¿Una nueva oportunidad para el patriotismo constitucional?

Tras las elecciones catalanes el debate político ha vuelto a plantear la necesidad de un proyecto de país ilusionante. Con la incorporación a la Unión Europea en el año 1985 España culminaba un anhelo colectivo iniciado en la transición a la nueva etapa democrática. Tras lograr este objetivo, España pareció quedarse sin proyectos y sin ilusiones. Olimpiadas, crisis, riquezas y burbujas nos han entretenido 30 años, pero en 2015, los elementos que tradicionalmente cohesionan a un país parecen poco presentes en la realidad española.

Las declaraciones que el Presidente del Gobierno realizó en la inauguración de la nueva línea del AVE a Palencia y León, indicando que estos proyectos de infraestructura vertebran el país, generan no pocas sonrisas y mucho escepticismo. No parece que el AVE sea el proyecto que haga recuperar la ilusión a los españoles. La ilusión precisa otros componentes.

Uno de los conceptos que vuelve a ponerse sobre la mesa ante la ausencia de un proyecto colectivo, y ante la encrucijada que plantean los nacionalismos periféricos, es el de patriotismo constitucional. El concepto no es nuevo en la política española. El PSOE, a través de su presidente Rodríguez Zapatero lo convirtió en una de las banderas de su nuevo programa político en una conferencia impartida en el club siglo XXI el 12 de Febrero de 2001. Poco después el PP, en enero de 2002, intentaba también apropiarse del concepto en la ponencia política del XIV congreso del partido (ver aquí). En esos primeros años del siglo XXI, el concepto ocupó artículos, reflexiones y tertulias, para acabar languideciendo a partir del año 2005, tras mucho debate y poco impacto. Para valorar si el patriotismo constitucional es el objetivo que precisa la vida política española, conviene revisar la historia del concepto.

El patriotismo constitucional es un concepto creado por el profesor en Ciencia Política alemán Dolf Sternberger en 1979. El concepto aparece por primera vez en un artículo escrito en el contexto de la celebración del treinta aniversario de la Ley Fundamental de Bonn (la constitución alemana). El concepto trataba de responder a la necesidad de crear una identidad nacional, superando los crímenes del régimen nazi durante la segunda guerra mundial, y la separación en dos Alemanias.  Sternberger trató de dar un nuevo significado al concepto de nación, basándolo no en una identidad cultural o histórica, sino en la compartición de los principios de libertad e igualdad en un estado democrático, simbolizados por la constitución. Un patriotismo fundamentado no en la raza, la lengua, o la historia, sino en los valores democráticos.

El concepto lo retoma poco después, Jurgen Habermas, para aportarle una dimensión más ambiciosa, al presentarlo como el fundamental ideal para la identidad nacional de cualquier estado. Europa debía afrontar una realidad de estados multi-étnicos. Para una región que ha sufrido innumerables guerras motivadas por los anhelos de crear estados homogéneos en la lengua, la cultura, la religión, las costumbres o la etnia,  asumir este anhelo como un objetivo del pasado, rancio y caduco, exige algo más que buenos deseos.

El hombre siempre ha necesitado identificarse con un grupo en el que se sienta protegido y comprendido. La tribu siempre ha formado parte de los mecanismos de defensa de la especie humana, y el nacionalismo étnico surge como una forma natural de dar respuesta a esas inquietudes, explotando unas necesidades emocionales que el cerebro siempre recibe con satisfacción.  En este sentido, es un nacionalismo, o un patriotismo cómodo, esencialmente pasivo, ya que solo exige haber nacido en un determinado lugar, y hablar una misma lengua. El patriotismo constitucional exige bastante más, y sobre todo exige una actitud mucho más activa por parte de los ciudadanos.

Habermas sitúa el énfasis en la identificación del patriotismo con un sistema político que consagra la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Con este enfoque el concepto era especialmente útil para la construcción de una identidad europea, en la que una identidad patriótica común basada en la adhesión a unos valores comunes de carácter democrático, podría convivir con una pluralidad de identidades étnicas basadas en la historia, la cultura o la lengua.

Este concepto parece igualmente idóneo para la realidad española. España es un país que 40 años después de la muerte de Franco, aún no ha sido capaz de superar los complejos que esta dictadura dejó en la sociedad española, muy en particular en la izquierda ideológica. La apropiación por parte de la dictadura de los símbolos de la nación española, y del concepto de patriotismo, hicieron que en la nueva etapa democrática, la izquierda siguiese mirando a símbolos como la bandera, o a palabras como España, con reticencia. Difícil crear un proyecto de país sobre estas bases.  Juan José Laborda, miembro del PSOE, y presidente del Senado a principios de los 90, fue el introductor del concepto de patriotismo constitucional en España, como una forma de conciliar a su espectro ideológico con el patriotismo. Su artículo “Patriotas y de izquierdas” supuso un revulsivo en la vida política española de su tiempo.

Y sin embargo, los esfuerzos de principios del siglo XXI fracasaron. Las causas probablemente fueron varias. El PP centró su discurso de patriotismo constitucional en la idea de la unidad de España, con escasa incidencia en la apuesta por los valores democráticos, generando el escepticismo y el rechazo en la izquierda.  Y el PSOE de Zapatero, pronto encontró mayor rédito en la nación como concepto “discutido y discutible”, más que en la defensa de los valores democráticos como aglutinadores de la ilusión de un país. El vaporoso Zapatero diluyó el discurso, y España asistió de nuevo al espectáculo de ver a la izquierda liderada por Maragall y Montilla entregada a gobiernos e ideologías nacionalistas. Ver a aquellos que se supone debían defender la solidaridad y la igualdad entregados a causas excluyentes y en gran medida xenófobas es uno de esos episodios de la Historia que muchos tardaremos en olvidar.

Los caminos vuelven a llevarnos al patriotismo constitucional como una oportunidad para España. El patriotismo constitucional representa  un patriotismo moderno y adulto, basado en la responsabilidad  y en la implicación de los ciudadanos. Frente a él, el patriotismo etnicista o historicista se muestra como autocomplaciente, victimista y profundamente infantil.

En estos días, de nuevo, algunos políticos han recuperado el término de patriotismo constitucional. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en entrevistas recientes (Ver aquí o aquí), o el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán (ver aquí) han querido volver a recuperar este necesario debate.

Superar los errores del pasado probablemente supone entender que es lo que en el siglo XXI, hace que los ciudadanos de un país se  sientan orgullosos del país al que pertenecen. Durante muchos siglos ese orgullo lo proporcionaron las gestas militares. Aún hoy, el nacionalismo étnico recurre a la historia, a menudo manipulada, para insuflar de orgullo nacional a sus fieles. Muchos países hace tiempo que entendieron que los motivos de orgullo en el siglo XXI deben buscarse en otros elementos. Una conversación con algún ciudadano de los países nórdicos, suele revelar que si quieren presumir de su país no suelen hablar de las gestas vikingas. Más bien hablarán de la posición que ocupan sus universidades en los ranking de enseñanza, o de la posición que ocupa su país en los ranking de transparencia y buen gobierno, del sentimiento de solidaridad que exhibe su sociedad, del estado del bienestar que han logrado construir que no abandona a nadie a su suerte, o de su incansable lucha contra la corrupción en la vida pública.

En el fondo es así de sencillo. Lo que España precisa como proyecto de país, es un objetivo que a la gente le permita sentirse orgulloso. Y ese orgullo debe hoy buscarse en la creación de un país de oportunidades, un estado del bienestar consolidado y un país de buen gobierno. Una idea bastante sencilla de patriotismo para el siglo XXI. Una oportunidad para las elecciones generales de Diciembre.

 

La realidad y el deseo: reproducción de la Tribuna en El Mundo de Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

El resultado de las elecciones catalanas es un ejemplo más -aunque especialmente agudo- del fantasma político que recorre Occidente con efectos potencialmente devastadores: la desconexión entre la realidad a la que se enfrenta todo ser humano mayor de edad y nuestros deseos infantiles de soluciones mágicas e inmediatas. Los europeos nos enfrentamos con la crisis del Estado del bienestar, el aumento de la desigualdad, el paro, la frustración de la partitocracia, etc. Pero en vez de reaccionar como personas mayores, utilizando la razón para identificar los problemas y buscar las soluciones siguiendo los cauces previstos en nuestras democracias -algo siempre complejo, pesado, monótono y en general poco gratificante- preferimos con frecuencia el placentero chute del autoengaño olvidando que el bajón o la resaca vendrán siempre después.

En nuestra particular variedad nacional hemos celebrado unas elecciones autonómicas, sí, pero en unos términos engañosos, dado que los dos principales partidos secesionistas se han presentado con una lista única que es un batiburrillo de políticos, representantes de la sociedad civil nacionalista y personajes más o menos conocidos con un programa tan pintoresco como su composición. Quizá por esa razónsus promotores han calificado estas elecciones de «plebiscitarias»,desconociendo que unas elecciones y un plebiscito son cosas radicalmente distintas -al menos en la teoría política- dado que mientras las primeras tienen por finalidad elegir cargos electos que representen a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos (sanidad, educación, esas cosas) el segundo permite que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre determinadas decisiones (sí o no a la independencia) sin necesidad de la intervención de sus representantes. Por ese motivo, lo que ha ocurrido después de las elecciones del domingo es que el resultado final no tiene, ni la legitimidad del plebiscito -no sólo por el número de votos, sino por la forma- ni el ordenado mandato para la gestión de la cosa pública que se deriva de unas elecciones ordinarias.

Reconocemos que una parte del electorado que ha apoyado esta solución no puede tener el sentido de la realidad tan deteriorado como para imaginar que su victoria electoral constituye un paso decisivo en la consecución unilateral de la independencia, bálsamo de Fierabrás capaz de resolver de golpe todos sus problemas, tan comunes por otra parte a los del resto de España. Y eso pese a la intensa propaganda oficial realizada antes y después de la campaña tendente a asegurar que, aunque se abra un proceso revolucionario para conseguir una declaración unilateral de independencia al margen de la legalidad, no se van a padecer ninguna de las incertidumbres que este tipo de procesos llevan aparejadas; ni las legales, ni las económicas, ni las sociales. Más bien hay que suponer que muchos ciudadanos, al igual que nuestros vecinos griegos, han sido tentados para gritar 100 y conseguir diez, convencidos de que la troika española (compuesta en el imaginario nacionalista por el PP, el PSOE y el TC) no tendrá más remedio que ceder por las malas -ya sea en financiación o en blindaje de competencias- lo que no quiso por las buenas. Si es así, sinceramente no han escogido el mejor camino para conseguirlo.

La reforma del Estado es imprescindible después de 38 años de democracia y no está motivada sólo ni principalmente por el problema catalán. Ahora bien, tenemos que aprovecharla también para resolver (o conllevar un poquito mejor) la integración de Cataluña. El inconveniente es que el resultado de este domingo, más que facilitarlo, complica enormemente el panorama. Una parte muy importante de nuestro país se ha «autoexcluido» de la colaboración en este proyecto común de regeneración y reforma, que por definición debe de partir del respeto al Estado de Derecho. Estando juntos por el sí a romper con la legalidad, es complicado que continúen juntos para reformarla. Máxime cuando para gobernar van a necesitar el apoyo de un partido antisistema que defiende la vía de hecho y la desobediencia a las leyes así como la salida inmediata de Cataluña no sólo de España, sino de la UE y de la OTAN.

Porque es obvio que las leyes se pueden y se deben cambiar, pero siempre a través de los cauces que establece el propio ordenamiento jurídico. En el caso de un referéndum sobre la secesión, es necesaria la modificación de la propia Constitución que lejos de ser intocable, como pretenden algunos, es necesariamente un texto que tiene que adaptarse para garantizar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos cada vez que sea necesario. Y sobre todo para adaptarla a la realidad. Pero el problema es ¿de qué realidad hablamos? ¿Cómo es posible una negociación o un consenso cuando los diagnósticos de la única realidad existente están en las antípodas?

Porque si algo nos han enseñado estas últimas semanas es que la realidad que perciben los independentistas tiene poco que ver con la que percibimos el resto de los ciudadanos, hasta el punto de que el debate racional se ha tornado muy difícil, por no decir imposible. El componente de fe, ilusión o emoción -por no hablar de los intereses, que lógicamente también existen- es consustancial al movimiento secesionista, incluso para personas que por dedicarse habitualmente a profesiones intelectuales deberían ser capaces de mantener el pensamiento crítico. Y conviene no olvidar que en sociología y en política -a diferencia de lo que ocurre con la física o las matemáticas- el elemento subjetivo e incluso irracional forma parte esencial de la realidad que hay que gestionar

Los berlineses no veían los cráteres que dejaban las bombas aliadas en el Tiergarten porque su Gobierno afirmaba que no había caído ninguna en la capital, según el testimonio de William Shirer en su imprescindible Berlin diary, escrito mientras trabajaba como reportero de la radio CBS en Berlín durante el nazismo. Pero las bombas no por eso cesaron y finalmente arrasaron la capital. Muchos alemanes creían todavía en la primavera de 1945 que Hitler tenía un arma secreta que le permitiría ganar la guerra: necesitaban mantener esa ilusión en medio del desastre. Si hay algo necesario en España y Cataluña ahora mismo es ilusión y como siempre ocurre en estos casos no faltan los vendedores de recetas milagrosas (por acción o por inacción) incluso entre los que son directamente responsables del desaguisado. En política se les llama populistas y aparecen como setas en épocas de crisis,cuando la gente está dispuesta a comprar cualquier elixir que les libere de todos los problemas a cambio de que les eximan de la responsabilidad de tener que contribuir a solucionarlos.

Por eso, el primer paso para intentar salir del atolladero en el que nos hemos metido (con diferente nivel de responsabilidad, por supuesto) es huir del autoengaño y empezar de una vez a contabilizar los cráteres de nuestro sistema político e institucional. El camino sigue siendo hoy el mismo que antes del 27S. La inamovilidad no tiene razón de ser; el miedo tampoco. El problema catalán vuelve a ser -como tantas veces antes- el problema español. Hay que abordar una reforma constitucional que permita celebrar un referéndum a los catalanes al amparo de una ley de claridad; pero, siendo esta cuestión importante, lo esencial es reorganizar el Estado bajo un modelo federal serio, regenerar las instituciones, devolver la independencia al Poder Judicial, reforzar el Estado de Derecho y garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. No podemos esperar ni un minuto más para iniciar este camino.

Desgraciadamente, también el Gobierno de la Nación se ha autohinabilitado, no ya para liderar, sino para simplemente cooperar en este proyecto de reforma. En esta gravísima situación de crisis institucional no es razonable esperar tres meses para conocer la opinión de los ciudadanos españoles al respecto, simplemente por el cálculo electoral de un líder político que, al igual que el Sr. Mas, debería estar en su casa desde hace tiempo.

Nuestros padres y abuelos afrontaron un reto aun mayor en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, probablemente porque no tuvieron miedo a enfrentarse con la realidad. Y es que, como recordaba Jefferson, el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer de las mentiras.

HD Joven: El consentimiento informado en las aplicaciones móviles: “Acepto”, ¡“Acepto”!, ¡¡“Acepto”!!

El transcurso cotidiano de la vida no nos permite dar la suficiente importancia a cosas que sin duda la merecen. Entre ese tipo de cosas, probablemente sea de mención la descarga de aplicaciones móviles y la a menudo consiguiente cesión de datos personales a las empresas.

Sucede, en efecto, que, la instalación de una aplicación en el móvil conlleva las más de las veces cierta cesión de información del usuario final a las empresas desarrolladoras. Aplicaciones como Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, por ejemplo, acceden a los datos almacenados en nuestros dispositivos, y da la impresión de que ninguno damos suficiente importancia a esta circunstancia. Permitimos el acceso de terceros a nuestras listas de contactos, nuestros mensajes, nuestras fotografías, nuestros vídeos y otros datos personales y sin pestañear, con un solo click.

Precisamente a causa de nuestras prisas y ajetreos diarios, el Derecho protege a los usuarios, de forma que obliga a las empresas a facilitar información clara y completa, antes de la introducción y la extracción de datos del dispositivo. Así que ¡no se preocupen! ¡Gloria a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que protege nuestra privacidad! Ahora la pregunta es: ¿se cumple esta ley a rajatabla? ¿Prestamos realmente un consentimiento informado antes de descargar una aplicación?

Para tratar datos personales, el principal fundamento jurídico aplicable es, como no podía ser de otra manera, el consentimiento por parte de quien descarga la aplicación. Una manera de ofrecer a los usuarios finales información sobre las características fundamentales de una aplicación antes de la instalación es requerir de una acción positiva del usuario antes de que la aplicación se descargue y se instale (p.ej., pulsar el botón “instalar”). Sin embargo, es muy probable que, en muchas ocasiones, no se aporte la información suficiente como para considerar aquél un consentimiento válido e inequívoco para la cesión a la empresa del tratamiento de datos tan personales como las fotografías o las conversaciones guardadas en WhatsApp. Estoy seguro de que muchos se escandalizarían al descubrir quiénes han podido –tener la oportunidad de- leer nuestros más íntimos secretos.

Resulta indudable, pues, que el usuario debe tener la opción de aceptar o denegar el tratamiento de sus datos personales. No puede vérselas ante una pantalla que contenga solamente un “Acepto”, que pulse únicamente para completar la instalación cuanto antes, sino que debe tener la oportunidad de detener la instalación de una forma u otra. Por ello, por supuesto, es preciso que la información esté disponible antes que se produzca cualquier tratamiento de datos personales. Ello significa que la simple pulsación del botón “Aceptar” no se considera consentimiento válido para el tratamiento de datos personales; para satisfacer los requisitos legales se debería, por una parte, informar sobre los elementos esenciales del servicio y, en segundo lugar, solicitar el consentimiento específico para cada uno de ellos.

Si una aplicación ofrece, por ejemplo, información sobre hoteles cercanos, para instalarla, el desarrollador debe obtener el consentimiento del usuario previamente, es decir, debería solicitar el acceso a los datos de geolocalización. Pero, prestado el consentimiento por el usuario, la aplicación sólo puede acceder a los datos de localización del dispositivo para procesar los datos, de manera que cualquier otro tratamiento de datos requerirá, nuevamente, información adicional y concreta respecto del servicio prestado, también concreto, y un consentimiento inequívoco y por separado que habilite a la empresa a su prestación. Lo mismo ocurre en las aplicaciones de running, que ofrecen una función para que el usuario pueda registrar todo el recorrido y los kilómetros que ha hecho: el consentimiento de registro se limitaría al tiempo en que el programa este activado y todo registro diferente a la localización y kilómetros que haga la misma aplicación se consideraría probablemente excesivo y, por consiguiente, ilícito.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que los desarrolladores de aplicaciones sí pueden tratar ciertos datos personales, siempre y cuando no sean sensibles, sin necesidad de recabar el consentimiento del usuario, en la medida en que determinado tratamiento de datos sea estrictamente necesario para realizar el servicio deseado. Como ustedes sabrán, en una aplicación de banca móvil, para atender a la solicitud de pago, el banco no nos solicita el consentimiento por separado del usuario para revelar el nombre, por una parte, y número de cuenta personal, por otra. Como es lógico, esa información es estrictamente necesaria para ejecutar el contrato con ese usuario concreto y, en este caso, los derechos y libertades fundamentales del usuario no resultan objeto de mayor proteccionismo legal. Eso sí: desde el momento en que el tratamiento de esos datos se vuelve excesivo e inadecuado a las distintas finalidades del servicio prestado, el tratamiento requiere de un nuevo y concreto consentimiento, o se considerará directamente ilegal.

Así pues, en vista de las irregularidades que se podrían cometer por parte de algunos desarrolladores de aplicaciones, derivadas fundamentalmente de la no obtención previa de un consentimiento válido e informado, ya sea porque recogen datos de manera desproporcionada o porque no son necesarios para el uso de la aplicación, el ordenamiento nos da la posibilidad de suplir esa pereza que nos suscita la lectura de condiciones particulares extensas o de exigir protección cuando, aun habiendo leído esas condiciones, se produce una vulneración referente al tratamiento de datos de la misma. Desafortunadamente, es un remedio y, por tanto, a posteriori (una vez ya cometida la infracción).

A este respecto, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal permite sancionar a las empresas cuando se acredite un mal uso en el tratamiento de datos de sus usuarios. Las sanciones, por cierto, pueden alcanzar los 300.000 euros. A fin de evitar un buen disgusto a las empresas, es preciso que los fines del tratamiento de esos datos estén bien definidos y sean comprensibles para un usuario medio. El responsable del tratamiento de los datos debe informar sobre quién es, qué datos va a recopilar, para qué usos o finalidades, si esa información será cedida a terceros y la forma que tiene el usuario para revocar su consentimiento y cancelar sus datos. Además, los usuarios de aplicaciones deben tener siempre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Mi consejo es que los usuarios no confíen tanto en la ley y que se informen, que conozcan para qué serán tratados sus datos, y así eviten sorpresas. Para las desarrolladores de aplicaciones, por su parte, mi consejo es, como se suele decir, “mejor prevenir que curar”; mejor no arriesgarse en incumplir con la normativa, ya que de resultar ser infractor podría comportar sanciones importantes, y, ante la duda, sin propósitos comerciales lo digo, siempre puede uno contactar con un abogado especialista.

Las deficiencias de nuestro procedimiento legislativo

Si nos preguntásemos cómo calificar el procedimiento legislativo vigente en España, habría que examinar la situación desde un doble punto de vista, democrático o participativo, por un lado, y jurídico, por otro.

En cuanto a lo primero, resulta que la inmensa mayoría de los parlamentarios tienen vedado expresarse y formular iniciativas. Solo los portavoces de los grupos pueden hacerlo y en tiempos y ocasiones muy tasados: la presentación de iniciativas está reservada a los grupos y  no existen más turnos de palabra que los de los portavoces. Consecuencia de lo anterior es que se empobrece el debate al impedir la expresión de puntos de vista que podrían resultar enriquecedores. Al tiempo, la presencia obligadamente pasiva de los parlamentarios  lleva a presionar para que los trámites se compriman al máximo, con lo que también se merma la reflexión que debía acompañar a algo tan importante como la elaboración de las leyes. Este escenario también es buscado por el gobierno, pues de esta forma ve disminuidas las ocasiones para que la oposición realice su función de crítica y alternativa, y se asegura la pronta aprobación de sus proyectos de ley. Encima, el recurso al debate agrupado de enmiendas, y no artículo tras artículo, permite que disposiciones importantes se puedan quedar sin la debida consideración.

Por otra parte, la participación social y la de expertos están virtualmente excluidas,al revés de lo que se hace en otros Parlamentos. De este modo el procedimiento se priva de voces y opiniones que podrían arrojar luz sobre las futuras leyes. Pero tal vez lo más significativo es que se favorece la ignorancia social de lo que se discute o aprueba por el Parlamento. La institución representativa se aleja así de la sociedad, con daño para su prestigio y aceptación.

Todo lo anterior conduce a una conclusión no muy estimulante desde el punto de vista democrático.

Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento está plagado de formalismos y contradicciones: diversos procedimientos alternativos, lo que contribuye a la confusión, y muchos trámites, pero muy poco sustanciosos cada uno. Así, los llamados informes de ponencia o dictámenes de comisión no son lo que cabría deducir de su nombre: explicación razonada de lo que se aprueba y de lo que no se aprueba. Estos documentos se limitan a incorporar las enmiendas aceptadas por la mayoría sin más, eso sí, engrosando los expedientes.

De otra parte, proyectos importantes están dormitando largos meses a través del subterfugio de las prórrogas del plazo de enmiendas, para después despacharse precipitadamente, con poquísimas horas de debate y sin consideración medianamente atenta a los distintos artículos  o enmiendas.

El pleno vota sobre las enmiendas a la totalidad, sin trascendencia política o jurídica, y sin embargo no lo hace en la mayoría de los proyectos sobre el texto definitivo, el que se va aplicar a los ciudadanos. Esto último ha sido consecuencia de la generalización del procedimiento de competencia legislativa delegada en las comisiones. Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo es, por cuanto diputados y fuerzas políticas no presentes en la comisión dictaminadora se ven privados del derecho a expresarse sobre la iniciativa legislativa correspondiente. Y sobre todo, actuando de este modo, no es el pleno que representa a toda la ciudadanía el que aprueba las leyes, sino una facción de la cámara la que lo hace. Todo ello en abierto contraste con la práctica de los parlamentos democráticos más acreditados.

Otro aspecto: en un tiempo de profusión de leyes ómnibus, con regulaciones sobre muy variados sectores, resulta que solo se tramitan y debaten por una comisión, sin los beneficios que podría derivarse de la intervención de otras comisiones que se supone especializadas. Esto dificulta la mejora técnica de las leyes y contribuye a desestimular el trabajo y dedicación de los parlamentarios.

Al tiempo, el carácter abierto de las sesiones de las comisiones impide la negociación y la consideración de los aspectos técnicos, arrojando como resultado un debate eminentemente político, centrado en los aspectos con impacto electoral. Estos últimos son imprescindibles, pero debían de dejarse para el debate final en pleno, permitiendo que las comisiones asuman la función que les es propia, técnica y negociadora.

Por tanto, la conclusión desde la perspectiva jurídica tampoco es muy optimista.

En un librito que después citamos analizamos estas cuestiones y otras parecidas con un poco más de detenimiento. Tras examinar las soluciones de otras democracias consolidadas (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) proponemos una serie de reformas que mejoren la vertiente política y la jurídica del procedimiento legislativo.

En concreto, se trata de: Por un nuevo procedimiento legislativo, 113 p., Editorial Dykinson, colección Dykinson constitucional, Madrid, 2015.

Elecciones en Cataluña

SeñeraAntes del 27-S

A la hora de escribir estas primeras líneas (el viernes 25), no sabemos qué ocurrirá el 27-S. Y creemos que es interesante escribir este post así –antes y después- para evidenciar que el mensaje no debe cambiar, ocurra lo que ocurra ese día. Y el mensaje es este: ya se trate de una consulta ilegal, de unas elecciones plebiscitarias o de cualquier reivindicación justa o injusta, fundada o no fundada, habida y por haber, en un país que se dice democrático, de baja o de alta calidad, es preciso como mínimo respetar los procedimientos, las normas y, sobre todo, los derechos de los demás y la paz social, en cuya garantía se establecen esas formas y procedimientos. No hay democracia sin Estado de Derecho. Las declaraciones unilaterales y las vías de hecho son antidemocráticas, aunque puedan responder a inquietudes y aspiraciones totalmente legítimas e incluso mayoritarias. Ningún accionista asaltará la sede social, haciéndose con la dirección, aunque se le haya hurtado el derecho de información o su legítimo dividendo: deberá ir a la junta general o a los tribunales.

No son los más adecuados, por ello, aunque sean ciertos e importantes, los argumentos que apelan a los perjuicios económicos que la secesión podría producir, a la pérdida de la ciudadanía o a la salida de la UE o a la marcha de bancos y otras empresas ¿Es que si fuera de otra manera la cosa cambiaría? No, el único argumento que debería usarse en este momento, por mucho que sea haya sido devaluado como cantinela repetitiva, es que el procedimiento no es legal, partiendo del concepto mismo  de elección plebiscitaria que, al socaire de auscultar la voluntad popular con relación a una supuesta independencia, lo que hace es hurtar a la ciudadanía el debate sobre la gestión del gobierno catalán en las que cuestiones que, estas sí, legalmente le competen, llegando al despropósito de que el responsable de todo ello no va de cabeza de lista, confundiendo así al votante en cuanto al objeto mismo de su decisión.

Desde nuestro punto de vista, todo esto no debe aceptarse no por una cuestión de conveniencia, sino de principios. Decía Voltaire “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”; parafraseándolo en estos tiempos posmodernos, habría que añadir: “defenderé con mi vida tu derecho a que tu opinión se respete si se aprueba democráticamente, y a que no se imponga si no se aprueba; y ello con todos los medios que la Constitución y las leyes nos otorguen”.

Hoy, en tiempos de flexibilidad y pacto, es mal vista toda imposición y coacción, pero hay que recordar que, a veces, si no se opone la resistencia necesaria el más burdo, intolerante y poco respetuoso puede llevarse el gato al agua. Ello no significa, por supuesto, que debamos confiarlo todo al BOE. Sería ilusorio pensar que sin verdadera política puedan las cosas solucionarse. Pero cabe decir, y esto también es política, que este no es el momento para hablar de reformas de la Constitución, de encajes de Cataluña en España, de reconocimiento de peculiaridades nacionales y, mucho menos, de sistemas tributarios especiales o de cesión económica de ningún tipo. Deberían nuestros gobernantes comprender que aceptando este tipo de concesiones se viola el principio de igualdad de todos ante la ley y se consienten coacciones y amenazas que para el ciudadano normal –pues el que coacciona ve culminadas sus aspiraciones-  significa llevarle a la certeza de que para conseguir algo lo que hay que hacer es ejercer la suficiente presión para que a los gobernantes les sea más cómodo ceder que enfrentarse. Y eso es el caos.

¿Quiere eso decir que la respuesta al problema catalán se soluciona manteniendo la letra actual de la Constitución a marchamartillo y hasta el final de los tiempos? En absoluto. Lo hemos dicho reiteradamente. El problema autonómico y en concreto el catalán exigen un debate amplio y libre, que sin duda pasaría por una reforma constitucional en la que deberían abordarse todas las brechas que tiene el título VIII de la Constitución y buscar entre todos la solución más adecuada, que podría ir desde una recentralización, pasando por una simple mejor definición de competencias o una solución federal, hasta, incluso, si se aprueba por todos los españoles, el establecimiento de una consulta con posible independización, pero, eso sí, en unos términos tan rigurosos como los que se estableció para Quebec en la ley de la Claridad canadiense.

Pero eso, hay que dejarlo claro, no es el momento de tratarlo ahora. Por un lado, porque no se pueden tolerar soluciones unilaterales en situaciones de tensión emocional cocidas en el caldo de cultivo de una educación y unos medios de comunicación teledirigidas durante años, y con fondos públicos; por otro, porque la debilidad de nuestras instituciones estatales y autonómicas –sin olvidar ninguna- impiden tratar cuestiones tan trascendentales sin riesgo de que la solución sea, también una vez más, un apaño de las élites políticas y económicas para salvar sus respectivos intereses. Es, pues, imprescindible una regeneración a fondo para que podamos enfrentar nuestros graves problemas políticos y económicos de tal manera que la solución que se adopte sea buena para la mayoría de los ciudadanos.

Esperemos que la votación del 27-S y la que nos espera a final de año supongan un impulso de esta idea.

Después del 27-S

Pues hoy domingo, a las 23 horas, como no podía ser de otra manera, de nada nos desdecimos. Pero, claro, ello no significa que no haya pasado nada. La primera lectura es que el supuesto voto independentista ha ganado en escaños pero no en votos, tal y como se preveía. O sea, que los catalanes no quieren independizarse pero están profundamente divididos. Pero, eso sí, Junts pel sí (o la suma de sus componentes) ha perdido 9 escaños. Quizá Mas debería pensar cuál es el límite de pérdida de escaños, elección tras elección, antes de replantearse si su estrategia es la correcta; salvo que se considere que la estrategia correcta era huir hacia adelante para evitar enfrentarse a su gestión, y que lo que hay que hacer ahora es estirar todo lo que sea posible el procès para que la inercia separatista le permita seguir gobernando en condiciones similares a la actual. Habrá que ver si las CUP quieren entrar en ese juego o si de nuevo nos encontramos en un complicado tripartito de nefastas consecuencias, siempre en perjuicio del ciudadano que, es de prever, va a ver frustradas tanto sus ansias independentistas como las que pudiera tener de una gestión política y económica eficiente y democrática.

Pero esta situación de inestabilidad no es tampoco halagüeña para España en general, porque va a ser enorme la tentación de nuestros pusilánimes gobernantes nacionales de realizar concesiones que les permitan quitarse este problema de encima o, al menos, procrastinar hasta la siguiente legislatura. Este sería casi el peor de los escenarios, porque profundiza en los errores que nos han conducido a la situación actual: desigualdades, excepciones, concesiones bajo mano, soluciones cortoplacistas que no impedirán que el problema se vuelva a plantear tarde o temprano. Y no hay que excluir que este escenario sea precisamente el que se encuentra en la mente de muchos votantes del independentismo, que pueden haber llegado a la conclusión, bastante realista por otro lado, de que lo peor que le pueda pasar a Cataluña es que le den algo y no le quiten nada, porque la reacción las conductas poco institucionales -por no decir otra cosa- en nuestro actual Estado clientelar no es frecuentemente la aplicación de la ley, sino prebendas y concesiones que quiten al gobernante el problema de enmedio y no le quiten demasiados votos.

Con todo, hay un par de rayos de esperanza. Por un lado, la caída de los grandes partidos nacionales (o medio nacionales), ahogados por contradicciones internas nacidas de una actitud reiterada querer de contentar a todos para seguir gobernando ellos; y que con su inepcia y lenidad han tenido un porcentaje muy alto de la culpa de todo lo que está pasando. Sus cosméticas de última hora han servido para poco: se puede engañar una vez a todo el mundo; muchas a muchos, pero no siempre a todos. Tampoco el franquiciado de Podemos en Cataluña ha tenido buen resultado, al ser perjudicado por la CUP, que además de ser de radical, es independentista, lo que le añade un plus de glamur en ciertos ámbitos.

Finalmente, Ciudadanos ha tenido un éxito arrollador pasando de 9 diputados a 25, casi lo mismo que suman PSC y PP. Si debemos entender con ello que su mensaje regenerador ha prendido, no podemos sino congratularnos. De momento, en su alocución en la noche electoral Inés Arrimada ha dicho dos cosas muy sensatas: que Mas debería dimitir y que serían precisas otras elecciones en las que lo que se discuta sea lo que se discute en las elecciones autonómicas: las necesidades de los catalanes. Esperemos que sepan usar esa confianza en esa regeneración que ya nos está faltando; pero han de saber que la confianza se tiene pero es muy fácil perderla.

Encuentre las diferencias: la corrupción política catalana y la española, reproducción de la Tribuna de EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Encontrar diferencias entre la corrupción política catalana y la española recuerda un poco a esos juegos infantiles de “busca las diferencias” entre imágenes que son muy similares salvo en algún detalle muy menor, de manera que solo con mucha concentración es posible advertirlas. Efectivamente, la corrupción política catalana se parece a la española casi como una gota de agua a otra. De manera que la financiación irregular de CDC es sospechosamente similar a la del PP con su modelo de adjudicaciones de contratos públicos a empresas afines en Administraciones gobernadas por el partido a cambio de comisiones, de las que una parte importante acaba en los bolsillos de los intermediarios que para eso se arriesgan. Se parecen  también asombrosamente en sus tesoreros imputados mantenidos con nómina, despacho y ordenador en las oficinas del partido hasta que alguien lo descubre y se ven obligados a echarles, pero siempre teniendo cuidado de no enfadarles mucho para que aguanten el tirón (“Luis, se fuerte”). Se parecen también en su voluntad de obstaculizar las investigaciones policiales haciendo desaparecer documentación comprometida, ya sea triturando papeles o destruyendo discos duros. Y qué decir de los respectivos jefes políticos que durante décadas han controlado todo pero lo han ignorado todo, del trasiego de maletines, de las sedes registradas y de las comparecencias en los Parlamentos para dar explicaciones más o menos obligados por la oposición y/o la opinión pública, comparecencias que se convierten en espectáculos no aptos para ciudadanos adultos por el grado de desprecio a la inteligencia que muestran.

El epicentro de la corrupción suele estar también en los Ayuntamientos, dado que los controles preventivos administrativos son mucho más débiles en el nivel local y los cargos políticos pueden adjudicar contratos y concesiones con más libertad a quienes les parezca bien. Conviene no olvidar que en muchos municipios es frecuente que los cargos electos formen parte de las mesas de contratación, es decir, de los órganos técnicos que van a decidir las adjudicaciones. La correlación entre corrupción política municipal y debilidad de controles preventivos no es una casualidad, como ha puesto de manifiesto el reciente estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? sobre corrupción institucional y controles administrativos preventivos http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/05/Estrudio-corrupci%C3%B3n1.png

La resistencia a asumir responsabilidades políticas por escándalos de corrupción es  idéntica. Una vez establecido el sacrosanto principio de toda democracia de baja calidad según el cual no hay necesidad de asumir ninguna responsabilidad política hasta que un juez te meta en la cárcel o casi las presiones, lógicamente, se trasladan al ámbito judicial para evitarlo. Aquí tenemos un gran abanico de posibilidades: se pueden poner palos en la rueda de la instrucción judicial -recordemos que los presuntos corruptos institucionales disponen de importantes recursos públicos para su defensa- cambiar al juez que resulte incómodo, interferir en los nombramientos de órganos colegiados “sensibles”  vía CGPJ o Parlamento autonómico (Sala de lo Penal y Civil de Tribunales Superiores de Justicia, Presidencia Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), regatear recursos humanos y materiales a los juzgados colapsados por los macroprocesos de corrupción, o si nada de lo anterior funciona se puede acortar el plazo de las instrucciones o eliminar la “pena de banquillo”. Como última medida si no se consigue detener la maquinaria judicial –lo que a veces ocurre- queda siempre la posibilidad de indultar a los corruptos.  Se trata de asegurar la impunidad y el “business as usual” .

En definitiva, las prácticas de la clase política para eludir la responsabilidad penal son muy parecidas idénticas en Cataluña y en el resto de España, con la única salvedad de las respectivas competencias en la materia, dado que el Gobierno catalán todavía no puede indultar a nadie ni modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero sin duda son posibilidades muy interesantes para un Estado independiente con una clase política con problemas graves de corrupción.

En cuanto a los empresarios que pagan las comisiones,  la verdad es que tampoco se advierten grandes diferencias; gente próxima al partido que sabe cómo funcionan las cosas y que no las cuestiona, dispuesta a callar y a defender su honorabilidad y, de paso, de sus intereses.  Gente que dona cantidades muy importantes a los partidos o mejor todavía a sus Fundaciones (más resguardadas) por “patriotismo” o por afinidad ideológica, por pura bondad, vamos.  De hecho, algunas empresas particularmente locales han nacido y crecido al amparo del poder político al que le deben todo, aunque en un país donde predomina el capitalismo de amiguetes incluso en grandes empresas cotizadas no resulte sorprendente. Quizá la pequeña diferencia es que los empresarios catalanes parecen más diligentes con la contabilidad de sus mordidas, y se molestan en anotarlas por cada adjudicación pública en un documento guardado en un lugar seguro, no vaya a ser que luego haya problemas a la hora de hacer las cuentas. Una bendición para los investigadores.

Aún así, es posible si prestamos mucha atención percibir elementos distintos, que se  convierten en ventajas claras a favor de los partidos nacionalistas. Así CDC puede sostener sin ruborizarse que la investigación de su financiación irregular procede del Estado opresor –aunque la denuncia partiese de su actual socio, ERC- mientras que el PP o el PSOE en parecidas circunstancias se tuvieron que conformar con denunciar una “causa general” contra sus respectivos partidos. En todo caso, nuestra clase política tiene claro que hay que intentar convencer al votante de que la culpa de la corrupción propia es del adversario político, o al menos de que el adversario político es todavía más corrupto que uno y que para eso siempre será mejor votar a “tus” propios corruptos. De nuevo, la ventaja para CDC es que algunos de sus adversarios políticos ya no lo son tanto gracias al prodigio de la lista única: al parecer la cuestión nacional permite dejar aparcada la cuestión de la corrupción, al fin y al cabo siempre será mejor un corrupto de la tierra que uno de fuera.

De la misma forma, otro punto para CDC es que el “pacto de silencio” reinante en Cataluña sobre el cobro generalizado de comisiones ha sido hasta ahora bastante más espeso que en el resto de España: al fin y al cabo Maragall optó por callarse después de su famoso exabrupto inicial mientras que sus compañeros en el Parlamento nacional –aún a riesgo de enseñar sus vergüenzas, especialmente en Andalucía- optaron por una línea más combativa con el PP lo que nos ha proporcionado cumbres dialécticas inefables del “y tú más”.

Por último, no hay que olvidar las diferencias en la cobertura de la corrupción por parte de los medios de comunicación. En el resto de España –con honrosas excepciones- los medios tienden a enfatizar la corrupción política de los antagonistas y a minimizar la de los afines, pero lo cierto es que los grandes escándalos de corrupción acaban llegando al público. Los medios catalanes dependen mucho más del favor político por lo que los escándalos de corrupción son más fáciles de acallar. Conviene no olvidar que la excesiva cercanía se traduce en un incremento de la autocensura cuando no de la censura a secas.

Pero sin duda donde la clase política catalana nacionalista ha superado con creces a la española es en el hallazgo de evitar la asunción de responsabilidad política incluso cuando hay elecciones. Efectivamente, en la democracia española la única posibilidad real que tienen los electores de depurar responsabilidades políticas a la vista de que nadie dimite y a nadie se le cesa es, sencillamente, votando por otros partidos o por otros políticos. Pues bien, el señor Mas y CDC han conseguido que no haya que responder ni siquiera en unas elecciones de la gestión, de los recortes, del nepotismo, del despilfarro, del 3%  y de la corrupción generalizada en las instituciones. Mejor todavía, con un poco de suerte ya no habrá que responder de ningún posible delito ante los jueces y tribunales del Estado español. La impunidad total. El sueño de cualquier caudillo que prefiera responder ante la Historia que ante los ciudadanos.

 

HD Joven: La hora de la verdad para Europa

A raíz de los últimos acontecimientos todo el mundo se ha familiarizado con la palabra `refugiado’, como no podía ser de otra forma. El drama que viven miles de familias está conmocionando al mundo. ¿Pero desde cuándo se empezó a regular el estatus de refugiado? Fue en 1951, en Ginebra (Suiza), en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, cuando se adoptó universalmente este término y se acotó su definición, siendo revisado posteriormente en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. En definitiva, un refugiado según las anteriores normativas es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

En España, la norma principal que lo regula es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. A grandes rasgos, una vez que a alguien se le concede el derecho de asilo o de la protección subsidiaria en nuestro país, además del derecho de no ser devuelto ni expulsado, dicho refugiado tiene los mismos derechos que cualquier extranjero que resida de forma legal, como por ejemplo la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a la sanidad a la educación, a la vivienda, a los servicios sociales, o la libertad de circulación.

El asunto de los refugiados se ha convertido en un tema de primera página desde aquella foto en la que se podía ver el cuerpo de Aylin en la playa, que se ha convertido en símbolo de la diáspora que están sufriendo tantas personas desde que estallase el conflicto sirio. Hay un antes y un después de esa foto; a partir de ese momento, el drama que viven miles de personas conmocionó a la sociedad europea y a la comunidad mundial, que parecía que hasta ese momento había vivido anestesiada. No parecía importarnos el hecho de que el conflicto en Siria haya cumplido ya 4 años, ni que el número de personas que se han visto obligadas a abandonar su país ronde los 4 millones de personas -no obstante, es el mayor éxodo desde la IIª Guerra Mundial-. Supongo que las sociedades acomodadas del llamado Primer Mundo somos así, presumimos de ser comunidades solidarias e integradoras, se nos llena la boca de Europa y de Unión Europea, pero a la hora de la verdad hasta que no vemos con nuestros propios ojos una catástrofe o la verdadera miseria en la que están inmersas miles de personas, no nos concienciamos ni arrimamos el hombro para colaborar –siempre hay excepciones, claro-.

Por ello, es necesario reflexionar sobre el papel de nuestros gobernantes europeos durante los últimos meses, que hasta hace poco veían el problema de los refugiados como algo que no iba con ellos, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuanto al número de refugiados que debe acoger cada país y cuya actitud ha distado mucho de ser la más adecuada, con episodios más que lamentables como el del tren de Hungría en el que cientos de refugiados fueron engañados por las autoridades (aquí). La que presume de ser la zona más desarrollada del mundo ha estado muy lejos de lo que se le supone. En definitiva, se ha podido ver como la Unión Europea ha vuelto a reaccionar tarde ante un problema global, como ya lo hizo antes con la crisis económica o con la reciente crisis griega. Sólo hay que ver el número de refugiados que están dispuestos a ser acogidos por los países de la Unión antes y después de los últimos acontecimientos. Si además comparamos la supuesta solidaridad europea con el número de refugiados acogidos por Turquía (1,8 millones), Jordania (630.000) o Líbano (1,2 millones), las miserias de la Unión quedan aún más al descubierto. En Líbano, por ejemplo, el número de refugiados acogidos supone más del 25% de la población (aquí), mientras que la última propuesta de la Comisión es reubicar a 160.000 refugiados, que supondría el 0,11% del total de la población europea (aquí). Y en este punto, sería justo romper una lanza a favor de Alemania, el país tantas veces satanizado, que es la nación de la UE más solidaria con el problema de los refugiados, y no sólo ahora sino también durante los últimos años (aquí). También cabe decir que si bien es lógico que seamos exigentes con Europa por su proximidad con el conflicto sirio, no por ello hay que olvidar el escaso apoyo que están brindando en este tema países como Estados Unidos, Canadá –a los que la ONU pidió esta semana más esfuerzo-, o el siempre ambiguo Reino Unido.

En lo que atañe a nuestro país, la política seguida respecto a los refugiados –no sólo ahora, sino a lo largo de los últimos años- ha dejado bastante que desear. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el año 2014 se registraron en Alemania tantas peticiones de asilo como en los últimos 30 años en España (aquí), siendo la única frontera terrestre de la UE con África. En el 2014, España está a la cola de la UE en cuanto al número de demandantes de asilo (aquí) –5.900 peticiones de asilo frente a las 202.645 de Alemania-, y no es de extrañar, ya que nuestro país no es “atractivo” para los refugiados, tal y como describió el artículo de ‘El Mundo’ de esta semana, en que se comparaba el tratamiento a los refugiados en los diferentes países de la propia UE (aquí). Si nos atenemos al reciente esperpento del Gobierno con el rechazo del cupo de acogida de refugiados que le propuso la Comisión Europea hace 3 meses –del cupo de 5.837 refugiados propuesto, el Gobierno sólo aceptó 1.500-, nos podemos reafirmar en el pensamiento de que la solidaridad de nuestros dirigentes brilla por su ausencia. El cambio de parecer del Gobierno –una vez más: tarde, mal y nunca como decía Ignacio Gomá en su artículo sobre la reciente reforma del TC (aquí)-, no debería ser considerado suficiente, sino que debería verse como una rectificación como la del resto de países europeos, que tras los últimos acontecimientos, se han subido al barco de la solidaridad (finalmente parece que serán 14.931 refugiados los que se asignaran a España –aquí-). Por lo que habría que demandar al Gobierno que se involucrase bastante más en este tema, máxime siendo un país como España que hace 75 años sufrió una crisis de refugiados similar durante y después de la Guerra Civil.

Tampoco convendría olvidarnos en este punto, del resto de conflictos que hay actualmente en el mundo, siendo necesario que el reciente interés e ímpetu mostrado por los gobiernos con procedentes de la zona de Siria, sea puesto también para con los ciudadanos que están escapando de la guerra en otros países, como Sudán del Sur, Nigeria o Somalia –según datos de ACNUR hay más de 3 millones de refugiados sólo en África subsahariana (aquí)-. No sería responsable que a los dirigentes únicamente les importasen los refugiados procedentes de Siria, porque se estaría haciendo una distinción entre refugiados de primera y de segunda, únicamente por su origen. Y ahí España sí que tiene mucho que decir, puesto que es una de las principales vías de entrada de los ciudadanos que escapan de los conflictos armados de los países africanos.

En definitiva, quizás es el momento de volver a los orígenes de la Unión Europea y a los valores que se promulgaban cuando fue creada. Y no es necesario remontarse tan lejos, basta acudir al propio artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, establece lo siguiente: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. Hace falta, como dijo el miércoles Jean-Claude Juncker, más Europa y más unión.

 

Reproducción del artículo de Ignacio Gomá en Libertad Digital: Tarde, mal y nunca

BanderaEl artículo que sigue fue publicado en Libertad Digital (ver aquí) el pasado martes 1 de septiembre, día en que se publicó la noticia sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional”:

Nos enteramos que, a menos de un mes de las elecciones pseudoplebiscitarias catalanas, el PP se descuelga con una propuesta que pretende incluir en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de normas destinadas a posibilitar la inhabilitación y la imposición de multas a quienes incumplan las resoluciones de dicho Tribunal.

Si pudiéramos acercarnos al problema que se nos plantea en Cataluña sin demasiada pasión, podríamos hacer como el famoso jurista italiano Norberto Bobbio cuando decía que frente a toda norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: si la norma es justa o injusta (lo que corresponde a la Filosofía del Derecho); si la norma es válida o inválida (lo que corresponde a la Ciencia jurídica) y si la norma es eficaz o no lo es (lo que correspondería a la Sociología del Derecho). Intentémoslo.

Desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho, no hace falta ser un especialista en Derecho Constitucional para apercibirse de que algo falla en esta propuesta. No sólo porque ya exista el famoso artículo 155 de la Constitución, que autoriza al Estado a adoptar las “medidas necesarias” si una Comunidad Autónoma no cumpliera la Constitución o las leyes; o porque nuestro Código Penal ya  establezca en su art. 410 multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior o porque el Título XXI hable de los delitos contra la Constitución –incluyendo su derogación o modificación total o parcial- o el XXII se refiera al orden público incluyendo al delito de sedición (quienes se alcen para impedir el cumplimiento de las leyes); no, no es sólo que esas cuestiones, con un mínimo de sentido común, puedan subsumirse en tipos ya existentes, sino que además se violenta la esencia del Tribunal Constitucional, que no es la de un Tribunal inserto en la Administración de Justicia, sino la un órgano constitucional, el llamado “legislador negativo”, destinado a velar por el ajuste a la Constitución de leyes y resoluciones judiciales, pero no a la ejecución de sentencias ni a sancionar su incumplimiento.

Pero con ser el análisis desde la Ciencia del Derecho poco halagüeño, no lo es mucho más el que nos depara el de la Filosofía del Derecho, destinado a examinar su justicia. Porque siendo una de las características de la ley su generalidad (sí no formalmente, si en su espíritu), no cabe duda que una iniciativa como ésta adolece de un vicio de legitimidad derivado de la evidente condición oportunista de estar pensada para un caso muy concreto, lo que quizá podría facilitar su impugnación…ante el propio Tribunal Constitucional que, en su sentencia 166/86 (Rumasa), establece como límites constitucionales de las leyes singulares el principio de igualdad, la división de poderes y la reserva de generalidad en las leyes que impiden o condicionan el ejercicio de derechos fundamentales. Tendría gracia.

Con todo, quizá es el análisis desde la Sociología del Derecho el que más me incita a la crítica. Suelo decir que el Derecho, más que una Ciencia, es un Arte (Ars boni et aequi), que consiste en saber producir modificaciones en la realidad mediante el establecimiento de reglas. Y si queremos cambiar las cosas con eficacia se exige habilidad, oportunidad, decisión y legitimidad. Con todo el tiempo que llevamos procrastinando con el asunto autonómico, admitiendo abusos e incumplimientos por razones de política a corto plazo ¿alguien se cree que a un señor que pretende independizarse le va a asustar una multita  o la inhabilitación de un cargo del que quiere cesar para pasar a ser presidente de un Estado? Es más, ¿no supone el uso torpe y torticero del Derecho un refuerzo de la posición de los incumplidores? Quienes quieren defender el Estado de Derecho deben comprender que, al menos en este punto, la diferencia no está sólo en los fines sino, sobre todo, en los medios, que se deberían haber usado antes y mejor, y con la máxima legalidad y legitimidad. Veremos si se usan así los que aún quedan.

Flash Derecho: refugiados y ciudadanos europeos

#Bienvenido Refugiado

 

Israel-Yad_Vashem_Garden_of_righteous

 

Desde la aparición de la noticia sobre los 71 refugiados asfixiados en un camión frigorífico que les transportaba ilegalmente a la tierra prometida  (que tanto recuerda a lo ocurrido con los judíos que eran asfixiados en camiones en el Este de Europa durante el nazismo) y, sobre todo, desde la fotografía del niñito muerto en una preciosa playa de vacaciones en Bodrum, los ciudadanos europeos nos hemos dado cuenta de que, una vez más, Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero quizá los responsables últimos no son solo los miopes y cortoplacistas Gobiernos de la Unión sino también nosotros, sus miopes y cortoplacistas electores. Somos muchos los ciudadanos europeos que hasta ahora –con honrosas excepciones- han visto esta enorme tragedia como algo lejano y distante, que no nos afecta directamente. Lo mismo que, salvando las distancias, ocurrió con la persecución de los judíos en la Alemania nazi primero y en la Europa ocupada después.

De lo que pasó entonces deberíamos acordarnos, porque no ocurrió hace tanto tiempo y porque está en el origen de los valores y principios de la Unión Europea. Los que hemos leído mucho sobre el Holocausto nos hemos preguntado qué habríamos hecho nosotros si una familia judía nos hubiera pedido refugio. La ventaja es que ahora no nos jugamos la vida por acoger a los perseguidos, como lo hicieron los “Righteous among the nations” (justos entre las naciones) título honorificado concedido por el Estado de Israel a todos los gentiles o no judíos que sí lo hicieron.  Entre ellos, algún compatriota ilustre, como el diplomático Santos Briz que salvó a cientos de judíos sefarditas precisamente en Budapest.

En todo caso, parece que por fin la opinión pública europea se empieza a poner en marcha. Además de las iniciativas más cercanas de los que están más próximos a la tragedia en países como Hungría, Austria, Grecia o Alemania, hay muchas cosas que se pueden hacer por los que estamos –por ahora- más lejos (geográficamente hablando). En primer lugar, presionar a los Gobiernos nacionales para que aumenten la cuota de refugiados y para que modifiquen y amplíen la normativa en materia de derecho de asilo, claramente insuficiente para casos como el que estamos viviendo.  Al fin y al cabo, vivimos en democracias y, por imperfectas que sean, si nosotros queremos acoger más refugiados, los Gobiernos que quieran ganar elecciones tendrán muy complicado decir que ellos no quieren hacerlo. Aquí hay una petición en change.org donde se puede solicitar.

En segundo lugar, podemos informarnos de las numerosas iniciativas  puestas en marcha por la sociedad civil más cercanas para echar una mano, cada uno en la medida de las posibilidades.

En esta página del diario “El País” se proporciona información sobre la ayuda a ONGS que se ocupan de la cuestión de los refugiados

Y además podemos seguir la crisis y disponer de mucha información en cuentas de twitter como éstas:

https://twitter.com/ernesturtasun

Y aquí una cuenta  compartir iniciativas ciudadanas y recursos para facilitar la acogida de los refugiados

También es posible replicar iniciativas de la sociedad civil que ya funcionan en otros países

Quizá valga la pena sacrificar un poco nuestra comodidad para demostrar a los que llegan a Europa que han elegido bien.

 

 

 

HD Joven: Reflexión de septiembre sobre el 27-S

Se acerca el 27 de septiembre y los sentimientos, tanto de los secesionistas como los de los unionistas, se encuentran a flor de piel. Cada cual enarbola su estandarte con furia, esgrimiendo sus fundamentos éticos, morales, históricos, geográficos, etcétera, para que esta pelota del independentismo siga rodando, incentivado, desde luego, por la propia estrategia política que moldea la capacidad crítica del ciudadano.

Pero dejémonos de quimeras y pretextos, en mi humilde opinión, inútiles. Aboguemos por el pragmatismo y dejemos a un lado esa pasión incontrolada que tanto nos caracteriza. Atendamos a la cuestión fundamental dentro de la amplia panoplia de argumentos que el ciudadano catalán deberá sopesar al introducir su papeleta en la urna.

El pasado miércoles nos reunimos el equipo de HD Joven y HD con el fin de organizar la nueva temporada, y entre varios temas, surgió en algún editor la necesidad de delimitar la verdadera argumentación a favor o en contra del secesionismo catalán. Aparte de la cuestión histórico-político-geográfica de Cataluña y que, no se puede negar, está ahí y ha tenido lugar en la historia de España, el debate económico y presupuestario es el argumento que mayor peso tiene, o al menos el más importante en su forma primigenia, antes de que la presión político-mediática incidiera directamente en la opinión ciudadana, haciendo nacer en ellos nuevos sentimientos que hasta hace poco tiempo no sabían que existían, con el claro fin de ocultar las deficiencias en su gestión.

Las quejas residen en general en la desproporción existente entre la aportación al PIB que hace Cataluña (sus ciudadanos) y el presupuesto que devuelve el Estado a dicha comunidad. Dicho sea de forma torticera, están hartos de que los andaluces (entre los que me cuento), entre otros, reciban el dinero de los catalanes. No intenten magnificar el problema, es este y no otro.

Pues bien, con toda la prudencia exigible a un servidor, con formación básica en economía, y con todos los respetos a esta materia y a los especializados en ella, los datos macroeconómicos señalan en grandes rasgos lo siguiente:

  • En los Presupuestos Generales del Estado para 2016, la Comunidad de Cataluña será la tercera comunidad de España en recibir un mayor presupuesto, por detrás de Andalucía, Castilla y León y Galicia, por ese orden (véase). Lo mismo viene ocurriendo en años anteriores.
  • En la aportación al PIB del año 2014 (último año cuantificable) de las Comunidades Autónomas, se aprecia que Cataluña es la comunidad que más aporta al Estado con 199.786M, siguiéndola muy cerca Madrid con 197.699M, y Andalucía como la tercera con 141.704M (véase).
  • En cuanto al saldo fiscal de las Comunidades Autónomas, dato imprescindible para poder valorar los puntos anteriores pues no es más que la relación entre ambos, aparece que Cataluña es la segunda por la cola, presentando un saldo negativo (recibe menos de lo que aporta), pero Madrid es la última doblando las cifras catalanas. Andalucía es la que mayor saldo positivo presenta (véase).

Estos son los datos. La conclusión, valorable. Pero desde luego, la situación no es suficiente ni para encabezar la legión secesionista, ni para aparcar definitivamente el tema presupuestario, pues la aflicción catalana en este punto es totalmente comprensible. Hay cuestiones por tanto, que pueden y deben tratarse, como las económicas. Otras, sin embargo, no son tolerables en un Estado de Derecho, y no son más que el respeto a la ley y a los mecanismos que ésta regula.

El artículo 31 de nuestra Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Nuestro sistema tributario se basa pues en el principio de progresividad que emana de nuestra Carta Magna y que se encuentra igualmente instaurado en la mayoría de los países desarrollados. Por tanto, aquellos ciudadanos que disfruten de rentas altas, deberán abonar a Hacienda un porcentaje mayor que los que perciban menos, independientemente de la comunidad donde resida.

España es una nación unida (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, artículo 2 CE), no se trata de un Estado federal, aunque muchos pretendan lo contrario, pues su realidad no encaja con ese modelo estatal, ni con otros muchos, yo diría que ni el sistema actual es el apropiado (aunque esta cuestión la trataremos en futuros posts). De modo que lo que esa unidad representa, o debería representar, son valores de igualdad, equidad, solidaridad y bienestar social de todos los ciudadanos, entre otros.

Las condiciones demográficas, territoriales y políticas hacen que ciertas comunidades sean más prósperas que otras, económicamente hablando, lo que no puede provocar una violación del principio de progresividad y el reparto equitativo del presupuesto, independientemente del cumplimiento que desde el gobierno de turno se haga de los mismos. Pero si para favorecer el crecimiento prospero de cierta autonomía del Estado español es necesario dotar de un mayor presupuesto a dicha comunidad, así es como cualquier Estado debe actuar en orden a alcanzar el bienestar social de todos los ciudadanos que lo integran.

Como he dejado intuir a lo largo del artículo, me encuentro lejos de estar a favor del actual sistema autonómico, tributario y presupuestario, aunque igualmente estoy en contra de utilizar los argumentos esgrimidos para movilizar al separatismo a toda una comunidad, de ahí que los dirigentes políticos se vean obligados a buscar multitud de argumentos extra de importancia mínima e incluso nimia, individualmente considerados. La responsabilidad catalana para con el 27S, residirá en saber diferenciar lo importante de lo que no lo es y las soluciones viables de las que no lo son.

Relecturas de agosto: Sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o “Ley mordaza”

La popularmente conocida como “Ley mordaza”  (LO 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana) acaba de entrar en vigor. Es una ley que viene precedida de mucho debate, por lo menos en las redes sociales, y de un recurso de inconstitucionalidad promovido por toda la oposición. Tanto el sobrenombre como la unanimidad (en contra) suscitada en amplios sectores políticos y jurídicos recuerda la famosa “ley de la patada en la puerta” del Ministro Corcuera, allá por los años 90, que finalmente fue retirada.

Pero en concreto, ¿qué regula la ley? Pues cuestiones muy variadas, algunas novedosas, como los registros corporales externos, y otras materias que ya estaban recogidas en la normativa anterior como  la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la adopción de medidas de seguridad en determinados establecimientos, y lógicamente el régimen sancionador. De particular importancia son las medidas relativas a la celebración de reuniones y manifestaciones, dado que afectan al ejercicio de derechos fundamentales especialmente sensibles en épocas de descontento con la actuación de los Poderes Públicos. El hecho, además, de que la Ley se apruebe después de meses de incremento de  este tipo de actuaciones no es baladí, pues arroja la sospecha de que el Gobierno del PP (único que con su mayoría absoluta ha aprobado la Ley orgánica, en contra de toda la oposición) ha querido cortar de raíz sus propios problemas “en la calle”.

Es también muy relevante el importantísimo incremento de las sanciones pecuniarias que se pueden imponer por las conductas consideradas como infracciones administrativas en esta Ley. Para que se hagan una idea, hay conductas calificadas como infracciones muy graves por las que se pueden llegar a imponer nada menos que 600.000 euros de multa (dentro de un abanico que va de 30.000 a 600.000 euros, cuyos “tramos” van del grado mínimo  de 30.001 a 220.000 euros, grado medio de 220.001 a 410.000 euros y grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros). Es como para pensárselo. Se trata, en concreto, de manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas; de fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados,  de celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública y proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Conviene además subrayar que como se desprende de la enumeración no hace falta que se produzcan efectivamente resultados lesivos para nadie, sino que se genere un riesgo o sencillamente no se disponga de la necesaria autorización o se exceda de sus límites aunque no se haya generado un riesgo, lo que hace particularmente sorprendente la enorme cuantía de las sanciones. De la misma forma sorprende que se reúnan en un mismo precepto conductas tan dispares como manifestarse y fabricar o almacenar o usar armas y explosivos.

Como es sabido, se “despenalizan” además muchas conductas que antes estaban tipificadas como faltas penales, pero ahora son simplemente infracciones administrativas, liberando así a los órganos de la jurisdicción penal de una serie de infracciones de escasa relevancia, pero que suponían en la práctica un número muy importante de procedimientos. No obstante, el problema es que no todas las actuaciones que antes eran faltas penales y ahora son susceptibles de ser sancionadas en vía administrativa tienen la misma entidad desde el punto de vista de los derechos y las libertades individuales. Algunas conductas, muy particularmente las que se refieren al derecho de reunión y de manifestación –por ejemplo, manifestarse delante del Congreso, realizar convocatorias a través de redes sociales o escalar edificios con fines reivindicativos- tienen que ver con derechos fundamentales, cuyo ejercicio lleva en ocasiones a un enfrentamiento con los mismos Poderes Públicos que después pueden iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, que la Administración que instruye el procedimiento sancionador –particularmente el Ministerio del Interior- puede llegar a  ser Juez y parte, para entendernos.

El que no exista desde el principio un Juez para determinar si estas conductas son o no sancionables puede conllevar -aunque en principio parezca paradójico- un riesgo para las libertades y derechos fundamentales. Por supuesto que las sanciones administrativas que puedan imponerse en un procedimiento administrativo sancionador son también revisables por un órgano judicial, pero un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, una jurisdicción  esencialmente revisora de las actuaciones administrativas, con las limitaciones que esto supone. Además, la Administración cuando actúa –y  por tanto cuando sanciona- dispone de una serie de prerrogativas que la configuran como una “potentior persona” dado que se supone que actúa siempre en defensa de los intereses generales. Así, las actas que levantan los funcionarios para determinar lo ocurrido tienen presunción de veracidad salvo prueba en contrario, prueba que incumbe al recurrente. Los acuerdos sancionadores son inmediatamente ejecutivos salvo que se acuerde su suspensión, incluso en vía judicial salvo que se presente un aval o caución suficiente. Lógicamente, las garantías procedimentales en un proceso administrativo sancionador no son las del proceso penal. Además en la jurisdicción contencioso-administrativa hay tasas, y en la penal no, si bien es cierto que ahora sólo afectan a las personas jurídicas y no a las personas físicas.

En definitiva, el coste económico y de tiempo de acceder a la revisión judicial de las sanciones que se impongan en vía administrativa es considerable sin mencionar las limitaciones evidentes en cuanto a las garantías procesales. La existencia de numerosos conceptos jurídicos indeterminados no siempre de fácil interpretación completa un cuadro ciertamente preocupante.

En definitiva, conviene ser muy cuidadoso a la hora de sancionar los excesos (que sin duda pueden existir) en el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, como son típicamente los derechos de manifestación y de reunión. En este sentido, la reacción de la Ley que sin duda tiene que ver con hechos notorios acaecidos en los últimos años (pensemos en  el movimiento 15M) parece claramente desproporcionada y puede suponer un peligro cierto de limitación de derechos y libertades esenciales en una democracia de calidad. La reforma presenta características propias del llamado “Derecho penal del enemigo” que son potencialmente muy peligrosas, tales como atender antes a la peligrosidad de los sujetos que al daño efectivamente realizado o aproximar desde el punto de vista sancionador conductas simplemente preparatorias con actuaciones ya realizadas. Se trata por lo demás de una tendencia que se ha ido acentuando también en otros países de nuestro entorno y que políticamente no beneficia en nada a las democracias representativas de corte liberal, en la medida en que produce la impresión de que los Gobiernos temen a sus ciudadanos.

El Senado debe desaparecer

Según el artículo 69 de la Constitución Española, el Senado es la Cámara de representación territorial. Tiene varias funciones que están subordinadas a las funciones del Congreso de los Diputados. Hay una excepción a esta regla, que se encuentra consagrada en el artículo 155 de la Carta Magna española, que regula la compulsión o coerción estatal y que señala en su primer apartado que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El Senado es inútil a nivel jurídico, como dice Francesc de Carreras. Xose Manuel Pérez Bouza, senador del BNG, ya señaló en una entrevista que el Senado no sirve para nada relacionado con la satisfacción de los intereses generales y Carolina Punset ha indicado que “no se puede ahorrar en un sistema que funciona y que era envidiado, sino en senados y diputaciones”. Todo el mundo sabe que el Senado hace pocas cosas según el ordenamiento jurídico español.

Realmente, el Senado, que, ciertamente, no es un órgano legislativo de representación territorial, solo está sirviendo para derrochar fondos públicos y para poder otorgarle plazas de trabajo a dirigentes políticos que, sin el desconcertante bicameralismo estatal, no tendrían un buen puesto al que aferrarse. Como bien destaca José Ortega, se ha intentado “buscar para el Senado una función que lo personalice y lo diferencie del Congreso”, pero no tiene sentido que se le otorguen más funciones, ya que, en caso de que se ejecutara esa propuesta, los procedimientos en los que intervendría serían más lentos e ineficaces, siendo suficiente la existencia del Congreso de los Diputados. Albert Rivera ya ha dicho sobre el Senado que hay que reformarlo o cerrarlo, siendo mejor opción la segunda.
Los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas están formadas por una sola cámara y funcionan perfectamente. De momento, lo único que es posible celebrar es que a nadie se le haya ocurrido que los Parlamentos autonómicos también sean bicamerales para poder colocar a más políticos en las Comunidades Autónomas. Esta medida sería desastrosa para los presupuestos públicos.

Existen dos buenas opciones en lo que se refiere a la existencia del Senado:

  1. Suprimir el Senado, de modo que el Parlamento nacional dejaría de ser bicameral para pasar a ser monocameral. Roberto Blanco defiende esta idea.
  1. Sustituir el Senado por un órgano en el que estuvieran representados verdaderamente las Comunidades Autónomas, que asumiría la forma de Consejo estatal, que debería estar constituido por alguno de los dos siguientes colectivos:
    1. Por los Presidentes de los Parlamentos autonómicos.
    2. Por un representante de cada uno de los Parlamentos autonómicos, que sería nombrado en cada Comunidad Autónoma por la mayoría absoluta del órgano legislativo.

La aplicación de cualquiera de las dos medidas serviría para lograr una clara reducción de los costes económicos del Parlamento. Además, cualquiera de ellas haría que el sistema parlamentario fuera más coherente, ya que:

  • Si se optara por suprimir el Senado, se conseguiría reducir el tiempo de duración de la tramitación de las leyes ordinarias y de las leyes orgánicas. En cuanto al mecanismo del articulo 155 de la Constitución Española, hay que decir que podría sustituirse la intervención del Senado por la intervención de los Parlamentos autonómicos, representados por sus respectivos Presidentes, o por la intervención del Congreso de los Diputados.
  • Si se optara por sustituir el Senado por un órgano constituido por los Presidentes o representantes de los Parlamentos autonómicos, dicho órgano podría tener cierta relevancia en el procedimiento legislativo y la función de intervenir en el procedimiento del articulo 155 de la Constitución.

Es verdad que no sería un problema para los ciudadanos realizar modificaciones de la Carta Magna española si con ellas se consigue reducir una institución costosa que poco beneficia a la sociedad, pero también es cierto que sería necesario reformar la Constitución Española de 1978 para alterar o suprimir el Senado y que, como dice Juan José Laborda, “cerrarlo sería igual de difícil que reformarlo”. Es posible que algún día se estudie cambiar o eliminar el Senado con cierta seriedad y que pueda ser verdad lo que establece la Sentencia de Tribunal Constitucional 24/1990, que dice que el sistema legislativo logra que “los sujetos a las normas sean, por vía de la representación parlamentaria, los autores de las normas, o dicho de otro modo, que los ciudadanos sean actores y autores del ordenamiento jurídico”.

Sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o “Ley mordaza”

La popularmente conocida como “Ley mordaza”  (LO 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana) acaba de entrar en vigor. Es una ley que viene precedida de mucho debate, por lo menos en las redes sociales, y de un recurso de inconstitucionalidad promovido por toda la oposición. Tanto el sobrenombre como la unanimidad (en contra) suscitada en amplios sectores políticos y jurídicos recuerda la famosa “ley de la patada en la puerta” del Ministro Corcuera, allá por los años 90, que finalmente fue retirada.

Pero en concreto, ¿qué regula la ley? Pues cuestiones muy variadas, algunas novedosas, como los registros corporales externos, y otras materias que ya estaban recogidas en la normativa anterior como  la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la adopción de medidas de seguridad en determinados establecimientos, y lógicamente el régimen sancionador. De particular importancia son las medidas relativas a la celebración de reuniones y manifestaciones, dado que afectan al ejercicio de derechos fundamentales especialmente sensibles en épocas de descontento con la actuación de los Poderes Públicos. El hecho, además, de que la Ley se apruebe después de meses de incremento de  este tipo de actuaciones no es baladí, pues arroja la sospecha de que el Gobierno del PP (único que con su mayoría absoluta ha aprobado la Ley orgánica, en contra de toda la oposición) ha querido cortar de raíz sus propios problemas “en la calle”.

Es también muy relevante el importantísimo incremento de las sanciones pecuniarias que se pueden imponer por las conductas consideradas como infracciones administrativas en esta Ley. Para que se hagan una idea, hay conductas calificadas como infracciones muy graves por las que se pueden llegar a imponer nada menos que 600.000 euros de multa (dentro de un abanico que va de 30.000 a 600.000 euros, cuyos “tramos” van del grado mínimo  de 30.001 a 220.000 euros, grado medio de 220.001 a 410.000 euros y grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros). Es como para pensárselo. Se trata, en concreto, de manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas; de fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados,  de celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública y proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Conviene además subrayar que como se desprende de la enumeración no hace falta que se produzcan efectivamente resultados lesivos para nadie, sino que se genere un riesgo o sencillamente no se disponga de la necesaria autorización o se exceda de sus límites aunque no se haya generado un riesgo, lo que hace particularmente sorprendente la enorme cuantía de las sanciones. De la misma forma sorprende que se reúnan en un mismo precepto conductas tan dispares como manifestarse y fabricar o almacenar o usar armas y explosivos.

Como es sabido, se “despenalizan” además muchas conductas que antes estaban tipificadas como faltas penales, pero ahora son simplemente infracciones administrativas, liberando así a los órganos de la jurisdicción penal de una serie de infracciones de escasa relevancia, pero que suponían en la práctica un número muy importante de procedimientos. No obstante, el problema es que no todas las actuaciones que antes eran faltas penales y ahora son susceptibles de ser sancionadas en vía administrativa tienen la misma entidad desde el punto de vista de los derechos y las libertades individuales. Algunas conductas, muy particularmente las que se refieren al derecho de reunión y de manifestación –por ejemplo, manifestarse delante del Congreso, realizar convocatorias a través de redes sociales o escalar edificios con fines reivindicativos- tienen que ver con derechos fundamentales, cuyo ejercicio lleva en ocasiones a un enfrentamiento con los mismos Poderes Públicos que después pueden iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, que la Administración que instruye el procedimiento sancionador –particularmente el Ministerio del Interior- puede llegar a  ser Juez y parte, para entendernos.

El que no exista desde el principio un Juez para determinar si estas conductas son o no sancionables puede conllevar -aunque en principio parezca paradójico- un riesgo para las libertades y derechos fundamentales. Por supuesto que las sanciones administrativas que puedan imponerse en un procedimiento administrativo sancionador son también revisables por un órgano judicial, pero un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, una jurisdicción  esencialmente revisora de las actuaciones administrativas, con las limitaciones que esto supone. Además, la Administración cuando actúa –y  por tanto cuando sanciona- dispone de una serie de prerrogativas que la configuran como una “potentior persona” dado que se supone que actúa siempre en defensa de los intereses generales. Así, las actas que levantan los funcionarios para determinar lo ocurrido tienen presunción de veracidad salvo prueba en contrario, prueba que incumbe al recurrente. Los acuerdos sancionadores son inmediatamente ejecutivos salvo que se acuerde su suspensión, incluso en vía judicial salvo que se presente un aval o caución suficiente. Lógicamente, las garantías procedimentales en un proceso administrativo sancionador no son las del proceso penal. Además en la jurisdicción contencioso-administrativa hay tasas, y en la penal no, si bien es cierto que ahora sólo afectan a las personas jurídicas y no a las personas físicas.

En definitiva, el coste económico y de tiempo de acceder a la revisión judicial de las sanciones que se impongan en vía administrativa es considerable sin mencionar las limitaciones evidentes en cuanto a las garantías procesales. La existencia de numerosos conceptos jurídicos indeterminados no siempre de fácil interpretación completa un cuadro ciertamente preocupante.

En definitiva, conviene ser muy cuidadoso a la hora de sancionar los excesos (que sin duda pueden existir) en el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, como son típicamente los derechos de manifestación y de reunión. En este sentido, la reacción de la Ley que sin duda tiene que ver con hechos notorios acaecidos en los últimos años (pensemos en  el movimiento 15M) parece claramente desproporcionada y puede suponer un peligro cierto de limitación de derechos y libertades esenciales en una democracia de calidad. La reforma presenta características propias del llamado “Derecho penal del enemigo” que son potencialmente muy peligrosas, tales como atender antes a la peligrosidad de los sujetos que al daño efectivamente realizado o aproximar desde el punto de vista sancionador conductas simplemente preparatorias con actuaciones ya realizadas. Se trata por lo demás de una tendencia que se ha ido acentuando también en otros países de nuestro entorno y que políticamente no beneficia en nada a las democracias representativas de corte liberal, en la medida en que produce la impresión de que los Gobiernos temen a sus ciudadanos.

La curiosa huelga de los que más ganan

El fútbol español anuncia huelga indefinida desde la jornada liguera del próximo fin de semana (16-17 de mayo) en protesta por la publicación del Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril (BOE del 1 de mayo) elaborado por el Gobierno para la regulación de la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional. Al haber ya comentado en el blog diferentes aspectos relacionados con el mundo del fútbol (vid. “El fracaso de las SAD en España”), voy a tratar de sintetizarles el problema y las principales posturas de las partes en conflicto:

1) El problema principal. Los Clubes profesionales del fútbol español han pasado una época de gran sobreendeudamiento, en especial con Hacienda y la Seguridad Social. Una de sus principales fuentes de ingresos es la comercialización de los derechos televisivos, que en España, a diferencia de otros países, no genera todo lo que podría generar dado que no hay una negociación conjunta de los mismos, ya que cada Club los ha negociado hasta ahora por separado. Ello ha producido una gran desigualdad y un enorme perjuicio para los Clubes menores, aparte de menores ingresos globales que en otras Ligas que los negocian conjuntamente. Por ello, todas las partes implicadas en el fútbol (Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Asociación de Futbolistas Españoles) necesitan una nueva regulación, aunque por problemas personales y de otra índole llevan años siendo incapaces de ponerse de acuerdo. Por ello pidieron al Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, su intervención, la cual, una vez producida, no ha contentado a todas las partes.

2) Otros problemas añadidos. Lo anteriormente descrito es la esencia del asunto, pero el largo tiempo que ha tardado en resolverse y las viejas rencillas existentes entre algunos dirigentes han hecho aflorar otros problemas que están dificultando un acuerdo en el tema principal. Veamos un esquema a través de las partes en conflicto.

La Liga de Fútbol Profesional –LFP- (la patronal de los Clubes de Fútbol, que son los titulares de los derechos audiovisuales) apoya la reforma realizada por el Gobierno. Su Presidente, el abogado Javier Tebas, en buena sintonía con el Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo Superior de Deportes Miguel Cardenal, ha auspiciado la nueva norma recién promulgada. Pero Tebas se ha encontrado con dos grandes obstáculos: uno interno -aunque ya superado- las dificultades entre los propios Clubes durante años para llegar a un acuerdo por la disparidad de intereses entre los más poderosos y los más modestos; y otro externo, dado que mantiene un viejo enfrentamiento personal con Ángel Villar, Presidente de la Federación Española de Fútbol, debido a que el primero ejerció la acusación particular contra éste último en unos presuntos casos de corrupción que afectaban a la Federación, cuya investigación no prosperó judicialmente. En cuanto a la convocatoria de huelga, Tebas sostiene -y ha denunciado ante la Audiencia Nacional- que es ilegal porque no se ha planteado para defender derechos laborales de los trabajadores sino para protestar por una Ley que no les gusta y para mantener ciertas prebendas o intereses particulares.

La Federación Española de Fútbol –RFEF- (propietaria de las competiciones futbolísticas), presidida por el eterno Ángel Villar, que lleva 27 años en el cargo, defendió en un principio la necesidad de una nueva regulación. Pero sus discrepancias con Tebas, con el que no se habla, y también con el Gobierno, al que acusa de “intervencionismo”, le han hecho abanderar la causa de la huelga, aunque también en defensa de intereses propios. Villar no quiere que el Gobierno fiscalice las cuentas de la Federación (que es un ente privado que atiende un interés público y recibe dinero público) y mantiene un contencioso con el Gobierno sobre la devolución de unas subvenciones supuestamente mal justificadas procedentes del dinero de las quinielas. En un post anterior ( “Los estados fantasma que rigen el fútbol internacional: FIFA y UEFA”) ya comenté que el mundo del fútbol siempre ha defendido una llamativa especificidad e independencia respecto de los Estados nacionales y de sus órganos jurisdiccionales. La Federación acusa además al Gobierno y a la Liga de haber elaborado la nueva norma “a sus espaldas”.

La Asociación de Futbolistas Españoles –AFE- (el sindicato de los futbolistas) ha hecho causa común con la RFEF, y apoya la huelga prevista, aunque en el fondo defiende también sus propios intereses: por un lado, quiere participar directamente en un porcentaje de los nuevos derechos audiovisuales para crear un fondo de ayuda a los futbolistas más desfavorecidos; y por otro, en un aspecto que afecta más a las “estrellas” de este deporte, está molesta porque Hacienda está realizando inspecciones masivas a los futbolistas de élite. Los deportistas profesionales, dado el carácter esencialmente temporal e irregular de sus ingresos profesionales, tributan por una fórmula denominada 85/15: una parte de lo que perciben de sus Clubes (el 85%) va a la escala general del IRPF (cuyo tipo oscila entre el 52 y el 56%), y el resto de sus ingresos (el 15%) tributa por Impuesto de Sociedades (a un tipo inferior), al considerar que se trata de la explotación mercantil de sus derechos de imagen, que suelen ceder a una sociedad en la que participan mayoritariamente. Hacienda está poniendo en los últimos tiempos en cuestión esta forma de tributar, aplicando a las sociedades gestoras de los derechos de imagen la consideración de sociedades vinculadas, haciendo tributar a los futbolistas al IRPF por el total de sus ingresos. Casillas, Ramos, Piqué, Iniesta o Xavi, por poner varios ejemplos, han sido inspeccionados recientemente. Ello ha soliviantado los ánimos de su sindicato, que encuentra en el apoyo de estos jugadores tan conocidos y mediáticos su principal medio de presión.

El Consejo Superior de Deportes –CSD- (el Gobierno) ha tenido en esta materia una intención loable, que además fue requerida por las partes ante su incapacidad de alcanzar un acuerdo, al igual que sucedió en Italia hace unos años. Tal vez la redacción de la nueva norma no sea muy afortunada en varios preceptos (nada nuevo bajo el sol), y es cierto que no la ha consensuado más que con la LFP, pero la situación de enfrentamiento personal de ésta con la RFEF no era fácil de resolver, así como tampoco las acusaciones de “intervencionismo” procedentes del Presidente Villar. Por otro lado el CSD ha pretendido también que, aumentando los ingresos de los Clubes a través de una negociación conjunta de los derechos televisivos, éstos puedan sanear más rápidamente su deuda con Hacienda y con la Seguridad Social, cosa que no se le puede reprochar en absoluto, ya que tiene que defender los intereses generales. Los Clubes de fútbol y los futbolistas profesionales no deben ser unos privilegiados tributarios o laborales frente al resto de los españoles.

En definitiva, examinadas las posturas de las partes, pueden ver ustedes mismos que ésta no es en absoluto una huelga por motivos puramente laborales. Aunque la verdad es que la imagen que hemos visto estos días de los mejores jugadores de España haciendo causa común contra una norma trufada de buenas intenciones puede dar al traste con éstas y con aquélla….

 

Actuaciones policiales y racismo en Estados Unidos

En ocasiones, uno puede pensar que parece que la vida no vale nada cuando observa actuaciones policiales como las que se han producido en Estados Unidos por las que varios hombres de raza negra han sido privados de su vida de una forma totalmente antijurídica. Estos tristes incidentes deben analizarse cuidadosamente por la repercusión que están teniendo.

Hace algunos días, un policía mató a un hombre de raza negra por la espalda, como se puede comprobar mediante un vídeo que fue grabado sin que el autor del crimen pudiera enterarse. Poco tiempo después, otro policía le arrebató la vida a otro hombre negro, al disparar con su arma de fuego policial pensando que estaba usando una pistola eléctrica, según comentó el agente que protagonizó los hechos.

Ambos sucesos se están investigando, aunque solo en el último caso habrá que realizar un análisis más preciso. Esto se debe a que el archivo de vídeo que contiene la escena del primer homicidio al que se ha aludido, que es realmente escalofriante, ha aclarado totalmente los hechos.

En Estados Unidos ha resurgido, durante los últimos meses, un conflicto con un fuerte trasfondo racial que llevaba tiempo escondido. Ya han sido varias las personas de raza negra que han perdido la vida por actuaciones policiales totalmente desproporcionadas. Este hecho ha provocado un creciente sentimiento, que agrupa el miedo y la indignación, en una comunidad que representa a una gran parte de la sociedad estadounidense que ya se ha manifestado frente a las actividades de los agentes de la Policía con las que la gente de raza negra siente inseguridad después de varios homicidios, detrás de los cuales puede haber una motivación discriminatoria según apuntan los perjudicados.

Resulta preocupante que pueda existir racismo o cualquier otro tipo de discriminación en parte de las actuaciones policiales, que deben evitar conflictos y resolver problemas. Que la Policía no puede generar batallas y producir daños a la sociedad en ningún país civilizado es algo que todos deben entender, aunque puede decirse que es una idea que, desgraciadamente, algunos no aplican.

Cuando las actividades policiales atentan indebidamente contra la vida o la integridad de una persona, la sociedad tiene un grave problema. Es necesario, por el bien de la convivencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y proteger los bienes jurídicos esenciales. Thomas Hobbes señala en Leviatán que “mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de guerra” y que “si los demás no quieren renunciar a ese derecho como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más bien que disponerse a la paz significaría ofrecerse a sí mismo como presa (a lo que no está obligado ningún hombre)”, siendo relevante tener presente la necesidad de la existencia de la seguridad y que Gonzalo Jar Couselo dice, en “El papel de la Policía en una sociedad democrática”, que “en un sistema democrático, el mantenimiento del orden debe entenderse como un equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales y el establecimiento de cauces de resolución de los conflictos inherentes a toda sociedad compleja, lo que implica enfrentarse a problemas en situaciones de permanente conflictividad y la prevención de los mismos”.

Los agentes de la Policía deben encargarse de garantizar la seguridad y la lucha contra la delincuencia, pero respetando las reglas que deben imponerse en todo Estado de Derecho. Todos los ciudadanos están sometidos a los límites que impone la legalidad y los que deben ser considerados como protectores de la sociedad y del orden público deben actuar conforme al ordenamiento jurídico, no pudiendo ninguna autoridad excederse en el ejercicio de sus funciones legítimas.