Corrupción ¿el mundo al revés? Reproducción de la tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Recientemente, en un artículo aparecido en el New York Times sobre la falta deprotección de los denunciantes de la corrupción (ejemplificado en la historia deAna Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel y ex empleada pública en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte) el autor comentaba, casi de pasada, queEspaña tenía uno de los Gobiernos más corruptos de Europa. Es la explicación que ofrecía a sus lectores de que conductas que en otros países son fomentadas y defendidas en nuestro país podían suponer el ostracismo profesional y hasta social y acabar con la carrera profesional del denunciante además de acarrear, en no pocas ocasiones, unos costes personales muy altos. Efectivamente, la situación de los denunciantes de las tramas corruptas en España da mucho que pensar sobre el verdadero funcionamiento de nuestro sistema político y sobre la naturaleza de sus incentivos.

En otro documental realizado mediante crowfunding y estrenado prácticamente en la clandestinidad -con apoyo de la sociedad civil-, Corrupción, el organismo nocivo, sobre la extensión de las tramas corruptas en Cataluña -particularmente a nivel local- se cuenta por uno de los entrevistados cómo denunció a sus superiores la corrupción existente en unos cursos de formación. ¿La reacción? El cese fulminante. Otras veces, sencillamente no hay respuesta, por muchas denuncias que se dirijan a quienes supuestamente tienen la responsabilidad de velar por la defensa de la legalidad. En los casos peores, se convierte la vida personal y profesional del denunciante en un auténtico infierno, dado que quienes protegen la corrupción -que suelen tener mucho poder- se dedican sistemáticamente en desprestigiar al que la denuncia, delante de sus compañeros o ante la sociedad en general. Se les convierte en parias, en apestados. Así se manda una señal clara a los que pudieran tener tentaciones parecidas y de paso se consigue apartar el foco de lo que realmente importa: si existe o no la corrupción denunciada y si hay que asumir responsabilidades políticas o incluso judiciales.

El mecanismo siempre es el mismo. Y como explicaba una de las personas que aparecía en el documental, si el sistema expulsa y reniega de las personas honestas que intentan hacer bien su trabajo y que se cumpla la ley, cabe preguntarse por la naturaleza del sistema. La contestación es obvia: se trata de un sistema profundamente corrupto.

He comentado muchas veces que la corrupción es mucho mayor allí donde los controles preventivos son más débiles y donde el diseño institucional (monopolio discrecional en la toma de decisiones, falta de transparencia y rendición de cuentas) la favorece. En el reciente estudio sobre Diputaciones provinciales de la Fundación ¿Hay Derecho? hemos puesto de manifiesto subraya los problemas institucionales de estas entidades locales, problemas que favorecen la aparición de tramas clientelares, despilfarro y corrupción. Los datos demuestran que no hay casualidades, hay causalidades. Pero el problema es que esa falta de controles no se limita al ámbito local, sino que se ha ido extendiendo a todos los niveles de la Administración. Ha llegado por supuesto a las Comunidades Autónomas: la extensión de las tramas corruptas en Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía habla por sí sola. Pero también ha llegado a la propia Administración General del Estado, considerada hasta hace poco -y con razón- la joya de la Coronade lo que Fukuyama (en su extraordinario libro Political Order and Political decay) denominaría una “Administración weberiana”: una Administración que cuenta con una burocracia profesional, meritocrática y que sirve con fidelidad los intereses generales.

Lamentablemente ya no podemos estar seguros de que esto siga siendo así. El caso Aquamed (sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) ilustra perfectamente cómo también la falta de controles y la politización ha llegado al entorno estatal, eso sí, mediante la aparición de este tipo de organismos que han proliferado como setas en los últimos años, sin demasiados motivos objetivos. O más bien con un único motivo: flexibilizar la gestión, es decir, eludir los controles administrativos tanto en el reclutamiento del personal como en los procesos de contratación. Controles que, por ejemplo, hubieran impedido o al menos dificultado inflar los contratos públicos a favor de una determinada empresa. Por otro lado, es difícil sostener que lo que se hacía en Aquamed era desconocido en el Ministerio del que dependía, dado que la sociedad estaba presidida por el propio secretario de Estado de Medio Ambiente y que en su Consejo de Administración contaba con altos cargos del mismo. No solo eso, era en el Ministerio donde se decidía qué proyectos se contrataban directamente por sus órganos administrativos y cuáles se gestionaban por Aquamed. No había ninguna diferencia técnica entre unos y otros, más allá de la voluntad política de gestionarlos de una u otra forma o dicho de otra manera, de controlarlos más o menos.

Como es sabido, el presidente de Aquamed tuvo como dimitir cuando ya era subsecretario del Ministerio de Presidencia a raíz del escándalo. Pero quizá lo más interesante es que los técnicos de Aquamed que denunciaron las irregularidades y gracias a los cuales se iniciaron las investigaciones judiciales no sólo no fueron atendidos por sus superiores sino que fueron despedidos con el beneplácito del Consejo de Administración de la entidad. A día de hoy, siguen despedidos, pese a que gracias a su actuación algunos directivos de Aquamed acabaron en la cárcel y se destaparon las irregularidades. La historia no acaba aquí: estos directivos -una vez excarcelados bajo fianza, aunque siguen siendo investigados- han vuelto a sus puestos de trabajo tranquilamente. Los que los denunciaron, por el contrario, no. Las cartas dirigidas solicitando el reingreso a la ministra de Agricultura no han sido atendidas. ¿El mundo al revés? Pues a lo mejor no tanto. Depende de cómo funcione el mundo.

Efectivamente, piensen por un momento en que lo sucedido en Aquamed ha sucedido en otras muchas empresas públicas. Es más, ha sucedido en la mayoría de las Administraciones Públicas donde se han emitido Instrucciones políticas para hacer favores a empresas amigas, de las que inevitablemente se han aprovechado unos cuantos intermediarios espabilados, como el director general de Aquamed. El propio ex presidente de Aquamed (que fue secretario de Estado con el ministroArias Cañete) ha declarado recientemente que las instrucciones las recibía del ministro, que, por supuesto, estaba al tanto de todo, si bien no firmaba nada personalmente. Es fácil entender que en ese contexto de clientelismo y corrupción generalizada al más alto nivel resulta muy peligroso denunciar, máxime en un país donde mantener un puesto de trabajo fijo en el sector público puede marcar la diferencia entre una vida profesional tranquila y la precariedad o el desempleo. Que se lo digan a los despedidos disciplinariamente de Aquamed. Por otro lado, los cargos públicos tienen bastante claro que desobedecer ordenes políticas no favorece en nada su carrera administrativa. Y en cuanto a los políticos son fieles escuderos del líder del turno.

En definitiva, no se protege al denunciante de la corrupción como se debiera por la sencilla razón de que se prefiere proteger al corrupto o al que tolera o consiente la corrupción. Entre otras cosas porque el corrupto puede tirar de la manta y poner de manifiesto que, después de todo, él no era sino una pequeña pieza en un engranaje perfectamente engrasado y montado -o tolerado, tanto da- desde arriba. La corrupción y el clientelismo ha sido y sigue siendo una forma de gobernar en este país. Fukuyama diría que esta situación es prácticamente inevitable en Estados débiles que han alcanzado la democracia antes de haber fortalecido sus instituciones, de haber constituido un Estado de derecho digno de tal nombre y de disponer de una burocracia meritocrática y profesional.

Las buenas noticias son que, guste o no guste al Gobierno en funciones (y desde luego es comprensible que no le guste, dada su responsabilidad política y la poca voluntad que ha puesto en combatirla) las encuestas del CIS insisten en que la segunda preocupación de los españoles sigue siendo la corrupción. No se trata por tanto de un fenómeno pasajero, que se vaya a olvidar durante la campaña electoral. Más bien todo hace pensar lo contrario. Tampoco es válida la teoría de las pocas manzanas podridas cuando es el cesto el que se deshace ante nuestros ojos. Ni siquiera el loable esfuerzo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es suficiente, máxime cuando la reciente y poco inocente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una especie de amnistía vergonzante diga lo que diga el ministro de Justicia en funciones) va a permitir en breve el archivo de muchas causas, entre ellas también las que afecten a casos de corrupción. Por tanto, la corrupción seguirá estando mucho tiempo en el centro del debate públicocomo debe ser si aspiramos a mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones y a alcanzar a los Estados más prósperos del mundo. El día en que nuestros denunciantes de la corrupción duerman tranquilos y reciban el agradecimiento de nuestros ciudadanos podremos decir que lo hemos conseguido.

Flash Derecho: Cumbre global anticorrupción: Londres, mayo de 2016

 

No deja de resultar paradójico que se haya celebrado la Cumbre Anti-corrupción en Londres, una de las mayores lavanderías de dinero sucio del mundo, con 44.000 propiedades inmobiliarias pertenecientes a sociedades offshore;  ni que su anfitrión haya sido Cameron, cuyo nombre aparecía hace poco en los Papeles de Panamá, y que éste se haya permitido el lujo además de señalar como países “fantásticamente corruptos” a países como Nigeria y Afganistán, en presencia de la Reina en Lancaster House. Reino Unido es, junto con Estados Unidos, el centro de un entramado de paraísos fiscales donde se concentran más de 20 billones de dólares de fondos ocultos a la fiscalidad y a regulaciones de todo tipo. Aún con todo si la Cumbre fructifica en algo positivo, bienvenida sea.

El evento, que ha contado con la participación de países del G20 así como de organismos internacionales, como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial,  trataba de acordar un paquete de medidas para contrarrestar la corrupción, incluyendo asuntos como el secreto corporativo, la transparencia de los gobiernos, la aprobación de normas internacionales anti-corrupción y el reforzamiento de las instituciones internacionales.  La Cumbre fue precedida de la Conferencia Tackling Corruption Together, por  líderes de la sociedad civil, empresariales y gubernamentales, como  Transparency International y Thomson Reuters, entre otros.

Lo primero que nos llama la atención es la amplitud del término “corrupción” a que se ha referido la Cumbre.  “Corrupción” en sentido amplio incluye toda práctica que consista en abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Y así lo ha entendido la Cumbre, incluyendo tanto la corrupción política como la económica. Se ha hablado así de prácticas como el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, y el blanqueo de capitales  pero también la de no atender a las responsabilidades fiscales, mediante la evasión fiscal (acciones ilegales) e incluso, y esto sí es novedoso, mediante  la elusión fiscal (tax avoidance), referida a acciones legales. Se incluye entre estas últimas la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés)  llevados a la práctica fundamentalmente por las Multinacionales.

La Cumbre ha sido muy criticada por la hipocresía de que hablábamos al principio. 300 economistas, entre ellos Thomas Piketty, coordinados por Oxfam han firmado una carta en la que culpan directamente  de  la existencia de paraísos fiscales tales como las Islas Vírgenes Británicas a Reino Unido y Estados Unidos en colaboración con las grandes firmas financieras y de auditoría de ámbito internacional. Gráficamente, la protesta consistió en la conversión por un día de Trafalgar Square en un paraíso fiscal tropical, con una playa de arena, palmeras y activistas en trajes de baño tumbados en hamacas y manejando grandes ‘ fajos’ de dinero.

Pero  a pesar de las críticas se debe admitir que algunos acuerdos de la Cumbre han sido positivos. Cameron anunció así que se obligará a los dueños de propiedades inmobiliarias radicadas en Reino Unido a inscribirse en un registro público donde constarán los nombres de sus auténticos propietarios. De igual manera, se creará un registro público para quienes contraten con la administración pública. La promesa de dicha medida quedó empañada, también hay que reconocerlo,  por la negativa de los paraísos fiscales británicos a la puesta en práctica de dicha medida en sus territorios (Jersey e Islas de Man, Vírgenes  y Caimán). Pero no deja de ser un triunfo que se vaya a conocer quién es el propietario real de 100.000 inmuebles de Reino Unido pertenecientes hoy en día a sociedades offshore.

El Primer Ministro también ha prometido una reforma legal para considerar delito la desidia o complicidad de los bancos y multinacionales que no controlen que sus empleados incurran en prácticas de blanqueo de capitales, evasión fiscal o malversación de fondos.

Se prometió también el intercambio de información sobre sociedades domiciliadas en 40 territorios considerados paraísos fiscales aunque algunos de ellos reclamaron más tiempo y discusión al respecto.

Por último, un acuerdo que a mi juicio puede dar mucho juego, y que ha pasado un poco desapercibido ha sido el anuncio de la creación del Centro Internacional de Coordinación Anti-corrupción (IAAC por sus siglas en inglés), con sede en Londres, en coalición con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y la Interpol.  Esta Agencia podrá coordinar e intercambiar información de actividades transnacionales. La intervención en la misma de Europol será fundamental pues proveerá al centro de una plataforma de más de 200 investigadores de 120 países para el intercambio de información a la que se podrán sumar otros profesionales especializados  tales como Inspectores tributarios de los distintos países miembros.

Su éxito dependerá del apoyo inter-gubernamental que reciba y de las competencias de que se dote, pero en todo caso, sería menos bochornoso para los distintos gobiernos de cara a sus ciudadanos que la corrupción mundial entendida en sentido amplio salga a la luz por la labor investigadora de sus propias autoridades y no a través de los  whistle-blowers de turno en colaboración con  un consorcio de periodistas. Algo habremos ganado.

Esta es mi historia: reproducción del artículo de nuestro colaborador Jorge Trías en El País

 

Hace tres años, El País publicó un artículo mío cuyos hechos –las irregularidades financieras dentro del PP- no solo no fueron rebatidos, sino que, uno por uno, con el tiempo han quedado confirmados y superados. Tras el resultado de estas elecciones creo que ha llegado el momentode explicar las razones que me llevaron a hacer esa denuncia y las consecuencias personales que ha tenido para mi. Esta es mi historia.

 

Empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1971 y abrí despacho en Madrid diez años más tarde. Quería salir de Barcelona porque mi ciudad empezaba a perder su identidad cosmopolita y se inclinaba hacia un nacionalismo con el que no comulgaba. Mi primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Justicia en la reforma penitenciaria. De ahí pasé a montar despacho y a tener éxito. Mi actividad profesional fue creciendo yen diciembre de 2012 mis ingresos me proporcionaban una vida confortable.

 

A lo largo de mi carrera profesional intenté siempre ejercer la abogacía de forma honesta, incluso fui elegido por mis compañeros diputado y tesorero del colegio de abogados de Madrid. Ese cargo lo desempeñéhasta 1996; puse orden en sus finanzas, ayudé a encauzar su servicio médico y organicé el “Aula de extranjería” para asesorar a una inmigración entonces incipiente.

 

¿Qué quiero decir cuando digo que ejercí la abogacía de forma honesta? Pues que siempre elegí mis casos según unos criterios éticos comúnmente aceptados. Incluso cuando defendí a los que se consideran personas impresentables, un narcotraficante por ejemplo, lo hice, ante todo, porque creo que el deber del abogado es defender a “buenos” y“malos”. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he sido remunerado por gestiones que no fueran las profesionales.

 

Paralelamente a mi carrera de abogado, he ejercido como periodista, escritor y político. La política durante la Transición la viví intensamente tanto en mi casa como en la universidad. Eran inquietudes que entonces casi todos llevábamos dentro. Al convertirme en un abogado de éxito y columnista leído, José María Aznar, que no era todavía presidente del gobierno sino jefe de la oposición, me ofreció la oportunidad de presentarme a las elecciones a diputado por Barcelona. Acepté, salí elegido, y entre los años 1996 y 2000 fui representante de la soberanía nacional.

 

Durante los cuatro años que fui diputado contribuí en Bruselas y Estrasburgo a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión que hoy forma parte del Tratado de Lisboa; y propuse, con poco éxito, el Contrato de Unión Civil, para que las parejas homosexuales tuviesen una alternativa al matrimonioal que entonces no tenían acceso. Pero, como yo no tenía fortuna personal, enseguida entendíque dedicarme a la política me iba a resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía, ya que para mantener mi nivel de ingresos hubiera tenido que transgredir esa zona fronteriza de las incompatibilidades que hace 16 años y en pleno boom económico, no estaba suficientemente regulada. (Ahora tampoco). O dedicarme al pluriempleo partidista: un sueldo como diputado y otro del partido. Muy a pesar mío dejé la política.

 

En el año 2009, Antonio Pedreira, juez del TribunalSuperior de Justicia de Madrid, al que yo conocía desde hacía muchos años, me pidió que transmitiese a la cúpula del Partido Popular que no interfiriera y enturbiara la investigación sobre sus finanzas que había iniciado el juez Baltasar Garzón y que ahora llevaba él. Yo transmití el mensaje y a partir de entonces tuve diversas conversaciones con el juez, por un lado, y con la cúpula del Partido Popular, por otro, entre otros con Mariano Rajoy. No traspasé en ningún momento lo que pueden considerarse relaciones normales entre jueces y abogados. En éste caso, además, yo no era ni tan siquiera abogado personado en la causa. Por esta razón desde mediados de 2011 me mantuve alejado del caso. Sí es cierto que yo ya había adquirido un conocimiento preciso de las finanzas del Partido Popular e intuía la existencia de una  corrupción bastante extendida.

 

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las cantidades millonarias que el ex-tesorero tenía en cuentas en Suiza, decidí, a petición de El País,publicar un articulo explicando lo que sabia. La buena fe de quienes creímos en la limpieza de las cuentas populares había sido burlada. El artículo, que apareció en enero de 2013, tuvo una extraordinaria repercusión. Y a las pocas semanas este mismo diario publicó las fotocopias de los llamados “papeles de Bárcenas”. A partir de entonces el acoso de los medios de comunicación fue insoportable y no hice una sola declaración excepto a las que estuve obligado como testigo, primero en la Fiscalía Anticorrupción, y después en el Juzgado Central de Instrucción Numero 5 de la Audiencia Nacional. Mis únicas palabras hasta el día de hoy fueron y han sido: “He cumplido con mi deber”, el deber que tiene todo ciudadano de denunciar irregularidades manifiestas. Sobre todo, cuando como en mi caso, yo había sido portavoz del PP en la Comisión Constitucional encargada de reformar –intento fracasado entonces- la Ley de financiación de los partidos políticos.

 

Y, ¿ qué es lo que ocurre cuando un ciudadano cumple con su deber? Pues más o menos lo que me ocurrió a mí. Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona. Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio. En el plano personal, mi familia estaba asustada. Mis hijas, todavía menores de edad,  tuvieron que soportar como a su padre le insultaban públicamente en parkings y restaurantes. Las sombras de duda que habían calado sobre mi, eran de tal calibre, que mis hermanos y los pocos amigos que me quedaban empezaron a preguntarse cómo yo había sido tan iluso o si podía estar escondiendo la verdad.

 

Decidí entonces investigar qué tipo de protección legal tenía ante ésta situación angustiosa y si algún partido político estaba dispuesto a defenderme. Solo lo hizo UPyD, el partido de Rosa Diez y de Andrés Herzog, quien me propuso como experto en la Comisión para el estudio de la Reforma de la Ley de Regeneración Política. Yo estuve en todo momento dispuesto a explicar mis opiniones ante el Congreso de los Diputados. Primero porque  creía que podía contribuir a la regeneración democrática; y segundo porque creía importante clarificar la cuestión de las donaciones anónimas, que era uno de los meollos de la corrupción en el seno de todos los partidos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida quisieron que yo apareciese ante el Congreso; lo que querían era colocar a sus propios expertos y no escuchar a voces independientes como la mía.

 

Y ahora me preguntarán: ¿Y qué es lo que ha aprendido usted de todo esto? Las lecciones han sido múltiples: Cuando uno navega por aguas turbulentas tiene que saber dónde se mete y cómo salir. Yo me tiré con el corazón en vez de con la cabeza, lo cual es imperdonable en un abogado de mi experiencia. Debía haber diseñado una estrategia efectiva para que todo esto hubiese servido para cambiar algo, en vez de alimentar tertulias y chismorreos. También he aprendido que en los momentos difíciles uno está solo y que la solidaridad es un bien escaso. Y que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso y, a lo sumo, quienes se aproximan a ella, lo hacen desde la teoría, no desde la acción.  Son raros los que como Sócrates, dejan la piel. He aprendido  por último  que en la democracia hay territorios que solo se pueden explorar cuando uno está protegido por instituciones sólidas. Porque, sin ley que te proteja,  el “whistleblower” como Snowden, Assange o Falciani, en nuestro hablar hispánico el levantador de liebres, termina convertido en el saco de boxeo al que se dirigen todos los golpes.

 

Por último, se preguntarán porqué he tardado tres años en contar mi papel en esta historia. Pues por algo tan humano como es el miedo. Miedo que ahora ya no tengo pues me queda poco que perder después de haberlo perdido casi todo. Y si hoy escribo sobre esto es porque creo que, en este nuevo escenario político hay que conseguir cambiar la estructura, funcionamiento y financiación de los partidos para que sean verdaderamente participativos y tansparentes, pues de lo contrario la democracia seguirá perdiendo su valor.

 

¿Por qué cuando había más corrupción que ahora la gente no lo percibía?

   “España tiene un problema de corrupción que va resolviendo, pero tiene otro de incompetencia política que tardará un poco mas”

En el camino a la eliminación de la corrupción que estamos recorriendo de una manera más rápida de lo que percibimos, ayudaría mucho que cambiaran radicalmente de actitud los sectores de la información que han tenido un comportamiento profesional decepcionante sobre todo durante el período de la burbuja inmobiliaria, donde estuvo el epicentro de la reciente gran crisis y la corrupción.

Como muestra la tenemos en el texto que publicó la revista Capçalera del Col-legi de Periodistes de Catalunya de junio de 2013.” EL COLOR DE LA CORRUPCIÓN “, de Pablo Rey Mazón , en base al estudio de las portadas de los principales periódicos españoles. De esta publicación hacemos un pequeño resumen:

“Las portadas, son el lugar donde los periódicos condensan la información más importante del día. Las portadas del día siguiente están presentes en los informativos nocturnos de noticias de televisión y radio y en las conversaciones de Twitter de madrugada. La selección de noticias y su enfoque en portada configuran su línea editorial más casi que su línea editorial oficial”.

A través de estas portadas se llega a la conclusión de las grandes diferencias que recibe la misma corrupción y durante idéntico período (del 4 de enero al 8 de febrero de 2013) en los diferentes medios.

Porcentaje de superficie que cada periódico dedica por partido/institución sobre el total de artículos de dicho periódico sobre corrupción durante el periodo estudiado.

iborracuadrado“EL PAIS, dedica a la corrupción de media por día un 23%, con la siguiente distribución: un 80% para el PP y el resto se reparte un 20%. El rojo del PSOE, no aparece por ningún lado.

EL MUNDO, le dedica un 43%, al PP un 50%, 20% CIU y al PSOE, un 13%.

ABC, le dedica un 33%, con un amplio porcentaje dedicado al PP pero, en su mayor parte, para defenderlo.

Los periódicos catalanes tienen un menor espacio para la corrupción.

LA VANGUARDIA, un 18%, 75% al PP y el 25% repartido entre el resto.

Y, EL PERIÓDICO, le dedica a la corrupción un 22%, al PP el 50%, el 30% a CIU y un 5% al PSOE.

La conclusión no puede ser más crítica para sus compañeros de profesión: “casi todos dejan de cubrir, o lo hacen pero dedicándoles menos espacio, los casos de los partidos “amigos” o más afines. Sólo un ciudadano bien informado, con una dieta informativa que incluya todos los colores, podrá escapar de la visión partidista de un sólo periódico”

De todo lo que hemos leído sobre el tema nos ha llamado la atención , por su alto interés, el estudio publicado por el Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos I, Manuel Villoria y el profesor de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos” (Reis 138-abril-junio 2012). De este hemos tomado unas notas y recomendamos su lectura total.

A pesar de las dificultades para medir la corrupción pública, hay dos grandes sectores, la de los responsables políticos (corrupción política) y la de los funcionarios o empleados públicos (corrupción administrativa).

En cada nivel de gobierno existen unas áreas de riesgo. En el nivel central, la captura de las grandes decisiones económicas del Estado, especialmente en el ámbito regulatorio, espacio que puede compartir por nuestra descentralización, con las Comunidades Autónomas. Junto a ello, el área de riesgo fundamental son los grandes contratos de infraestructuras y las subvenciones. Además de lo anterior, para las Comunidades Autónomas hay un área de enorme riesgo, que es la regulación urbanística. Finalmente, en el nivel local, las áreas de riesgo se centran, sobre todo, en la contratación, en la concesión de licencias y en la gestión urbanística.

En cuanto a la medición, es también difícil pues actualmente hay más de 15 instrumentos de medición .En una estimación basada en las memorias de la Fiscalía General del Estado en el año 2010, de las casi 4.000 diligencias relacionadas con delitos contra la Administración Pública durante el periodo 2004 al 2009, es muy probable que apenas un 10% hayan llegado o lleguen a convertirse en acusaciones .En consecuencia, 400 casos en 6 años que llegarían a juicio oral. De los cuales no todos acabarán con sentencias condenatorias.

Las denuncias de la corrupción política son también parte de la política, voluntariamente o no. Por ello “aquellos que reportan o denuncian instancias de corrupción pueden ser opositores políticos del acusado con la intención de desacreditarlo: esos críticos de las practicas corruptas con frecuencia tienen otra agenda propia” (Sandholtz y Koetzle)

La corrupción es una cosa, los índices de la percepción de la corrupción, otra distinta. Diversos estudios demuestran que la percepción general de la corrupción está fuertemente influida por los escándalos y la cobertura mediática del tema.

Existe un problema de “retraso en los efectos” o “lag times” (Johnston). Cuando un gobierno persigue seriamente la corrupción se producen detenciones y escándalos políticos que generan una sensación de que hay más corrupción que cuando no se perseguía. De esta forma aumenta la percepción cuando empieza, probablemente, a reducirse el problema.

Los casos de corrupción que han salido en los medios y se han investigado provienen de la época anterior. La mayoría de los casos han estado muy vinculados al boom de la construcción y este había finalizado en el último trimestre de 2.007.

España no tiene una corrupción sistémica en la que los sobornos a los funcionarios son lo habitual. Por ejemplo, en América Latina la media de personas que reconocen haber pagado un soborno en el último año es de un 23% o en África subsahariana de un 56%. Los datos de España, de entre un 2 y 5% de pagadores, reflejan una Administración donde el pago de sobornos es lo excepcional y cercano a bastantes países europeos que tienen niveles de percepción bastante menores.

De los casos de corrupción importantes, la intervención funcionarial es muy minoritaria comparada con los 3.000.000 de funcionarios, un dato de 50 o 60 casos anuales no puede considerarse preocupante.

Sin embargo, la percepción ciudadana de corrupción en la Administración y la clase política es mucho más elevada de lo que los casos objetivos reflejan.

Los datos objetivos sobre la corrupción política, no obstante, tampoco dan la razón a las opiniones mayoritarias. De los 800 políticos imputados acabarán acusados en torno a 500. De un total de 70.000 políticos de las 3 Administraciones, 500 posibles acusados nos da un 0’7% de criminalidad.

Los datos objetivos nos dicen que la corrupción pública es mayoritariamente corrupción política y ella, se ha centrado, sobre todo, en el ámbito urbanístico y en las administraciones subnacionales, especialmente en la Administración local.

Sin embargo, en la percepción ciudadana se sanciona más al Gobierno nacional en las encuestas del CIS.

En los últimos 6 años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, en el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en 39 de ellos ha habido casos investigados estos últimos años.

Es en el ámbito del urbanismo y los permisos de construcción, donde los encuestados denuncian mayores demandas de soborno.”.

Acotado el problema y en base a los datos objetivos anteriores, al agotarse el período especulativo en el último trimestre del 2007, la corrupción tiene que haberse reducido en la misma proporción.

Si la corrupción era esencialmente de ámbito local, si se recuperan y se introducen nuevos sistemas de control sobre las áreas y la discrecionalidad municipal, una parte importante quedaría reducida.

Una actuación en este sentido y de interés general es la de la Fundación ¿HAY DERECHO? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores proponiendo medidas dirigidas a devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias y conseguir el apoyo y la supervisión, desde un nivel superior al municipal .

Si el grueso de la misma se generó en la burbuja especulativa y la percepción social era mínima, un 1% hasta 2009 ( dos años después de su desaparición) y actualmente es máxima, cuándo los datos objetivos la desmienten , es evidente que nuestros medios nos deben una explicación de esta enorme divergencia. Y esta se puede comprobar en los informes anticorrupción de la U.E. en la que destacan la desmesurada diferencia en España entre la gran sensación de corrupción ciudadana y los índices de victimación (si han vivido o han sido testigos de un caso de corrupción) que dan porcentajes parecidos a los europeos..

Aclarar esta contradicción es enormemente importante para la consolidación del sistema democrático, el respeto a los gobernantes y a los funcionarios, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, para la confianza y la calificación internacional, la atracción de las inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo, para la financiación exterior y su coste. Incluso, esta falta de rigor informativo, al deslegitimar el sistema democrático forjado en un complejo y exteriormente admirado proceso de transición, ha abierto las puertas a grupos con principios políticos predemocráticos y soluciones económicas obsoletas, propias de los sistemas políticos del tercer mundo referidos en el artículo anterior, que han llevado a los pueblos donde se han aplicado a la miseria, a la falta de libertades y a los puestos más altos de corrupción.

Si España está en la media y mejorando (ha pasado del 40 al puesto 37, con Israel, 175COUNTRIES, 175 SCORES 2014), con la reforma del marco legal en relación a la transparencia de la actividad pública y la penalización de la corrupción, la incentivación de la independencia y la celeridad de la justicia y de la policía, el control de la selección de funcionarios y de la discrecionalidad de los políticos, las políticas anticorrupción de la UE (ejemplo, GRECO…) y el despertar de la conciencia ciudadana sobre este tema, iremos corrigiendo este problema progresivamente .

Aunque en colectivos tan enormes siempre habrá personas que se salgan del guión.

Pero, si estos casos continúan saliendo en las primeras planas de los periódicos como la noticia más importante del día, la percepción de la corrupción se irá reduciendo lentamente, aunque los datos objetivos nos acerquen a Dinamarca.

Nuestros medios de comunicación tienen un gran reto para recuperar la credibilidad social.

Porque si está acreditado que la percepción de la corrupción va relacionada con su cobertura mediática ¿Por qué no la denunciaron en el periodo central de la misma? ¿Fue por interés o por ignorancia? ¿Como nos van a convencer de que la ignoraban cuando todo el mundo la conocía y no eran profesionales de la información? Por poner un ejemplo claro… ¿Que hicieron los medios catalanes para averiguar si era cierta la denuncia que hizo Maragall en el Parlament? Si hay periódicos o programas de TV que son incapaces de dedicar ni un pequeño porcentaje de su principal atención a la corrupción del “partido amigo” ¿Seguirán denunciando la corrupción cuando este partido acceda al poder? ¿La denuncia de la corrupción tiene por finalidad evitarla para la ciudadanía o reducir la cuota de votos del enemigo político? Y si el amigo es un incompetente ¿denunciarán la incompetencia o intentarán ocultarla o enmascararla buscándole un responsable anterior, interior o exterior a donde dirigir la frustración de la sociedad?

¿Por qué unas democracias tienen más corrupción que otras?

Aunque parezca un poco extraño a quienes confían, todavía, en la fiabilidad de nuestros medios de información en relación a sus denuncias de corrupción en este país, según el Índice de percepción de la corrupción en 2014 ( 175 COUNTRIES, 175 SCORES), España ha  mejorado 3 puestos pasando del 40 al 37, de los 175 países analizados. El primero es Dinamarca y detrás de nosotros están países próximos como Grecia e Italia, en el 69 y entre los últimos 15  más corruptos, están los “mediáticos”, Venezuela, en el 161 y Corea del Norte, el último con Somalia.

Si repasamos los países incluidos en la relación comprobaremos que no todos los países con democracia están agrupados en los primeros lugares.

En un artículo publicado el 18 de marzo de 1.994, en base a las reflexiones de Octavio Paz sobre los sistemas políticos del tercer mundo, en el periódico económico Expansión exponíamos que “la democracia es un instrumento que ofrece tantas caras como grados de desarrollo tengan los países donde está implantada. En las democracias de los pueblos poco desarrollados se dan, a menudo, características negativas que no se encuentran en las democracias maduras.

Desplazado el centro de la decisión política a la colectividad, la capacidad y la calidad del control de la gestión pública quedarán condicionadas por el bajísimo nivel de renta y de cultura de la población.

Dos notas diferencian las democracias de los países más desarrollados de los países del tercer mundo:

1-      La relación neutra entre el Estado y los ciudadanos, garantizada por la existencia de un Estado de Derecho que trata a todos por igual. En el momento que los ciudadanos se encuentren discriminados por el Estado, a causa de sus ideas, nos encontraremos ante un sistema democrático falsificado, ya que gran parte de las libertades quedarán cercenadas por este abuso de poder.

2-      La concepción que del Estado tenga la clase política dirigente. Mientras que en los sistemas políticos del tercer mundo las clases dirigentes consideran al Estado como su propiedad privada, en las democracias maduras, el Estado es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno. De manera que, si desvían hacia finalidades particulares o partidistas dinero común, la sociedad les retira la confianza política y les aplica un severo correctivo legal.

De ahí que la corrupción no sea extraña en la democracia de las sociedades poco desarrolladas mientras que los políticos corruptos son habitualmente separados de la política por las sociedades en las democracias maduras”

Pero, para ello, ha de cambiar el concepto de la lucha política de la sociedad. Si esta continúa pensando que, el que gana las elecciones tiene derecho a apropiarse del Estado como un botín de guerra como lo hacían los ejércitos en los períodos predemocráticos, la corrupción no quedará definitivamente erradicada.

Y si todos los partidos participan de esta practica medieval la corrupción se hará crónica , los que la critican intentarán hacerse con el botín en el relevo de la clase anterior y la ciudadanía asistirá perpleja a que lo único que ha cambiado es el perfil y el número de beneficiarios.

Relecturas de agosto: Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Corrupción en la FIFA: la dimisión del virrey Blatter

Como ya he comentado en algún otro post publicado en este blog (”Los “Estados fantasma” que rigen el fútbol internacional: FIFA y UEFA”), el fútbol internacional está controlado a nivel mundial por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), institución creada en 1904 como una asociación civil privada sujeta al Derecho suizo, ya que tiene su sede en la ciudad helvética de Zürich. La FIFA gobierna, a través de sus seis Confederaciones divididas por continentes, las Federaciones de fútbol de todo el planeta, que organizan y dirigen las competiciones nacionales (son órganos nacionales de naturaleza privada que ejercen funciones públicas de carácter administrativo; así lo reconoce en España el artículo 30.1 de la Ley 10/90, del Deporte), y también controla y organiza los Campeonatos del Mundo de fútbol en todas sus modalidades (ahora se está celebrando en Canadá el Mundial femenino, en el que participa la selección española por primera vez) lo que le permite manejar en la práctica un caudal económico impresionante basado, esencialmente, en la difusión multimedia de todos los derechos generados por el fútbol, tanto la autorización y distribución de imágenes, sonidos y otra información de los partidos que se juegan en todo el mundo como la gestión publicitaria y mercadotécnica del fútbol y de todos sus derivados. El artículo 71 de los Estatutos de la FIFA atribuye a la propia FIFA, a las Federaciones nacionales asociadas a ella, y a sus Confederaciones continentales, la propiedad exclusiva de todos los derechos derivados de las competiciones de fútbol, sin restricciones en cuanto al contenido, tiempo, lugar o legislación.

Los organismos rectores del fútbol internacional se crearon y han permanecido largos años regidos por un ordenamiento autónomo, cerrado y vinculante para todos sus miembros, desconectado del sistema general de fuentes de los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales, y han conseguido hábilmente dotarse de un “status” normativo y jurisdiccional paraestatal, ajeno en principio a casi cualquier control. O sea, un auténtico virreinato independiente “de facto”. De hecho siempre han sostenido con gran habilidad para sus propios intereses que, al tener su sede en Suiza, sólo los Tribunales suizos, en su caso, podían analizar y controlar la aplicación de sus Normas y Reglamentos.

Habiendo permanecido sorprendentemente en ese “limbo” legal largas décadas, en tiempos más recientes se han producido algunos conflictos importantes con organismos internacionales, especialmente de la Unión Europea (el famoso caso “Bosman” resuelto por el TJUE en 1995, o las sanciones de la Comisión a algunos Clubes españoles por razones de las ayudas públicas o su política de fichajes de menores de edad). Y, más recientemente, una investigación federal por corrupción procedente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha causado hace escasos días la dimisión, a los cuatro días de haber sido reelegido por el Congreso de delegados de FIFA reunido en Zürich, de su inefable Presidente Joseph Blatter -de 79 años de edad y con 17 años en el cargo- uno de los más poderosos dirigentes mundiales de los últimos veinte años si nos atenemos a su capacidad de influencia política, mediática y sobre todo económica. La misma semana del Congreso de la FIFA convocado para la elección de su Presidente, la policía había detenido a siete de sus altos cargos, entre ellos dos Vicepresidentes y estrechos aliados de Blatter, por corrupción económica especialmente centrada en la elección de diferentes sedes para los campeonatos mundiales de fútbol, unos ya celebrados (Sudáfrica 2010, en el que España fue campeona) y otros por celebrar (Rusia 2018 y Qatar 2022). Al parecer, el blanqueo ingente de capitales, el mercadeo con automóviles de alta gama y los lujos de todo tipo financiados con dinero de FIFA ha llegado a alcanzar prácticas “desenfrenadas, sistémicas y arraigadas”, según fuentes de la investigación estadounidense. Todo ello muy ejemplar en un organismo que fomenta y defiende en todo el mundo la práctica del deporte rey….

La verdad es que Blatter, aunque muy respaldado en el interior de FIFA por una bien elegida y mejor gratificada guardia pretoriana, ha contado en los últimos años con cada vez menos apoyos, tanto de dirigentes políticos y deportivos como de patrocinadores (que tanto dinero suministran al fútbol), aunque algunos de sus principales sustentos han sido el Presidente ruso Vladimir Putin (por razones obvias, ya que no quería perder la organización del Mundial de 2018 concedido a su país de una forma que ahora está siendo investigada) y las Federaciones de Fútbol de Francia (próxima organizadora de la Eurocopa 2016) y de España, con su eterno Presidente Ángel María Villar a la cabeza, uno de los hombres fuertes de la organización. Éste último había quedado bastante en evidencia hace escasas fechas al haber respaldado públicamente la honorabilidad de Blatter pocos días antes de producirse su dimisión tras anunciarse la investigación por presunta corrupción.

Por otro lado, los gobiernos del Reino Unido, Alemania, la propia Francia, los Estados Unidos y la Unión Europea habían hecho recientemente manifestaciones públicas, más o menos contundentes,  exigiendo no sólo un cambio de Presidente, lo que ahora se revela de todo punto insuficiente, sino una profunda renovación en la FIFA y en todas las demás estructuras que controlan el fútbol mundial. También algunos de los más importantes patrocinadores de dicha organización, como las multinacionales Castrol, Johnson & Johnson, Continental, Emirates o Sony, han ido abandonando su patrocinio a FIFA en los últimos tiempos por las sospechas generalizadas de corrupción lo que, unido a las reticencias manifestadas por otras grandes marcas como Visa o Coca Cola, pone en una situación comprometida las hasta ahora florecientes finanzas del gran organismo rector del fútbol mundial.

Vamos a ver qué da de sí finalmente esta investigación, ya que parece ser que lo conocido hasta ahora no es más que la punta del iceberg. Si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con ayuda de sus aliados europeos y en su caso de las autoridades suizas –recordemos que es el país donde la FIFA y la UEFA tienen su sede-, se afana de verdad en llegar hasta el fondo del funcionamiento real de estas instituciones, no duden ustedes que lo vivido en los últimos tiempos en nuestro país puede parecernos irrisorio ante algo que, aunque sólo sea por los ingentes caudales manejados, las décadas que llevan estos organismos en ese “limbo”legal y jurisdiccional que les sustrae en la práctica a cualquier control, y los peculiares y “austeros” hábitos de vida de los personajes de los que estamos tratando, puede ser “la madre de todas las corrupciones”.

 

Regeneración municipal. El artículo publicado por nuestro colaborador, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en El País.

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

¿Debería restituir Esperanza Aguirre todo lo robado (presuntamente) por sus subordinados?

Uno de los motivos que parecen justificar la fidelidad de muchos votantes del Partido Popular a Esperanza Aguirre, pese al saqueo producido en las arcas públicas madrileñas por el partido que ella dirigía y por sus subordinados (listados aquí y aquí), es la creencia de que, como no robó directamente para sí, no es culpable ni responsable de nada. Es evidente que desde el punto de vista político esta opinión es insostenible (lo hemos tratado antes aquí), pero como este es un blog jurídico, en este post quiero estudiar el tema –no desde la perspectiva del Derecho positivo, algo bastante aburrido que no preocupa a casi ningún elector- sino desde el punto de vista del Derecho natural; algo que al votante tradicional del PP le debería sin duda importar.

Antes de que pongan los ojos como cuadros he de advertirles que este tema se trató específicamente por la primera escolástica, concretamente por el mismísimo Santo Tomás de Aquino en la quaestio 62, 7 de la Summa Theologica, bajo el rótulo Utrum illi qui non acceperunt teneantur restituere, que podemos traducir como “Si los que no han recibido nada están obligados a restituir”.

Como es habitual en el método escolástico, Santo Tomás comienza formulando la dificultad principal (que podríamos resumir como “tesis a favor de Esperanza Aguirre”): “Parece que los que no recibieron no están obligados a restituir. La restitución es cierto castigo del que sustrajo. Ahora bien, solo el que pecó debe ser castigado. Luego solo debe restituir el que tomó algo.”

Creo que la tesis favorable no se puede sintetizar con mayor elegancia. Dado que Esperanza Aguirre no sustrajo para sí, no pecó (no es culpable), luego no debe restituir (no es responsable), e implícitamente es elegible.

A continuación Santo Tomás, siguiendo escrupulosamente el método, formula la tesis opuesta (que podemos llamar “tesis en contra de Esperanza Aguirre”): “Dice el Apóstol (Rom. I): Dignos de muerte son, no tan solo los que hacen estas cosas, sino también los que consienten a los que las hacen. Luego por igual razón deben también restituir los que consienten.”

La respuesta parece contundente e inapelable, pero fijémonos en la expresión “los que consienten a los que las hacen”. ¿Qué alcance tiene? O, por plantearlo en términos modernos, ¿alcanza a la culpa (descuido) o solo al dolo (connivencia)? Pues bien, gran parte del respondeo dicendum de Santo Tomás en esta quaestio va a girar sobre esta problemática.

Siguiendo los pasos de su maestro Aristóteles, Santo Tomás comienza formulando un principio fundamental: “está obligado a la restitución todo el que es causa de una sustracción injusta”. Y esto puede acontecer de dos modos, directa o indirectamente. Directamente, cuando uno induce a otro a apoderarse de algo, e indirectamente, cuando no se impide lo que se puede o debe impedir, ya omitiendo el mandato que reprimiría el hurto, ya negando el auxilio con el que podría evitarse, ya ocultando el hecho acaecido.

Parecería que en el caso de Esperanza Aguirre nos tendríamos que circunscribir al examen de la causa indirecta. Sin embargo, incluso esto es discutible, porque entre las modalidades de causa directa el Aquinante contempla tres: el mandato a la sustracción, el auxilio al sustractor y,  respecto de la cosa sustraída, la participación en el hurto o rapiña. No olvidemos que entre los actos de Esperanza Aguirre está el apoyo incondicional a Granados (auxilio al sustractor), entre otros, y el escándalo Fundescam de financiación ilegal del partido a cambio de contratos (participación en el resultado del hurto, en cuanto le ayudó a ganar las elecciones de 2004).

Pero, concretamente, al analizar el caso de los políticos, Santo Tomás se centra en la causa indirecta y afirma lo siguiente: “Tiene también que restituir quién no impide el hurto siendo su deber impedirlo, como los gobernantes, que están obligados a custodiar la justicia, y si por su descuido se multiplican los ladrones, han de restituir; porque las asignaciones que disfrutan son como estipendios instituidos para que mantengan la justicia en la tierra”. Y un poco más adelante: “(es cierto) que no siempre el que no descubre, impide o reprende al ladrón está obligado a restituir, sino solamente cuando le incumbe por su cargo, como los gobernantes, quienes por hacerlo no correrían gran peligro, ya que disfrutan de la potestad pública para ser los guardianes de la justicia”.

Creo que es difícil exponer el argumento con mayor precisión técnica: los gobernantes tiene una responsabilidad con la justicia (en nuestro caso, un deber de tutelar los fondos públicos) a cambio de unas prerrogativas y prebendas. Si incumplen esa responsabilidad (y la incumplen cuando el resultado es tan absolutamente calamitoso como en el caso de Esperanza Aguirre), son causa indirecta del hurto y surge un deber de restitución a los damnificados (los contribuyentes) por exigencia de la justicia conmutativa.

Por tanto, frente a la primera dificultad enunciada, Santo Tomás advierte “que no solamente peca el que ejecuta el pecado, sino también el que de cualquier modo es causa del pecado” (etiam qui quocumque modo peccati est causa).

Podemos concluir, en consecuencia, de que al menos desde esta perspectiva escolástica del Derecho natural –absolutamente ortodoxa desde el punto de vista católico- Esperanza Aguirre ha pecado (es culpable) y debe restituir (es responsable), por lo que hasta que lo haga no sería propiamente elegible, quod erat demonstrandum.

 

Sed contra

No obstante, cabría alegar otra dificultad, imposible de apreciar en esa época para el Aquinante: la posibilidad de la absolución democrática. Pese que Esperanza Aguirre ha pecado y debe restituir, ¿puede una mayoría de damnificados (los contribuyentes/electores) absolverla de ese pecado y renunciar a la exigencia de responsabilidades mediante su nueva elección?

No soy teólogo, pero si hemos de consultar a los geniales teólogos-juristas de nuestra segunda escolástica, la absolución del pecado requiere reconocimiento de la falta y acto de contrición (arrepentimiento), que no cabe presumir si no hay –precisamente- restitución. En este punto citaban la autoridad de San Agustín (Epistola ad Macedonium) que entendía que la penitencia y la remisión de los pecados solo era posible cuando se realizaba la restitución (non remittetur peccatum, nisi restituatur ablatum, que podríamos traducir libremente como, “no se absuelven los pecados si no devuelves los ducados”) y que tuvo una enorme influencia en todo el mundo cristiano, hasta el punto de que el requisito fue recogido expresamente en el Decreto de Graciano (C.14,q.6,c.1). En nuestro caso podemos concluir, entonces, que la absolución de Esperanza Aguirre exigiría como requisito previo el reconocimiento de la falta y la consiguiente renuncia a concurrir a las elecciones o, al menos, la restitución.

¿Pero qué ocurriría entonces si, sin cumplirse estas exigencias, se presentase y fuese elegida? Pienso que desde el punto de vista de la restitución, se produciría claramente una condonación de esa obligación, por concurrir al efecto el consentimiento del perjudicado. Esto me parece incuestionable. Ahora bien, desde el punto de vista del pecado, conforme a los principios y argumentos expuestos, nada cambiaría en lo que hace a la candidata, pero se produciría un efecto muy interesante por lo que se refiere a los electores. Sobre este tema ya tuve la oportunidad de reflexionar desde el punto de vista político-moral en un artículo publicado hace algunos años en Claves de Razón Práctica (¿Son elegibles los políticos imputados? Una responsabilidad compartida). Pero ciñéndonos al tratamiento teológico-jurídico del asunto, no cabe duda de que en este caso nos encontraríamos ante un caso de complicidad en el pecado, y ni siquiera por vía indirecta, como en el propio caso de Esperanza Aguirre, sino directa. Efectivamente, recordemos que la segunda modalidad de causa directa la formula Santo Tomás en relación al sujeto que ha pecado, señalando que se participa con él en el pecado cuando, sin concurrir previo arrepentimiento,  “se le acepta o de alguna manera se le auxilia”. Y creo que no cabe ninguna duda de que a Esperanza Aguirre se le acepta, y se le auxilia bastante, si la sentamos en el sillón como alcaldesa de Madrid.

En conclusión, si Esperanza Aguirre es elegida desaparece su obligación de restitución y los electores se hacen cómplices de sus faltas. Mal negocio, sin duda alguna, que, ahora sí,  quod erat demonstrandum.

Corrupción en la educación, ¿se puede caer más bajo?

En la larga lista de episodios de corrupción destapados en los últimos años hemos podido comprobar cómo ésta ha extendido sus tentáculos a las más diversas actividades económicas y sociales. Desde la formación para parados (Caso Edu) hasta el ámbito cultural (Caso Palau), pasando por actividades clásicas ligadas a grandes infraestructuras (Caso Palma Arena), parece que ninguna actividad se libra del estigma de la corrupción. De hecho, sería muy enriquecedor un estudio exhaustivo de los casos de corrupción con el fin de comprobar si hay alguna actividad económica o social libre de corrupción, lo que sin duda resultaría ser una magnífica noticia. Parafraseando a Diógenes, podríamos salir con nuestro candil encendido buscando “actividades honestas no afectadas por la corrupción”.

Una de las últimas actividades en caer en las redes de la corrupción ha sido la educación primaria y secundaria. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Púnica ha desvelado una nueva trama que se aprovechaba ilegalmente del auge de la educación concertada en la Comunidad de Madrid.

En esta Comunidad Autónoma la educación concertada ha sido utilizada como bandera de liberalismo, ofreciendo a los padres, o más bien a aquellos que pueden permitírselo, diversas opciones a la hora de educar a sus hijos. Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión – garantizar la pluralidad de opciones educativas -, lo que no parece haber funcionado son las formas.

Detrás de la educación concertada existen fuertes intereses económicos que en numerosas ocasiones se anteponen a la calidad de la enseñanza. En el caso de los colegios concertados que se han creado en el entorno de la Operación Púnica se han dado todos los ingredientes para que la educación quede en un segundo plano por detrás del negocio fácil. El sistema era muy sencillo: los ayuntamientos implicados cedían terrenos públicos a precios irrisorios a empresas intermediarias en teoría educativas que se encargaban de construir el colegio y de constituir cooperativas de profesores, que eran los que finalmente pagaban la construcción con las desorbitadas cuotas de entrada a la cooperativa. Obviamente el colegio se edificaba con el constructor amigo del político que cedía los terrenos, mientras que el político regional, a su vez amigo también del político local y del constructor, mediaba para la concesión del concierto por parte de la Comunidad de Madrid. La empresa agradecía los servicios prestados con millonarias comisiones camufladas como pagos por servicios de consultoría a todos los participantes en la operación: políticos y constructor. Una vez más se unen todos los elementos tradicionales de la corrupción (“regalo” del suelo público, constructor sin escrúpulos, comisiones), esta vez con la excusa de la educación.

¿Y la preocupación por la educación? Ni está ni se la espera. En el fondo se han aprovechado de la lógica preocupación de los padres por la educación de sus hijos para llenarse los bolsillos mediante la construcción de infraestructuras educativas de dudosa necesidad. Si me permiten la expresión, la empresa Alfedel, presunta pagadora de las comisiones a David Marjaliza,cerebro de la trama, construía los colegios concertados “como churros”, sin ofrecer ningún elemento diferencial que mejorase la calidad de la enseñanza respecto a los centros ya existentes en los municipios afectados.

El desprecio por la educación queda también patente cuando se comprueba el papel reservado para uno de los agentes clave del proceso educativo, maestros y profesores, convertidos en los paganos de la fiesta. Desesperados ante la falta de salidas profesionales, en gran parte motivada por el cerrojazo en la contratación en la educación pública, maestros y profesores optaban por endeudarse hasta límites insospechados para hacer frente a las cuotas de entrada (de varias decenas de miles de euros) de las cooperativas educativas, destinadas en su integridad a costear las obras de construcción, y de paso las comisiones para todos los participantes en la operación.

Este triste ejemplo muestra lo poco que interesa la educación a la clase política, que la utiliza para sus intereses partidistas, véanse las diferentes leyes de educación promulgadas, reformadas y vueltas a reformar por los diversos gobiernos de nuestra joven democracia, o, mucho peor aún, para obtener beneficio económico mediante prácticas corruptas. Estas prácticas lo único que alientan es la recuperación de la estéril discusión entre la escuela pública y la concertada, olvidando que el verdadero objetivo debería ser la mejora de la calidad educativa, aspecto que en este año electoral no parece tener de momento una relevancia especial en las diversas propuestas políticas.

Los bonobos, el Estado de Derecho y las multinacionales en España

Sabemos por el famoso primatólogo Frans de Waal que la justicia (la moral, la equidad) es biológica. Más que un constructo cultural o religioso (que también), la justicia está inscrita en nuestros genes de primates que compartimos con chimpancés, bonobos o macacos.

Pero también somos tramposos. Buscamos el interés individual y no nos importa mentir, engañar o ser injustos con tal de conseguir nuestros objetivos.

Al principio todo era más fácil, los seres humanos vivíamos en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores donde todos se conocían y mantener el orden era relativamente simple. Fue con el desarrollo de la agricultura que nuestra especie se hizo sedentaria y comenzó a construir ciudades cada vez más grandes. La ley escrita se hizo necesaria.

Somos una especie que, conocedora de sus defectos, se impone mandamientos. Necesitamos alguien que nos vigile. Como no nos fiamos de nosotros mismos nos dotamos de reglas y normas que nos dificulten realizar comportamientos inadecuados. No es casualidad que nos haya llevado cerca de 100.000 años el esfuerzo civilizatorio de desarrollar la democracia y el estado de derecho.

En el terreno empresarial, que es el ámbito en el que plantean las propuestas de este artículo, las normas y su efectividad son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos, la libre competencia y la meritocracia que deberían estimular el ingenio y promover el crecimiento económico y el empleo que tanto necesitamos.

La democracia española es joven, también los son las multinacionales españolas, al menos tal y como las entendemos hoy en día.

Nuestro tejido empresarial se ha desarrollado tradicionalmente alrededor del poder y sólo recientemente hemos creado grandes compañías multinacionales que se encuentran entre las mejores del mundo en los sectores de las comunicaciones, las finanzas, la energía, la moda o las infraestructuras.
Sin embargo, no siempre hemos sabido romper el lazo con el poder ni garantizar un mercado donde prime el mérito.

Desde aquellos empresarios de la transición que registraban a sus mujeres como empleadas del hogar para asegurarse las prestaciones sociales al encarcelado ex presidente de la CEOE o a servidores públicos, por todos conocidos, encausados por adjudicar contratos a empresas a cambio de prebendas económicas, parece que no hemos aprendido nada.

¿Sigue siendo nuestro capitalismo “castizo”, no meritocrático?, ¿cómo podemos mejorar la calidad institucional de nuestras empresas y promover así un modelo más cercano a determinados países de nuestro entorno con comportamientos más éticos, que recompensan la valía y no la cercanía al poder?
La tesis de este artículo es que, en efecto, hay mucho que aprender, que existe otra forma de hacer las cosas y que el camino a seguir nos lo muestran, en muchos casos y en contra de algunos prejuicios muy extendidos, las grandes compañías multinacionales que triunfan en un mundo globalizado.

Las empresas extranjeras, representando menos del 1% del total, dan cuenta de un tercio del volumen de negocio nacional y emplean a más de 1,2 millones de personas (datos de 2012, Secretaría de Estado de Comercio).

Son empresas que, por su configuración y plena integración en las cadenas globales de valor, se encuentran sujetas a tres fuerzas de una influencia imponente:
• En primer lugar, una regulación eficaz, fundamentalmente de origen norteamericano, surgida como respuesta a los escándalos financieros ocurridos en los últimos años de la década de los noventa del pasado siglo y en los primeros años del actual.
• En segundo lugar, la creciente importancia que, para los resultados empresariales, tiene el mantenimiento de la reputación en el actual contexto globalizado de comunicaciones instantáneas.
• Por último, la aparición de un nuevo espíritu que pudiera estar orientando la actividad empresarial y que tiene como manifestación más conocida el desarrollo de la responsabilidad social en las empresas, pero también está presente en el surgimiento de nuevas perspectivas acerca del mundo de la gestión y sus objetivos, como tal, la del valor compartido del otrora gurú de la estrategia Michael Porter.

Como manifestación de la primera fuerza, baste mencionar la Ley Sarbanes-Oxley, de EE.UU., que fue publicada en 2002 con el objetivo de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa y mejorar las prácticas de gestión empresarial. Esta Ley supuso el inicio de una corriente regulatoria posterior del gobierno corporativo. Algunas de las medidas concretas de obligado cumplimiento son: la certificación de los informes financieros, los controles internos o la realización de auditorías externas independientes. Igualmente, la regulación introdujo sanciones, en algunos casos muy relevantes, ante su incumplimiento.

En este contexto de control y transparencia en un mundo globalizado e interconectado, surge la reputación de las compañías como un valor intangible crítico, su fondo de comercio, y ello convierte la responsabilidad social corporativa en un elemento tractor de los negocios recogido en la publicación de las memorias anuales. Vemos a empresas haciendo donaciones, creando fundaciones, patrocinando actos sociales.

¿Lo hacen por un impulso altruista fruto de nuestra justicia biológica? No. Lo hacen porque persiguen su propio interés y beneficio. Porque compiten en un entorno que se ha dotado de las normas adecuadas de transparencia, control y comunicación y que ha erigido la reputación como un elemento clave de supervivencia empresarial.

Es el capitalismo de la transparencia frente al capitalismo “de amiguetes”.

Con el fin de obtener y mantener una buena reputación, las empresas definen un diseño institucional que tiene en cuenta dos componentes básicos.

El primero es el establecimiento de unos principios éticos que sienten las bases del comportamiento de la organización. En España esto lo hemos sabido hacer muy bien. Ya no hay empresa que no tenga pinchado en la pared el poster con los principios éticos de la compañía. El problema es que ahí se quedan, colgados de la pared junto al calendario del año pasado.

¿Qué se les escapa?

Fundamentalmente la traducción de ese código ético (tan bonito en el afiche) en normas y reglamentos de obligado cumplimiento en todos los ámbitos de la vida organizativa, diseñados de tal manera que resulte si no imposible, al menos muy difícil eludirlos. A continuación enumeramos algunos ejemplos aplicables a diferentes ámbitos de la actividad empresarial:
• Los empleados: creación de la figura del “mentor”, persona que, fuera de la línea de mando del empleado, se encarga de velar por su desarrollo profesional y de intervenir en caso de conflicto sin otro interés que el de cumplir con su propio cometido como “mentor”.
• Los proveedores: procedimientos de homologación de empresas subcontratistas independientes, muchas veces localizados en espacios geográficos distintos y con procedimientos de interlocución gestionados a través de Internet. Son procesos despersonalizados y totalmente desconectados de los intereses de negocio del solicitante con el objeto de comprobar la solvencia financiera y la reputación de las empresas con las que se trabaja, al tiempo que se garantiza la inexistencia de conflictos de intereses en las contrataciones.
• Los competidores: prohibición de compartir información sensible y de contratar personas de la competencia con el único objeto de acceder a información confidencial de otras compañías, una vez más mediante procedimientos de autorización gestionados por unidades no imbricadas en la cadena de toma de decisiones de negocio.
• Los clientes: autorización previa y control de regalos o comidas con clientes, principalmente si se trata de cargos o empleados públicos, siempre mediante procedimientos despersonalizados y desconectados de la organización ante la que se responde de manera directa, además de estar soportados por procedimientos de análisis de perfiles y comportamientos atípicos que desencadenen auditorías internas periódicas.
• La sociedad: prohibición de realizar trabajos en países corruptos, dedicación de recursos financieros y humanos a obras sociales, etc.

Podríamos escribir otro artículo de malas prácticas de las empresas multinacionales, no pretendemos hacer una defensa sin matices, tan sólo queremos destacar aspectos que, por positivos, consideramos debieran ser emulados por muchas empresas españolas.

Tenemos un sentido natural de la justicia pero, por encima de ello, buscamos nuestro interés personal. Esto puede encauzarse por vías equivocadas (corrupción) o por medios que, con todos los matices que se quiera, nos beneficien a todos: estado de derecho, meritocracia, reputación, libre competencia, normativa anticorrupción. Las personas no somos más o menos éticas en función del país en el que vivimos o la empresa en la que trabajamos, lo que nos diferencia son las instituciones, las normas que nos imponemos y la efectividad de las mismas.

Pedro Blanco y Manuel Torres, consultores

BIBLIOGRAFÍA:
Qué hacer con España, César Molinas
El declive de los dioses, Mariano Guindal
Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson
El bonobo y los diez mandamientos, Frans de Waal
Creating shared value, Michael Porter

Reproducción del artículo en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez: De la corrupción del lenguaje al lenguaje de la corrupción

 

En su fundamental libro “LTI La lengua del tercer Reich” el filólogo judío Otto Kemplerer analiza la importancia que tuvo para la imposición de un régimen totalitario la perversión del lenguaje donde el significado de algunas palabras se alteraba sistemáticamente. Así los “héroes” podían cometer todo tipo de atrocidades en una guerra de agresión sin que sus compatriotas dudasen de su comportamiento. De la misma forma, Wiliam I. Shirer en su “Berlin Diary” comentaba que la propaganda de Goebbels era tan efectiva que los habitantes de Berlín podían pasar por delante del cráter causado por una bomba en el Tiergarten sin notar nada raro, dado que la versión oficial insistía en que no había caído ninguna en el centro la capital. Sin ánimo de pretender banalizar el nazismo, ni mucho menos de comparar la corrupción política con el totalitarismo, sí creo que es importante destacar en qué medida la corrupción del lenguaje político y jurídico que venimos padeciendo en relación con las tramas de corrupción organizada que nuestros tribunales de Justicia van descubriendo contribuye inevitablemente a degradar y deslegitimar todavía más el “régimen del 78” y a alejar a la ciudadanía de unos representantes cuyo lenguaje ya no es compartido.
No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que con el retorcimiento del lenguaje (esas “indemnizaciones en diferido”, esos partidos que son “los principales perjudicados” por la recaudación ilegal de fondos por parte de sus propios tesoreros, esos “recibís” que se firman sin recibir nada, esas “causas generales” en que se convierten las concienzudas instrucciones judiciales que les incomodan etc, etc) los políticos pretenden, pura y simplemente, echar balones fuera eludiendo sus responsabilidades políticas en los escándalos de corrupción. Sobre todo en un año electoral en el que parece que, por fin, la corrupción sí importa y puede empezar a pasar factura. El problema de fondo es que dado que nuestros gobernantes desde hace muchos años han optado por identificar responsabilidad política con responsabilidad jurídico-penal cuando terminan llegando los procesos penales -y más si lo hacen en mal momento- hay que sacar todo el armamento disponible incluido, claro está, el de la perversión del lenguaje.
Ya se trate del caso de la financiación irregular del PP conocido como el caso Bárcenas o de cualquier trama de corrupción (Gurtel, Púnica, Pokemon, ERES, Brugal, las andanzas de la familia Pujol o tantos y tantos otros menos vistosos) el argumento utilizado es siempre el mismo: la culpa es de unas pocas personas particulares, de unos aprovechados que “no han estado a la altura” y han abusado de la ingenuidad y la buena de los líderes que misteriosamente nunca saben, nunca ven y nunca oyen aunque lleven décadas dedicados a la política y al partido e incluso reciban denuncias sobre casos concretos.
Claro está que para defender esta tesis que desafía tan abiertamente los hechos conocidos y hasta el sentido común es preciso retorcer los conceptos y las palabras hasta extremos insospechados. Esto es especialmente cierto en el caso de los conceptos jurídicos, dado que como es lógico solo los especialistas pueden entender hasta qué punto se desvirtúan cuando se habla de una indemnización laboral en diferido, de “recibís” firmados que se asegura no responden a ninguna entrega o de sujetos que pretenden personarse como acusaciones particulares cuando sus intereses coinciden con los del imputado o acusado, por no hablar de aquellos casos en que se niega la evidencia como ocurrió con el intento de soborno de un concejal de la oposición por el todavía alcalde de Boadilla que había sido grabado. De esta forma desaparece la posibilidad de realizar un diagnóstico correcto de la situación y de debatir con rigor las posibles medidas para luchar de verdad contra la corrupción, lo que permite sospechar que no hay una auténtica voluntad política de poner fin a la corrupción sistémica
En realidad, llegados a este punto más que de retorcimiento del lenguaje podríamos hablar pura y simplemente de insulto a la inteligencia. Pero creo que es muy importante denunciar el riesgo que supone para el debate público una manipulación del lenguaje que consigue que las palabras tengan un significado diferente para el emisor (el político acosado por los casos de corrupción) y para el receptor (el ciudadano) Por poner un ejemplo claro, parece que el verbo “mentir” tiene ahora mismo un significado muy distinto para la clase política y para la ciudadanía. El Presidente del Gobierno en su ya famosa comparecencia del 1 de agosto de 2013 afirmó en el Parlamento que en su partido no había caja B pero ahora parece que tanto el Juez, como el Fiscal como la Abogacía del Estado creen que sí que la hubo, por no mencionar las declaraciones del directamente responsable de su mantenimiento, el ex tesorero Bárcenas al que según la tesis oficial no podemos creer porque es un “presunto delincuente”.
Lo grave es que no tengo ninguna duda de que el sr. Rajoy, su Gobierno y una parte considerable de los cargos del PP consideran que no mintió al Parlamento, por mucho que los ciudadanos creamos lo contrario. Como tampoco tengo dudas de que Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de Madrid y ex presidenta de la Comunidad Autónoma bajo cuyo mandato florecieron las tramas de corrupción con ex vicepresidente en la cárcel inclusive (tramas que han continuado, todo hay que decirlo, bajo la presidencia de su sucesor) considera que ella fue la que las “destapó” y persiguió. Claro que también considera que es “liberal” pese a las prácticas clientelares que caracterizan a su partido en Madrid o que no se fugó de los agentes de movilidad en el famoso incidente del carril-bus de la Gran Vía. Otra cosa es lo que piensa el ciudadano informado.
Sin duda, otras palabras que tienen un significado distinto para políticos y ciudadanos son los de ciudadano ejemplar, molt honorable o empresario ilustre, especialmente a medida que los así calificados van sucumbiendo en las distintas tramas judiciales. Lo mismo cabe decir del adjetivo “independiente” o “neutral”, dado que parece claro que gobernantes y gobernados entendemos cosas distintas cuando se aplican, por poner un caso, a presidentes de organismos reguladores o de organismos constitucionales con carnet del partido que les nombra. Y en cuanto al prestigio y el mérito, basta por repasar las personas que tienen el reconocimiento oficial del “establishment” patrio (básicamente las que ocupan cualquier tipo de cargo relevante, con independencia de su trayectoria intelectual, profesional y hasta procesal) para hacerse una idea de la distancia que hay entre unos y otros.
Pero la cosa lamentablemente no termina aquí. Para no aburrir al lector, y dado que en nuestro mundo un audio vale más que mil palabras, puede resultar interesante escuchar las grabaciones de las conversaciones de algún imputado en una trama de corrupción. Hay muchas disponibles por motivos que convendría averiguar. Conversaciones como la de la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, “reimputada” en el caso Brugal con el igualmente imputado constructor Enrique Ortiz son muy ilustrativas. Aunque quizá la sorpresa por el tipo de lenguaje utilizado provenga, en mi caso, de que no he visto los Soprano. En todo caso, resulta muy preocupante que una persona que ha ostentado hasta hace muy poco tiempo responsabilidades institucionales en un Ayuntamiento importante compartiendo eventos incluso con el Rey y el Presidente del Gobierno hable -aunque sea en privado- como el protagonista de una película de gángsters.
Y si creen que hay mucha diferencia entre este tipo de lenguaje y el que utilizan nuestros gobernantes todavía en activo ya les prevengo que de la corrupción del lenguaje al lenguaje de la corrupción va muy poco trecho. Por eso conviene estar muy atentos a la forma en que nos hablan y exigir que el lenguaje se utilice con propiedad, con honestidad y sin tergiversaciones no vaya a ser que la conversación pública acabe degenerando en una conversación de mafiosos.

Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación

En el repaso regeneracionista que este blog está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.  Y la frase no venía, precisamente,  de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.

En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de las disfunciones,  imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro sistema político.  Pero, asumido lo anterior, es también necesario comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación, especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas consecuencias para todos nosotros.

Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad” en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico” como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza, sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio, televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras, cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador” (el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus “controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.

Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional, especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso. Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario: los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las circunstancias económicas actuales les han convertido en el  “partido de los recortes”, de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación, resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que, como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos, sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional, no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.

Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente. Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué podemos hacer para corregirla?

 

La persecución selectiva como otra forma de corrupción

Estamos pasando una época especialmente convulsa y desasosegante en este país en el que nos ha tocado vivir, a la mayoría, por desgracia, sin poder elegirlo. La oscura financiación de los partidos políticos, la aguda crisis separatista en Cataluña con el esperpento del referéndum ilegal, la corrupción política que nos rodea por doquier, el impresentable escándalo de las tarjetas “black” de los amigos del Sr. Blesa, las múltiples hazañas de la familia Pujol, los dineros derrochados por los sindicatos en cursos de formación y otras poco edificantes actividades, la imputación de la Infanta Cristina, las cuentas de algunos golfos en paraísos fiscales, los negocios y viajes de placer de otros con dinero público, y bastantes otras miserias que van apareciendo a diario en los medios de comunicación están generando en los ciudadanos de a pie una sensación de hartazgo y de saturación ante los políticos y la política que no se había conocido en España desde la restauración de la democracia.

Frente a todo ello están produciéndose, de forma bastante visible y simultánea, dos fenómenos reactivos: Por un lado, la desafección general de los ciudadanos ante la clase política en general, es decir, ante la “casta” que nos ha gobernado con alternancia en los últimos 30 años, que da lugar a la búsqueda desesperada de alternativas ajenas al sistema, de ahí el auge espectacular del inquietante fenómeno “Podemos”; por otro lado surge también una importante reacción defensiva de la “casta” gobernante, temerosa de perder sus privilegios, que trata de escenificar y vendernos a todos un mayor vigor y rigor en la lucha contra la corrupción política y económica. De ahí que empecemos a ver, en los últimos tiempos, algunos hechos antes inauditos: a determinados políticos y ex altos cargos entrar en la cárcel (aunque algunos hayan sido condenados a sólo a unos meses de prisión), a la hermana del actual Rey a punto de ser juzgada por un delito contra la Hacienda Pública (pese a la defensa numantina que de ella hicieron la propia Hacienda perjudicada y el Fiscal, curioso azote de corruptos en otros muchos casos), a ciertos conocidos encausados devolviendo el dinero “distraído”, a algún ex Presidente autonómico, tantos años intocable, siendo investigado con aparente ahínco y notoriedad…

En mi pesimista opinión, que deseo contrastar con la suya, amables y agudos lectores y comentaristas del blog, todo ello no obedece a una verdadera intención de regenerar nuestro sistema político y la vida pública española en general. Antes al contrario, creo que estos recientes acontecimientos tienen un punto de ficción y de mediática representación teatral. Con toda sinceridad, tengo la impresión de que estamos asistiendo realmente a los agónicos y desesperados coletazos de la bestia, de esa “casta” que lleva gobernándonos más de seis lustros, para, aparentando y haciéndonos creer a todos que lucha contra sí misma, poder mantener la mayoría sus privilegios. “Que todo cambie para que no cambie nada” escribía Giuseppe Tomasi de Lampedusa en su magistral obra “El gatopardo”. Pues algo así …

Una de las formas más execrables e impresentables de corrupción, porque atenta contra todos los principios inspiradores de un Estado de Derecho, es la persecución selectiva de los corruptos. Y eso es lo que, en mi opinión, está sucediendo en los últimos tiempos en España. En nuestro país han gobernado desde la restauración de la democracia básicamente dos partidos políticos, especialmente tras la desaparición de la UCD, el PSOE y el PP. Analizando sus trayectorias de gobierno de los últimos treinta años, podemos comprobar con los hechos en la mano que uno de estos dos partidos no persigue nunca a los suyos cuando gobierna, hagan lo que hagan y les acusen de lo que les acusen, y el otro no controla a quien se persigue (porque suele tener ideológicamente en contra los elementos necesarios para ello), pero trata de salvar torpemente a algunos de los suyos, no a todos, cuando son perseguidos. Y ambos han coincidido tradicionalmente en mantener determinadas esferas de impunidad total alrededor de ciertas altas instituciones del Estado o de algunas Comunidades Autónomas, hicieran lo que hicieran y aunque sus turbias historias fueran notoriamente conocidas. “Razones de Estado” les llaman, para autoconvencerse,… o para engañarnos a todos. Y así seguimos. No voy a dar más datos concretos, pero seguro que todos ustedes pueden encajar muchas y conocidas piezas en este somero análisis de la histórica actuación de nuestros dos grandes partidos. Pero como ahora el viento viene huracanado y por la proa, los de siempre disimulan, amagan, hacen un quiebro de cintura, dejan caer a algunos de sus peones, a los que ya les resultan menos útiles o están más alejados del “núcleo duro”, o a los que han tenido la mala suerte de caer en lo obvio, en lo grosero, o en lo impresentable y difícilmente defendible, y lo hacen por necesidad, sin convicción alguna, como maniobra desesperada para salvar los muebles y sus cómodas poltronas en una situación de tormenta perfecta. En definitiva, “sueltan lastre”, siguiendo con la terminología marinera, pero con la intención de seguir navegando todo lo que puedan con su viejo cascarón de siempre.

Por ello, y a pesar de lo que intentan vendernos con estos últimos fuegos de artificio, no debemos pecar de ingenuos. En España, el Estado de Derecho es más una apariencia formal que una situación real. Como ya he escrito en alguna otra entrada publicada en este mismo blog (“Una democracia tuneada”), votar cada cuatro años sólo nos proporciona una pátina democrática, pero por sí sólo no nos garantiza nada más. El verdadero eje nuclear del Estado, es decir, la Hacienda Pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía, especialmente la Anticorrupción, están sujetos casi siempre, especialmente en asuntos mediáticos y políticos, a las instrucciones jerárquicas de los gobernantes de turno. O sea que no son en absoluto independientes, ni suelen actuar en estos temas sólo con criterios estrictamente profesionales. Y por ello, pese a los esfuerzos y el honrado trabajo de muchos de sus abnegados funcionarios, en materia política al final se acaba investigando o persiguiendo, selectivamente, a quienes los gobernantes de turno quieren, o no investigando a quienes los gobernantes no quieren, que al final es lo mismo. Y esto es también CORRUPCIÓN. Con mayúsculas y acento en la “o”. Regenerar España es algo muy diferente. Hay que hacer muchísimo más. Que dejen ya de engañarnos a todos, por favor.

Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: La doble moral o el doble lenguaje de la clase política

 

Los signos de que vivimos en tiempos de urgencia y de cambio se están multiplicando, pero quizás los más relevantes –además de los demoscópicos- son aquellos que ponen de manifiesto hasta que punto el doble lenguaje o la doble moral de nuestra clase política nos resulta insoportable, tanto desde el punto de vista intelectual como emocional. Manifestaciones  como la de la Secretaria General del PP, Dolores de Cospedal, en el sentido de que en su partido ya han hecho todo lo humanamente posible para combatir la corrupción,  simplemente suenan simplemente a tomadura de pelo. Sobre todo cuando son “compatibles” con la concesión del tercer grado a Jaume Matas, la espera indefinida (en su casa) del indulto de Carlos Fabra, el apoyo del partido al alcalde de Brunete o la foto de la reimputada alcaldesa de Alicante con el rey, por poner varios ejemplos recientes.  Lo mismo puede decirse de la rueda de prensa de Esperanza Aguirre mostrando su sorpresa y su escándalo por la prisión (sin fianza) de su ex mano derecha, o izquierda, Francisco Granados y de varios de sus compañeros de fechorías, todos ellos del PP de Madrid que ella, todavía, preside. No contenta con eso no tiene problemas en presentarse ante la opinión pública como “martillo de corruptos”. Bromas aparte –y ha habido muchas bromas en las redes sociales, porque ingenio no nos falta- conviene reflexionar sobre la gravedad de este tipo de declaraciones y lo que significan.

Efectivamente, este tipo de manifestaciones pone de relieve un doble lenguaje que recubre a su vez una doble moral a la que nuestra clase política está muy acostumbrada sobre todo en lo que se refiere a sus propias organizaciones. Desde un punto de vista “partidista” no parece existir ninguna incoherencia entre proclamar el respeto a las resoluciones judiciales y torpedear todo lo posible la labor de los jueces de instrucción que investigan la financiación ilegal o las tramas de corrupción que afectan a los partidos o entre proclamar la indignación ante la corrupción y los corruptos y mantener y apoyar a dirigentes políticos a los que se ha pillado “in fraganti” intentando comprar a concejales de la oposición, como en el caso del alcalde de Brunete –del que ya hablé en este mismo blog    Tampoco la lucha denodada contra la corrupción impide a dirigentes con una hoja de servicios supuestamente más intachable como Alberto Nuñez Feijóo “recolocar” más o menos discreta o indiscretamente a los que han tenido que dimitir “por la causa”, como ha ocurrido recientemente con el ex alcalde de Santiago, Angel Currás, nombrado delegado de la empresa pública TRAGSA en Galicia después de haber dimitido por estar imputado (él y otros siete ediles) en la denominada “Operación Pokemon”.

Y es que en el fondo de este doble lenguaje o esta doble moral subyace una idea muy peligrosa para la democracia: robar o mentir por el partido es “mejor” que robar o mentir en beneficio propio o particular y por tanto, en el fondo, no está tan mal. Pero sinceramente esta distinción, como bien recuerda Javier Pradera en clarividente libro póstumo  “Corrupción y política” (escrito en el año 1994 aunque publicado ahora) es más bien difusa, por lo menos para el común de los mortales. Por poner un ejemplo, para el ciudadano de a pie es poco relevante el que Bárcenas robase para sí, para el partido o para los dos a la vez. Pero la perspectiva es muy diferente desde el punto de vista de la organización. Por eso es posible que los responsables de las tramas de financiación ilegal de los partidos aparecen casi ante sus líderes y correligionarios  –cuando les pillan, claro está-  como una especie de mártires (“Se fuerte Luis”) que se sacrifican y sobre todo se callan por el bien de la organización. Esa es la razón, a mi juicio, por la que a tantos implicados en tramas de corrupción organizada que se ven obligados a dimitir por la presión de la opinión pública se les busca acomodo en otro sitio, siempre por supuesto a cargo del contribuyente. Eso sí, cuando se descubre que entre maletín y maletín algún dinero se ha despistado y no ha ido a parar a financiar campañas electorales, gastos corrientes o sobresueldos y gastos de protocolo de la cúpula sino a la cuenta en Suiza del interesado, los mismos líderes y compañeros de viaje son los primeros en rasgarse las vestiduras. Hasta ahí podíamos llegar.

En mi opinión parece claro que estas actuaciones opacas e ilegales en favor de un partido político -muy probablemente toleradas o incluso protegidas por sus dirigentes aunque probablemente no sea posible demostrarlo nunca en vía penal- son tremendamente dañinas y exigen la depuración de responsabilidades políticas por culpa “in eligendo” o “in vigilando”. Parece muy complicado a estas alturas sostener un discurso regenerador o luchar contra la corrupción presentando un cartel electoral con dirigentes bajo cuyos mandatos han florecido tramas mafiosas de corrupción organizada por muchos golpes en el pecho que se den y por muchas disculpas que se pidan a los ciudadanos. Y tampoco está de más recordar que de estas tramas de corrupción suelen salir beneficiados de forma indirecta estos mismos líderes al contar con más dinero que sus oponentes para sus campañas y también de forma directa, en la medida en que se satisfacen sus necesidades de sueldos, gastos de protocolo, viajes, etc, etc con cargo al partido. Esto por no hablar de los casos en que se han obtenido directamente regalos y favores de tramas corruptas, como ha ocurrido con el ex Presidente Camps o la actual Ministra de Sanidad Ana Mato.

Y es que como señalaba Javier Pradera en el libro antes citado, y aunque no es obligatorio tener que elegir entre dos males –como bien recordaba Hannah Arendt el mal menor sigue siendo un mal- probablemente es aún peor robar para el partido que para uno mismo. La actividad de financiación ilegal de los partidos vía comisiones o maletines en último término corrompe el sistema (ahí están las tramas mafiosas de corrupción ligadas a la contratación pública, las subvenciones o a las recalificaciones urbanísticas) destruye la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en último término pone en peligro la propia democracia.

No solo eso: la clave del regeneracionismo y de la lucha contra la corrupción pasa por impedir que los que dirigen los partidos y las Administraciones puedan hacer un uso patrimonial de las mismas no solo para aprovecharlas en beneficio propio y construirse unos chalets impresionantes sino también para utilizarlas en la construcción, mantenimiento y alimentación de redes clientelares de apoyo que socavan las instituciones y subvierten el Estado de Derecho. Claro está que es difícil que los viejos partidos que han hecho política durante casi cuarenta años permitiendo y fomentando estas redes clientelares sean ahora capaces de acabar con ellas.  Este es realmente su dilema y de ahí la creciente esquizofrenia que pone de relieve el discurso oficial o la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

En todo caso, creo que es muy sano ir acabando por el bien de todos con el doble lenguaje y la doble moral porque sencillamente la sociedad ya no está dispuesta a tolerarlo más. Aquí no debe haber más que una misma moral y un mismo lenguaje para todos. Seguro que así nos vamos a entender mucho mejor.