De las devoluciones en caliente a las expulsiones en frío

Una enmienda del Partido Popular a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, actualmente en tramitación, ordena que “los  extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.” Así leído no parece nada nuevo. Casi como decir que a los extranjeros no se les dejará entrar si pretenden hacerlo de manera clandestina o violenta. Nada más razonable. Sin embargo, la norma tiene truco.

Efectivamente, lo que se pretende con esta enmienda es dar cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente”, tanto de carácter colectivo como individual, es decir, a las devoluciones de los inmigrantes que han logrado saltar la valla de Ceuta o Melilla (y, en consecuencia, que han entrado en territorio español) a través de una puerta localizada en la misma valla. Parece que estas devoluciones se producen con relativa frecuencia en la práctica, pese a ser ilegales, y no parece lógico pensar que las realiza la Guardia Civil por propia iniciativa, sin instrucción de ninguna especie. Pues bien, lo que se pretende con esta disposición adicional es convertir el tórrido y discutible hecho en frío derecho.

Sin embargo, esta iniciativa es criticable tanto desde un punto de vista de lege data como de lege ferenda. De lege data porque el art. 4 del Cuarto Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos dice literalmente que la “Collective expulsion of aliens is prohibited.” La razón es muy simple: las expulsiones colectivas impiden apreciar las circunstancias personales de los extranjeros, especialmente en relación a su posible derecho de asilo, privándoles de cualquier recurso al efecto, lo que les coloca en peligro de muerte o torturas si son devueltos a su país o a otro tercero. También se les priva de recurrir frente a cualquier lesión de sus derechos que se haya podido producir en el proceso de esa expulsión. En este sentido la jurisprudencia del TEDH es muy clara, como puede observarse en los casos Sharifi and Others v. Italy and Greece (2014) o Hirsi Jamaa and Others v. Italy (2012) que pueden consultar aquí. Esto implica que, previsiblemente, vamos a ser condenados por dicho Tribunal, aunque mientras tanto vamos a cometer como país bastantes injusticias de imposible reparación.

Pero al margen de ello conviene reflexionar sobre todas las implicaciones de esta medida. Según la justificación de la enmienda, ésta persigue incorporar en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, “una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla (…) ejemplificada, entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario.”  Esto es como decir que, dado que en una frontera hay especial presión migratoria, vamos a excepcionar en esa frontera la normativa que protege a los inmigrantes. O –dicho de otra manera- dado que en esa frontera se producen invasiones colectivas, vamos a excepcionar para esa frontera la norma que prohíbe las expulsiones colectivas. Simplemente surrealista. Porque lo que está meridianamente claro es que el especial tratamiento del que disfrutan dichas plazas en el ámbito comunitario no se refiere para nada a este tema.

Pero es que, además, el instrumento en virtud del cual pretende articularse la excepción es muy preocupante. Se trata, en definitiva, de admitir para el caso de Ceuta y Melilla un concepto amplio de frontera que implica que, aunque se haya saltado la valla, el extranjero no ha entrado realmente en España si no rebasa a la Guardia Civil. Sólo así se comprende el argumento de que la medida no hace más que articular un rechazo en la frontera (es decir, por la vía de impedir la entrada), previo a una posible devolución. Sin embargo, con ello se pone en entredicho uno de los pilares básicos de cualquier Estado: la perfecta definición de su ámbito territorial. España se convierte así en un pulmón que se expande o contrae según los movimientos de la Guardia Civil. (No debe extrañar que, aprovechando una coyuntural inspiración–expiración, quizás más profunda de lo normal, Mas aspire a que Cataluña se quede fuera un día de estos). Pero si ello se configura, además, para dejar de lado la aplicación de alguna de las normas más trascendentes de cualquier ordenamiento, como son las que protegen los derechos humanos, entonces también resulta difícil llamar a ese Estado neumático un Estado de Derecho.

(Sobre este tema podrán leer en breve dos interesantes artículos en el nº 58 de la revista El Notario del Siglo XXI, el primero escrito por el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Váquez, y el otro por María Serrano, responsable adjunta de Política Interior en Amnistía Internacional España)

¿Qué hemos hecho con la igualdad y la no discriminación en nuestra democracia?

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Ud. ha tenido la suerte de visitar Londres, y su museo menos británico, habrá podido ver el rulo de arcilla de la fotografía, llamado “Cilindro de Ciro”, del que la Abogada y Magistrada iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz 2003 (que ha sufrido la desigualdad y la discriminación que nacen del fanatismo religioso), dijo en su discurso de aceptación del premio que debía ser reconocido como la “primera declaración de derechos humanos”. El cilindro, descubierto en 1879, data del 539 a.C., la época de Ciro el Grande.

Pero, romanticismos arqueológicos aparte, si uno busca en la historia natural o en la historia humana, resulta imposible o muy difícil encontrar algo similar a lo que denominamos, en sentido amplio, “igualdad”. Las especies batallan por su espacio en el planeta Tierra y pugnan por sobrevivir conforme a la ley del mejor adaptado (the fittest) y no la del más fuerte, como demostraron Lamarck y Darwin. Por su parte nuestra propia Historia Universal nos brinda pocos ejemplos de equiparación entre unos y otros humanos, ya sea en sociedades tribales u organizadas en Estados, para seguir la distinción de Jared Diamond en “El mundo hasta ayer”. La peor de las desigualdades, la esclavitud, la reducción de un ser humano a la condición de cosa, ha existido entre nosotros desde que nuestros ancestros bajaron de los árboles al Este del Edén, o sea, en el Valle del Rif, y existe a día de hoy de múltiples maneras, también en nuestras orgullosas sociedades “avanzadas”, como pueden Uds. comprobar en los arrabales de cualquier ciudad o en cualquier burdel de carretera, para no hablar de lo que sucede todavía en Mauritania, Libia, el indeseable Estado Islámico, Tailandia y otras tantas regiones del globo terráqueo en las que el trabajo en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud es, simple y llanamente, un hecho que toleramos sin grandes manifestaciones en las calles. Cazar congoleños, diezmar kurdos, gasear judíos o bombardear palestinos, por ejemplo, son actividades estrictamente humanas.

Sin embargo, la propia génesis del Derecho está vinculada -no al poder o libertad individual, a lo que ahora se llama “derecho subjetivo”- sino a esa idea contrafactual de la igualdad. El primero que lo plasma de una manera clara es Aristóteles en ese inmortal Libro V de su ética nicomáquea (de trascendental importancia para los juristas) cuando afirma que la justicia es una especie de igualdad. En la justicia distributiva cabría decir más exactamente que se trata de una proporción, pero ésta no es otra cosa que una “igualdad de razones”, como afirma el propio filósofo. A partir de ese instante esta idea de la igualdad permanecerá ligada para siempre al concepto de Derecho. Así, casi dos milenios más tarde, nuestro Doctor Eximio, Francisco Suarez, señalaba que un requisito fundamental de la ley para ser justa es que no distribuya las cargas en una sociedad de manera desigual.

Pero esta intuición jurídica fundamental, para ser verdaderamente fructífera, todavía debía superar una nueva frontera: la de considerar a todos los hombres iguales. Sí, porque aunque consideremos que la justicia es una especie de igualdad, si entendemos que las personas son desiguales, la justicia nos obligará a tratarlas desigualmente, conforme a esa ley de la proporción que formuló Aristóteles. Una intuición -ésta de la igualdad humana- todavía más contrafactual.

Para algunas concepciones filosóficas o religiosas (en occidente, señaladamente el estoicismo y el cristianismo), todos los seres humanos son iguales entre sí. Estamos, pues, ante una convicción que no nace de la observación de la naturaleza ni de la sociedad, sino de la voluntad y basada en una combinación extraña de emoción y razón que sólo prospera tras milenios de educación y que camina siempre por el filo de la navaja, con riesgo permanente de sucumbir ante los peores instintos de nuestra especie.

Corresponde a la Revolución Francesa de 1789 (Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen), haber incluido el vocablo mismo entre los principios fundamentales de las Constituciones políticas. “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, la igualdad se ha ido incorporando como principio o como derecho a importantes Convenciones Internacionales  y a cualquier Constitución digna de tal nombre.

Para nosotros, tras los espantos del siglo XX, la protección de más alto rango jurídico que el Derecho positivo brinda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución NU 217 A III de 10/XII/1948) en cuyos considerandos se lee lo siguiente: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Su artículo 1 establece la condición esencial de igualdad entre los hombres, y también un deber (jurídico) de comportamiento fraternal, usualmente preterido y omitido en cualquier tratado sobre la materia: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Del derecho a la igualdad y a la no discriminación así definido derivan los restantes corolarios de los arts. 2, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 21 y 23 de la Declaración, a cuyo tenor nos remitimos por razones de espacio.

En el ámbito europeo, tan sólo dos años más tarde, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma, en noviembre de 1950, prohíbe la discriminación en el artículo 14, pero hay que esperar hasta su Protocolo n° 7, firmado en Estrasburgo, el 22.XI.1984, para que la palabra “igualdad” acceda al rango de título de artículo (el 5, igualdad entre esposos) y nada menos que al año 2000 para que el Protocolo n° 12 (Roma, 4.XI.2000 ) refuerce en su art.1, titulado “Prohibición general de la discriminación” al establecer que los derechos reconocidos en el Convenio deben ser asegurados sin discriminación ninguna. La escueta y reciente Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad” (DOUE C 326/391 de 26.10.2012). Los artículos 14 (derecho a la educación), 20 (igualdad ante la ley), 21 (no discriminación), 23 (igualdad entre hombres y mujeres), entre otros, no son sino trasuntos específicos de dicho principio rector.

Nuestra Constitución de 1978 no contiene en su brevísimo preámbulo expresamente el vocablo “igualdad”, pero su artículo 1 la consagra como principio:1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” De ahí que el maltrecho (en su integridad) Artículo 9 disponga en su número 2 que:“2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

No hay espacio en un post para glosar la doctrina (desde Locke y Rousseau) y jurisprudencia internacional y nacional sobre los principios y derechos de “igualdad” y “no discriminación”, pero el laboreo de ambas ha resultado fundamental para establecer con precisión, en la teoría y en la práctica, qué debe entenderse por igualdad desde el punto de vista político y jurídico.

Pero la riqueza de las intuiciones aparentemente contrafactuales en relación a la igualdad no termina aquí. Todavía nos queda la tercera, una que está todavía pendiente de desarrollarse plenamente: la de considerar que solo una sociedad que atribuya iguales condiciones de vida a sus ciudadanos y luche por su igualdad material puede ser una sociedad digna de ese nombre.

En The Spirit Level, Richard Wilkinson y Kate Pickett han acumulado y tratado una ingente cantidad de datos que solo conducen a una conclusión: las desigualdad real dentro de las sociedades es su principal factor corrosivo, tanto desde el punto de vista social como político, cualquiera que sea el factor que midamos, desde la salud pública hasta la violencia, pasando por la educación y -no digamos- la estabilidad política. Cuál sea la causa concreta que lo determine, ya sea de tipo psicológico, social o biológico, está por determinar. Pero como juristas déjennos vaticinar que, conforme a lo que hemos comentado al principio, algo tendrá que ver precisamente la lesión de ese instinto justicia, tan profundamente arraigado en la psique humana.

A la vista de todo ello nuestro objetivo aquí es sólo hacernos y hacerles a Uds. algunas preguntas, a la vista, por un lado, de la importancia crucial de las normas que hemos citado que consagran la igualdad como principio básico de la convivencia en sociedad y de un Estado que aspire a llamarse verdaderamente Estado de Derecho y, por otro, de nuestro actual nivel de desigualdad, auténticamente record, medido tanto en términos absolutos como relativos.

Sin perjuicio de que la crisis haya podido jugar como desencadenante, ¿no será la falta igualdad, más que la pobreza, sobre todo desde el punto de vista de igualdad de oportunidades y ante la ley, uno de los mayores problemas de nuestra convivencia? ¿No será que entre el igualitarismo a ultranza y la discriminación plutocrática – si pagas, puedes; si no pagas, no puedes – hemos permitido desde mediados de los 70 que la legítima aspiración de quien más se esfuerza y de quien más vale se vea postergada ante el que más tiene (mejores relaciones, más medios)? ¿Y no será que de todo ello hemos obtenido una sociedad más plana pero no más de iguales y que por ello quienes no tienen acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a la educación y la justicia, a la sanidad o a la protección pública, a pesar del inmenso volumen de recursos que maneja el Estado (entendido siempre en sentido amplio: desde las empresas públicas a los ayuntamientos, hasta el Gobierno de la Nación y las Instituciones Europeas, pasando por el cabildo, la provincia y las Comunidades Autónomas), están legitimados para solicitar cambios radicales? ¿O es esta una visión populista y manipuladora de los desclasados para manejarlos por medio de mecanismos trotskistas y maoístas actualizados a través de las redes sociales? ¿Cabe un punto medio? ¿Cuál cree Ud. que es el punto medio?

 

Matar al mensajero o sobre la libertad de expresión en una democracia

 

Como era previsible, a medida que el sistema se desmorona  tal y como ya comenté en este post la bunkerización se hace más visible.  Uno de los aspectos más llamativos es el intento de acallar las voces críticas vengan de donde vengan. Ceses de Directores de periódicos poco complacientes con el establishment, maniobras para acallar voces críticas, amenazas veladas y no tan veladas, peticiones de retirada de libros y por último acciones judiciales contra los que se atreven a denunciar la “omertá”. Es el reciente caso de la demanda por intromisión en el derecho al honor presentada por Jose María Aznar jr a propósito de los “correos de Blesa” contra la diputada y periodista de UPYD Irene Lozano por un artículo en El Confidencial “Blesaleaks” Reclama 50.000 euros de indemnización una cantidad más que considerable para cualquier ciudadano medio. Significativamente no se demanda al medio (lo que parece recomendable cuando se solicita una indemnización por conculcar el derecho al honor) sino solo a la autora del artículo lo que hace pensar que quizá la intención es más la de amedrentar y de paso advertir a otros. Ciertamente para cualquiera de los editores de este blog una demanda de este tipo sería una cosa muy seria aunque al final la cosa quede en nada.

Porque desde luego, si algo se desprende de la lectura de los correos de Blesa (más allá de que sean admitidos o no como prueba en un Juzgado de instrucción, o de que se haya accedido o no a ellos de forma legal) es que el funcionamiento de Caja Madrid, con su red clientelar y de favores se parece bastante poco al de una entidad financiera “standard”, por no hacer sangre con el perfil profesional y ético del sr. Blesa y sus corresponsales y ahorrarnos otra demanda.

Vaya por delante que hasta ahora no he sido muy partidaria de la judicialización de la vida política española, ya que he considerado –y lo sigo haciendo- que el intento de reducir cualquier tipo de responsabilidad a la penal es un intento torticero de nuestras élites extractivas para eludir cualquier otro tipo de responsabilidad, empezando por la política y ética, contando con la lentitud, la falta de recursos y la politización de nuestros Tribunales especialmente de los superiores cortesía del CGPJ. Pero empiezo a pensar que en el estado de cosas en que nos encontramos no nos queda otra que acudir a los tribunales de Justicia para defender nuestros derechos y libertades de ciudadanos.Sobre todo porque cada vez parece más claro que el interés por controlar y ralentizar el funcionamiento de la Administración de Justicia es señal de que, pese a sus muchos problemas, todavía se la toma en consideración. Veáse por ejemplo la reacción frente a la Juez Alaya del PSOE de Andalucía, queja ante el CGPJ incluida.

Y es que si hay una libertad que urge defender como sea en una democracia aunque sea de tan baja calidad como la nuestra es la de la libertad de expresión.  Que como todas las demás libertades y derechos fundamentales  no se puede dar ni mucho menos por garantizada. Hay que luchar por ella ahora lo mismo que al comienzo de la Transición.

Conviene recordar que la libertad de expresión está reconocida en el art.10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. De forma similar el art. 20 a) de la Constitución española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y en el d) el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El TC ha diferenciado claramente entre libertad de expresión u opinión y libertad de información, aunque a veces en la práctica no sean tan fáciles de distinguir.  La libertad de expresión tiene por objeto los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) mientras que el derecho a comunicar información se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables.  Mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza no, así a quien ejercita la libertad de expresión no le es exigible la prueba de la verdad que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información ” (STC 4/1996, de 19 de febrero).

Lógicamente también nuestra Constitución precisa que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y dispone que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Pues bien, la ley que desarrolla esta protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.  Para tranquilidad de todos los que leen este blog , aquí tienen la lista de lo que considera que son intromisiones ilegítimas y en las que es poco probable que los sufridos autores y colaboradores de este blog podamos incurrir:

1.El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Comprobada la lista, no parece que en el caso concreto del artículo “Blesaleaks” sea aplicable ninguno de estos puntos salvo el 7 (recuérdese los correos fueron publicados por otro medio, que no sabemos si ha sido demandado) y solo en lo relativo a la manifestación de juicios de valor. Afortunadamente nuestra jurisprudencia constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy garantista del derecho a la libertad de expresión especialmente cuando se refiere a opiniones sobre personajes públicos. Efectivamente, uno de los criterios de ponderación más utilizados por el Tribunal Constitucional en el análisis de la libertad de expresión y de información es la condición o cualidad de las personas implicadas.

Así la la STC 148/2001, de 27 de junio señala que los denominados “personajes públicos”, y en esa categoría deben incluirse, desde luego, las autoridades y funcionarios públicos deben soportar, en su condición de tales, el que sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos.

Esta sentencia se refiere también a la jurisprudencia europea, al señalar que los medios de comunicación social, como ha indicado en tantas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cumplen así una función vital para todo Estado democrático, que no es sino la crítica de quienes tienen atribuida la función de representar a los ciudadanos. “El personaje público deberá tolerar, en consecuencia, las críticas dirigidas a su labor como tal, incluso cuando éstas puedan ser especialmente molestas o hirientes, sin que pueda esgrimir frente a esa información género alguno de inmunidad o privilegio, y frente a las que tiene más posibilidades de defenderse públicamente de las que dispondría un simple particular (SSTC104/1986, 85/1992, 19/1996, 240/1997, 1/1998, y SSTEDH caso Sunday Times, 26 de abril de 1979; caso Lingens, de 8 de julio de 1986; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992; caso Praeger y Oberschlick, 26 de abril de 1995; caso Tolstoy Miloslavski, de 13 de julio de 1995; caso Worm, de 29 de agosto de 1997; caso Fressoz y Roire, de 21 de junio de 1999)”.

Pero más allá del caso concreto del sr. Aznar jr, indudablemente un personaje con notoriedad pública (aunque sea por via familiar, relación que por cierto hace valer en los famosos correos de Blesa) al que se le aplica la doctrina más arriba recogida, nos interesa en particular -por la condición de funcionarios públicos en activo de algunos de los que escribimos en este blog- hacer referencia a la libertad de expresión de que gozan los funcionarios públicos.  En otros países más avanzados sí, ya saben, los anglosajones) se aplica el denominado “test Pickering” que valora el interés público en  el tema sobre el que se plantea la opinión por parte del funcionario  y la afectación al normal funcionamiento del servicio de la opinión expresada. El nombre hace referencia no al simpático coronel compañero de andanzas del Profesor Higgings de Pigmalyon (o “My fair Lady” en su versión musical) sino a un profesor de instituto que público en un periódico una carta criticando la política de inversiones en instalaciones deportivas  de las autoridades académicas de las que dependía, a consecuencia de lo cual fue despedido. El Tribunal supremo americano consideró que se trataba de un tema de interés público y que la opinión del profesor contribuía al debate y no afectaba al funcionamiento del instituto por lo que ordenó que le readmitieran.

Nuestro Tribunal Constitucional en STC 151/2004 de 20 de septiembre ha defendido la libertad de expresión no ya de los funcionarios públicos sino de los trabajadores de empresas privadas como en el caso de un profesor universitario (de una Universidad privada) cuyo despido se vinculaba a determinadas declaraciones.En Europa el TDHE ya ha declarado reiteradamente que los funcionarios públicos son titulares del derecho a la libertad de expresión y que cualquier limitación debe estar establecida por ley y justificada en razones de conservación del orden democrático. En mi opinión los funcionarios públicos son un control constitucional importantísimo del poder político como se desprende de los principios constitucionales recogidos en los arts.103 y 106 CE por lo que no solo tienen el derecho sino la obligación de ejercer el derecho de crítica. Sobre todo cuando son los únicos que pueden hacerlo por conocer bien como funcionan las instituciones desde dentro. Su situación es muy diferente a la de los empleados de una empresa privada donde la libertad de expresión frente a las decisiones del empleador está mucho más limitado. ¿Que eso cuesta dinero y promociones? Pues que se le va a hacer, a veces toca pagar ese precio para defender el Estado de Derecho.

Vamos, que con la ley en la mano no nos pueden callar.