual Constitución ni en el Derecho Internacional. Así lo confiesan abiertamente en su documento, probablemente como consecuencia de la sensación de impunidad con la que han venido actuando desde hace años fruto de la inacción y la dejadez del Gobierno central y otras instituciones del Estado.

Dejando a un lado las consecuencias de la hipotética independencia de Cataluña, lo que es evidente es que la forma en que Junts pel Sí y la CUP pretenden conseguirla no tienen un pase desde el punto de vista democrático. Si el independentismo quiere ser tomado en serio, lo que debe hacer es proponer una reforma constitucional que le permita hacerlo desde la ley.

Para acabar con una nota de humor ante semejante panorama político recordaré que, como bien saben los kiosqueros, nadie acaba las colecciones en fascículos que surgen como setas tras el verano, ya que se eternizan en el tiempo y terminan saliendo por un ojo de la cara.

Cataluña y la Constitución

 

Si no existiera el problema de la secesión de Cataluña, la reforma de la Constitución no ocuparía la agenda de los asuntos políticos importantes. En cambio ahora, y principalmente debido a los sucesivos gobiernos del PP cuando ha tenido mayoría absoluta, constituye el problema político más importante de España desde la muerte de Franco. Razones cuyo diagnóstico convendría analizar llevaron a una buena parte de catalanes a pronunciarse por el derecho a decidir –que no es lo mismo que por la independencia- aunque la mayoría se inclinó en contra de la independencia –que tampoco quiere decir que algunos de ellos no estuviesen de acuerdo con el derecho a decidir. El gobierno, al no querer ver la evidencia durante estos cuatro años, ha agrandado un problema que parece irresoluble: catalanes que no quieren seguir en España pero que tampoco saben muy bien en qué va a consistir eso de la“independencia”; y catalanes, mayoritarios, que queremos seguir siendo catalanes españoles pero queya no sabemos la forma de articular esa bipolaridad. Es como si hubiésemos saltado a un estadio pensando, unos que íbamos a jugar al balonmano y otros al baloncesto, aunque en realidad el campo era para jugar al fútbol.

Cualquier persona sensata tiene la sensación, antes de analizar causas o de proponer soluciones constitucionales, de que se encuentra ante un verdadero galimatías en su doble acepción,  o sea como lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase y confusión de ideas (lo de las “nacionalidades” del artículo 2 de la Constitución); o en sentido familiar como confusión, desorden, lío (El Título VIII –la organización territorial del Estado- y su posterior desarrollo). Y mientras tanto, la casa sin barrer: cada día nos despertamos con un sobresalto de corrupción mayor que el del día anterior que nos llena de desconfianza por la política y de incertidumbre ante el futuro. Estamos, pues, en una situación que en nada se parece a aquella de los años en los que se afrontó, nada menos, que un cambio de régimen. Parece como si la madurez nos hubiese enloquecido y ahora quisiéramos hacer lo que entonces no quisimos –o no pudimos- hacer. Una especie de subconsciente colectivo, anclado en una historia manipulada o inexistente, nos empuja a los catalanes –y como consecuencia de ello a todos los españoles- hacia un abismo del que tardaremos varias generaciones en salir y remontar. En la psiquiatría quizás encontremos herramientas adicionales, que no nos dan ni la economía ni la política, para entender lo que nos pasa que, a la vista de lo todos escribimos y parafraseando a Ortega, podría resumirse en que no sabemos lo que nos pasa.

Hace 17 años FAES (aún había ideas en FAES) me publicó un pequeño ensayo (nº 40 de los Papeles de la Fundación) que se llamaba “Catalanismo y Constitución”. Después de más de tres lustros y en circunstancias muy diferentes tanto personal –entonces era diputado en el Congreso-  como colectivamente –gobernaba el PP en minoría con el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios- llegaría a las mismas conclusiones de entonces que resumo:

1ª Cataluña es una nacionalidad –cualidad de ser de una nación- según la Constitución española.

2ª Cataluña es una comunidad mucho más antigua que la creación de los estados-naciones. Por lo tanto su reconocimiento viene implícito en su propia historia; constituye una cuestión metajurídica, que está dentro de lo que puede denominarse constitución interna del Estado.

3ª La soberanía, según la Constitución española, reside en el pueblo, en todo el pueblo español. Es indivisible e intransferible. En cambio la autonomía de las regiones y nacionalidades puede ser tan amplia como se quiera, incluso con aquellas competenciasexclusivasdel Estado.

4ª Me refería entonces a la “soberanía compartida”, que era la esgrimida en esos años, incompatible con la Unión Europea que se estaba construyendo. Cuatro años después se puso el euro en circulación y los estados perdieron la soberanía monetaria.

5ª La lengua no ha sido en estos últimos años un elemento de división entre catalanes. El bilingüismo opera con normalidad. De todas formas –escribía- habrá que hacer un esfuerzo para proteger la lengua catalana.

6ª Una Constitución no debe sacralizarse, pero tampoco banalizarse. No debe confundirse su modificación con un cambio de régimen –decía. Y

7ª El patriotismo –y el nacionalismo- catalán pasa hoy –entonces y también ahora-por gobernar en España y no por la queja constante por la poca influencia que, tanto en España como en Europa, tiene Cataluña. Tan sólo involucrándose seriamente en el gobierno del Estado podrá tener Cataluña un peso específico y autónomo en Europa y corregirse, por ejemplo, determinados desequilibrios, sin duda injustos.

Y manteniendo todas estas conclusiones coincido con quienes opinan que es necesaria una reforma constitucional que reafirme, por un lado, la centralidad y fortaleza del Estado y, por otro, el carácter nacional de determinados territorios que llevaría a la sustitución del Título VIII por un federalismo asimétrico. Ese federalismo conllevaría un concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco. Mas llegados a este punto del recorrido “por la independencia”, es probable que una porción importante de catalanes decidan mantener, sin más razonamiento, que Cataluña tiene que separarse de España al precio que sea.

No conozco ningún proceso nacional que halla llegado a la independencia como no fuese por la fuerza o por medio de un pacto. Y como el pacto no va a ser posible –pues por una de las partes sólo hay imposición y no se razona acerca del descomunal perjuicio que a todos nos ocasionaría la secesión- habrá que recordar que por la fuerza casi mil muertos y decenas de miles de víctimas colaterales no consiguieron más que la degradación moral en el País Vasco para no conseguir nada que ya tuviesen colectivamente reconocido en la Constitución. ¿Es esto lo que queremos para Cataluña?

Las constituciones no tienen nada de absolutas. Sirven mientras son útiles. De lo contrario hay que volver a cimentarlas. Karl R. Popper, tan citado por políticos liberales de titular y tan poco leída su obra científica, escribió en su “Lógica de la investigación científica”: “Por intenso que sea un sentimiento de convicción nunca podrá justificar un enunciado. Por tanto, puedo estar absolutamente convencido de la verdad de un enunciado, seguro de la evidencia de mis percepciones, abrumado por la intensidad de mi experiencia: puede parecerme absurda toda duda…. La base empírica de la ciencia objetiva, pues, no tiene nada de ´absoluta`; la ciencia no está cimentada sobre roca: por el contrario, podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes. Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero en modo alguno hasta alcanzar ningún basamento natural o ´dado`, cuando interrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hallamos topado con terreno firme: paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la estructura al menos por el momento”. Hoy, los pilares sobre los que se asienta nuestra Constitución carecen de esa solidez necesaria para construir una ciencia, mucho más una Nación, a la que se refiere Popper.

Jeremías Bentham, inspirador de la Constitución de 1812, decía: “Lo más que puede hacer el hombre más celoso del interés público, lo que es igual que decir el más virtuoso, es intentar que el interés público coincida con la mayor frecuencia posible con sus intereses privados”. En estos últimos años, en España y en Cataluña especialmente, lo hemos entendido al revés.

Cataluña: legitimidad y desobediencia.

Continúa en Cataluña la borrachera de insumisión. Hoy miles de personas protestarán ante el Tribunal Superior de Justicia por la comparecencia de Mas como imputado. Muchas de ellas, por cierto, traídas en autobuses por instituciones en favor de la secesión sostenidas con fondos públicos. Y con multitud de autoridades al frente de una masa que tratará de amedrentar al Tribunal, entre ellas los Consejeros del Gobierno catalán y 400 alcaldes.

El espectáculo va a recordar inevitablemente al que hace bastantes años dio un gobierno socialista al acompañar a un exministro a la cárcel por los crimenes de los GAL. Pero en este caso la situación es mucho más grave. No se trata sólo de solidarizarse con delincuentes sino también de impedir que puedan llegar a ser declarados y tratados como tales determinadas personas, gente importante que quiere estar por encima de la ley. Para ello se trata de actuar antes, generando una gran presión social contra el Tribunal  para que se vea coartado a la hora de hacer justicia, en lo que es un verdadero escrache institucional.

No hace falta dedicar ni una línea aquí sobre cuál es la postura ante estos extraños acontecimientos de un blog nacido para defender el Estado de Derecho y que, como tal, no se resigna a dar por amortizado a Montesquieu porque considera que la independencia judicial es un pilar esencial de aquél. Si un gobernante ha cometido delitos ha de pagar por ello, y no hay “razón de estado” ni estrategia “de prudencia” que puedan ser un obstáculo para aplicar la ley. Los hechos han demuestrado que lo imprudente ha sido precisamente permitir hasta ahora espacios de impunidad. Y los indicios contra Más y otros consejeros parecen suficientemente graves respecto de la posible comisión de delitos tales como los de prevaricación (dictar resoluciones o tomar decisiones injustas a sabiendas), malversación de fondos públicos (utilizar dinero público para una finalidad diferente a la prevista en la norma) y desobediencia  en relación con el pseudoreferendum que se celebró hace más de un año.

La situación en Cataluña es muy grave porque gran parte de la población ha dejado de creer en la legitimidad de las instituciones que no están controladas por el secesionismo. Y ese divorcio entre la legitimidad legal y la social inevitablemente lleva a un grave conflicto.

Esa desafección no ha surgido espontáneamente. Durante años los gobernantes nacionalistas han montado una inmensa maquinaria de propaganda destinada a fomentarla y expandirla, que va desde la educación al control mediante diversos mecanismos de los medios de comunicación públicos y privados. Con la misma estrategia que probó con éxito en su día un ministro alemán de propaganda se han repetido tanto ciertas falsedades destinadas a fomentar un sentimiento de victimismo frente a un enemigo externo y opresor, inherente a todo mensaje nacionalista, que muchos han llegado a tenerlas por ciertas.

Las autoridades autonómicas se han empeñado así en socavar las bases del régimen constitucional del que emana su propia legitimidad. Y lo han hecho a la vista, ciencia y paciencia de los diversos Gobiernos nacionales. No ha habido reacción alguna, incluso frente a los cada vez más frecuentes incumplimientos de normas y sentencias.  La población ha sido no sólo acostumbrada, sino también”educada” en la desobediencia como opción razonable y honorable.

Frente a esta estrategia financiada masivamente con dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, nacionalistas y no nacionalistas, los diversos Gobiernos nacionales han dado la callada por respuesta. España y sus símbolos prácticamente han desaparecido. Hasta sorprende que aún después de tantos años de desamparo los partidarios de permanecer en España hayan sacado todavía más votos que los secesionistas. Pero con la mayoría en el Parlament y el Gobierno en sus manos, este dato no parece preocupar mucho a los secesionistas. El Movimiento sigue adelante.

Hace mucho que se tendría que haber producido una reacción política y ciudadana para restablecer el Estado de Derecho en Cataluña. Los actos masivos de desobediencia, el “asalto al cielo” de la secesión, están a la vuelta de la esquina. Lógicamente la sensación de impunidad de que han disfrutado tantos cuando han  incumplido leyes y sentencias sin ninguna consecuencia práctica no favorece las cosas. El triste espectáculo que veremos hoy en la calle no es más que un anuncio de lo que viene. Y mientras más tarde en producirse una reacción que restablezca el Estado de Derecho, más complicado será el camino de vuelta a la legitimidad, la legalidad y la racionalidad.

En esta situación sorprende el llamamiento a nuevas cesiones, al blindaje de competencias o a terceras vías. A federalismos asimétricos para amparar privilegios, por encima de la igualdad de derechos ¿Se trata de premiar así la deslealtad y la insumisión? Es seguro que nuestro sistema constitucional necesita reformas. Pero todas ellas pasan por reforzar  la separación de poderes, el imperio de la Ley y el Estado de Derecho, conquistas históricas irrenunciables en una democracia avanzada. Y, en la misma línea, tenemos que plantearnos también las consecuencias de permitir medios de comunicación públicos y, como tales, financiados por los contribuyentes pero al servicio de los intereses particulares  de cualquier gobierno. O la capacidad de influir en los privados. Los media, también llamados cuarto poder, deben recuperar en todas partes su condición de tal, y partir de una posición de verdadera independencia para poder así cumplir su crítica función social.

HD joven: el derecho a decidir. Un breve análisis comparado

Probablemente, en los últimos días no ha habido un tema de conversación más escuchado en España que el de la “posible” independencia de Cataluña. Sin embargo, no somos el único país del mundo que se ha topado con un debate de estas características.

El acceso pacífico a la independencia de los pueblos o naciones es un fenómeno relativamente reciente, que parte del reconocimiento de un derecho de carácter positivo recogido en una disposición internacional o nacional que lo defina y acote. Al margen del denominado “derecho de autodeterminación” que afirman las Naciones Unidas en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, donde en su artículo segundo vincula dicho derecho a todos los pueblos coloniales, es cierto que en la inmensa mayoría de los Estados no se ha reconocido el derecho de una parte del país a decidir su futuro de forma expresa. Sin embargo, si existen precedentes donde su derecho constitucional ha reconocido este derecho de forma explícita. A continuación veremos algunos ejemplos, más allá del reciente referéndum escocés.

Un primer ejemplo de reconocimiento y aplicación del derecho a decidir puede ser la Constitución de Serbia y Montenegro de 2003, creada bajo la supervisión de Naciones Unidas para sustituir a la anterior Yugoslavia, donde en su artículo 5.3 se establece que “La frontera entre los Estados miembros es inalterable, salvo en caso de acuerdo mutuo” y su artículo 60 habla abiertamente de la “Salida de la unión estatal de Serbia y Montenegro”. Estos elementos suponían una clara puerta abierta a posibles movimientos secesionistas. De hecho, poco después, el parlamento de Montenegro aprobó una ley de referéndum cuyo objetivo principal era la independencia de esta parte del Estado. Aunque la idea inicial no era la que finalmente tomó forma, las presiones internacionales (que principalmente venían de la Unión Europea) obligaron al parlamento de Montenegro a establecer una serie de requisitos mínimos que cualificaban el referéndum de manera que produjese (en caso de decantarse por la secesión) el necesario reconocimiento internacional en general y Europeo en particular. Los requisitos de validez de dicho referéndum eran los siguientes: Un porcentaje mínimo de participación del 50%, que dotase de legitimidad al resultado, independientemente de que la victoria sea del “sí” o del “no”; y un umbral mínimo de “Síes” a la independencia que superase el 55%. De esta forma se da a entender que el carácter irreversible de sus consecuencias requiere una opinión verdaderamente mayoritaria pro independentista (a pesar de que el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic, dejó clara su voluntad de seguir con su camino hacia la independencia con un 50,1% de los votos). Sin querer excederme en los detalles sobre el referéndum, este se realizó en Mayo de 2006, y en él se alcanzó un porcentaje increíblemente alto de participación (86.49%) ganando el sí por un estrecho margen (55,5%, solo 0,5% más del umbral mínimo necesario) lo cual es llamativo teniendo en cuenta el supuesto clivaje de origen que debía existir en Montenegro, donde alrededor de un 30% de la población es de origen serbio (y por tanto se entiende que votarían en contra de la secesión). El referéndum de Montenegro supuso su Independencia de manera legal y reconocida por la comunidad internacional.

Otro caso de estudio es el de Etiopía, el cual establece, también en su Constitución, que “Toda nación, nacionalidad o pueblo en Etiopía posee un incondicional derecho a la autodeterminación, el cual incluye un derecho a la secesión” (Art. 39.1)[1]. Además, la propia Constitución, en el apartado cuarto del mismo artículo, establece los mecanismos que debe seguir dicho pueblo o nacionalidad para alcanzar la secesión, entre los que se encuentran la aprobación por dos tercios del consejo del pueblo o nacionalidad de una demanda de secesión, la aprobación de la realización de un referéndum que deberá tener lugar en un plazo de tres años desde la demanda de secesión y la victoria de la secesión en el mismo y la posterior transferencia de poderes por parte del gobierno central. En este caso no son necesarias mayorías cualificadas en el referéndum, pero, por el contrario, sí que es necesaria en la demanda parlamentaria previa a dicho referéndum.

Debemos tener en cuenta a la hora de conocer este caso los antecedentes históricos de Etiopía. El país acababa de salir en 1993 (un año antes de la aprobación de su Constitución) de una cruenta guerra civil que duró 30 años y concluyó en la convocatoria de un referéndum en Eritrea (al norte de Etiopía) aceptado por Etiopía que se tradujo en un apoyo casi unánime de la población hacia la secesión y conllevó a la separación de Eritrea de Etiopía de manera más o menos pacífica y aceptada por la comunidad internacional, si bien tuvo algunos problemas con los países vecinos (entre ellos la propia Etiopía) después de su independencia por motivos económicos y de delimitación de fronteras que no vienen al caso.

Otro caso interesante, es el de San Cristóbal y Nieves. Lo llamativo de este precedente es que, al contrario de los dos primeros que hemos visto, este no ha dado lugar a la independencia de ninguna región. Para ponernos en contexto, San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts & Nevis) en un país miembro de la Commonwealth situado en las caribeñas Antillas dividido en dos islas: San Cristóbal, la más grande, y Nieves; este país ostenta el “honor” de ser el más pequeño de América. Su Constitución, promulgada en 1983, estableció la posibilidad, para la isla de Nieves, de independizarse de San Cristóbal (convirtiéndose en un país aún más pequeño) si así lo declaraban dos tercios de su cámara de representantes y votaban a favor otros dos tercios de la población en un plebiscito posterior, necesitando además, tener un borrador de Constitución que establezca el modelo de Estado que tendría Nieves, siendo este accesible a la población de la isla al menos 90 días antes de participar en el referéndum.[2]

A raíz de este artículo, en 1998 se realizó un referéndum de autodeterminación, posterior a la necesaria aprobación de la cámara isleña, que rondó el nada desdeñable porcentaje del 62% de votos a favor. A pesar del resultado, este porcentaje no alcanzó los dos tercios necesarios para continuar con el camino a la independencia de la isla.

Sin duda el precedente más relevante y conocido -al que se ha hecho referencia varias veces en este blog-, es el de Canadá. Concretamente después del segundo referéndum de autodeterminación de Quebec de 1995 (En ambas consultas venció el no, aunque con resultados más ajustados en el segundo) El equivalente al tribunal Constitucional canadiense, con muchos más poder real que en nuestro país, sentó jurisprudencia en base a una reclamación realizada por el gobierno federal, dando lugar a la “Clarity Act” o “ley de claridad”. El tribunal estableció unos criterios mínimos de participación para dar como válido el resultado y declaró la necesidad de obtener una mayoría cualificada por parte de un hipotético sí a la secesión en la provincia para poder iniciar las negociaciones con el gobierno federal, además de tener en cuenta otra serie de factores o circunstancias también relevantes[3].

La ley de Claridad también rechaza de plano cualquier posibilidad de secesión unilateral, todo proceso de estas características debe ser negociado con el gobierno central, dado que afecta a todos los ciudadanos canadienses. También se deben tener en cuenta las voluntades individuales y la opinión de las minorías en la negociación, lo cual incita a pensar que en dicha negociación se deberían respetar las hipotéticas decisiones de algunas áreas de la región a seguir perteneciendo a Canadá, tal y como afirmaría Fernando Rodríguez Prieto en su post: “Cataluña tras el referéndum (II). Una perspectiva canadiense en el análisis de su resultado”.

Si bien es cierto que la mayoría de los países no han aceptado nunca el derecho a decidir como parte de su derecho doméstico, ha habido otros que sí lo han hecho, teniendo resultados muy distintos que en circunstancias como las nuestras es positivo conocer. La necesidad de buscar alternativas para solucionar tan importante reto como el que tenemos delante nos va a obligar tarde o temprano a salir del inmovilismo legal en el que nos encontramos y delinear un nuevo escenario con textos y políticas que permitan un encaje territorial más armónico y un proyecto de comunidad que resulte más atractivo a todos los españoles. Para ello no solo sería necesaria una “clarificación” del derecho a decidir, sino una reforma constitucional intensa que nos permita resolver las carencias de la actual y, de este modo, poder afrontar el futuro con la imagen de renovación y consenso que exige la ciudadanía.

[1] Artículo 39.1 de la Constitución de Etiopía: “Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession.”
[2] Este y otros elementos que explican con más detalle y complejidad el proceso se encuentran en el artículo 113 de la Constitución de San Cristóbal y Nieves.
[3] Quebec Secession Reference S.C. 2000, c. 26

La realidad y el deseo: reproducción de la Tribuna en El Mundo de Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

El resultado de las elecciones catalanas es un ejemplo más -aunque especialmente agudo- del fantasma político que recorre Occidente con efectos potencialmente devastadores: la desconexión entre la realidad a la que se enfrenta todo ser humano mayor de edad y nuestros deseos infantiles de soluciones mágicas e inmediatas. Los europeos nos enfrentamos con la crisis del Estado del bienestar, el aumento de la desigualdad, el paro, la frustración de la partitocracia, etc. Pero en vez de reaccionar como personas mayores, utilizando la razón para identificar los problemas y buscar las soluciones siguiendo los cauces previstos en nuestras democracias -algo siempre complejo, pesado, monótono y en general poco gratificante- preferimos con frecuencia el placentero chute del autoengaño olvidando que el bajón o la resaca vendrán siempre después.

En nuestra particular variedad nacional hemos celebrado unas elecciones autonómicas, sí, pero en unos términos engañosos, dado que los dos principales partidos secesionistas se han presentado con una lista única que es un batiburrillo de políticos, representantes de la sociedad civil nacionalista y personajes más o menos conocidos con un programa tan pintoresco como su composición. Quizá por esa razónsus promotores han calificado estas elecciones de «plebiscitarias»,desconociendo que unas elecciones y un plebiscito son cosas radicalmente distintas -al menos en la teoría política- dado que mientras las primeras tienen por finalidad elegir cargos electos que representen a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos (sanidad, educación, esas cosas) el segundo permite que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre determinadas decisiones (sí o no a la independencia) sin necesidad de la intervención de sus representantes. Por ese motivo, lo que ha ocurrido después de las elecciones del domingo es que el resultado final no tiene, ni la legitimidad del plebiscito -no sólo por el número de votos, sino por la forma- ni el ordenado mandato para la gestión de la cosa pública que se deriva de unas elecciones ordinarias.

Reconocemos que una parte del electorado que ha apoyado esta solución no puede tener el sentido de la realidad tan deteriorado como para imaginar que su victoria electoral constituye un paso decisivo en la consecución unilateral de la independencia, bálsamo de Fierabrás capaz de resolver de golpe todos sus problemas, tan comunes por otra parte a los del resto de España. Y eso pese a la intensa propaganda oficial realizada antes y después de la campaña tendente a asegurar que, aunque se abra un proceso revolucionario para conseguir una declaración unilateral de independencia al margen de la legalidad, no se van a padecer ninguna de las incertidumbres que este tipo de procesos llevan aparejadas; ni las legales, ni las económicas, ni las sociales. Más bien hay que suponer que muchos ciudadanos, al igual que nuestros vecinos griegos, han sido tentados para gritar 100 y conseguir diez, convencidos de que la troika española (compuesta en el imaginario nacionalista por el PP, el PSOE y el TC) no tendrá más remedio que ceder por las malas -ya sea en financiación o en blindaje de competencias- lo que no quiso por las buenas. Si es así, sinceramente no han escogido el mejor camino para conseguirlo.

La reforma del Estado es imprescindible después de 38 años de democracia y no está motivada sólo ni principalmente por el problema catalán. Ahora bien, tenemos que aprovecharla también para resolver (o conllevar un poquito mejor) la integración de Cataluña. El inconveniente es que el resultado de este domingo, más que facilitarlo, complica enormemente el panorama. Una parte muy importante de nuestro país se ha «autoexcluido» de la colaboración en este proyecto común de regeneración y reforma, que por definición debe de partir del respeto al Estado de Derecho. Estando juntos por el sí a romper con la legalidad, es complicado que continúen juntos para reformarla. Máxime cuando para gobernar van a necesitar el apoyo de un partido antisistema que defiende la vía de hecho y la desobediencia a las leyes así como la salida inmediata de Cataluña no sólo de España, sino de la UE y de la OTAN.

Porque es obvio que las leyes se pueden y se deben cambiar, pero siempre a través de los cauces que establece el propio ordenamiento jurídico. En el caso de un referéndum sobre la secesión, es necesaria la modificación de la propia Constitución que lejos de ser intocable, como pretenden algunos, es necesariamente un texto que tiene que adaptarse para garantizar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos cada vez que sea necesario. Y sobre todo para adaptarla a la realidad. Pero el problema es ¿de qué realidad hablamos? ¿Cómo es posible una negociación o un consenso cuando los diagnósticos de la única realidad existente están en las antípodas?

Porque si algo nos han enseñado estas últimas semanas es que la realidad que perciben los independentistas tiene poco que ver con la que percibimos el resto de los ciudadanos, hasta el punto de que el debate racional se ha tornado muy difícil, por no decir imposible. El componente de fe, ilusión o emoción -por no hablar de los intereses, que lógicamente también existen- es consustancial al movimiento secesionista, incluso para personas que por dedicarse habitualmente a profesiones intelectuales deberían ser capaces de mantener el pensamiento crítico. Y conviene no olvidar que en sociología y en política -a diferencia de lo que ocurre con la física o las matemáticas- el elemento subjetivo e incluso irracional forma parte esencial de la realidad que hay que gestionar

Los berlineses no veían los cráteres que dejaban las bombas aliadas en el Tiergarten porque su Gobierno afirmaba que no había caído ninguna en la capital, según el testimonio de William Shirer en su imprescindible Berlin diary, escrito mientras trabajaba como reportero de la radio CBS en Berlín durante el nazismo. Pero las bombas no por eso cesaron y finalmente arrasaron la capital. Muchos alemanes creían todavía en la primavera de 1945 que Hitler tenía un arma secreta que le permitiría ganar la guerra: necesitaban mantener esa ilusión en medio del desastre. Si hay algo necesario en España y Cataluña ahora mismo es ilusión y como siempre ocurre en estos casos no faltan los vendedores de recetas milagrosas (por acción o por inacción) incluso entre los que son directamente responsables del desaguisado. En política se les llama populistas y aparecen como setas en épocas de crisis,cuando la gente está dispuesta a comprar cualquier elixir que les libere de todos los problemas a cambio de que les eximan de la responsabilidad de tener que contribuir a solucionarlos.

Por eso, el primer paso para intentar salir del atolladero en el que nos hemos metido (con diferente nivel de responsabilidad, por supuesto) es huir del autoengaño y empezar de una vez a contabilizar los cráteres de nuestro sistema político e institucional. El camino sigue siendo hoy el mismo que antes del 27S. La inamovilidad no tiene razón de ser; el miedo tampoco. El problema catalán vuelve a ser -como tantas veces antes- el problema español. Hay que abordar una reforma constitucional que permita celebrar un referéndum a los catalanes al amparo de una ley de claridad; pero, siendo esta cuestión importante, lo esencial es reorganizar el Estado bajo un modelo federal serio, regenerar las instituciones, devolver la independencia al Poder Judicial, reforzar el Estado de Derecho y garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. No podemos esperar ni un minuto más para iniciar este camino.

Desgraciadamente, también el Gobierno de la Nación se ha autohinabilitado, no ya para liderar, sino para simplemente cooperar en este proyecto de reforma. En esta gravísima situación de crisis institucional no es razonable esperar tres meses para conocer la opinión de los ciudadanos españoles al respecto, simplemente por el cálculo electoral de un líder político que, al igual que el Sr. Mas, debería estar en su casa desde hace tiempo.

Nuestros padres y abuelos afrontaron un reto aun mayor en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, probablemente porque no tuvieron miedo a enfrentarse con la realidad. Y es que, como recordaba Jefferson, el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer de las mentiras.

Elecciones en Cataluña

SeñeraAntes del 27-S

A la hora de escribir estas primeras líneas (el viernes 25), no sabemos qué ocurrirá el 27-S. Y creemos que es interesante escribir este post así –antes y después- para evidenciar que el mensaje no debe cambiar, ocurra lo que ocurra ese día. Y el mensaje es este: ya se trate de una consulta ilegal, de unas elecciones plebiscitarias o de cualquier reivindicación justa o injusta, fundada o no fundada, habida y por haber, en un país que se dice democrático, de baja o de alta calidad, es preciso como mínimo respetar los procedimientos, las normas y, sobre todo, los derechos de los demás y la paz social, en cuya garantía se establecen esas formas y procedimientos. No hay democracia sin Estado de Derecho. Las declaraciones unilaterales y las vías de hecho son antidemocráticas, aunque puedan responder a inquietudes y aspiraciones totalmente legítimas e incluso mayoritarias. Ningún accionista asaltará la sede social, haciéndose con la dirección, aunque se le haya hurtado el derecho de información o su legítimo dividendo: deberá ir a la junta general o a los tribunales.

No son los más adecuados, por ello, aunque sean ciertos e importantes, los argumentos que apelan a los perjuicios económicos que la secesión podría producir, a la pérdida de la ciudadanía o a la salida de la UE o a la marcha de bancos y otras empresas ¿Es que si fuera de otra manera la cosa cambiaría? No, el único argumento que debería usarse en este momento, por mucho que sea haya sido devaluado como cantinela repetitiva, es que el procedimiento no es legal, partiendo del concepto mismo  de elección plebiscitaria que, al socaire de auscultar la voluntad popular con relación a una supuesta independencia, lo que hace es hurtar a la ciudadanía el debate sobre la gestión del gobierno catalán en las que cuestiones que, estas sí, legalmente le competen, llegando al despropósito de que el responsable de todo ello no va de cabeza de lista, confundiendo así al votante en cuanto al objeto mismo de su decisión.

Desde nuestro punto de vista, todo esto no debe aceptarse no por una cuestión de conveniencia, sino de principios. Decía Voltaire “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”; parafraseándolo en estos tiempos posmodernos, habría que añadir: “defenderé con mi vida tu derecho a que tu opinión se respete si se aprueba democráticamente, y a que no se imponga si no se aprueba; y ello con todos los medios que la Constitución y las leyes nos otorguen”.

Hoy, en tiempos de flexibilidad y pacto, es mal vista toda imposición y coacción, pero hay que recordar que, a veces, si no se opone la resistencia necesaria el más burdo, intolerante y poco respetuoso puede llevarse el gato al agua. Ello no significa, por supuesto, que debamos confiarlo todo al BOE. Sería ilusorio pensar que sin verdadera política puedan las cosas solucionarse. Pero cabe decir, y esto también es política, que este no es el momento para hablar de reformas de la Constitución, de encajes de Cataluña en España, de reconocimiento de peculiaridades nacionales y, mucho menos, de sistemas tributarios especiales o de cesión económica de ningún tipo. Deberían nuestros gobernantes comprender que aceptando este tipo de concesiones se viola el principio de igualdad de todos ante la ley y se consienten coacciones y amenazas que para el ciudadano normal –pues el que coacciona ve culminadas sus aspiraciones-  significa llevarle a la certeza de que para conseguir algo lo que hay que hacer es ejercer la suficiente presión para que a los gobernantes les sea más cómodo ceder que enfrentarse. Y eso es el caos.

¿Quiere eso decir que la respuesta al problema catalán se soluciona manteniendo la letra actual de la Constitución a marchamartillo y hasta el final de los tiempos? En absoluto. Lo hemos dicho reiteradamente. El problema autonómico y en concreto el catalán exigen un debate amplio y libre, que sin duda pasaría por una reforma constitucional en la que deberían abordarse todas las brechas que tiene el título VIII de la Constitución y buscar entre todos la solución más adecuada, que podría ir desde una recentralización, pasando por una simple mejor definición de competencias o una solución federal, hasta, incluso, si se aprueba por todos los españoles, el establecimiento de una consulta con posible independización, pero, eso sí, en unos términos tan rigurosos como los que se estableció para Quebec en la ley de la Claridad canadiense.

Pero eso, hay que dejarlo claro, no es el momento de tratarlo ahora. Por un lado, porque no se pueden tolerar soluciones unilaterales en situaciones de tensión emocional cocidas en el caldo de cultivo de una educación y unos medios de comunicación teledirigidas durante años, y con fondos públicos; por otro, porque la debilidad de nuestras instituciones estatales y autonómicas –sin olvidar ninguna- impiden tratar cuestiones tan trascendentales sin riesgo de que la solución sea, también una vez más, un apaño de las élites políticas y económicas para salvar sus respectivos intereses. Es, pues, imprescindible una regeneración a fondo para que podamos enfrentar nuestros graves problemas políticos y económicos de tal manera que la solución que se adopte sea buena para la mayoría de los ciudadanos.

Esperemos que la votación del 27-S y la que nos espera a final de año supongan un impulso de esta idea.

Después del 27-S

Pues hoy domingo, a las 23 horas, como no podía ser de otra manera, de nada nos desdecimos. Pero, claro, ello no significa que no haya pasado nada. La primera lectura es que el supuesto voto independentista ha ganado en escaños pero no en votos, tal y como se preveía. O sea, que los catalanes no quieren independizarse pero están profundamente divididos. Pero, eso sí, Junts pel sí (o la suma de sus componentes) ha perdido 9 escaños. Quizá Mas debería pensar cuál es el límite de pérdida de escaños, elección tras elección, antes de replantearse si su estrategia es la correcta; salvo que se considere que la estrategia correcta era huir hacia adelante para evitar enfrentarse a su gestión, y que lo que hay que hacer ahora es estirar todo lo que sea posible el procès para que la inercia separatista le permita seguir gobernando en condiciones similares a la actual. Habrá que ver si las CUP quieren entrar en ese juego o si de nuevo nos encontramos en un complicado tripartito de nefastas consecuencias, siempre en perjuicio del ciudadano que, es de prever, va a ver frustradas tanto sus ansias independentistas como las que pudiera tener de una gestión política y económica eficiente y democrática.

Pero esta situación de inestabilidad no es tampoco halagüeña para España en general, porque va a ser enorme la tentación de nuestros pusilánimes gobernantes nacionales de realizar concesiones que les permitan quitarse este problema de encima o, al menos, procrastinar hasta la siguiente legislatura. Este sería casi el peor de los escenarios, porque profundiza en los errores que nos han conducido a la situación actual: desigualdades, excepciones, concesiones bajo mano, soluciones cortoplacistas que no impedirán que el problema se vuelva a plantear tarde o temprano. Y no hay que excluir que este escenario sea precisamente el que se encuentra en la mente de muchos votantes del independentismo, que pueden haber llegado a la conclusión, bastante realista por otro lado, de que lo peor que le pueda pasar a Cataluña es que le den algo y no le quiten nada, porque la reacción las conductas poco institucionales -por no decir otra cosa- en nuestro actual Estado clientelar no es frecuentemente la aplicación de la ley, sino prebendas y concesiones que quiten al gobernante el problema de enmedio y no le quiten demasiados votos.

Con todo, hay un par de rayos de esperanza. Por un lado, la caída de los grandes partidos nacionales (o medio nacionales), ahogados por contradicciones internas nacidas de una actitud reiterada querer de contentar a todos para seguir gobernando ellos; y que con su inepcia y lenidad han tenido un porcentaje muy alto de la culpa de todo lo que está pasando. Sus cosméticas de última hora han servido para poco: se puede engañar una vez a todo el mundo; muchas a muchos, pero no siempre a todos. Tampoco el franquiciado de Podemos en Cataluña ha tenido buen resultado, al ser perjudicado por la CUP, que además de ser de radical, es independentista, lo que le añade un plus de glamur en ciertos ámbitos.

Finalmente, Ciudadanos ha tenido un éxito arrollador pasando de 9 diputados a 25, casi lo mismo que suman PSC y PP. Si debemos entender con ello que su mensaje regenerador ha prendido, no podemos sino congratularnos. De momento, en su alocución en la noche electoral Inés Arrimada ha dicho dos cosas muy sensatas: que Mas debería dimitir y que serían precisas otras elecciones en las que lo que se discuta sea lo que se discute en las elecciones autonómicas: las necesidades de los catalanes. Esperemos que sepan usar esa confianza en esa regeneración que ya nos está faltando; pero han de saber que la confianza se tiene pero es muy fácil perderla.

Encuentre las diferencias: la corrupción política catalana y la española, reproducción de la Tribuna de EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Encontrar diferencias entre la corrupción política catalana y la española recuerda un poco a esos juegos infantiles de “busca las diferencias” entre imágenes que son muy similares salvo en algún detalle muy menor, de manera que solo con mucha concentración es posible advertirlas. Efectivamente, la corrupción política catalana se parece a la española casi como una gota de agua a otra. De manera que la financiación irregular de CDC es sospechosamente similar a la del PP con su modelo de adjudicaciones de contratos públicos a empresas afines en Administraciones gobernadas por el partido a cambio de comisiones, de las que una parte importante acaba en los bolsillos de los intermediarios que para eso se arriesgan. Se parecen  también asombrosamente en sus tesoreros imputados mantenidos con nómina, despacho y ordenador en las oficinas del partido hasta que alguien lo descubre y se ven obligados a echarles, pero siempre teniendo cuidado de no enfadarles mucho para que aguanten el tirón (“Luis, se fuerte”). Se parecen también en su voluntad de obstaculizar las investigaciones policiales haciendo desaparecer documentación comprometida, ya sea triturando papeles o destruyendo discos duros. Y qué decir de los respectivos jefes políticos que durante décadas han controlado todo pero lo han ignorado todo, del trasiego de maletines, de las sedes registradas y de las comparecencias en los Parlamentos para dar explicaciones más o menos obligados por la oposición y/o la opinión pública, comparecencias que se convierten en espectáculos no aptos para ciudadanos adultos por el grado de desprecio a la inteligencia que muestran.

El epicentro de la corrupción suele estar también en los Ayuntamientos, dado que los controles preventivos administrativos son mucho más débiles en el nivel local y los cargos políticos pueden adjudicar contratos y concesiones con más libertad a quienes les parezca bien. Conviene no olvidar que en muchos municipios es frecuente que los cargos electos formen parte de las mesas de contratación, es decir, de los órganos técnicos que van a decidir las adjudicaciones. La correlación entre corrupción política municipal y debilidad de controles preventivos no es una casualidad, como ha puesto de manifiesto el reciente estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? sobre corrupción institucional y controles administrativos preventivos http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/05/Estrudio-corrupci%C3%B3n1.png

La resistencia a asumir responsabilidades políticas por escándalos de corrupción es  idéntica. Una vez establecido el sacrosanto principio de toda democracia de baja calidad según el cual no hay necesidad de asumir ninguna responsabilidad política hasta que un juez te meta en la cárcel o casi las presiones, lógicamente, se trasladan al ámbito judicial para evitarlo. Aquí tenemos un gran abanico de posibilidades: se pueden poner palos en la rueda de la instrucción judicial -recordemos que los presuntos corruptos institucionales disponen de importantes recursos públicos para su defensa- cambiar al juez que resulte incómodo, interferir en los nombramientos de órganos colegiados “sensibles”  vía CGPJ o Parlamento autonómico (Sala de lo Penal y Civil de Tribunales Superiores de Justicia, Presidencia Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), regatear recursos humanos y materiales a los juzgados colapsados por los macroprocesos de corrupción, o si nada de lo anterior funciona se puede acortar el plazo de las instrucciones o eliminar la “pena de banquillo”. Como última medida si no se consigue detener la maquinaria judicial –lo que a veces ocurre- queda siempre la posibilidad de indultar a los corruptos.  Se trata de asegurar la impunidad y el “business as usual” .

En definitiva, las prácticas de la clase política para eludir la responsabilidad penal son muy parecidas idénticas en Cataluña y en el resto de España, con la única salvedad de las respectivas competencias en la materia, dado que el Gobierno catalán todavía no puede indultar a nadie ni modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero sin duda son posibilidades muy interesantes para un Estado independiente con una clase política con problemas graves de corrupción.

En cuanto a los empresarios que pagan las comisiones,  la verdad es que tampoco se advierten grandes diferencias; gente próxima al partido que sabe cómo funcionan las cosas y que no las cuestiona, dispuesta a callar y a defender su honorabilidad y, de paso, de sus intereses.  Gente que dona cantidades muy importantes a los partidos o mejor todavía a sus Fundaciones (más resguardadas) por “patriotismo” o por afinidad ideológica, por pura bondad, vamos.  De hecho, algunas empresas particularmente locales han nacido y crecido al amparo del poder político al que le deben todo, aunque en un país donde predomina el capitalismo de amiguetes incluso en grandes empresas cotizadas no resulte sorprendente. Quizá la pequeña diferencia es que los empresarios catalanes parecen más diligentes con la contabilidad de sus mordidas, y se molestan en anotarlas por cada adjudicación pública en un documento guardado en un lugar seguro, no vaya a ser que luego haya problemas a la hora de hacer las cuentas. Una bendición para los investigadores.

Aún así, es posible si prestamos mucha atención percibir elementos distintos, que se  convierten en ventajas claras a favor de los partidos nacionalistas. Así CDC puede sostener sin ruborizarse que la investigación de su financiación irregular procede del Estado opresor –aunque la denuncia partiese de su actual socio, ERC- mientras que el PP o el PSOE en parecidas circunstancias se tuvieron que conformar con denunciar una “causa general” contra sus respectivos partidos. En todo caso, nuestra clase política tiene claro que hay que intentar convencer al votante de que la culpa de la corrupción propia es del adversario político, o al menos de que el adversario político es todavía más corrupto que uno y que para eso siempre será mejor votar a “tus” propios corruptos. De nuevo, la ventaja para CDC es que algunos de sus adversarios políticos ya no lo son tanto gracias al prodigio de la lista única: al parecer la cuestión nacional permite dejar aparcada la cuestión de la corrupción, al fin y al cabo siempre será mejor un corrupto de la tierra que uno de fuera.

De la misma forma, otro punto para CDC es que el “pacto de silencio” reinante en Cataluña sobre el cobro generalizado de comisiones ha sido hasta ahora bastante más espeso que en el resto de España: al fin y al cabo Maragall optó por callarse después de su famoso exabrupto inicial mientras que sus compañeros en el Parlamento nacional –aún a riesgo de enseñar sus vergüenzas, especialmente en Andalucía- optaron por una línea más combativa con el PP lo que nos ha proporcionado cumbres dialécticas inefables del “y tú más”.

Por último, no hay que olvidar las diferencias en la cobertura de la corrupción por parte de los medios de comunicación. En el resto de España –con honrosas excepciones- los medios tienden a enfatizar la corrupción política de los antagonistas y a minimizar la de los afines, pero lo cierto es que los grandes escándalos de corrupción acaban llegando al público. Los medios catalanes dependen mucho más del favor político por lo que los escándalos de corrupción son más fáciles de acallar. Conviene no olvidar que la excesiva cercanía se traduce en un incremento de la autocensura cuando no de la censura a secas.

Pero sin duda donde la clase política catalana nacionalista ha superado con creces a la española es en el hallazgo de evitar la asunción de responsabilidad política incluso cuando hay elecciones. Efectivamente, en la democracia española la única posibilidad real que tienen los electores de depurar responsabilidades políticas a la vista de que nadie dimite y a nadie se le cesa es, sencillamente, votando por otros partidos o por otros políticos. Pues bien, el señor Mas y CDC han conseguido que no haya que responder ni siquiera en unas elecciones de la gestión, de los recortes, del nepotismo, del despilfarro, del 3%  y de la corrupción generalizada en las instituciones. Mejor todavía, con un poco de suerte ya no habrá que responder de ningún posible delito ante los jueces y tribunales del Estado español. La impunidad total. El sueño de cualquier caudillo que prefiera responder ante la Historia que ante los ciudadanos.

 

Reproducción del artículo de Ignacio Gomá en Libertad Digital: Tarde, mal y nunca

BanderaEl artículo que sigue fue publicado en Libertad Digital (ver aquí) el pasado martes 1 de septiembre, día en que se publicó la noticia sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional”:

Nos enteramos que, a menos de un mes de las elecciones pseudoplebiscitarias catalanas, el PP se descuelga con una propuesta que pretende incluir en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de normas destinadas a posibilitar la inhabilitación y la imposición de multas a quienes incumplan las resoluciones de dicho Tribunal.

Si pudiéramos acercarnos al problema que se nos plantea en Cataluña sin demasiada pasión, podríamos hacer como el famoso jurista italiano Norberto Bobbio cuando decía que frente a toda norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: si la norma es justa o injusta (lo que corresponde a la Filosofía del Derecho); si la norma es válida o inválida (lo que corresponde a la Ciencia jurídica) y si la norma es eficaz o no lo es (lo que correspondería a la Sociología del Derecho). Intentémoslo.

Desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho, no hace falta ser un especialista en Derecho Constitucional para apercibirse de que algo falla en esta propuesta. No sólo porque ya exista el famoso artículo 155 de la Constitución, que autoriza al Estado a adoptar las “medidas necesarias” si una Comunidad Autónoma no cumpliera la Constitución o las leyes; o porque nuestro Código Penal ya  establezca en su art. 410 multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior o porque el Título XXI hable de los delitos contra la Constitución –incluyendo su derogación o modificación total o parcial- o el XXII se refiera al orden público incluyendo al delito de sedición (quienes se alcen para impedir el cumplimiento de las leyes); no, no es sólo que esas cuestiones, con un mínimo de sentido común, puedan subsumirse en tipos ya existentes, sino que además se violenta la esencia del Tribunal Constitucional, que no es la de un Tribunal inserto en la Administración de Justicia, sino la un órgano constitucional, el llamado “legislador negativo”, destinado a velar por el ajuste a la Constitución de leyes y resoluciones judiciales, pero no a la ejecución de sentencias ni a sancionar su incumplimiento.

Pero con ser el análisis desde la Ciencia del Derecho poco halagüeño, no lo es mucho más el que nos depara el de la Filosofía del Derecho, destinado a examinar su justicia. Porque siendo una de las características de la ley su generalidad (sí no formalmente, si en su espíritu), no cabe duda que una iniciativa como ésta adolece de un vicio de legitimidad derivado de la evidente condición oportunista de estar pensada para un caso muy concreto, lo que quizá podría facilitar su impugnación…ante el propio Tribunal Constitucional que, en su sentencia 166/86 (Rumasa), establece como límites constitucionales de las leyes singulares el principio de igualdad, la división de poderes y la reserva de generalidad en las leyes que impiden o condicionan el ejercicio de derechos fundamentales. Tendría gracia.

Con todo, quizá es el análisis desde la Sociología del Derecho el que más me incita a la crítica. Suelo decir que el Derecho, más que una Ciencia, es un Arte (Ars boni et aequi), que consiste en saber producir modificaciones en la realidad mediante el establecimiento de reglas. Y si queremos cambiar las cosas con eficacia se exige habilidad, oportunidad, decisión y legitimidad. Con todo el tiempo que llevamos procrastinando con el asunto autonómico, admitiendo abusos e incumplimientos por razones de política a corto plazo ¿alguien se cree que a un señor que pretende independizarse le va a asustar una multita  o la inhabilitación de un cargo del que quiere cesar para pasar a ser presidente de un Estado? Es más, ¿no supone el uso torpe y torticero del Derecho un refuerzo de la posición de los incumplidores? Quienes quieren defender el Estado de Derecho deben comprender que, al menos en este punto, la diferencia no está sólo en los fines sino, sobre todo, en los medios, que se deberían haber usado antes y mejor, y con la máxima legalidad y legitimidad. Veremos si se usan así los que aún quedan.

HD Joven: Reflexión de septiembre sobre el 27-S

Se acerca el 27 de septiembre y los sentimientos, tanto de los secesionistas como los de los unionistas, se encuentran a flor de piel. Cada cual enarbola su estandarte con furia, esgrimiendo sus fundamentos éticos, morales, históricos, geográficos, etcétera, para que esta pelota del independentismo siga rodando, incentivado, desde luego, por la propia estrategia política que moldea la capacidad crítica del ciudadano.

Pero dejémonos de quimeras y pretextos, en mi humilde opinión, inútiles. Aboguemos por el pragmatismo y dejemos a un lado esa pasión incontrolada que tanto nos caracteriza. Atendamos a la cuestión fundamental dentro de la amplia panoplia de argumentos que el ciudadano catalán deberá sopesar al introducir su papeleta en la urna.

El pasado miércoles nos reunimos el equipo de HD Joven y HD con el fin de organizar la nueva temporada, y entre varios temas, surgió en algún editor la necesidad de delimitar la verdadera argumentación a favor o en contra del secesionismo catalán. Aparte de la cuestión histórico-político-geográfica de Cataluña y que, no se puede negar, está ahí y ha tenido lugar en la historia de España, el debate económico y presupuestario es el argumento que mayor peso tiene, o al menos el más importante en su forma primigenia, antes de que la presión político-mediática incidiera directamente en la opinión ciudadana, haciendo nacer en ellos nuevos sentimientos que hasta hace poco tiempo no sabían que existían, con el claro fin de ocultar las deficiencias en su gestión.

Las quejas residen en general en la desproporción existente entre la aportación al PIB que hace Cataluña (sus ciudadanos) y el presupuesto que devuelve el Estado a dicha comunidad. Dicho sea de forma torticera, están hartos de que los andaluces (entre los que me cuento), entre otros, reciban el dinero de los catalanes. No intenten magnificar el problema, es este y no otro.

Pues bien, con toda la prudencia exigible a un servidor, con formación básica en economía, y con todos los respetos a esta materia y a los especializados en ella, los datos macroeconómicos señalan en grandes rasgos lo siguiente:

  • En los Presupuestos Generales del Estado para 2016, la Comunidad de Cataluña será la tercera comunidad de España en recibir un mayor presupuesto, por detrás de Andalucía, Castilla y León y Galicia, por ese orden (véase). Lo mismo viene ocurriendo en años anteriores.
  • En la aportación al PIB del año 2014 (último año cuantificable) de las Comunidades Autónomas, se aprecia que Cataluña es la comunidad que más aporta al Estado con 199.786M, siguiéndola muy cerca Madrid con 197.699M, y Andalucía como la tercera con 141.704M (véase).
  • En cuanto al saldo fiscal de las Comunidades Autónomas, dato imprescindible para poder valorar los puntos anteriores pues no es más que la relación entre ambos, aparece que Cataluña es la segunda por la cola, presentando un saldo negativo (recibe menos de lo que aporta), pero Madrid es la última doblando las cifras catalanas. Andalucía es la que mayor saldo positivo presenta (véase).

Estos son los datos. La conclusión, valorable. Pero desde luego, la situación no es suficiente ni para encabezar la legión secesionista, ni para aparcar definitivamente el tema presupuestario, pues la aflicción catalana en este punto es totalmente comprensible. Hay cuestiones por tanto, que pueden y deben tratarse, como las económicas. Otras, sin embargo, no son tolerables en un Estado de Derecho, y no son más que el respeto a la ley y a los mecanismos que ésta regula.

El artículo 31 de nuestra Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Nuestro sistema tributario se basa pues en el principio de progresividad que emana de nuestra Carta Magna y que se encuentra igualmente instaurado en la mayoría de los países desarrollados. Por tanto, aquellos ciudadanos que disfruten de rentas altas, deberán abonar a Hacienda un porcentaje mayor que los que perciban menos, independientemente de la comunidad donde resida.

España es una nación unida (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, artículo 2 CE), no se trata de un Estado federal, aunque muchos pretendan lo contrario, pues su realidad no encaja con ese modelo estatal, ni con otros muchos, yo diría que ni el sistema actual es el apropiado (aunque esta cuestión la trataremos en futuros posts). De modo que lo que esa unidad representa, o debería representar, son valores de igualdad, equidad, solidaridad y bienestar social de todos los ciudadanos, entre otros.

Las condiciones demográficas, territoriales y políticas hacen que ciertas comunidades sean más prósperas que otras, económicamente hablando, lo que no puede provocar una violación del principio de progresividad y el reparto equitativo del presupuesto, independientemente del cumplimiento que desde el gobierno de turno se haga de los mismos. Pero si para favorecer el crecimiento prospero de cierta autonomía del Estado español es necesario dotar de un mayor presupuesto a dicha comunidad, así es como cualquier Estado debe actuar en orden a alcanzar el bienestar social de todos los ciudadanos que lo integran.

Como he dejado intuir a lo largo del artículo, me encuentro lejos de estar a favor del actual sistema autonómico, tributario y presupuestario, aunque igualmente estoy en contra de utilizar los argumentos esgrimidos para movilizar al separatismo a toda una comunidad, de ahí que los dirigentes políticos se vean obligados a buscar multitud de argumentos extra de importancia mínima e incluso nimia, individualmente considerados. La responsabilidad catalana para con el 27S, residirá en saber diferenciar lo importante de lo que no lo es y las soluciones viables de las que no lo son.

La kazajización de Cataluña

Vivo en Almaty, capital “cultural” de Kazajistán, desde hace casi un año. El país es fruto de la desmembración de la Unión Soviética, a principios de los noventa. Los líderes de la URSS fijaron sus fronteras actuales, bastante artificiales, delimitando un inmenso territorio en el que antes vivían diversos pueblos nómadas, pero en el que no había un Estado como tal. En general, los Estados de Asia Central son una creación soviética, no en el sentido de que no hubiera unidades políticas con anterioridad, pero sí en la medida en que su delimitación geográfica, su poder central y cuál debía ser su población fueron decisiones tomadas en gran medida por los Lenin y los Stalin de turno. Stalin, en concreto, deportó a Kazajistán a miles y miles de personas de todo “el imperio” –polacos, ucranianos, alemanes, coreanos…-, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y por eso, entre otras cosas, hoy en día hay en este país más de ciento cincuenta etnias diferentes, algunas con su idioma propio, como es el caso de los rusos. El ruso ha sido y sigue siendo, en gran medida, el idioma de la cultura y el idioma de los intercambios en todo el área de influencia rusa (antigua URSS y antiguos países socialistas), pero es que, además, los rusos se fueron asentando en Asia Central desde el siglo XVIII y, por ejemplo, en Almaty, durante los años noventa, la población rusa aventajaba en número a cualquiera de las otras etnias. La armonía que hoy reina en Kazajistán es en gran parte debida a su presidente -Nursultán Nazarbayev- que curiosamente lleva ganando las elecciones veinte años, por el ochenta por ciento de los votos.

Hace unas semanas asistí a una conferencia de un político kazajo (kazajo de nacionalidad y kazajo de etnia) que hizo un resumen de la historia del liberalismo en Kazajistán, hablando de la sintonía entre los liberales kazajos y los rusos, a principios del siglo XX. Sin embargo, se quejaba de que cuando llegaba la hora de hablar de la posible autonomía de Kazajistán –que entonces pertenecía sin más al Imperio del Zar- dichos liberales rusos se envolvían en una capa nacionalista y se cerraban en banda. Cuando la conferencia acabó, yo pregunté al ponente si él creía que, en el futuro, se obligaría a aprender kazajo a todo el mundo, en Kazajistán. La pregunta no le hizo ninguna gracia y se salió por peteneras diciendo que el problema se resolvería por sí solo, ya que, cada año, la población rusa disminuía y la kazaja aumentaba, porque los rusos, que se las ven venir, se marchan en cuanto pueden a la Madre Patria, a pesar de tener pasaporte kazajo. Ya se ve que al político no le gustaba el nacionalismo ruso pero no le hacía ascos al nacionalismo kazajo.

Me dio por pensar –lo siento si soy un catastrofista- que Kazajistán es un poco lo que será Cataluña cuando se independice de España. Probablemente quedarán dentro del nuevo Estado varios millones de personas que no querían la independencia y que incluso se sentían sinceramente españoles o tenían el español como lengua de uso diario. Sin embargo, como pasa en los nuevos Estados –y pasa en Kazajistán- las autoridades y la etnia preponderante sienten una necesidad acuciante de justificar su reciente existencia y multiplican los esfuerzos por afianzar una nueva y más fuerte identidad cultural. La población que no se siente identificada con el nuevo proyecto tiene sólo –a mi modo de ver, tres opciones. La primera es hacer de tripas corazón y volverse más papistas que el Papa; en el caso de Cataluña esto es fácil porque, ahora mismo, lo único que se requiere para ser catalán es hablar la lengua y querer una Cataluña independiente y, si me apuran, sólo lo segundo. Los rusos de Kazajistán lo tienen más difícil porque un eslavo nunca pude hacerse pasar por un asiático de ojos achinados; en cambio un andaluz sí puede pasar por catalán, a primera vista. La segunda opción es emigrar. A dónde emigrar es una pregunta difícil, puesto que los rusos vivían en Kazajistán desde hace muchas generaciones, igual que los charnegos en Cataluña. La tercera es hacerse fuerte en el que fue tu país y ya, poco a poco a poco, va dejando de serlo.

El nacionalismo –el centrífugo y el centrípeto- no tiene ningún sentido. Los Estados cumplen una función práctica, la de evitar la anarquía, pero pretender que a cada población le corresponde un Estado es una locura. Por ejemplo: no existe ningún grupo humano con una identidad más fuerte que la familia. Su identidad genética es máxima; también su identidad cultural, fruto de una cohabitación extrema entre los miembros del grupo. ¿Tiene que tener derecho a un Estado cada unidad familiar? Se me puede objetar que una familia no tiene literatura, no tiene arte, no tiene lengua. Muchos de los Estados salidos de la descolonización tampoco tuvieron nunca un Cervantes o un Gaudí y en cuanto a la lengua, mucho habría que decir sobre el hecho de que se considere a la lengua como el factor determinante para otorgar a un pueblo el calificativo de tal. ¿Es que todos los países donde se habla inglés forman un pueblo? ¿Es que la India, donde conviven tantísimas lenguas, no lo es? También se puede alegar que sólo tienen Derecho a ser Estado las unidades territoriales capaces de vivir autónomamente en lo económico. Esta objeción tiene una contestación fácil: no existen, hoy en día, las unidades territoriales –sean Estados o no- capaces de vivir en la autarquía.

¿Se convertirá Cataluña en Kazajistán y España en la Rusia postsoviética? Estoy convencido de ello. Me da pena, como he dicho, por los no nacionalistas que queden en Cataluña pero como dijo aquel político kazajo, será un problema breve, de una o dos generaciones: los más listos se adaptarán y los que no, volverán a Andalucía.

HD Joven: ¿Qué opina el Tío Sam sobre España y el estado catalán?

Soy un investigador español especializado en el área de la Neurociencia, que desde hace 3 años vivo en Nueva York y desde mi posición, sigo atentamente la actualidad española desde el otro lado del Atlántico, y resultando de candente actualidad la independencia de Cataluña, y dado que dicho asunto afecta tanto a España, como indirectamente a EEUU, procederé a realizar un breve análisis de cómo se percibe la el impulso soberanista catalán desde el punto de vista norteamericano.

La situación en España recibe atención, lamentablemente, en el peor sentido de la palabra, por parte de la prensa estadounidense: por un lado, los problemas económicos y la gestión de la crisis del estado español ha sido el tema central de diversos análisis, si bien ahora el foco en este punto se ha desplazado a Grecia (Pulse aquí, por ejemplo).

En segundo lugar, los terribles fallos de gestión política en diversos casos como el primer caso de infectado por Ébola en occidente o los numerosos casos de corrupción que afectan a la cúpula de los dos principales partidos españoles, causan perplejidad y pérdida de prestigio internacional (Pulse aquí y aquí).

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, la irrupción de nuevos partidos que desestabilizan el status quo del arco parlamentario, trae dudas lógicas de cuál es el futuro cercano que le depara a la ciudadanía. El perfil de Pablo Iglesias, líder de Podemos es analizado aquí.

Por último, el intento secesionista llevado a cabo por una parte de la sociedad catalana es mirado con creciente interés y preocupación por una parte no pequeña de un sector de la población, que se puede considerar bien informada (Pulse aquí y aquí).

Nuestro país es visto por los estadounidenses como una de las naciones más antiguas de Europa. De acuerdo a su formación educativa, tienden a sobrevalorar la contribución británica a la colonización del continente americano a costa del papel jugado por Francia, y sobre todo, por Portugal y España. Tienen graves carencias acerca de la historia común y de la influencia de la corona española en los colonos e indígenas norteamericanos, si bien están al tanto de la importancia que nuestro país tuvo para el desarrollo de las naciones situadas al sur de los Estados Unidos, entre ellas algunas incorporadas ya a la Unión. Quizás el aspecto más negativo es que consideren, históricamente,  a los españoles una de las peores naciones esclavistas por detrás de los portugueses. En ese sentido, el papel predominante del comercio esclavista llevado a cabo por las compañías británicas durante dos siglos es sorprendentemente menos conocido. 

Desde el punto de vista estadounidense no es fácil entender la división administrativa de España. Como es sabido, la organización territorial estadounidense es de tipo federal. Tras la guerra de 1812 se impusieron las tesis jeffersonianas de la estructura que debía seguir la Unión, donde el Estado era una figura administrativa que servía de contrapeso al gobierno central. Sin las consecuencias derivadas de esta guerra contra el Imperio Británico, no se le puede encontrar sentido a algunas peculiaridades del sistema estadounidense como la lista de competencias gubernativas de los Estados o la existencia aun hoy de milicias estatales independientes del ejército federal. España, al contrario, era visto como un país cohesionado (Pulse aquí). 

Para los estadounidenses descubrir que una parte de España busque la secesión es visto con preocupación. Son poco conocidas en España las iniciativas independentistas de algunos Estados integrantes de los EEUU. En consonancia con la idiosincracia estadounidense, es fácil para su ciudadanía canalizar iniciativas mediante grupos de presión organizados por la sociedad civil. Es por ello que desde hace unos años hay varios grupos secesionistas en varios Estados, existiendo en Texas uno de los más importantes (Pulse aquí para más información). Es por ello que el movimiento independentista catalán es visto en clave interna: en su razonamiento consideran que si en un país no federal como España, un movimiento secesionista tiene posibilidades de prosperar, un movimiento similar en alguno de los Estados, añade motivos a la preocupación (Pulse aquí). No es casual que el president de la Generalitat haya encontrado antes de la consulta hueco en algunos de los medios de comunicación estadounidenses (Entrevista realizada aquí a partir del minuto 1:32).

Puede parecer que el debate nacionalista solo sea visto con interés en España. Nada más lejos de la realidad. Las adversidades económicas y los movimientos sociales son frecuentemente correlacionados con la situación en Cataluña por una parte nada despreciable de la opinión pública estadounidense. Asimismo, es su deseo que la hoja de ruta que conduzca a la separación de Cataluña sea neutralizada por el dialogo de los políticos españoles. Sólo el tiempo dirá si este deseo se cumple.