También las palabras

El proceso independentista catalán ha generado, no sólo desde la multitudinaria celebración de la Diada de 2012, sino ya desde la firma del Pacto del Tinell y los sucesivos gobiernos de aquel emanados, y muy especialmente tras la STC de Pleno 31/2010, de 28 de junio, un progresivo deterioro de la convivencia social, del consenso político y de la imprescindible lealtad institucional. Pero además, este menoscabo se ha extendido también al plano del lenguaje al convertirlo en otra víctima más de la creciente tensión soberanista. En este sentido, quizá también recuerden como Miguel Roca Junyent, en una tribuna publicada en el diario La Vanguardia el 16 de octubre de 2012, decía «¡basta!» a lo que consideraba ya como una ofensa inadmisible: «la pretensión de identificar mi catalanismo con la ideología nazi».

Y es que ciertamente, en los últimos años, han sido numerosísimas las imágenes empleadas por políticos, periodistas, artistas e intelectuales, parangonando actitudes, comportamientos, decisiones políticas, actos administrativos o disposiciones legales del catalanismo militante con el nacionalsocialismo alemán del siglo pasado. «En la Alemania del año 1933 hubo unas plebiscitarias. A mí no me gustan nada los plebiscitos, es lo que hacían los dictadores» (Miquel Iceta); «Es una ofensa a nuestro pueblo, a nuestros derechos históricos. Exigimos respeto. Nos quieren incluir en un proyecto imperialista (…) como en Austria hablaban alemán, era todo uno. Ahora otros quieren anexionarnos» (Rafael Maluenda); «Quieren reclamar con el fuego de las antorchas la nación catalana. Cualquiera que tenga, no digo sentido común, cualquiera que haya estudiado unas líneas de historia universal contemporánea dice: ‘esto me recuerda a movimientos totalitarios como el nazismo y el fascismo» (Alfonso Merlos); «De todo lo que le pasaba a Alemania, la culpa siempre la tenían los judíos y si no, los anglosajones, y si no, Francia. Nunca los alemanes. Este es exactamente el modelo catalán» (Federico Jiménez Losantos) «El separatismo catalán de nuestros días, no ha hecho más que desempolvar los principios del separatismo en los años treinta. Claro está que antes del nazismo y del holocausto juzgado internacionalmente en Nüremberg, hoy no puede hablarse tan claro como en los treinta y la simbología con águilas, estrellas de cinco puntas y las llamas están en desuso. En lo fundamental: los contenidos, y su pobre pretendido cientifismo, esas ideas siguen flotando en el subsuelo de Esquerra Republicana o de Convergencia i Unió.» (Xavier Horcajo); «Las liturgias nacionalistas, me recuerdan a la Italia musoliniana o a la Alemania nazi. Allí sí los encuadraban bien» (Albert Boadella); «Ya has convencido a media población de que su ruina es culpa de los españoles, o sea, de los andaluces, de los gallegos, de los murcianos, y así sucesivamente, todos ellos ladrones. Ahora debes ascender un escalón. Si lees un poco verás que los Grandes Estadistas llega un momento en que tienen que emprender la Gran Marcha, el incendio del Reichstag, la Marcha sobre Roma, la Noche de los Cristales Rotos, cosas semejantes, pasos decisivos. Solo entonces pasarás de una generación a seis o siete» (Félix de Azúa).

La reacción del entorno nacionalista –y no sólo de aquel- a estos paralelismos ha sido variada: desde la airada contestación a través de los medios por comentaristas afines hasta la elaboración de listas de agravios (Consejo Audiovisual de Cataluña) pasando directamente por el ejercicio de acciones civiles ante los Tribunales «en representación y defensa del pueblo Catalán». Incluso, se da la paradoja de que en alguna ocasión, las propias figuras del nacionalismo catalán no han dudado en emplear estas mismas analogías con el objeto de descalificar, por ejemplo, a los empresarios alemanes radicados en Cataluña y contrarios al proceso independentista (Joan Tardá). Ante este escenario,  la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿está realmente justificada siempre y en todo caso esa susceptibilidad en la asimilación de actitudes nacionalistas y nacionalsocialistas? ¿es dable la exclusión ab initio de cualquier referencia a sintagmas de esta naturaleza en la descripción de la situación catalana? ¿«Hitler», «nazismo», «nacionalsocialismo» et altri son términos inaplicables fuera de su riguroso y circunscrito contexto? Un análisis desapasionado de la cuestión implica necesariamente una respuesta negativa. El rechazo preventivo de cualquier atisbo de equiparación, por tangencial que sea, entre el nazismo y el nacionalismo independentista de hoy en día, adolece en su razonamiento de lo que se conoce como falacia de asociación o, más concretamente, del denominado argumentum ad nazium o Reductio ad Hitlerum, una variable de las falacias ad hominen, en las que puede llegarse a conclusiones tan absurdas como la siguiente: «Si los nazis impusieron desde 1941 el uso en todo el Reich del tipo de letra Antiqua, entonces, esta tipografía es abyecta» En este sentido, Rosa Sala Rose, autoridad no ya en la historia del nacionalsocialismo sino, lo que resulta mucho más instructivo, en su sociología y en las capilaridades entre nazismo y la sociedad que lo amparó, sintetiza esta cuestión de forma admirablemente sencilla: «Por otro lado, no hay ningún malvado que lo sea a tiempo completo. También los asesinos en serie duermen la siesta, comen tartas de chocolate o acarician distraídamente a un perro, sin que sus atrocidades tengan el menor efecto de contagio sobre las camas, las tartas de chocolate o los perros» El periodista Arcadi Espada –repetidamente señalado también como gran asimilador- ha escrito que «Un nazi es muchas cosas». Y es muy cierto. Tan nazis y tan dispares son Reinhard Heydrich y Martin Heidegger; Sobibor y el Führerbau de Munich o el Zyklon-B y las Autobahn.

Alguien tan poco sospechoso como Víctor Klemperer, nos advirtió de manera magistral sobre la manipulación y la perversión del lenguaje como manifestación arquetípica de los totalitarismos. Resulta por tanto paradójico que la categorización de las palabras, su abstracción semántica,  la identificación imponderada del nazismo con el Mal, en otras palabras, el totalitarismo lingüístico, sea esgrimido por quienes precisamente se sienten ofendidos por las comparaciones que acabamos de reseñar. El nazismo, como toda ideología, es poliédrica. No creo, con toda franqueza, que nadie pretenda llamar genocidas a los nacionalistas catalanes cuando se compara la solvente uniformidad de los participantes en la Diada con las monolíticas manifestaciones por la Wilhelmstraße.  Es más, ningún nacionalista de buena fe debería sentirse concernido por esos cotejos, pues ninguna opción legítima puede verse refutada por la desgracia de haber sido el algún momento compartida por regímenes indeseables. No fumar, peregrinar a Bayreuth o vestir camisas de Hugo Boss no acarrea en ningún caso el estigma del Mal. Ni tampoco, por supuesto,  marchar con teas por el Born.

Cataluña tras el referéndum (II). Una perspectiva canadiense en el análisis de su resultado.

Para analizar el referendum hay que partir de una clara limitación: los resultados anunciados distan de ser fiables. Falta un censo con garantías, y los procesos de administración de las votaciones y del recuento quedó en manos de voluntarios claramente sesgados hacia el secesionismo. Parece que hubo quien votó varias veces, y no podemos saber si esta anomalía estuvo o no extendida. En todo caso, y con esas premisas, lo que suponemos es que los votos reales en favor de la secesión pudieron ser menos, pero difícilmente más.

Pero aún con esa limitación el resultado no puede entusiasmar a los secesionistas. A pesar de que lo hayan celebrado con un entusiasmo, al menos aparente, como si fuera un triunfo.

En Canadá tuvieron también a finales del siglo pasado un problema semejante, con dos consultas refrendarias soberanistas unilateralmente convocadas por el Gobierno de Quebec sin contar con el Gobierno federal de Canadá. Menos problemáticas que la consulta catalana, por cierto, pues allí no había expresas prohibiciones constitucionales al respecto. El gobierno federal reaccionó entonces planteando una consulta a su Tribunal Supremo (allí con funciones de constitucional) sobre las condiciones en que un proceso de secesión podría ser admitido. En base a su dictamen se promulgó entonces la Ley federal canadiense “de Claridad” de 29 de junio de 2000, que dispone los requisitos que tendrían que cumplirse para que cualquier provincia canadiense (aunque el problema existiera sólo respecto de la francófona Quebec) pudiera separarse de Canadá y constituirse como un Estado independiente. De esta forma, Canadá es quizá el único país del mundo que prevé y regula la posibilidad de su partición, con un aperturismo al respecto muy avanzado.

Es interesante comparar los requisitos y exigencias de esa Ley con las condiciones que se han dado de hecho en el ilegal referendum que ha tenido lugar en Cataluña. Vamos a ello.

No existe un derecho a la separación unilateral.

Es evidente que en ese proceso de ruptura no sólo están implicados los habitantes de Quebec (u otra provincia), sino todos los canadienses. Por eso el proceso tendría que ser negociado, partiendo siempre de que los quebequeses expresaran una voluntad clara, y por una mayoría cualificada, de separarse.

De la misma forma, no puede reconocerse a los catalanes ese pretendido “derecho unilateral a decidir”, que tanto alegan los nacionalistas como fundamento de su proyecto. Se trata de un falso mito que carece de base en cualquier ordenamiento democrático internacional. Lo mismo que no puede existir en cualquier ámbito de la vida en el que en la decisión estén involucrados los intereses de otras personas. Por pretender partir de ese fundamento ni siquiera los líderes soberanistas de Escocia y Quebec han apoyado la vía experimental de Mas. Esa unilateralidad es, incluso para ellos, un obstáculo insuperable.

La necesidad de una pregunta clara.

La oscuridad de las preguntas planteadas en los referenda en Quebec fue una de las principales causas de la reacción federal canadiense que culminó con su Ley, precisamente bautizada por ello como “de Claridad” (“Clarity Act” o “Loi de clarification”). La del último referéndum anterior a la Ley, el de 1995, había sido la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”.

Para evitar que un proceso tan importante y trascendente como una secesión parta de un principio tan turbio, y en la misma vía de necesaria bilateralidad, el Parlamento canadiense tiene la facultad de determinar si la pregunta es suficientemente clara como para provocar las negociaciones que puedan conducir a la separación.

En nuestro caso, en el referendum catalán ni siquiera hubo una pregunta, sino dos. Cuya combinación podría haber dado lugar a la expresión del deseo de ser algo tan extraño como un nuevo Estado pero no independiente. Esa complejidad, y el hecho de que a la segunda pregunta sólo pudiera contestar quien hubiere contestado afirmativamente a la primera, a la opción de que Cataluña se constituyera como nuevo Estado, implican necesariamente el incumplimiento de este requisito de claridad.

Una mayoría cualificada.

La Ley canadiense considera, con bastante justificación, y siguiendo el criterio de Dion, uno de sus promotores, que una mayoría por diferencia escasa, que podría desaparecer rápidamente en medio de las dificultades, sería insuficiente para dar legitimidad política al proyecto soberanista, habida cuenta de los cambios trascendentales para la vida de los quebequenses que se derivarían de la secesión.

Este requisito de mayoría cualificada ha existido también en otras consultas internacionales de separación. Incluso autoimpuesto por sus promotores. En el referendum por el que Montenegro se separó de lo que quedaba de Yugoslavia (en realidad ya sólo Serbia), por ejemplo, se exigió una participación de, al menos, el 50 % del censo. Y un apoyo a la secesión de, al menos, un 55% de los votantes.

Estos requisitos de participación no se alcanzaron, por ejemplo, en el referéndum (legal) de la última reforma del Estatuto catalán (donde desgraciadamente no se exigió un requisito de quorum especial). Ni mucho menos se habrían alcanzado en esta última consulta, donde según los datos de los organizadores (insisto, poco fiables además) sólo votó alrededor de un 37% del censo. Y ello a pesar de incluir a los menores de edad mayores de 16 años, un sector de población que, dado el control de la educación por el nacionalismo, probablemente habrá reforzado la opción soberanista.

Con ese quorum tan bajo, el resultado de un 80% en favor de la secesión deja de ser tan significativo. Todo indica que el voto no nacionalista decidió no movilizarse. A lo que sin duda ayudó el carácter unilateral y no acordado del proceso y su manifiesta ilegalidad. Si el voto hubiera alcanzado los porcentajes de, por ejemplo, las elecciones generales el resultado final podría haber sido muy distinto.

El derecho de permanecer en el país de porciones del territorio con una mayoría cualificada que rechace la separación.

Este es otro principio fundamental de la Ley de Claridad. Quienes defienden el “derecho a decidir” no pueden negarlo a porciones de su propio territorio. No puede pretenderse que Canadá o España puedan dividirse pero Quebec o Cataluña no. La flexibilidad, si se predica, ha de ser en ambos sentidos. Por tanto, este punto tendría que estar necesariamente en la agenda de las negociaciones que se abrirían (no culminarían) con el referéndum.

Conforme a los resultados manifestados por los organizadores, de las 41 comarcas catalanas, sólo en 12 de ellas se superó el 50% de participación. Y no precisamente las más pobladas. Entre todas juntas apenas superarían los 390.000 votantes de los 6.290.000 aproximadamente en toda Cataluña. Y dentro de ellas, si en una votación definitiva se exigiera, por ejemplo, una mayoría cualificada de la totalidad del censo, ese requisito sólo habría sido alcanzado en cinco de ellas.

 

En gran parte de la costa, las grandes zonas industriales y en el area metropolitana de Barcelona, entre otros territorios, la participación fue sensiblemente menor. E incluso fue también menor el voto favorable a la independencia. No resulta difícil pensar que en un referéndum pactado que tuviera fuerza decisoria, los contrarios a la independencia se sentirían más concernidos y movilizados y podrían alcanzar mayorías cualificadas en, al menos, tales territorios. Esa es la mayor fragilidad del proyecto secesionista.

En este caso, ¿iban a estar dispuestos los líderes nacionalistas a admitir la partición de Cataluña para que esas porciones de territorio permanecieran en España? Porque España no debería estar dispuesta a renunciar a defender la voluntad mayoritaria de los habitantes de esos territorios. Y, aun si lo estuviera, el nuevo Estado nacería con una fractura interna terrible, que amenazaría su estabilidad. Los casos de Ucrania, y de otros países de la antigua Unión Soviética con zonas de mayoría prorrusa, y los conflictos que por ello se han producido, deberían ser al respecto un motivo de reflexión.

El proceso de secesión tendría que ser negociado.

En todo caso el referéndum positivo sería sólo el comienzo de un complejo proceso de negociación, en el que tendrían que considerarse entre otras muchas cosas la seguridad de los derechos individuales y el respeto a las minorías. Se descarta así la virtualidad de cualquier declaración unilateral de independencia, idea tan grata para algunos de nuestros nacionalistas catalanes.

Una independencia unilateral en un país democrático, donde se respetan los derechos individuales y las peculiaridades regionales de carácter cultural o lingüístico, no tendría, además, ninguna opción de poder ser internacionalmente reconocida.

Conclusión.

Un proceso de potencial separación planteado en estas coordenadas, que son perfectamente razonables, tendría enormes dificultades para quienes ahora estimulan la desafección a España desde el victimismo. Donde han tenido lugar consultas, incluso sin tales garantías, como en Quebec antes de la Ley de Claridad, o en Escocia, se recuerda la tensión, la división social y la frustración que el proceso causó. En esas coordenadas nuevas, las posibilidades de éxito en el empeño de los soberanistas para alcanzar sus objetivos finales serían muy remotas. Y el riesgo a afrontar, incluso para ellos, inmenso.

Tal vez por ello hoy ni la secesión de Quebec ni un proceso de consulta para conseguirlo están en la agenda de prioridades de la gran mayoría de los quebequeses. Ni los nacionalistas cuando han estado en el poder provincial se han atrevido a impulsarlo de nuevo. En la mayoría de los casos, las secesiones en países democráticos no tienen sentido.

Si nos planteamos una reforma constitucional, ese ejemplo puede ser tenido en cuenta. Pero no es solo esa cuestión la única que debe de ser abordada. Nuestro modelo territorial es ineficiente, ha generado administraciones regionales sobredimensionadas donde se han multiplicado las redes clientelares. La cesión de ciertas competencias, como en Justicia y Sanidad, no parece haberse hecho con el objetivo de conseguir el mejor servicio posible a los ciudadanos, sino para satisfacer otros intereses. La cesión de la educación ha sido utilizada en algunas regiones con claros propósitos de adoctrinamiento. Y de ninguna manera debería consentirse que cualquier Gobierno, nacional o regional, pudiera disponer de medios de comunicación públicos, o de capacidad de influencia en los privados, como para que pudiera utilizar ese poder con fines propagandísticos de cualquier proyecto político, sea el que sea.

Todas esas cuestiones, junto con otras esenciales, como una verdadera separación de poderes, la apertura democratizadora de los partidos o el restablecimiento de los controles y equilibrios frente al poder político, deben ser consideradas en el nuevo pacto constitucional que nos lleve a mejorar nuestra democracia, a conseguir una mejor clase política y a eludir los riesgos de la extensión de la corrupción y del populismo. No podemos resignarnos al actual deslizamiento hacia un Estado fallido. Necesitamos plantear un nuevo proyecto de España que sea capaz de ilusionar. El desafío secesionista catalán no tendría opciones en ese nuevo escenario.

Cataluña tras el referéndum secesionista (I). Lo que no sirve.

Tras el referéndum que, al margen de la Ley, se ha celebrado en Cataluña da la impresión que ha cundido un cierto desconcierto entre los partidarios de que esta región siga formando parte de España. No sólo porque haya podido celebrarse, en contra de lo que muchos, y en primer lugar muy probablemente el Presidente Rajoy, habían creído. El tancredismo, el obviar el problema que supone un potente movimiento de secesión apoyado por los grandes resortes de poder acumulados por el nacionalismo, ha resultado un tremendo error, y no sólo del actual Gobierno del PP. De ello todos, hasta el indolente Rajoy, parecen hoy ya conscientes. Sin embargo los resultados de la consulta deben propiciar una serena reflexión que evite cualquier respuesta visceral.

 Entre los partidarios de mantener a Cataluña en España las propuestas de reacción ante este desafío son muy variadas.

La propuesta federal.

 Algunos propugnan una reforma constitucional que instaure un tipo de federalismo que, para tener una oportunidad, a su juicio, tendría que ser asimétrico. Esa propuesta supone, en realidad, unas mayores cesiones competenciales a la administración autonómica catalana. Se habla al respecto de “blindajes” en políticas lingüísticas, culturales y educativas. Sin embargo tales blindajes supondrían la quiebra de, nada menos, la soberanía española. Si algo ha demostrado el proceso soberanista en marcha es que la Administración española y su poder real son ya  prácticamente residuales, o casi inexistentes, en Cataluña. El masivo proceso de cesión de competencias que ha tenido lugar durante las últimas décadas y hasta ahora se ha utilizado para montar unas sobredimensionadas y derrochadoras estructuras cuasi estatales y para estimular la desafección hacia el resto de España. Y si además, con ello no se ha conseguido aplacar los afanes soberanistas de los partidos nacionalistas, sino muy al contrario… Los defensores de estas propuestas deberían esforzarse en explicarnos por qué piensan que avanzar en la misma línea con nuevas cesiones iba a dar ahora otro resultado.

 En esa misma línea, otra propuesta es el establecimiento de un nuevo sistema fiscal que supusiera la cesión a la Administración catalana de la recaudación de los impuestos y la limitación de su contribución en favor de las regiones españolas más pobres. A mí, personalmente, no deja de sorprenderme el ver a personas que se declaran de izquierdas (y que probablemente se lo crean) el defender esta forma de limitar un mecanismo básico de solidaridad. Probablemente esto es un resultado más del naufragio ideológico que ha sufrido gran parte de esa izquierda. La que ha querido asumir el nacionalismo, o al menos una mirada comprensiva hacia el mismo, como uno de sus pilares ideológicos, como si pudiera ser compatible con los que tradicionalmente había venido defendiendo.

 Ese planteamiento de soberanía fiscal es cuestionable. Muy probablemente a España no le va a interesar más el mantener así, tan solo formalmente, una región en su seno que con tales blindajes en realidad sería una estructura parasitaria. Y el ejemplo, como ya ha ocurrido, muy probablemente cundiría al menos entre las regiones más ricas.

 Además de no ser deseable, es muy difícil que pudiera ser viable un país organizado conforme a esta estructura, que sería una reunión de entidades soberanas más confederal que federal. La Historia nos ha enseñado que esos intentos han fracasado, y que esas estructuras estatales o bien han acabado por estallar (como el Imperio Austro-húngaro) o bien han evolucionado hacia sistemas federales, con una progresiva asunción por la autoridad central de mayores competencias (caso de Suiza).

 La propuesta federal no es necesariamente solo una. Existen muchos modelos diferentes de federalismo. Y puede tener puntos interesantes. Un modelo federal implicaría el establecimiento a nivel constitucional de un sistema fijo de reparto de competencias que evite el permanente (y lamentable) regateo de transferencias que hemos contemplado estas últimas décadas, en el que lo que menos parecía importar era la eficacia y eficiencia de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Pero es claro que ese nuevo terreno de juego no iba a satisfacer a nuestros nacionalismos disgregadores.

La respuesta inmovilista.

Frente a tales propuestas de innovación la respuesta jurídica de otros, con Mariano Rajoy a la cabeza, parece ser el puro inmovilismo. La defensa a ultranza de nuestro modelo territorial constitucional. Sin embargo esa, en realidad, “no respuesta” también causa cierta perplejidad. Es evidente que ese modelo ha generado una creciente desafección, a mi juicio bien alimentada de victimismo desde el poder conseguido por los nacionalismos. Es evidente, también, que esa desafección ha desembocado en un potente movimiento secesionista que sigue creciendo y que, si ya es hegemónico en los medios de comunicación y en el ambiente político en Cataluña, podría en el futuro llegar a ser también mayoritario, o incluso muy mayoritario en la sociedad catalana.

 Los defensores de este “status quo” tan inestable deberían tratar de explicar si creen que un Estado podría sobrevivir a tal situación. Si podría ser posible el mantener como parte integrante a una región en la que no sólo el verdadero poder sea secesionista, sino también en la que una contundente mayoría compartiera ese proyecto y se sintiera, por tanto, como encerrada y prisionera en un país al que no deseara pertenecer.

 La respuesta ya no podría ser “la Constitución no lo permite”. Es evidente que nuestra norma suprema no puede convertirse en un argumento en este debate. Ni en un muro que pueda desactivar esa situación tan explosiva.

 El movimiento secesionista es el único organizado e intensamente movilizado en Cataluña, el que se escucha allí con más fuerza e insistencia. Ha conquistado la legitimidad esencial en el nuevo orden de corrección política impuesto por el nacionalismo en los medios públicos y privados que domina, que son casi todos. Sin embargo, con todo ello en contra, los resultados del Referéndum nos indican que aún el independentismo no es aún mayoritario en la sociedad catalana. Y ese deslizamiento no tendría que ser necesariamente imparable e irreversible.

Conclusión

Para ello es preciso plantear nuevas soluciones jurídicas a este grave problema. Y superar esa pavorosa falta de ideas que parece atenazar a los partidarios de mantener la integridad territorial española. Soluciones de verdad, no como las antes referidas, que tanto se vienen oyendo. Su planteamiento requiere una nueva posición política, mucho más valiente y abierta.

 No hemos sido el único país del mundo en enfrentar un problema de este tipo. La experiencia internacional nos puede ayudar para ello. Para empezar podemos analizar en el siguiente post las conclusiones que pueden deducirse del resultado del Referéndum a la vista de dicha experiencia internacional.

 

 

¿Hay solo derecho? De cómo la ley no basta para defender a una nación

No es que pretendamos, precisamente desde estas páginas virtuales, cuestionar el valor del derecho y de los derechos. A su defensa principalmente va dirigido este Blog y nadie duda de que sin Estado de Derecho no sobreviviría ninguna democracia merecedora de tal nombre. Pero cuando toca a cuestiones complejas donde se mezclan aspectos emocionales, psicológicos, monetarios, históricos y ahistóricos, sociológicos y culturales, es obvio que limitarse a invocar la ley no basta ni puede bastar. Máxime cuando “hábilmente” se opone a la aplicación de un derecho otro derecho, la invocación de una suerte de concepto teológico: “el derecho a decidir”. Que supone tanto como poner los derechos sobre la mesa a ver quién los tiene más grandes.

 Todo esto recuerda también a aquel chiste del humorista catalán Eugenio (cuando se podían tomar las cosas en España todavía con humor) que describía a un hombre dentro de un pozo profundo agarrado a una frágil rama, que ante su petición de ayuda solo recibía una voz misteriosa que le decía que se soltase y que unos ángeles le cogerían en brazos y lo subirían volando a la superficie, a lo que el hombre respondió ¿hay alguien más? Pues bien, ¿hay algo más que hacer que acudir al Tribunal Constitucional o la Fiscalía para defender a una nación (o nación de naciones como prefieren los postmodernos) con más de 500 años de historia?  Mal estaríamos si no lo hubiera.

 Primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Degenerando, como nos recuerda Savater que decía aquel célebre matador sobre uno de su cuadrilla que había llegado a gobernador civil. Pero también por dejación y por traición. El discurso separatista se lleva preparando desde que muere el general, cosa que ya alertó el propio Tarradellas aunque entonces nadie le hiciera mucho caso. No tocaba. Ha sido una estrategia hábil y arteramente preparada, con el concurso idiotizado de los principales representantes de los partidos nacionales que al parecer, todavía a estas alturas, siguen sin comprender muy bien de qué va esto. ¿En qué consistía esa estrategia? En llegar exactamente al punto que hemos llegado. Para ello había que conseguir algunos objetivos intermedios, todos los cuales han sido satisfechos. ¿Qué cómo se sabe? Digamos que alguien ha encontrado unas copia de un borrador garabateado a mano por alguien que luego mandaría (y también robaría) mucho.

 Veamos seguidamente cuales eran estos objetivos y si todavía se está a tiempo de revertir la situación:

 Objetivo 1: cambiar la sociedad a través de la educación y de medios de comunicación públicos o subvencionados

 Objetivo conseguido.

 ¿Por qué no se reinstauraron en su día los Estatutos de la II República? Principalmente porque no transferían la competencias de educación. ¿Para qué se quería la educación? La excusa era extender el uso del catalán, pero este objetivo se hubiera podido conseguir por otros medios (bastaba pactar un número determinado de horas de catalán mínimas en el sistema educativo catalán). No, eso no bastaba, había que convertir en catalanes a los que no se sentían como tales (o no lo suficiente), y para ello había que transformar su mentalidad. De ahí que no se optara por un modelo bilingüe, que poco a poco se cerrasen posibilidad de que existieran escuelas que ofrecieran educación en castellano. Sobre todo había que seleccionar y formar “adecuadamente” a su propio profesorado y hacer que los libros de texto fueran distintos en cada parte de España. ¿Consecuencia? La educación dejó como objetivo prioritario el de formar buenos ciudadanos, pasando a ser éste la de construir buenos nacionalista, incitando al odio a todo lo que suene a español.

 ¿Por qué no se plantea el derecho a decidir en los años 70? Porque habrían perdido por goleada. Claro que se alude a que ello es causa de la terrible manipulación que habría llevado a cabo el franquismo a través de la educación y los medios de comunicación. Pero ¿cuarenta años después? ¿No ocurre exactamente lo mismo solo que al revés? ¿Por qué se crea TV3 como una de las primeras medidas del gobierno catalán? ¿Por qué las subvenciones a los medios de comunicación en Cataluña no hacen sino subir? ¿Por qué se exigió que las Comunidades Autónomas den las licencias a las radios que operan en su territorio?

 ¿Qué hacer? Existe la alta inspección del Estado pero no funciona, existen sentencias judiciales pero no se aplican. Y existen los arts. 14, 149.1.1ª y 150.3 de la Constitución que permiten que el gobierno abrá centros educativos en aquellas CCAA que no quede asegurado el derecho de todos los españoles a recibir una educación ideológicamente neutral y con al menos algunas materias impartidas en castellano. Por otra parte, cabe reducir el aparato público propagandístico en manos de las CCAA, que además cuesta un pastón a todos los españoles, y prohibirse subvenciones directas e indirectas a medios de comunicación. Si hay que ayudarles a sobrevivir que se les quite el IVA, pero a todos por igual y no a cambio de una determinada cobertura u orientación.

 Objetivo 2: descabezar los partidos nacionales en Cataluña

 Objetivo conseguido.

 Obviamente durante muchos años ETA lo tapaba todo, y permitía aplazar decisiones, porque lo más urgente era conseguir que el terrorismo dejara de matar. Pero de esto también se aprovechó el separatismo de cuello blanco, o ¿alguien encuentra casual que el proceso separatista catalán coja fuerza justo cuando ETA acaba? ¿No será que ETA, como el gregario de lujo o el gran trilero, ha cumplido su misión: desviar nuestra atención mientras nos roban la cartera? Hay al menos un dato importante que corrobora esta tesis: el asesinato de Ernst Lluch en 2000 a manos de ETA.  Se trata de un hecho determinante porque muestra el momento de la definitiva deriva nacionalista del PSC, pasando a pactar y gobernar con ERC poco después (el tripartito empieza en 2003), al tiempo que desaparece el representante intelectual más importante que podía impedir esa deriva. Este hecho marca también la traición del PSOE/PSC no sólo a Lluch sino a su historia.

 La otra traición deriva de otro asesinato, esta vez en el bando del PP y de tipo político. Se lleva a cabo directamente por Pujol, al imponer a Aznar (y aceptar éste) que Vidal Cuadras dejara de dirigir el PP de Cataluña. ¿Por qué se imponía esa condición? Porque había conseguido electoralmente unos resultados excelentes, sin ser nacionalista. Esta es una muestra del íntimo significado que cobra el derecho a decidir. Desde entonces el nivel de los representantes de los partidos constitucionalistas no ha hecho sino descender, primero se buscó perfiles acomodaticios con el nacionalismo (Maragall y Piqué, la obsesión era poder seguir pactando los presupuestos y aplazar los problemas) luego simplemente perfiles sin perfil, casi transparentes: ni se les ve y cuando se les ve mejor sería no haberles visto ni oído. Parece incluso comprensible que cada vez que hablan los representantes actuales del PSC y del PP en Cataluña, den ganas de hacerse nacionalista aunque hayas nacido y vivido en Madrid toda tu vida. En el País Vasco, desde que Nicolás Redondo Terreros y Mayor Oreja se plantearon gobernar juntos (y casi lo logran) ha ocurrido un proceso similar ¿Alguien cree en las casualidades?

 ¿Qué hacer? Muy fácil, volver apostar por la posibilidad de defender un discurso alternativo al nacionalismo en Cataluña y País Vasco. Para ello PP y PSOE (y no solo ellos) deben tomarse en serio la necesidad de encontrar portavoces, intelectualmente, personal y políticamente del máximo nivel y peso.

 Objetivo 3: conseguir que el PP y el PSOE nunca pacten para gobernar juntos en España

 Objetivo conseguido.

 Parece que tanto en el PP y PSOE existe un tremendo miedo a ofender o molestar “los sentimientos” de los catalanes. Han interiorizado el propio discurso nacionalista por dos motivos: por pereza intelectual y por conveniencia; siguen pensando que se puede pactar con ellos para seguir gobernando, y además que “solo” se puede pactar con ellos, y no entre ellos dos. Da igual las traiciones que sembré el camino, no aprenden. Este ha sido el gran éxito del nacionalismo disgregador.

 Antes muertos que unidos frente al separatismo. ¿Cómo se ha logrado que en España, el país de Europa más amenazado por la secesión, los dos partidos mayoritarios nunca se hayan planteado gobernar juntos, a diferencia de otros países donde tal amenaza no existe? Hay dos explicaciones: primero el resentimiento social de la dos Españas que todavía desgraciadamente preside el marco de división izquierdas-derechas. Sobre todo la izquierda española considera deshonroso gobernar con la derecha pues cree que eso alejaría a su electorado, al que a duras penas mantiene a costa de sostener precisamente los malos que son los de derechas  (¿un lastre más del “contra Franco vivíamos mejor”?). No consideran sin embargo políticamente incorrecto gobernar con los secesionistas. ¿Y la derecha? Pues también aquí ocurre algo parecido. Es mejor gobernar con la derecha nacionalista que con la izquierda nacional. Divide y vencerás, y los nacionalistas han vencido.

 La segunda arma que ha favorecido la consecución de este objetivo es la ley electoral. Planteada desde 1977 con el objetivo de “integrar” a los nacionalistas, ha sido utilizada sin embargo por éstos para desintegrar a España. Siempre les han engañado y todavía se fían de ellos: que se lo digan a Arriola y a Serrano cómo un tal Joan Rigol se ha reído de ellos, y eso que la elección de este último ya lo anunciaba ¿Se acuerdan de Joe Rígoli? ¿El humorista argentino famoso por su “yo sigo”? “Erre que erre”, que diría la versión castiza de Paco Martínez Soria.

¿Qué hacer? Muy fácil, dejar complejos ideológicos de otras épocas en el armario y poner a España por encima de los intereses de partidos, presentándose a las elecciones con un programa conjunto de gobierno para hacer frente al nacionalismo. Y de paso cambiar la ley electoral para dejar de premiar a los partidos nacionalistas por encima de otras opciones de carácter nacional con las que poder asimismo pactar el mismo programa.

Objetivo 4: deshilachar la cuerda

 Objetivo conseguido.

Cataluña estaba unida a España por una historia común de al menos cinco siglos, por lazos familiares, emocionales y culturales. Pero todo esto podía romperse fácilmente a través de la manipulación y la intoxicación. El mayor problema era el marco legal y el hecho de que la mayor parte de las competencias residieran en “el gobierno de Madrid”. ¿Cómo romper este lazo legal? ¿De un hachazo? Poco realista. Mejor hilo a hilo. Y así se hizo. Cada año, cada ley de presupuestos, cada legislatura, envolviéndose en la bandera de “hombres que contribuían a la gobernabilidad del Estado”, en realidad deshilachaban la cuerda: competencia a competencia, concesión a concesión, aprovechándose de que los gobernantes de Madrid solo miraban el corto plazo, su pequeña esquina, y que ignoraban cómo estaba quedando el cuadro.

¿Qué más da conceder un poco más del IRPF? ¿Qué más da que la policía y la guardia civil deban marcharse? ¿Qué más da cambiar el nombre al gobernador civil? ¿Qué más da exigir que los jueces hablen catalán? ¿Qué más da transnferir la competencia de tráfico? ¿Qué más da que la infraestructura, la policía judicial y gran parte del personal de la justicia dependa directamente de la Comunidad Autónoma? ¿Qué más da cambiar la competencia en materia de puertos y aeropuertos? ¿Qué más da…? Hasta que no quedaba nada que dar más. Entonces y no antes se plantea el derecho a decidir y el reto al Estado, cuando éste ya ha abandonado de facto el territorio, cuando se ha quedado sin armas para reaccionar…, más allá de amenazar con acudir a los tribunales. Ni siquiera puede o se atreve a intervenir directamente.

¿Qué hacer? Fácil. Replantearse la división de competencias y cerrar en la Constitución un mapa de competencias claro, pensando en los ciudadanos y no en chantajes históricos. Introduciendo no solo el principio de lealtad institucional sino también la sanción clara en caso de vulneración. Pero sobre todo, que el Estado vuelva a Cataluña y el País Vasco, y quitarse el miedo y los complejos.

Objetivo 5: conseguir transformar un conflicto interno en un conflicto internacional

Objetivo conseguido 

En los años 70, para Europa (y también para los españoles) el problema de España se llamaba franquismo. Recuperada la democracia y conseguida una Constitución moderna que reconociera un amplio sistema de descentralización administrativa y política, parecía que TODOS los problemas desaparecerían. Todo ello se logra sobradamente, y ¡oh!, primera sorpresa: ETA no desaparece. Se le da al País Vasco el sistema de financiación más generoso que existe en el mundo (hasta el punto de que los españoles más pobres financian hoya los más ricos) y no dejan de matar. Pero ¿qué quieren estos tíos?, se preguntan ingenuamente algunos políticos de la época.

Pues bien a pesar de ETA (y también gracias a ella pues suponía mantener una atención internacional permanente en el “problema” español) se consigue que en Europa y en los Estados Unidos se extienda el discurso de que los catalanes y los vascos están oprimidos en España y que existe un conflicto político pendiente de resolver. A esta campaña contribuyeron, por cierto, cientos de becarios y profesores en universidades extranjeras financiados con dinero del Ministerio de Educación.

El último golpe maestro en esta estrategia era transformar un problema de reivindicaciones separatistas en el sacrosanto “derecho a decidir”, un derecho metajurídico que se impone a todas las Constituciones (ya que ninguna lo reconoce) y que queda transfigurado en el derecho a opinar y a poner urnas para que la gente diga su opinión. Todos, poco a poco, compran esta mercancía averiada (sobre todo gente del progresismo que quiere quedar bien sin mojarse demasiado), sin preguntarse mucho por qué ahora, y por qué de esta manera. 

¿Qué hacer? Existen 3.500 lenguas en el mundo y 192 países reconocidos en la ONU, ¿cuál es el límite al cuestionamiento de las fronteras nacionales consolidadas durante siglos? ¿Es que ni la UE ni la ONU tienen nada que decir sobre este hecho? ¿Es que el fraccionamiento de fronteras no afecta a la estabilidad política y económica de Europa y del planeta?

La diplomacia española debería dedicarse en cuerpo y alma a defender que se reconozca el principio de “intangibilidad de las fronteras externas e internas” tanto a nivel europeo como internacional. Existen buenos argumentos para ello. SI tal principio fuera reconocido no hablaríamos de una guerra en Ucrania, por ejemplo. Y si los secesionistas catalanes triunfan, ¿qué impide pensar en una Baviera o en una Padania que reclamen lo mismo? ¿Dónde está el límite?

Por ello, frente al derecho a decidir no acabe oponer sin más la ley española y quedarse en esto. Hay que ir más allá y cuestionar la propia base de legitimación de ese pretendido derecho en términos de la propia democracia. En este sentido, por ejemplo, no se ha denunciado suficientemente, tanto en foros internos y externos, el exilio catalán y vasco a partir de 1979, fecha de sus primeros estatutos de autonomía. En el caso vasco debería estudiarse algo antes, pues en este caso la presión contra los no-nacionalistas empieza antes con la actividad de ETA. El exilio producido por el franquismo sí se ha estudiado, y además con una diferencia, estos pudieron volver. Los exiliados catalanes y vascos no podrán volver nunca.

Se trata de un caso de verdadera limpieza étnica no estudiado. Según Drazen Petrovic limpieza étnica es una política definida por un grupo particular de personas para eliminar sistemáticamente de un territorio dado a otro grupo de personas por razones de su origen nacional, étnico o religioso. ¿No se ha producido exactamente esto en Cataluña y País Vasco en los últimos 40 años? Hacer la vida imposible (amenazando con la muerte civil en su caso) a todos los que se sintieran españoles o no comulgaran con el nacionalismo para que se marcharan o se adaptaran bajando la cabeza. Y esto sin hablar de ETA.

 Pues bien alguien tendría que explicarlo por ahí cuando se habla del derecho a decidir, ¿se pretende premiar la política seguida? Resulta sintomático a este respecto que el decreto que convocaba el primer referéndum (el de verdad) se permitiera votar a los catalanes por el mundo, pero no a aquellos que vivieran en otras zonas de España.

Querellas contra Mas: de la responsabilidad difusa a la concreta

“El desplazamiento casi automático de responsabilidades que habitualmente se produce en la sociedad moderna se detiene bruscamente en el momento en que uno entra en la sala del tribunal. Todas las justificaciones de naturaleza abstracta y no específica, desde el Zeitgeist hasta el complejo de Edipo (…) se desvanecen.”

Hannah Arendt

(Algunas cuestiones de filosofía moral)

I

La interposición de una serie de querellas contra Artur Mas y otros cargos políticos de la Generalitat  -por parte de la fiscalía y de otros sujetos privados- por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y obstrucción a la justicia, ha generado una enorme variedad de reacciones. Pero en este post me gustaría centrarme en una: en la de aquellos que consideran que no procede interponerlas, pues hacerlo constituye una estrategia política errónea.

El otro día tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con un diputado de CiU que defendía esta opinión. Me evocaba la imagen de un Artur Mas imputado entrando a declarar en el TSJ arropado por una multitud de diputados y militantes de CiU, todos ellos a su vez respaldados por una enorme manifestación de repulsa frente a la persecución policial de la libertad y de los derechos de un pueblo. No cabe imaginar publicidad gratuita semejante en favor del independentismo, me comentaba. Esta opinión es compartida fuera del mundo nacionalista por muchas personas influyentes y por unos cuantos medios de comunicación.

Puede que tengan razón. La imagen me resulta poco inconveniente, sin duda alguna. Probablemente porque a estas alturas de incuria acumulada cualquier imagen es deprimente, tanto la de gente votando en una consulta ilegal como la de la policía impidiéndoles hacerlo. Por haber llegado a esta situación imposible de bloqueo hay mucha gente responsable política y casi moralmente, y no en un solo lado, por supuesto. La cortedad de miras de uno, su inmovilismo, su complicidad en el deterioro de nuestras instituciones, combinada con el oportunismo y el ventajismo político del otro, nos han conducido a esta situación en la que todo es inconveniente.

Pero al Estado de Derecho estas irresponsabilidades y estas inconveniencias le resultan indiferentes, afortunadamente.  Las responsabilidades difusas se ventilan en el confesionario o en las urnas. Como afirmaba Arendt en la cita anteriormente reproducida, las invocaciones a que todos somos culpables están muy bien para las charlas de café y los artículos de opinión, pero cuando uno entra en la sala de un tribunal lo que le preguntan es que hizo un día determinado en relación a una norma determinada. En un Estado democrático y de Derecho la sacrosanta libertad de ser un irresponsable político y moral está garantizada precisamente porque existe una línea a partir de la cual se activa otro tipo de responsabilidad: la jurídica concreta. Sin esta última no viviríamos en libertad, sino en la selva.

Por ese motivo, lo conveniente políticamente, al menos para nuestra convivencia democrática, es que si alguien ha traspasado las líneas rojas esa responsabilidad se active, precisamente para dar la oportunidad de que el problema político se resuelva de manera ordenada. La cuestión, por tanto, no está en si conviene o no interponer una querella, sino si en esos dirigentes políticos han traspasado o no la línea roja. No estamos hablando de una estrategia de amenaza que cabe enjuiciar desde el punto de vista político/coyuntural, en función de su mayor o menor efecto disuasorio, sino de la defensa de nuestro propio marco democrático.

II

Desde este punto de vista, y por cuestiones de espacio, voy a limitarme a analizar, entre los diferentes delitos alegados, el de desobediencia, del que los otros son prácticamente tributarios (de tal manera que si éste no concurre difícilmente concurrirán los demás). Pues bien, el art. 410 CP señala que:

“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

A la hora de interpretar el alcance del tipo penal el TS  ha tenido ocasión de precisar el alcance del término “abiertamente”:

“…ese vocablo ha de interpretarse, no en el sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y explícita (…) sino que también puede existir cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y reiterada negativa a obedecer (STS 485/2002, 14 de junio)”.

Pero en cualquier caso lo que queda bastante claro es que el tipo no incluye ninguna exigencia de intimación o requerimiento por parte del tribunal correspondiente, que si se tratase de una obligación de hacer (como ocurrió en el caso Atutxa, al que se refiere la sentencia citada) puede tener algún sentido, pero ninguno cuando se trate de una obligación de no hacer. Interesa traer la cita a colación porque lo que la sentencia da implícitamente por sentado es que esa abierta negativa a obedecer puede manifestarse de manera tácita a través de hechos concluyentes, sin necesidad de expresas manifestaciones de rechazo, y así lo ha confirmado el TS en otras muchas sentencias (11 de octubre de 1997 y 10 de julio de 1998, por ejemplo).

Por lo demás el artículo emplea la expresión “resoluciones”, término más amplio que ”sentencia”, como todo jurista no tiene más remedio que reconocer de inmediato. Resulta también revelador que el párrafo segundo de ese artículo excluya de la eximente de responsabilidad por negarse a obedecer a un mandato ilegal a las resoluciones judiciales, pues frente a ellas no cabe en ningún caso desobediencia justificable.[1]

Un relato bastante pormenorizado de la actitud pasiva y activa del Sr. Mas –que viene de muy lejos- se contiene en la querella de UPyD (bastante más minuciosa que la de la fiscalía) que pueden consultar aquí. La primera resolución del TC es una providencia de 10 de mayo de 2013 que acuerda la suspensión cautelar de la Resolución 5/X del Parlament en el que se reconocía el derecho a “decidir” y se daba el pistoletazo de salida para su ejercicio. Esa suspensión se ratificó por un auto de 11 de julio de 2013. En este auto el TC insiste en que lo que se pretende con la suspensión es evitar que durante la tramitación de la impugnación de su plan soberanista el Gobierno catalán siguiera impulsando, orientado y dirigiendo su acción política hacia la secesión, según la hoja de ruta ya diseñada.

Pese a ello, el Parlament aprueba el 27 de septiembre de 2013 la Resolución 323/IX, que anuncia su voluntad de realizar un referéndum en 2014  y aprueba la correspondiente hoja de ruta, así como el esquema del nuevo Estado resultante. Ese proyecto se va ejecutando paulatinamente (fijación de fecha, preguntas, censo, creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, etc.).

El 25 de marzo de 2014 el TC dicta su sentencia en la que viene a afirmar que la declaración del pueblo catalán como sujeto de soberanía es inconstitucional y que el referéndum (consultivo) tiene que hacerse de manera consensuada con el Estado. El 8 de abril de 2014 el Parlamento español rechaza la petición de celebración de ese referéndum. De nuevo el Gobierno de la Generalitat hace caso omiso y continúa con el proceso, presentando el modelo de urna, encargando su fabricación y adoptando decisiones en relación al censo. Pero al margen de ello durante el verano el Parlamento catalán comienza a tramitar la ley de consultas para dar cobertura a la consulta del 9N. Sobre el informe del Consejo de Garantías Estatutarias ya hemos hablado en el blog (aquí).

El 19 de septiembre se aprueba la Ley de Consultas y el 27 el President publica el Decreto de convocatoria  de la “consulta popular no refrendaria”. Dos días después el TC dicta una providencia ordenando la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley de Consultas y de  “cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos.” Con esa misma fecha ordena mediante otra providencia la suspensión del decreto de convocatoria así como cualquier otra actuación de preparación de esa convocatoria.

Nada de esto supone un freno al proceso, porque la Mesa del Parlament convoca para el día 1 de octubre un Pleno para designar a los 7 miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no referendarias. Todo ello en desarrollo de lo previsto del artículo 14.3 y 14.5 de la Ley de Consultas, pese que esos preceptos han sido declarados suspendidos por el TC, y pese a la existencia de un informe de los servicios jurídicos de la propia Cámara que afirma claramente que la suspensión ordenada por el TC impide adoptar esa decisión. No obstante, el acuerdo se adopta y el Decreto de nombramiento se publica el día 3 de octubre.

Desde primeros de octubre se sigue haciendo campaña institucional en los medios, aunque modificada en parte para dar noticia de una suspensión que –así se comunica de manera poco subliminal- no piensa obedecerse (entramos en el periodo de no confrontación manifiesta sino de “astucia”, básicamente por la vía de hecho, como el propio President anuncia en declaraciones públicas). En cualquier caso un periodo no muy discreto porque la Generalitat reabrió el lunes 6 de octubre de 2014 los registros que habían paralizado cautelarmente tras la resolución del Tribunal Constitucional para que las personas de determinados colectivos pudieran participar en la consulta y el 14 el Presidente de la Generalitat compareció en rueda de prensa manifestando que el Gobierno de la Generalitat había decidido convocar sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, que denomina eufemísticamente “Procés de participación ciutadana”.

El 16 de octubre se procede a citar a los directores de los centros de los institutos dependientes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat desde esa entidad para solicitar su colaboración y movilizar a los voluntarios. La campaña institucional de difusión de la nueva consulta se reanuda  el 29 de octubre. El 30 de octubre el Consejo de Estado califica en su dictamen que todos estos subterfugios evidencian “un propósito de eludir el control de la jurisdicción constitucional”. A la vista del informe, el Gobierno de España impugnó el citado “Procés de participación ciutadana” ante el Tribunal Constitucional.

El TC dicta el 4 de noviembre de 2014 una nueva providencia suspendiendo los actos impugnados. Pese a ello, la consulta tiene lugar, con el decidido amparo y apoyo de la Generalitat. Lo acontecido el 9N es tan notorio que no procede recordarlo.

III

Concluyo. Estos hechos dan forma a un relato coherente, integrado (e innegable) de desobediencia activa y pasiva, no a una, sino a SEIS resoluciones de nuestro TC, capitaneada de manera confesa por el Sr. Mas.

Por supuesto que el problema catalán no se puede resolver a base de querellas, faltaría más. Tanto en nuestro libro ¿Hay derecho? como en el artículo publicado en El Mundo la pasada semana (aquí) hemos defendido una solución política que pasaría por un referéndum legal sobre la base de la Ley de Claridad canadiense. Pero mientras eso no se acuerde en la forma procedente es obligación de todos los ciudadanos luchar por hacer posible la responsabilidad moral y política difusa exigiendo la jurídica concreta.

Cuando preguntaban a Solón de Atenas -él padre fundador de la democracia- de cuál de sus leyes se sentía más satisfecho, contestaba que era la que la que atribuía a cualquier ciudadano la posibilidad de denunciar en los tribunales a quién hubiese cometido una ilegalidad, aunque el denunciante no hubiera sufrido ningún perjuicio personal. Eso es patriotismo (constitucional, por supuesto).



[1] En este sentido G. Quintero Olivares, “Comentarios a la parte especial de Derecho Penal”, Aranzadi, p. 1715.

El funcionamiento interno de la Fiscalía y la consulta catalana

Ríos de tinta se han vertido sobre los sucesos acaecidos en  la Fiscalía en relación con la consulta catalana del pasado nueve de noviembre por causa de una divergencia de criterios entre el Fiscal Superior de Cataluña y el Fiscal General del Estado y , en mi modesta opinión,  el tratamiento informativo que se ha dado a este tema, no ha tenido en cuenta las claves de la cuestión, a saber; la autonomía del Ministerio Fiscal y el régimen de funcionamiento interno de la Fiscalía previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante EOMF disponible en este enlace

Si el Poder Judicial es independiente, el Ministerio Fiscal debe ser autónomo del poder político. Aunque es el  Presidente de Gobierno quien designa al Fiscal General del Estado  y éste debe cesar cuando cese el Gobierno que el nombró, la Fiscalía es autónoma respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, su misión constitucional ni siquiera es la defensa del interés del Estado sino la defensa del interés de la sociedad de conformidad con la ley

Esta autonomía institucional no es incompatible con existencia de unos cauces de comunicación entre el poder político y la Fiscalía por razones de interés público, a fin de alcanzar los objetivos de política criminal que precise el interés social. Las Cortes Generales ostenta la potestad legislativa, para dictar leyes que penalicen las conductas que vulneran los bienes jurídicos esenciales para nuestra convivencia. Por su parte, al Gobierno estatal no sólo le corresponde la iniciativa legislativa, sino que también  dirige la política interior, y, por tanto, le corresponde organizar los cuerpos de policía, dotándolos de medios suficientes y formar investigadores de delitos. Asimismo, también es competencia del Gobierno proveer los medios materiales y personales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia (artículos 66, 97 y 106 de nuestra Constitución)

De modo paralelo, resulta útil que la Fiscalía eleve al Gobierno la Memoria Anual  que contiene  información estadística  sobre la evolución de la criminalidad  y donde se valoran las necesidades materiales de la Administración de Justicia, ( artículo 9.1 EOMF) o incluso que informe al poder político sobre su actuación en determinados casos graves que afectan al interés público; como ocurrió en el caso de los atentados del 11 –M, en que el Fiscal General del Estado compareció ante las Cortes Generales ( posibilidad prevista en el artículo 10 EOMF);  o cuando la huelga general de controladores de AENA bloqueó el espacio aéreo español, en esta situación de emergencia el Fiscal General del Estado fue llamado a informar al Consejo  de Ministros extraordinario que se convocó  ( esta actuación también está prevista en el artículo 9.2º EOMF)

Por su parte, el artículo 8.1º EOMF permite que el Gobierno Central puede interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. En este caso, considero que la situación creada por la pretensión independentista tiene entidad suficiente  para incluirse dentro de esta previsión legal y fundamentar una petición del Gobierno al Fiscal General

Esta solicitud directa no  supone ninguna injerencia ilegítima del poder político que impida a la Fiscalía actuar conforme al principio de legalidad, siempre que  se realice por los cauces previstos en el artículo 8.2º y 3º EOMF, la comunicación institucional se hace a través del Ministerio de Justicia  o directamente entre el Gobierno y el Fiscal General, pero  el Fiscal General, debe someter la petición a la deliberación de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que examinará la cuestión desde la estricta óptica técnico-jurídico y oído el criterio de esta Junta,  el Fiscal General debe resolver de forma razonada sobre su viabilidad o procedencia ,y notificarlo al solicitante. No sería legal que el Gobierno comunicara secretamente con el Fiscal General del Estado, ni que le dirigiera instrucciones particulares. Además la resolución del Fiscal General debe basarse siempre en la viabilidad o procedencia desde el punto de vista de la legalidad, nunca por criterios de oportunidad política, y debe hacer constar los fundamentos técnicos en su resolución.

La Fiscalía General Española es una institución que se rige por también por el principio de unidad. Este principio permite  garantiza una unidad de criterio en la actuación de todos los fiscales españoles y garantiza así el tratamiento igualitario que legalmente merecen todos los ciudadanos. También se corresponde este principio de unidad con la configuración constitucional del Estado español, (artículo 2 de nuestra Constitución) aunque constitucionalmente se haya organizado territorialmente conforme al principio de descentralización política. La organización territorial de la Fiscalía, aunque se trate de una institución unitaria, está adaptada a la organización territorial del Estado y, en cada Comunidad Autónoma existe un Fiscal Superior que ostenta el mando supremo de la institución en su respectivo territorio, siempre bajo la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.

Por su parte, todas las Comunidades Autónomas ostentan potestades en materia de seguridad sobre su territorio, y, además, el Estado Central ha transferido a casi todas las Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, competencias en materia de provisión de medios auxiliares a la Administración de Justicia. A la mayoría de las Comunidades Autónomas les corresponde la provisión  de funcionarios, contratación de intérpretes, informáticos, provisión de sedes judiciales para los juzgados, tribunales y fiscalías de su territorio

El artículo 11 del EOMF establece que el Fiscal Superior de cada Comunidad Autónoma debe elaborar una Memoria sobre la actividad de las Fiscalías de su territorio y remitirla además de a Fiscal General, al Gobierno, Consejo de Justicia y Asamblea legislativa autonómica y también les impone la obligación de colaborar con las Asambleas Legislativas Autonómicas , de forma semejante a la obligación de cooperación que el artículo 10 EOMF impone al Fiscal General del Estado respecto de las Cortes Generales .No obstante, y en virtud del principio de unidad de la Fiscalía, si los órganos de Gobierno de las Comunidades Autonómicos solicitaran la actuación de la Fiscalía para la defensa del interés público, se comunicarán directamente con el Fiscal Superior Autonómico , pero éste debe remitir la solicitud al Fiscal General del Estado ,el cual resolverá razonadamente conforme a la legalidad, previa audiencia también de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo.

Todas estas cautelas legales frente a un eventual dominio del poder político serían insuficientes sin el reconocimiento legal de autonomía de cada uno de los individuos del Ministerio Fiscal, a este principio se corresponde las previsiones del artículo 27 EOMF. La Fiscalía es una institución absolutamente jerarquizada, el mencionado artículo 27  protege a todos y cada uno de los fiscales españoles que eventualmente pudiera  recibir una orden de su superior que fuera manifiestamente contraria a la ley o por cualquier otro motivo improcedente. Una orden improcedente puede ser legal pero puede ser técnicamente inasumible, por ejemplo, una orden de proceder por delito si, por ejemplo, el fiscal subordinado encargado del estudio del caso, considera que no existe prueba de cargo consistente o si, por ejemplo, se mantiene una interpretación técnicamente distinta sobre una norma legal vigente. En estos casos de divergencia, el fiscal subordinado debe elevar exposición razonada a su Fiscal Jefe,  que, en caso de mantener su criterio, deberá someter la cuestión a la deliberación técnica de la Junta  de Fiscalía, resolverá razonadamente, conforme a criterios exclusivamente legales, y asumirá así la responsabilidad sobre su decisión, relevando al fiscal subordinado de cualquier consecuencia por tramitar este procedimiento. Ningún fiscal debe ser sancionado por plantear un artículo 27 EOMF frente a una orden de superior jerárquico

La  valoración jurídica de la consulta catalana es una cuestión técnicamente muy compleja, con elementos políticos, constitucionales, penales y procesales, y es por ello susceptible de ser valorado de forma dispar por los diversos técnicos que las analizan. El Fiscal Superior ha planteado un artículo 27 al Fiscal General y éste ha tramitado el asunto correctamente conforme a la ley

En definitiva, a pesar que la Fiscalía ha sido objeto de polémica en los medios de comunicación, los acontecimientos internos previos a la decisión del Fiscal General obedecen al normal funcionamiento interno de esta institución.

Artículo de nuestro coeditor Rodrigo Tena en El Mundo: Estado de Derecho vs deriva

EL PASADO día 9 de noviembre asistimos a un simulacro de referéndum de independencia en Cataluña, con el decidido apoyo de la Generalitat y de otras administraciones públicas dirigidas por partidos políticos favorables a la consulta, pese a la rotunda prohibición al respecto por parte de los órganos competentes de nuestro Estado de Derecho. «Lo peor que ocurrió el 9-N fue la visibilidad de la debilidad del Estado de Derecho, sobre todo en Cataluña», afirmaba en un tweetSociedad Civil Catalana. Tienen razón. Pero ese innegable dato ha suscitado entre los no partidarios básicamente dos tipos de reacciones: la de los que creen que el Estado ha pecado por inactividad al permitir una transgresión tan manifiesta de sus decisiones y exigen una respuesta contundente, y la de los que consideran que ahora hay que dejar al Derecho un poquito al margen y que éste es el momento de la política.

Nosotros, la verdad, consideramos que lleva siendo el momento de la política desde hace muchos años, aunque algunos se caigan ahora del guindo, pero que entender que en un Estado de Derecho cabe la política sin Derecho es algo extraordinariamente peligroso. La política sin Derecho nos puede llevar a cualquier sitio, como dejó bien claro Clausewitz hace muchos años al afirmar que la guerra es la política por otros medios. Así que vamos a intentar hacer un esfuerzo de encauzar la imprescindible reacción política por la vía del Derecho, la única posible en un régimen que aspire a llamarse democrático.

Para recapitular un poco es necesario distinguir, siguiendo la terminología propia de los juristas, la lege data de la lege ferenda, aunque por lege deben entender ustedes Constitución. Es decir, lo que ahora es posible con nuestro actual marco constitucional, de lo que debería ser posible y respecto de lo cual cabría incluso llegar a un consenso bastante mayoritario.

Con el Derecho vigente las posibilidades reales de resolver este conflicto son remotas, por no decir prácticamente nulas. Los partidos soberanistas piden un referéndum «legal» y, en caso contrario, amenazan con unas elecciones plebiscitarias que conducirían a la independencia por la vía de los hechos consumados. Por su parte, el Gobierno, aunque quisiera (que no quiere) no puede consensuar un referéndum de independencia respecto de ningún territorio sin modificar la Constitución. Si la amenaza se consuma y el Parlament, después de unas elecciones victoriosas, declara la independencia sin más, entraríamos en un caos monumental caracterizado por la ausencia práctica de Derecho y de seguridad jurídica en el que todos perderíamos y cuya solución final sería impredecible. La intervención directa del Gobierno por la vía del art. 155 de la CE no garantiza ninguna solución sencilla frente a un caso de desobediencia generalizada, aparte de que no haría otra cosa que aplazar el problema. Por otro lado, la actuación meramente judicial de tipo penal por parte del Estado no tiene peso suficiente como para desactivar esa amenaza. No decimos que no haya que ejercitar las acciones pertinentes, al contrario –la decisión de hacerlo no es optativa ni puede ser matizada por criterios de oportunidad si efectivamente se está infringiendo la ley– sino, simplemente, que no va a ser suficiente, teniendo en cuenta además los plazos que maneja nuestra judicatura.

De Constitución data, la única solución fácil (y ojo, probable, si entendemos que a los políticos les tira extraordinariamente lo fácil) es conceder a Cataluña un pacto fiscal parecido (cosméticas aparte) al vasco, ya sea por la vía de permitir una recaudación total propia con cesión al Estado de una parte testimonial por «servicios comunes», o pactando un cupo directamente. Convergència podría vender ese pacto como una solución provisional sin renunciar en el futuro a nada (para salir del atolladero en que ellos solitos se han metido) y el Gobierno del PP podría también intentarlo como una solución provisional sin renunciar en el futuro a casi nada (para salir del tremendo lío que su incuria de años ha permitido).

Pero se trataría de una salida en falso, porque los que con ello renunciaríamos a mucho seríamos el conjunto de los españoles. Sumar a Cataluña al grupo de los ricos insolidarios, en el que ahora se encuentran cómodamente instalados el País Vasco y Navarra, sería renunciar definitivamente a llamar a esto simplemente un Estado viable, todavía menos uno de Derecho. El mantra de que el cupo o las cesiones se pueden calcular correctamente para no generar agravios comparativos es un cuento chino que la experiencia ha refutado y que no se lo creen ni quienes lo proponen. Si se busca la justicia y la proporción hay soluciones más simples que acudir a estos subterfugios. Por ese motivo, ceder a estas demandas sería quebrar por la puerta de atrás los propios fundamentos de nuestro orden constitucional (fundamentalmente el art. 1.1 en referencia a la «igualdad», hoy ya bastante maltrecha). Esta decisión sería inasumible y la conservación de la integridad territorial no la compensa desde ningún punto de vista, especialmente desde el punto de vista de los ciudadanos españoles, que es el prioritario.

La solución, por tanto, pasa por una reforma de la Constitución. El Gobierno no quiere ni plantearla porque dice que todos quieren reformarla, sí, pero en sentidos radicalmente divergentes y que el fracaso está asegurado. Nosotros no estamos de acuerdo. Pensamos que es posible llegar a un acuerdo de reforma constitucional que involucre a todos (o al menos a una gran mayoría) sobre las siguientes bases:

1.– La reforma no puede limitarse al tema territorial. Es necesario aprovecharla para regenerar nuestro maltrecho Estado de Derecho, adoptando las cautelas que aconseja la experiencia de derribo de nuestras instituciones durante estos años de hojalata. Es necesario garantizar un Tribunal Constitucional prestigioso y una judicatura responsable e independiente, una Administración profesional, y unos órganos de control que –milagro– controlen efectivamente. Por supuesto, todo ello pasa por una reforma del funcionamiento de nuestros partidos y del régimen electoral que acabe con nuestra partitocracia cleptocrática, tanto en Cataluña como en el resto de España. Mucho está escrito en nuestra actual Constitución, pero está visto que no ha sido suficiente.

2.– Es imprescindible suprimir los regímenes fiscales privilegiados del País Vasco y Navarra. No es de recibo que las Comunidades más ricas del país no sólo no contribuyan sino que sean perceptoras netas. Invocar a estas alturas «la historia» o «los fueros» causa simplemente sonrojo. Es necesario diseñar un régimen de financiación justo y equilibrado, conforme al cual aporten más (dentro de lo razonable) quienes más tienen.

3.– Debe crearse un Estado de tipo federal mucho más ordenado que el actual. Con competencias claramente definidas entre el Estado federal y los Estados federados (o entre el Estado y las comunidades autónomas), que pueda permitir, incluso, en función de la población de cada comunidad y de su capacidad de gestión (no de su pasado «histórico», que sospechamos que todos tenemos el mismo) que unas asuman más competencias que otras.

4.– Ello implica un nuevo pacto constitucional, por lo que –por una sola vez– habría que dar la oportunidad de secesión a aquellas comunidades que piensen que estarán mejor solas, estableciendo al efecto un procedimiento claro –en los términos de la Ley de Claridad canadiense– en el que con unas mayorías reforzadas (porque para romper un país para siempre no vale la mitad más uno) puedan ejercitar su opción de salida.

5.– Para diseñar este proyecto en detalle debería formarse una comisión integrada por personalidades de prestigio que empezase a trabajar al respecto desde este instante. Los políticos de este país han ya dado demasiadas muestras de incompetencia como para escribir la letra de esta canción. Por supuesto que deben marcar los principios, tutelar el proceso y asumir sus consecuencias –faltaría más, esto es una democracia– pero no tienen por qué descender al detalle desde el minuto uno. Es imprescindible seguir el ejemplo de otras democracias avanzadas que no han dudado en crear comisiones de expertos para casos parecidos.

Esto es política conforme al Derecho. Y, mientras tanto, que los órganos competentes del Estado se limiten a aplicar el Derecho vigente y a ejercer su monopolio de la violencia. No pueden hacer otra cosa.

El artículo de Antonio Barderas: Empresarios y desafío independentista

En vísperas del referendum ilegal o de ese proceso partipativo más o menos oficioso que va a celebrarse en Cataluña mañana día nueve sorprende mucho el silencio que las organizaciones empresariales y muchos empresarios han guardado respecto al proyecto de secesión. Es un silencio que contrasta con el posicionamiento claro y razonado que en su día expresaron los empresarios en Quebec y en Escocia. Y muy lamentable para quienes aspiramos a una sociedad civil madura y, como tal, emancipada y no dependiente del poder político. Por todo ello ante esta situación anómala queremos, en contra de nuestros usos habituales, reproducir hoy en el Blog este artículo de Antonio Barderas, publicado esta semana en Expansión, y que se refiere acertadamente a esta cuestión.

 

EMPRESARIOS Y DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Los empresarios están para lo que están: para entregarse a sus empresas. En todos los países del mundo los empresarios dedican sus esfuerzos a competir en el mercado, a crear riqueza y empleo, y a pagar el 30 de cada mes las nóminas y la seguridad social de sus empleados. Algo que tiene un mérito enorme, aunque en pocos sitios y en muy pocas ocasiones se valore como es debido.

 

Pero, evidentemente, los empresarios son también ciudadanos de sus países. Y lo son deuna forma especial porque son un eslabón importantísimo en lo que llamamos“sociedad civil”, sociedad que, por definición, debe ser independiente del poder político, independencia que tan pocas veces se ve en nuestro país. Aparte de su función como creadores de empleo, éste eslabón empresarial contribuye también al desarrollo ybienestar de sus sociedades, unas veces impulsando la investigación, otras apoyandoacciones culturales, otras haciendo actividades filantrópicas, y, cuando es importante, contribuyendo a la creación de opinión.

 

Esa destacada función como “sociedad civil” les pone, a veces, ante dilemas difíciles, especialmente en momentos críticos. Entonces, esperaríamos que sirviesen para“iluminar” a esas sociedades en sus decisiones clave aportando una palabra de peso, odando opiniones veraces y de valor. Precisamente en esa situación es en la que nos hemos encontrado -y aún nos encontramos- los españoles desde que se volvieran serioslos propósitos secesionistas de una parte más que importante del país: Cataluña.

 

Resulta sorprendente que no se haya visto hasta hoy un pronunciamiento de los empresarios catalanes más relevantes -como institución civil que son- explicando a susconciudadanos las consecuencias -económicas e históricas- que traería esa secesión, de cumplirse. Esa falta de respuesta hay que atribuirla seguramente al deseo -muyinteriorizado- de mostrarse “neutrales” o “equidistantes” ante un dilema tan vital, y al miedo a las consecuencias de pronunciarse en un ambiente profundamente enrarecido, lamentablemente ya muy fanatizado, carente de racionalidad y, lo que es aún peor, carente de libertad.

 

Evidentemente, la postura que han tomado no es la única posible. Había y hay otras. Como se comprueba fácilmente al hacer “literatura comparada” con países especialmente democráticos y avanzados, de los que, se supone, podríamos aprender mucho. Haciendo esa comparativa, nos encontramos con un “ejemplo en contrario”bien reciente y evidente: lo que han hecho los empresarios de Escocia, con más valor cuanto que la realidad histórica de Escocia como país independiente (sin que se haga necesario reinventarla artificiosamente) nada tiene que ver con la de Cataluña. Lacomparación marca diferencias nítidas y sorprendentes. Unos días antes del referéndum,los empresarios escoceses manifestaron, en público y con total transparencia, lasnefastas consecuencias que tendría la independencia de Escocia para la economía y el bienestar de sus ciudadanos en cuestiones tan vitales como la moneda, los impuestos,las pensiones, o la pertenencia a la UE. Es decir, en su bienestar económico y vital.Como atinadamente advirtieron los empresarios escoceses, hay “mucho en juego”: “el resultado del referéndum afectará a nuestra generación y a las generaciones venideras”. “Como creadores de empleo, hemos observado los argumentos presentados por ambas partes. Nuestra conclusión es que no se han analizado las consecuencias de la independencia para las empresas”.

 

En el caso de los más significados empresarios catalanes, por el contrario, el silencio ha sido atronador. Las manifestaciones individuales de advertencia se cuentan con los dedos de una mano y tienen, sin duda, un mérito innegable. Pero, en general, todo se ha reducido a una piadosa petición de “diálogo” a las partes. Habiendo argumentos vitales y de valor que transmitir a la sociedad, se ha optado por un medroso silencio y por unadeliberada equidistancia (aludiendo repetitivamente a dicho diálogo) completamente vacía de contenido y de cualquier asomo de opinión propia.

 

Esa petición de diálogo y consenso “en una coyuntura histórica tan significada de Catalunya y España” tampoco es nueva. Ya se hizo hace casi diez años. En agosto de 2005, y por solicitud del entonces President de la Generalitat, algunos reconocidosempresarios mostraron -entonces sí- públicamente su “simpatía” por la necesidad de un nuevo “Estatut” que proporcionase “un texto satisfactorio para todo el mundo lo antes posible” y firmaron una carta titulada “Queremos un nuevo Estatuto”. Los hechos, sin embargo, han demostrado que no existe texto satisfactorio posible para el independentismo, que se alimenta de una permanente insatisfacción con el statu quo.

 

No hace falta hacer grandes análisis para darse cuenta de que el propósito de ruptura de la soberanía, basándose en una supuesta legitimidad democrática y una vacía apelación al “pueblo”, tiene y tendrá graves consecuencias económicas y una pérdida de confianza de los inversores internacionales ante la tremenda inseguridad jurídica creada. Aunque se niegue lo evidente, las “hazañas políticas” que se están viendo tienen y tendrán consecuencias graves para empresas, empresarios y ciudadanos.

 

Así de sobriamente resume las cosas el Comunicado de los empresarios escoceses: “Deberíamos estar orgullosos de que Escocia sea un gran lugar para construir negocios y crear empleos, éxito que se ha logrado como parte integral del Reino Unido. Esteproporciona a sus empresas la plataforma poderosa que deben tener para invertir en empleos e industria. Trabajando todos juntos, podemos mantener la prosperidad de Escocia”. En nuestro caso, hubiera resultado sencillo hacer lo mismo: hubiera bastadocon poner Cataluña donde el comunicado dice Escocia y España donde dice Reino Unido. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Necesitamos oír su voz.