¡Que nombren rey, que lo nombren ya!

[NOTA: este post reproduce, en gran parte, un correo acalorado que me ha enviado un amigo catalán que expresamente me ha pedido ocultar su nombre…, por temor a represalias. No es ninguna broma. Es literal. Se trata además de un señor de lengua materna catalana y ¡ocho apellidos catalanes! A pesar de ello, me dice que está harto de que le tomen el pelo, y que no sabe qué hacer porque “allí” publicar estas cosas tiene pena de exclusión social, como mínimo. Reproduzco el correo tal cual, eliminando las partes donde acusa directamente de algún delito, y añadiendo simplemente algún dato menor o cláusula de estilo]

Resulta que el actual Jefe de la Casa Real de los Habsburgo, Carlos de Habsburgo-Lorena, fue miembro del Parlamento Europeo, en representación del Partido Popular austriaco y sigue en activo en la Unión Paneuropea austriaca. En teoría, sería este señor el descendiente directo del Archiduque Carlos, el pretendiente al trono derrotado en la Guerra de Sucesión en 1714. Parece ser que debería ser a este señor a quien deberían dirigirse los miembros de ERC y sus afines en el proceso independentista, como futuro Jefe de Estado para su sueño estatal, pues han hecho bandera de los episodios de 1714.

Por parte del sector soberanista, esta etapa histórica es reivindicada como una gesta heroica propia por la base independentista (da igual sea o se diga republicana, o de izquierdas, o lo que sea), sin entrar a cuestionarse que en realidad, no fue ni más ni menos que una cuestión dinástica de casas reales, en la que algunos Reinos de España (los integrantes de la Corona de Aragón) apostaron por el bando “equivocado” (el que perdió, simplemente, sin entrar en más valoraciones).

Pero me temo, que hoy día, al Señor Carlos de Habsburgo-Lorena, que sería Carlos II, no le ha ido a buscar nadie. Y a nadie le interesa. Los episodios del 1714 sólo tienen un carácter instrumental de movilización de las masas, creación de una épica, recreación histórica a la medida y poco más. Precisamente, y de manera paradójica, él habla de unidad, de hacer una Europa más unida y más fuerte.

Claro que aquí no acaba la cosa. Hete aquí, que un miembro de la mencionada línea sucesoria es Baltasar de Habsburgo-Lorena, persona normal y corriente, ciudadano español, que vive de su trabajo en Lérida como agricultor, y que es ¡¡el número dos de la candidatura de Ciutadans por Lleida!!!

Bueno, claro, se dirá, pero no hay necesidad de nombrar a un Habsburgo, a quien tanto se defendió en la gran batalla de las batallas. Volvamos pues a la casa dinástica autóctona: los Berenguer. Pues nada, resulta que hoy hay once berenguers sucesores de Ramón Berenguer IV, casi todos viven en Madrid, uno es Grande de España y otro concejal de UPYD. Y es que a los soberanistas les extrañe la historia no es una foto fija.

Claro todo esto sería probablemente baladí, si no fuera por todo lo que está cayendo, y porque estas veleidades históricas de construcción de gestas, le cuestan mucho al contribuyente, al menos de manera declarada, 3 millones de euros para 2014, que es lo que se ha publicado en los medios, el presupuesto del “Comissari” para la conmemoración del 1714. Aunque en el desarrollo por programas dels Pressuposts de la Generalitat, aparezcan enmascarados (página 835) estos gastos en un partida funcional con un monto de 15 millones, mezclado con otros gastos propios de la Presidencia. Son gastos de propaganda. ¿O de fomento del “asociacionismo”…? Y todos sabemos del tipo de Asociaciones estamos hablando. Resulta que quizá no sean tan espontaneas, como nos quieren hacer ver.

El “Comissari” es un señor nombrado directamente por el President Mas para sacar adelante los fastos, la épica y la gesta de lo ocurrido hace 300 años, si la hubo, y si no la hubo, crearla. El nombre Comisario, la verdad, ya inquieta mucho (en el mundo de la política, si de una galería de arte hablamos, en cambio me tranquiliza, si de lo que verdaderamente se ocupa es del arte, y no de la política). Este señor ha mutado, conforme nos acercábamos al tricentenario, su apellido “Calzada” a “Calçada” (no hay más que ver cómo firmaba una colaboración en “La Vanguardia” en la Diada de hace dos años). La verdad, es que para tener esta oportunidad hay que ir dando “carnets” de catalanidad y declarando qué localidad catalana es “refugio borbónico” o no lo es. Asombroso.

Lo que importa es la eficacia, pero no la eficacia en la racionalidad administrativa (la deuda de la Generalitat sigue aumentando) sino la eficacia en la propaganda, la eficacia en los mensajes. Es mucho más rentable invertir 15 millones en propaganda y movilización para evitarme 6.000 millones en mi justa contribución al sostenimiento común.  Y quien así lo ve de rentable, lo hace. Otra cosa es si tiene derecho hacerlo. Seguimos en la misma diatriba.

 Por último, una idea. Algunos independentistas han criticado que el Instituto Cervantes no dejara a un escritor (¿famoso?) catalán exponer en sus instalaciones una novela que defendía una mistificación más de la guerra de 1714 donde España quedaba mal parada. Algún columnista (¿reputado?) incluso ha acusado a los responsables del Instituto Cervantes de hacer una publicidad innecesaria a la novela. Perfecto. Sería interesante promover una gesta literaria y mediática, más ajustada a la realidad, del Decreto de Nueva Planta de 1715 escrita originalmente en catalán, traducida posteriormente al castellano, y solicitar a la librería “Blanquerna” (Madrid) o los centros “Ramón Llull” de la Generalitat en el exterior, su presentación pública por parte del autor, de su edición en castellano (o de su original en catalán). Sería divertido ver qué ocurre. Y de paso qué se dice de la libertad de expresión por tantos voceros de repente entusiastas de la misma.

Después de todo, tal vez los catalanes debiéramos reconocer que comparados con otros lares (y no hay que mirar mucho más arriba, por ejemplo, a Francia) no se vivía tan mal con el borbón español. Y si no, ¡que nombren otro rey, pero que lo nombren ya!

Artículo de nuestro coeditor Ignacio Gomá en LD: ¿Es la independencia o seguir mandando?

Ayer martes, nuestro coeditor Ignacio Gomá publicó, al bote pronto de la noticia, un breve artículo en Libertad Digital (aquí el original) sobre la presunta convocatoria de elecciones del presidente catalán Artur Mas, en coincidencia o proximidad con el referéndum del ) de noviembre. Este es el texto:

Nos enteramos hoy de que a lo mejor dentro de las intenciones de Mas podría estar la convocatoria para el día 9 de noviembre (o un poco después por la cuestión de los plazos) de unas elecciones anticipadas que coincidan –o sustituyan- con el maravilloso referéndum que todos los problemas de Cataluña va a solucionar. Es cierto que seguidamente el presidente ha salido para desmentir que tenga en mente otra hipótesis distinta de la consulta, pero en la tesitura en que nos encontramos no hay que descartar tacticismos.

Y hay que reconocer que, de ser verdad, el hombre sería ingenioso y efectista, al modo del mago Tamariz: “Miren por aquí tenemos un referéndum y, tachán, ¡lo convierto en unas elecciones¡ Grandes aplausos. Y con un doble efecto: me escapo de un agujero legal sin salida en el que me he metido y encima prorrogo mi mandato porque reconduzco la indignación que podría producirse por la frustración de la abortada consulta en mi favor, en un ágil movimiento de judo que aprovecha la fuerza del contrario para derribarle. Y con bonus: resuelvo positivamente, mediante una coalición con ERC la previsible confrontación que entre ambas podría producirse.

Lo malo es que, de confirmarse, resultaría un movimiento un tanto evidente, una  prestidigitación con el truco a la vista: centro la atención en la independencia excitando al público y en el último momento te coloco lo que yo realmente quiero: unas elecciones. Que quizá es de lo que se trataba desde el primer momento: me parece a mí que, sin desconocer que la cuestión catalana es una cosa que viene de antiguo (ya decía Ortega que es algo que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar), en la situación actual ha jugado un papel crucial la crisis económica y, en particular, la actitud que las elites políticas catalanas han tenido frente a ella: intentar desviar el descontento producido con los recortes (recuerden ustedes las tremendas manifestaciones contra el gobierno catalán por la sanidad y otras cuestiones de hace unos pocos años) hacia un enemigo externo culpable de que no haya dinero porque no retorna a Cataluña tanto como ésta da, todo ello encarnado en el famoso lema del que no me quiero acordar. Esta fue la primera llave de judo que, con la que quizá pretenda ahora, el presidente Mas quiere conseguir el ippon definitivo.

Es evidente, eso sí, que a diferencia de la “consulta no referendaria” pretendida, la convocatoria de elecciones anticipada es legal y competencia del presidente Mas, con lo cual está en su derecho y nadie puede decir absolutamente nada; y encima incluyendo en el programa electoral, por fin, la independencia, con lo cual subsanamos un error de base de este procès: que se dedica a hacer consultas para la independencia sin haberse mojado claramente a la hora de presentarse a las elecciones.

Otra cosa será si electorado catalán compraría este crecepelo, enfurecido por la frustración, o más bien va a caer en la cuenta de que al final se trata de que quienes cortan el bacalao en Cataluña, en un piélago de corrupciones mal ocultadas, sigan a lo suyo unos cuantos años más mientras el pueblo se empobrece a ojos vista. Y no digo yo que las elites extractivas nacionales sean mucho más consideradas o altruistas, pero sí parece que cabe decir sin temor a equivocarse que las catalanas son mucho más irresponsables.

¿Qué panorama nos quedaría en el futuro? Es difícil predecir si un tándem Convergencia-ERC logrará los apoyos que pretende y, si los logra, quién se comerá a quién. Lo único claro es que el panorama que tendríamos no es muy halagüeño: una prolongación de la agonía del momento presente.

El camino a la secesión y sus trampas legales. La Ley catalana de Consultas No Refrendarias y el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

Una figura que gusta mucho a nuestros partitócratas es la de esos comités de expertos o consejos consultivos siempre dispuestos a decirles que sí. Sus componentes no se determinan por circunstancias objetivas (por ejemplo, el Decano de tal facultad o de cual Colegio profesional, o el juez más antiguo en…), porque precisamente lo que se quiere es que no sean objetivos. Son los mismos gobernantes, con la falta de transparencia habitual, los que los eligen. Y los eligen precisamente para que digan lo que ellos quieren oír en sus dictámenes y recomendaciones.

Se trata, en la mayoría de los casos, de proporcionar coartadas (“¡Si sólo hemos hecho lo que nos recomendaron!”) o de dar la apariencia de legitimidad añadida que otorga un dictamen presuntamente experto. Y aunque el trampantojo es bastante burdo, como no se denuncia lo suficiente no deja de ser efectivo en su propósito de conseguir esa apariencia. La cual es especialmente necesaria cuando lo que se pretende hacer es, por ejemplo, alguna  barbaridad jurídica.

Una de estas instituciones, configurada tal vez con un poco más de sofisticación en las formas, aunque no en su sustancia, es el Consejo de Garantías Estatutarias elegido por el Parlamento Catalán. Y su última fechoría jurídica es su DICTAMEN 19/2014, de 19 de agosto, favorable a la recientemente aprobada Ley autonómica de Consultas Populares no Referendarias, urdida para intentar la conocida consulta catalana respecto a la secesión.

En el nacimiento y finalidad de dicha Ley de nuevo se ha demostrado el escaso respeto que los nacionalistas suelen demostrar por la legalidad. Para ellos la voluntad (inducida o deducida) de constituir una nación independiente no puede pararse en minucias legales. Y, por eso, si es necesario hacer trampas legales, se hacen. Con ayuda de su socorrido complejo de superioridad moral, que todo se lo permite.

Verdadero ejemplo de trampa legal es esa Ley autonómica de consultas. Y verdadero ejemplo de juristas cortesanos, dispuestos a tragarse la rueda de molino de bendecirla, es el mencionado Dictamen. El cual, por cierto, por causas ignotas aún no ha sido traducido al castellano, transcurrido más de un mes desde su aprobación.

Con justicia, también hay que decir que no todo en el Dictamen es un intento de defender lo que legalmente es indefendible. Hay partes del mismo en las que podemos encontrar  racionalidad jurídica. Pero están, qué le vamos a hacer, precisamente en los votos particulares de los Consejeros que consideran que la norma viola con claridad tanto la Constitución como el Estatuto.

Trato de explicar para profanos tanto la trampa legal pretendida a la cual el Dictamen quiere servir de coartada.

El Referendum es un mecanismo que nuestra Constitución, como la mayoría de las de su entorno, admite con carácter restringido en tanto que, como mecanismo de consulta directa a los electores, supone una excepción al principio general de democracia representativa, es decir, ejercitada a través de los representantes elegidos en las cortes, parlamentos y ayuntamientos. Estos instrumentos de consulta se han utilizado con frecuencia con fines populistas y legitimadores por regímenes autoritarios, por lo que en la mayoría de las democracias avanzadas (con la notable excepción de Suiza) se admiten sólo con notables cautelas.

En esa línea nuestra Constitución mantiene el referendum sólo para ratificar la aprobación y reforma de la Constitución y de algunos estatutos de autonomía. Y también, en este caso con carácter meramente consultivo, en su artículo 92, para decisiones políticas “de especial trascendencia”. En todos los casos, dado que supone una regulación del derecho fundamental de participación política (artículo 23 CE), se establecen fuertes garantías que garanticen la limpieza del proceso. Y, dado que entra en el ámbito competencial del Estado (artículo 149.1.32 CE), al menos es necesaria la autorización del mismo para su convocatoria.

Así las cosas, el Gobierno catalán se quedaba sin opciones de conseguir convocar un referendum, ni siquiera a través de la Ley catalana de 2010 que requería la aprobación de las Cortes españolas. ¿Qué hacen entonces los nacionalistas, por cierto con el apoyo de un PSC que parece seguir perdido en su laberinto? Pues aprobar esta Ley de Consultas no Refrendarias que permite al Presidente del Gobierno catalán aprobar lo que no deja de ser por su objeto, proceso y finalidad, un verdadero referendum. ¿Cómo? Pues simplemente cambiándole el nombre y disfrazándolo con una regulación que, si no deja de ser muy semejante, trata de diferenciarse.

El disfraz resulta, no obstante, tan burdo, que no resiste un análisis crítico mínimamente riguroso.

La consulta pretendidamente “no refrendaria” llama a la totalidad del cuerpo electoral para consultarle de una decisión tan trascendental como la secesión (o cualquier otra pregunta que se le ocurra al Honorable President). Decisión que excede por completo a las competencias autonómicas reconocidas en el Estatuto. Y se hace mediante un proceso que sustancialmente es el mismo que el de cualquier referendum y con sus mismos efectos. Sin embargo la Ley del Parlamento catalán pretende (y el Consejo de Garantías apoya) que como no se llama igual y se cambia un poco su regulación, pues eso ya no es un referendum.

Las modificaciones en su regulación, además, lo que introducen son verdaderas “peoras” en la regulación de los referenda. En vez del censo electoral, formado con todas las garantías y bajo una efectiva tutela judicial, se regula un “Registro de Población de Cataluña” y un “Registro de Catalanes en el Exterior” que ni tienen ni pueden tener tales garantías. Y se permite, para seguir pareciendo ser algo diferente, que voten los mayores de 16 años y determinados extranjeros que se inscriban. En vez de Juntas Electorales se regulan “Comisiones de Control y Seguimiento” en las que la presencia de los jueces se sustituye por “expertos en Derecho (de nuevo juristas cortesanos y maleables) y Ciencia Política nombrados por el Parlamento catalán. Lo que no refuerza precisamente su independencia.

Todo el proceso queda sustraido a control judicial alguno, y dependiente de marionetas del poder político. Y lo mismo la campaña electoral, que no puede contar con la garantía de imparcialidad de sus árbitros.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una verdadera estafa jurídica. Sólo el fragor ardiente del ambiente soberanista puede explicar (nunca justificar) que no haya sido allí mayoritariamente denunciada y que a sus autores no les suban los colores. No basta, como pretende el Dictamen, con cambiar el nombre a las instituciones o a los procesos, y con regularlos con menos garantías, para que dejen de ser lo que son. Lo mismo que no basta con pintar un coche de otro color y descapotarlo para que deje de ser un coche y ahorrarse pasar la ITV. Resulta inaudito que con esa trampa tan grosera se pretendan saltar las barreras legales. El que la mayoría de los Consejeros haya dado su placet a ese Dictamen aprobatorio es bien indicativo de su categoría intelectual e incluso moral. Y de lo bien mandados que son.

 

La Unión Europea y Cataluña

Uno de los muchos aspectos sobre los que los soberanistas catalanes no informan o lo hacen tratando de ocultar realidades evidentes es el que afecta a la condición de una pretendida Cataluña independiente como miembro de la UE. El soberanismo manifiesta que nadie echará a Cataluña de la UE.

Planteado así, es absolutamente cierto.

Lo que se oculta es que, en esa hipótesis, Cataluña saldría voluntariamente de la UE al desgajarse de España. Lo establece así la normativa comunitaria y lo han dejado claro, entre muchos otros, los Sres. Junckers, Schultz, Durao Barroso, Merkel y Valls.

El soberanismo afirma que se abriría una corta transición. Opino lo contrario. Cataluña necesitaría de una larga y difícil negociación y del voto unánime de los estados miembros para incorporarse. Hay razones obvias para prever que no lo obtendría. Me explico:

1 – La UE obedece a dos razones de ser. Una económica y la otra, política. Esta, que  ha merecido el Nobel de la Paz, consiste en la superación de los nacionalismos que, durante siglos, han ensangrentado las tierras de Europa.

La idea de un nuevo estado radicalmente nacionalista escindido de uno de los miembros contradice la naturaleza de la UE. Es un ataque a su esencia. Estos nacionalismos son más  nocivos para la unidad europea  que los populismos de extrema derecha o izquierda.

2 – La UE es radicalmente democrática. Es decir, está fundada en el Estado de Derecho. El gobierno de la Generalitat ha hecho gala repetidamente de su desprecio por la Ley y el Derecho (manifestación contra una sentencia, no ejecución de sentencias firmes, no aplicación de leyes vigentes, etc.). Ahora pretende aprobar una ley de consultas con la manifiesta finalidad de conseguir un resultado –la independencia- contrario a lo establecido en la Constitución (norma de rango superior que establece los únicos mecanismos legales por los que se puede modificar).

En el mundo del derecho, es elemental que un acto como éste constituiría un fraude de ley radicalmente nulo.

Un estado cuya independencia se consiguiera mediante fraude de ley no tendría cabida en la UE.

3 – Uno de los argumentos que predica el independentismo es el llamado “expolio fiscal”. Este argumento ha sufrido un enorme descrédito por la publicación de las balanzas fiscales y por el descubrimiento (no para muchos de los que se dicen escandalizados) del “caso Pujol”. En todo caso, la invocación de ese supuesto expolio es una pésima carta de presentación.

El flujo de capitales de los estados miembros a la UE es constante (rescates en  épocas de crisis, actividades de fomento de las zonas menos desarrolladas, mantenimiento de su estructura, etc.). La UE no puede desear como socio a una región independizada por considerar que constituye un expolio su participación en ayudas a regiones menos favorecidas.

4 – Para el éxito de la UE, es esencial que los estados miembros le vayan cediendo soberanía.

Una Cataluña ansiosa de acumular competencias no es un socio cómodo, ni fiable.

5 – Algunos estados de la UE, además de España, sufren movimientos nacionalistas. Es previsible que voten contra la incorporación de una región desgajada de un estado miembro. Los que no padecen directamente este problema, en buena lógica, tampoco  han de desear la proliferación de estados nacionalistas de nuevo cuño.

La unanimidad del voto de los estados miembros para incorporar a la UE a una hipotética Cataluña independiente parece mucho menos probable que un rechazo ejemplarizante.

6 – Para la UE es complicado poner de acuerdo a los gobiernos de sus estados miembros. El territorio español, hasta hoy, tiene un gobierno.

¿Tiene sentido que la UE acepte abrir la puerta para que haya diecisiete?

7 – El Sr. Mas ha manifestado que las 6.000 filiales de empresas multinacionales con sede en Cataluña impedirán la salida de ésta de la UE.

He sido, durante muchos años, asesor jurídico de multinacionales en Barcelona y creo conocerlas bien: Una abrumadora mayoría debe haber diseñado el plan para emigrar en cuanto consideren que es real  la amenaza  de verse fuera de la UE.

No tengo espacio para rebatir aquí otra falacia del soberanismo, el de la doble nacionalidad (española y catalana) que nos correspondería a los catalanes después de la supuesta independencia. Sería materia para otro artículo.

¿Qué es peor, que el fanatismo ciegue al Sr. Mas y sus colaboradores y no sean conscientes de lo que indico en los párrafos anteriores, o que oculten a los ciudadanos las consecuencias demoledoras que la salida de España y de la UE tendría para los catalanes?

En cualquier caso, aún estamos a tiempo de evitar que el Sr. Mas haga a Cataluña lo que ya ha hecho a su partido.

León Tolstoi (Ana Karenina, 3ª parte, capítulo XXI) escribió: “A ellos se les puede comprar con dinero o con halagos. Y, para poder sostenerse, tienen que inventar la necesidad de una doctrina, desarrollar un programa o un pensamiento en el que no creen, y que es pernicioso. Para ellos, sus doctrinas son el modo de gozar de un sueldo y de una residencia oficial”.

Nada nuevo bajo el sol.

Apotegmas para la resolución alternativa del conflicto catalán

Un apotegma es un dicho breve y sentencioso, generalmente proferido o escrito por un personaje célebre. Vale, no soy célebre, pero es que me apetece titularlo así porque creo útil lanzar una serie de ideas breves que pienso se deberían tener en cuenta a la hora de afrontar la cuestión conflictiva catalana. Ahora bien, mi intención no es ser sentencioso y parcial, sino práctico y breve y a la vez neutral en lo posible, pues la segunda originalidad de este post es que quisiera usar mi afición por la resolución alternativa de conflictos –sobre todo la mediación- para enfocar el problema desde una perspectiva más amplia que la puramente constitucional o legal. Cuidado, no se confundan, el enfocar los problemas desde esta perspectiva no significa que tengamos que olvidarnos de la ley ni de la historia. No, se trata de abordar la cuestión de una manera que nos permita descubrir cuál es el verdadero problema –los verdaderos intereses– más allá de las posiciones que se muestran. Esta es una distinción clave en cualquier conflicto: lo que digo que quiero ¿es lo que realmente necesito? Discutir sobre posiciones produce acuerdos poco aconsejables y pone en peligro una relación preexistente: el ego se identifica con las posiciones y ello impulsa a olvidar los verdaderos intereses, que es lo que realmente queremos y necesitamos.

Pues bien, hagamos el ejercicio de aplicar a este conflicto político las técnicas y fases de los procedimientos de resolución de conflictos, comenzando por preguntarnos: ¿es realmente la independencia lo que quiere Cataluña? ¿Le conviene a España mantener esta situación indefinidamente? En todo planteamiento de este tipo hay varias fases que voy a completar por vía de apotegmas que nos permitan centrar brevemente la cuestión. Son mis apotegmas, claro: seguramente se pueden añadir más o quizá algunos sean falsos, pero vamos allá.

En toda negociación hay, primero, una fase de recogida de información, y ello me sugiere:

Existe una cuestión catalana, y hay que “conllevarla”. Decía Ortega: “Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar” (Discurso en las Cortes Españolas el 3 de mayo de 1932 )

Bueno, quizá Ortega no hizo el curso de mediación, pero en todo caso hay una realidad que no debemos olvidar: el problema catalán no lo ha inventado Mas, lleva paseando por España mucho tiempo y, aunque es indudable tiene hoy un buen porcentaje de artificial e inducido, no es buen enfoque para solucionarlo negar su existencia.

España existe, mal que pese. Porque, por mucho que alteremos la historia, es muy difícil negar una convivencia secular que genera vínculos mutuos cuya ruptura no puede ser sino traumática. Además, cabe decir que España es el primer estado moderno, sin negar la existencia de particularidades regionales muy importantes, (aunque sin dar lugar un estado como tal en Cataluña). Por ello, cualquier negociación sobre el asunto, debe tener en cuenta esta realidad y que la única interesada en esta cuestión no es sólo Cataluña.

Otra fase es la de identificación de los temas a tratar:

El dinero importa, pero no es lo único. No hace falta pedir la independencia para percatarse de que puede haber demandas lógicas. Si una zona del territorio –Cataluña o la que sea- aporta mucho dinero al común y otras reciben mucho (ya sé que no contribuyen territorios sino personas, pero entiendan la idea) no es ilícito o inmoral plantearse y discutir cuantías e incluso si el uso que otras autonomías hacen es útil y eficiente (eso de bajar los impuestos cuando estás subvencionado). Eso habrá que valorarlo con datos objetivos. Ahora bien, conviene no olvidar que muchas cuestiones que enturbian las relaciones no son materiales, sino sentimentales.

El Título VIII de la Constitución fue una huida hacia adelante. Mucha gente coincidirá en que en la Transición hubo que salir del paso de este problema y se formalizó un diseño híbrido, posteriormente convertido en un “café para todos”, que no convence a nadie y que en la práctica ha supuesto un importante desapoderamiento del Estado y un goteo incesante de competencias a las comunidades más reivindicativas favorecido  por la existencia las mayorías minoritarias en el parlamento español que inducía a buscar apoyos para el gobierno en formaciones nacionalistas, sin que ello apaciguara en absoluto las reivindicaciones de éstas. El sistema es ineficiente y es preciso revisarlo para buscar fórmulas que permitan un encaje mejor, aunque, eso sí, siguiendo el procedimiento legal correspondiente y contando con el concurso de todos los interesados.

Luego hay una fase de generación de alternativas, en la que hay que tener en cuenta algunos límites:

Dura lex, sed lex. Que se aplique la ley es importante: en un Estado de Derecho, como mil veces repetimos en este blog, es una irresponsabilidad prescindir de las reglas, porque eso alienta el caos, y con él, la injusticia. Si se permite incumplir la ley a algunos, cabría pensar que todos estaríamos legitimados para incumplirla cuando nos viniera bien. Por tanto, no se pueden permitir de ningún modo referéndums ilegales, porque eso pone en juego la igualdad de todos ante la ley.

El derecho a decidir lo decidimos todos. La apelación a la democracia o al voto popular no es suficiente, porque esa voluntad popular, caso de haberla, no debe tener relevancia en una democracia avanzada (o sin avanzar) si no se expresa en la forma legalmente establecida, que es lo que la hace válida; no supone excepción la alegación de derechos supralegales como el derecho de autodeterminación, pensado para situaciones coloniales que no se dan en este caso.

Las terceras vías son para los ferrocarriles. En un Estado de Derecho no se debería negociar con una persona concreta, ni tampoco con una autonomía, nación o como quieran llamarlo, sobre la legislación vigente. Ello genera normas “especiales” y con ello desigualdad y desafección en el cumplimiento de las normas. Si hay que generar alternativas, ha de contarse con todos los españoles y con luz y taquígrafos: nada de componendas o de librar a Pujol o tapar otras corrupciones por parar esto. Cojamos el toro por los cuernos.

La ley no soluciona todos los problemas reales. Quizá la actitud silente de Rajoy tenga una virtud: no haber empeorado el problema, lo que no es poco, dada la provocación que supone la dinámica secesionista. Pero no hay que olvidar que el problema es real, y no basta con recursos y leyes: se necesita política, política de la buena.

Ahora bien, en toda negociación hay reducir los elementos emocionales y buscar los datos objetivos:

Los nacionalismos son emociones, a veces patológicas. Querer a tu madre está bien, pero un amor excesivo puede hacernos distorsionar la realidad. Ninguna reforma puede hacerse en un momento de crisis emocional, propiciada por una huida hacia adelante del nacionalismo; si a ello se une el control político que las autoridades autonómicas tienen sobre la educación y los medios, difícilmente podemos entender que haya hoy la serenidad y la información cierta que estas decisiones exigen.

Más vale un dato que mil emociones. Discutamos sobre bases objetivas. Veamos si realmente existen esos deficits y cuál es su entidad, sin olvidar que en una comunidad la solidaridad entre los diversos miembros es obligada. Olvidemos el Espanya ens roba –y lo que se considere equivalente del “unionismo”- y centrémonos en la realidad.

En una negociación es fundamental saber cuál es nuestro BATNA (Best Alternative to a Negotiate Agreement), es decir, cuál es nuestra alternativa a la falta de acuerdo:

En estas rupturas, a corto plazo, probablemente pierden todos. Las pérdidas económicas y de sinergias y la pertenencia a la Unión Europea se deben tenerse muy presentes. Quizá al cabo de un tiempo alguno rehaga su vida y salga ganando, pero hay que estar muy seguro de que la convivencia es imposible y de cuáles son las opciones. Y, cuidado, una independencia puede no corresponder a la configuración actual de Cataluña: quizá partes de ella también quieran decidir.

En todo caso, en la resolución de los conflictos es preciso buscar soluciones que satisfagan a todos y comprobar que la solución es estable:

Si queremos que perdure un acuerdo, hay que abrir la mente. No haremos nada si seguimos con los esquemas de siempre: sólo “conllevar” el problema, tal y como decía Ortega. Y probablemente tenga algo de razón, situaciones complejas exigen soluciones complejas, quizá en un constante reequilibrio. Por ello, quizá lo que hay que replantearse es la organización territorial del Estado, abarcando la posibilidad de una limitación de las autonomías, un estado federal y también una posible independencia.

Al final, si crees en la democracia, es mejor preguntar. Ha ocurrido en Canadá y va a ocurrir en el Reino Unido, y nosotros no somos distintos. Claro que no se trata de preguntar cuando Mas quiera y lo que ERC decida, sino de abrir la posibilidad para que ello ocurra de una manera leal y de buena fe y con la voluntad informada de todos los interesados. Algo semejante a la Ley de la Claridad canadiense que hemos tenido oportunidad de comentar en este blog: reglas claras, momentos establecidos, preguntas no ambiguas, información suficiente y veraz, ausencia de coacción y de sentimientos exaltados.

Hemos recogido información y generado algunas alternativas en un ejercicio que espero que les resulte interesante, aunque quizá sea incompleto o parcial. Ahora, ¿qué soluciones se podrían alcanzar? No es cuestión de sugerirlas yo, pero el sentido común sí me dice que no se puede tolerar la amenaza soberanista, y que hay que utilizar todos los medios para impedirla; pero que tenemos un problema de fondo que hemos de resolver; y que esa resolución tiene que ser democrática, conforme al Estado de Derecho, libre, informada y de buena fe.

Ahora bien, hay un apotegma final: los políticos no ven más allá de cuatro años. Es decir: ¿están preparadas nuestras élites políticas catalanas y españolas en general para enfrentar un problema como este a largo plazo? ¿Son sus verdaderos intereses coincidentes con los de la población a quien sus decisiones van a afectar? Este es el elemento que más me preocupa: si quienes tienen que resolver el problema quieren realmente hacerlo. Pero esto es harina de otro costal.

 

Flash Derecho: Comunicado de los profesionales de los servicios informativos de la Televisión Catalana

SALVEMOS NUESTRA PROFESIONALIDAD

A medida que se acerca la Diada del 11 de septiembre se han ido calentando las informaciones sobre el acontecimiento. Hace tiempo que se traspasó la línea roja que contiene nuestro libro de estilo y que desautoriza las informaciones que se puedan entender como un llamamiento a la movilización.

Es posible que, como parece que le pasa a la sociedad,  haya una mayoría pro consulta o pro independencia en la redacción de TVC, pero como profesionales no podemos engañar los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información. Todos nos pagan con sus impuestos, incluyendo los que no se han registrado para ir a la V que se hará el próximo jueves. Ninguna causa merece que lancemos a la basura la imparcialidad y la neutralidad que nos tiene que caracterizar como profesionales de la información ante la sociedad y a la que estamos obligados como medio público.

La reiteración de informaciones “de servicio” sobre la fiesta explicando la forma de llegar, indicando los tramos que quedan por cubrir, entrevistando por enésima vez a los organizadores del acto, se convierten en llamamientos descarados a la participación. No hay duda de que los espectadores que no simpatizan con la causa las consideran excesivas por la acumulación que se ha producido y por la nula distancia que a menudo se muestra con la convocatoria y los actos previos. Cualquiera que tenga oídos y lea diarios y las redes sabe que las críticas se multiplican. Aunque algunas estén fuera de tono y contengan inexactitudes, no hay duda que, fuera de la burbuja de Tv3, el malestar va creciendo.

El final del proceso político que se ha abierto es del todo incierto. Pero el día siguiente del día siguiente, querremos continuar trabajando como periodistas en TVC o en otro medio. Si no reaccionamos, quizá nos hayamos ganado una funesta etiqueta por el resto de nuestra vida profesional.

La perspectiva alemana: el movimiento independentista catalán frena sobre todo el futuro de Catalunya

 

Alemania es el socio económico más importante para España a nivel europeo. Es por esa razón por la que que los empresarios alemanes  están muy preocupados con la intención del Gobierno de la Generalitat de separar esta región industrial del resto de España. Los miembros del Circulo de ejecutivos alemanes en Barcelona (KdF) se han decidido a decirlo en voz alta, renunciando al silencio que caracteriza a muchos círculos económicos y políticos catalanes en relación con la política de Artur Más. Publicaron a finales de Enero una declaración como personas privadas en la que manifestaban su miedo ante una evolución en Catalunya que consideran peligrosa no solo económicamente o  por la salida de Catalunya de la Unión Europea sino también porque es anacrónica y muy peligrosa a secas. Dicen textualmente: “Alertamos de los peligros de un fervor nacionalista, que en el último siglo ha traído sufrimientos inmensurables sobre Europa y que tampoco traerá nada bueno para Catalunya.”

Está declaración valiente, promovida entre otros por el abogado Carlos Wienberg, que reside en Barcelona, dice lo que muchas empresas extranjeras y políticos extranjeros piensan pero no quieren expresar en voz alta. Y se publicó en muchos medios importantes en Alemania. Wienberg sobre todo quería dejar claro que Catalunya tendrá que salir de la UE en caso de independencia: “ Van Rompuy, Barroso, Redding y Junckers lo han confirmado varios veces”, dice el abogado.

Wienberg  cree que lo que se hace es clara propaganda por el Círculo Catalán de Negocios cuando señala en un comunicado a la prensa extranjera que no está claro que Catalunya tenga que salir de la UE, que no hay nada escrito para que esto tenga que ser así. Este Circulo de empresarios catalanes se ha propuesto -según sus informes de prensa- hacer pedagogía del proceso independentista con los alemanes “rebeldes” (como escriben en su nota de prensa). Pero parece que hasta ahora este acercamiento pedagógico no ha dado a muchos frutos. “A mí nunca me han contactado”, confirma Wienberg.

Pero el caso es que la “declaración de Barcelona”  ha sensibilizado a la opinión pública alemana en relación con la existencia de un problema real que muchos catalanes prefieren no ver: la independencia no aporta Catalunya más que problemas. Y no solamente se trata de una cuestión económica, lo que es de sentido común dado que la ruptura de un mercado común nunca es buena. Es que sobre todo tiene consecuencias políticas para los catalanes. Consecuencias que no consideran o que ni se pueden imaginar.

Muchos de los extranjeros que viven en Barcelona, una ciudad maravillosa y que siempre ha sido muy cosmopolita, están hartos de las conversaciones independentistas y del catalanismo. Han venido a España para aprovechar la movilidad de la UE y intentar suerte en otro país. Y ahora tienen que luchar contra el extremismo con que se enseña la lengua catalana y se impone una cultura que debería ser de libre elección, por que vivimos en un Estado democrático. Más critica al Gobierno central de ser “imperial y intolerante”, pero es exactamente eso en lo que pretende convertir Catalunya que fue siempre un lugar de encuentro de muchas culturas.

Aunque las inversiones en curso no se han detenido por el tema de la consulta (ya declarada ilegal por el Tribunal Constitucional) lo cierto es que estas cuestiones dañan la imagen de esta importante región de España para la economía alemana, donde tienen sede Seat, ya filial de Volkswagen, igual que por ejemplo Lidl o Allianz.  “A los alemanes nos gusta tener seguridad en nuestras planificaciones. Este proceso de independencia genera mucha inseguridad” explica Georg Abbeg del despacho Roedl & Partner en Madrid .

La consulta catalana está prevista para el 9 de noviembre de este año. Fecha clave para los alemanes y también para Europa por múltiples razones: el 9 de noviembre de  1938  fue la noche “Reichskristallnacht” en la que el nacionalismo feroz  de los nazis enseño su cara más fea al resto de Europa. El 9 de noviembre de 1989 fue la caída del muro de Berlín, un día de mucha alegría que ponía fin a una Alemania separada. Pero la mayoría de los alemanes sabía también que a partir de este momento nunca jamás podrían dejarse llevar por el nacionalismo. Pero tampoco debería dejarse llevar España, que ha vivido una terrible guerra civil. Ni el nacionalismo español ni el nacionalismo regional deberían dirigir la política española. Nos tiene que dirigir un sentido europeo que nos ha salvado hasta ahora a todos de un futuro oscuro. Porque onviene recordar que nunca hemos sido tan ricos y hemos vivido en paz tanto tiempo como ahora.

¿Qué ha dicho realmente el Tribunal Constitucional sobre el derecho a decidir en Cataluña?

La semana pasada tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate del Pleno sobre la toma en consideración de una proposición de Ley Orgánica del Parlamento de Cataluña, de delegación en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

La toma en consideración de dicha propuesta de ley fue rechazada por 297 Diputados, de los 347 que emitieron su voto, y este amplio rechazo constituye el último episodio del independentismo catalán, si bien el Presidente Mas ya se ha apresurado a declarar que el proceso soberanista seguirá adelante, a pesar del rechazo del Congreso.

Esa Declaración del Presidente Mas no puede sorprender a nadie porque, como ha dicho el “Consell Assessor per a la Transició Nacional”, presidido por el ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, “un plebiscito sobre la independencia, dejando a un lado su resultado, sitúa a Cataluña delante de los actores internacionales como un sujeto político con capacidad para tomar decisiones propias y diferenciadas. El proceso de consulta, por tanto, independientemente de su resultado, tiene para Cataluña una externalización positiva en términos de política exterior. Además, delante de una negativa por parte del gobierno central del Estado a una solución pactada a la cuestión del acomodo o encaje político de Cataluña, este contencioso queda visualizado a nivel internacional. La organización de la consulta es una muy buena oportunidad para dar a conocer las demandas de Cataluña y las respuestas que ha ido recibiendo por parte del Estado español a lo largo de la Historia y en el período reciente. Empujar para la celebración de la consulta significa trabajar para presentar a nuestro país al mundo, con sus demandas de reconocimiento nacional y de acomodo político dentro de la esfera internacional de los Estados y, al final, le da un status de sujeto político diferenciado”.

Por tanto, la celebración de la consulta es una prioridad del actual gobierno catalán pero su convocatoria choca con aspectos jurídicos insalvables y una muestra de ello es la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo de 2014.

El proceso político-jurídico hacia la celebración de la consulta se inicia con la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, la cual ha sido objeto de examen por el Alto Tribunal.

Son tres las cuestiones fundamentales que se plantean en esa sentencia: a) Si la misma es una mera Declaración política o, por el contrario, va más allá y tiene la capacidad de innovar el ordenamiento y producir “efectos jurídicos”; b) si el carácter de sujeto político y jurídico soberano que la Declaración predica del pueblo de Cataluña, se cohonesta con los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española; y c) si el pueblo de Cataluña tiene o no tiene “derecho a decidir”.

La Declaración tiene dos destinatarios, fundamentalmente. Por un lado, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al que pretende “orientar” en el ejercicio de su acción política y, por otro, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, respecto de los que se pretende abrir un proceso de deliberación y diálogo para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir su futuro político colectivo..

El Tribunal Constitucional, no obstante afirmar que la Declaración es un acto político, adoptado por un poder público en el ejercicio de sus atribuciones, entra en el examen de si, además, tiene capacidad para producir efectos jurídicos.

Para el Alto Tribunal, “lo jurídico no se agota en lo vinculante” de forma que la Declaración, en cuanto declara la soberanía del pueblo de Cataluña, es susceptible de producir efectos jurídicos puesto que, insertada en un proceso de diálogo y negociación con los poderes públicos encaminado a “hacer efectivo” el ejercicio del derecho de los catalanes a decidir su futuro político colectivo, puede entenderse como el reconocimiento en favor de aquéllos de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía.

Además, en la medida en que acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir, no permite entender limitados sus efectos al ámbito parlamentario sino que reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas, como lo son (añadimos nosotros), el Decret 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional afirma que la Declaración tiene carácter jurídico y produce efectos de esta naturaleza, por lo que considera apropiado hacer el contraste de la misma con la Constitución.

Entrando en dicho análisis, para el Alto Tribunal el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. El Estado autonómico se asienta en el principio fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español, de manera que “aquélla no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella”, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante a todos.

El Tribunal Constitucional afirma que una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España y cita al Tribunal Supremo de Canadá que, en su pronunciamiento de 20 de agosto de 1998, llegó a la misma conclusión.

Termina declarando inconstitucional y nula la declaración de soberanía del pueblo catalán.

Por último, en relación con el “derecho a decidir”, el Alto Tribunal empieza aludiendo al principio de “interpretación conforme” y, en esa medida, le busca acomodo en la Constitución.

Entre las manifestaciones más relevantes del principio de “legitimidad democrática”, se encuentran la que reclama la mayor identidad posible entre gobernantes y gobernados y la que impone que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario, sin perjuicio del derecho de las minorías a hacer propuestas.

Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que la primacía de la Constitución no puede confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la misma, es decir, de “militancia democrática”, se reconoce que en nuestro sistema tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional.

Así pues, el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que se realicen en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. Por tanto, la “lealtad constitucional” exige que si Cataluña quiere decidir unilateralmente su futuro político, tiene que proponer una reforma de la Constitución y el Parlamento Español entrar a considerarla.

Sólo mediante una reforma constitucional, la aspiración política de los catalanes “de decidir” unilateralmente su futuro político podría ser defendida en el marco de la Constitución.

De hecho, la reforma constitucional es una de las cinco vías que el Consell Assessor ha identificado para la celebración de la consulta, aunque las posibilidades de su rechazo por parte del Estado son elevadas.

Flash Derecho: bienvenida a la sociedad civil catalana. Nace la Asociación “Societat civil catalana”

Desde el blog queremos dar la bienvenida a la asociación “societat civil catalana” que se ha presentado recientemente en Barcelona y en Madrid

Promovida por un grupo de profesionales y empresarios catalanes se trata de una asociación “apartidista” pero no apolítica, como precisan, que se opone al separatismo y que defiende el Estado de Derecho y los valores democráticos. Destacan que han conseguido agrupar a personas con ideologías muy diversas en un planteamiento común: no a la secesión. Como no tienen las generosas subvenciones públicas -con el dinero de todos, no lo olvidemos-  ni el acceso a los medios “oficiales” con las que cuentan las asociaciones favorables al independentismo, solicitan ayuda a los ciudadanos del resto de España para llevar a cabo su importantísima labor. Que, como ellos dicen, no se acaba el día 9 de noviembre se celebre o no el famoso referendum.

Desde el blog les hemos ofrecido todo nuestro apoyo para contribuir a la difusión de sus planteamientos, de lo que está ocurriendo en Cataluña -muchas veces desconocido para el resto de los españoles- y a la existencia de un debate ilustrado y racional sobre una cuestión esencial para nuestro futuro y nuestra convivencia. Animamos a los colaboradores y lectores a conocerles a ellos y a su manifiesto que pueden encontrar aquí.

La presentación oficial será, el día 23 de abril, día de Sant Jordi, en el Teatre Victoria de Barcelona.

Les deseamos toda la suerte del mundo, nos  va a mucho en ello. Porque, no lo olvidemos, esto no es solo un problema de los catalanes, sino de todos los españoles.